CSJ - SL103-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL103-2023 Radicación n.° 93184 Acta 01 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que ALIRIO JIMÉNEZ RÍOS le inició a la recurrente, a ASESORES EN DERECHO SAS, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.¸ como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota y a la NACIÓN - MINISTERIO

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 93184 Alirio Jiménez Ríos llamó a juicio a la Federación Nacional de Cafeteros, a Asesores en Derecho SAS, a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, a la Fiduciaria la Previsora S. A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota y a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que se declarara que fue trabajador de la Flota Mercante Grancolombiana. También, intentó su acción contra la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Como consecuencia de lo anterior, solicitó condenar a

Asesores en Derecho S.A.S., a expedir la resolución del cálculo actuarial y a la Fiduciaria a pagar dicho título. Pretendió, igualmente, que Colpensiones tomara ese tiempo, para el cálculo de la pensión de vejez o la indemnización sustitutiva y también reclamó el pago de perjuicios morales y materiales, con los intereses de mora. En subsidió requirió, que la Federación Nacional de Cafeteros o la cartera ministerial, respondieran subsidiariamente (f.° 2 a 14 del cuaderno 1). Luego la subsanó y excluyó, de la parte pasiva, a la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado (f.° 640 del cuaderno 2). Fundamentó sus peticiones, básicamente en que la Flota Mercante, tenía la obligación de efectuar los aprovisionamientos para realizar los aportes al sistema de

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Radicación n.° 93184 seguridad social (artículo 13 de la Ley 171 de 1961); que esa entidad, era una afiliada de la Federación llamada a juicio, porque ésta obró como administradora del Fondo Nacional del Café; que tenía 63 años; que prestó sus servicios a la Flota, desde el 18 de diciembre de 1981 hasta el 9 de junio de 1990 y que estaba afiliado a Colpensiones. La cartera ministerial convocada se opuso a las pretensiones e indicó que no le constaban los supuestos de hecho. En su defensa propuso las excepciones de mérito de indebida vinculación, inexistencia de obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción (f.° 666 a

677 del cuaderno 2). La Fiduprevisora S. A., se resistió únicamente a que se le ordenara el pago del título pensional, porque frente al patrimonio autónomo cumplía una función instrumental. Sostuvo que nada sabía sobre el sustento fáctico presentado por el actor. Presentó las excepciones de fondo de abrogación indebida de potestad legal, indebida pericia sobre perjuicios, inexistencia de relación jurídica, inexigibilidad de la prestación, autonomía de las estipulaciones en el contrato de fiducia mercantil, falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad legal y contractual de realizar pagos distintos a los establecidos en el contrato de fiducia mercantil, inexistencia de la obligación, inexistencia y falta

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Radicación n.° 93184 de pruebas de los perjuicios morales y materiales y prescripción (f.° 684 a 694 ib.). Colpensiones, suplicó negar que tenía la obligación de reconocer prestaciones e informó que no conocía las situaciones fácticas alegadas por el convocante. Para defender su causa, hizo suyas las excepciones perentorias de prescripción, inexistencia del derecho reclamado, buena fe y cobro de lo no debido (f.° 716 a 722 ibidem). Asesores en Derecho SAS sostuvo que actuaba como mandataria en representación de Panflota y por tal razón, en su contra, no era viable ninguna orden. Realizó, frente a los hechos, la misma manifestación señalada por Colpensiones. Formuló los medios exceptivos de mérito de inexistencia de la obligación, imposibilidad jurídica y legal para reconocer

el cálculo actuarial y/o bono pensional del demandante, ausencia del supuesto fáctico para la procedencia del cálculo actuarial, prescripción y buena fe; oposición a la condena de costas y los presuntos perjuicios irrogados al demandante (f.° 751 a 767 ejusdem). La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, alegó que las aspiraciones del demandante no estaban llamadas a prosperar porque no podía declarársele responsable subsidiaria, ya que, la suerte de la Flota Mercante no obedeció a las decisiones de la matriz o controlante.

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Radicación n.° 93184 De fondo, exteriorizó las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, falta de legitimación en la causa y limite patrimonial de la responsabilidad subsidiaria (f.° 785 a 811 del cuaderno 3).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 12 de julio de 2019 (f.° 1259 a 1263 del cuaderno 3), resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor ALIRIO JIMÉNEZ RIOS y la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S. A. existió un contrato de trabajo entre el 18 de diciembre de 1981 y el 9 de junio de 1990.

