CSJ - SL093-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL093-2023 Radicación n.° 91724 Acta 002 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JAIME ALEXANDER ORTIZ TORRES, contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2020, en el proceso que instauró contra BANCOLOMBIA SA.

I. ANTECEDENTES Jaime Alexander Ortiz Torres promovió proceso ordinario laboral contra Bancolombia SA., con el fin de que se declarara, i) la existencia, entre ellos, de un contrato de trabajo; ii) la ocurrencia de un despido sin justa causa; iii) que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo 2014-2017, suscrita entre la demandada, y los sindicatos UNEB y Sintrabancol; iv) que no le fueron cancelados los

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Radicación n.° 91724 salarios y prestaciones sociales a la culminación de su contrato; v) que el empleador le descontó de manera ilegal de la liquidación final la suma de $1.546.897, por concepto de «préstamo personal Quin»; vi) que las bonificaciones pagadas por el cumplimiento de metas del Plan de Gestión Comercial constituyen factor salarial; vii) que las primas, vacaciones y auxilio extralegal de transporte, así como las prestaciones pactadas en la evocada CCT constituyen factor salarial para liquidar las que se le adeudan de toda la relación laboral y

1. que dichas vacaciones extralegales fueron excluidas como factor salarial en el pago de las primas semestrales de servicio, de junio de 2014, 2015 y en la liquidación final.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó se condene a Bancolombia SA. i) por la indemnización prevista en la CCT 1999-2001 y 2014-2017 en la suma de $40.490.616,52; ii) por concepto de intereses de mora en cuantía de $1.546.897,; iii) por las diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir durante la vigencia de la relación laboral, incluyendo como factor salarial las bonificaciones por el cumplimiento de las metas señaladas en el plan de gestión comercial, en cuantía de $4.602.66,76; iv) por la diferencia dejada de cancelar por concepto de prima semestral de servicio correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016, la suma de $2.471.943,58; v) la diferencia por concepto de vacaciones legales y extralegales, en cuantía de $2.708.308,75; vi) la que corresponde a las cesantías de la liquidación final, en la suma de $376.254,04; vii) la indemnización moratoria a razón de $111.032,30 diarios; ix) la indexación y; x) las costas del proceso.

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Radicación n.° 91724 Fundamentó sus peticiones, en que: i) suscribió contrato de trabajo a término indefinido el día 1° de julio de 2008 en la ciudad de Barranquilla con la accionada; ii) el

último cargo que desempeñó fue el de asesor integral II en la ciudad de Bogotá; iii) el 27 de diciembre de 2016 fue despedido según el empleador con justa causa, sin haber incurrido en la que se le expuso en la carta de terminación del contrato de trabajo; iv) la empleadora no le canceló los salarios ni las prestaciones sociales debidas, toda vez que realizó una serie de descuentos, incluyendo las cesantías y sus intereses, para cubrir créditos de libre inversión sin autorización previa suya, cuya suma total ascendió a $1.546.897; v) fue beneficiario de la CCT suscrita entre Bancolombia SA., UNEB y Sintrabancol, para la vigencia de los años 2014-2017, en la que se estableció como salario mínimo la suma de $1.286.909; vi) la empleadora realizó pagos por una suma total de $5.205.460 durante el último año, como «bonificaciones salariales» por el cumplimiento de las metas señaladas en el Plan de Gestión Comercial; vii) en virtud de la convención antes referida, percibió una prestación denominada «Auxilio Extralegal de Transporte», la cual fue cancelada como factor constitutivo de salario, así como el auxilio de alimentación, la prima semestral y extralegal de servicio y la de vacaciones; viii) la demandada le reconoció los salarios correspondientes al periodo en que estuvo incapacitado; ix) de conformidad con la disposición convencional, el incremento salarial se realizaría el 1° de noviembre de cada año y las primas semestrales de servicio que fueran pagaderas en el mes de diciembre, serían

