CSJ - SL1026-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1026-2023 Radicación n.° 94344 Acta 15 Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por ALVARO FERNEY RÍOS CASTRO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 1 de marzo de 2022, en el proceso ordinario laboral que adelanta contra la ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.

A.

I. ANTECEDENTES Álvaro Ferney Ríos Castro promovió demanda ordinaria laboral para que se declare que tiene derecho a la pensión de invalidez por su pérdida de capacidad laboral y por cumplir los requisitos jurisprudenciales aplicables en los casos en que el riesgo se genera por el padecimiento de enfermedades crónicas, degenerativas y/o congénitas.

En virtud de ello, solicitó condenar a la entidad demandada a pagarle dicha prestación pensional a partir del

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 94344 «2» de febrero de 2015, fecha en que se emitió el dictamen de PCL superior al 50% y para la cual contaba con 68,86 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores. Igualmente reclama las mesadas adicionales, los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso. Para sustentar sus pretensiones afirmó que durante su vida laboral ha estado vinculado al sistema de seguridad social como afiliado a la EPS Sura y a la AFP Protección S.

A.; que padece una enfermedad renal terminal estadio 5 con hipertensión arterial que le ha generado dificultades en su vida cotidiana, de manera progresiva. Indicó que el 16 (ok) de febrero de 2015 fue emitido un dictamen de PCL del 65,55%, con fecha de estructuración 20 de mayo de 2014, de origen común. Agregó que, «a la fecha», continúa realizando actividades laborales en virtud de su capacidad de trabajo residual, aunque cada día su situación de salud empeora, razón por la cual, sigue afiliado al sistema de seguridad social en pensiones. Manifestó que la AFP accionada le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en que no acreditaba 50 semanas de aportes en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración; sin embargo, no tuvo en cuenta las cotizaciones sufragadas con posterioridad a esta data y que le permitieron acumular 68,86 semanas al momento en que se profirió el dictamen y que, «al día de hoy» superan considerablemente la densidad mínima exigida para acceder a la prestación reclamada. Refirió que la demandada no vio que su invalidez se

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 94344 originó en patologías de carácter degenerativo y crónico y, por tanto, no aplicó el precedente jurisprudencial para estos eventos, cuyas subreglas o parámetros se cumplen en este caso. Así, indicó que su enfermedad es degenerativa, que cuenta con un número importante de semanas cotizadas luego de la consolidación de su invalidez, y que estas fueron

realizadas en virtud de una efectiva y comprobada capacidad laboral residual, dado que presta sus servicios en la empresa Cootranal. Finalmente, informó que presentó una acción de tutela contra la demandada, que fue desestimada en primera y segunda instancia. Al dar respuesta a la demanda, la AFP Protección S. A. se opuso a lo pretendido. Frente a los hechos, admitió la afiliación del actor al sistema de seguridad social; las patologías que padece; las conclusiones del dictamen de PCL; que actualmente el demandante desempeña actividades laborales, aunque aclara que ello lo deriva de los aportes registrados en la historia laboral; la negativa de la administradora a reconocer el derecho pensional y la acción de tutela instaurada por aquel; de los demás indicó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa explicó que el afiliado no cuenta con la densidad mínima de cotizaciones exigida para causar el derecho pretendido, pues en los tres años anteriores a la estructuración de su invalidez solo reunió 9,91 semanas. Aclaró que, aunque los aportes posteriores a dicho momento podrían evidenciar la existencia de una capacidad laboral residual, esta no es real ni efectiva, puesto que el señor Ríos ha estado incapacitado un total de 541 días desde el 15 de

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 94344 mayo de 2014 hasta el 18 de febrero de 2020. Propuso las excepciones que denominó falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el 21 de octubre de 2021, resolvió: PRIMERO: Declarar que al señor ÁLVARO FERNEY RÍOS CASTRO, […] le asiste el derecho a obtener de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA en forma parcial la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN respecto de las mesadas de la pensión de invalidez, causadas con anterioridad al 22 de abril de 2018, conforme a lo indicado en la parte motiva de esa providencia.

TERCERO: Consecuente con lo anterior se CONDENA a PROTECCIÓN S.A a reconocer y a pagar al señor ÁLVARO

FERNEY RÍOS CASTRO, [...] la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($38.527.758), por concepto de retroactivo de la pensión de invalidez, causado durante el periodo comprendido entre el 22 de abril de 2018 y el 31 de octubre de 2021, autorizándose el descuento de los aportes a salud de dicho retroactivo y de las mesadas que se sigan causando.