SEGUNDO: ORDENAR a la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a la cual se encuentra afiliado el actor, realizar el respectivo cálculo actuarial, por

concepto de aportes para pensión del demandante, para el periodo comprendido entre 18 de diciembre de 1981 y el 9 de junio de 1990, teniendo como salario devengado para el año 1990 $473.029,49; y una vez elaborado, dar traslado a las demandadas ASESORES EN DERECHO S. A. en su calidad de mandataria con representación de PANFLOTA, y FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. en su condición de administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA y a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS como responsable subsidiaria.

TERCERO: ORDENAR a la demandada ASESORES EN DERECHO SA en su calidad de mandataria con representación de PANFLOTA, emitir la respectiva Resolución a través de la cual se ordene transferir a Colpensiones el valor correspondiente al cálculo actuarial a favor de ALIRIO JIMÉNEZ

RÍOS.

CUARTO: CONDENAR a la demandada FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. en su condición de administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA a pagar el valor del cálculo actuarial por concepto de aportes para pensión para el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 1981 y el 9 de junio de 1990, a satisfacción de la Administradora Colombiana

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Radicación n.° 93184 de Pensiones — Colpensiones y conforme al cálculo que ésa entidad realice, para efectos de convalidar los tiempos de aportes en los que no se efectuaron cotizaciones, considerando como salario devengado para el año 1990 $473.029,49 e

incluyendo las consecuencias por la mora a favor de la administradora de pensiones.

QUINTO: DECLARAR que la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS es responsable subsidiariamente de la obligación pensional por concepto de pago de cálculo actuarial por aportes a pensión a favor del actor, aquí ordenado, en su calidad de matriz o controlante de la extinta COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE GRAN COLOMBIANA, y en consecuencia, CONDENAR a esta demandada a reconocer y pagar el cálculo actuarial por los aportes pensionales por el tiempo comprendido entre el 18 de diciembre de 1981 y el 9 de junio de 1990, a favor de ALIRIO JIMÉNEZ RÍOS, siempre que FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. en su condición de administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, no cuente con recursos económicos para asumir tales obligaciones, las cuales serán cubiertas entonces, con

recursos del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.

SEXTO: DECLARAR que el señor ALIRIO JIMÉNEZ RÍOS, tiene derecho a la Indemnización Sustitutiva de la pensión de vejez bajo los presupuestos del artículo 37 de la ley 100 de 1993, indemnización que deberá ser indexada, y en consecuencia se CONDENA a COLPENSIONES a que una vez se efectúe el pago del título pensional se reconozca dicha indemnización sustitutiva.

SÉPTIMO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por las demandadas, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO: ABSOLVER a la demandada LA NACIÓN —

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO de todas las pretensiones incoadas por el demandante. […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Federación Nacional de Cafeteros, Colpensiones, Fiduprevisora y Asesores en

Derecho SAS la Sala Laboral del Tribunal Superior del

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Radicación n.° 93184 Distrito Judicial de Bogotá, con sentencia del 27 de mayo de 2021 (f.° 1299 a 1309 del cuaderno 3), decidió: PRIMERO: REVOCAR el numeral CUARTO de la sentencia proferida el 12 de julio de 2019 por el Juzgado Treinta y Nueve (39) Laboral del Circuito de Bogotá D.C., para en su lugar ABSOLVER a la demandada FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A., en su condición de administradora del PATRIMONIO AUTONOMO PANFLOTA de la condena allí impuesta por las razones expuestas.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral QUINTO de la sentencia proferida el 12 de julio de 2019 por el Juzgado Treinta y Nueve

(39) Laboral del Circuito de Bogotá D.C., por las razones expuestas, el cual quedará así: Declarar que la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ es responsable subsidiariamente de la obligación pensional por concepto de pago de cálculo actuarial por aportes a pensión a favor del actor, aquí ordenado, en su calidad de matriz o

controlante de la extinta COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE GRAN COLOMBIANA, y en consecuencia, CONDENAR a la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ a trasladar el valor del cálculo actuarial por concepto de aportes pensionales del señor demandante, causados en el período comprendido del 18 de diciembre de 1981 a 9 de junio de 1990 a satisfacción de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES y conforme al cálculo que ella realice para efecto de convalidar los tiempos de aportes en los que no se efectuaron cotizaciones, considerando como salario devengado para el año 1990 la suma de $414.617,44, e incluyendo las consecuencias por la mora a favor de la administradora Colombiana de pensiones COLPENSIONES.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia apelada en todo lo demás.

