CSJ - SL101-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL101-2023 Radicación n.° 92599 Acta 01 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JESÚS ANTONIO RÍOS FRANCO, contra la sentencia proferida por Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que instauró contra CENTRAL

LECHERA DE MANIZALES S. A. – CELEMA S. A.

I. ANTECEDENTES Jesús Antonio Ríos Franco llamó a juicio a Central Lechera de Manizales S. A. – CELEMA S.A, con el fin de que se declarara la existencia de contrato verbal a término indefinido desde el 6 de enero de 1989 hasta el 31 de diciembre de 2017, cuando por decisión unilateral y sin justa causa del empleador se dio por terminado.

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Radicación n.° 92599 Como consecuencia de la anterior declaración, se condenara al pago de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social en pensiones, sanción por la no consignación de las cesantías, prima de servicios, dominicales y festivos, horas extras, conceptos correspondientes a todo el tiempo de la relación laboral desde el 6 de enero de 1989 hasta el 31 de diciembre de 2017; así como la sanción moratoria a partir del 31 de diciembre de 2017 y hasta que se hiciere efectivo el pago.

En forma subsidiaria solicita que, se paguen las sumas adeudadas debidamente indexadas (f.° 15 a 17 del cuaderno principal). Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para Celema S. A. mediante contrato verbal a término indefinido desde el 6 de enero de 1989 hasta el 31 de diciembre de 2017, cuando fue despedido sin justa causa, en un horario de lunes a domingo, incluyendo los días festivos, desde las 4:00 am hasta las 3:00 pm, con una hora destinada para la ingesta de alimentos. Manifestó, que desempeñó las funciones de ayudante de rutas, vendedor y despachador de productos, inventario y carga de las unidades comercializadas, proceso de recaudo, y liquidación de rutas, cobro de los montos adeudados por la mercancía; así mismo que recibía órdenes de los empleados de la empresa sobre logística y ventas a desempeñarse en las rutas de los productos.

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Radicación n.° 92599 Relató, que los pagos eran realizados quincenalmente por la empresa Celema S. A. en su sede, a través de consignación bancaria o cheque a su favor por las sumas correspondientes al salario. Indicó, que durante el desarrollo de su trabajo, devengó los siguientes salarios: Año Salario 1989 $180.000 1990 $200.000 1991 $217.000 1992 $230.000 1993 $243.000 1994 $1.118.000 1995 $1.220.000 1996 $1.250.000 1997 $1.380.000 1998 $1.400.000

1999 $1.515.000 2000 $1.720.000 2001 $1.735.000 2002 $1.745.000 2003 $1.755.000 2004 $1.840.000 2005 $1.850.000 2006 $2.100.000 2007 $2.190.000 2008 $2.190.000 2009 $2.100.000 2010 $2.370.000 2011 $2.400.000 2012 $2.420.000 2013 $2.590.000 2014 $2.700.000

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Radicación n.° 92599 Año Salario 2015 $2.800.000 2016 $2.700.000 2017 $2.650.000 Informó, que durante el tiempo que duró la relación laboral nunca le pagaron las cesantías, sus intereses, las horas extras, días festivos y dominicales, vacaciones, prima de servicios, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, aportes a la caja de compensación familiar ni afiliación al sistema general de riesgos laborales ni afiliación a ninguna EPS. La parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que no se efectuó el pago de los conceptos ahora reclamados, argumentando para ello que no había lugar a los mismos porque la relación que unió a las partes fue de índole comercial y no laboral, respecto de los restantes hechos señaló que algunos no son ciertos y otros que no le constan. En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de contrato de trabajo, prescripción, cobro de lo no debido y buena fe (f.° 119 a 128 del cuaderno principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, mediante fallo del 01 de junio de 2021, decidió:

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Radicación n.° 92599

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de inexistencia del contrato de trabajo, formulada por la parte demandada, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ABSOLVER a CENTRAL LECHERA DE MANIZALES

S. A. CELEMA de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por JESÚS ANTONIO RÍOS FRANCO conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia TERCERO: ORDÉNASE la consulta de la presente providencia, en el evento en que la misma no sea apelada, dados los resultados de la instancia, en los términos del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

CUARTO: CONDENAR en costas al demandante JESÚS ANTONIO RÍOS FRANCO y a favor de la demandada en un 100%.

