CSJ - SL1007-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1007-2023 Radicación n.° 92118 Acta 13 Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – PAR ISS, administrado y representado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO – FIDUAGRARIA S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021) en el proceso ordinario que le instauró NANCY ESTHER DÍAZ ÁLVAREZ, juicio que también se siguió contra el MINISTERIO DEL TRABAJO.

I. ANTECEDENTES Nancy Esther Díaz Álvarez llamó a juicio al Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS – PAR ISS, administrado

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Radicación n.° 92118 por la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A. – Fiduagraria S. A. y al Ministerio del Trabajo, para declarar que existió con el ISS, una relación laboral desde el 25 de enero de 2006 hasta el 31 de marzo de 2013. Como consecuencia de lo anterior, solicitó el pago de la nivelación salarial, las prestaciones legales y convencionales, el trabajo suplementario, el auxilio de alimentación, la prima de antigüedad, la de servicios, las sanciones de los artículos

99 de la Ley 50 de 1990 y 1° del Decreto 797 de 1949, el reembolso de lo cancelado por pólizas de seguros y cotizaciones al sistema de seguridad social integral y la indemnización por despido injusto, previsto en el artículo 5° de la convención colectiva de trabajo (f.° 3 a 31 del cuaderno 1). Fundamentó sus pretensiones afirmando que estuvo vinculada con el ISS, en los extremos temporales relacionados con antelación en el cargo de profesional universitaria; que recibía órdenes, cumplía horario y realizaba sus funciones en las dependencias de quien dijo se desempeñó como un verdadero empleador; que, en la entidad enjuiciada, existía personal de planta que realizaba sus mismas funciones y, además, recibía beneficios convencionales; que a la finalización de su vinculación, no le cancelaron sus prestaciones y tampoco su licencia de maternidad; que presentó reclamo escrito el 30 de diciembre de 2014 y fue atendido, de manera negativa, el 30 de enero de 2015.

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Radicación n.° 92118 Fiduagraria S. A., actuando en la condición en la que fue vinculada, se opuso a las pretensiones e indicó que los hechos le eran ajenos. En su defensa, formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, compensación, buena fe y prescripción (f.° 130 a 165 ib.). El Ministerio del Trabajo, solicitó negar las suplicas de la accionante y manifestó que no le constaban los supuestos

fácticos. Presentó las excepciones de buena fe, cobro de lo no debido, ausencia de obligación, falta de legitimación en la causa por activa, prescripción y compensación (f.° 197 a 201 ejusdem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, con sentencia del 10 de junio de 2019 (f.° 296 a 300 del cuaderno principal), decidió: PRIMERO. - DECLÁRESE que entre la señora NANCY ESTHER DÍAZ ÁLVAREZ, […] y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy Liquidado, representado por FIDUAGRARIA S. A. como administrador y vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN - P.A.R. ISS., existió un contrato de trabajo, comprendido entre el 25 de enero de 2006 al 31 de marzo de 2013, el cual terminó por decisión unilateral de la demandada.

SEGUNDO.- CONDENAR a la FIDUAGRARIA S. A. como administrador y vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE

REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN

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Radicación n.° 92118 LIQUIDACIÓN - P.A.R. ISS, o pagar a la Señora NANCY ESTHER DÍAZ ÁLVAREZ, las siguientes sumas de dinero, conforme se indicó en la parte motiva del presente proveído:

1. Por concepto de VACACIONES lo sumo de $4.186.265.

2. Por concepto de PRIMA DE NAVIDAD la suma de $23.003.732.

3. Por concepto de CESANTÍAS la suma de $22.828.732.

4. Por concepto de INTERESES A LAS CESANTÍAS la suma de

$2.643.192.

5. Por concepto de PRIMA DE VACACIONES: la suma de

$5.814.257.

6. Por concepto de PRIMA EXTRALEGAL DE SERVICIOS:

$12.776.545.