liquidadas con el nuevo salario; x) no se incluyeron las

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Radicación n.° 91724 vacaciones extralegales como factor salarial en el cálculo de las primas de ambas calidades ni para la liquidación definitiva y, xi) finalmente, lo último que devengó con todos los factores salariales, ascendió a la suma de $3.201.552,98. Al dar respuesta a la demanda, Bancolombia SA, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que i) suscribió contrato de trabajo a término indefinido con el actor, el cual se celebró el 26 de junio de 2008 en la ciudad de Bogotá, para iniciar labores el 1° de julio siguiente, cuyo último cargo desempeñado fue el de Asesor integral II; ii) el 27 de diciembre de 2016 dio por terminado el mismo por justa causa; iii) el actor tenía a favor de la entidad bancaria un préstamo personal «Quin»; iv) gozaba de beneficios convencionales para la vigencia de los años 2014-2017 y; v) se canceló la prestación de auxilio extralegal de transporte, de conformidad con las disposiciones convencionales, sin que fuese catalogado como factor salarial. Frente a los demás hechos, manifestó que no eran ciertos. En su defensa, propuso las excepciones de justa causa para terminar el contrato de trabajo; acuerdo de exclusión salarial respecto del plan de gestión; descuentos en la liquidación final del contrato de trabajo autorizados por los demandantes y permitidos por la ley; cobro de lo no debido y

pago; buena fe; compensación y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 91724 El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 29 de enero de 2018 (f.° 211), resolvió:

PRIMERO: DECLARAR QUE ENTRE EL SEÑOR JAIME

ALEXANDER ORTIZ TORRES Y BANCOLOMBIA SA EXISTIÓ UN

CONTRATO DE TRABAJO DESDE EL 1° DE JULIO DE 2008

HSTA (sic) EL 27 DE DICIEMBRE DE 2016 EL CUAL TERMINO

(sic) SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DE BANCOLOMBIA SA.

SEGUNDO: CONDENAR A BANCOLOMBIA A RECONOCER Y

PAGAR AL DEMANDANTE LA SUMA DE $25.332.642 POR

CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO.

TERCERO: ABSOLVER A BANCOLOMBIA DE LAS DEMÁS

PRETENSIONES INCOADAS EN SU CONTRA.

CUARTO: EXCEPCIONES, declarar no probadas las excepciones propuestas

[…]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, mediante fallo de 31 de agosto de 2020 (fls. 220 a 238), dictaminó: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal 1 de la sentencia proferida el 29 de enero de 2018 por el Juzgado Séptimo (7) Laboral del

Circuito de Bogotá, dentro el proceso ordinario laboral instaurado por JAIME ALEXANDER ORTIZ TORRES en contra de BANCOLOMBIA S.A. (sic), para en su lugar, DECLARAR que el contrato de trabajo se dio por terminado con justa causa, en cuanto a la declaración de los extremos laborales queda en firme.

SEGUNDO: REVOCAR los ordinales 2 y 5 de la sentencia proferida el 29 de enero de 2018 por el Juzgado Séptimo (7) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro el proceso ordinario laboral instaurado por JAIME ALEXANDER ORTIZ TORRES en contra de BANCOLOMBIA S.A. (sic), para en su lugar, ABSOLVER a la demandada de la pretensión de indemnización

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Radicación n.° 91724 por despido sin justa causa, así como REVOCAR las costas de primera instancia para que queden a cargo de la parte demandante, dadas las resultas del proceso. […] En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que los problemas jurídicos a resolver consistían en determinar i) lo pertinente sobre los descuentos realizados por la demandada respecto de la liquidación final de prestaciones sociales; ii) si la bonificación recibida con ocasión al plan de gestión comercial debía ser tenida en cuenta como factor salarial; iii) si había lugar a la reliquidación de prestaciones sociales teniendo en cuenta los factores salariales devengados y; iv) la pertinencia o no del reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa. Frente al primer planteamiento jurídico, acudió a la

sentencia CSJ SL868-2020, para memorar que «los descuentos no autorizados por el trabajador no son legales mientras se encuentre vigente la relación laboral, pero una vez esta termine no tiene la misma connotación, porque también desaparece la garantía para el crédito otorgado por el empleador, que lo es el salario y las prestaciones sociales», es por ello que, las obligaciones que fueron adquiridas por el trabajador durante la vigencia de su relación laboral «son plenamente exigibles concluido este siempre que el trabajador haya autorizado al empleador, para que, en caso de terminación del contrato de trabajo, aquel pueda descontar de la liquidación de prestaciones sociales, el saldo correspondiente», de no ser de esta manera, sería un descuento ilegal.