Como agencias en derecho se fija la suma de $908.526 a favor de la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, al desatar la alzada de la parte demandante, a través de la providencia del 8 de julio de 2021,

(cuaderno del Tribunal), confirmó la de primer grado. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problema jurídico a resolver el determinar si el demandante, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, estuvo ligado a la accionada

mediante un contrato de trabajo. En caso afirmativo, determinar la procedencia de los pedimentos condenatorios de la demanda. Manifestó, que al igual que lo apreció el juzgado de primera instancia, encontraba que la parte demandante no cumplió con la carga de acreditar una prestación personal

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Radicación n.° 92599 del servicio en favor de CELEMA S. A., porque si bien, estaba claro que el señor Jesús Antonio Ríos, no realizó actividades en beneficio de esa compañía, como transportar en vehículo de su propiedad los productos alimenticios que ésta producía y llevarlos a los clientes y en la ruta que esta le designara, así como recibir de estos el dinero correspondiente y dejarlo a buen recaudo de la empresa e incluso llegar a vender el producto a aquellos, todo ello de conformidad con lo señalado en la contestación a la demanda, el contrato, la certificación, las facturas, los recibos y las actas, así como el interrogatorio de parte del representante legal de CELEMA S. A. y de los testimonios practicados. No era menos cierto que, en el interrogatorio de parte rendido por el demandante, este señaló que, en la labor de transportar y entregar los productos, permanecía solo y que como había que manejar dinero, él «prefería» trabajar por su cuenta; sin embargo, posteriormente reconoció que sí llegó a tener colaboradores por días, porque los necesitaba, y que les pagaba por su cuenta. Incluso admitió que él mismo se vinculó con la compañía como ayudante del señor Darío Calderón, quien le pagaba, vendiendo los productos de ella y

manejándole a él los carros, y que después «trabajó» con Santiago González, como vendedor. Igualmente, expuso que, si amanecía enfermo o no podía ir a la compañía, llamaba y de allí mandaban un carro de su propiedad a cubrir la ruta, «porque era muy delicado manejar plata», de lo que el Tribunal concluyó que, si bien el

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Radicación n.° 92599 señor Ríos estaba habilitado para mandar un reemplazo, prefería no hacerlo por los riesgos que ello implicaba. Expresó, que a su turno la testigo Olga Regina Sarasa, explicó que llevaba casi 10 años en la compañía, que no recordaba mucho al demandante, pero que sabía que trabajaba en la compañía; que era transportador, que en caso de amanecer enfermo, mandaba un reemplazo, indicando nombre y cédula, y se recibía, verificándose que no estuviera en listas vinculantes de sanidad y transparencia, y que tuviera seguridad social; que en caso de que el contratista no llamara a avisar que no podía o no quería ir, o no llegaba, la empresa tenía una base de transportadores a la que acudía en esos casos; que en cuanto al tema de los ayudantes, los conductores podían disponer de ellos, pues la empresa no se inmiscuía en eso, solo verificaba que le pagaran seguridad social. Afirmó, que por su parte el testigo Juan Camilo Chica, aseguró no conocer al demandante; que en CELEMA S. A. el dueño del vehículo no debía prestar el servicio personalmente, sino que podía enviar a otra persona, desde

que tuviera un vehículo con las cualidades requeridas para el manejo del producto; que en caso de que el contratista amaneciera enfermo o su carro estuviera varado, la compañía buscaba otro transportador con vehículo que realizara la ruta; y que ellos podían contar con ayudante, por cuenta y riesgo de ellos.

