CSJ - SL1021-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1021-2023 Radicación n.° 93114 Acta 10 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por

LUIS ANTONIO TRIVIÑO MARTÍNEZ, JOSE WYLLIAM

TRIVIÑO MARTÍNEZ, DIANA LUCEN TRIVIÑO MARTÍNEZ

(sucesores procesales de MARÍA ELENA MARTÍNEZ DE

TRIVIÑO), MARÍA TERESA WILCHES DE DÍAZ, ERNESTO

ENCISO ARÉVALO, CARLOS ARTURO ARÉVALO

WIESNER, EDGAR EDUARDO PÉREZ FORERO, MARÍA

AZUCENA ZAMBRANO DE RODRÍGUEZ, BENJAMÍN

VANEGAS RODRÍGUEZ, JORGE ENRIQUE MORA PECHA, JOSÉ JAVIER FLECHAS BERNAL y ANTONIO JESÚS VARGAS ÁNGEL contra la sentencia proferida el treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que los recurrentes instauraron

contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y TURISMO.

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Radicación n.° 93114

I. ANTECEDENTES Los accionantes llamaron a juicio a la entidad demandada, con el fin de que reanude el reconocimiento y

pago de los beneficios convencionales a los que en su condición de pensionados y por «extensión» tienen derecho junto a su grupo familiar, como lo son: auxilio de escolaridad, plan complementario de salud, primas, auxilios y becas; los cuales les fueron suspendidos desde el 21 de febrero de 2003. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron se condenara a la accionada a pagar el valor de los derechos convencionales en la cuantía que se «probare en juicio», la indexación, los intereses moratorios, los perjuicios materiales y morales contemplados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y las costas del proceso.

Explicaron que: i) el Instituto de Fomento Industrial -IFIfue creado mediante Decreto 1157 de 1940 y se convirtió en sociedad de economía mixta; ii) acorde al Decreto Reglamentario 1205 de 1969, al Instituto le fue otorgada la Concesión Salinas Nacionales, para ser explotada y administrada a través de un organismo que se denominó «Instituto de Fomento Industrial - Concesión Salinas», en el cual la planta administrativa y laboral era independiente y funcionaba de forma separada; iii) el traspaso de la citada empresa -IFIse efectuó por sustitución patronal; iv) la última entidad estaba regulada por las normas de las empresas industriales y comerciales del Estado, de allí que sus servidores tenían la calidad de trabajadores oficiales; v)

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Radicación n.° 93114 la jurisprudencia precisó que la Concesión Salinas era un departamento del IFI que era el titular de las obligaciones

laborales; vi) y se ordenó la liquidación de ese Instituto, lo cual ocurrió el 31 de diciembre de 2009, asumiendo la Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo las obligaciones derivadas del aludido contrato. Acotaron que, vii) el IFI les otorgó sus pensiones de jubilación, de la siguiente manera: Demandante Inicio de la Resolución Valor F.° pensión mesada José Javier Flechas Bernal 1º nov. 93 1106 de 1993 $188.054.96 70-73 Antonio Jesús Vargas Ángel 1º nov. 93 1195 de 1993 $228.433 85-88 María Helena Martínez Viuda de 1º en. 94 92 de 95 $239.796.57 92-95 y Triviño 97-98 María Teresa Wilches de Díaz 1º nov. 1239 de 1994 $234.391 139-142 93 y 119121 Ernesto Enciso Arévalo 1º nov. 93 1108 de 1993 $133.718.84 138-141 Carlos Arturo Arévalo Westner. 1º nov. 93 1161 de 1993 $292.386 158-159 Edgar Eduardo Pérez Forero 1º nov. 93 1196 de 1993 $180.509.99 177-180 María Azucena Zambrano de 1º dic. 898 de 1993 $178.797.07 198-200 Rodríguez 92 y 201205 Benjamín Vanegas Rodríguez 1º nov. 93 1197 de 1993 $198.817.85 222-225