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Radicación n.° 91724 En cuanto al contrato suscrito entre las partes, indicó que desde la génesis del vínculo existió una autorización para realizar descuentos salariales, así mismo en el numeral 2 de las condiciones para otorgar créditos a los empleados de la entidad, se expresó: En el caso de que el empleado del banco por cualquier causa, sea el retiro voluntario o no, autorizo al banco irrevocablemente para descontar y aplicar la obligación vigente las sumas que me adeuden por concepto de salarios, prestaciones o indemnizaciones o cualquier otra suma que me llegue a adeudar por cualquier concepto. La anterior regla no aplicara en los créditos de vivienda convencional donde tengan tratamiento diferente, (sic) En el evento de (sic) estos no fueren suficientes para cancelar la totalidad del crédito, el saldo de la obligación

sujeta a las disposiciones contenidas en el reglamento del banco “BANCOLOMBIA S.A.” (sic). Que regula las líneas de crédito, o las normas que regulan este aspecto de retiro, todas que declaro (declaramos) conocer y aceptar en su integridad. Si no existiere norma, el plazo se acelera y se declara extinguido pudiendo el banco cobrar la totalidad del salario insoluto. Por lo anterior, arguyó que el demandante conocía con suficiente claridad las políticas de los créditos otorgados a los trabajadores, y a sabiendas de ello, autorizó los descuentos que mensualmente realizó el empleador, Así como, lo concerniente a la liquidación de prestaciones sociales adeudada. Sobre las bonificaciones recibidas con ocasión al cumplimiento del plan de gestión comercial como factor salarial, luego de memorar los artículos 127 y 128 del CST, el colegiado trajo a colación la cláusula sexta del contrato de trabajo que señalaba: Convienen las partes que no constituirán factor salarial, ni quedarán incorporadas al salario, las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad llague (sic) a recibir el TRABAJADOR de EL BANCO, como bonificaciones o gratificaciones ocasionales y

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Radicación n.° 91724 lo que reciba EL TRABAJADOR en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, viáticos, elementos de trabajo u otros semejantes y los beneficios y prestaciones extralegales que por causa del contrato reconozca EL BANCO.

Así mismo, tuvo en cuenta el plan de gestión y sistema de valor agregado, en el que se dispuso en su cláusula primera que las bonificaciones extralegales a las que tuviera lugar el trabajador correspondían a pagos de mera liberalidad y, por tanto, aseveró que dichas sumas no constituían factor salarial al no ser contraprestación a la función del trabajador, habitual o de pago trimestral como se aludió en la demanda, dependiendo del cumplimiento de metas o productividad claramente desalarizadas que tampoco afectan los derechos ciertos e irrenunciables del último, por lo que tampoco le asiste razón en la reclamación de reliquidación de prestaciones «en virtud a las bonificaciones por mera liberalidad derivadas del plan de gestión comercial que recibía por parte de su empleador». Acerca del auxilio extralegal de transporte arguyó que, el mismo fue previsto en el art. 21 de la CCT para quienes devengaran suma inferior a los $2.345.644, siendo reajustado en el segundo y tercer año de su retribución, situación que en el caso en concreto se cumplió y por tanto dicho concepto reviste el carácter salarial para ser tenido en cuenta al momento de la liquidación de prestaciones sociales, por lo que aunque le asiste razón en que no se tuvo en cuenta para la liquidación de vacaciones, lo cierto es que se calculó conforme a la misma CCT, pues «su pago se hace con el salario básico mensual percibido, por lo anterior, no habrá

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Radicación n.° 91724 lugar a la reliquidación de prestaciones sociales pretendida».

