CSJ - SL1003-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1003-2023 Radicación n.º 91714 Acta 015 Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARLOS HERNANDO GODOY TÉLLEZ, contra la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

Se reconoce personería al abogado Samir Vargas Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía 1.052.312.490 y portador de la Tarjeta Profesional 238130 del Consejo Superior de la Judicatura, para que obre como apoderado de Colpensiones, en los términos del poder que reposa en el cuaderno de la Corte.

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I. ANTECEDENTES Carlos Hernando Godoy Téllez llamó a juicio a Colpensiones para que se declarara que le asistía el derecho a la pensión de vejez en los términos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Como efecto de ello, pidió que se condenara a la accionada a pagarle esa prestación a partir del 3 de noviembre de 2015, con una tasa de reemplazo del 90% y un ingreso base de liquidación (IBL) del promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años

anteriores al cumplimiento de la edad o de toda la vida laboral, si fuere mayor, junto con el retroactivo pensional sin descuentos destinados al sistema contributivo de salud, además de los incrementos legales, los intereses de mora y la indexación. Fundamentó sus peticiones en que nació el 3 de noviembre de 1955; que estuvo afiliado a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), como empleado público, entre el 5 de abril de 1973 y el 31 de octubre de 1976, es decir, durante 183,71 semanas; que cotizó en el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y en Colpensiones en varios periodos, desde el 2 de noviembre de 1976 hasta el 31 de octubre de 2017, esto es, 2302 semanas. Aseguró que para el 1 de abril de 1994, fecha en la que entró en vigor la Ley 100 de 1993, tenía más de 15 años de cotizaciones al ISS, de modo que se hizo beneficiario del régimen de transición del artículo 36 ibidem. Expuso que Colpensiones le negó la pensión de vejez mediante la

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Radicación n.º 91714 Resolución GNR95751 del 5 de abril de 2016, decisión que impugnó en la vía administrativa sin resultados favorables a su pretensión; sin embargo, la accionada le reconoció el derecho mediante la Resolución SUB93454 del 9 de abril de 2018, con una tasa de reemplazo del 72,67%, acto administrativo del que pidió su modificación, hecho que se materializó a través de la providencia administrativa

SUB18007 del 5 de julio de 2018, en la que se reconoció un retroactivo y con la cual dejó agotada la reclamación directa. Al contestar la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del pensionado, su afiliación inicial y los distintos reingresos al ISS, las 2302 semanas acumuladas en el régimen administrado por esa entidad, la condición de beneficiario de la transición —con la advertencia de que perdió ese derecho el 31 de diciembre de 2014—, así como la expedición de los actos administrativos indicados en el memorial inaugural. Finalmente, apuntó que los fundamentos fácticos restantes no eran ciertos o no le constaban. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, buena fe, presunción de legalidad de los actos administrativos, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios ni de indemnización de la misma especie, carencia de causa para demandar, prescripción, compensación e improcedencia del pago de costas a cargo de entidades públicas administradoras de la seguridad social.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 13 de marzo de 2020, absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 26 de marzo de 2021,

al resolver el recurso de apelación propuesto por el iniciador de la litis, confirmó la decisión de primer grado. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal enumeró, como fundamento jurídico de su decisión, los artículos 33 —modificado por el 9.º de la Ley 797 de 2003— y 36 de la Ley 100 de 1993; el parágrafo transitorio 4.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005, así como el inciso tercero de este apartado; los preceptos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990, 488 del CST y 151 del CPTSS. Del estudio de la prueba documental aportada al expediente, concordada con el conjunto normativo citado en precedencia, la sala de instancia concluyó que el actor era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 pues cuando entró a regir el régimen pensional contenido en este estatuto —el 1 de abril de 1994— contaba con más de 15 años de servicios cotizados, de modo que los beneficios que conservó se extendieron hasta el 31 de diciembre de 2014 por disposición expresa del Acto