Jorge Enrique Mora Pecha 1º nov. 94 1170 de 1994 $306.716.25 242-243 Data de reconocimiento a su cónyuge Saúl Triviño Rodríguez, quien falleció el 22 de febrero de 1999. Data de reconocimiento a su cónyuge Benjamín Díaz Rodríguez, quien falleció el 2 de octubre de 1998. Data de reconocimiento a su cónyuge Jesús Arturo Rodríguez Gutiérrez, quien falleció el 25 de abril del 2003. Sostuvieron que; viii) junto con la prestación, se les concedió, junto a su grupo familiar, el plan complementario de salud, auxilio de escolaridad, primas extralegales, auxilios y becas, conforme las normas legales, convencionales y reglamentarias; ix) en el acuerdo colectivo de trabajo del 4 de septiembre de 1978 se pactó que «La empresagarantizaría la conservación y aplicación del régimen jurídico y prestacional

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Radicación n.° 93114 existente en la actualidad para los pensionados de la concesión salinas»; y x) que en las cláusulas 9ª de la CCT de 1960, 8ª de la CCT de 1966 y 7ª de la CCT de 1985 se estipularon una serie de prerrogativas. Añadieron que xi) mediante Circular 001 del 21 de febrero de 2003 el director del IFI - Departamento Concesión Salinas, suspendió el reconocimiento de los beneficios que se hacían a favor de los pensionados de la entidad y sus grupos familiares; xii) el CE SS del 1 ag. 2013, declaró su nulidad;

1. no les habían sido reanudados sus derechos extralegales; xiv) y que efectuaron las reclamaciones administrativas en octubre de 2014, las que fueron resueltas en forma negativa

(f.° 265 a 285, 289 a 340, cuaderno principal). La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se opuso a lo solicitado por los accionantes. Frente a los hechos, aceptó el recuento normativo enunciado por la parte actora, la expedición de la Circular 01 de 2003, lo resuelto por el Consejo de Estado, las reclamaciones elevadas por los demandantes y las contestaciones suministradas y de los restantes manifestaron que no le constaban o que no eran ciertos. Como razones de defensa indicó que no tuvo relación alguna con los reclamantes; que el pronunciamiento referido no ordenó el restablecimiento del derecho; y que los beneficios pretendidos eran para trabajadores activos. Propuso las excepciones de mérito de inexistencia de la

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Radicación n.° 93114 obligación, prescripción, improcedencia pago de intereses moratorios según el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, compensación y buena fe (f.° 347 a 358, cuaderno principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 15 de agosto de 2019 resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la demandada, la NACIÓN

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, por haber

asumido las obligaciones del extinto Instituto de Fomento Industrial a restablecer los derechos que le asisten por extensión a los demandantes ERNESTO ENCISO ARÉVALO, CARLOS

ARTURO ARÉVALO WINSNER, EDGAR EDUARDO PÉREZ

FORERO, BENJAMIN VANEGAS RODÍGUEZ, JORGE ENRIQUE

MORA PECHA, JOSÉ JAVIER FLECHAS BERNAL, MARÍA

HELENA MARTÍNEZ DE TRIBUÑO, MARÍA TERESA WILCHES DE DÍAZ y MARÍA AZUCENA ZAMBRANO DE RODRÍGUEZ y (sic) ANTONIO JESÚS VARGAS ÁNGEL como son los beneficios de la convención denominados, auxilio de escolaridad, plan complementario de salud, primas, auxilios y becas en la misma forma en que se venían reconociendo y disfrutando al 21 de febrero de 2003, de conformidad con lo expuesto en la motiva de la providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción de los derechos generados y no cobrados con anterioridad al 21 de febrero de 2015, las demás excepciones se declaran no probadas, de conformidad con lo expuesto en la motiva.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada la NACIÓN MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, de las pretensiones que no fueron objeto de condena, conforme a lo expuesto.

CUARTO: CONDENAR EN COSTAS a la demandada la NACIÓN MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, en su calidad de fideicomitente del IFI en liquidación. Por secretaria en

oportunidad procesal practíquese la liquidación de costas, incluyendo por concepto de Agencias en Derecho la cantidad de $828.116 a la demandada y a favor de cada una de las personas demandantes.