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Radicación n.° 92599 Señaló, en el marco de la libre formación del convencimiento que, en la práctica, el señor Jesús Antonio Ríos Franco, no realizaba una prestación personal de servicios en favor de CELEMA S. A. Precisó que, como el demandante no acreditó el requisito de la prestación personal de servicios en favor de la demandada, no era posible activar la presunción contenida en el artículo 24 ibidem, ni concluir que entre las partes hubiese existido un contrato de trabajo. Resaltó, que el recurso de apelación se enfocó en traer a colación aspectos que, a juicio del demandante, evidenciaban subordinación (segundo elemento del contrato de trabajo), olvidando atacar de forma precisa la conclusión emitida por el juzgado, en el sentido de que no hubo una prestación personal de servicios (primer elemento). Reforzó lo anterior, indicando que en los procesos en los que se persigue la declaratoria de existencia de un vínculo laboral, en el marco de la primacía de la realidad sobre las formalidades, es indispensable, que la parte demandante empiece por acreditar la prestación personal de servicios. Entonces, era a ella a quien correspondía cumplir con esa carga probatoria inicial y, al no hacerlo, no le es dable

pretender variar las responsabilidades en materia de medios de convicción, censurando a su contraparte el hecho de que presuntamente no hubiere probado circunstancias como la efectiva ejecución del contrato específico que aducía haberse presentado entre ellas.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corporación case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, dicte una de reemplazo, atendiendo la pluralidad de indicios que obran en el proceso y proceda a dar aplicación a la presunción establecida en el artículo 24 del CST, por ende despache en forma favorable todas las pretensiones de la demanda con base en el contrato de trabajo que estuvo vigente, al menos, desde el 1° de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 2017, el cual finalizó sin justa causa por parte de la empleadora CELEMA S. A. En consecuencia, solicita que se le condene a pagarle horas extras, dominicales y festivas, prestaciones sociales (cesantías, intereses, primas, vacaciones), indemnizaciones (sanción por no consignar las cesantías en un fondo, indemnización por despido injusto y salarios moratorios), aportes con destino a pensiones en COLPENSIONES, más las costas procesales.

Con tal propósito formula un cargo, que no fue replicado y se pasa a estudiar (cuaderno de la Corte).

VI. CARGO ÚNICO

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Radicación n.° 92599 Acusa la sentencia por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por el 1° y 2° de la Ley 50 de 1990; en relación con el 13, 14, 22, 27, 37, 40, 43, 45, 47 numeral 2°, modificado por el 5° numeral 2° del Decreto Ley 2351 de 1965; 55, 62, modificado por el 7° del Decreto Ley 2351 de 1965; 64, modificado por el 28 de la Ley 789 de 2002; 65 modificado por el 21 del Decreto 2351 de 1965; 127, modificado por el 14 de la Ley 50 de 1990; 139, 140, 141, 142, 143, modificado por el 7° de la Ley 1496 de 2011;158, 161 modificado por el 20 de la Ley 50 de 1990; 186, 193, 249, 253 modificado por el 17 del Decreto Ley 2351 de 1965 y modificado por el 99 de la Ley 50 de 1990; 260, modificado por el 33 de la Ley 100 de 1993 y el 306 del Código Sustantivo del Trabajo; el 1° de la Ley 12 de 1975; así como por violar en forma indirecta dichos preceptos sustanciales, derivados de la violación de medio de los artículos 25, 28, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en

asocio con el 167, 191, 203, 205, 244, 260 y 281 del Código General del Proceso. Igualmente, se violan en forma indirecta dichos preceptos sustanciales por la violación de medio de los artículos 25, 53, 93 y 94 de la Constitución Política y los artículos 981, 982, 991 del Código del Comercio. Señala que la violación de las normas se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho, a los cuales se les atribuye un carácter evidente:

1. No dar por acreditado, estando demostrado, que la empresa CELEMA S. A. contrató verbalmente los servicios

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Radicación n.° 92599 personales del señor Jesús Antonio Ríos Franco, al menos, desde el mes de enero de 1993, para desempeñarse como distribuidor, vendedor y cobrador de los productos lácteos que comercializaba la empresa.