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Radicación n.º 91714 Legislativo 01 de 2005, en la medida en que, en el momento en que quedó vigente esa enmienda constitucional, contaba con más de 750 semanas cotizadas, con lo que se materializó una expectativa legitima. Sin embargo, apuntó que, para el día en que el actor cumplió el requisito de la edad, el 3 de noviembre de 2015,

ya había expirado el régimen de transición que gobernaba su derecho pensional con «las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, en cuanto a edad, tiempo de servicios o números de semanas cotizadas y el monto de la pensión», pues esos beneficios se le extendieron hasta el 31 de diciembre de 2014. Anotó que, acumular 15 años de servicios era un requisito para quedar amparado por el régimen de transición, pero advirtió que ese logro no implicaba que la aludida expectativa legitima adquiriera un carácter indefinido, ya que el inciso 3.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005, estipuló que, para alcanzar el derecho, era necesario cumplir la edad y el tiempo de servicio o semanas de cotización en el tiempo que exigiera la norma que lo cobijaba por transición, es decir, el Acuerdo 049 de 1990, cuyos efectos expiraron el 31 de diciembre de 2014, momento en el que el demandante no había llegado a los 60 años. Así las cosas, concluyó que la pensión de vejez del actor se regía por el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003 que exigía una edad de 62 años —a la que él llegó el 3 de noviembre de 2017— y 1300 semanas en cualquier tiempo, como lo determinó la Resolución SUB180007 del 5 de julio de 2018,

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Radicación n.º 91714 con la que se le reconoció el derecho pensional al actor y cuyo contenido encontró ajustado a derecho.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Carlos Hernando Godoy Téllez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado «y CONDENE en los términos de los acápites de declaraciones y condenas de la demanda».

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, al que se opone la accionada.

VI. CARGO ÚNICO Acusa a la sentencia de violar, por la vía directa, en el concepto de interpretación errónea, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en relación con los artículos 48, 53 y 58 de la CP; 260 del CST; 21, 33 y 34 de la ley antes mencionada y 27 del CC, «en cuanto a que en el régimen de transición no se determinó fecha a partir de la cual cesan sus efectos, dado que no se determinó como fecha límite para el cumplimiento de la edad que fuera a más tardar el 31 de diciembre de 2014».

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Radicación n.º 91714 En la demostración del cargo, expone que no está en discusión que era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que, para el 1 de abril de 1994, fecha en que entró en vigor esa ley, ya contaba con más de 15 años de servicios cotizados. Sin embargo, advierte que el Tribunal interpretó erróneamente el artículo en cita, pues no comprendió que las únicas condiciones para

acceder al régimen de transición por edad consistían en «que el afiliado, siendo hombre debía tener 40 años o más de edad […] o haber cotizado al sistema general de seguridad social en pensiones un mínimo de 15 años» para la data arriba indicada. Añade que al beneficiario del régimen transicional le bastaba cumplir con el tiempo mínimo de labores o cotizaciones y con la edad del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para adquirir el derecho a la pensión, mientras que los actos administrativos emitidos por Colpensiones solo resolvían una situación jurídica en relación con el afiliado, lo que no implicaba que concedieran la prestación económica, dado que esta la otorga la ley a partir del momento en el que se reúnen las condiciones impuestas en su texto, mientras que la administradora solo se limita a reconocerla. En tal sentido, trae a colación una providencia que dice que fue emitida por esta Sala de la Corte el «17 de octubre de 1968, en relación con la adquisición del derecho y el reconocimiento de la pensión de jubilación». En ese orden, anota que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no dispuso que el afiliado debía cumplir la edad antes

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Radicación n.º 91714 del 31 de diciembre de 2014, so pena de la pérdida del régimen de transición, y que se pensionaría por vejez en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, vigentes cuando se cumpliera la edad. A partir de ello, sugiere que el juzgador plural obvió el artículo 27 del CC, que

dispone que no se puede desatender el tenor literal de la ley cuando su sentido es claro, a pretexto de consultar su espíritu. Por el contrario, acusa al Tribunal de abandonar la literalidad del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, «para consultar el espíritu del acto legislativo 1 de 2005 con lo cual vulneró el derecho del recurrente para pensionarse a los 60 años de edad, con una tasa de reemplazo del 90% por haber cotizado más de 1.250 semanas en toda la vida laboral» según los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990. Apoya su acusación en una sentencia «del 1 de marzo de 2017 […] radicado 52.320» en la cual, según su concepto, esta Sala determinó los beneficios del régimen de transición. Por ende, defiende que se le debe respetar la edad de 60 años y la tasa de reemplazo del 90%, por haber cotizado más de 1250 semanas en toda su vida laboral, así como un monto acorde con el IBL de los últimos 10 años de cotizaciones o el de toda la vida laboral, si este último fuere más alto, dada su condición de beneficiario del régimen de transición. En relación con el Acto Legislativo 01 de 2005, expone que el artículo 58 de la CP dispone que los derechos adquiridos «no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores» de modo que le prohíbe a la administración de justicia aplicar las normas de forma retroactiva, lo que