7. Por concepto de INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO la suma de $28.337.687.

8. Por concepto de INDEMNIZACIÓN MORATORIA en razón de un día de salario por cada día de mora a razón a $113.305 pesos diarios desde el 30 de Marzo de 2015 (fecho que resulta de aplicar término de suspensión de los 90 días previsto en el artículo 1° del Decreto 797 de 1949 y teniendo en cuenta que la finalización del contrato operó el 31 de Marzo de 2013 - Reclamación 30/12/2014) hasta el día 31 de Marzo de 2015, fecha de entrada en liquidación de la pasiva según lo dispuso claramente en "Acta Final del proceso liquidatorio".

TERCERO.- CONDENAR o lo FIDUAGRARIA S. A. como administrador y vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN - P.A.R. ISS, o pagar a favor de la Señora NANCY ESTHER DÍAZ ÁLVAREZ o la administradora en que se encuentre afiliado o lo que lo mismo elijo, lo totalidad de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, previo cálculo actuarial que realice lo mismo por todo el tiempo laborado desde

el 25 de Enero de 2006 al 31 de Marzo de 2013 y con base en los siguientes salarios (IBO): por los años 2006 a 2008 la suma de $3.000.000, por los años 2009 a 2010 la suma de $3.230.100, para el año 2011 la suma de $3.294.702 y por los años 2012 a 2013 la suma de $3.399.144. CUARTO. - DECLARAR probada PARCIALMENTE la, excepción de PRESCRIPCIÓN, de conformidad con la parte motiva del presente proveído. Relevándose del estudio de los demás medios exceptivos dado el resultado de la Litis. Absolvió al Ministerio y negó las demás súplicas de la demanda.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandante y del PAR ISS y en virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021) (f.° 317 a 336 del cuaderno principal), resolvió: PRIMERO. - MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá

D.C. con fecha 10 de junio de 2019, en cuanto a las cuantías y condenas, el cual quedará así: "SEGUNDO: CONDENAR a FIDUAGRARIA S. A. como vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de los Seguros

Sociales, entidad liquidada a pagar a NANCY ESTHER DÍAZ ÁLVAREZ las siguientes sumas y conceptos: a) Por vacaciones $4.186.265 b) Por concepto de cesantías $22.828.732 c) Por Intereses a las cesantías $562.984 d) Por prima de vacaciones $5.098.716 e) Por prima de servicios extralegal $4.248.930 f) Por indemnización por despido injusto $28.337.687 g) Por indemnización moratoria a razón de $113.305 diarios desde el 30 de junio de 2013 hasta el 31 de marzo de 2015 fecha de liquidación final del ISS." Se revoca el numeral 2° del ordinal segundo de la sentencia y en su lugar se ABSUELVE de la condena al pago de la prima de navidad conforme a lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO. - MODIFICAR el ordinal tercero en cuanto a disponer el pago de las diferencias en los aportes al sistema de seguridad social correspondientes al periodo comprendido entre el 25 de enero de 2006 y el 31 de marzo de 2013, teniendo en cuenta para establecer las diferencias los siguientes IBC: para el año 2006 a 2008 la suma de $3.000.000; para los años 2009 y 2010 el valor de $3.230.100, para el año 2011 un valor de $3.294.702 y para los años 2012 a 2013 un valor de $3.399.144.

TERCERO: REVOCAR parcialmente el numeral 6° de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá

D.C. con fecha 9 de junio de 2019, en el sentido de condenar a la

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Radicación n.° 92118 demandada FIDUAGRARIA S. A. como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación PAR ISS al pago de la suma de $649.600 por reembolso del valor pagado por concepto de pólizas de cumplimiento, conforme a la motivación anterior y confirmar en lo demás el ordinal sexto.

QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada y consultada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, indicó, respecto a la existencia del contrato de trabajo, que al expediente se habían aportado las vinculaciones de prestación de servicios, suscritos para que la demandante desarrollara su labor como profesional de administración de empresas especialista en gerencia de gestión humana, cuyo objeto era el de recaudar las cuotas moderadoras y copagos a nivel nacional y apoyar la supervisión del cumplimiento de relaciones de recaudos con terceros. Manifestó, que esos acuerdos de trabajo se enmarcaron dentro de varios «contratos estatales», pero recordó que, vía jurisprudencial, se habilitó la posibilidad de dejar sin efecto la presunción del numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 siempre y cuando se acreditaran los tres elementos del contrato de trabajo. Luego, indicó: Al respecto, se recibieron los testimonios de Delfina Galindo y Orlando Ariza quienes fueron contestes y coherentes en afirmar que fueron compañeros de trabajo de la demandante desde el año 2006 y manifestaron que ella prestaba sus servicios al ISS a

través de contratos de prestación de servicios continuos, que cumplía un horario de trabajo y que incluso tuvo un llamado de atención escrito por llegar tarde, que tenía que cumplir un horario de trabajo de 8 a.m. a 5 p.m. y que recibía órdenes

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Radicación n.° 92118 directas de sus jefes inmediatos. Los dos manifestaron haber laborado en tres edificios diferentes y que cuando se trasladaban debían solicitar ordenes de salida de los implementos de trabajo y que la terminación se dio por liquidación de la entidad. Delfina Galindo manifestó que la demandante debía presentar una cuenta de cobro y aportar el pago de los aportes a seguridad social para que se le cancelaran los honorarios, documentos que a ella le correspondía recibir. Para La Sala, la ejecución de las funciones para las que fue contratada la demandante fueron desarrolladas en observancia de las órdenes, instrucciones y en cumplimiento de horario exigido por los diferentes jefes que tuvo la demandante; así mismo se observa que su labor se centraba en los controles relacionados con los copagos y otras funciones que le imponían sus superiores en las instalaciones del ISS, quien le suministraba los elementos de trabajo, situaciones de las que no se logra advertir autonomía alguna en la ejecución de las labores ni mucho menos debilita la presunción consagrada en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, por lo que los contratos de prestación de servicios solo pretendieron simular un nexo jurídico diferente al vínculo de naturaleza laboral, realidad probatoria que conlleva a deducir inexorablemente que entre las partes se dio un

verdadero contrato de trabajo regulado en el artículo 2 del Decreto 2127 de 1945 y pese a que tal presunción podía ser desvirtuada, no obra ningún elemento probatorio que acredite que obedeció a otro tipo de contrato. Frente a la aplicación de la convención, señaló que a folio 43 a 117 se aportó el acuerdo colectivo, destacando, que en su artículo 1°, se dispuso que Sintraseguridadsocial actuaba como sindicato mayoritario, conforme a los términos del artículo 357 del CST y citó el artículo 3° del arreglo extralegal, que trató de sus beneficiarios. Luego indicó, que ante la ausencia de firma de una nueva convención y sin que se hubiera acreditado que la demandante renunció a los beneficios contenidos en ese documento, era pertinente aplicarla y reprodujo, en respaldo de ese razonamiento, la sentencia de casación CSJ SL27362020.

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Radicación n.° 92118 En cuanto a las indemnizaciones por despido, la moratoria y la devolución del valor de las pólizas, expuso: Argumenta la parte demandada que, conforme a las pruebas allegadas, la demandante pasó a laborar a una temporal, lo que señaló como posible causa para no continuar con el contrato que tenía con el ISS. Argumento que no es de recibo, pues en el expediente administrativo obra la Resolución No. 3276 del 24 de noviembre de 2014 que en el numeral primero indica que se “liquida unilateralmente el contrato de prestación de servicios celebrado entre el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y DÍAZ ÁLVAREZ NANCY ESTHER. Es decir que no existió

