CSJ - SL1027-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL1027-2023 Radicación n.° 90619 Acta 15 Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por SISLEY DAYANA RUDAS ZAMORA, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos KAROLAY MICHEL HERNÁNDEZ RUDAS y DEHR, contra la sentencia proferida el 29 de enero de 2020 por la Sala de Decisión Laboral de Oralidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que le siguen a PETROLEUM EXPLORATION INTERNACIONAL S.A. (PEI COLOMBIA S.A.), SOUTHEAS INVESTMENT CORPORATION, y VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S., al que se llamó en garantía a LA PREVISORA SEGUROS S.A.

I. ANTECEDENTES Accionaron los demandantes contra las sociedades demandadas, para que se declarara que entre Arturo Antonio Hernández Peña y PEI Colombia S.A., existió un vínculo

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Radicación n.° 90619 laboral a término indefinido, y que todas las enjuiciadas son solidariamente responsables de las condenas que se produzcan en el presente caso. En consecuencia, pidieron que les pagaren la indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, lucro cesante consolidado y futuro, daños morales e indexación. Subsidiariamente, reclamaron la reliquidación de los

salarios devengados desde el año 2010, las prestaciones sociales, los aportes a pensiones y cesantías, y la pensión de sobrevivientes, por no incrementarse con el IPC, más los intereses moratorios sobre las sumas que llegaren a resultar. Fundamentaron sus pretensiones en que el 22 de septiembre de 2012 falleció el señor Arturo Hernández, estando al servicio de sociedad PEI Colombia S.A., hecho establecido por la ARL Colmena, de origen profesional, por lo que les otorgaron, la pensión de sobrevivientes; que el siniestro ocurrió cuando el causante hacía mantenimiento al Top Drive, y fue aprisionado por el equipo, ocasionándole politraumatismo en tórax y abdomen; que debido a la falta de apoyo aéreo para el traslado al hospital, la movilización se hizo por tierra, transcurriendo aproximadamente una hora y veinte minutos desde el momento del infortunio hasta llegar al lugar de atención. Narró, que la empresa no contaba con equipos de reanimación ni medicamentos para asistencia de este tipo de hechos, por lo que los primeros auxilios prestados fueron precarios; que el 18 de septiembre de 2013, la empleadora envió a uno de sus funcionarios a entregar dos cheques, uno

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Radicación n.° 90619 correspondiente a los saldos de cotizaciones al fondo de pensiones, y otro por valor de $25.000.000, denominado bono por auxilio, el cual sería entregado con la condición de firmar un contrato de transacción, a lo que no accedieron. Adujeron que el accidente ocurrió por negligencia de la

empresa, pues el top drive venía presentando fallas constantes, de las cuales tenía conocimiento la compañía y no cambió el equipo y; que con el fallecimiento del trabajador, la familia ha sufrido fuertes depresiones. Señalaron que la empresa PEI Colombia S.A., tiene como actividad principal la perforación de pozos petroleros y la explotación de campos de producción propios y de terceros; que dicha compañía tenía contratos con el consorcio Colombia Energy, conformado por Southeas Investment Corporation, y Vetra Exploración y Producción Colombia SAS. Notificadas las demandadas, al responder el libelo introductorio, se opusieron a las pretensiones. En cuanto a los hechos, PEI Colombia sostuvo que aceptó que el causante sufrió el accidente de trabajo, pero aclaró que sus funciones eran las de revisar el top drive, que no, de mantenimiento. Resaltó que al momento de los hechos el equipo estaba apagado, por lo que no pudo ocurrir una falla eléctrica. Destacó que el accidente sucedió por «acciones aceleradas del mecánico de turno que no cumplió con los protocolos de seguridad». Explicó que al ocurrir el hecho fatal, el trabajador tuvo atención médica de inmediato, y que la empresa sí contaba con MEDEVAC y procedimientos para

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Radicación n.° 90619 evacuación aérea, pero, por desarrollar sus funciones en la selva del Putumayo, ese tipo de evacuaciones debe contar con la autorización de la aeronáutica civil de Puerto Asís, y al no recibir respuesta a tiempo, fue que decidió hacer la movilización por tierra. Sobre el bono de auxilio señaló que

era de mera liberalidad, por lo que no era forzosa su entrega. Propuso las excepciones de falta de identidad del contrato laboral; efectiva respuesta frente al accidente de trabajo; ausencia del hecho generador – culpa exclusiva de la víctima; inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido. Llamó en garantía a La Previsora Seguros S.A., quien sostuvo que su eventual responsabilidad era puramente contractual y, propuso las excepciones de prescripción; falta de legitimidad en la causa por activa y pasiva; y compromiso o cláusula compromisoria. Southeas Investment Corporation, y Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S., respecto de los hechos, expusieron que no les constaban. Propusieron las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; ausencia total de culpa de la empresa demandada – nexo causal, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo pronunciado el 23 de agosto de 2019, absolvió a las demandadas de todas las pretensiones.

