CSJ - SL1004-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1004-2023 Radicación n.° 91974 Acta 015 Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES), contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 10 de marzo de 2021, en el proceso promovido en su contra por LINA MARÍA ISAZA

HERNÁNDEZ.

I. ANTECEDENTES Lina María Isaza Hernández demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, con el fin de que se declarara que en virtud del fallecimiento del señor Leonardo Antonio Correa Jaramillo y en su calidad de compañera permanente, tenía derecho al reconocimiento y

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Radicación n.° 91974 pago de la pensión de sobrevivientes desde el 1 de julio de 2012 con la respectiva inclusión en nómina, el retroactivo y los intereses moratorios a partir de marzo de 2015. Para fundamentar sus peticiones, señaló que su compañero falleció el 30 de junio de 2012, con quien convivió en unión marital de hecho los seis años previos al deceso; que este disfrutaba de una pensión de vejez a cargo del ISS, hoy Colpensiones, la cual le fue otorgada mediante Resolución No. 011420 de 2004 en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente; que no tuvieron hijos en

común, empero aquel asumió la manutención y gastos económicos de ella y sus dos hijos JGPI y AOI, quienes además fungían como sus beneficiarios en el sistema de seguridad social. Precisó que el 5 de septiembre de 2014 presentó reclamación administrativa ante Colpensiones, la cual le negó la pensión de sobrevivientes mediante Resolución GNR 62845 el 4 de marzo de 2015 y confirmó dicha decisión mediante resoluciones GNR 185330 y VPB 62043 del 22 de junio y 18 de septiembre de 2015. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda y al pronunciarse frente a los hechos, reconoció que el señor Correa Jaramillo disfrutaba de la pensión de vejez por valor de un (1) SMLMV conforme a la Resolución Nº 011420 de 2004, su fallecimiento, la reclamación de la prestación de sobrevivientes y la respuesta negativa a la

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Radicación n.° 91974 misma; frente a los demás, manifestó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa propuso como excepciones las que denominó: inexistencia de la obligación demandada y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira mediante sentencia del 20 de febrero de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que la señora LINA MARIA (sic) ISAZA HERNANDEZ (sic), es beneficiaria de la sustitución pensional, con ocasión del fallecimiento de su compañero LEONARDO

ANTONIO CORREA JARAMILLO a partir del 1° de julio de 2012.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA parcialmente la excepción prescripción, propuestas por la vocera judicial de la le ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES-, en relación a las mesadas pensionales causadas a favor de la demandante con anterioridad al 12 de febrero de 2015, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES al reconocimiento y pago la sustitución pensional a favor de la demandante LINA MARIA(sic) ISAZA HERNANDEZ (sic) desde el 12 de febrero de 2015, en la suma equivalente a un SMMLV, esto es $644.350,oo, que corresponde al 100% de la mesada que devengaba el causante, prestación a la que tiene derecho en forma vitalicia y con derecho a 13 mesadas pensionales al año, la cual tendrá que ser incrementada a partir del 1° de enero del año 2016 conforme lo disponga el Gobierno Nacional.

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES" a cancelar a favor de la LINA MARIA (sic) ISAZA HERNANDEZ (sic), por concepto de retroactivo de las mesadas “pensiónales” (sic) que se causaron desde 12 de febrero de 2015, y hasta que se haga la respectiva inclusión en nómina, lo que a la fecha asciende a la suma de $ 48.434.612.

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QUINTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONESque en el término de un mes contado a partir de la fecha en que la beneficiaria de la pensión radique en sus instalaciones la respectiva cuenta de cobro o los documentos pertinentes, previa ejecutoria de la esta decisión, expedida el respectivo acto administrativo e incluya en nómina a la nueva pensionada.

SEXTO: AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-, descontar del retroactivo pensional a reconocer a favor de la señora LINA MARIA (sic) ISAZA HERNANDEZ (sic) el porcentaje que por concepto de aportes al Sistema de Segundad Social Salud le corresponde asumir como pensionada, el cual conforme al artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1250 de 2008 es del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional.

SÉPTIMO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES al reconocimiento y pago de intereses moratorios a favor de la demandante a partir 12 de febrero de 2015, hasta que el pago se verifique de conformidad con lo dispuesto en el Art. 141 de la Ley 100/93.

OCTAVO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES a cancelar a favor de la señora LINA MARIA (sic) ISAZA HERNANDEZ (sic), las costas procesales.