En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró como fundamento de su decisión que debía definir si había lugar al pago del cálculo actuarial y luego verificaría el salario base, junto con la tasa representativa del mercado - TRM - a aplicar, así como el porcentaje que se debía tomar.

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Radicación n.° 93184 También fijó, que era de su competencia analizar la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros, así como la del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, por último, concluiría si era procedente la indemnización sustitutiva reconocida en primera instancia.

Para resolver el primer tema, se refirió a la Ley 90 de 1976 y sostuvo, con sustento en la sentencia de casación CSJ SL9856-2014, que el empleador no podía «eximirse de responsabilidad respecto de los períodos efectivamente laborados por su empleado, bajo el pretexto de que no existía norma que regulara el pago de cotizaciones», solución que manifestó, fue aplicada en otras decisiones, como por ejemplo en la CSJ SL287-2018. Luego, sostuvo que el cálculo actuarial estaba ligado, íntimamente, con el derecho a la seguridad social, siendo viable ordenar su pago, en virtud de principios y valores superiores, junto con la interpretación de reglas de derecho en un contexto histórico, máxime si la Ley 90 de 1946 le impuso a los dadores del empleo, la obligación de mantener a sus trabajadores cobijados por el sistema pensional de la empresa particular hasta que el ISS asumiera el riesgo a mantener una reserva de capital. Reforzó lo anterior acudiendo al artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, que trató de la reserva actuarial y sostuvo, con apego en la decisión CSJ SL068-2018, que el empleador debe reconocer el título pensional, siendo, por lo tanto, responsable de las cotizaciones realizadas antes de 1990.

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Radicación n.° 93184 Manifestó, frente al pago proporcional, que durante la época en la que el demandante prestó sus servicios, la compañía que lo contrató era la encargada de asumir la totalidad de la pensión, al no exigirse cobro de cotizaciones a

los trabajadores, y acogió la postura de la sentencia CSJ SL1480-2018. Respecto a la responsabilidad subsidiaria, se remitió a la sentencia CC SU-1023-2001 y dijo que estaba definida la responsabilidad de la Federación, siendo procedentes, por lo tanto, las condenas impuestas en primera instancia. Advirtió que no era posible reemplazar el cálculo actuarial por una indemnización sustitutiva generada por los aportes debidos, ya que la Federación no era una entidad administradora de pensiones e indicó que las decisiones de tutela CC T-5452015 y CC T-184-2017, definieron asuntos distintos a los sometidos a su juicio. Precisó, que desde la Ley 90 de 1946 se definió para los empleadores la obligación de realizar los aprovisionamientos necesarios para cubrir las pensiones de sus trabajadores o para subrogar, con posterioridad, los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Resaltó, que no era viable ordenar solamente el pago de las cotizaciones, en el porcentaje que correspondía al empleador, junto con los intereses, dado que, la Ley 100 de 1993 reguló, de manera clara la forma para subsanar la omisión de afiliación de un trabajador, sin que esa situación

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Radicación n.° 93184 implicara que se estaba aplicando, de forma retroactiva la disposición, ya que «el derecho a las prestaciones del sistema y la causación de las mismas, se rigen por las normas vigentes al momento de la causación del respectivo derecho», siendo procedente el pago del cálculo actuarial.

