CSJ - SL1022-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL1022-2023 Radicación n.° 87029 Acta 15 Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ ANTONIO VILLAR ECHAVARRÍA, MELEC MUÑOZ HERRERA y ARMANDO JOSÉ RESTREPO MAURY contra la sentencia proferida el 14 de mayo de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso que le siguen a la UNIVERSIDAD

DEL MAGDALENA.

I. ANTECEDENTES Accionaron, en lo que interesa a la demanda

extraordinaria, José Antonio Villar Echavarría, Melec Muñoz Herrera y Armando José Restrepo Maury, contra la Universidad del Magdalena, para que les reconocieran los beneficios acordados en las convenciones colectivas de trabajo 1980-1981, 1986-1987, 1998-1999, así como los

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Radicación n.° 87029 establecidos en las actas de revisión salarial de 1990 (ARS 1990) y de conciliación del 30 septiembre de 1996, suscritas entre la enjuiciada y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Universidad del Magdalena (Sintraunimag). Consecuente con lo anterior, solicitaron el pago de: i) los intereses sobre las cesantías consolidadas a diciembre de 1996; ii) la inclusión de los factores salariales para calcular

los subsidios de alimentación, de transporte y familiar, más el aumento anual del 30%; iii) los incrementos salariales del 16% y su incidencia en los reajustes anuales salariales posteriores; iv) los reajustes de las cesantías, primas y vacaciones legales y extralegales por la no inclusión del concepto de salario definido en el artículo 16 de la convención vigente en 1980; la v) devolución de los copagos o cuotas moderadoras; la v) la prima de carestía; y vi) «los intereses moratorios (valores indexados)». En sustento de sus pretensiones manifestaron que se vincularon a la accionada en calidad de trabajadores oficiales en el cargo de obreros; que Armando José Restrepo Maury lo hizo en julio de 1988 y José Antonio Villar Echavarría en febrero de 1995 y Melec Muñoz Herrera no lo indicó y; que a la fecha de presentación de la demanda seguían trabajando para aquella. Sostuvieron que, desde su ingreso, se afiliaron a Sintraunimag, y que son beneficiarios de los derechos convencionales reconocidos en diferentes acuerdos colectivos celebrados por la organización sindical y la universidad desde 1980.

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Radicación n.° 87029 Narraron que con la entrada en vigor de la Ley 50 de 1990, el empleador les comunicó que para el pago de las cesantías debían acogerse a dicha normatividad, y con tal propósito, llegaron a un acuerdo que se plasmó en el acta de conciliación suscrita por la universidad y los sindicatos el 30

de septiembre de 1996 ante el Ministerio de Trabajo, respecto al pago de las cesantías, intereses de estas e indemnización moratoria sobre el acumulado a 1996, así como otros derechos derivados de los acuerdos convencionales, el cual no se ha cumplido en su totalidad. Indicaron que Sintraunimag se integró al Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol), lo que fue aprobado por el Ministerio del Trabajo mediante la Resolución n.° 354 del 2 de marzo de 2001, cancelándose en consecuencia la personería jurídica del primero, aunque los beneficios reconocidos por aquel continuaron vigentes. Al contestar, la universidad se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó su naturaleza jurídica; la celebración de los contratos con los demandantes, y aclaró que Melec Muñoz Herrera ingresó el 1° de septiembre de 1986. Admitió la afiliación de aquellos al sindicato, los beneficios reconocidos por este, la fusión con Sintraunicol, la regulación de sus contratos por los textos convencionales, y los acuerdos para cumplir los derechos que se derivan de ellos. Reconoció que se estipularon los incrementos del 30% para los subsidios de transporte, alimentación y familiar, alegando que ello resultaba

