CSJ - SL1039-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1039-2024 Radicación n.° 98799 Acta 14 Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARÍA ANLLILY SOTO SALAZAR contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

-COLPENSIONES-.

Se reconoce personería adjetiva para actuar en representación de Colpensiones a la abogada Linda Tatiana Vargas Ojeda, identificada con la cédula de ciudadanía 1.140.862.823 de Barranquilla, portadora de la tarjeta profesional 287.982 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder general que fue conferido a la sociedad Casación Laboral Estudio S.A.S.

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Radicación n.° 98799 mediante escritura pública 0471 del 16 de marzo de 2023 y que reposa en el expediente digital de esta corporación.

I. ANTECEDENTES María Anllily Soto Salazar convocó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones, con el propósito que sea condenada al reconocimiento y pago a su favor de la pensión de sobrevivientes desde el 26 de agosto de 2015, data del fallecimiento de su compañero permanente José Rodrigo Hincapié Marín, junto con los intereses moratorios

previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso. Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que convivió con José Rodrigo Hincapié Marín por más de 10 años; que Colpensiones le había reconocido a este la pensión de vejez mediante Resolución 666 del 1 de enero de 2002, cuyo monto para la data de su deceso ascendía a la suma de $644.350; que al momento de la muerte del pensionado compartían el mismo techo, se socorrían mutuamente y se brindaban apoyo; y que antes de su óbito, mediante escritura pública n.° 2496 de 2015 de la Notaría Tercera del Círculo de Pereira, realizaron declaración conjunta sobre la existencia de una unión marital de hecho «por quince años». Narró que ella tuvo convivencia simultánea con el mencionado señor Hincapié Marín y con Francisco Soto Salazar hasta el año 2006; que a través del acto

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Radicación n.° 98799 administrativo 12592 de 2008 el Instituto de Seguros Sociales - Seccional Risaralda, le reconoció sustitución de la pensión de vejez que disfrutaba el segundo de los nombrados, en un «13,89%» por valor equivalente a $56.671, por cuanto al momento de su óbito era su beneficiaria. Refirió que, ante la muerte de José Rodrigo Hincapié Marín el 18 de septiembre de 2015, presentó solicitud de pensión de sobrevivientes, pero Colpensiones negó su petición con la Resolución GNR 31479 del 29 de enero

2016, decisión que se mantuvo pese al recurso de reposición que formuló. Agregó que no tenía bienes que le generaran ingresos y que dependía económicamente de este pensionado. Colpensiones al contestar la demanda se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos, aceptó la data de fallecimiento de Hincapié Marín, que esa entidad le había reconocido pensión de vejez y su cuantía; la declaración de unión marital de hecho que realizaron mediante escritura pública, el pensionado y la demandante; que a ella se le reconoció sustitución pensional en un 13,89% como beneficiaria de su compañero permanente Francisco Soto Salazar; la reclamación de la pensión de sobrevivientes que presentó ante esa administradora y la negativa de concederle la prestación. Respecto de los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 98799 Como razones de su defensa, expuso que a la demandante ya se le había otorgado una sustitución pensional desde el año 2008, donde el causante era el asegurado Francisco Salazar Soto. Dijo que Colpensiones una vez recibió la otra solicitud por parte de la presunta beneficiaria demandante por la muerte del pensionado José Rodrigo Hincapié Marín, adelantó una investigación administrativa en la que se obtuvo lo siguiente: […] 3.1. El día 28 de diciembre de 2015 siendo las15:00 horas, se contactó telefónicamente a la señora MARÍA ANLLYLY SOTO SALAZAR […], en calidad de Compañera Permanente, quien una

vez informada del motivo de la llamada manifestó encontrarse en el municipio de Caldas-Antioquia laborando en una finca, y que regresaría a Pereira a finales del mes de enero. Al preguntársele por los detalles de la convivencia con el causante, adujo encontrarse muy ocupada y que más adelante aportaría todos los datos necesarios; no obstante, delegó a su hija FRANCIA MYRIAM para adelantar las labores pertinentes mientras ella regresaba a la ciudad. Cabe anotar que la solicitante se mostró renuente a colaborar con los datos de ubicación de ella y personas que pudieran ser entrevistadas. El día 13 de enero finalmente la señora FRANCIA accedió a ser visitada en su residencia coordinando cita para las 13:00 horas. Siendo las 12:50 horas se visitó la residencia de la señora FRANCIA MYRIAM SOTO, pero ella no se encontraba allí; tras llamarla a su teléfono celular en siete oportunidades no se recibió respuesta alguna, revelando con esto su intención de no colaborar con las diligencias. Una vecina de nombre MATILDE quien argumentando razones de seguridad no brindó datos personales, manifestó que era posible que la señora FRANCIA sí estuviera en su casa, pero debido al temor de no tener respuestas a la entrevista pactada hubiese decidido no salir. En conversación sostenida con la señora MATILDE, manifestó que la solicitante convivía con una señora aproximadamente desde hace diez años, y que a ella le constaba que al causante solo lo cuidó hasta su fallecimiento, pero que jamás fueron pareja y a que éste se encontraba casi