2. Dar por establecido, contra la evidencia que milita en los autos, que siempre fue un trabajador autónomo, independiente y no subordinado de la empresa CELEMA S.

A., no obstante estar demostrado que éste no solo repartía los productos de CELEMA S. A., sino que, además, visitaba a los tenderos y les hacía los pedidos como un vendedor de la empresa, entregaba los productos y recogía el dinero respectivo (cobrador), recibiendo la comisión correspondiente por ventas realizadas; aunado a ello tenía un equipo de comunicación con el que era controlado y una impresora en la que expedía los recibos por las ventas que realizaba. Todo ello lleva a que se presuma la existencia del vínculo laboral.

3. No dar por acreditado, estando demostrado, que entre el mes de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2017, existió un contrato realidad de trabajo entre el señor Jesús

Antonio Ríos Franco y la empresa CELEMA S. A.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que las únicas funciones que desempeñaba el demandante eran las de repartidor y/o distribuidor de los productos que comercializaba la empresa CELEMA S. A.

5. No dar por demostrado, estando plenamente acreditado, que además de las funciones de repartidor y/o

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Radicación n.° 92599 distribuidor, el señor Ríos Franco ejerció el cargo de vendedor, participaba en el proceso de recaudo y liquidación de rutas, además de que le correspondía realizar el cobro de los montos adeudados por los tenderos.

6. Dar por acreditado, sin evidencia que soporte ello, que entre el mes de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2017, siempre estuvo ligado a la empresa demandada a través de un contrato de prestación de servicios de transporte, olvidando que el único contrato comercial de este tipo que se aportó está fechado del 2 de mayo de 2013 y tuvo una vigencia de solo 80 días, pues para su prórroga se requería un OTROSÍ por escrito que jamás se aportó como prueba.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que, en el único contrato comercial de prestación de servicios de transporte por 80 días suscrito entre las partes, a la par del objeto de este que era la entrega de los productos lácteos que

comercializa la empresa demandada, el trabajador también realizó la actividad de vendedor y que, además, de los fletes por ruta por la entrega de los productos lácteos y sus derivados recibió una remuneración por las ventas realizadas.

8. No dar por demostrado, estándolo, que exclusivamente para el cumplimiento del contrato comercial de prestación de servicios de transporte suscrito entre las partes, el demandante eventualmente llegó a contratar a un

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Radicación n.° 92599 ayudante o colaborador por días, pues a veces los necesitaba, y les pagaba de su bolsillo. Manifiesta que los errores de hecho que se le atribuyen a la sentencia tuvieron origen en las siguientes pruebas que fueron mal apreciadas o estimadas indebidamente:

1. El escrito de demanda.

2. La respuesta a la demanda.

3. La constancia expedida por la demandada.

4. Las relaciones de productos entregados y pagos realizados al demandante por estos conceptos.

5. Las comisiones por ventas realizadas por el demandante.

6. La Circular del 9 de marzo de 2016.

7. Los comprobantes de liquidación de autoventas realizadas por el trabajador.

8. Las relaciones de gastos mensuales del contrato de transporte.

9. El listado de clientes de la empresa CELEMA.

10. Los documentos denominados «Fichas técnicas de los productos», «Argumentos y Objeciones», «Objeciones», «Argumentos para vender leche fresca Celema», «Leche entera larga vida», «Leche baja en grasa», «Leche entera fortificada», «Leche deslactosada», «Yuyuba», «Yogur Rico

– Yogui Yur», «Yogures enteros», «Yogur Light», «Quesillo Celema», «Quesos embutidos», «Queso Jalapeño», «Queso Ricota», «Crema de leche Celema», «Arequipe Celema», «Refrescos Celemín y Citrius Punch», «Gelita», «Agua

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Radicación n.° 92599 Celema», entregados al demandante y que iban dirigidos a la «Fuerza de Ventas».