Para la correspondiente liquidación que realice la Secretaria (sic) del Juzgado en su momento, se debe incluir la suma de

$5.266.818 que corresponde a las agencias en derecho.

NOVENO: SE ORDENA surtir el grado jurisdiccional de consulta, para lo cual se dispone el envío del expediente a la Sala Laboral del H. Tribunal de este Distrito Judicial, y remitir comunicación a los Ministerios del Trabajo y Hacienda y Crédito Público, la cual, surte en favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la accionada y el grado jurisdiccional de consulta en su favor, con decisión del 10 de marzo de 2021, confirmó la proferida en primer grado.

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Radicación n.° 91974 Limitó el problema jurídico a determinar si le asistía derecho a la actora, en pretender que Colpensiones le reconociera la pensión de sobrevivientes ante el deceso del señor Leonardo Antonio Correa Jaramillo por reunir los requisitos establecidos para ello en el art. 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, como lo determinó él a quo. Para tal efecto, citó los requisitos exigidos para la sustitución pensional, previstos en el evocado artículo y trajo a colación las sentencias CSJ SL4925-2015 y CSJ SL13992018 en las que se estableció que, para el otorgamiento de la prestación aquí reclamada es necesario acreditar el requisito

de la convivencia por un periodo mínimo de cinco años, la cual debe ser «[…] real y efectiva que entraña una comunidad de vida estable permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común», lo que excluye, encuentros casuales o esporádicos, cuyo tiempo compartido no tenga la intención de una «comunidad de vida». Reglón seguido, analizó las declaraciones rendidas en el asunto, de las cuales destacó lo manifestado por los señores Francisco Acevedo Naranjo, María Isabel Obando Jaramillo, Jorge Enrique Betancourt y Nelson Augusto Rivera Laín, quienes, indicó, le proporcionaron certeza sobre la convivencia de la pareja durante los cinco años previos al deceso del causante; los extremos de la relación; los lugares de su residencia y, el acompañamiento y auxilio mutuo, —

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Radicación n.° 91974 especialmente, en los asuntos médicos, durante la enfermedad del difunto—, hasta que falleció. Aunado a ello, expuso que, aunque Colpensiones se dolía de que «las pruebas traídas al proceso no desvirtúan las conclusiones que arrojó la investigación administrativa, […]no se acreditó el requisito de convivencia, ya que los testigos solo dan fe de la relación hasta el 2010»; debido a que dicho documento no fue allegado al proceso a pesar de haber sido requerido por el a quo, y, por tanto, le era imposible confrontar lo probado en el asunto con lo allí expuesto.

Así mismo, examinó el certificado de semanas cotizadas emitido por Coomeva EPS con posterioridad al deceso del causante y determinó que desde el año 2007 hasta el 4 de julio de 2012, la actora figuró como su beneficiaria en salud sin solución de continuidad, corroborando que la convivencia perduró hasta esta última fecha. Frente a las excepciones de fondo adujo que del acervo probatorio se puede «inferir que en efecto al acaecer la muerte del señor Leonardo Antonio Correa Jaramillo dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, y en sede judicial, la demandante demostró ser la beneficiaria de la misma», por lo que quedaron sin efectos las aludidas defensas, incluso la de prescripción, toda vez que no se superó el término de los tres años contemplados en el artículo 151 del CPTSS entre la fecha en que se agotó la vía administrativa y la presentación de la demanda.

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Radicación n.° 91974 En relación a los intereses moratorios sobre el retroactivo pensional, luego de comprobar que fue causado entre el 12 de febrero de 2015 y el 20 de enero de 2020, en razón a 13 mesadas anuales y «que asciende a $48.434.611,51», recordó que estos se causan a partir del día siguiente a la fecha en que se cumplieron los dos meses exigidos por el art. 1 de la Ley 717 de 2001, modificado por el 4 de la Ley 1204 de 2008, para contestar la petición, por lo que estimó se generaron desde el 5 de septiembre de 2014

y hasta la fecha de pago. No obstante, como el a quo declaró la prescripción parcial, precisó que dicho concepto procedía desde el 12 de febrero de 2015, máxime cuando la razón por la cual no le fue otorgada la prestación a la actora, fue el entendimiento errado de que no se cumplió con los requisitos establecidos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, estando acreditado que la misma si reunió dichas exigencias. Finalmente, arguyó que dada la imposición de costas a cargo de Colpensiones y ante el recurso presentado contra las agencias en derecho fijadas por el a quo, no procedía el recurso de alzada en dicho aspecto, al no ser la oportunidad pertinente.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado «salvo los ordenamientos noveno y décimo» y en su lugar, se absuelva de todo lo incoado en su contra.