Finalmente, respecto de la indemnización por despido sin justa causa, luego de estudiar el artículo 62 del CST, analizó el contenido de la carta de terminación del contrato fechada el 27 de diciembre de 2016, en la que como causa se invocó: Le informamos que Bancolombia S.A (sic) ha decidido dar por terminado en forma unilateral y con justa causa, a partir de la fecha, el contrato de trabajo suscrito con usted, con fundamento en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el artículo 7 del Decreto L. 2351 de 1965, literal a) numeral 6) en concordancia (…) Los hechos en que se fundamenta la decisión adoptada por el banco fueron conocidos recientemente y son los siguientes: Usted, en el ejercicio de sus funciones como asesor integral II de esta sucursal, incumplió gravemente las labores para las cuales fue contratado como quiera que en reiteradas ocasiones no ha observado los procedimientos que el banco tiene establecidos para las operaciones en asesoría, colocando así en grave riesgo los intereses y la imagen del Banco. En efecto, se logró establecer que en diferentes ocasiones y a pesar de las varias retroalimentaciones que su superior le ha compartido se siguen recibiendo quejas por parte de clientes con respecto a la prestación de su servicio, sus llegadas tarde son continuas, el incumplimiento en los horarios son evidentes y sin embargo a la fecha Usted no ha tomado ninguna medida correctiva frete a lo que a continuación le expresamos: A sido una constante en su comportamiento el incumplir la jornada laboral, como lo ha sido los días 18 de octubre del 2016

que llegó a la hora de las 8:40 a.m., el 19 de octubre de 2016 y 31 de octubre del 2016 presentó llegadas tarde ingresando a la sucursal a las 9:00 a.m., así mismo el día 01 y 02 de noviembre nuevamente usted se presenta a laboral ingresando a la sucursal a las 9:00 a.m., teniendo en cuenta que la hora de ingreso es a las 8:30 a.m. Lo anterior adquiere mayor gravedad por el hecho de que en ninguna de las ocasiones antes referidas usted tuvo un argumento o justificación válida para su incumplimiento. […]

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Radicación n.° 91724 Asimismo, alude a que en el artículo 55 del RIT se plasmaron los deberes de los trabajadores y en el 67, las justas causas de terminación del contrato de trabajo, como lo es «el no cumplimiento del horario de trabajo en los términos establecidos», por lo que acreditada dicha conducta mediante registro fotográfico visto a folios 148 a 149 y con la demás documental anexa, coligió que aunque no se llevaron a cabo «descargos, llamados de atención, entre otros mencionados […] lo cierto es que claramente incumplió el demandante con lo establecido en el reglamento interno de trabajo, acreditándose una justa causa para dar por terminado el contrato […]», razones suficientes para revocar la indemnización por despido sin justa causa que en su momento, reconoció a favor del actor, el a quo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia atacada, para que, en sede de instancia confirme parcialmente la proferida en primer grado, «en cuanto declaró que no había existido justa causa en la terminación del contrato de trabajo del actor y condenó a la demandada a reconocer y pagar al actor la indemnización convencional por despido sin justa causa» y, la revoque en tanto se absolvió a

la empleadora, para que en su lugar:

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Radicación n.° 91724 i) declare que las bonificaciones que la demandada pagó al demandante por concepto de cumplimiento de metas señaladas en el “Plan de Gestión Comercial”, constituyen factor salarial con incidencia en las prestaciones legales y convencionales, ii) condene a BANCOLOMBIA S.A., a pagar al actor la diferencia dejada de cancelar por concepto de primas legales y extralegales, las vacaciones legales y extralegales, así como las cesantías e intereses de cesantías que devengó durante la relación laboral y demás emolumentos que se demuestren durante el proceso, teniendo en cuenta todos los factores salariales legales y convencionales devengados, incluyendo las bonificaciones por cumplimiento del “Plan de gestión comercial”; iii) se condene a BANCOLOMBIA S.A. a pagar al actor la indemnización convencional por despido sin justa causa, liquidada con base en todos los factores salariales devengados por él, iv) se condene a la demandada a pagar al demandante la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del