CUARTO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A a reconocer y pagar al señor ALVARO FERNEY RÍOS CASTRO, a partir del 1º de noviembre de 2021 una mesada pensional en cuantía de $908.526, es decir equivalente al salario mínimo legal mensual,

la que se seguirá incrementando, con la mesada adicional de diciembre de cada año, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

QUINTO: CONDENAR a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A a pagarle al demandante la INDEXACION desde el momento del reconocimiento de las mesadas ordenadas hasta que se verifique su pago por parte del ente accionado, por lo tanto, será dicha entidad quien liquide la misma.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 94344

SEXTO: SE ABSUELVE a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A del reconocimiento y pago de los INTERESES MORATORIOS consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SÉPTIMO.COSTAS a cargo de la parte demandada, las que se tasarán oportunamente por la secretaría. Se fijan agencias en derecho en la suma de $3.634.104, y que correrá a cargo de la parte vencida en el presente proceso.

OCTAVO: De esta forma quedaron resueltas las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín conoció del recurso de apelación formulado por las partes, y mediante sentencia del 1 de marzo de 2022, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, absolvió a la demandada y condenó en costas al actor.

Precisó que en el proceso se había acreditado que: i) el

demandante nació el 17 de noviembre de 1987; ii) el 2 de diciembre de 2014 solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez; iii) el 16 de febrero de 2015 le fue calificada una PCL del 65,55%, estructurada el 20 de mayo de 2014, por diagnóstico de enfermedad renal terminal estadio 5 e hipertensión arterial; iv) el 27 de marzo de 2015, la demandada negó la pensión con fundamento en que no acreditó 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha de estructuración; v) que el actor labora en Cootranal desde el 4 de abril de 2016 y desempeña el cargo de conductor de microbús; vi) ha tenido incapacidades médicas entre el 20 de mayo de 2014 y el 15 de noviembre de 2015 y recibió los correspondientes auxilios económicos y vii) ha cotizado para pensión a través de la AFP Protección S.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 94344

A. desde octubre de 2007, con diferentes razones sociales,

así: Razón Social Desde Hasta Vinculamos SAS Octubre 2007 Abril 2008 Servicios y Firmas RYR SAS Marzo 2014 Junio 2015 Asesorías Integrales D&M Julio 2015 Marzo 2016 Cootranal Abril 2016 Vigente Como problema jurídico dijo que determinaría si el actor cumplía las exigencias previstas para el reconocimiento de la pensión de invalidez, en los casos en que esta se origina en enfermedades de tipo crónico, degenerativo o catastrófico. De

ser así, establecería la fecha de disfrute y si procedían los intereses de mora e indexación. Explicó que la norma que regula la prestación por invalidez es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, vigente para el momento de su estructuración, 20 de mayo de 2014, data que, en principio, es la que debe tenerse como referente para establecer el trienio en el que debe reunir al menos 50 semanas cotizadas para acceder a esta pensión. Sin embargo, cuando la invalidez se sustenta en patologías de tipo crónico, congénito o degenerativo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, han previsto otros hitos para determinar dicho lapso, diferentes a la fecha formal de consolidación de la invalidez. Así, se ha hecho referencia a la data de i) calificación de la invalidez; ii) solicitud del reconocimiento pensional o iii) la última cotización realizada. Adujo que según la jurisprudencia estas circunstancias permiten establecer que a pesar de la declaratoria formal de la PCL, el trabajador conservó una capacidad laboral

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 94344 residual. Además, recordó que la finalidad de la pensión de invalidez es garantizar a quien ve disminuida su facultad laboral, un ingreso que satisfaga sus necesidades básicas y las de su familia. Aclaró que según lo expuesto en sentencia CC SU5882016, las enfermedades crónicas, degenerativas y/o congénitas, son aquellas que debido a sus características se presentan desde el nacimiento o son de larga duración y

progresivas, y que tanto las AFP como los jueces deben constatar: i) que la invalidez se hubiese estructurado como consecuencia de este tipo de patologías; ii) que existen aportes del afiliado al sistema producto del ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual; iii) que se reúnan 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración, de la calificación de la invalidez o de la última cotización. Criterio acogido por la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia CSJ SL32752019. Mencionó que en cada caso debe verificarse que las cotizaciones realizadas después de la fecha de estructuración de la PCL, no se hubiesen sufragado con el ánimo de defraudar al sistema. Razón por la cual, deben ponderarse varios aspectos como el dictamen médico, las condiciones específicas del solicitante, la patología padecida, su historia laboral, entre otras. Haciéndose necesario constatar si los aportes obedecieron a una actividad laboral efectivamente ejercida. Aclaró que en sentencias CC T694-2017 y CC T0462019, se consideró que las cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha de consolidación de la invalidez y