inválido.

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Radicación n.° 98799 Expresó que, además, durante la investigación administrativa se pudo establecer contacto con Yolanda Hincapié Ocampo, hija del causante, quien manifestó lo siguiente: Mi mamá murió hace 16 años. Yo tengo una niña especial y no me quedaba casi tiempo de cuidar a mi papá porque él era muy enfermo y estaba en silla de ruedas; entonces él se conoció con María Anllyly y ella ayudaba a cuidarlo, luego él se fue a vivir a la casa de ella, pero para que lo cuidara y ella decía que convivían juntos, pero eso nunca fue así, ellos no eran pareja, sino que lo cuidaba no más. Inclusive ella ya tiene otra pensión de otro señor que ella cuidaba y que también se murió. Ella además convive con otro señor, desde que reclamó la primera pensión, como desde el 2009. Mi papá fue muy mal cuidado por ella, ella no le daba bien los alimentos y la medicina. Desde mucho antes de morir mi papá, ella ya convivía con el señor que tiene ahora, pero no sé cómo se llama. Yo tengo también una hermana especial que se llama Lucero y vamos a ver si podemos reclamar la pensión para ella. No hemos podido hacerlo, es porque María se quedó con todos los documentos de él y se esconde para no entregarnos nada. Nosotros lo teníamos afiliados a funerales Los Olivos y allá ella decía que era la esposa, pero yo lo desmentí. Ella lo cuidó por ahí 7 años, por eso aprovechó para reclamar como su mujer. Ella no le avisó a ningún vecino cuando murió,

sabiendo que por aquí todo el mundo lo conocía. (Negrilla y subrayas propias del texto). Propuso como medios exceptivos la falta de cumplimiento de requisitos para obtener la pensión, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y los que se declaren de oficio. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 14 de junio de 2022, resolvió:

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PRIMERO: Declarar que la señora MARIA ANLLILY SOTO SALAZAR, no ostenta la condición de beneficiaria en su condición de compañera permanente del causante JOSÉ RODRIGO HINCAPIÉ MARÍN, conforme a las indicaciones que se hicieron precedentemente.

SEGUNDO: Negar la totalidad de las pretensiones planteadas por cuenta de la señora MARIA ANLLILY SOTO SALAZAR.

TERCERO: Declarar probadas las excepciones de mérito propuestas por COLPENSIONES y que denominó falta de cumplimiento de requisitos, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

CUARTO: Condenar en costas procesales a la parte demandante a favor de la demandada en cuantía equivalente al 100% de las causadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, al conocer el recurso de apelación interpuesto por la accionante, mediante sentencia proferida

el 2 de diciembre de 2022, decidió:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARÍA ANLLILY SOTO SALAZAR en contra de la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES.

SEGUNDO: INSTAR a la Jueza Tercera laboral del Circuito de Pereira para que en sus decisiones se abstenga de incurrir en estereotipos de género, de conformidad a la obligación que le compete de cumplir a cabalidad la Ley 1257 de 2008, la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención Belén Do Pará, ratificados por el Estado Colombiano, a quien representa en su calidad de jueza de la república.

TERCERO: CONDENAR en costas de primera instancia a la demandante y en favor de COLPENSIONES, liquídense por el juzgado origen.

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Radicación n.° 98799 El ad quem indicó que conforme al recurso de alzada le correspondía establecer si María Anllily Soto Salazar hizo vida marital con el pensionado hasta su muerte y si convivió con este no menos de cinco años continuos con anterioridad al deceso. Arguyó que dada la fecha de fallecimiento del causante que ocurrió el 26 de agosto de 2015, la norma aplicable era el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el cual indicaba que en caso de que la pensión de sobrevivencia se causara por la

muerte de un pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, debía acreditar que estuvo haciendo vida marital hasta la data del óbito y que convivieron no menos de cinco años continuos. Acotó que el artículo 42 de la Constitución Política establecía que una familia que se conformaba entre compañeros permanentes, surgía de la decisión libre, espontánea y recíproca de dos personas dispuestas a unir sus vidas a efectos de brindarse auxilio económico y asistencia mutua, y que bien sabido era que la convivencia constituía un elemento fundamental para la configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes, el cual ha sido definido como el vínculo afectivo entre dos personas mediante el auxilio mutuo, entendido como el acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común.