voluntad de la trabajadora. Además, es claro que venía prestando sus servicios en forma continua con el ISS desde el año 2006 y no se observa en las pruebas existentes que hubiera presentado renuncia para laborar en otra empresa o haber abandonado el lugar de trabajo. Por el contrario, los testigos ya mencionados afirman que su desvinculación se debió a la liquidación de la entidad. Ahora, como en verdad la terminación ocurrió por liquidación de la entidad, lo cual no encaja dentro de ninguna de esas justas causas, ha de concluirse que el despido fue injusto y, en consecuencia, procede la indemnización tarifada del artículo 5.° de la convención, que en lo pertinente establece: […] Realizadas las operaciones aritméticas pertinentes para determinar el valor de la indemnización, se toma el tiempo de servicios (7 años 2 meses y 6 días) y se obtiene que le corresponde una indemnización de 50 días por el primer año; 35 por los 6 años subsiguientes y 6.41 por la fracción del año 2013, lo que equivale a 266,41 días que liquidados sobre el Último salarlo devengado ($3.399.144) que por día corresponde a $113.304,7 arroja como resultado la suma de $34.385.532, monto superior a la reconocida por el A-quo. No obstante, al no haber sido objeto de apelación por la parte actora se confirmará el valor reconocido en primera instancia por éste concepto. Indemnización moratoria. En lo que respecta a la indemnización moratoria de que trata el art. 1° del Decreto Ley 797 de 1949, que fue objeto de

inconformidad por ambas partes, ha de tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL194 de 2919 (sic), en un caso muy similar al aquí planteado manifestó lo siguiente: "En consecuencia, no era viable inferir la buena fe solo con los contratos suscritos entre el demandante y el JSS, sin miramientos acerca de las razones que motivaron su suscripción y las circunstancias en las que se ejecutó el contrato, máxime

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Radicación n.° 92118 cuando la prueba documental da cuenta de que las funciones se desempeñaron con vocación de permanencia, entre el 1° de agosto de 2006 y el 31 de marzo de 2013; que las actividades asignadas al contratista eran connaturales a la actividad misional del ISS y fueron ejercidas bajo su continua subordinación y dependencia." Como en el caso en estudio sucede igual que en el caso que analizó la Corte Suprema de Justicia, pues la demandante ejecutó las labores en forma continua entre el 25 de enero de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2013 bajo la subordinación y dependencia del ISS, es procedente la sanción moratoria ya que no existe una razón seria y atendible que justifique su actuar para exonerarla de dicho pago. Ahora, al aplicar el artículo 1° del Decreto 797 de 1949 debe reconocerse esta sanción pasados 90 días desde la terminación de la relación laboral y como en este caso terminó el 31 de marzo de 2013 se dispone la condena desde el 30 de junio de 2013 hasta la fecha de liquidación de la entidad,

es decir hasta el 31 de marzo de 2015, como en efecto lo reconoció la sentencia a razón de $113.305 diarios; sin que sea de recibo lo manifestado por el apoderado de la parte actora, pues la norma dispone un plazo para que la entidad proceda a efectuar dichos pagos, dentro del cuales no puede disponerse una condena por mora. Por lo anterior se modificará la sentencia respecto de la fecha de inicio de la condena impuesta el numeral segundo. Devolución de pólizas Se demostró el pago de unas pólizas por parte del actor sin que tales rubros deban ser asumidos por el demandante ante el vínculo laboral declarado, por lo que resulta procedente ordenar la devolución de tales dineros, para lo cual se tendrá como base las pruebas que obran en el expediente administrativo (fl. 195) de las cuales se observan 29 pólizas de las cuales en 4 de ellas es ilegible el valor pagado, por lo que adeuda por este concepto la suma de $649.600, y como en la sentencia recurrida se negó el reembolso de tales sumas de dinero, se revocará parcialmente el numeral 6°, y se dispondrá la condena a dicho pago.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el PAR ISS, administrado y representado por Fiduagraria S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (cuaderno digital de la Corte).

