CSJ - SL095-2023

República d Colombia Corle &sem de Justicie gala de Casa len Laboral Salad. Descongestión N.

DONALD JOSÉ

Magistrad SL095 2023 Radicac ió n.°92041 Actk 2 Bogotá, D. C., treinta y no (31) de enero de dos veintitrés (2023). La Sala decide el recurs u de casación interpuesto TRÁNSITO DE PALERMO SA SOCIEDAD DE ECONO MIXTA, contra la sentencia proferida por la Sala C Familia-Laboral del Tribunal S perior del Distrito Judici Neiva, el 10 de diciembre de 4020, en el proceso que e contra instauró YMSON FAB N MÉNDEZ LOSADA. No se accede a la peti ión planteada por YEI ON FABIÁN MÉNDEZ LOSADA, dada su improcedencia, por cuanto esta Corporación al calificar la demanda de casación presentada por la accionada, en auto de 24 de mayo de 2022 resolvió tener como parte recurrente a Tránsito de Palermo SA Sociedad de Economía Mixta, y como opositor al

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Radicación n.°92041 demandante. Además, según la información que registra el Sistema Gestor Documental, el peticionario no manifestó inconformidad alguna de cara a lo resuelto en el auto citado, de manera que esa decisión cobró firmeza.

I. ANTECEDENTES Yeison Fabián Méndez Losada solicitó se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término fijo que suscribió con Tránsito de Palermo SA, Sociedad de Economía

Mixta, el 11 de «septiembre (sic)» de 2012; la ineficacia del despido del que fue objeto el 12 de diciembre de 2014; y que se encuentra amparado por la garantía de estabilidad laboral reforzada al ser despedido «en estado de vulnerabilidad fisica y emocional». En consecuencia, pretendió que se ordenara el reintegro a su puesto de trabajo o a otro de igual o superior categoría, sin solución de continuidad y, que se condenara «a título de indemnización, todos [los] salarios y prestaciones legales y extralegales compatible[s] con el reintegro dejado[s] de percibir, desde el momento de la desvinculación hasta cuando se produzca el reintegro efectivo», lo ultra y extra petita y las costas del proceso. Sustentó las anteriores pretensiones en que se vinculó con la demandada el 11 de diciembre de 2012 mediante contrato a término fijo; que el cargo que ocupó fue el de técnico en registro automotor; que fue despedido sin justa causa el 12 de diciembre de 2014; que el último salario que devengó fue de $1.150.132. 2

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Radicación n.°004 1 Narró que el 14 de junio de 2014, sufrió un accid nte de tránsito que le causó múltiples traumas y facturas, ue los describe así: Trauma cráneo encefálico leve, hematoma epidural, fracturá de seno frontal y techo de la órbita izquierdo, fractura transcerVical del cuello del fémur izquierdo, fractura de glenoides de hoMbro derecho y lesión de plexo braquial derecho, estiramiento y

ruptura parcial del ligamento colateral medial, acentuada del cruzado posterior, lesión dl menisco lateral, contusión con desgarro posterior del menis o medial, Inestabilidad crónicá de la rodilla. Contó que fue incapacita o por 180 días desde la fe ha del accidente -14 de junio de 014hasta el 9 de dicierrbre de ese mismo ario; que su empleador le notificó la terminación del contrato y su no renovación, «encontrón ose en la vigencia de su incapacidad médica»; que el examen de egreso realizado el 16 siguiente arrojó un resultado insatisfactorio; que al mome to de la finalización de la relación laboral padecía serios problemas de salud y que esa decisión no contó con la a torización de la Oficina del Trabajo. Afirmó que para obtener el pago de las incapacidades, interpuso acción de tutela que fue resuelta en su favor y Ilue en esa misma decisión, se le tutelaron otros derechos; (lue fue calificado por la Junta Nacional de Invalidez con una pérdida de capacidad laboral de 31.7% (fs.°123 a 138 expediente digital, reforma fs.°142 y 143). Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuao a las pretensiones. En cuanto a los hechos, negó el despido y