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Radicación n.° 87029 desproporcionado, razón por la cual pidió inaplicar las cláusulas correspondientes. Adujo que a través del Tesoro Nacional se había emitido un bono de deuda pública en virtud del cual se cancelaron en un 80% las cesantías reclamadas, por lo que

no cabía la imposición de sanción alguna. Sostuvo que, en general, los beneficios de la convención colectiva 1998-1999 fueron pagados y, en todo caso, estaban prescritos; que el subsidio de transporte convencional se aumentó conforme a lo que decidiera el gobierno nacional respecto al legal, tal y como quedó pactado en el acuerdo suscrito el 9 de febrero de 1993, quedando estipulado para dicho año en $23.045, aceptándose su reducción. Esgrimió que el artículo 16 de la CCT 1980-1981 solo se refiere al concepto de salario y no tiene incidencia en lo consagrado en el 3 de la de 1998-1999 referido a reajustes salariales, algo que se viene haciendo conforme a los decretos que expide el gobierno nacional cada año; frente a los demás hechos, indicó que no eran ciertos y presentó como excepciones de mérito las de prescripción, cobro de lo no debido y cosa juzgada (f.°442-448).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Descongestión de Santa Marta, mediante sentencia del 23 de mayo de 2014, resolvió: PRIMERO: CONDENESE (sic) a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA al pago de emolumentos de carácter convencional

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Radicación n.° 87029 especificados en la parte considerativa de este proveído a los demandantes así: a. al señor JOSE (sic) VILLAR ECHAVARRIA (sic) la suma de

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SISTE (sic) PESOS

CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS/100 MCTE ($480.107.85). b. al señor MELEC MANUEL MUÑOZ HERRERA la suma de DOS

MILLONES CUARENTA MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE ($2'040.067.08). c. al señor ARMANDO RESTREPO MAURY la suma de NUEVE

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 66/100

CENTAVOS M/CTE ($9.754.866.66).

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la demanda de conformidad da la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Declárese no probada las excepciones propuestas.

[…]. El a quo, el 22 de julio de 2014, adicionó su sentencia así: PRIMERO: ADICIONESE (sic) la parte resolutiva de la sentencia la cual quedará así: "OCTAVO (sic): Declárese probada la objeción por error grave formulada por la apoderada de la UNIVERSIDAD DEL

MAGDALENA".

SEGUNDO: En todo lo demás, estese a lo resuelto en la sentencia de 23 de mayo de 2014.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Apelados ambos proveídos por las dos partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, mediante fallo del 14 de mayo de 2019, decidió:

1. REVOCAR los numerales 1, 2 y 3 de la sentencia proferida el 23 de mayo de 2014 por el Juzgado Laboral del Circuito de

Descongestión y el numeral 1 de la adición de la sentencia del 22 de julio de 2014. Y en su lugar se dispone: CONDENAR a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA a pagar a los señores JOSE (sic) VILLAR ECHAVARRIA (sic), MELEC MUÑOZ

HERRERA Y ARMANDO RESTREPO MAURY, el valor de

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Radicación n.° 87029 $251.172,00 por concepto de diferencias por subsidio de transporte. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción sobre los derechos causados hasta el 13 de noviembre de 2005. DECLARAR no probada la objeción por error grave propuesta por la demandada.

2. MODIFICAR el numeral 5 de la sentencia proferida el 23 de mayo de 2014. Y en su lugar se dispone: CONDENAR en costas a la demandada.

3. ABSOLVER a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA de las demás pretensiones de la demanda. […].

Aseguró el ad quem, que prescindiría del dictamen pericial al que se referían los actores en su apelación, puesto que fue decretado para establecer el valor de los derechos y obligaciones reclamados, examen para el cual no se requerían conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Advirtió que no había duda de que los demandantes eran trabajadores oficiales y estaban afiliados a Sintraunimag. Estudió la convención colectiva vigente para el periodo 1998-1999 y concluyó que esta «mantuvo la vigencia de todas las convenciones suscritas desde el año

1977». Razonó que la prima de carestía fue pagada en su totalidad, al punto que su cálculo arrojó valores en favor de la pasiva, y no de los actores. Igual argumento esbozó frente a los «intereses sobre cesantías consolidadas» pues, después de analizar las respectivas pruebas, dedujo que tanto aquellas como sus intereses fueron cancelados en debida forma. Precisó además que, en tanto la demanda se presentó el 14 de noviembre de 2008, «la única prueba de interrupción