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Radicación n.° 93114

QUINTO: CONSULTAR la presente decisión […] (mayúscula del texto original) (acta de f.º 376 A 378, ib, en relación con el audio 13 del CD f.° 367, ibidem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y el grado jurisdiccional de consulta a favor de la accionada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 30 de julio de 2020, revocó la determinación de primer grado y en su lugar, absolvió a la demandada de las súplicas incoadas.

Encontró acreditado que el Instituto de Fomento Industrial - Concesión Salinas reconoció a los accionantes la pensión de jubilación y que obraban en el plenario las convenciones colectivas de trabajo que el sindicato suscribió con esa entidad. Tras referirse a lo dispuesto en el parágrafo segundo del Acto Legislativo 1º de 2005 en cuanto a que «no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones», señaló que se limitó la autonomía de las partes para regular las condiciones o requisitos para acceder al derecho pensional en el contrato de trabajo y en la

negociación colectiva. Precisó que la palabra «condición» incluida en la norma referida, debe entenderse en el sentido técnico jurídico que

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Radicación n.° 93114 expresa como el hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento de un derecho. Refirió que del inciso 5º del artículo 1º de la reforma constitucional aludida se extrae que excluyó los beneficios que se podrían otorgar a una pensión extralegal mediante negociación y precisó que: Sin embargo, para ambas eventualidades, esto es, los requisitos para causar la pensión (inciso 2º) o los beneficios que otorga el pensionado (inciso 5º), la enmienda constitucional estableció el respeto por los derechos adquiridos. Por ello, en el primero los casos, quienes cumplieron los requisitos dispuestos en las reglas extralegales para causar la pensión antes del citado Acto Legislativo, conservan sin duda el derecho a que dicha pensión se defina o cause a la edad acordada en las normas extralegales con el tiempo servido o cotizado que dichos preceptos definían y, en el valor que por aplicación de tales normas se obtuviera. Lo mismo ocurre con los beneficios personales extralegales que se hubieran causado antes de entrar en vigor la citada reforma constitucional, frente a los cuales, por haber ocurrido el hecho concreto que los generaba, de acuerdo a las reglas convencionales antes de la vigencia del Acto Legislativo, constituían un derecho adquirido ingresado al patrimonio del pensionado, que no podía ser afectado por normas posteriores.

Debe advertirse, para evitar confusiones, la enmienda constitucional no preservó las expectativas que tenía los trabajadores de obtener o causar pensiones con requisitos convencionales, ni la expectativa que tenían los pensionados de obtener en el futuro beneficios que establecían en su favor dichas convenciones o pactos. Por ello, en lo que interesa a este proceso, los beneficios extralegales que se pudieran causar en el futuro para los pensionados de entidades como la demanda en este proceso, es decir, los beneficios que surgieran por hechos ocurridos después de la reforma constitucional serán expectativas frustradas por falta de fundamento normativo. Al respecto, es pertinente citar el artículo 17 de la Ley 153 de 1887 que dispone que “las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que los anule o cercene”, y la jurisprudencia constitucional que reiteradamente ha dicho que la aplicación de estatutos derogados no entra en la categoría de los derechos adquiridos.

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Radicación n.° 93114 Bajo este criterio de interpretación y una vez revisado el texto del pacto colectivo (sic) del que se reclama aplicación, se advierte que los beneficios denominados servicios odontológicos, servicios de sanidad, servicios médicos, becas y auxilios de escolaridad y bonificación, entre otros, nacen bajo supuestos de eficacia diferida condicional, es decir, se causan en la medida en que vayan ocurriendo en el futuro los hechos que los generan […] Por ello, las prestaciones podrían reclamarse o podían reclamarse mientras los acuerdos convencionales tuvieron vigencia y a partir

del Acto Legislativo dichos acuerdos fueron derogados. En consecuencia, indicó que revocaría la decisión de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que esta Corporación case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia: […] confirme parcialmente la sentencia emitida el 15 de agosto de 2019 por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá

D.C. en cuanto condenó a la demandada a restablecer los derechos que le asisten por extensión a los demandantes como son los beneficios convencionales de auxilio de escolaridad, plan complementario de salud, auxilios educativos y becas, en la misma forma que se venían reconociendo y disfrutando al 21 de febrero de 2003, y la revoque en cuanto declaró parcialmente probada la excepción de prescripción de los derechos generados y no cobrados con anterioridad al 21 de febrero de 2015, y absolvió a la demandada de las demás y para que en su lugar: i) se condene a la demandada a cancelar a los actores todas las sumas adeudadas debidamente indexadas; ii) se condene a la demandada a reconocer y pagar a los demandantes los intereses moratorios causados sobre las sumas adeudadas. Costas en ambas instancias y en esta actuación a favor de la parte actora.