Trabajo ; v) se condene a la demandada a cancelar al actor todas las sumas adeudadas debidamente indexadas. Costas a favor de la parte actora en ambas instancias y en esta actuación. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales, aunque se presentan por diferentes vías, se resuelven en conjunto dado que comparten sustento, y normas atacadas y persiguen el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por violar de manera directa, en la modalidad de infracción directa, los artículos siguientes: […] 29 y 53 de la Constitución Política; 1º del Convenio 95 de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo “OIT”, aprobado por ley 54 de 1962 y debidamente ratificado y promulgado por el decreto número 1264 de 1997; 127 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo; y 26 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre BANCOLOMBIA S.A. (sic) y los sindicatos UNEB y SINTRABANCOL con vigencia 2014 – 2017, que conllevó a la vulneración de los artículos 13, 25,29, 53, 48, 49, 83, y 93 de la Carta Política; 1, 5, 6, 13, 14, 16, 20, 21, 32 (subrogado por el artículo 1° del D.L. 2351 de 1965), 55, 56, 57, 59, 61

(subrogado por el artículo 5° de la ley 50 de 1990), 64 (modificado

por el artículo 28 de la ley 789 de 2002), 65 del Código Sustantivo

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Radicación n.° 91724 del Trabajo (modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002), 127 (subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990), 128 (subrogado por el artículo 15 de la ley 50 de 1990), 129 (subrogado por el artículo 16 de la ley 50 de 1990), 130 (subrogado por el artículo 17 de la ley 50 de 1990), 132 (subrogado por el artículo 18 de la ley 50 de 1990), 142, 186, 192 (modificado por el artículo 8° del Decreto 617 de 1954), 193, 249, 252, 253 (subrogado por el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965), 254, 306, 308, 340, 467, 468 del Código Sustantivo del Trabajo; 99 de la Ley 50 de 1990; 16 de la ley 446 de 1998; 1º de la Ley 52 de 1975; 17, 18, 22, 23, 161 y 204 de la ley 100 de 1993; y 16, 17, 1603, 1622, 1740, 1741, 1742 (subrogado por el artículo 2 de la ley 50 de 1936), 1743 y 1746 del Código Civil, artículos 38° de la convención colectiva de trabajo 1999 – 2001 suscrita entre Bancolombia y los sindicatos UNEB y SINTRABANCOL, vigente en virtud del artículo 4° de la convención colectiva de

trabajo 2014 – 2017 suscrita entre las mismas partes. Sostuvo en su demostración que el ad quem desconoció que en virtud de los artículos 53 de la CP, 127 del CST, 1 del Convenio 95 de 1949 de la OIT «todo lo que reciba el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio constituye salario», lo que desarrolla en cuatro pilares. Como primer aspecto, refiere que todo rubro devengado por el trabajador como remuneración directa a la labor desempeñada, es un factor constitutivo de salario a la luz del artículo 1° del Convenio 95 de 1949 de la OIT, sea cual fuere la modalidad de pago, cálculo o denominación, siempre que pueda cuantificarse en efectivo, siendo esto un reflejo de una concepción garantista propia al interior de un Estado Social de Derecho, siendo improcedente una interpretación distinta. Para ello, trae a colación el artículo 1 del convenio, así como el alcance del término salario que se explica en las