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Radicación n.º 91714 significa que el ad quem incumplió este mandato pues le dio uso a la reforma aludida ante una situación consolidada

desde el 1 de abril de 1994, cuando entró a su patrimonio el derecho a la aplicación del régimen de transición. Critica que el Tribunal aplicó la reforma constitucional «con más de 10 años de retroactividad vulnerando el principio de legalidad como postulado de nuestro Estado social de derecho». Al respecto, invoca la sentencia CC C143-2018, en relación con los efectos de dicho acto legislativo frente a los regímenes especiales que expiraban el 31 de julio de 2010. Al tenor de la jurisprudencia que transcribe, manifiesta que el Acto Legislativo 01 de 2005 ordenó que los regímenes pensionales especiales expirarían el 31 de julio de 2010 o el 31 de diciembre de 2014, pero no los ordenamientos generales, como la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 36 es parte integrante del Sistema General de Pensiones. Con la anterior premisa, explica que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es una norma que regula una situación particular y concreta, que le permitió al afiliado que hubiere alcanzado uno de los dos requisitos allí contemplados mantener el derecho al régimen de transición, por lo que ese mandato debe cumplirse en los términos de la sentencia CC C242-2009, de forma que debe entenderse que su derecho pensional se consolidó antes de la reforma del año 2005. Por otra parte, reconoce que en la sentencia CC C7892002, en relación con el régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, la Corte Constitucional definió que no

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Radicación n.º 91714 constituye un derecho adquirido, sino que es una expectativa legítima, concepto que desarrolló la misma corporación en la sentencia CC T832A-2013, pero que también merece protección, conforme al fallo CC SU005-2018. En relación con el entendimiento del principio de la condición más beneficiosa, señala que fue desarrollado en la sentencia CC T569-2015, que, a su vez, comenta la posición de la Corte Suprema de Justicia frente a ese concepto. Tras ello, retoma la providencia CC C789-2002 y, para finalizar, cierra su cargo con esta argumentación: Independientemente de que se trate de un derecho adquirido según las voces de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia o de una expectativa legítima en los términos de la Corte Constitucional o de la condición más beneficiosa según las voces de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, el resultado es el mismo porque se le deben mantener al beneficiario del régimen de transición los aspectos: (i) la edad; (ii) el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, y (iii) el monto, que consignara el acuerdo 049 de 1990.

En conclusión: El señor CARLOS HERNANDO GODOY TELLEZ

(sic) tiene derecho a la aplicación del régimen de transición respetando la edad de 60 años, la tasa de reemplazo del 90% por haber cotizado más de 1.250 semanas en toda su vida laboral y un monto de acuerdo con el ingreso base de liquidación – IBL de los últimos 10 años de cotizaciones o toda la vida laboral si este

último fuere mayor a cargo de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES porque el acto legislativo 1 de 2005 no estaba vigente al 1 de abril de 1994, fecha en que entró a regir la ley 100 de 1993, dado que ninguna ley es retroactiva.

VII. RÉPLICA Para Colpensiones, el juzgador de segundo grado acertó, pues su sentencia guarda relación con la

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Radicación n.º 91714 jurisprudencia de esta Sala y de la Corte Constitucional, por lo que «el hecho de que no haya actuado de conformidad con las pretensiones del actor no significa que hubiese cometido los dislates que le son endilgados». Explica que el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 cobijó al accionante hasta el año 2014, por haber acreditado 750 semanas cotizadas cuando entró en vigor la reforma constitucional, como lo encontró probado el fallador colegiado. Empero, el cumplimiento de la edad para «causar el derecho a la pensión de vejez» se acreditó el 3 de noviembre de 2015, por fuera del límite temporal impuesto en la enmienda aplicable. Recuerda que, según la providencia CSJ SL7039-2017, para «el reconocimiento y pago (causación) de una pensión de vejez», debe acreditarse tanto la edad como el número de semanas o cotizaciones, pues ambas exigencias, en conjunto, permiten que nazca a la vida jurídica el derecho. Menciona que, en diciembre de 2014, el actor no reunía