Expuso, que el salario base para la liquidación, era de $414.617,44 y, en cuanto a la responsabilidad de la cartera ministerial llamada a juicio, indicó: Por otro lado, y para resolver el punto de apelación de la parte demandante respecto de la absolución del Ministerio […], la Sala considera procedente citar al Consejo de Estado-Sala de Consulta y Servicio Civil, en su providencia del 15 de febrero de 2001, que indica que la vinculación sería en el evento de lograr garantizar los derechos de los pensionados, en el eventual caso que la entidad se encontrara en imposibilidad de cumplir y no existiera un medio efectivo para garantizar el pago, que sería cuando el estado estaría llamado a responder. Situación que no acontece en el presente caso, pues la Federación Nacional de Cafeteros es una entidad autónoma que administra el Fondo Nacional del Café con la responsabilidad de asumir subsidiariamente las condenas impuestas a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., más aún cuando la mencionada no logró desvirtuar la presunción legal anteriormente desarrollada. En cuanto a la indemnización sustitutiva, alegó que el petente no reunió la densidad de semanas necesarias para causar una pensión de vejez, siendo, por lo tanto, procedente esa condena, la cual, además, debía ser indexada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 93184 Interpuesto por la Federación Nacional de Cafeteros, concedido por el Tribunal y admitido por la Corporación, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Lo presenta así: 1.- La Corte debe casar la sentencia, gravada y, sede de instancia, revocar la del Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto a condenó a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, para, en su lugar, absolver a la Federación de la pretensiones, y hacer el pronunciamiento que corresponda frente a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público, con respecto a la responsabilidad subsidiaria que se le imputa con fundamento en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995. 2.- Como alcance subsidiario, la Corte, habrá de casar la sentencia del Tribunal en cuanto confirma la decisión de primera instancia en lo que respecta a condenar a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, a pagar el cálculo actuarial que se liquide por Colpensiones y correspondiente al periodo no cotizado durante la vinculación laboral del demandante para la Flota Mercante Grancolombiana S. A. Y en sede instancia, habrá de revocar lo así dispuesto por el juzgado del conocimiento, para, en su lugar, absolverla de tal súplica. 3.- Como segundo alcance subsidiario, la Corte, habrá de casar la sentencia del Tribunal en cuanto confirma la decisión de primera instancia en lo que respecta a condenar a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, a pagar el cálculo actuarial que se liquide por Colpensiones y correspondiente al periodo no cotizado durante la vinculación laboral del demandante para la Flota

Mercante Grancolombiana S. A. Y en sede instancia, habrá de revocar lo así dispuesto por el juzgado del conocimiento, para, en su lugar, condenarla a que pague el mayor valor que hubiese reconocido y pagado Colpensiones en el caso de haber computado para ello las cotizaciones para pensión no pagadas a favor del demandante del lapso correspondiente del 18 diciembre de 1981 al 9 de julio de 1990. 4.- Como tercer alcance subsidiario, la Corte, habrá de casar la sentencia del Tribunal en cuanto confirma el fallo de primera

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Radicación n.° 93184 instancia en lo que respecta a los términos que impone condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café; y en sede instancia, habrá de revocar los términos de la condena del fallo de primer grado, para, en su lugar, modificarla en el sentido que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, solo le corresponde pagar una suma equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor que del bono pensional resulte de liquidar los aportes para pensión del demandante no pagados y correspondiente al tiempo laborado por este 13 para la Flota Mercante Grancolombiana S. A. y/o compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A.. Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, replicados por el demandante y Colpensiones. Conjuntamente se analizarán el tercero y cuarto, pues, aun cuando se presentan por distinta vía,

tienen similar argumentación y persiguen el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Dice esto: La sentencia es violatoria de la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 148 de la Ley 222 de 1995 y 126 de la Ley 1116 de 2006, en concordancia con los artículos 822, 1262 y 1263 del Código de Comercio, 2142 y 2186 del Código Civil, 2 y 6 de la Constitución Nacional. Esta vulneración dio lugar, también, a la indebida aplicación de: el inciso 2º del artículo 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3141 del mismo año, artículos 3º y 38, 59 a 61; del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1999, aprobado por el Decreto 0758 del mismo; artículos 373 del Código de Comercio y 60 del Código de Procedimiento Civil; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946.