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Radicación n.°92041 explicó que la terminación del vínculo se dio por la expiración del contrato, también rechazó el número de días de incapacidad, por cuanto solo fueron 179 y el adicional se debió a enfermedad general. Indicó que no era necesario la

autorización del Ministerio del Trabajo para finalizar el vínculo, pues el actor para ese momento no se encontraba incapacitado. Señaló que no le constaba lo relativo a la valoración de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Aceptó los demás supuestos fácticos. En su defensa. propuso las excepciones de «INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARA CONFIGURARSE EL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR FUERO DE SALUD DEL TRABAJADOR», buena fe del empleador, inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, mala fe del trabajador, prescripción y la «GENÉRICA».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, mediante fallo de 7 de noviembre de 2018 (acta fs.°202 y 203 expediente digital), decidió: PRIMERO: DECLÁRESE que entre el señor YEISON FABIÁN MÉNDEZ LOSADA, como trabajador y la sociedad TRANSITO DE PALERMO S.A. SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, como empleador, se verificaron dos contratos de trabajo a término fijo que se ejecutaron entre el 11 de diciembre de 2012 al 11 de diciembre de 2013 y del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2014, fecha esta última en que la empleadora lo dio por terminado de manera unilateral y sin justa causa.

SEGUNDO: DECLÁRESE que al momento de la terminación del contrato de trabajo de que objeto el señor YEISON FABIÁN

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Radicación n.°9 041 MÉNDEZ LOSADA, gozaba de fuero de estabilidad la oral reforzada en los términos de a Ley 361 de 1997.

TERCERO: CONDENAR a TRANSITO DE PALERMO S.A.

SOCIEDAD DE ECONOMÍA IXTA, a reintegrar al señor YEI SON FABIÁN MÉNDEZ LOSADA n forma inmediata, al cargo que venía cumpliendo o a uno de gual o mayor categoría y al pa o de los salarios dejados de perci 'ir y las prestaciones sociales así como los aportes al sistema e seguridad social integral des e el 13 de diciembre de 2014 has la fecha en que efectivament • sea reintegrado, teniendo como 'ase el salario que percibía pa a el momento de $1.150.132 de e idamente actualizado por el IPC certificado por el DANE.

CUARTO: CONDENAR a TRANSITO DE PALERMO S.A.

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA a pagar al señor YEI SON FABIAN MÉNDEZ LOSADA la suma de $6.900.792, por cono pto de indemnización prevista eij el art. 26 de la Ley 361 de 1 97, suma que deberá ser pagada 4ebidamente indexada.

QUINTO: DECLARAR NO P OSADAS LAS EXCEPCIONES que propuso en su defensa TRAN ITO DE PALERMO S.A. SOCIE AD

DE ECONOMÍA MIXTA, den 'minadas "INEXISTENCIA DE OS

PRESUPUESTOS PARA CO FIGURARSE EL DERECHO LA

ESTABILIDAD LABORAL RE ORZADA POR FUERO DE SA UD

DEL TRABAJADOR", "B ENA FE DEL EMPLEAD

"INEXISTENCIA DE LAS OB IGACIONES", "COBRO DE LO NO

DEBIDO", "MALA FE DEL T BAJADOR" y "PRESCRIPCIÓN , tal como se argumentó antes.

SEXTO: condenar en costa a TRANSITO DE PALERMO .A.

SOCIEDAD DE ECONOMÍA IXTA y a favor de YEISON FA IÁN MÉNDEZ LOSADA, estimand e como agencias en derecho las ma de $1.828.000, como se indice en la parte motiva in-fine.

III. SENTENCIA D SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Lab ral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, al d satar el recurso de apelación que interpuso la demandad con sentencia de 10 de diciembre de 2020 (fs.°36 a 4 cdno. Tribunal), confirm la del a quo. Condenó en costas la empresa recurrente.

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Radicación n.°92041 Con sustento en el art. 66-A del CPTSS, centró el análisis en resolver si para la fecha de fenecimiento de la relación laboral, el demandante se encontraba amparado por el fuero de estabilidad laboral reforzada previsto en la Ley 361 de 1997. De resultar afirmativo lo anterior, establecer si la terminación del contrato resultó ineficaz o, si existió una razón objetiva, que descartara la presunción de que todo despido de una persona en condición de debilidad manifiesta, «se sospecha de ser discriminatoria». Dejó por fuera de controversia la existencia de la relación laboral entre las partes, a través de un contrato de trabajo a término fijo de un ario, que inició el 11 de diciembre de 2012 (fs.°2 a 5) y se extendió hasta el 12 de diciembre de