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Radicación n.° 93114 Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, los que fueron objeto de réplica y se

estudiarán de forma conjunta, pues pese a que se dirigen por distintas diferentes persiguen un mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Los recurrentes expresan lo siguiente: Acuso [...] por vía directa, en la modalidad de infracción directa

(falta de aplicación) de los artículos 58 de la Constitución Política; 11, 272 y 273 de la Ley 100 de 1993; 467, 468 y 474 del Código Sustantivo del Trabajo; 1621, 1622 y 2535 del Código Civil y 7° y 9° de la Ley 4ª de 1976 que conllevó a la vulneración de los artículos 25, 38, 39, 48, 53, 55, y 93 de la Carta Política, los Convenios 87 de 1948 y 98 de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo aprobados por las leyes 26 y 27 de 1976; 19, 20, 353, 373, 374, 400, 467, 471 (subrogado por el art. 38 del Decreto 2351 de 1965) y 476 del Código Sustantivo del Trabajo consagratorios de la validez de las convenciones colectivas de trabajo; 1º y 3º de la Ley 33 de 1985; 16, 17, 27, 31 y 32 del Código Civil; 1º y 16 de la Ley 6ª de 1945; 1º 2º, 3º, 4º, 12, 18, 19, 26, 27, 40 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 11, 14, 36, 141, 272, 273 y 283 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 62 de

1985 y 303 del Código General del Proceso. Afirman que si el Tribunal hubiera aplicado las normas denunciadas, habría colegido que las prerrogativas convencionales por extensión de las que se beneficiaron los pensionados del IFI – Concesión Salinas y sus grupos familiares son derechos adquiridos, por lo siguiente: i) En caso de disolución del sindicato o de la empleadora, los derechos derivados de negociación colectiva siguen vigentes, por cuanto ya han ingresado al patrimonio de los pensionados;

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Radicación n.° 93114 ii) la Ley 100 de 1993 garantizó el respeto de los derechos adquiridos y, en este caso, ellos disfrutan de la prestación con antelación a la entrada en vigor de esa normativa; y iii) la Ley 4ª de 1976 estableció a cargo de las entidades la obligación de proveer una serie de servicios de sanidad. Luego de transcribir los artículos 71, 1621 y 1622 del CC, coligen que en el «régimen jurídico colombiano» rige el principio de la continuidad del derecho, de modo que las cláusulas convencionales de contenido normativo ingresan al patrimonio del trabajador, como serían los beneficios por extensión que se obtienen al momento de disfrutar de la prestación; de suerte que no pueden ser desconocidos porque son derechos adquiridos, los que son protegidos por el artículo 58 de la Constitución política que salvaguarda la propiedad. Explican que en la sentencia CE SS, del 1 ag. 2014, se

declaró la nulidad de la circular que suspendió sus derechos, porque consideró que: aquellos tuvieron fuentes convencionales -artículo 15 de la Convención Colectiva de 1978y legales, 7º y 9º de la Ley 4ª de 1976, los que se mantienen vigentes a pesar de haber sido subrogados por el canon 33 de la Ley 100 de 1993, pues entraron al patrimonio al momento en que se les reconoció sus pensiones de jubilación.