De manera subsidiaria, requiere se case parcialmente «la sentencia impugnada en cuanto en su ordenamiento primero confirmó el […] séptimo de la sentencia de primer grado que condenó a la entidad a pagar los intereses moratorios a partir del 12 de febrero/15, para que, en sede de instancia, se revoque esa decisión de primer grado» y, por tanto, se le absuelva de dichos réditos.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica por la demandante y se resuelven en su orden.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con el 53 y 230 de la CP; 60, 61 y 145 del CPTSS, así como del 164 a 167, 173 y 176 del CGP.

En sustento de lo anterior, señala que el ad quem dio por demostrado, sin estarlo, que la demandante acreditó el requisito de cinco años de convivencia sin solución de

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Radicación n.° 91974 continuidad con el causante, previo al deceso de este, «por lo que el acompañamiento, apoyo mutuo y ánimo de vida en común no desapareció», para así acceder a la sustitución deprecada. Como prueba no apreciada enuncia la tarjeta de identidad del hijo mayor de la opositora, quien para el año 2008 cumplió cuatro años de edad y, como pruebas erróneamente apreciadas, las siguientes: 1) Resolución No. (sic) GNR 62845 de 4 de marzo/15 (fls. 41 a 43 C.1) 2) Confesión de la actora en el interrogatorio de parte llevado a cabo en la audiencia oral del 20 de febrero/20. 3) Historia Clínica del causante (fl. 19 a 39) 4) Declaración de los señores Francisco Acevedo, María Isabel

Obando, Jorge Enrique Betancourt y Nelson Augusto Rivera efectuadas en la audiencia oral del 20 de febrero de 2020. No controvierte la fecha del fallecimiento del causante, la calidad de pensionado por invalidez que este ostentaba, la solicitud que presentó la señora Lina María Isaza Hernández y, su negativa, siendo lo que reprocha, la decisión de confirmar el otorgamiento de la sustitución a favor de la compañera permanente «a pesar de que no se demostró en el proceso la convivencia continua entre el causante y la actora durante los últimos cinco años inmediatamente anteriores a su fallecimiento al darle credibilidad a lo afirmado por los testigos que concurrieron al proceso». Así las cosas, luego de recapitular las consideraciones del ad quem, disiente de las conclusiones a las que se arribó, en tanto no fue claro para la entidad en el curso de la investigación administrativa que, en efecto, haya existido

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Radicación n.° 91974 una convivencia entre la parte demandante y el señor Correa Jaramillo durante los cinco anteriores a su deceso. Lo anterior, por la presencia de las siguientes inconsistencias en el material probatorio del proceso: La demandante al absolver el interrogatorio de parte en la audiencia del 20 de febrero/20, informa que inició la convivencia con el causante el 5 de febrero del año 2006 que su estado civil es soltera, afirma que conoció al señor Leonardo Antonio Correa Jaramillo en el año 2005 porque él frecuentaba una cafetería en la que ella trabajaba; dijo que ella empezó a visitarlo para

ayudarle con el lavado de la ropa y en general con todos los oficios propios del hogar, pero aclarando que no lo hacía por dinero; que decidieron irse a vivir juntos el 5 de febrero del año 2006 en el barrio el Azufral en la ciudad de Pereira, en donde estuvieron aproximadamente cuatro años, al cabo de los cuales se fueron a vivir al barrio el progreso en el municipio (sic) de La Virginia; a la pregunta sobre el núcleo familiar, informa que inicialmente lo conformaban ella, su hijo mayor y el pensionado fallecido, pero que posteriormente, después de un disgusto que tuvieron ella tuvo una relación extra marital, quedó en embarazo, pero que ese hecho no rompió la convivencia, ya que el señor Leonardo la perdonó. A la pregunta de cuantos años tiene su hijo mayor Jefrey Giovanni Puerta, informa que tiene 15 años, y cuando se le interroga que cuantos años tenía cuando iniciaron la convivencia, la deponente de manera espontánea y sin dubitación alguna confesó que tenía 4 años de edad, y si observamos su tarjeta de identidad, ignorada por el Tribunal, que obra a folio 59, dicho menor nació el 21 de agosto de 2004 de tal manera que para el 20 de febrero de 2020 fecha de la audiencia, se confirma que tenía 15 años y medio, razón por la cual no resulta cierto que la convivencia fue iniciada en la fecha indicada en la demanda, porque si el menor para el 21 de agosto de 2008 tenía cuatro años y si en esa data o en ese año iniciaron la convivencia, es evidente que para la fecha de la muerte del