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 94344 mientras se está en incapacidad, no defraudan el sistema y, por ende, deben contabilizarse. Adujo que la afección de salud que padece el actor, enfermedad renal terminal estadio 5, encaja en los presupuestos de la jurisprudencia antes referida, por cuanto ha sido catalogada como crónica, degenerativa y progresiva,

y así lo ha dicho expresamente la Corte Constitucional entre otras, en sentencia CC T086-2018. Luego de citar algunos apartes del dictamen de PCL, señaló que, en razón al tipo de enfermedad del demandante, era posible tener en cuenta, no solo la fecha formal de estructuración de invalidez, 20 de mayo de 2014, sino otros hitos como el momento en que fue calificado, esto es, 16 de febrero de 2015. Sin embargo, según las historias laborales aportadas, en los tres años anteriores a esta última fecha el actor tan solo reunió 47,85 semanas. Precisó que, de tener en cuenta la calenda en que se solicitó la pensión, 2 de diciembre de 2014, según el documento allegado por la demandada por requerimiento del Tribunal, tal solo demostraría 37,28 semanas cotizadas en los tres años anteriores. Además, aclaró que no era dable analizar otra fecha a fin de determinar si cumplía la densidad de semanas, como sería la data de la última cotización, toda vez que, según la certificación emitida por Cootranal, el testimonio de Rafael Eduardo Hincapié Jiménez y la historia laboral, el actor sigue laborando y cotizando. Tal hecho evidenciaría que la enfermedad que produjo la invalidez le ha permitido continuar valiéndose por sí mismo y ejerciendo una actividad

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 94344 productiva, esto es, mantiene una capacidad laboral residual que le permite seguir realizando aportes pensionales. Razón por la cual, concluyó que debía absolverse a la demandada de lo pretendido en la demanda inicial.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente persigue que esta corporación case la sentencia impugnada, y en sede de instancia: i) confirme los numerales primero, cuarto, quinto, séptimo y octavo de la parte resolutiva de la decisión de primer grado; ii) modifique los numerales segundo y tercero, en cuanto a la fecha a partir de la cual se reconoció el retroactivo pensional, toda vez que no se tuvo en cuenta la suspensión del término prescriptivo por efecto de la emergencia sanitaria Covid 19; y iii) revoque el numeral sexto y en su lugar, condene a la demandada al reconocimiento de intereses moratorios.

Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados y que se resolverán en ese orden.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de segunda instancia por ser violatoria de la ley sustancial, por la senda directa en la modalidad de infracción directa de los artículos 1, 2, 13, 47,

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 94344 48 y 54 de la Constitución Política, 1, 10, 13 literales a) y d), 15 numeral 1, 17, 22, 38, 39, 46, 47, 69, 80, 74, 108, 112 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones de las Leyes 797 de 2003 y 860 de 2003, artículos 6 del Decreto 1889 de 1994

compilado por el artículo 2.2.5.8.1 del Decreto 1833 de 2016, 26 de la Ley 361 de 1997, 12 numeral 1, 13 de la Ley 1618 de 2013, 27 numeral 1 ordinales e) y h), 28 numerales 1 y 2 literal e) de la Ley 1346 de 2009. Indica que, en razón a la senda de ataque elegida, no discute las conclusiones fácticas del Tribunal. Lo que controvierte es que en la sentencia impugnada se hubiese considerado que no era posible tener en cuenta como hito para contabilizar la densidad mínima de cotizaciones, la fecha de la última cotización por cuanto el accionante seguía laborando y cotizando, es decir, que conservaba su capacidad laboral residual. Considera que tal razonamiento transgrede los derechos fundamentales del demandante e infringe las normas denunciadas, al exigirle a un sujeto de especial protección constitucional, que deje de trabajar pese a la capacidad remanente que conserva y que le permite obtener su sustento mínimo vital y el de su familia, para que de este modo no siga cotizando al sistema pensional, y así se pueda fijar la data del último aporte pensional como hito para establecer las semanas requeridas para obtener la pensión de invalidez. Recuerda el contenido de las disposiciones legales y constitucionales denunciadas, relievando la protección especial a los trabajadores en situación de discapacidad y precisa que en sentencia CC T263-2009 se señaló que ellos