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Radicación n.° 90619

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las demandantes, la Sala de Decisión Laboral de Oralidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 29 de enero de 2020, confirmó la del a quo.

Explicó que la viabilidad de la indemnización plena de perjuicios consagrada en el artículo 216 del CST depende de «la demostración de esa responsabilidad subjetiva del

empleador en la ocurrencia del insuceso, carga probatoria de paso que le corresponde asumir al trabajador o a sus causahabientes». Recordó que esta Corte tiene adoctrinado que el empleador debe poner a disposición de los trabajadores, la totalidad de los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores, y procurarle locales apropiados y elementos de protección, con el fin de garantizar razonablemente la seguridad y salud a quien les está prestando un servicio, para lo cual debe adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Seguidamente razonó: Sin embargo, es menester recalcar que cuando se imputa al empleador una actitud omisiva como causante del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, si bien le corresponde al empleador demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga mediante el aporte de pruebas que acrediten que sí adoptó aquellas medidas pertinentes dirigidas a proteger la tan pluricitada salud e integridad física de sus trabajadores, también lo es que dicha carga probatoria o regla probatoria no se extiende a los demás elementos configurativos de la culpa, esto es, la ocurrencia del insuceso, y el nexo de causalidad, ya que, con relación a ellos, se mantiene la carga probatoria de la actora, a la cual el inicio de esta audiencia hacemos referencia, y enmarcamos en estos términos, por demás, así ha sido aceptado

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Radicación n.° 90619 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencias recientes 17026 del 2016, 7181 del 2015.

En razón de lo anterior, concluyó que para que opere la inversión de la carga de la prueba deben estar demostradas las circunstancias concretas en las que ocurrió el accidente, y que la causa eficiente del infortunio fue la falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenirlo, para lo cual invocó la sentencia de esta Corporación que identificó con el radicado n.° 23656. Subrayó que no había duda del acontecer de aquel, por lo que la parte actora tenía la carga de acreditar tres aspectos: (i) que sobrevino por causa o con ocasión del trabajo; (ii) que la causa del daño fue determinante, es decir, que sin la acción u omisión culposa del empleador, el accidente o la enfermedad no se hubiera presentado; y (iii) que la causa debe ser apta e idónea, esto es, que puede preverse un resultado proporcional como lo sería en el caso que el accidente es consecuencia obligada de la clase de trabajo desempeñado o el medio en que se vio el trabajador obligado a realizarlo. Respecto al primer aspecto, indicó que ya estaba acreditado y no existía duda sobre ello. Para el estudio del segundo, advirtió que al proceso se aportó la atención de urgencias, y lo siguientes informes: (i) el de atención y consulta médica en campo, en el que observó que el causante presentaba un trauma comprensivo torácico abdominal, en razón del accidente en una torre de perforación de aproximadamente 30 metros de altura, que le generó un paro cardiaco, y a la postre, su muerte; (ii) el del accidente de

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Radicación n.° 90619 trabajo –el cual transcribió en su totalidad-; y (iii) el de investigación de accidente o incidente, donde se registraron dos entrevistas dadas por Óscar Pertuz, de cargo encuellador, y Luis Alejandro Corredor, supervisor de perforación. Señaló que en el último de dichos informes, el primero de los entrevistados dio cuenta del contexto del accidente, en las mismas condiciones narradas con anterioridad, mientras que el segundo informó que «el causante no tenía el consentimiento del supervisor de turno para solucionar el problema, no tuvo en cuenta el peligro, y se le dio la orden que se bajara a viva voz». Y concluyó: En semejante tenor, se determinó en el análisis de las causas, que el trabajador no dedicó tiempo para comunicarse con el jefe de su equipo, el supervisor de operaciones electricista, y el supervisor del HSEQ, subiendo el finado sin autorización y sin el cumplimiento cabal de los requisitos para ello, a pesar de conocer de manera clara los riesgos a que estaba expuesto, además que el trabajador no realizó adecuadamente la condición o no analizó, es lo correcto indicar, adecuadamente la condición inusual en la que se encontraba el top drive bajo las circunstancias presentadas, que realmente en el examen se da cuenta de que ese apeló y son los términos a su excesiva confianza, que no existió el cumplimiento de procedimientos conforme a las labores de altura, y el análisis del puesto de trabajo seguro ATS. De igual forma que no es procedente que el mecánico haga labores de altura, lo que era conocido por el trabajador accidentado, que hubo una posición inadecuada al momento de