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Radicación n.° 93114 De otro lado acotan que, la contabilización del término de prescripción de los beneficios convencionales se inicia desde el momento en que se profirió el fallo referido, pues es a partir de esa data en que se hacen exigibles; de modo que el colegiado ignoró lo dispuesto en el artículo 2535 del CC, que, de haberlo aplicado, habría deducido que dichos beneficios no se encontraban afectados por aquella. Exponen que los efectos de la declaración de nulidad de un acto administrativo son ex tunc y así lo ha dispuesto el Consejo de Estado en las sentencias con «radicaciones 6094 del 2001 y 32163 del 8 de junio de 2017». Mencionaron que la vulneración del artículo 303 del CGP consiste en que la vigencia y exigibilidad de «los servicios convencionales» ya fueron objeto de un fallo emitido por el Consejo de Estado, que se encuentra ejecutoriado e hizo tránsito a cosa juzgada, de allí que «si acaso el ad quem

podría haber objetado la aplicación a los demandantes, pero no poner en duda en lo más mínimo que la obligación colectiva ha estado plenamente vigente», máxime que esa providencia se profirió luego del Acto Legislativo 01 de 2005 (f.° 8 a 12, demanda de casación, cuaderno digital).

VII. LA RÉPLICA Se opuso a la prosperidad del recurso, toda vez que consideró que no existió equivocación alguna del Tribunal, puesto que como lo señaló el ad quem, no era posible otorgar las prestaciones pretendidas, porque sobre las mismas

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Radicación n.° 93114 recayeron los efectos del AL 01 de 2005, de modo que no existen derechos adquiridos por reconocer. En el mismo sentido, sostiene que las prerrogativas reclamadas se encuentras prescritas, pues no son exigibles. Finalmente, refiere que lo perseguido no son garantías autónomas sino accesorias o complementarias que no revisten de la calidad indicada por los recurrentes (f.° 2 a 5, oposición, cuaderno digital).

VIII. CARGO SEGUNDO Denuncia la violación, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de: […] los artículos 1536 del Código Civil, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y de los incisos 2º y 5º del Acto Legislativo 01 de 2005 que conllevó a la vulneración de los artículos 25, 38, 39, 48, 53, 55, 58 y 93 de la Carta Política, los Convenios 87 de 1948 y 98 de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo aprobados

por las Leyes 26 y 27 de 1976; 19, 20, 353, 373, 374, 400, 467, 468, 471 (subrogado por el art. 38 del decreto 2351 de 1965), 474 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º y 3° de la Ley 33 de 1985; 16, 17, 27, 31, 32 1621 y 1622 del Código Civil; 1º y 16 de la Ley 6ª de 1945; 7° y 9° de la Ley 4ª de 1976, 1º, 2º, 3º, 4º, 12, 18, 19, 26, 27, 40 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 11, 14, 36, 141, 272, 273, 283 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 62 de 1985 y 303 del Código General del Proceso. Cuestionan la sentencia de segunda instancia porque aplicó el Acto Legislativo 01 de 2005 y el 17 de la Ley 153 de 1887 a los derechos convencionales pretendidos, cuando ya habían ingresado a SUS patrimonios de los actores, desde que adquirieron sus prestaciones, lo cual ocurrió entre los años 1962 y 1986.

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Radicación n.° 93114 Acotan que en atención a las normas acusadas, adquirieron los beneficios extralegales reclamados a partir del reconocimiento de sus prestaciones y en consecuencia, la reforma constitucional no podía extinguirlos. Añadieron que el ad quem se equivocó al considerar que esos beneficios

estaban sujetos a una condición suspensiva conforme el artículo 1536 del CC, porque se causan cuando se adquiere la condición de pensionado. Explican que el término de prescripción se inició desde que los beneficios convencionales se hicieron exigibles, lo cual ocurrió al proferirse la sentencia CE SS del 1 ag. 2013, que declaró la nulidad de la Circular 01 de febrero de 2003. Así, se equivocó el juez de apelación al aplicar los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST y concluir que los derechos reclamados se encontraban prescritos. Reiteran lo manifestado en el cargo anterior respecto a la vulneración del artículo 303 del CGP (f.° 12 a 15, demanda de casación, cuaderno digital).

IX. LA RÉPLICA Asegura que las convenciones colectivas que invocó la parte actora y, en especial, el literal a) del artículo 15 de la suscrita en 1978, fueron pactadas para los trabajadores activos, no para los pensionados. También que el Acto Legislativo 01 de 2005 no preservó, las expectativas de pensiones ni beneficios futuros. De igual manera, los estatutos derogados no pueden revivir.