causante el 30 de junio de 2012 la supuesta convivencia ajustó solamente 3 o 4 años, confesión suficiente que de haber sido analizada correctamente habría permitido la desestimación de las pretensiones de la demanda. Milita a folios 19 a 39 la Historia Clínica del causante en el período que va del 10 de enero/07 al 30 de marzo/12 la atención médica siempre aconteció en la UVA Coomeva del municipio (sic) de la Virginia y no en la ciudad de Pereira donde la actora afirmó en el interrogatorio de parte que lo acompañaba a sus citas

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Radicación n.° 91974 médicas, lo que fue ratificado por los testigos que más adelante se analizarán. En dicha historia el causante se presentó como una persona soltera, que su dirección de residencia es la finca “La Despenza” y si lo anterior fuera poco, en los espacios relacionados para indicar el nombre del acompañante y su número telefónico aparecen en todos como “NO”, es decir, que en todas esas citas médicas reportadas en los períodos señalados, el difunto jamás estuvo acompañado por su supuesta compañera permanente, pues lo que de allí se concluye es que siempre concurrió solo a dichas citas, entre los años 2007 y 2012, razón por la cual no hubo apoyo ni solidaridad con el difunto. Lo anterior deja ver que en realidad el causante tenía su residencia en la finca indicada, que según lo afirmado por la actora, era de su madre y el lugar donde el causante tenía un cultivo de maracuyá, y tan cierto es lo anterior que en ese lugar

fue que falleció, con lo cual se demuestra que para esa época no había convivencia entre el causante y la demandante, toda vez que aquí no se ha demostrado que en esa finca la demandante convivió con el señor Correa, pero si en gracia de discusión la convivencia perduró hasta el final al haber quedado demostrado que dicha convivencia inició en el año 2008, la actora no demostró el tiempo exigido por la ley para acceder a la pensión pretendida. Teniendo en cuenta lo afirmado por la actora, en concordancia con lo expresado por el causante, en los documentos que contienen la historia Clínica que dejan ver las citas a la EPS Coomeva en la Virginia, él nunca consideró que el sitio donde vivía la señora Isaza era una residencia común entre ellos, pues lo que él consideró como su residencia era la que compartía con su madre en la finca La Despenza; y si lo anterior no fuera suficiente, la actora indica que fue la madre del causante quien se puso al frente de todas las diligencias del sepelio, decidiendo que las mismas se realizaran en el municipio (sic) de Viterbo, donde está ubicada la finca La Despenza, vale decir, el lugar donde residía el difunto, donde por lo demás se registró su defunción en la Registraduría de -Caldas-Viterbo (fl. 17) y no en el municipio (sic) de La Virginia donde habitaba la demandante. (…) Afirma la actora en el interrogatorio de parte que ella era la persona que acompañaba al causante a las citas médicas y procedimientos en la ciudad de Pereira, lo que es respaldado por

los testigos Francisco Acevedo, María Isabel Obando Jorge Enrique Betancourt y Nelson Augusto Rivera y que no resulta cierto, dado que todos ellos salvo la señora Obando que es hermana del difunto solo les constó la convivencia hasta el año 2010 cuando la pareja se fue a vivir a otro barrio en la Virginia, de tal manera que al estar demostrado que la convivencia se inició en el año 2008, para el año 2010 únicamente había transcurrido una convivencia de dos años y en total hasta junio

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Radicación n.° 91974 del 2012 un poco más de 3 o 4 años, tiempo insuficiente para acceder al derecho pretendido. En la declaración el señor Francisco Acevedo dice que le consta que la convivencia de la pareja inició el 5 de febrero de 2006 porque en esa fecha les arrendó un rancho, sin demostrar con documento alguno que dicho contrato de arrendamiento se suscribió en esa fecha, todo lo cual resulta poco creíble al igual que lo afirmado por los restantes testigos en punto a la convivencia que informan les constó desde ese año hasta el 2010 y según el decir del señor Nelson Rivera hasta el año 2011 cuando por una inundación se fueron a vivir a otro Barrio, sin que les constara la convivencia hasta la fecha de la muerte del causante en el año 2012. No obstante, como ya se ha explicado, al haber quedado demostrado que la convivencia de la pareja inició en el año 2008, ninguna importancia tiene que los testigos declararan que la convivencia de la pareja les constaba hasta el año 2012 al