2014, conforme al preaviso entregado al actor el 3 de noviembre de 2014 (f.°10), donde se le indicó que no sería prorrogado. Aseveró que, con el fin de proteger a los trabajadores que presentaran algún tipo de limitación física, se expidió la Ley 361 de 1997, que en su art. 26 prohibe el despido por razones de incapacidad, disposición que fue declarada exequible en sentencia CC C-510-2000. Tuvo en cuenta la hermenéutica de la Corte Constitucional en sentencia CC C-824-2011, donde se señaló que los beneficios de la Ley 361 de 1997, no son únicamente para las personas con limitaciones severas y profundas. Luego de copiar varios segmentos de esa providencia, anotó 6

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T Radicación n.°92041 que para que un trabajador ea beneficiario de la garaitía contenida en el art. 26 ibidem, le incumbe acreditar qu al momento de la finalización del contrato de trabajo, sufría ana limitación de tal intensidad que le impedía desarrollar de forma normal su capacidad laboral, al margen de qucl se hubiese o no practicado la calificación, toda vez que de acuerdo con el art. 142 del Dteto 19 de 2012 que modificó el 41 de la Ley 100 de 1993, [. ..] tal calificación se efectú en primera oportunidad lueg de que el médico tratante emita 1concepto de rehabilitación, el ual se puede dar cuando se conozca el diagnóstico definitivo se hayan realizado los procesos de rehabilitación integral o que

dicho concepto sea desfavorable de recuperación o mejoría; e igir que se haya calificado al trabajador para el momento d la terminación del contrato o el despido, torna nugatori la protección que establece el artículo 26 de la Ley 361 de 1 97, luego del examen de constitucionalidad efectuado en la sentehcia C-531 de 2000. Con lo precedente, afirmó que uno de los requisitos para que opere la protección establ cida en la Ley 361 de 1997, es la mengua en la salud del tr bajador, «sin hacer mayóres exigencias, como lo es la con guración de un determin do porcentaje de pérdida de cap cidad laboral, sin perder de vista, que la debilidad debe ser de tal magnitud, que im ida la realización del objeto contractual». Aludió a las sentencias CC T-116-2013 y CC T-1112012, para aseverar que el demandante al absolver interrogatorio, aceptó que el contrato de trabajo terminaría a su vencimiento, que recibió el •reaviso legal y que para el 12 de diciembre de 2014, no cont ba con incapacidad médica.

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Radicación n.°92041 Refirió que la historia clínica de folios 14 y 15, daba cuenta de una atención por urgencias el 14 de junio de 2014 por un accidente de tránsito; que el actor fue encontrado en vía pública y que manifestó no recordar el evento; que se le diagnosticó TO7X traumatismos múltiples, no especificados, S069 traumatismo intracraneal, no especificado, S299 traumatismo de tórax, no especificado, S399 traumatismo no

especificado de abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis y S720 fractura de cuello de fémur, referido por nivel de complejidad. Indicó que la Clínica Neiva también abrió historia clínica ese mismo día, tras recibir al demandante por remisión del Municipio de Rivera, y le practicó « "reducción abierta de fracturas múltiples de huesos faciales, con implante o injerto del piso orbitario" y "reducción abierta de fractura de dos o más paredes orbitarias con injerto (fls. 17 a 19)»; que a folio 79 se encontraba certificado de incapacidades expedido por la Nueva EPS, de donde observó «que al actor le fueron otorgadas capacidades por la contingencia de accidente de tránsito, de manera ininterrumpida» del 14 de junio hasta el 9 de diciembre de 2014, es decir, por 175 días. Mencionó que la historia clínica que se «radicó ante el empleador el 9 de diciembre de 2014», enseña que el trabajador no presentaba discapacidades y en el acápite del resumen de comentarios, se consignó que «"el paciente se puede reintegrar al trabajo con recomendaciones específicas como no alzar peso mayor a 10 MG (sic), no permanecer sentado largos periodos ni de pie, higiene de la columna, silla 8