los requerimientos para acceder a la pensión de vejez, por lo que perdió el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en esa medida, no se puede reconocer esa prestación bajo el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. Añade que tampoco puede decirse que, al 31 de diciembre de 2014, el recurrente gozara de un derecho adquirido que permitiera inaplicar el límite temporal impuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005, puesto que el

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Radicación n.º 91714 derecho a la prestación se causa con el cumplimiento de los dos requisitos advertidos en la norma (edad y semanas de cotización o tiempo de servicio) y para la data establecida en la reforma constitucional como garantía para la consolidación de su situación pensional —31 de diciembre de 2014—, si bien contaba con las semanas requeridas, no tenía la edad exigida. Por ello, respalda las conclusiones de la sentencia atacada, por que la tesis que aplicó ha sido respaldada en la providencia CSJ SL841-2019.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal negó la pensión de vejez que solicitó el recurrente con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, porque consideró que, en virtud del régimen de transición previsto en el precepto 36 de la Ley 100 de 1993, aquella habría sido la norma aplicable, de no ser por la incidencia del parágrafo transitorio 4.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005 que limitó la aplicación de dicha

prerrogativa hasta el 31 de diciembre de 2014. En ese orden, estimó que los requisitos de la normativa anterior debían quedar satisfechos hasta la data últimamente mencionada; no obstante, si bien el actor tenía una densidad de cotizaciones suficiente para acceder a la prestación con base en el antiguo reglamento pensional del ISS, no alcanzó la edad antes del umbral temporal dispuesto por el acto legislativo, por lo que el derecho debía regirse por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9.º de la Ley 797 de 2003.

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Radicación n.º 91714 Por su parte, la censura plantea que el Tribunal malinterpretó las normas que señala en su proposición jurídica, dado que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no contempla una fecha de cesación de sus efectos y el parágrafo transitorio 4.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005, por ser norma posterior a la fecha en la que obtuvo la densidad de semanas necesarias para pensionarse bajo la norma transicional, no puede afectar lo que considera su derecho adquirido o, cuando menos, su expectativa legítima de obtener la pensión a partir de los 60 años y con el 90% de tasa de reemplazo, de modo que se le debe aplicar el régimen de transición, ya que era innecesario cumplir esta edad antes del último día del año 2014. Así las cosas, el problema jurídico que debe abordar la Sala consiste en determinar si se equivoca el Tribunal al no imponerle a Colpensiones la condena al reconocimiento y

pago de la pensión de vejez a favor del impugnante, acorde con el Acuerdo 049 de 1990, regla aplicable en virtud del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dada la incidencia del parágrafo transitorio 4.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005. Como supuestos fácticos acreditados dentro del proceso se tienen los siguientes: (i) que Carlos Hernando Godoy Téllez nació el 3 de noviembre de 1955; (ii) que se benefició del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por contar con más de 15 años de servicios o de cotizaciones antes del 1.º de abril de 1994; (iii) que al entrar en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005, contaba con más de

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Radicación n.º 91714 750 semanas cotizadas; (iv) que tenía más de 1000 semanas aportadas en el sistema pensional para el 31 de diciembre de 2014 y (v) que arribó a la edad de 60 años, prevista en el Acuerdo 049 de 1990, el 3 de noviembre de 2015. Frente al análisis del yerro jurídico alegado, esta Sala ya se ha pronunciado en casos de contornos similares, como en la providencia CSJ SL4444-2020, traída a colación en la CSJ SL3560-2022, en las que desarrolló el tema en los siguientes términos: Antes de analizar el razonamiento planteado, el cual se abordará

desde dos aspectos fundamentales, que se dirigen a determinar si estamos en presencia de un derecho adquirido; es necesario precisar que los siguientes hechos no presentan discusión: (i) Luis Orlando Suárez Osorio nació el 20 de febrero de 1955, por lo que cumplió 60 años de edad el mismo día y mes del año 2015; y (ii) que cuenta con más de 2000 semanas cotizadas a Colpensiones.