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Radicación n.° 93114 Sostiene que el Tribunal invocó el fallo CC C-168-1995, que «dijo que no se pueden proteger derechos que en realidad no son derechos». Añade que la providencia del Consejo de Estado, se profirió dentro de un proceso instaurado en acción nulidad, por lo que no podía generar consecuencias de orden subjetivo, como las que pretendían los demandantes.

Precisa que la sentencia CC C-924-2008, consideró que las cláusulas convencionales solamente pueden regir durante el tiempo de vigencia del acuerdo respectivo, máxime, cuando la entidad dentro de la cual fueron pactadas fue liquidada, también afirmó que aquellas se pactan para los trabajadores activos, mas no a los pensionados, como el caso que nos ocupa. El Tribunal consideró que los presuntos derechos reclamados estarían prescritos, «habida cuenta de que fueron invocados mucho después de los tres años previstos en la ley para esos efectos», lo que resulta razonado. En consecuencia, las conclusiones del ad quem resultan lógicas, razonables y claras (f.° 5 a 7, oposición, cuaderno digital).

X. CARGO TERCERO Es propuesto de la siguiente manera: Vía indirecta por infracción directa del artículo 303 del Código General del Proceso, aplicables por analogía a este proceso por mandato del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social como violación de medio que condujo a la

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Radicación n.° 93114 vulneración de los artículos 25, 38, 39, 48, 53, 55, 58 y 93 de la Carta Política, los Convenios 87 de 1948 y 98 de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo aprobados por las Leyes 26 y 27 de 1976; 19, 20, 353, 373, 374, 400, 467, 468, 471 (subrogado por el art. 38 del decreto 2351 de 1965), 474 y 476

del Código Sustantivo del Trabajo; 1º y 3° de la Ley 33 de 1985; 16, 17,27, 31, 32 1621 y 1622 del Código Civil; 1º y 16 de la Ley 6a de 1945; 7 y 9 de la Ley 4ª de 1976, 1, 2, 3, 4, 12, 18, 19, 26, 27, 40 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 11, 14, 36, 141, 272, 273, 283 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 62 de 1985 y 303 del Código General del Proceso debido a evidentes errores de hecho cometidos por el ad quem por errónea apreciación de unas pruebas y la falta de apreciación de otras. Precisaron que el Tribunal incurrió en el siguiente yerro fáctico:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la sentencia proferida el 1º de agosto de 2013 por la Sección Segunda del Consejo de Estado se constituyó en cosa juzgada respecto de la reanudación de los beneficios convencionales por extensión de sanidad de los pensionados del IFIConcesión Salinas.

Señalan como pruebas mal apreciadas: la Respuesta a la consulta elevada por el Ministro de Desarrollo Económico ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 1998 (f.° 23 a 30 vto. del cuaderno principal), la sentencia CE SS del 1 ag. 2013 (f.° 36 a 53 vto, ibidem). Afirman que si el colegiado hubiese apreciado las

probanzas que denuncian, habría determinado que la sentencia referida constituye cosa juzgada respecto a la obligación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de restablecer los beneficios convencionales que disfrutaban los demandantes y añaden que: Ello es así, toda vez que los efectos de esa declaración de nulidad de la Circular 01 del 21 de febrero de 2003 que suspendió estas prestaciones convencionales, son extunc y en tal sentido las cosas deben volver al estado anterior a la expedición del acto

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Radicación n.° 93114 ilegal, como lo ha dispuesto el Consejo de Estado en sentencias de radicaciones 6094 del 2001 y 32163 del 8 de junio de 2017. La violación del artículo 303 del Código General del Proceso, por parte de los jueces de instancia, es más que evidente, por cuanto la vigencia y exigibilidad de los servicios convencionales ya fue objeto de fallo ejecutoriado, que hizo tránsito a cosa juzgada, emitido por el Consejo de Estado, dentro de los términos allí escritos, es decir, si acaso el ad quem podría haber objetado la aplicación a los demandantes, pero no poner en duda, en lo más mínimo que la obligación colectiva ha estado plenamente vigente. Se debe recordar que la sentencia del Consejo de Estado es posterior al Acto Legislativo N° 1 de 2005 que invoca el Tribunal para considerar que revocó estos beneficios de los pensionados, porque sobre ese tema ya se pronunció la autoridad judicial y no podía desconocer esa sentencia con carácter de cosa juzgada

formal y material. No es posible concebir en derecho que habiéndose pronunciado el juez natural de los actos de la administración, circular, otro juez que solamente le corresponde individualiza esa declaración, se rebele contra la cosa juzgada y decida absolver, sin tener en cuenta todo nuestro edificio jurídico (f.° 15 a 17, demanda de casación, cuaderno digital).