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Radicación n.°9 041 ergonómica"». Que el dictame 9090 emitido por la J'Unta Regional de Calificación de nvalidez del Huila de 14 de agosto de 2018 (fs.°186 a 191), tuvo presente c4mo

deficiencias a calificar «P.O.P fractura izquierda de cad ra, trauma de rodilla izquierda, lesión plejo braquial, P. 4JP. craneotomía frontal y cicatriz f cial, experticia que se ba4 en la historia clínica del y otras in erconsultas, pericia que a ojó una de origen común, con fe ha de estructuración el de septiembre de 2017». Acudió a la sentencia CS SL11411-2017, y advirtió iue la estabilidad laboral reforzad por el fuero de salud am ara al trabajador que adolece de na afectación a la salud, ue le impida ejercer una activ dad laboral en condiciones normales. Con sustento en el «ac rvo probatorio», acotó qu el accionante inició un proceso de recuperación que lo t vo incapacitado por 175 días, has a el 9 de diciembre del mi mo ario, sin que a esa fecha se bu «iera restablecido plename te, pues el médico tratante di o recomendaciones para su reincorporación laboral la que duró tan sólo 3 días, en tinto el 12 de diciembre siguiente ex siraba el plazo fijo pactado del contrato de trabajo que habí sido legalmente preavis do, cuando el actor gozaba de inca • acidad laboral temporal. ara el ad quem, estas circunstan ias acreditaron el estado de debilidad manifiesta del que le impedía ejercer dematidante sus actividades laborales con riormalidad.

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Radicación n.°92041 A fin de derruir la defensa de la demandada, en cuanto a que la ruptura del vínculo obedeció a una causa objetiva

por la expiración del plazo fijo pactado, hizo suyos los argumentos expuestos en la sentencia CSJ SL2586-2020. Luego de copiar el contenido de la carta con la que se informó la no prórroga del contrato (f.°10), manifestó lo siguiente: Si bien la carta en apariencia expone una causa objetiva para no prorrogar el contrato de trabajo, con fundamento en reajustes administrativos en la empresa, lo cierto es, que la demandada no probó en el proceso en qué consistía esa reorganización y que ello implicaran (sic) la supresión del cargo o las tareas para cuyo objeto se contrató al demandante, luego en efecto, como lo estableció la sentencia impugnada, en la terminación del contrato no se acreditó más allá de la causa legal, una justa motivación que enervara la presunción de discriminación que pesa en contra del empleador, cuando termina un contrato de trabajo a una persona en condición de debilidad manifiesta por razones de salud y es por ello, que la Sala prohíja la conclusión a la que llegó el a quo en declarar la ineficacia de la decisión de no prorrogar el contrato de trabajo del actor, ordenar el reintegro junto con el pago de salarios, prestaciones dejadas de pagar y aportes a seguridad social, desde el día siguiente a la terminación efectiva del contrato de trabajo. Por último, anotó que tal como lo resolvió el juzgador de primer grado, no tenía vocación de prosperar la excepción de prescripción, como quiera que la demanda inaugural se presentó sin que hubiera transcurrido los tres arios que señalan los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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Radicación n.°9 041

V. ALCANCE E LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte ase la sentencia impugn4da, para que, en sede de instancia revoque la de primer gra o y en su lugar, absuelva de toda las pretensiones y prove en costas.

Para lograr lo anterior, f rmula un cargo por la ca sal primera de casación, que mer ció réplica.

VI. C RGO ÚNICO Acusa al Tribunal por «VI OLACIÓN DIRECTA de la Ley sustancial, en la modalidad de INTERPRETACIÓN ERRÓ A» del art. 26 de la Ley 361 d 1997, «lo cual condujo i l transgresión» de los arts. 1, 18 19, 55, 61, 66, 140, 193, f39, 240 y 241 del CST, 66 del CC, 145 del CPTSS y 17 y 16 de la Ley 100 de 1993.