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Radicación n.° 87029 de la prescripción que obra en el proceso es el escrito de presentación de demanda», y dado que «las cesantías fueron canceladas en el año 2002», los anteriores conceptos estaban prescritos. En torno al incremento salarial, advirtió que el artículo 3 de la convención colectiva de trabajo vigente entre 1998 y 1999 lo estableció en el 16% para esas anualidades, mientras que el precepto 4 del laudo arbitral del 24 de julio de 2009 contempló una nueva forma de incremento para los años 2000 y 2001, en el IPC más el 3% y el 3,5%, respectivamente. Tras ello, explicó: Tal como lo aceptó el apoderado de la parte demandante en su recurso de apelación, la Universidad del Magdalena en virtud de lo establecido en el Laudo Arbitral reconoció las diferencias salariales y prestacionales mediante las Resoluciones 324, 325 y 326 del 6 de mayo de 2011 y 880, 882 y 885 del 16 de noviembre

de 2011, respecto del incremento salarial de los años 2000 y 2001. Negó el subsidio familiar, pues los demandantes no allegaron pruebas que demostraran que sus descendientes cumplieran con las exigencias de la norma para optar por él. Reconoció que, con base en la convención colectiva vigente entre 1989 y 1990, modificada por el artículo 6 del ARS de 1990, los trabajadores tenían derecho al subsidio de transporte en cuantía inicial de $9.967 para el año 1990. Así, realizó los cálculos para determinar el valor a cancelar, y advirtió que del año 1991 en adelante correspondería al valor reconocido por el gobierno para tal fin, incrementado en un 30%, y que a partir de 2006 sería de «62.010 mensuales», lo que arrojó unas diferencias no prescritas que ordenó pagar.

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Radicación n.° 87029 Estimó que conforme a lo reglado en el artículo 5 del ARS de 1990, el valor a pagar a cada uno de los accionantes por concepto de auxilio de alimentación era de $9.967 para el año 1990, pero lo negó argumentando que no se demostró el monto cancelado en los periodos subsiguientes, y tampoco se podía inferir, «[…] que se utilizara como monto el legalmente establecido por el gobierno debido a que, en virtud de la convención, se estipuló un incremento adicional, por lo que no hay bases para determinar si se genera diferencia a favor de los demandados.»

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto, en un solo escrito, por José Antonio Villar

Echavarría, Melec Muñoz Herrera y Armando José Restrepo

Maury, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que la Corte, […] CASE TOTALMENTE la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 14 de mayo de 2019, y en sede de instancia MODIFIQUE en su totalidad la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Descongestión en audiencia pública celebrada el 23 de mayo 2014, y su adición pronunciada en julio 22 del mismo año y en su lugar, CONDENE a la demandada conforme a las pretensiones formuladas con la demanda; en particular, por el pago de las sumas que resulten por concepto de intereses de cesantías consolidadas a diciembre de 1996, subsidios de alimentación, transporte y familiar, con el reajuste del 30%, pactados extralegalmente en el Acta de Revisión Salarial de 1990, los incrementos salariales del 16%, reajustes de salarios y prestaciones sociales, devolución de copagos y cuotas moderadoras, y prima de carestía del 145% del salario, pactada en el artículo 15 de la Convención suscrita el 20 de junio de 1986.

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Radicación n.° 87029 Con tal propósito formulan seis cargos por la causal primera de casación, exentos de réplica. Se estudian de manera conjunta, pues si bien es cierto que no todos se dirigen por la misma vía, también lo es que persiguen el

mismo propósito.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, denuncian la aplicación indebida de los siguientes preceptos: […] 1°, 2°, 39, 53 y 93 de la Constitución Política; artículos 1o y subsiguientes de las leyes 26 y 27 de 1976, aprobatorias de los convenios 87 y 98 de la OIT; artículos 1502, 1626 y 1627 del Código Civil, artículos 467, 474,476,478 y 479 numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 11 y 46 de la ley 6a de 1945, y 19 del decreto reglamentario 2127 de 1945.