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Radicación n.° 91724 sentencias CC SU995-1999, CC C401-2005 y CSJ SL109952014 teniendo en cuenta el bloque de constitucionalidad, no siendo la facultad de acordar determinada suma de dinero fuera de dicho concepto, absoluta, lo que refuerza en el segundo pilar, al hablar de la habitualidad y esencia del pago, tal como se trató en sentencia CSJ SL16373-2017 donde se aclaró que aunque por disposición de las partes se puede estipular qué rubro constituye o no salario, lo cierto

es que no es dable desconocer la naturaleza de los retributivos del servicio, pues prevalecen los derechos mínimos del trabajador, el principio de la realidad sobre las formas y la libertad y dignidad humana. Como soporte de ello, cita la decisión CSJ SL13707-2016. Como tercer aspecto, menciona que en sentencia CSJ SL1738-2021 la Sala 2 de Descongestión Laboral de la Corte, determinó que las bonificaciones devengadas por el cumplimiento de las metas del plan de gestión comercial por los asesores de Bancolombia SA, retribuyen el servicio prestado a la empleadora y constituyen factor salarial, toda vez que se le impone al trabajador el cumplimiento de unas actividades para que tengan lugar dichos rubros, no siendo pagos esporádicos a título de obsequios sino habituales, causándose trimestralmente. Finalmente, expone que la terminación del contrato de trabajo fue realizada sin el cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 26 de la CCT 2014-2017 y el reglamento interno de la empresa, toda vez que no se llamó a descargos al trabajador, ni se siguió el procedimiento

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Radicación n.° 91724 disciplinariamente pactado para determinar la falta que se le imputó, omisión grave por parte del empleador aún «si a guisa de discusión se aceptara que el despido no es sanción», lo que incluso ha sido materia de pronunciamiento por la corporación, entre otras, en sentencia CSL SL2351-2020, lo que llevó a que el colegiado con su omisión cercenara lo dispuesto en el 29 CP y 467 del CST.

VII. CARGO SEGUNDO Embiste la sentencia por violar de manera directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 128 del CST que conllevó a la vulneración de los arts. 13, 25, 29, 53, 48, 49, 83, y 93 de la CP; 1° del Convenio 95 de la OIT; 1, 5, 6, 13, 14, 16, 20, 21, 32, 55, 56, 57, 59, 61, 64, 65, 127, 128, 129, 130, 132, 142, 186, 192, 193, 249, 252, 253, 254, 306, 308, 340 del CST; 99 de la Ley 50 de 1990; 16 de la Ley 446 de 1998; 1º de la Ley 52 de 1975; 17, 18, 22, 23, 161 y 204 de la Ley 100 de 1993; y 16, 17, 1603, 1622, 1740, 1741, 1742, 1743 y 1746 del Código Civil, artículos 38° de la CCT 1999 –2001 suscrita entre Bancolombia y los sindicatos UNEB y Sintrabancol, vigente en virtud del artículo 4° de la CCT 2014 –2017.

Para la demostración del cargo, se exponen idénticos argumentos y objetivos a los del anterior, es decir, el factor salarial de las bonificaciones reconocidas de manera habitual al trabajador.

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VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia por violar de manera indirecta, en la

modalidad de aplicación indebida, el numeral 1° de los artículos 59, 62 (mod. art.7 D.2351 de 1965), 128 y 149 del CST que conllevó a la vulneración de idéntico sustrato normativo citado para el reproche anterior, así como del 14, 17 y 21 de la CCT 2014-2017. Adujo que dicha afrenta se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor había autorizado expresamente el descuento del préstamo de su liquidación final de prestaciones sociales.

2. No dar por probado, estándolo, que las bonificaciones por cumplimiento del plan de gestión comercial fueron percibidas trimestralmente por el demandante.

3. No dar por demostrado estándolo; que las bonificaciones por cumplimiento del plan de gestión comercial eran pagadas a la demandante como retribución de su servicio.

4. No dar por demostrado, estándolo, que las bonificaciones por cumplimiento del plan de gestión comercial que percibía el demandante constituían salario.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada incluyó como factor salarial dentro de la liquidación de prestaciones sociales del actor los conceptos de vacaciones extralegales, prima extralegal y auxilio extralegal de transporte.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que de acuerdo a la convención colectiva de trabajo suscrita entre Bancolombia y los sindicatos UNEB y SINTRABANCOL para la vigencia 2014 –2017 las vacaciones solamente se liquidan sobre el salario básico mensual.