Como errores de hecho, enlista los siguientes: • Dar por demostrado, sin e -tarlo que "Yeison Fabián Méifidez Losada para aquel entonces, estaba bajo un estado de debil dad manifiesta que le impedía ej rcer sus actividades laborales con normalidad, como bien lo c ncluyó el a quo" sin que hasla la fecha el demandante i dicara y/o probara siq iera sumariamente afectación a guna en su labor de técnicc en registro automotor, labor ue no se contraponía con las

recomendaciones efectuada por el medico (sic) tratante, "paciente se puede reintegr r al trabajo con recomendaciones especificas (sic) sobre no Izar peso mayor a 10 MG, no permanecer sentado largos periodos ni de pie, higiene de la columna, silla ergonómica" ( s. 77 y 78), debido a que su labor de índole administrativa, no implicaba alzar peso algun4, le

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Radicación n.°92041 permitía efectuar sus pausas saludables y tenia (sic) silla ergonómica correspondiente, situaciones estas que no afectaban en porcentaje alguno su actividad personal, como lo exige el Articulo 26 de la Ley 361 de 1997, que a su letra indica: "en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar" • Dar por demostrado, sin estarlo que "en la terminación del contrato no se acreditó más allá de la causa legal, una justa motivación que enervara la presunción de discriminación que pesa en contra del empleador, cuando termina un contrato de trabajo a una persona en condición de debilidad manifiesta por razones de salud". • Dar por cierto sin serio, que lo ocurrido fue un despido por razones de incapacidad del trabajador, debido a que como esta (sic) plenamente probado y aceptado, fue una terminación de una relación contractual por vencimiento del termino (sic) para el cual fue suscrito, conforme se demostró con del (sic) preaviso

entregado al actor el 3 de noviembre de 2014 (fi. 10), con el que se le informó que el contrato no seria (sic) prorrogado. • Dar por cierto sin serlo, que el demandante contaba al momento de la terminación laboral (14 de diciembre de 2014) deficiencias tales como: fractura izquierda de cadera, trauma de rodilla izquierda, lesión plejo braquial, P.O.P. craneotomía frontal y cicatriz facial; experticia que se basa en la historia clínica del actor, estudios clínicos, examen físico y otras interconsultas, pericia que arrojó una pérdida de capacidad laboral del 37.3% de origen común, con fecha de estructuración el 6 de septiembre de 2017, como se extrae a folios 186 a 191 se observa el dictamen 9090 del 14 de agosto del 2018, de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, lo que indica que el demándate (sic) integro (sic) al proceso una prueba que certifica una incapacidad ocurrida casi 3 años después de la terminación del vinculo (sic) laboral que se discute, en el entendido que el accidente de transito (sic) que genero (sic) las incapacidades dentro de la vigencia dl (sic) contrato fue acaecido conforme prueba documental a folio 14 y 15 milita la historia clínica atención por urgencias el 14 de junio de 2014, accidente de transito (sic). • No dar por demostrado, estándolo, que el demandante laboro (sic) sin novedad alguna los días 10, 11 y 12 de diciembre, se tiene que el demandante al absolver el interrogatorio de parte

aceptó que el contrato de trabajo terminaría a su vencimiento, de lo cual recibió el preaviso legal y que para el 12 de diciembre de 2014 no contaba con incapacidad medica (sic) 12

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Radicación n.°9$41 • No dar por demostrado, estándolo que el demandante N se encontraba con incapacidad alguna al momento d la terminación del contrato laboral a termino (sic) fijo. E la historia clínica que radicó ante el empleador el 9 de dicie bre de 2014, se indica que el trabajador no presenta discapacid des y en el acápite de resumen y comentarios, se indica q e el "paciente se puede reintegrar al trabajo con recomendaci nes especificas (sic) sobre no alzar peso mayor a 10 MGH no permanecer sentado largos periodos ni de pie, higiene ole la columna, silla ergonómica" (flas. 77 y 78). • No dar por demostrado, est" ndolo que el demandante soficito (sic) el reintegro a laborar pof cuanto su fase de recuperaci 'n se supero (sic) satisfactoriameijte. A folio 79 reposa certificad de incapacidades expedido por a Nueva EPS, en la que se ob rva que al actor le fueron torgadas incapacidades po la contingencia del accidente de transito (sic), de maiera ininterrumpida desde el 14 de junio hasta el 9 de diciembr de 2014, es decir por 175 días (negrillas del propio texto). Asevera que los anteriores errores tuvieron lugar por la «FALTA DE APRECIACIÓN INTEGRAL» del certificado de incapacidad (f.°79), las recomendaciones del médico tratante