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 94344

tienen derecho a conservar el empleo; a no ser despedidos por su condición de vulnerabilidad; permanecer en el empleo hasta que se configure una causal objetiva que amerite su desvinculación, por ejemplo, el otorgamiento de la pensión de invalidez y que, el inspector del trabajo autorice su despido previa constatación de la causal invocada para ello. También resalta que según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación laboral es obligatorio efectuar cotizaciones al sistema, y que este deber solamente cesa al momento en que el afiliado reúne los requisitos para la pensión de vejez o cuando se pensione por invalidez. Indica que una de las contingencias que protege el sistema de seguridad social es la imposibilidad de seguir trabajando debido a la pérdida de capacidad laboral y, por ende, otorga la pensión de invalidez, cuya finalidad es garantizar un ingreso que permita asegurar las necesidades básicas de quienes han visto afectada su fuerza de trabajo. Expone que cuando la pérdida de la capacidad de trabajo se deriva de una enfermedad degenerativa, crónica o progresiva, la jurisprudencia ha establecido unas subreglas a fin de determinar el hito a partir del cual se pueden contar las semanas requeridas para la pensión de invalidez. Cita varios apartes de las decisiones CC SU588-2016, CSJ SL002-2002 y CSJ SL926-2022 que precisaron estos lineamientos, los cuales, dice, aplican a este caso. Estima que el Tribunal violó el marco jurídico constitucional y legal previsto en favor de las personas en condición de discapacidad, pues negó la pensión de invalidez

por el hecho de que el actor se encontraba laboralmente

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 94344 activo y cotizando al sistema general de pensiones, precisamente en virtud de su capacidad de trabajo residual. Encuentra que tal consideración desconoce que: i) se trata de un sujeto de especial protección constitucional, ii) su afiliación y cotización al sistema pensional es obligatoria por ser un trabajador dependiente; iii) el empleador no puede sustraerse de su deber de seguir cotizando para pensión; iv) goza de estabilidad laboral reforzada, razón por la cual, su empleador no puede dar por terminado su contrato de trabajo sin justa causa y previa autorización del Ministerio del Trabajo y; v) la obligación de cotizar al sistema solamente cesa al momento en que el afiliado se pensiona por invalidez o vejez. Asegura que el colegiado tampoco tuvo en cuenta que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe disposición alguna que impida trabajar a una persona en situación de discapacidad o que reciba una pensión de invalidez; por el contrario, existe un marco normativo de protección especial para estas personas, tendiente a garantizar el acceso al trabajo en condiciones dignas y justas, así como permanencia en el trabajo. Agrega que el juzgador no advirtió que los aportes realizados no lo fueron con el fin de defraudar al sistema, sino en virtud de su actividad laboral real y efectiva. Señala que el hecho de que su relación de trabajo se mantenga vigente, no implica la pérdida del derecho pensional y que, como el actor se encontraba afiliado y cotizando ante Protección S. A. desde antes de la

estructuración de su invalidez, no existe afectación a la sostenibilidad financiera del sistema ni de las fuentes de

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 94344 financiación de la prestación reclamada ya que la AFP accionada cuenta con la cobertura del seguro previsional en los términos del artículo 70 de la Ley 100 de 1993. Destaca que el reconocimiento de la pensión pretendida le permitiría garantizar un ingreso mínimo vital para su subsistencia y poder dedicarse a recibir su tratamiento en salud y el cuidado que ello implica, sin tener que continuar haciendo uso de su capacidad laboral residual. Refiere que incluso las semanas cotizadas durante los lapsos en que estuvo incapacitado deben contabilizarse, como lo ha precisado la jurisprudencia, y que exigirle a un afiliado que sufre una patología crónica y degenerativa, que deje de cotizar para que pueda efectuarse el cómputo de las semanas mínimas para obtener la pensión de invalidez, es poner en riesgo las prestaciones asistenciales y económicas que le brinda el sistema de salud, el tratamiento médico y las incapacidades temporales. Tal razonamiento enfrenta al trabajador a una elección compleja, continuar cotizando gracias a su capacidad laboral residual, para procurarse una calidad de vida digna, pese a las serias afectaciones de salud que padece, o dejar de trabajar y de cotizar, para discutir judicialmente el reconocimiento de la pensión de invalidez. En últimas, concluye que, para el Tribunal, la pensión de invalidez resulta incompatible con el salario devengado en virtud de la capacidad laboral residual, lo que transgrede el