7. No dar por demostrado, estándolo, que de acuerdo a la

convención colectiva de trabajo suscrita entre Bancolombia y los sindicatos UNEB y SINTRABANCOL para la vigencia 2014 –2017 el auxilio extralegal de transporte debe ser incluido como factor salarial para liquidar las vacaciones extralegales.

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8. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor cometió las justas causas que le fueron endilgadas en la carta de terminación de su contrato de trabajo.

9. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada no debía adelantar un proceso disciplinario previo a la terminación del contrato de trabajo.

10. No dar por demostrado, estándolo, que Bancolombia S.A. debía adelantar el proceso disciplinario consagrado en el artículo 26 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Bancolombia y los sindicatos UNEB y SINTRABANCOL para la vigencia 2014 –2017 y en el Reglamento Interno de Trabajo.

Como pruebas erróneamente apreciadas identificó i) la certificación de devengos y deducciones del actor, emitida por la demandada; ii) el contrato de trabajo del demandante; iii) la liquidación final de prestaciones sociales; iv) la reglamentación de créditos para empleados; v) el documento denominado «Referencia: Condiciones crédito de empleados»; vi) el «Plan de Gestión y sistema de valor agregado»; vii) la convención colectiva de trabajo suscrita entre Bancolombia S.A., UNEB y Sintrabancol para la vigencia 2014-2017; viii) el reglamento interno de trabajo; ix) el registro fotográfico

anexo al expediente; x) correos electrónicos contentivos de quejas sobre el programa de millas LifeMiles, el dirigido por Karen Paola Mosquera a Leonardo Enrique Hernández; xii) la queja de Jorge Luis López Rojas del 7 de diciembre de 2016; xiii) las quejas y soportes documentales anteriores al año 2016; xiv) la carta de terminación del contrato de trabajo de diciembre 27 de 2016 y; xv) la supuesta confesión vertida en el interrogatorio de parte rendido por el actor. Como pruebas dejadas de apreciar, denunció, i) el anexo de operación activa de crédito hipotecario y su correspondiente pagaré; ii) el anexo de operación activa de

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Radicación n.° 91724 crédito de libre destino; iii) el plan de gestión comercial para el cargo de asesor integral; iv) la certificación de factores salariales emitida por el área de nómina de Bancolombia SA; v) la contestación de la demanda interpuesta por Adriana Cucanchón Vargas contra Bancolombia SA; vi) el hecho 14 de la demanda inicial del proceso, y; vii) contestación de la demanda al evocado hecho. Para su demostración, esgrimió cuatro argumentos principales como fueron, que el Tribunal se equivocó al considerar que el actor había autorizado de forma expresa los descuentos efectuados por las sumas adeudadas en la liquidación final de prestaciones sociales, que tuvo la demandada a su favor con ocasión al crédito de libre destinación Quin, pues dentro de la documental que reposa en el plenario, no se encuentra prueba alguna que acredite dicha autorización.

Como segundo punto, reitera el que las bonificaciones percibidas por el actor ante el cumplimiento de las metas señaladas en el plan de gestión comercial, eran habituales y no era posible excluirlas de común acuerdo como factor salarial cuando las devengó de manera continua e ininterrumpida, de forma trimestral. De otro lado, en un tercer escenario, expone que no se acreditó la justa causa para la terminación del contrato de trabajo, por lo que su empleador debía adelantar el proceso disciplinario preestablecido y pactado en la convención colectiva y el reglamento interno de trabajo, lo que al

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Radicación n.° 91724 validarse sin que se hubiera llevado a cabo, transgrede las normas enunciadas en el aludido cargo. Finalmente, en el cuarto ítem, reitera lo señalado frente a que el auxilio extralegal de transporte debe ser incluido como factor salarial en todos los conceptos de la liquidación final de prestaciones sociales; que las vacaciones deben ser canceladas con el salario devengado por el trabajador y no con el básico mensual percibido, para lo cual realiza una proyección de los pagos recibidos de los que colige que « el auxilio de transporte extralegal era incluido periódicamente como factor salarial para el cálculo de las demás prestaciones pero e