(fs.°77 y 78), el Concepto de rehabilitaciones de la Nieva EPS, «en el que consigno (si ) un dictamen favorable, sin dolores, mejoría en el estánda mas (sic) alto: significativa, y reintegro a labores en menos e 1 año» y el Dictamen d la Junta Regional de Invalidez dé 14 de agosto de 2018. Luego de trascribir varios acápites de la sentencia censurada, atribuye error al ad quem, por estar demostrádo y aceptado por el actor que la terminación del contrato de trabajo fue producto de una terminación por expiración del plazo pactado que fue debtamente notificado; que no aparece acreditado que la finalización haya tenido ccimo móvil único o motivo preponderante la discapacidad del trabajador, pues «existe un PRE4 VISO debidamente justific4do

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Radicación n.°92041 que con razones técnicas, las cuales no fueron objeto de reproche por parte del demandante, y en consecuencia no se hizo necesario explicar en proceso ordinario, mas (sic) cuando el asunto en litigio se centró en la terminación del contrato siendo acreedor a la mentada estabilidad reforzada». Se apoya en la sentencia CSJ SL, 18 oct. 2017, rad. 47759. Aduce que el colegiado, E.. .1 se refirió a un asunto que no había sido objeto de debate por lo que se "sorprendió" a mi prohijada con un asunto que no se tenia (sic) por discutido, y por el contrario estaban sentadas las bases de su legalidad, al ser aceptado en el proceso incluso manifestado en la declaración de parte del mismo demandante

minuto 45:08 del audio rendido ante el A Quo. Dice que si bien el operador judicial de segundo grado, tuvo claridad de las circunstancias que configuran la estabilidad laboral reforzada, la decisión no fue consecuente, pues muy a pesar de que se acreditó que para la fecha de terminación del contrato por justa causa, Méndez Losada no estaba incapacitado por cuanto apenas tenía unas recomendaciones médicas, resolvió validar «dichos no probados por el demandante», con lo cual advirtió que era muy sospechoso un despido justo tres días después del reintegro, «desconfianza que queda en el mundo de las hipótesis subjetivas de las cuales no se puede sustentar un fallo». Estima que la incapacidad laboral temporal no tiene las mismas connotaciones ni los mismos efectos jurídicos que la discapacidad permanente o parcial, de modo que la primera 14

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Radicación n.°9i041 no se le extiende la protecci-n especial que sí gener la discapacidad. A continuación, señala: Efectuando una acotación con la actual pandemia, es perti nte indicar que actualmente en Colombia, un trabajador qu se encuentre contagiado de COVID 19, y sea destinatario de una incapacidad, no por ese hecho se encuentra discapacitiado, llegando incluso a poder 14borar de forma remota, pues la tecnología y el ordenamiento 'vigente permite el trabajo virttial o Teletrabajo, en ese orden es bsolutamente pertinente recodar lo indicado por el demandant en su declaración de parte Mi uto 49:34 y 51:04 donde con bsoluta claridad indico (sic) que

trabajo (sic) y devengo (sic) su salario en forma normal, sin miramiento o queja alguna, sobre su labor o dificultad para desarrollarla. Con lo expuesto, afirma que resultaba improced nte solicitar el permiso a la autoridad del trabajo, dado qu el demandante se reintegró a laborar habitualmente, [...] sin que se tuviera que reubicar, pues sus actividltdes netamente administrativas frente a un equipo de computo 6ic), no se vieron afectadas y ta I poco ameritaban una adecuabión fisica o laboral, pues el es ado de salud del empleado era absolutamente normal y no afectaba en absoluto su productividad, no contaba coii ninguna limitación para ejercer el cargo para el cual estaba con ratado, y contrario a lo que aseyero (sic) en su justificación el A Quo dio validez al dicho del apoderado en sus alegatos de conclusión, frente al supuesto uso para ir a laborar usando una§ muletas (que no se probo -sic ) no afectaban la labor meramente intelectual del empleado. Indicó que en la demanda inicial nada se dijo si el a tor se le recomendó el uso de muletas para ir a trabajan ni tampoco lo dijo en su declaración de parte, ni mucho menos aparece registrado su uso en la «extensa historia clínica», tópico que expuso en los alegatos de conclusión, etapa procesal que procede a expl fcar, de conformidad con lo