Le endosan al Tribunal los siguientes errores de hecho: 1) Dar por acreditado, contra toda evidencia, que las sumas pagadas por concepto de prima de carestía, a los señores JOSE (sic) VILLAR ECHEVERRIA (sic), MELEC MUÑOZ HERRERA y ARMANDO JOSÉ RESTREPO MAURY, para los años 1997 y subsiguientes HASTA EL 13 de marzo de 2013, reflejan el pago total de éstas con sus respectivos aumentos o reajustes, arrojando incluso, valores a favor de la entidad demandada. 2) No dar por demostrado, estándolo, que la liquidación y pago de la prima de carestía por parte de la demandada, liquidada sobre el salario básico de cada uno de los demandantes, inobservó la disposición o mandato convencional que la consagró, literalmente transcrita por el ad-quem, y que ordena su liquidación en un porcentaje del 145% sobre el salario

promedio mensual. 3) Dar por demostrado, sin estarlo, que las constancias que aportó la entidad demandada de la asignación básica de los demandantes JOSE (sic) VILLAR ECHEVERRIA (sic) (folios 64, 79 y 82), MELEC MUÑOZ HERRERA (folios 83 – 101), y ARMANDO JOSÉ RESTREPO MAURY (folio 18) demuestran fehacientemente, la liquidación y pago total del valor correspondiente a la prima de carestía, durante los años 1997 y subsiguientes hasta el 13 de marzo de 214 (sic), según el mandato de la disposición convencional que la consagró en un 145% del salario promedio mensual.

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Radicación n.° 87029 4) No dar por demostrado, estándolo, que, para la liquidación de la prima de carestía, el artículo 15 de la Convención Colectiva de 1986, vigente en virtud de las cláusulas de englobamiento de las convenciones posteriores, ordena tener como base el salario promedio mensual y no solamente el básico percibido. Como pruebas indebidamente apreciadas, relacionan «[…] las constancias de sueldos y demás ingresos laborales que corren a folios 1088 a 1102; 1168 a 1171, y 1234 a 1244; resoluciones 880 (fls. 1158 a 1163), 882 (fls. 1256 a 1261) y 885 (fls. 1103 a 1107); Convención Colectiva, vigencia 1986, artículo 15». Y como medios de convicción dejados de apreciar,

enuncian los siguientes: […] Comprobantes de nómina correspondientes al demandante JOSÉ ANTONIO VILLAR ECHAVARRÍA, visibles a folios 1068 a 1075, y 1077 a 1086. Comprobantes de nómina correspondientes al demandante ARMANDO JOSÉ RESTREPO MAURY, visibles a folios 1108 a 1154. Comprobantes de nómina correspondientes al demandante MELEC MUÑOZ HERRERA, visibles a folios 1245 a 1255. Convención Colectiva de 1980, artículo 16 (fls. 218 a 224). En la demostración arguyen que el Tribunal concluyó que los beneficios derivados de la convención colectiva de 1986, con respecto a la prima de carestía, se pagaron en su totalidad, desconociendo con tal raciocinio que dicha prestación equivalía al 145% del salario promedio mensual y no como lo hizo la empresa, tomando solo el salario básico. Aseguran que el ad quem citó en la sentencia la revisión de certificaciones de sueldos y otros pagos para concluir la satisfacción de la prestación en cuestión, pero que lo que realmente prueban ellos es un pago incompleto, pues se

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Radicación n.° 87029 liquidó según el salario básico y no el promedio, el cual, según el artículo 16 de la convención vigente para 1980, incluye las primas de servicio, navidad, vacaciones, antigüedad, subsidio de transporte, horas extras, recargos nocturnos, domingos y feriados. Sostienen que el colegiado tampoco valoró los

comprobantes de pago de nómina incorporados al proceso, en los cuales se indicaba el valor cancelado por salario básico, y los otros emolumentos que debieron ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prima de carestía.

VII. CARGO SEGUNDO Lo formulan así: […] Acuso la sentencia de ser violatoria, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1°, 2°, 39, 53 y 93 de la Constitución Política; artículos 1° y subsiguientes de las leyes 26 y 27 de 1976, aprobatorias de los convenios 87 y 98 de la OIT; artículos 1502, 1626 y 1627 del Código Civil, artículos 467, 474, 476, 478, 479 numeral 2, y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 17 ley 6ª de 1945 y 1° del decreto 2567 de 1946, y el artículo 151 del C.P.L. como violación de medio.