La norma acusada indica: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 […] Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política.

El Congreso de Colombia DECRETA: Artículo 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al

artículo 48 de la Constitución Política: […] Parágrafo 1°. […] Parágrafo transitorio 4°. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36

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Radicación n.º 91714 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen. Así pues, el referido parágrafo 4 del artículo plantea un nuevo

escenario respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues limita el beneficio del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010, pero también permite hacer extensible su término de vigencia hasta el año 2014, siempre que el afiliado haya cumplido un total de 750 semanas efectivamente cotizadas al 22 (sic) de julio de 2005. Así lo ha dicho esta Corporación en la sentencia CSJ SL13673-2016, donde se reiteró lo señalado en la CSJ SL 37581, 21 jul. 2010: Lo que en realidad indica el parágrafo aludido es que si a la vigencia del Acto Legislativo (29 de julio de 2005), tenía al menos 750 semanas cotizadas, el régimen de transición para pensionarse, en los términos del Acuerdo 049 referido, aplicable al actor, no termina el 31 de julio de 2010 sino que se extiende o se mantiene hasta el año 2014, desde luego, previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el precepto que lo favorece; en manera alguna puede decirse que se disminuyeron los requisitos establecidos por el Acuerdo 049 tantas veces citado para obtener la pensión de vejez; tales exigencias permanecieron inmodificables. Ahora, si bien esta Corporación ha adoctrinado que los regímenes de transición son herramientas que evitan que los afiliados a un sistema pensional sufran las consecuencias de una decisión arbitraria, debido a la potestad de configuración legislativa y que las modificaciones en cuanto a los criterios para acceder a los

beneficios pensionales no pueden introducir abruptamente nuevas condiciones, sin la consideración de los afiliados que están próximos a pensionarse y de criterios de razonabilidad y proporcionalidad (CSJ SL16786-2017), es preciso señalar que el parágrafo 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 modificó tal prerrogativa pero a su vez consideró las expectativas legítimas de los afiliados que habían avanzado en el cumplimiento de los requisitos exigidos, esto es, de aquellos que tuvieran 750 semanas a la entrada en vigencia de tal normativa, a fin de que pudieran acceder a la prestación de vejez bajo los parámetros de normas anteriores, pero únicamente hasta el 31 de diciembre de 2014, pues a partir del 1 de enero de 2015, todas las pensiones se debían de reconocer con base en el Régimen General de Pensiones. Al respecto se pronunció la Corte Constitucional en sentencia CC C-242-200, indicando que: «[…] las reformas a los regímenes pensionales, en particular, garantizan la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la financiabilidad de otros potenciales pensionados. Estas finalidades constitucionalmente relevantes obligan a la ponderación entre sacrificios individuales y beneficios al sistema».

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Radicación n.º 91714 En ese mismo orden, la Sala en la sentencia CSJ SL 2 may. 2012, rad. 41695, direccionó que la orden establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005, de que las leyes pensionales que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia del mismo, se

entiende en el sentido de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

Dijo que: «[…] más que un principio, es una regla constitucional que impone al legislativo la obligación de que, cuando expida leyes que instauren o modifiquen sistemas de pensiones, sus disposiciones no atenten contra la sostenibilidad financiera de tales sistemas».

Pues bien, la jurisprudencia de la Sala ha establecido de manera reiterada y pacífica que no es posible dejar de aplicar el contenido del Acto Legislativo 01 de 2005 por vía de excepción de inconstitucionalidad, dada precisamente su categoría supra legal (CSJ SL2570-2019, SL1347-2019, SL4602-2019 y SL1909-2020) y que las modificaciones incorporadas a través de dicha normativa garantizan el respeto de los derechos adquiridos. Precisamente, en la primera de las providencias referidas, la Corporación expresó: Por ello mismo, la Corte ha concluido que el Acto Legislativo 1 de 2005, que, como bien lo resaltó el Tribunal, hace parte del plexo normativo de la Constitución Política, introdujo límites temporales legítimos a la vigencia del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con respeto, eso sí, de los derechos adquiridos de los afiliados y teniendo en cuenta las expectativas de ciertas personas cercanas a la consolidación del derecho, al definir que no podría extenderse más allá del 31 de julio de 2010, a menos que el interesado tuviera 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo a la entrada en vigencia de la norma, caso en el cual se extendería hasta el 31 de diciembre