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Radicación n.° 98799 Frente al caso concreto, aseveró que lo expresado por la accionante y el pensionado en la escritura pública n.° 2496 del 3 de julio de 2015, a la que hacía referencia la parte actora en la apelación, no se ajustaba al relato espontáneo que la misma demandante rindió al absolver el interrogatorio de parte en el trámite de la primera instancia y, por ende, dicho instrumento documental no podía ser apreciado como prueba de la convivencia, pues allí se reseñaba la existencia de una supuesta unión marital de hecho de 15 años de antigüedad, mientras que la aludida interrogada manifestó que la convivencia con José Rodrigo Hincapié Marín habría iniciado desde el 15 de septiembre

de 2006, pocos días después del fallecimiento de su anterior compañero Francisco Luis Soto Salazar, de modo que el aparente vínculo con el causante no habría durado más de nueve años, teniendo en cuenta que murió el 26 de agosto de 2015. Explicó que, aunque en el escrito inicial se afirmaba que la actora convivió simultáneamente con Hincapié Marín y con su anterior compañero permanente Soto Salazar, lo cierto era que, dicha afirmación fue desmentida de manera categórica por la propia demandante en el interrogatorio de parte, quien aseguró que antes de la muerte del segundo de los mencionados ocurrida el 3 de septiembre de 2006, no había tenido ningún trato ni acercamiento con el finado, a quien conocía por ser un amigo muy cercano de su pareja, y que la relación con este inició el 15 de septiembre de 2006, es decir, apenas 12 días después del óbito de aquel.

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Radicación n.° 98799 Afirmó que siendo así, la citada escritura pública no servía al propósito de demostrar el tiempo de convivencia entre la pareja, dada la notable divergencia entre su contenido y la información aportada por la propia convocante al juicio, cuando absolvió el interrogatorio de parte. Acotó que, en tal escenario, resultaba necesario auscultar si en los demás medios probatorios existía alguna «referencia confiable», que ratificara el relato ofrecido por la actora en el transcurso de proceso. A continuación, analizó las declaraciones de Marcela Morales Bariaza y Henry Andrés Sánchez Pineda, para

sostener que la primera había relatado que conoció a la demandante más o menos en el año 2007, dado que era amiga de estudios de su hija mayor llamada Francia Myriam Soto, «con quien estudió primero en el colegio "Manos Unidas", ubicado justo al frente de la casa de aquella y luego en el colegio "La Julita", de donde se graduaron juntas en 2014». Que el segundo también afirmó que conocía a la accionante porque «llegó a estudiar en el colegio "Manos Unidas" en el año 2012», cuando estaba en grado octavo y allí compartía con Francia Myriam, su hija, quien para la época cursaba grado sexto en el mismo colegio y con quien hizo buena amistad. La colegiatura frente a estas testimoniales expresamente señaló:

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Radicación n.° 98799 Aunque ambos declarantes refieren que en las visitas a la casa de su amiga Francia, donde permanentemente iban a estudiar, veían a la mamá de esta, María Anillily, y al señor José Rodrigo Hincapié, y por eso les consta que estos eran pareja porque aquella siempre estaba al cuidado del causante, quien era una persona enferma y discapacitada; lo cierto es que lo narrado por el último de los declarantes deja entrever una enorme contradicción en las memorias de Marcela, dado que este informó que conoció a la hija de la demandante y a Marcela Morales, quien es su actual pareja sentimental, cuando estas apenas cursaban grado sexto, en el año 2012, por lo que resulta imposible que sea cierto que Marcela Morales había conocido a la demandante en el año 2007, pues en ese año debería estar