11. La fotografía de f.° 101.

12. El acta de entrega del equipo de comunicación celular.

13. El acta de entrega de la impresora portátil.

14. Contrato comercial de prestación de servicios de transporte suscrito el 2 de mayo de 2013, entre el señor

Jesús Antonio Ríos Franco y la empresa CELEMA S. A.

15. Los interrogatorios de parte de los señores Jesús Antonio Ríos Franco y Henry Fernández Villada como representante legal de la sociedad demandada.

16. Los testimonios de Marisol Mejía Osorio, Julio

Andrés Orrego, Juan Camilo Chica Ríos y Olga Regina Sarasa. Para la demostración del cargo, señala que el Tribunal apreció erróneamente o dejó de estimar los medios de prueba enunciados, al acoger la postura de la parte pasiva de la litis, en el sentido de que estuvo vinculado mediante contrato comercial de transporte, es decir, que aquél fue un simple «transportador» que actuaba de manera independiente y autónoma, lo cual lo llevó a concluir que «la labor no tenía que ser realizada por sí mismo», motivo por el cual no era posible «activar» la presunción establecida en el artículo 24

del CST. Expone, que la Sala ha indicado que la subordinación es el elemento diferenciador entre una relación laboral y una civil o comercial y que, en efecto, tanto en contratos

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Radicación n.° 92599 comerciales como en laborales, pueden estar presentes la prestación personal del servicio y la remuneración, por tanto, la dependencia es el factor que marca la diferencia entre uno y otro. Refiere, que es el elemento de la subordinación el que permite imprimir claridad en los casos ambiguos o de relaciones laborales encubiertas como es el caso objeto de estudio, por tal razón, esta Corporación acudió a la aplicación de la teoría de los «indicios» de determinación de la relación de trabajo subordinada, remitiéndose al criterio de la integración en la organización de la empresa (Recomendación 198 de la OIT). Aduce, que en aras de determinar la existencia de una relación de trabajo subordinada, es bien conocida la técnica del «haz de indicios», es decir, criterios que reflejan los rasgos más comunes de un vínculo laboral dependiente. Manifiesta, que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo enuncia algunos de estos, tales como el cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo y la imposición de reglamentos. No obstante, esta mención normativa tiene el carácter enunciativo y no taxativo, de modo que pueden existir otros indicios o elementos objetivos que permitan deducir una relación de trabajo subordinada. En lo que a la subordinación atañe, específicamente lo señalado por la Recomendación 198 de la OIT, anota que la

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Radicación n.° 92599 doctrina autorizada ha señalado que tal criterio tiene la peculiaridad de englobar una tríada de conceptos: integración, organización y empresa. De modo tal que este indicio se traduce: «en la inserción o disponibilidad del prestador de servicios dentro del ámbito de dirección y organización del beneficiario, esto es, en la esfera de la empresa a su cargo», premisa de la que se deriva suficientemente «el carácter dependiente o subordinado de la prestación de servicios”. Resalta, que el Tribunal inobservó el escrito de demanda, específicamente la relación de fundamentos fácticos, así como la contestación a la misma, además que la parte actora a lo largo del debate probatorio logró acreditar las aserciones que hizo en el hecho tercero en el sentido de que las funciones que desempeñó durante toda su vinculación el señor Ríos Franco, fueron las de ayudante de rutas, vendedor y despachador de productos, inventario y carga de las unidades comercializadas, proceso de recaudo y liquidación de rutas y cobro de los montos adeudados por la mercancía; al paso que la contradictora, lo único que pudo acreditar procesalmente fue que aquél fungió como «transportador», pero no logró desvirtuar las demás labores desempeñadas. Ese primer yerro de los sentenciadores de ambas instancias llevó a que se acogiera, sin ningún reparo, la posición de la empleadora, dejando de apreciar todas las funciones que a lo largo del tiempo se le impusieron al trabajador, quién, como parte débil de la relación laboral y