haber quedado desvirtuada la fecha inicial. En punto a la declaración de la hermana del difunto, señora MARIA ISABEL OBANDO JARAMILLO le consta que el entierro del causante fue en Viterbo que la actora estaba en la Virginia cuando él falleció, que la pareja convivió hasta la muerte del difunto y lo más importante, que permite desestimar la demanda es que ella ratifica lo afirmado por la actora, en el sentido que cuando se fueron a vivir juntos, su hijo mayor tenía unos cuatro o cinco años, es decir, que si el menor nació el 21 de agosto de 2004, como ya se vio, dicha convivencia se inició en el año 2008 o 2009 con lo cual se desvirtúa lo afirmado por la actora y los testigos en punto a que la convivencia de la pareja se inició el 5 de febrero de 2006, lo que demuestra, no solamente que lo dicho por la accionante no es cierto, sino que lo expuesto por los testigos en ese aspecto únicamente estaba dirigido a favorecer los intereses de la demandante, de manera que lo afirmado, como ha quedado demostrado, no obedecía a la realidad. Negrillas propias del texto. Insiste entonces, en que conforme a la prueba documental no apreciada, la pareja inició su convivencia para el año 2008, cuando el hijo mayor de la reclamante tenía cuatro años de edad, información que además fue ratificada en su interrogatorio de parte y a partir del testimonio de la señora Obando Jaramillo, hermana del difunto, por lo que se desvirtuó que hubiera iniciado en el año 2006 como se predica en el libelo genitor, siendo irrelevante que en vida la

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Radicación n.° 91974 hubiese afiliado y a los niños como sus beneficiarios en salud, «que cuando la actora tuvo una relación extramarital el causante la perdonó, así como la preocupación que mostró […] en la consulta del 14 de diciembre/11 sobre el embarazo de la actora», pues de haberse evaluado la que se denuncia y las demás expuestas como corresponde, sumado a lo dicho en las declaraciones, lo procedente es revocar la decisión de primer grado e incluso los moratorios a lugar. Finalmente, expone que, aunque comparte la libertad de apreciación probatoria con la que cuenta el juez, «ello no es una patente de corzo para analizarlas en contravía de lo demostrado», siendo el resultado del examen conjunto de los medios allegados, que no fueron demostrados los cinco años de convivencia ininterrumpida que, para la sustitución pensional en el caso de marras, exige la norma transgredida.

VII. RÉPLICA Frente a este reproche, manifiesta la opositora que de las pruebas testimoniales y documentales allegadas al proceso se puede apreciar que cumple con la convivencia requerida para acceder a la prestación solicitada, comoquiera que, la resolución con la cual se niega la pensión de sobrevivientes, reconoce que el tiempo de la misma «fue de cinco años muy exactos».

Asimismo, dice que una relación sentimental es diferente a la de índole laboral y, por tanto, no le es exigible que la afiliación al sistema de salud se dé inmediatamente,

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Radicación n.° 91974 por lo que «haber incurrido en una imprecisión frente a un tiempo determinado que data de más de 10 años», no aniquila la conclusión a la que se arribó de las demás pruebas testimoniales ni del evocado formulario. Sostiene que los datos registrados en la historia clínica no son prueba que pueda ir en contra de las declaraciones que dan cuenta de la forma en que ella «debía trasladar al de cujus a sus citas médicas», toda vez que son de poca actualización a cargo del personal de salud, los cuales normalmente trabajan con unos formatos cuya información es preliminar. Al mismo tenor, afirma que no le asiste razón a la recurrente en que tampoco convivían, bajo el argumento de que el lugar de defunción del causante y donde se realizó su sepelio, era el de la madre del fallecido, que a su vez era declarado como tal al presentarse en vida en las citas médicas, debido a que «el hecho de tener una relación sentimental no quiere decir que no se puedan tener proyectos y se deba abandonar a la familia. El de cujus podía ir a inspeccionar su cultivo y a saludar y compartir con su señora madre», lo cual se encuentra soportado en las declaraciones y en lo que informó ella.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal en lo que interesa al recurso, fundamenta su decisión en que, a partir de las declaraciones de los testigos, «en especial de la señora Obando Jaramillo»; del