XI. LA RÉPLICA La Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expresa que no se configuran los errores de hecho denunciados, para lo que reitera lo manifestado en la réplica a los cargos primero y segundo (f.° 7 a 10, oposición, cuaderno digital).

XII. CARGO CUARTO Acusan el fallo impugnado por vía indirecta en la modalidad de infracción directa: […] de los artículos 58 de la Constitución Política; 272 y 273 de la Ley 100 de 1993; 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 2535 del Código Civil; 7º y 9º de la Ley 4ª de 1976 que conllevó a la vulneración de los artículos 25, 38, 39, 48, 53, 55 y 93 de la Carta Política, los Convenios 87 de 1948 y 98 de 1949 de la

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Radicación n.° 93114 Organización Internacional del Trabajo aprobados por las leyes 26 y 27 de 1976; 19, 20, 353, 373, 374, 400, 467, 471 (subrogado por el art. 38 del decreto 2351 de 1965) y 476 del

Código Sustantivo del Trabajo consagratorios de la validez de las convenciones colectivas de trabajo; 1º y 3° de la Ley 33 de 1985; 16, 17,27, 31 y 32 del Código Civil; 1° y 16 de la Ley 6a de 1945; 1°, 2°, 3°, 4°, 12, 18, 19, 26, 27, 40 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 11, 14, 36, 141, 272, 273, 283 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 62 de 1985 y 303 del Código General del Proceso. Manifiestan que el juez de segunda instancia incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que los beneficios convencionales por extensión de plan complementario de salud que venían disfrutando los demandantes y sus grupos familiares, entraron al patrimonio de todos y cada uno de los actores.

2. No dar por demostrado, estándolo, que los beneficios convencionales por extensión de plan complementario de salud que venían disfrutando los demandantes y sus grupos familiares, se constituyeron en derechos adquiridos.

3. No dar por demostrado, siéndolo, que el empleador jamás sostuvo o actuó en el sentido de que los derechos convencionales de los pensionados no hubieran existido, hasta el punto que los suprimió con una directiva unilateral muchos años después.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el inicio del término de prescripción de los beneficios convencionales por extensión de plan complementario de salud debía iniciar a partir de la

expedición de la sentencia del 1 de agosto de 2013 proferida por el Consejo de Estado.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que los beneficios convencionales por extensión de plan complementario de salud deprecados, prescribieron.

Enuncian como pruebas mal apreciadas, i) las Convenciones Colectivas de Trabajo de los años 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1975, 1977, 1978, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1990 y el

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Radicación n.° 93114 Laudo arbitral de 1956 (folio CD 22 del cuaderno principal); ii) la Circular 01 del 21 de febrero de 2003 expedida por el director del extinto IFI – Concesión Salinas (folio 35 ibidem); y iii) la sentencia CE SS del 1 ag. 2013 (f.° 36 a 53 vto. ibidem).

Y como dejadas de valorar: la respuesta a la consulta elevada por el ministro de Desarrollo Económico ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 1998

(f.° 23 a 30 vto. ib.) y el Oficio dirigido por el IFI –Concesión Salinas respecto de los beneficios convencionales de sanidad para 1998 (f.° 31 a 34, ibidem). Indican que si el Tribunal «hubiera apreciado correctamente las pruebas obrantes en el expediente» habría advertido que las estipulaciones extra legales están vigentes,

al punto que fueron incorporadas en cada una de las CCT. Reiteran a los argumentos plasmados en el primer cargo relativos a que esos beneficios constituyen derechos adquiridos, los cuales son objeto de protección, tal como se extrae del artículo 58 superior y se refieren a la prescripción, para lo cual esgri