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Lo formula así: Con esta demanda se pretende que la Honorable Corte Suprema

de Justicia, Sala de Casación Laboral, CASE totalmente la sentencia del Honorable Tribunal Superior de Bogotá en los temas en que le fue desfavorable y la Honorable Corporación en sede de instancia proceda a la absolución total o parcial de las pretensiones y condenar en costas a la demandante. Se revoque la decisión de declarar la existencia un contrato de trabajo de trabajador oficial cuando si existió este tipo de relación fue la de un empleado público. Se revoque el aceptar la pretensión que un contrato de prestación de servicio se convierta en contrato de trabajo de un trabajador oficial, desconociendo la facultad de las partes de suscribirlo y la aceptación de esta relación por parte de la señora Díaz durante todo el tiempo de su vinculación bajo esa modalidad. Se revoque la decisión de condena al pago de cesantías, intereses de cesantías, prima de navidad, prima de vacaciones y vacaciones, prima de vacaciones extralegal a la demandante como las de un trabajador oficial de acuerdo con la convención colectiva. Se revoque la decisión de condena por la terminación del contrato sin justa causa. Que se revoque la condena al pago de la seguridad social en pensiones siendo que la misma no le correspondía al liquidado ISS. Que se revoque la condena al pago de las pólizas de cumplimiento presentadas por la demandante que no le correspondía a mi representada. Que se revoque la condena al pago de indemnización moratoria impuesta a la mi representada por no haber pagado liquidación de prestaciones a la terminación del contrato de prestación de servicios que los unía ya que la misma no corresponde a este tipo de vinculación. Se revoque la condena en costas en contra de mi representada.

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Radicación n.° 92118 Con tal propósito formula cuatro cargos, el último denominado quinto, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la demandante. La Sala analizará en conjunto el 2° y 3° pues, aun cuando se presentan por distinta vía se sirven de similar argumentación y persiguen igual finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Sostiene que la decisión, vulnera, […] la ley sustancial por la vía INDIRECTA por falta de aplicación del artículo 1° ordinal a, numeral 13 del Decreto 416 de 1997 que adoptó lo establecido en el Acuerdo 145 de 1997 del Instituto del Seguro Social respecto a la clasificación de los servidores públicos de la entidad, lo que lleva a una falta de aplicación del artículo 5° del Decreto 3135 de 1968 e inaplicación de los artículos 29 y 123 de la Carta Fundamental.

Señala, que la violación de la norma se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho, […]:

ERRORES DE HECHO:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la relación que existió entre el Instituto del seguro sociales en liquidación con la señora […] fue de empleado público y no de trabajador oficial.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación que existía entre las partes fue la de un contrato de trabajo de un trabajador oficial.

Yerros que supedita a la falta de apreciación de los siguientes medios de convicción:

1. Los Contratos de prestación de servicios con sus anexos firmados entre la señora Díaz y el ISS que obran a folios 49 a 649 del expediente de contratos de prestación de servicios

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2. Reclamación administrativa de la demandante que reposa en el expediente del 30 de diciembre de 2014 folios 32 a 39

También relaciona, pero por su errada observancia, los siguientes:

1. Demanda presentada por la demandante (folios 3 a 31)

2. Contestación de la demanda (130 a 165)

3. Certificación de los contratos de prestación de servicios (folio 650) Al sustentarlo, cita el artículo 1° del Decreto 416 de

1997 e indica: Premisa Menor: 4) La demandante señora Díaz es un administrador de empresas especializada en Gerencia (lo reconoce en la reclamación administrativa, en la demanda y aparece en las documentales que soportan los contratos suscritos). 5) En los contratos de prestación de servicios que se aportaron al plenario se reconoció que la labor contratada era como Profesional universitario en administración de empresas especializada en Gerencia. 6) En los contratos y la certificación expedida por la Coordinadora General del ISS en liquidación aportados al proceso, se certificó la contratación por prestación de servicios que existió entre la señora Díaz y el liquidado ISS, a partir del mes de junio de 2005 fue hecha en su calidad de profesional universitaria en administración de empresas especializada en Gerencia y siempre estuvo vinculada a la Gerencia nacional. Pruebas presentadas por la demandante y aceptadas sin ser controvertidas dentro del proceso. (folio 650). 7) Las labores realizadas por la demandante correspondían a las de un servidor profesional (administradora de empresas especializada en Gerencia) y no hay discusión que las mismas se

realizaron en la Gerencia nacional Comercial.