Le endilgan al colegiado los siguientes yerros fácticos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que con los documentos que obran a folios 727 - 730, quedó acreditado el pago de las cesantías e intereses en debida forma a cada uno de los demandantes.

2. No dar por demostrado, estándolo, que los intereses de cesantías, según el entendimiento que cabe respecto de la cláusula 2ª de la Convención del 29 de enero de 1999, y lo acordado por las partes ante el Ministerio de Trabajo el 30 de septiembre de 1996, se causan sobre los saldos consolidados a 31 de diciembre de 1996, y sobre los que a partir del años (sic)

siguiente se continúen acumulando durante cada ciclo anual subsiguiente, hasta la fecha de terminación del contrato, y deben pagarse dentro de los 15 primeros días del mes de febrero de cada año, o en la fecha en que se realice el pago parcial de aquellas, y

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Radicación n.° 87029 no solamente sobre las cesantías causadas en el respectivo año, o solamente sobre las que se cancelaron en el año 2002. Señalan que fueron indebidamente apreciadas «[…] las pruebas que fungen a folios 727 a 730 y el artículo 2º de la Convención Colectiva de 1999 (fls. 293 a 297)». Y dejadas de valorar, el acuerdo conciliatorio suscrito por Unimag y Sintraunimag ante el Ministerio del Trabajo el 30 de septiembre de 1996 (f.° 609 a 613). Argumentan su ataque de la siguiente manera: […] el tribunal desatendió el sentido y contenido de la cláusula convencional que citó en sus consideraciones y, además, dedujo de la documental relacionada la prueba de un pago por intereses que tales documentos no contienen. En efecto, si se revisan las documentales que fungen a folios 727 a 730 se evidencia que lo que ellos contienen son un registro presupuestal por $16.248.630, correspondientes a las cesantías de los trabajadores oficiales de la Universidad del Magdalena, correspondiente al año 2006, sin que de ningún modo se determine ningún concepto por intereses a las cesantías en favor de los demandantes. De esta manera, es claro que el Tribunal les dio a las referidas probanzas un valor que no tienen. Igualmente,

desconoció el tribunal que los intereses a las cesantías se cancelan por las cesantías acumuladas de cada año, a más tardar el 15 de febrero del año siguiente al que se causan, sin que sea dable entender que tales intereses solo apliquen para las cesantías consolidadas hasta el año 2002 y por consecuencia, la prescripción no afecta a los que pudieron causarse dentro de los 03 años anteriores a la presentación de la demanda.

VIII. CARGO TERCERO Acusan la violación, por idéntica vía y modalidad, y las mismas normas relacionadas en la proposición jurídica del primer cargo.

Le imputan al ad quem los siguientes errores de hecho: 3. (sic) Dar por demostrado, contra toda evidencia, que el incremento salarial del 16% ordenado por la Convención Colectiva 1998 – 1999 para la vigencia del 1999, fue modificado

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Radicación n.° 87029 por el artículo 4º del laudo arbitral del 24 de julio de 2009, que dispuso una nueva forma de incremento salarial. 4. (sic) No dar por demostrado, estándolo, que el incremento salarial del 16% para la vigencia del año 1999, no fue ni pudo ser objeto de modificación por el laudo arbitral de 2009, como que éste solo dispuso un incremento salarial para los años 2000 y 2001. 5. (sic) Dar por demostrado, sin estarlo, que, con el reconocimiento y pago por parte de la Universidad del Magdalena, de las diferencias salariales a los demandantes, a