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Radicación n.°92041 enseriado en las sentencias CSJ 5L4397-2015 y CSJ SL2136-2014. Sostiene que «la juez de instancia dio validez al dicho del

apoderado y que nunca se probo (sic) en el juicio, vio la luz apenas en los alegatos de conclusión, sin que se tuviera registro documental, o testimonio que así lo corroborara» y que, [...] se incluyo (sic) de manera oficiosa, una prueba arrimada por parte del demandante extemporánea, y que certificaba una calificación del 37.3% de perdida (sic) de capacidad laboral cuya fecha de estructuración se estableció por parte de la Junta Regional de Invalidez casi 3 arios posterior (sic) a la fecha de desvinculación de la empresa, es decir que no fue el accidente de transito (sic) de fecha 14 de junio de 2014, y que origino (sic) las incapacidades dentro de la vigencia laboral lo que afecto (sic) la salud del demandante, por lo que es absolutamente claro y alejado de cualquier duda que el demándate (sic) sufrió otro accidente mucho tiempo después finiquitar la relación laboral con TRANSITO DE PALERMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA S.A. pues como se tiene claro la relación laboral termino (sic) el 12 de diciembre de 2014 y dicho dictamen establece una fecha de estructuración del 6 de septiembre de 2017, es decir que el demandante actuó de forma deshonesta con la administra (sic) de justicia, y la juez de instancia pese a reconocer dicha situación, omite darle la relevancia que amerita, la pretendida prueba, que buscaba probar una limitación física moderada, severa o profunda, de manera irregular, prueba inconducente dentro del caso que nos ocupa pero que pretendió por parte del

demandante adecuarse a los presupuestos normativos de la estabilidad laboral ocupacional, de manera maliciosa. Acude a la sentencia CSJ 5L1360-2018, donde según la censura esta Sala de Casación abandonó el criterio sentado en la CSJ 5L36115-2010, en la que adoctrinó que el art. 26 de la Ley 361 de 1997 «no consagra una presunción legal o de derecho, que permita deducir a partir del hecho conocido de la discapacidad del trabajador que su despido obedeció a un móvil sospechoso»; y, que la autorización del Ministerio del Trabajo está circunscrita a aquellos casos en que el 16

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Radicación n.°9041 trabajador «con discapac 'dad tiene circunstan ias incompatibles e insuperables para desempeñar su car o o cualquier otro en la empresa». Que en esa provide4tcia también se indicó que la estabilidad laboral reforzada n es un derecho perpetuo en el empleo, pues este se man ene hasta que exista una causa objetiva justa que perrhita finalizar el contrato. Alude a las causales de t rminación previstas en el art. 62 del CST, y asevera que deb n invocarse en el moment de su extinción del vínculo y no posteriormente, ya que hac rlo va contra del derecho de defensa del trabajador y el princ.pio de buena fe que deben regir las relaciones laborales. Insiste en que «existe prueba documental» indicativ4 de que el despido se originó por la terminación del plazo y no por razones «diversas a lc discapacidad»; en que la

discriminación no se presu e, y por ello procede la aplicación de los arts. 19 y 239 del CST, en tanto el tor tenía la carga de probar que a terminación unilateral tuvo como móvil una supuesta discapacidad.

VII. RÉPLICA El opositor sostiene que la demanda de casación carece de los requisitos formales, como quiera que se pretende enjuiciar la decisión del Tribunal; que la demostración del cargo contiene discusiones fác icas y jurídicas que no fueron objeto de controversia en las instancias.

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Radicación n.°92041

VIII. CONSIDERACIONES El operador judicial plural estimó que el demandante estaba cobijado por la protección prevista en el art. 26 de la Ley 361 de 1997, pues al momento de la finalización del contrato de trabajo a término fijo, aquel se encontraba en proceso de recuperación médica, tras haber sufrido un accidente de tránsito que conllevó estar incapacitado por 175 días continuos; que si bien el vínculo contractual finalizaba por el vencimiento del contrato, el empleador le preavisó la no prórroga, la que se materializó 3 días después de haberse reincorporado al trabajo, muy a pesar de las recomendaciones médicas que le fueron expedidas y que sus quebrantos de salud le impedían cumplir su labor a cabalidad, de modo que estimó que Yeison Fabian Méndez Losada gozaba de «incapacidad laboral temporal» La censura a fin de rebatir las aserciones concluyentes del operador judicial, le atribuye la comisión de varios yerros fácticos, para lo cual arguye que bajo la égida del art. 26 de

la L