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Radicación n.° 91974 certificado de semanas cotizadas expedido por Coomeva EPS visto a folio 52; de la afiliación al SGSSS del hijo de la

opositora dentro del grupo familiar del pensionado fallecido el 4 de febrero de 2012; la historia clínica arrimada a folio 28 y de la fecha de esta, que «coincide con la gestación del menor Anderson Ortiz Isaza (Fl.18)»; podía concluir que la «cohabitación perduró alrededor de seis años […] encontrándose sustentada la afirmación efectuada en el libelo y en el interrogatorio de parte, en cuanto a que la convivencia continuó en el año 2011 a pesar de la infidelidad de la demandante». Así mismo, expresa su imposibilidad de contrastar los hechos expuestos en las declaraciones con lo plasmado en la investigación que en su momento realizó Colpensiones, «pues a pesar que en primera instancia se requirió […] para que la aportara, al plenario no fue allegado dicho documento, no siendo posible establecer si existieron contradicciones entre lo declarado en sede judicial, con lo manifestado en la vía administrativa». De otro lado, la censura se edifica en que, está demostrado el cumplimiento del requisito de la convivencia por alcanzar el quinquenio requerido, pues no se valoraron debidamente la Resolución GNR 62845 del 4 de marzo de 2015, la «Confesión de la actora en el interrogatorio de parte llevado a cabo en la audiencia oral del 20 de febrero/20», lo registrado en la historia clínica del causante, las declaraciones de Francisco Acevedo, María Isabel Obando, Jorge Enrique Betancourt y Nelson Augusto Rivera, y no se

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Radicación n.° 91974 tuvo en cuenta el documento de identidad del hijo mayor de

quien reclama la prestación. Lo anterior, por cuanto dice que de las pruebas calificadas, en resumidas cuentas, se desprende (i) que no atendió lo expuesto en la evocada resolución, donde al negar la prestación se cita que, «dentro del expediente pensional, informe investigativo No. 8736/2015 del 26 de febrero de 2015 se concluyó lo siguiente», relatando la carencia de información que para dicho análisis obtuvo de parte de la interesada y que le llevó a negar la perseguida prestación. De igual manera, indica que, del interrogatorio de parte practicado a la opositora, esta reconoce haber cohabitado con su compañero desde el 5 de febrero de 2006, cuando su hijo mayor tenía 4 o 5 años, por lo que sin coincidir los datos y en razón a la edad de este para la fecha de la respectiva audiencia, la convivencia a la muerte del pensionado fue de 3 a 4 años. Finalmente, aduce que de su historia clínica «en el período que va del 10 de enero/07 al 30 de marzo/12 la atención médica siempre aconteció en la UVA Coomeva del municipio (sic) de la Virginia» y no en Pereira, donde se afirmó era acompañado a sus citas médicas, siendo declarado en cada una de dichas visitas, su soltería, como dirección de residencia la finca “la Despenza” y que asistía solo a las mismas.

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Radicación n.° 91974 Por ello, dice que se concluye al contrario de lo expuesto, la falta de solidaridad y de apoyo con el difunto del año 2007 al 2012, siendo procedente ante los yerros de las

pruebas calificadas, analizar las testimoniales que, a su entender, estaban «dirigidos a favorecer los intereses de la demandante». Por su parte, la opositora refiere que de las pruebas testimoniales y documentales se concluye que alcanzó los 5 años de convivencia, al punto que incluso en la resolución mediante la cual se le negó el derecho prestacional, se plasmó que el tiempo fue de «cinco años muy exactos», por lo que no le asiste razón a la casacionista, máxime cuando lo anotado en la historia clínica no es determinante ni derruye lo señalado en las declaraciones; la afiliación al sistema de salud en la relación sentimental no se da desde el inicio de esta como si lo es en el ámbito laboral y la imprecisión a la que se alude a partir del documento de identidad de su hijo, no aniquila la conclusión a la que se arriba del conglomerado a que se refirió el colegiado en su decisión. Así las cosas, es del caso acotar, como está claramente enunciado en el artículo 86 del CPTSS y lo ha explicado reiteradamente la corporación, que, el fin de la casación no es volver a juzgar el litigio que enfrentó a las partes, sino establecer, si el recurrente sabe plantear el recurso y si la sentencia se dictó conforme a la ley. Corresponde a los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y

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Radicación n.° 91974 de allí que, el artículo 61 del CPTSS, les haya otorgado la

facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del Tribunal, mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos, en la forma como fueron acreditados en el proceso. Por eso, dada la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, la Corte, en tanto actúa como tribunal de casación, tiene el deber de considerar que el juez de segunda instancia, a quien, se repite, compete la función de establecer el supuesto fáctico al que debe aplicar la norma, cumplió con esa función y, por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción. Al respecto, resulta pertinente traer a