ejercer la labor, ya que se ubicó en la línea de fuego, concluyéndose que, “el factor determinante en la ocurrencia del accidente, se asocia con la conducta del trabajador en relación al cumplimiento de procedimientos estándares y especialmente la omisión de canales de comunicación y hecho de pasar por alto la autoridad del área”. De esta manera es claro que no se puede establecer de dicha investigación de manera certera la responsabilidad única del empleador, y el nexo de causalidad, por demás que le imputan el siniestro en mayor grado al mismo trabajador.

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Radicación n.° 90619 Revisó el correo electrónico y las órdenes de trabajo «donde se pone de presente por parte del causante, reparaciones y adecuaciones que se debían realizar en los top drive», sin embargo, explicó que los mensajes de datos no cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 274 (sic) del CGP, que establece que ellos pueden ser valorados «cuando han sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos, o en alguno que lo reproduzca con exactitud, y que la simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos». A partir de lo expuesto, consideró que los correos electrónicos no eran pruebas idóneas, por desconocerse el formato de su generación, además, que en las mencionadas órdenes de trabajo se establecieron tres marcas y seriales distintas, «ya que se identifica como caterpilar, tesco, y continental, con seriales 385899001, el segundo número 500, y el tercero sin número, lo que no permite inferir con certeza

que estábamos frente a un solo top drive, en adición a que se desconoce en cuál de ellos fue el que aconteció el siniestro». Precisó que, en todo caso, cumplir las órdenes de trabajo en las que se describen mantenimientos de los equipos era algo propio de sus funciones como mecánico, lo que no implicaba, per se, que aquellos estuvieran deficientes, por lo que tampoco eran determinantes para establecer el nexo de causalidad.

Más adelante afirmó: Si bien es cierto el momento de existir una concurrencia de

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Radicación n.° 90619 culpas, eso, per se, no exime al empleador de rehacer algún tipo de reconocimiento cuando existe cierta proporción en la culpa del accidente, pues que avizoramos: en evaluaciones relacionadas con los programas de salud y seguridad, medio ambiente y calidad, con sus correspondientes divulgaciones a través de capacitaciones (folios 307 a 319), donde se vio además las medidas que adoptaba el empleador para proteger a sus trabajadores. Aunado a ello, encontramos el manual de trabajo en alturas, evaluaciones de planes de emergencia con sus inducciones (folios 317 a 326, 328 a 332), que permiten deducir pues realmente un actuar no negligente del empleador. A la par, por demás, obran recomendaciones de la administradora riesgos laborales Colmena, donde se pone de presente que la empresa cuenta con un procedimiento general de mantenimiento, el área de trabajo cumplía con las condiciones requeridas para el trabajo, el trabajador, que en paz descanse, cumplía con el perfil para el cargo, los elementos de protección eran adecuados, y se enfoca

el problema del siniestro en la falta de comunicación y la falta de planeación del trabajador, estableciéndose medidas de prevención más encaminadas a fortalecer las existentes, tales como realizar capacitación de liderazgo, reforzar capacitaciones, y realizar certificación de trabajo de alturas (folios 528 a 536). Concluyó entonces que no desconocía que ese tipo de eventos pueden presentarse en el desarrollo del trabajo, sin embargo, para efectos de que fuera declarada la culpa patronal, debe estar plenamente demostrada, y como eso no ocurrió, se debía confirmar la sentencia de primer grado. Por último, aclaró que, al no referirse el recurso de apelación acerca de las pretensiones subsidiarias, no se podía hacer ningún pronunciamiento sobre ese particular.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, y en su

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Radicación n.° 90619 lugar condene a las demandadas y a la llamada en garantía «al reconocimiento y pago de la indemnización total y ordinaria por perjuicios (Patrimoniales y Extra Patrimoniales) (Art. 216 CST) y a las pretensiones de la demanda, proveyendo en costas a favor de la parte Demandante en esta Instancia». Con tal propósito, formulan tres cargos, por la causal primera de casación, replicados por Southeas Investment Corporation, y Vetra Exploración y Producción Colombia

SAS. Se resuelven conjuntamente, dado que persiguen el mismo propósito, contienen argumentos que se complementan, y merecen idéntica resolución.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia del Tribunal por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 216 del CST, en relación con los preceptos: 26 del Decreto 2127 de 1945; 84 y 112 de la Ley 9 de 1979; 21 del Decreto 1295 de 1994; y 348 del CST.