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Radicación n.° 92118 A continuación, indica que las normas que definen sobre la condición de los empleados y trabajadores del extinto ISS, indican que quienes prestan sus servicios a las gerencias son públicos y como la petente lo realizó a la gerencia nacional, conforme a la certificación de la entidad, atendía a esa naturaleza. Luego, dice: De la lectura del fallo de segunda instancia la Honorable Corporación, no se encuentra que la misma haya analizado la mencionada situación, pues la sentencia recurrida desconoció de plano las normas de clasificación de los servidores del ISS, y simplemente realizo un ejercicio para definir que existió una relación de trabajo entre la liquidada entidad y la demandante, simplemente analizando lo establecido por el decreto 2127 de 1945 en sus artículos 2 y 20, determinando que existió una relación de trabajo del demandante con la demandada, pero desconociendo el segundo aspecto, sobre cuál era la calidad del servidor público, de conformidad a lo establecido en el decreto 416 de 1997 donde se demuestra que era de empleado público y no de trabajador oficial. El fallo recurrido incurrió en violación clara por la falta de aplicación del artículo 123 de la Carta en el sentido que es la ley y el reglamento los que definen la calidad de trabajadores oficiales y empleados públicos, en el caso del ISS ello se dio mediante el decreto 416 de 1997 que estableció dicha clasificación y en el caso que nos ocupa por la calidad profesional del demandante (administradora de empresas especializada en Gerencia), por la labor contratada como profesional y por la

dependencia en donde realizaba la labor (Gerencia Nacional), igual violación se da del artículo 29 de la Carta respecto a que con ello se violó el debido proceso en favor de mi representada, al desconocer que la demandante era una empleada pública y no un trabajador oficial, por lo que procede la revocatoria de la sentencia recurrida, absolviendo de todas las pretensiones a mi representada.

VII. RÉPLICA

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Radicación n.° 92118 La accionante dice que la demanda no respeta las reglas de técnica de este recurso de casación, porque en las acusaciones se incluyen temas fácticos y jurídicos, siendo una situación, que extiende a todas las imputaciones.

VIII. CONSIDERACIONES La accionada, con el cargo formulado, pretende infirmar la decisión del Tribunal, argumentando que la convocante fue empleada pública y no trabajadora oficial.

Para atender ese tópico, se observa que el ad quem, al momento de decidir el asunto sometido a su conocimiento, definió que lo conocería en atención a la apelación formulada por las partes y en virtud del grado jurisdiccional de consulta. Fundamentado en lo anterior, sostuvo que era posible dejar sin efecto la presunción prevista en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, siempre que la reclamante acreditara la existencia de los elementos del contrato de trabajo. Luego se ocupó de los testimonios de Delfina Galindo y Orlando Ariza. Con sustento en estos definió que la labor encargada a la convocante se ejecutó bajo las órdenes e instrucciones del ISS, tanto que debía cumplir un horario.

Esas situaciones lo llevaron al convencimiento de que no existió autonomía en la ejecución de la tarea