través de las resoluciones 324, 325 y 326 del 6 de mayo de 2011 y 880, 882 y 885 del 16 de noviembre de 2011, respecto del incremento salarial de los años 2000 y 2001, en virtud de lo establecido en el Laudo Arbitral, quedó también solucionado el reconocimiento y pago del reajuste salarial de los años 1998 y 1999. 5. (sic) No dar por demostrado, estándolo, que el reconocimiento del reajuste salarial de los años 1998 y 1999, incide necesariamente en el reconocimiento y pago de todos los reajustes salariales anuales de los años posteriores, incluyendo el de los años 2000 y 2001 objeto de la decisión arbitral de 2009. Como evidencias indebidamente apreciadas, refieren el laudo arbitral del 24 de julio de 2009, y las resoluciones 324, 325 y 326 del 6 de mayo de 2011 y 880, 882 y 885 del 16 de noviembre del mismo año. Arguyen que el fallador plural de la alzada le dio al laudo arbitral de 2009 un alcance distinto al que tenía, toda vez que los incrementos salariales ordenados por este lo eran para los años 2000 y 2001, y no para 1998 y 1999 como aquel lo entendió, y que, si bien «pueda encontrarse configurado el fenómeno de la prescripción, no impide ello que se reconozca su incidencia en los reajustes salariales de los años posteriores», en los que estuvo vigente el laudo. Insisten en que los mencionados actos administrativos

no prueban los reajustes salariales correspondientes a 1998

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Radicación n.° 87029 y 1999, pues se refieren a los incrementos de los años 2000 y 2001.

IX. CARGO CUARTO Plantean la misma acusación de los cargos primero y tercero, y les atribuyen al Tribunal los siguientes errores

fácticos:

1. Dar por demostrado, contra la evidencia que emerge del texto convencional, que el reajuste del 30% del subsidio de transporte consagrado en el artículo 6º del Acta de Revisión Salarial de 1990, a partir del 1 de enero de 1991 y durante cada año subsiguiente, se estableció sobre el monto legal de aquel.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el reajuste convencional del subsidio de transporte, consagrado en el artículo 6º del Acta de Revisión Salarial de 1990, en los literales términos de la norma convencional citada, debe realizarse sobre la suma o monto que se tenga por este concepto en el año inmediatamente anterior, sin ninguna referencia con el subsidio de transporte legal.

Como pruebas indebidamente apreciadas reseñan la Convención Colectiva 1989 - 1990 (f.° 255 a 262) y el Acta de Revisión Salarial de 1990 (f.°. 263 a 266). Y como material probatorio dejado de apreciar relacionan, […] las Convenciones Colectivas celebradas entre la universidad y el sindicato, durante las vigencias de 1975 (fls. 178 a

183);1977-1978(fls.184 202); 1978 (fls. 203 a 209); 1979 (fls. 210-217); 1980 - 1981 (fls. 218 a 224), entre otras, y la confesión realizada por la propia demandada al responder el hecho 11 de la demanda, y la realizada por la propia parte demandante en el hecho 11 de aquella, donde afirma que la demandada reconoció tales derechos hasta el año 1997. En el desarrollo del embate, arguyen que de la cláusula 6ª de la convención colectiva vigente para 1989 a 1990, modificada con la revisión del año 1990, no era viable entender que, para establecer el monto del auxilio de transporte y su reajuste, debiera tenerse como referente el

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Radicación n.° 87029 monto del auxilio legal del mismo nombre que expide el gobierno nacional, dado que una interpretación adecuada implicaba entender que aquel debía realizarse con respecto al valor del año anterior. Exponen además que el juzgador de segundo nivel tampoco valoró las convenciones colectivas suscritas desde 1975, en las cuales puede observarse «que el subsidio de transporte se fijó de manera independiente del auxilio legal del mismo nombre», con lo cual desconoció lo previsto en el artículo 1622 del CC, según el cual, las cláusulas de un contrato, como lo es la convención, podrán interpretarse con ayuda de las de otro, siempre y cuando sea entre las mismas partes y sobre la misma materia; así como también se rebeló contra el precepto 1618 ibidem, que establece que, al ser

«conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras».