En su desarrollo, expresa que la acusación la formula por la senda directa y memora que en la sentencia de casación CSJ SL1616-2022, radicación 86856, donde se

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Radicación n.° 93184 decidió una situación similar, se desestimaron los argumentos, al advertir que no fue una cuestión debatida en las instancias. Dice, que ese evento no se presenta en este asunto, porque el Tribunal analizó la absolución de la cartera

ministerial, lo cual legitima esta imputación, pues los cuestionamientos se fundan en situaciones «que se desprenden o se dieron por establecidas en la sentencia gravada». A continuación, expone: En segundo lugar, también, preciso que, a través de esta acusación, no discuto la conclusión a que se llegó relativa a que no se desvirtuó la presunción prevista en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 para la matriz o controlante de la sociedad subordinada que entra en situación de concordante o liquidación obligatoria. La objeción que formula, como se expondrá más adelante, tiene su fundamento (sic) circunstancias que infieren, o se dan por establecidas en la sentencia gravada, lo que permite e impone que el cargo se orienta por la senda directa porque de ellas se aceptan, y son las siguientes: 1) La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, está vinculada (sic) este proceso como administradora del Fondo Nacional del Café, y en esa condición se le impone la condena que se pide anular; 2) que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, inscribió en la cámara de comercio su situación de matriz o controlante de la sociedad Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A, y que en la comunicación a través de la cual lo hizo, como lo transcribe el Tribunal, anotó que lo hacía “en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café y con recursos de este ; 3) Que la lógica consecuencia de lo antes transcrito es que, como el Fondo Nacional del Café, por creación legal, es una cuenta corriente de naturaleza parafiscal, su “dueño”, así sus

recursos, por mandato constitucional y legal, tengan una destinación específica, es el Estado Colombiano, lo significa que, el aludido Fondo, no es persona; y solo las personas naturales o jurídicas son sujetos de derecho y obligaciones, también, en cierto casos, los denominados patrimonios autónomos, condición de la carece el Fondo Nacional del Café.

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Radicación n.° 93184 Precisa, que es administradora del Fondo Nacional del Café, siendo esa la calidad en la que se le vinculó al proceso, lo que imponía determinar quién era su mandante, para que este respondiera por las condenas y, como no lo hizo, vulneró los artículos 822 y 1266, en su orden, del Código de Comercio y del Código Civil, en concordancia con el 1262 y 1263 del primero de los mencionados y el 2142 del último.

Igualmente expresa: Además, la Corte, al encontrar que el Fondo Nacional del Café no es persona jurídica, y por ello al estar establecido quién es el titular o dueño del mismo y, por ende, de las acciones que se adquirieron de la sociedad Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A recursos provienen de recursos de dicho Fondo, habrá de inferir que es la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público como mandante de la Federación Nacional de Cafetero, a quien encomendó a quien encomendó (sic) la administración del Fondo, es el que debe asumir la responsabilidad subsidiaria que, inicialmente, en la demanda ordinaria, se le imputa a(sic)

mandataria. Es por lo anterior que, con relación al precitado punto, no puede pasarse por alto que ese tema lo trató la sentencia de tutela Corte Constitucional SU 1023 del 2001 citada en el fallo gravado, y por ello es pertinente traer a colación lo que sobre el mismo se precisó, a saber: […] Ahora bien, aunque de lo antes transcrito, podría pensarse que lo que se plantea en la acusación debe ser desestimado por lo precisado por la Corte Constitucional, ello no es así, y en esto se equivoca el Tribunal, porque dicha Corporación, en el mismo fallo SU-1023, advierte que la medida qua allí se toma, es transitoria frente la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Fondo Nacional del Café, porque será el juez ordinario el que en definitiva establezca a quién corresponde la responsabilidad subsidiaria del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, inclusive admite la posibilidad que ella corresponda a la Nación, lo que puntualiza así: […]

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Radicación n.° 93184 También, en cuanto hace a la naturaleza de los recursos con que se nutre el Fondo Nacional del Café, es pertinente recordar lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-840 del 2003, en la que, en uno de sus partes, puntualiza: En consecuencia: si el Fondo Nacional del Café no es persona jurídica; si sus recursos que provienen de una contribución parafiscal, son de índole pública, inclusive lo advierte la sentencia gravada; si la Federación Nacional de Cafeteros de