Le enrostra los siguientes errores de hecho: - No Dar por demostrado estándolo, la culpa del Empleador, en el accidente Laboral donde falleció el finado ARTURO ANTONIO HERNANDEZ (sic) PEÑA. - Dar por demostrado sin estarlo que las capacitaciones o divulgaciones son el Programa de Salud Medio Ambiente y Calidad. - Dar por demostrado sin estarlo que las recomendaciones de la Administradora de Riesgo Laboral Colmena, indicaron que hubo falta de comunicación y falta de planeación del trabajador. - Dar por demostrado no estándolo que las recomendaciones que Realizo (sic) la Administradora de Riesgos Laborales con relación al siniestro donde perdió la vida el causante estaban encaminadas a fortalecer los medios de prevención existentes.

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Radicación n.° 90619 - No dar por demostrado estándolo plenamente, que existió nexo causal entre las omisiones en que incurrió la sociedad demandada en la Implementación y desarrollo de Su programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Argumentan que esas equivocaciones se dieron porque el juez plural no apreció en debida forma los siguientes medios de prueba: a) Informe de accidente de trabajo realizado por la Administradora de Riesgo Laboral - Colmena. (Folios 35 – 40 de la Contestación de la Demanda). b) Informe de atención y Consulta médica en Campo (Folios 2122 de la contestación de la Demanda. c) Reporte de Investigación de Accidente e Incidente realizado por la Entidad Demandada PEI – COLOMBIA. (folios 28 -34 de la contestación de la demanda). d) Ordenes de trabajo, mediante las cuales el Finado ARTURO ANTONIO HERNANDEZ PEÑA, realizaba las reparaciones y adecuaciones, haciendo una descripción del trabajo a realizar, los procedimientos, las observaciones y trabajos que quedaban pendientes. E Informaba del estado en que se encontraban los Equipos del Top Drive. (Folios 62,64,65,68,71,72,73,78,79 a 81, del Libelo Demandatorio). e) Correos Electrónicos que pasaba el finado Sr. ARTURO HERNANDEZ PEÑA, a sus Jefes Inmediatos y a su Compañero de Labores, (mecánico Carlos Patiño). Para demostrar el cargo, manifiestan que de las recomendaciones realizadas por la ARL Colmena se deduce que la demandada presentaba fallas administrativas en su programa de seguridad y salud en el trabajo, y fue en razón a ello que se presentó el siniestro, lo que evidencia la culpa del empleador. Acotan que el informe de atención y consulta médica en campo también denota falencias, ya que el galeno contratado

por PEI Colombia no contaba con el perfil para laborar en una actividad de alto riesgo, como lo es la explotación de petróleo, pues es un médico general sin especialidad en

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Radicación n.° 90619 traumatología o en salud ocupacional, al punto que en su informe describió que el causante no respondió al RCP, procedimiento contraindicado cuando se presenta un trauma compresivo torácico y de abdomen. Esgrimen que la empresa no contaba con equipos de reanimación ni medicamentos para un accidente de esta magnitud. Aducen que el reporte emitido por el empleador no fue revisado en debida forma, comoquiera que, del relato realizado por Luis Corredor, solo se apreció la culpa del mecánico, mas no la del empleador, de acuerdo con las falencias presentadas en su programa de seguridad y salud en el trabajo. Resaltan que las órdenes de trabajo establecen de forma clara que el equipo al que le hacía mantenimiento el operario era al top drive, y agrega: Continental es un Cargador para mover los Equipos que comprenden, todo el equipo de perforación, esta apreciación errada del Ad quem se presenta al no apreciar en todo su contenido las órdenes de trabajo, desestimar los correos electrónicos las Fotos, La descripción del Sistema de Perforación, aportados como prueba (Aportados a folios 180-181-182 y 183 del Libelo demandatorio) no le permitió tener una Ilustración clara de lo que es un TOP DRIVE, le hubiesen dado una conclusión certera que la Encartada solamente trabajaba con un

Solo TOP DRIVE.

Esgrimen que los correos electrónicos que se cruzaba el

finado con sus jefes inmediatos, dejados de valorar por el colegiado, establecen de manera irrefutable que el top drive venía presentando fallas continuas de pérdida de aceite, y

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Radicación n.° 90619 que el mecánico le realizaba mantenimientos correctivos, tal como se puede ver en las órdenes de trabajo.