marco normativo previsto a favor de las personas en situación de discapacidad. Además, dicha prestación económica no depende de si el afiliado está trabajando o no, sino de si cumple con los aportes legalmente exigidos.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 94344

VII. RÉPLICA La AFP accionada se opone al cargo. Asegura que el Tribunal no desconoció las subreglas que la jurisprudencia ha precisado en torno a los hitos a partir de los cuales es dable contabilizar la densidad de semanas requeridas para obtener la pensión de invalidez, cuando esta se genera por enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas. Cosa distinta es que, al aplicar los parámetros precisados tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia, hubiese encontrado que no se acreditaban los presupuestos fácticos para ello.

Aclara que, en cuanto a la posibilidad de acudir a la fecha de la última cotización como momento para la determinación de los aportes mínimos exigidos, el colegiado evidenció acertadamente que no era dable aplicarla, toda vez que no existía tal hito en razón a que el actor seguía laboralmente activo y, por ende, cotizando al sistema. Dice que este razonamiento se ajusta a los criterios jurisprudenciales invocados por el censor, pues el fundamento de la Corte para acudir a la data en que se deja de cotizar es precisamente que esta muestra el momento en que la enfermedad le impidió continuar trabajando.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal negó el reconocimiento de la pensión de

invalidez, por considerar que no estaba acreditada la densidad de semanas de cotización exigida legalmente. Explicó que en los eventos en que la invalidez surge a raíz de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, era posible tener en cuenta hitos diferentes a la fecha de

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 94344 estructuración, para efecto de contabilizar el número mínimo de aportes requerido, esto es, el momento en que se emite el dictamen de pérdida de capacidad laboral, se solicita el reconocimiento pensional o se realiza la última cotización al sistema pensional. Sin embargo, al hacer el conteo de semanas a partir de las dos primeras fechas encontró que no se reunían 50 semanas de aportes en los tres años inmediatamente anteriores, y precisó que no era dable analizar a partir de la última cotización, dado que el accionante seguía laborando y cotizando, de lo que se evidenciaba que mantenía su capacidad de trabajo residual. El recurrente asegura que este razonamiento desconoce que es un sujeto de especial protección, en virtud de su situación de discapacidad; por ende, negar la pensión de invalidez por no haber dejado de trabajar y de cotizar, transgrede el marco normativo denunciado que ampara el acceso y estabilidad en el empleo para garantizar su mínimo vital. Precisamente, manifiesta que su vinculación laboral hace obligatorio el pago de aportes al sistema y que este deber solo cesa cuando el afiliado se pensiona por invalidez, que es lo que pretende a través de este proceso. Señala que el planteamiento del colegiado pondría en

riesgo su mínimo vital y atención en salud, al tener que retirarse de su trabajo para discutir judicialmente el reconocimiento pensional. Además, para obtener la pensión de invalidez no se requiere dejar de trabajar, sino cumplir los requisitos legalmente previstos.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 94344 En esa medida, a la Sala le corresponde establecer si el juez de la alzada incurrió en error al concluir que no le era posible tener en cuenta una fecha distinta a la de la emisión del dictamen de PCL o de reclamación pensional para la contabilización de las semanas requeridas para obtener la pensión de invalidez, por cuanto el accionante mantenía su capacidad laboral residual, ya que continuaba trabajando y cotizando al sistema pensional. Dada la senda de ataque elegida, la Corte advierte que no son objeto de debate los siguientes supuestos: i) el 16 de febrero de 2015 el actor fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 65,55% con fecha de estructuración 20 de mayo de 2014, por diagnóstico de enfermedad renal terminal etapa 5 e hipertensión arterial; ii) el demandante cotizó 9,91 semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de su invalidez y; iii) labora al servicio de Cootranal desde el 4 de abril de 2016, en el cargo de conductor, y en virtud de ello, realiza aportes al sistema pensional. Precisado lo anterior, se recuerda que la pensión de invalidez es una manifestación del derecho a la seguridad social y está destinada a cubrir las contingencias generadas