cursando grado preescolar o los primeros años de primaria, y la misma deponente manifestó que llegó a estudiar al colegio "Manos Unidas", ubicado en el barrio el Danubio, porque en la escuelita de la vereda "el chocho", donde ha vivido casi toda su vida, solo dictaban clases hasta quinto de primaria, de lo que se desprende que la deponente apenas empezó a estudiar con Francia hacía el año 2012, cuando aparentemente se matriculó en grado sexto en el colegio "Manos Unidas", en razón de lo cual solo podría dar fe de hechos posteriores a ese año, dado que no tendría por qué constarle lo ocurrido dentro de la vida familiar de Francia Miriam antes de conocerla. No sobra agregar que dicha afirmación también riñe con la información expresada por la misma testigo en declaración extraproceso rendida el 01 de junio de 2016 ante el Notario Tercero del Círculo de Pereira, donde indicó que conocía a la demandante hace 13 años, es decir, desde el año 2003. No obstante, aún si se diera crédito al testimonio de Marcela Morales y se tuviera por cierto que conoció a la demandante en 2007 o en 2003, como lo afirma en su testimonio y en la citada declaración extraproceso, respectivamente, sus recuerdos no serían pieza confiable para reconstruir los hechos que son materia del litigio, pues correspondería al recuerdo difuso de una niña que apenas empezaba a cursar primaria y a quien, por obvias razones, le resultaba difícil discernir qué tipo de relación tenía la demandante con el causante, pero además,

porque resulta poco creíble que para esa época y por todo el tiempo que duró su paso por primaria, tuviera que ir a la casa de la demandante a estudiar o a hacer trabajos del colegio, toda vez que es ajeno a las dinámicas pedagógicas de esos primeros años de primaria que a los niños se les exija trabajos en grupo, que aún si no se descartaran por completo, serían excepcionales. El juez de segundo grado, con fundamento en lo anterior coligió que las declaraciones recibidas no eran confiables y, en todo caso, solo se referían a hechos

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Radicación n.° 98799 posteriores al año 2012, lo que resultaba insuficiente para acreditar la convivencia superior a cinco años que exige la ley por la muerte de un pensionado, teniendo en cuenta que el causante falleció en el 2015; por manera que confirmaría la sentencia apelada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inaugural.

Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula un cargo que obtiene réplica, el cual se pasa a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de

aplicación indebida del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

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Radicación n.° 98799 Refiere que el quebranto normativo obedeció a la comisión del siguiente error protuberante de hecho: No dar por demostrado, estándolo, que la señora María Anllily Soto Salazar y el señor José Rodrigo Hincapié Marín convivieron compartiendo techo, lecho y mesa, y mantuvieron lazos de familiaridad, por no menos de 5 años continuos con anterioridad al 26 de agosto de 2015, fecha de fallecimiento de este último. Aseveró que en el citado yerro fáctico se incurrió por la valoración equivocada de la prueba relativa a la escritura pública n.° 2496 de la Notaría Tercera del Círculo de Pereira, mediante la cual José Rodrigo Hincapié Marín y María Anllily Soto Salazar realizaron declaración de existencia de unión marital de hecho. En la demostración del ataque, la censura, luego de referirse a las argumentaciones del juez de segunda instancia, aduce que, si hubiera valorado adecuadamente la mencionada escritura pública de declaración de existencia de unión marital de hecho, habría advertido que la misma acreditaba que la pareja Hincapié Soto convivió y compartió lazos de familiaridad, ininterrumpidamente, con una antelación no menor de cinco años hasta el 26 de agosto de 2015, data de la muerte del pensionado. Explica que la colegiatura estableció como problema

jurídico determinar si la convocante al juicio hizo vida marital con el causante hasta su óbito y si convivió con este no menos de cinco años continuos previos al deceso, esto es, con anterioridad al 26 de agosto de 2015, planteamiento

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Radicación n.° 98799 que, en decir del censor, concuerda con el supuesto de hecho establecido en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Señala que el juez de segundo grado, haciendo caso omiso de la limitación temporal impuesta, tanto por la norma aplicable como por el problema jurídico formulado en la decisión confutada, decidió restarle fuerza probatoria a la escritura pública n.° 2496 de la Notaría Tercera del Círculo de Pereira como prueba de la convivencia, por unas inconsistencias temporales entre lo estipulado y lo dicho respecto de la convivencia entre los años 2000 y 2006; sin que en realidad este lapso fuese el determinante para decidir la controversia planteada, cuando debió centrarse en valorar si dicho documento era prueba de la cohabitación de la pareja Hincapié Soto para las anualidades correspondientes del 2010 al 2015, ya que es el periodo adecuado para validar y definir sí, en efecto, la demandante hizo vida marital con el causante, de forma ininterrumpida, durante los últimos cinco años de vida del pensionado. Asegura que el juez de la alzada negó la convivencia de José Rodrigo Hincapié Marín y María Anllily Soto Salazar en el periodo comprendido de 2010 a 2015, utilizando como

argumento que no tuvieron vida en común en los años 2000 a 2006; situación que, a todas luces, demuestra la impertinencia del argumento.