VII. CARGO SEGUNDO Por la senda directa, denuncian la aplicación indebida del mismo elenco normativo que el cargo anterior, más los artículos 56 y 57 del CST; 63 y 1604 del CC; y 1° de la Ley 1262 de 2012.

Expresan que el mandato normativo del artículo 216 del CST no exige que la culpa del empleador sea certera, sino que sea suficientemente comprobada, ya que la jurisprudencia de esta Corte ha contemplado que «la culpa del empleador, no solo puede coincidir con la del trabajador, por el contrario, cuando acontece dicha ocurrencia, no desaparece la culpa del empleador». Dicen que al establecer el Tribunal que el finado incumplió los procedimientos, y que pasó por alto la autoridad, rompió el nexo de causalidad entre el hecho imputable, el daño y la culpa del empleador. Arguyen que, conforme a los artículos 63 y 1604 del CC, al darse un accidente de trabajo, el empleador responde hasta por la culpa leve, al no actuar con la diligencia o cuidado que le incumbía ordinariamente en sus propios negocios. Por último, señalan que la culpa está suficientemente comprobada con las conclusiones y compromisos adoptados

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Radicación n.° 90619 en el informe de investigación de accidente realizado por la ARL Colmena.

VIII. CARGO TERCERO Acusan la sentencia del Tribunal por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 243 a 247 del CGP.

Argumentan que, al desestimarse los corres electrónicos, el ad quem le dio una mala interpretación al artículo 247 del CGP, pues dicha norma no se refiere a que «pueden ser valorados», sino a que «serán valorados». Transcriben los artículos 243, 244, y 245 del CGP, y concluye: La desestimación errada que realizó el Ad quem de los Correos electrónicos, aportados como prueba, los cuales demostraban de manera categórica, las fallas que venía presentando el TOP DRIVE. Contribuyen al nexo de Causalidad que genera la Culpa del Empleador al no realizar los mantenimientos Correctivos y Predictivos que requería el equipo de Perforación TOP DIRVE, junto con sus demás equipos auxiliares.

IX. RÉPLICA Southeas Investment Corporation, y Vetra Exploración y Producción Colombia SAS esgrimen que la forma como fue planteado el alcance de la impugnación viola el principio de consonancia, ya que la recurrente pide que se concedan todas las pretensiones de la demanda, pero en el recurso de apelación solo atacó lo correspondiente a las pretensiones principales; es más, con los cargos presentados en casación nada se dice respecto a ese tópico.

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Arguyen que el primer cargo omite explicar en qué consiste la presunta violación de las normas jurídicas, y aunque se nombran varias, en la demostración solo se hace referencia al artículo 216 del CST, además de que no se puede predicar la aplicación indebida de preceptos que no fueron tocados por el Tribunal. Aducen que el juez de alzada soportó su decisión no solo en las pruebas singularizadas, sino en otras como el testimonio de Óscar Pertuz, sobre el cual no versó ninguno de los ataques, por lo que el proveído impugnado debe permanecer inmodificable. Precisan que el cargo se fundamenta en simples conjeturas de la parte actora, quien no hace razonamientos conducentes para controvertir la valoración probatoria hecha por el colegiado. Acotan que, con los documentos referidos en los embates lo que se demuestra es la diligencia de PEI Colombia respecto a la protección de sus trabajadores, por lo que no se pudo hacer una valoración errada de los mismos. Sobre el segundo cargo, realizan similares reproches técnicos, agregando que fue enderezado por la senda directa, pero alude a presuntas falencias de orden fáctico, que hacen inviable su estudio de fondo. Aseveran que el ad quem en ningún momento conceptuó que en caso de concurrencia de culpas en un accidente de trabajo quedaría eximido el empleador, por lo que es falso ese planteamiento. Lo que hizo el juzgador de la

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Radicación n.° 90619 apelación -continúanfue verificar si quedó probada la culpa patronal, pero no la halló configurada.

Manifiestan que la transgresión de normas procesales solo puede ser denunciada en casación de forma excepcional, en los casos en que, mediante el quebranto de una de esa categoría, el juez vulnera una sustancial, pero ello no fue descrito por la censura. Además, el ataque debió ser dirigido como violación medio. Por último, explican que de haberse valorado los correos electrónicos en los que se habla de fallas de los equipos, de igual forma no podría deducirse automáticamente la responsabilidad del empleador en el accidente, pues lo que arrojó el estudio de las pruebas fue que no hubo un nexo causal.