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Radicación n.° 92118 encomendada y, por esa razón, no se desvirtuó la presunción prevista en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, destacando que los contratos de prestación de servicios solo pretendieron simular un nexo jurídico distinto al laboral. Dicho recuento muestra que el juez de la apelación, no se ocupó del tema formulado en las acusaciones; de ahí, que, si alguno de los extremos fue omitido, el camino que le quedaba a la hoy recurrente, era solicitar la adición o complementación de la sentencia y como no lo hizo, no podía acudir a este recurso extraordinario, porque, no está concebido para corregir defectos que tienen sus propios remedios en la ley procesal (sentencia de casación CSJ SL332-2013). Adicionalmente, el cargo se presenta por la senda indirecta, lo que implica que los reproches realizados frente a la decisión cuestionada, estaban encaminados a demostrar los errores que, por su errado análisis o falta de observancia, se cometieron sobre los medios de convicción que sustentan la imputación. Es decir, la senda seleccionada imponía un juicio, pero sobre las conclusiones fácticas a las que arribó el sentenciador, al margen de cualquier cuestión de derecho, que bien se sabe, corresponde a la vía directa. Lo anterior no fue respetado por la censora, porque en la acusación acude a escenarios jurídicos, al sostener que el

sentenciador desconoció las normas de calificación de los servidores del ISS y, en consecuencia, mezcló, las sendas de cuestionamiento permitidas en la casación del trabajo.

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Radicación n.° 92118 Aun si se obviara lo anterior, no se encontraría que la reclamante hubiera ostentado la condición de empleada pública a favor el Instituto de Seguros Sociales, pues, para que un servidor profesional o una secretaria, tengan esa condición, es necesario que el cargo encomendado este adscrito a los despachos de presidente, secretario general o seccional, vicepresidente, gerente y director; que la labor se ejecute en forma directa a favor de los titulares del despacho y que sus actividades estén inmersas en la excepción consagrada en el inciso 3° del artículo 5 de la Ley 3135 de 1968. Sobre lo tratado, esta Corporación ya se ha pronunciado en varias oportunidades, como en la sentencia CSJ SL1018-2022, en donde, se anotó: Advertido lo anterior, le corresponde a la Sala resolver, si el demandante al prestar sus servicios en la dependencia de atención al pensionado, con funciones de asesoría a la seccional de Cundinamarca y la Gerencia Nacional de Atención al pensionado del ISS, tuvo la calidad de empleado público o de trabajador oficial. Por eso, debe advertir la Sala que, al respecto, ya el precedente de la Corporación, en casos similares (CSJ SL2614-2021, CSJ SL 4345-2020, SL 2584-2019), manifestó que: De conformidad con el inciso 2.º del artículo 5.º del Decreto Ley

3135 de 1968 los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado, por regla general, son trabajadores oficiales y, excepcionalmente, de acuerdo con sus estatutos, empleados públicos cuando ejerzan funciones de dirección y confianza En ese contexto, de acuerdo con los criterios orgánico y funcional previstos en el citado decreto extraordinario, en el artículo 1.º del Acuerdo 145 de 1997 aprobado por el Decreto 416 del mismo año, el Consejo Directivo del ISS estableció la clasificación de sus servidores, así:

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Radicación n.° 92118 Artículo 1º. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales.

A. Son Empleados Públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la planta de personal del ISS:

1. Presidente del Instituto.

2. Secretario General y Seccional.

3. Vicepresidente.

4. Gerente.

5. Director.

6. Asesor.

7. Jefe de Departamento.

8. Jefe de Unidad.

9. Subgerente.

10. Coordinador Clase I, II , III, IV y V.

11. Jefe de Sección.

12. Funcionarios profesionales de Auditoría Interna, Disciplinaria, Calidad de servicios de Salud y Contratación de

Servicios de Salud.

13. Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los despachos del Presidente, Secretario General o

Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director.

B. Son Trabajadores Oficiales, las personas que desempeñen en

el Instituto los demás cargos. (Resaltado fuera del texto). […]. Por su parte, el Acuerdo 76 de 27 de diciembre de 1994 aprobado por el Decreto 337 de 20 de febrero de 1995 -vigente hasta la expedición del Decreto 2012 de 2012-, modificó la estructura anterior del ISS y adoptó otra nueva a nivel ejecutivo así: En lo que concierne al tema en estudio, consagró: Artículo 3°. El artículo 5° del Acuerdo 62 de 1994 quedará así: […] En la estructura interna