X. CARGO QUINTO Por la senda del derecho, denuncian la infracción directa, de los siguientes preceptos: […] 31, parágrafo 1°, numeral 2; artículos 164, 165 167 inciso final, Y 191 del C.G.P., violaciones de medio que conllevaron La

[sic] infracción directa de los artículos 1°, 2°, 39, 53 y 93 de la Constitución Política; artículos 1o y subsiguientes de las leyes 26 y 27 de 1976, aprobatorias de los convenios 87 y 98 de la OIT; artículos 467, 474,476,478 y 479 numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo, y los artículos 11 y 46 de la ley 6a de 1945, y 19 del decreto reglamentario 2127 de 1945. Expresan que el Tribunal se equivocó al argumentar que no quedó acreditado el monto del subsidio de alimentación en los años siguientes a 1990, pues esta prueba

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Radicación n.° 87029 no solo estaba a cargo del empleador por virtud del artículo 167 del CGP, sino que, además, era este quien tenía acceso a lo pagado por dicho rubro, y en tal sentido sobre el recaía la carga probatoria, debiendo anexarlos con la contestación de la demanda. Explican que ellos en su demanda inicial confesaron que la enjuiciada cumplió con el pago del subsidio familiar hasta el cierre del año 1997, «lo que conlleva entender que

sobre las causadas a partir del 01 de enero de 1998 negó haberlos recibidos de la demandada, lo que lo exoneraba de acreditar este hecho pues conforme al inciso final del artículo 167 del C.G.P., “…las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”». Por último, dicen que al Tribunal le bastaba tener en cuenta el monto del subsidio de alimentación para el año 1990, y a partir del 1° de enero de cada año subsiguiente, aplicar los reajustes, mediante las operaciones aritméticas correspondientes.

XI. CARGO SEXTO Nuevamente plantean la misma acusación vertida en los cargos primero, tercero y cuarto.

Le imputan al Tribunal los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, contra la evidencia, que al proceso no se allegó prueba que permita determinar si se generan diferencias a favor de los demandantes por concepto de auxilio de alimentación.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante al contestar la demanda y la demandada al responderla, aportaron

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Radicación n.° 87029 suficientes elementos probatorios para establecer, en primer lugar, el monto del subsidio de alimentación desde 1990 y, en segundo lugar, el reajuste convencional pactado del mismo subsidio durante todos los años subsiguientes, así como los pagos realizados por la entidad por este concepto, con lo cual era posible determinar las diferencias resultantes a favor de los demandantes. Como medios de convicción dejados de apreciar

relacionan «[…] la confesión deducida del hecho 11 de la demanda y de la respuesta al mismo realizada por la demandada en su contestación (…) y las documentales que corren a folios 454 a 469; 1068 a 1107; 1108 a 1171, y 1234 a 126 (sic), y 1350 a 1354». Insisten en que el juez de apelaciones desconoció la prueba documental aportada tanto por ellos como por la empresa, en relación con los beneficios pagados por esta última desde 1997, en la que se observa que los lineamientos de la convención colectiva fueron desatendidos. Concluyen que, en el evento en que no se hubiera aportado la prueba en mención, el juzgador plural debía condenar a la empresa, toda vez que esta, en la contestación de la demanda, aceptó el reconocimiento de dichos subsidios hasta 1997, lo que supone que estos no se pagaron desde 1998.

XII. CONSIDERACIONES Lo primero, es precisar que, aunque en el alcance de la impugnación los recurrentes pretenden que, una vez casada la sentencia del Tribunal, en instancia se provea favorablemente sobre las pretensiones de devolución de copagos y cuotas moderadoras, lo cierto es que la decisión

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Radicación n.° 87029 recurrida no se refirió a estas, como tampoco hay una sola argumentación en la demanda de casación que las sustente. En esa medida, si los actores no pidieron en la instancia la complementación del fallo en ese sentido, le está vedado a la Corte pronunciarse al respecto. Dicho esto, y pese a que cinco de los cargos se dirigen

por la vía indirecta, no se discute en casación que los demandantes son beneficiarios de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre Sintraunimag y la accionada desde 1975 hasta 1999 (f.°178-297), y que el término de prescripción de los derechos reclamados se interrumpió con la presentación de la demanda el 14 de noviembre de 2008. Así, le corresponde a la Corte determinar si el Tribunal se equivocó al desestimar las pretensiones relativas al pago de la prima de carestía, los intereses sobre las cesantías, el incremento salarial y el subsidio de alimentación. También habrá que establecer si el reajuste que ordenó sobre el subsidio de transporte extralegal fue correcto o no. Antes de examinar cada uno de tales conceptos, la Sala debe destacar que la enjuiciada nunca desconoció la aplicación de los refer