Colombia actúa como administrador de dicho Fondo, siendo su mandante el Estado Colombiano; si la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en dicha calidad, adquirió la condición de matriz o controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A.; y si en virtud de la liquidación de dicha sociedad filial, cabe aplicar la responsabilidad subsidiaria consagrada y regulada por el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, se tiene que la misma debe recaer en el mandante, o sea, el Estado Colombiano, y no en el mandatario; de no ser así, se le estaría y está imponiendo una obligación a quien no es persona y, además, si por cualquier circunstancia cesa la contribución cafetera que nutre el Fondo, aquella desaparece, lo que sería funesto para el caso de las obligaciones pensionales que son de tracto sucesivo. […] Además, una cosa que es, la Corte Constitucional, como medida transitoria, y teniendo en cuenta lo sensible del tema sujeto a su decisión en tutela, por la falta de recurso para atender obligaciones laborales y de la seguridad social de miles de personas que prestaron o prestaban su servicios a la empresa principal y directamente obligada a solucionarla, haya argumentado que unos recursos parafiscales se pudieran afectar dándole otras destinación a la prevista por ley para ello, tal como lo permite la Constitución. Y otra muy diferente es que, para resolver, de manera definitiva, a quién corresponde la invocada responsabilidad subsidiaria del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, se pasó por alto que el titular del Fondo es la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público.

VII. RÉPLICA Colpensiones dice que la decisión debe permanecer incólume, porque en esta no se incurre en la aplicación indebida alegada por la censora, ya que se otorgó un adecuado entendimiento a las preceptivas denunciadas y no

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Radicación n.° 93184 se le hicieron producir efectos contrarios a los que contemplaban esas normas. El demandante sostiene que la imputación es infundada, para lo cual, afirma, que desde la sentencia CC SU-1023-2001, se excluyó la responsabilidad subsidiaria de la Nación.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal encontró que el demandante formuló recurso de apelación contra la decisión de primer grado y, con sustento en lo allí expuesto, explicó que debía analizar la responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque, según el impugnante1, no podía definirse si esa entidad quedaba exonerada de realizar pago alguno, hasta que se efectuará el desembolso de los derechos reconocidos.

Para resolver ese asunto, el juez de segunda instancia, sostuvo: Por otro lado, y para resolver el punto de apelación de la parte demandante respecto de la absolución del Ministerio […], la Sala considera procedente citar al Consejo de Estado-sala de Consulta y Servicio Civil, en su providencia del 15 de febrero de 2001, que indica que la vinculación sería en el evento de lograr garantizar los derechos de los pensionados, en el eventual caso que la entidad se encontrara en imposibilidad de cumplir y no existiera un medio efectivo para garantizar el pago, que sería cuando el

estado estaría llamado a responder. Situación que no acontece en el presente caso, pues la Federación Nacional de Cafeteros es una entidad autónoma que administra el Fondo Nacional del Café con la responsabilidad de 1 F.° 1301 del cuaderno 3.

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Radicación n.° 93184 asumir subsidiariamente las condenas impuestas a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., más aún cuando la mencionada no logró desvirtuar la presunción legal anteriormente desarrollada. Como se ve, el ad quem no trató la temática propuesta en la acusación, precisamente porque ese no fue el sustento del recurso presentado por el convocante y, en razón a esa situación, no pudo cometer el error jurídico alegado en la imputación, pues carecía de competencia para pronunciarse sobre tópicos que no se incluyeron al momento de presentar la impugnación contra el fallo del Juez unipersonal2. Además, la insistencia del demandante en lograr la responsabilidad de la Nación, no habilitaba a la aquí recurrente a intentar una serie de argumentos que no fueron expuestos en las oportunidades debidas, pues si la Sala emprendiera su estudio, vulneraría los derechos al debido proceso y de defensa de los demás integrantes de la litis, otorgándole, al recurso extraordinario en materia laboral, una connotación que no tiene, ya que, no es una tercera instancia, donde libremente pueden plantearse materias, porque está pensado para realizar un control de legalidad, con el fin de proteger la «coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo, por lo cual ha sido

denominada por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como “nomofilaquia” (…)»3. Para lograr ese cometido, el recurrente debe seguir las exigencias formales y de técnica previstas en la Ley y que se 2 Sentencia de casación CSJ SL17803-2016. 3 Sentencia de casación CSJ SL3133-2022.

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Radicación n.° 93184 han desarrollado por la jurisprudencia, porque, los jueces de primer y segundo grado, solucionan los conflictos suscitados entre las partes, mientras, el de casación, ejerce un control de legalidad sobre la que resuelve la ap