de 2014 (CSJ SL841-2019) (…) Por último, la Corte ha indicado que la expedición del Acto Legislativo no. 1 de 2005 no aparejó una vulneración de los principios de progresividad y no regresividad o el quebrantamiento de los instrumentos internacionales en los que se apoya la censura, pues la variación constitucional no se dio de manera arbitraria e inconsulta, sino que tuvo en cuenta los derechos adquiridos y planeó una fórmula de extinción paulatina del régimen de transición, teniendo en cuenta las expectativas legítimas de ciertos afiliados, además de que estuvo justificada en la necesidad de lograr la sostenibilidad financiera del sistema pensional, fruto de lo cual, contrario a lo dicho por la censura, debe prevalecer el interés general sobre el particular (…). Adicionalmente, se tiene que el principio de sostenibilidad financiera que dio origen al acto legislativo, protege un interés

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Radicación n.º 91714 general que prevalece sobre el particular, tal como lo expuso esta Sala en la sentencia CSJ SL4285-2018, al manifestar: Ahora bien, no debe olvidarse, que el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la CN, elevó a rango constitucional la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, buscando con ello garantizar a los administrados el derecho de alcanzar una pensión, dando así prevalencia al interés general, cuyo objetivo no es otro que prever que los regímenes pensionales sean financieramente sostenibles, a fin evitar un colapso económico de los mismos, y en esa medida,

surge coherente la eliminación del régimen de transición y que no se mantuviera de manera indefinida (…). Por último, a fin de dar respuesta a la oposición en lo referente a la progresividad, se ha de rememorar lo anotado en la sentencia de rad. N° 32765 ya citada, donde enseñó la Corte: “(…) no desconoce la Sala la obligación de progresividad con que el Estado debe ofrecer la cobertura en la seguridad social, la cual como ya lo ha dilucidado la jurisprudencia constitucional, no es un principio absoluto sino que debe estar sujeto a las posibilidades que el sistema tenga de seguir ofreciendo unas prestaciones sin que se afecte la sostenibilidad financiera del sistema (…). En ese sentido, a juicio de la Corte, la limitación que hizo el constituyente derivado al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de julio de 2010 o hasta el 31 de diciembre de 2014, según corresponda, es válida en el ordenamiento jurídico desde que ello no desconozca los derechos adquiridos y se salvaguarden las expectativas de ciertas personas cercanas a pensionarse (CSJ SL25702019, SL 40402019, SL4442-2019, SL56102019 y SL1909-2020). Precisamente, en la primera de las sentencias referidas se precisó: Por ello mismo, la Corte ha concluido que el Acto Legislativo 1 de 2005, que, como bien lo resaltó el Tribunal, hace parte del plexo normativo de la Constitución Política, introdujo límites temporales legítimos a la vigencia del régimen de transición del

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con respeto, eso sí, de los derechos adquiridos de los afiliados y teniendo en cuenta las expectativas de ciertas personas cercanas a la consolidación del derecho, al definir que no podría extenderse más allá del 31 de julio de 2010, a menos que el interesado tuviera 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo a la entrada en vigencia de la norma, caso en el cual se extendería hasta el 31 de diciembre de 2014 (CSJ SL841-2019). Entre otras, en la sentencia CSJ SL4285-2018 se dijo al respecto: (…)

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Radicación n.º 91714 Por último, la Corte ha indicado que la expedición del Acto Legislativo no. 1 de 2005 no aparejó una vulneración de los principios de progresividad y no regresividad o el quebrantamiento de los instrumentos internacionales en los que se apoya la censura, pues la variación constitucional no se dio de manera arbitraria e inconsulta, sino que tuvo en cuenta los derechos adquiridos y planeó una fórmula de extinción paulatina del régimen de transición, teniendo en cuenta las expectativas legítimas de ciertos afiliados, además de que estuvo jus