sin margen de negociación, se vio compelido a realizar

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Radicación n.° 92599 labores diferentes a aquellas para las cuales, supuestamente, fue contratado. Arguye, que además los servicios se prestaron por espacio de cerca de 28 años, como se afirma en el hecho primero de la demanda o – al menos desde enero de 1993 (24 años) como lo avala el documento de f.° 26 –, pero en relación con el mencionado contrato comercial de transporte, solo se aportó uno que está fechado el 2 de mayo de 2013 y tuvo una vigencia de solo 80 días, el cual requería para su prórroga la suscripción de un otrosí por escrito que jamás se aportó, pieza procesal que ambos falladores acogieron sin reparos, lo que llevó a los desatinos que ahora se les enrostra. Cita, que ambos juzgadores en las decisiones que pusieron fin al proceso en primera y segunda instancia, si bien se centraron en establecer si en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, estuvo ligado a la sociedad demandada mediante un contrato de trabajo, consideraron que el haz probatorio apuntaba en sentido contrario, esto es, que la parte contradictora logra probar la ausencia de subordinación propia del contrato de trabajo, examinando la autonomía e independencia únicamente en lo que respecta al contrato comercial de transporte, lo cual no está del todo apegado a los hechos probados o a los indicios que se derivan de las pruebas aportadas, pues además del transporte de leche, sus derivados y bebidas, ejercía funciones de vendedor y cobrador que nada tenían que ver

con el objeto contractual del plurimencionado contrato comercial de transporte.

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Radicación n.° 92599 Recalca, que fueron mal apreciadas o dejadas de apreciar la circular del 9 de marzo de 2016, mediante la cual se le imparte la instrucción al demandante: «para agilizar el proceso de recaudo y liquidación de rutas y disminuir los riesgos del manejo de efectivo». Por parte alguna se hace referencia en el contrato comercial de transporte que el contratista ejerciera funciones de cobrador, salvo el cobro de los llamados «fletes por rutas» de acuerdo a las tarifas pactadas por los productos entregados, pagos de los cuales dan cuenta los documentos denominados relación de productos entregados y pagos realizados al demandante por estosconceptos. Menciona, que no merecieron reparo alguno al a quo ni al Tribunal los pagos recibidos denominados comisiones por ventas realizadas, que tampoco se pueden reputar como derivados del contrato comercial de transporte, así como los comprobantes de liquidación de auto ventas. Genera como interrogante que si solo era «transportador» o «distribuidor», por qué razón se le entregaron varios documentos que dan a entender que el distribuidor al llegar a las tiendas debía ofrecer los productos y negociar con el tendero incrementos en los volúmenes de compra y estar en capacidad de rebatir las objeciones con el fin de cerrar y aumentar las ventas. Incoa, que los documentos a los que se hizo alusión, que le fueron entregados y que iban dirigidos a la «fuerza de

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ventas Celema»,no guardan relación directa con el contrato de transporte, sino que refuerzan la tesis de que, al menos desde el punto de vista indiciario, además de «transportador», cumplía funciones de «cobrador» y «vendedor», las cuales, le eran remuneradas mediante el pago de comisiones. Expone, que la fotografía que obra a f.° 101, evidencia que, si bien efectivamente ese era el vehículo en que cumplía sus funciones de «transportador» o «distribuidor», este fue aprovechado, además, por la sociedad demandada como vehículo publicitario. En lo que respecta al acta de entrega del equipo de comunicación celular, asegura que este resulta ser un indicio de que no era totalmente autónomo e independiente para cumplir con el objeto contractual de transportar los productos lácteos, por el contrario que él se encontraba sujeto al poder subordinante de la empresa CELEMA S. A. y que además este era entregado como una herramienta de trabajo que debía ser devuelta a la finalización del contrato y como es sabido, dados los avances tecnológicos, estos facilitan el desempeño de las labores de venta y permiten al empleador dar órdenes o instrucciones relativas a la forma en que se debía prestar el servicio, lo cual constituye un indicio más de sometimiento de la voluntad del demandante al querer del dador del empleo y descartan la autonomía e independencia de aquél. Igual prédica hace frente al documento denominado acta de entrega de una impresora portátil, refiriendo además que, pues como lo admitieron los testigos de la parte demandada, dicha herramienta permitía