X. CONSIDERACIONES No hay que hacer mayor esfuerzo para comprender que a lo que aspira la recurrente es a que, una vez sea casada la providencia de segundo nivel, en instancia se revoque la del a quo, para, en su lugar, condenar a la pasiva a la indemnización total y ordinaria de perjuicios. Es obvio que el alcance de la impugnación no comprende lo relativo a las pretensiones subsidiarias, pues no hay nada en la demanda de casación que así lo sugiera, más allá de una impropia solicitud de que se acceda a todas las pretensiones del libelo inicial.

Asimismo, a pesar de que el segundo de los ataques, enderezado por la senda directa, inadmisiblemente contiene

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Radicación n.° 90619 aspectos fácticos en su argumentación, ello también es superable al realizar su estudio de forma agrupada con el primero. Similar circunstancia sucede con el último embate, pues a pesar de que la recurrente no involucró en la

proposición jurídica ninguna norma de carácter sustancial, lo cierto es que, al ser decidido este ataque en conjunto con los anteriores, resulta fácil colegir que la transgresión normativa denunciada se refiere al artículo 216 del CST. Superado lo anterior, le corresponde a la Corte determinar si el Tribunal se equivocó al concluir que no hubo culpa del empleador en el accidente que sufrió el trabajador. El artículo 216 del CST reza: Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo. Tiene adoctrinado la Corte que la culpa del empleador se determina por el análisis del incumplimiento de los deberes de prevención que le atañen, y que se constituye en la causa adecuada de la ocurrencia del infortunio laboral, ya sea que se derive de una acción, de un control ejecutado de manera incorrecta, o de una conducta omisiva a cargo de aquel (CSJ SL2206-2019). En torno a la carga de la prueba, esta Corporación ha sostenido en estos eventos que, por regla general, la misma debe ser asumida por el trabajador demandante o sus

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Radicación n.° 90619 beneficiarios. En ese sentido, la jurisprudencia ha precisado que, por excepción, en aquellos casos en los que se le endilgue culpa al empleador por un comportamiento omisivo de su parte, a los accionantes les basta enunciar dichas

omisiones, para que la carga de la prueba se traslade a quien ha debido obrar con diligencia y cuidado, en los términos del artículo 1604 del Código Civil. En tal caso, el empleador debe demostrar que cumplió sus deberes de prevención, cuidado y diligencia, con el fin de resguardar la seguridad e integridad de sus trabajadores (CSJ SL13653-2015, SL7181-2015,

SL7056-2016, SL12707-2017, SL2206-2019 y SL21682019).

Esta postura no significa que se invierta definitivamente la carga de la prueba, ya que el artículo 167 del CGP contiene una regla de juicio que le impone a las partes qué deben acreditar; así mismo, sirve al juzgador para determinar quién corre con las consecuencias de la falta de demostración de un supuesto de la norma jurídica que una de las partes invoque en su favor. Entonces, si bien es cierto que el trabajador debe demostrar suficientemente la culpa del empleador, no lo es menos que cuando se le imputa a este una actitud omisiva como causante del accidente o de la enfermedad laboral, es al imputado a quien le corresponde demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, mediante el aporte de pruebas que acrediten que sí adoptó las medidas pertinentes y oportunas en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores (CSJ SL7181-2015).

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Radicación n.° 90619 Ahora bien, esta regla no es absoluta, comoquiera que cuando lo que se endilga es un comportamiento omisivo por

parte del empleador -como en el presente caso-, no basta con la afirmación genérica del incumplimiento del deber de protección, sino que se debe delimitar en qué consistió dicha omisión, con el fin de establecer el nexo causal entre la culpa y el hecho dañino, obligación probatoria que le corresponde acreditar al trabajador o a sus causahabientes. Así se explicó en sentencia CSJ SL1897-2021: 1.2. En cuanto al nexo causal que debe existir entre la culpa del empleador y el daño causado, la jurisprudencia de esta Sala también tiene enseñado que, en la culpa basada en un comportamiento omisivo, no basta la sola afirmación genérica del incumplimiento del deber de protección o de las obligaciones de prevención en la demanda, sino que es menester delimitar, allí mismo, en qué consistió la omisión que llevó al incumplimiento del empleador de las respectivas obligaciones derivadas del propio contrato de trabajo y de la labor prestada por el trabajador y la conexidad que tuvo con el siniestro, para efectos de establecer la