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Radicación n.° 98799 Arguye que no hay evidencia alguna que desvirtuara la convivencia de la actora con el causante, durante los últimos cinco años de vida; la misma escritura pública denunciada acredita la existencia de dicha cohabitación en ese lapso, pues esta contiene la manifestación del pensionado en vida, quien indicó tener una unión marital de hecho con la promotora del juicio, la cual perduró incluso por un tiempo mayor al exigido legalmente para que su compañera pudiese ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes; prueba que no puede invalidarse en su totalidad por una diferencia temporal que realmente no afecta el derecho causado y la cual pudo derivarse de un error humano. Añade que, tanto el interrogatorio de parte rendido por la demandante como los testimonios, refuerzan la certeza de la amplitud de dicho periodo de convivencia, sin que este hubiese sido refutado. Reitera que, de una correcta valoración de la aludida escritura pública n.° 2496 de 2015, en consonancia con una adecuada apreciación del interrogatorio de parte de la actora como de los testimonios practicados, el ad quem hubiese concluido que la actora y el pensionado convivieron compartiendo techo, lecho y mesa, además que mantuvieron lazos de familiaridad por no menos de cinco años continuos con antelación al 26 de agosto de 2015, fecha del óbito del asegurado; razón por la cual, contrario a

lo sostenido por la colegiatura, la accionante era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

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VII. LA RÉPLICA La opositora Colpensiones argumenta que el juez de segunda instancia descartó la credibilidad del contenido de la escritura pública, porque allí se afirmó que la convivencia llevaba 15 años para el momento de la suscripción de dicho instrumento, es decir, que se había iniciado por lo menos desde el 3 de julio de 2000. Sin embargo, la demandante en el interrogatorio que rindió en el proceso, aclaró que dicha cohabitación se inició el 15 de septiembre de 2006, esto es, 12 días después de fallecido su anterior compañero Francisco Luis Soto, además la absolvente hizo énfasis en que antes de la muerte de aquél, no había tenido convivencia con Hincapié Marín, y que por esa contradicción el ad quem descartó como prueba el contenido de tal escritura, lo que no estructuraba un error de hecho.

Puntualiza que el ataque solo se refiere a la errónea apreciación de la escritura pública como generadora del yerro fáctico, pero desconoce que, para que una sentencia sea casada por la vía indirecta, requiere que una vez acreditados los errores de hecho con base en la prueba apta en la casación del trabajo, se proceda a desvirtuar íntegramente los elementos de persuasión no calificados que también sirvieron de fundamento a la decisión impugnada, lo que la recurrente omite por completo, pues de no hacerlo seguirían sosteniendo la decisión. Agrega que,

en este caso la censura no denunció los testimonios en

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Radicación n.° 98799 concreto que fueron fundamento esencial del fallo fustigado, solo los refiere de manera genérica en la sustentación del ataque.

VIII. CONSIDERACIONES Pese a que el cargo se orienta por la senda indirecta o de los hechos, en este asunto no son objeto de discusión los siguientes fundamentos fácticos: i) que el señor Francisco Soto Salazar fue el anterior compañero permanente de la actora y ante el fallecimiento de este pensionado, se le sustituyó a ella como beneficiaria, el derecho prestacional mediante la Resolución 12592 de 2008; y ii) que el señor José Rodrigo Hincapié Marín, quien igualmente disfrutaba de una pensión de vejez reconocida por Colpensiones, murió el 26 de agosto de 2015.

El Tribunal despachó desfavorablemente la solicitud de otorgamiento de la pensión de sobrevivientes reclamada, teniendo en cuenta que la accionante no acreditó haber convivido con el pensionado Hincapié Marín en los últimos cinco años que anteceden a su muerte, por virtud de que consideró que la escritura pública n.° 2496 del 3 de julio de 2015 de la Notaría Tercera del Círculo de Pereira, que contenía la declaración de la demandante y el causante, rendida días antes del deceso, que se produjo el 26 de agosto de igual año, sobre la existencia de una supuesta unión marital de hecho «por quince años», no era prueba de la convivencia, por no coincidir lo allí expresado con lo