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Radicación n.° 92599 facilitar la emisión de la factura de venta en el lugar donde se estaba atendiendo al tendero. En cuanto a los interrogatorios de parte rendidos por él como por el representante legal de la convocada a juicio, indica que los mismos resultan prueba hábil en tanto contienen confesión, pues en lo atinente a la declaración rendida, de la transcripción que hace, señala que las preguntas realizadas por el apoderado de la demandada apuntaban a demostrar la existencia del contrato comercial de transporte de mercancías y asegura que es frente a ese hecho que se presentó confesión, cuando admite que el vehículo es de su propiedad y que él corre con todos los gastos de automotor, incluso cuando necesitaba un ayudante. Pero asegura que, faltó examinar los cuestionamientos y las respuestas en su integralidad, porque según su dicho, en varios pasajes el actor manifestó que él fungió como vendedor, que percibía unos ingresos mensuales por esa actividad, que estaba sometido al cumplimiento de unos horarios para ir a cargar las mercancías, que no gozaba de autonomía o independencia porque muchas veces, cuando ya estaba en su casa, lo llamaban para que fuera a entregarle productos a algún cliente de la empresa que lo requiriera. Seguidamente indica, que si bien manifestó que trabajó como ayudante del señor Darío Calderón y del señor Santiago González, el Tribunal pasó por alto que también se señaló que al año éste se retiró de la empresa, por lo que hablaron con el gerente de Celema y entonces empezó a trabajar como

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Radicación n.° 92599 vendedor, fungiendo como distribuidor desde enero de 1993,

por lo que destaca que esa fecha debe ser la tenida en cuenta como la de inicio de la relación laboral. Refulge, que el apoderado de la parte demandada solicitó tener en cuenta sentencias que ya se habían emitido en casos similares contra la misma empresa y esta había sido acogida por los sentenciadores de ambas instancias para edificar su decisión absolutoria. Frente a esto anotó que cada proceso se vale de unos hechos y unas pruebas distintas y, aunque sobre el papel, dos procesos puedan ser idénticos, la valoración de la prueba en cada uno debe estar soportada en las reglas de la sana crítica y la libre formación del convencimiento, esto es, la decisión debe estar soportada en las pruebas regular y oportunamente allegadas al plenario Art. 167 CGP), cosa que no ocurrió en el presente asunto. Respecto del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la empresa, expone una serie de reparos así: La juez de primer grado no dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 203 del Código General del Proceso, en el sentido de que: “Si el interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas o impertinentes, el juez lo amonestará para que responda o para que lo haga explícitamente con prevención sobre los efectos de su renuencia”. Ciertamente, el representante legal de la demandada de manera soterrada, se abstuvo de contestar o evadió las preguntas que se le formularon, como por ejemplo cuando se le requirió para que se pronunciara sobre el acta de entrega del equipo de comunicación celular (fls. 102 a 103), limitándose a contestar que: “Ofrezco excusas porque no

tengo conocimiento del tema, no conozco este documento”; o como cuando se le cuestionó sobre la forma de entrega de los productos lácteos antes del año 2013, esto es, antes de que se suscribiera el contrato de transporte, dando respuestas evasivas

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Radicación n.° 92599 a esa pregunta ante l