por la enfermedad o el accidente que inhabilitan al afiliado para el ejercicio de la actividad laboral. En ese sentido, su fin es garantizar a la persona que ve disminuida su capacidad para trabajar, un ingreso que le permita asegurar todas sus necesidades básicas, así como el de las personas que se encuentran a su cargo (CSJ SL3275 -2019). En relación con esta prestación, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, por regla general, la norma que

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 94344 la regula es la que se encuentra vigente al momento de estructuración de dicho estado, por tanto, los periodos de cotización válidos para causar el derecho, en principio, son aquellos pagados con antelación a la estructuración del riesgo amparado, lo que impide admitir los sufragados con posterioridad, tal como se indicó en CSJ SL 28 ag. 2012, rad. 41822. No obstante, esta Sala ha explicado que, en el caso de enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, no siempre se presenta una coincidencia entre la fecha en que se entiende estructurada la invalidez de una persona con el momento en que esta pierde definitivamente su capacidad laboral, dado el carácter especial y progresivo que caracteriza a este tipo de patologías, las cuales tienen unas «estructuras causales complejas mediadas por múltiples condiciones de exposición, periodos de latencia largos, evolución prolongada, relativa incurabilidad, y carácter degenerativo» que, sin manejo adecuado, generan discapacidad o alteración funcional, con la consecuente pérdida de autonomía del

sujeto afectado. Es por ese motivo que la Corte Constitucional ha entendido que, aunque la discapacidad en estas enfermedades se puede estructurar en una fecha concreta, es posible que la persona mantenga una capacidad residual de trabajo que le permite continuar activa laboralmente, con la respectiva obligación de realizar los aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte que ofrece el sistema, los que resultan plenamente válidos y con los que puede alcanzar el reconocimiento de una pensión. Lo contrario, desconocería los aportes realizados «en ejercicio de una

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 94344 efectiva y probada, explotación de una capacidad laboral residual» Así se concluyó en CC SU588-2016, al precisar: La Corte ha considerado que no es racional ni razonable [63] que la Administradora de Fondos de Pensiones niegue el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez a una persona que sufre una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, tomando como fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral el día del nacimiento, uno cercano a este, el momento en el que se presentó el primer síntoma o la fecha del diagnóstico, desconociendo, en el primer caso, que para esa persona era imposible cotizar con anterioridad a su nacimiento y, en el segundo y tercero que, pese a las condiciones de la enfermedad, la persona pudo desempeñar una labor y, en esa medida, desechando las semanas aportadas con posterioridad al momento asignado en la calificación. Además, negar el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez, con fundamento en lo anterior, implicaría asumir que las

personas en situación de discapacidad, en razón de su estado de salud, no pueden ejercer una profesión u oficio que les permita garantizarse una vida en condiciones de dignidad y que, en esa medida, nunca podrán aspirar a un derecho pensional, postulado que a todas luces es violatorio de tratados internacionales, inconstitucional y discriminatorio. A partir de la decisión CSJ SL3275-2019, reiterada entre otras en CSJ SL4567-2019, CSJ SL4178-2020, CSJ SL4346-2020, CSJ SL1002-2020, CSJ SL770-2020, CSJ SL198-2021, la Sala de Casación Laboral también ha admitido que en los casos en los que una persona padece una enfermedad degenerativa, crónica o congénita, resulta desproporcionado no contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la estructuración del estado de invalidez pues, dadas las particularidades que se presentan en este tipo de patologías, una regla como la mencionada no permitiría que el afiliado se procure una calidad de vida óptima con sus propios medios y desconocería que, la finalidad del sistema de seguridad social y de la prestación por invalidez es cubrir la contingencia una vez el estado de salud del asegurado le impida seguir laborando.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 94344 Así las cosas, el ordenamiento no solo autoriza sino que exige un tratamiento especial y la adopción de acciones afirmativas en favor de los trabajadores en situación de discapacidad; en este caso, con el objeto de cubrir la contingencia de invalidez ante la evidencia de que, pese a su

situación de disca