afirmado por la demandante en el interrogatorio de parte

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Radicación n.° 98799 absuelto, además que tampoco era dable darle credibilidad a los testigos. A su turno, la censura asegura que la actora sí cumplió con esa exigencia legal, en la medida que con el causante convivió compartiendo techo, lecho y mesa, y manteniendo lazos de familiaridad, ayuda y socorro mutuo, por lo menos durante cinco años continuos con anterioridad al 26 de agosto de 2015 cuando su compañero falleció, y que la circunstancia de que existiera alguna inconsistencia de las fechas en la referida escritura pública, ello se remonta a la convivencia entre los años 2000 y 2006, cuando el periodo que interesa frente al derecho pensional debatido corresponde al de las anualidades 2010 a 2015, lapso en que sí existió cohabitación con el pensionado, lo cual es corroborado por la propia actora en el interrogatorio de parte y por los testigos. Entonces, el problema jurídico que debe dilucidar la Sala, consiste en determinar, conforme a las pruebas denunciadas, si el juez plural se equivocó al negar la prestación de sobrevivientes a la accionante, al no encontrar satisfecho el requisito de la convivencia de cinco años inmediatamente anteriores al deceso del pensionado. Previamente conviene recordar, que como lo ha enseñado de vieja data la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el error de hecho se presenta cuando el fallador le hace decir al medio probatorio algo que no corresponde a su contenido, yerro que debe ser ostensible,

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Radicación n.° 98799 bien sea porque niega la evidencia de la información, o porque le da un sentido diferente al real, o también cuando no lo aprecia, acreditándose de esta manera un hecho que no lo está, el cual debe repercutir en las normas sustanciales acusadas y, para ello, es indispensable que el recurrente exponga las razones que así lo demuestran. De los medios de convicción acusados la Sala objetivamente encuentra lo siguiente: 1.- Escritura pública n.° 2496 del 3 de julio de 2015 de la Notaría Tercera del Círculo de Pereira. La censura, principalmente, acusa como erróneamente valorada la escritura pública n.° 2496 de 2015, mediante la cual José Rodrigo Hincapié Marín y María Anllily Soto Salazar, días antes del fallecimiento del pensionado, realizaron la declaración sobre la existencia de la unión marital de hecho que aseveran tenían desde hace varios años. Tal probanza data del 3 de julio de 2015 y allí consta que los comparecientes, quienes afirmaron tener estado civil soltero, de común acuerdo declaran: «LIBRE Y ESPONTÁNEMENTE LA EXISTENCIA DE UNIÓN MARITAL DE HECHO que han formado desde hace quince años con el fin de hacer comunidad de vida en forma singular, permanente e ininterrumpida» (Subraya la Sala), manifestación que efectuaron, en su decir, bajo la gravedad del juramento.

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Radicación n.° 98799 La Sala observa que el juez plural no valoró

equivocadamente la aludida escritura pública, ya que no le hizo decir nada que no estuviera en su contenido, ni tampoco le dio un sentido diferente, pues señaló que allí «se reseña la existencia de una unión marital de hecho de 15 años de antigüedad», lo cual es lo que específicamente consagra el texto de ese documento; situación distinta es que al apreciarlo no le hubiera dado la fuerza persuasiva que pretende la parte recurrente, en la medida que el colegiado al confrontar esa declaración notarial con otros medios de convicción, como lo expresado por la demandante al absolver el interrogatorio de parte, encontrara contradicciones que no le daban certeza de la existencia de esa convivencia por varios años, lo cual tampoco quedaba demostrado con los dichos de los testigos, a quienes no les dio la suficiente credibilidad. En efecto, el Tribunal halló que, a diferencia de lo plasmado en la citada escritura pública, la actora al rendir el interrogatorio de parte manifestó espontáneamente que la convivencia con José Rodrigo Hincapié Marín había iniciado el 15 de septiembre de 2006, pocos días después del fallecimiento de su anterior compañero Francisco Luis Soto Salazar, de modo que la aparente relación en realidad no habría durado más de nueve años, teniendo en cuenta que este último pensionado murió el 26 de agosto de 2015. Es por esto que el ad quem consideró que el referido documento «no servía al propósito de demostrar el tiempo de convivencia entre la pareja», dada la notable divergencia

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Radicación n.° 98799 entre su contenido y la información aportada por la misma

demandante en el curso del proceso, por ende, no podía valorarse como prueba de la convivencia que exige la ley para acceder a la pensión de sobrevivientes. Además, el fallador de alzada puso de pre