CSJ - SL1049-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1049-2023 Radicación n.° 91748 Acta 16 Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LIBIA VIVEROS VALENCIA, MARÍA INÉS ANGULO RIASCOS y ASUNCIÓN PAREDES contra la sentencia proferida el 29 de octubre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso ordinario laboral que instauraron las recurrentes contra el

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO,

BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA.

I.ANTECEDENTES Libia Viveros Valencia, María Inés Angulo Riascos y Asunción Paredes llamaron a juicio al Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, con el propósito que se declare que les resulta

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Radicación n.° 91748 aplicable la cláusula 14 de la convención colectiva de trabajo 1994-1995; como consecuencia de ello, se condene a la accionada a reajustarles las pensiones que disfrutan, junto con las diferencias dejadas de cancelar, debidamente indexadas; los intereses moratorios y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, manifestaron que la accionada les reconoció la pensión de jubilación, así: Libia Viveros Valencia según Resolución 39 de 1997, María Inés Angulo Riascos conforme el acto administrativo 22 de

1998 y a Asunción Paredes por decisión 190 de 1994; y que dichas prestaciones se incrementan según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Arguyeron que en la convención colectiva de trabajo 1994-1995 se estableció en su cláusula 14, la cual se encuentra vigente, un beneficio consistente en que los pensionados, independientemente de que fueran trabajadores oficiales o empleados públicos, percibirán una mesada equivalente al salario mínimo estipulado por el municipio para los trabajadores activos, el cual se fija por decreto; que lo anterior comporta un derecho adquirido; que la asignación mínima que la entidad tiene establecida es la siguiente: para el año 2013 $1.199.792, 2014 $1.283.058, 2015 $1.394.171, 2016 $1.502.498 y 2017 $1.664.017; que están percibiendo una mesada pensional en suma inferior; y que efectuaron las correspondientes reclamaciones administrativas, las que fueron resueltas en forma adversa.

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Radicación n.° 91748 Al dar contestación a la demanda, el ente territorial accionado se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que reconoció a las demandantes pensiones de jubilación, que las reajusta conforme a lo previsto en artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que en la CCT 1994-1995 se estipuló un incremento para los pensionados del municipio, y el valor del salario mínimo establecido para los trabajadores entre los años 2014 y 2017. Respecto de los

demás supuestos fácticos indicó que no eran ciertos. En su defensa, argumentó que la convención colectiva de trabajo celebrada para los años 1994-1995 perdió su vigencia, por lo cual no tienen derecho al incremento extralegal solicitado; y que los reajustes pensionales se realizan acorde al artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Enlistó como excepciones las de cobro de lo no debido, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura profirió fallo el 29 de agosto de 2018, en el que absolvió a la demandada de la totalidad de las pretensiones; ordenó que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta en el evento en que no fuera apelada la decisión; e impuso costas a cargo de la parte vencida.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, con sentencia del 29 de octubre de 2020, confirmó el fallo de primer grado e impuso costas a cargo de las accionantes.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez colegiado expuso que le correspondía definir si las demandantes ostentaron la calidad de trabajadoras oficiales cuando laboraron al servicio de la accionada; y si el acuerdo extralegal que sirve de soporte para las súplicas de la demanda inicial, se aplica sin distinción de la calidad de «empleado público o trabajador oficial».

Manifestó que el municipio accionado es un ente territorial del orden distrital y sus servidores, por regla general, son empleados públicos, excepto aquellos que se dedican a la construcción y sostenimiento de obra pública, los cuales fungen como trabajadores oficiales. Citó un aparte de la sentencia CSJ SL, 4 abril 2001, rad. 15143, y resaltó que no es la forma de vinculación con la administración pública la que define la condición de empleado público o trabajador oficial, sino las funciones que desarrolla y destacó lo dicho en decisión CSJ SL4440-2017. Adujo que a la parte actora le correspondía acreditar los hechos que expuso como soporte de sus pretensiones, de

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Radicación n.° 91748 modo que debió demostrar la vigencia de la CCT invocada y la aplicabilidad a su favor. Aludió a la sentencia CSJ SL8655-2015 y aseveró que es posible que por acuerdo entre las partes la convención colectiva de trabajo se extienda a pensionados, pero no a empleados públicos, toda vez que: […] de conformidad a los artículos 414, 416 y 467 del CST y el artículo 55 Superior, los empleados públicos no son beneficiarios de la negociación colectiva hacia la Convención Colectiva de Trabajo; así lo señaló la honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de descongestión Laboral en sentencia SL3259 de 2018, citando sentencia SL18469-2017, reiterando que únicamente los trabajadores particulares y los trabajadores oficiales pueden beneficiarse de los acuerdos convencionales. Luego el juez colegiado se remitió a las probanzas

allegadas, describió el contenido de las cláusulas segunda y catorce de la CCT suscrita en diciembre de 1993, y arguyó: De lo anterior, que sea evidente el hecho de haberse acordado que la Convención Colectiva aplicaría a los trabajadores oficiales sindicalizados y la extensión de los beneficios convencionales a los extrabajadores pensionados y jubilados, que tengan la categoría de sindicalizados. Del artículo 52, se estipuló que la vigencia, sería por dos años contados a partir del primero de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1995. Aunado a que, a folio 89 se halla la impresión de la respuesta enviada vía correo electrónico por parte del Subdirector de Gestión TerritorialGrupo Archivo Sindical Omar Caita al abogado de los demandantes donde se le informa que una vez revisadas las bases de datos del Grupo de Archivo Sindical desde el periodo comprendido entre 1990 a 2016, se hallaron las convenciones suscritas por el Municipio de Buenaventura, así: convención 1990; convención 1993; convención 1996; convención 2000; convención 2013 - 2016, sin que hayan sido aportadas las subsiguientes convenciones para predicar que el artículo 14 se encuentra vigente o fue incorporado a los posteriores

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Radicación n.° 91748 convenciones, restringiendo su vigencia al periodo estipulado en la misma. Indicó que en el proceso estaba demostrado que las accionantes laboraron para la demandada como auxiliares de servicios generales, adscritas a la secretaría de servicios

administrativos, y les fue concedida una «pensión de invalidez» (f.o 18 a 24), situación que le permitió colegir al Tribunal lo siguiente: De lo anterior, que no se logre imprimir viabilidad a las pretensiones de la demanda, dado, que no resultó demostrado que la labor desempeñada en efecto se configurara dentro de los estipulados como trabajadores oficiales, pues por los cargos desempeñados como Auxiliares de Servicios Generales adscrito a la Secretaria de Servicios Administrativos, sin otro medio de prueba, no resulte convincente que corresponda a funciones propias de los trabajadores oficiales. En gracia de discusión si se aceptara que la Convención les era aplicable, tampoco se accedería al derecho, porque el tiempo de vigencia de la suscrita en el año 1993, fue hasta el 31 de diciembre de 1995, como quedó citado en el artículo 52 de la misma, y acreditado en la nota de depósito; en tanto, no le es aplicable para las señoras LIBIA VIVEROS VALENCIA y MARIA INES ANGULO, quienes adquirieron el derecho pensional con posterioridad a la vigencia de la convención del 1993; igual ocurre, respecto de ASUNCIÓN PAREDES, a quien en el caso en particular no se podría dar viabilidad a la aplicación retroactiva de la Convención Colectiva de Trabajo que fue suscrita en el año 1993, ya que no se demostró que existiera una convención anterior que consagre el derecho y en ningún aparte de la suscrita en el año 1993 se dispuso su aplicación retroactiva. Además, que tampoco obra prueba que los demandantes recibieran una mesada inferior al salario mínimo que en su

momento tenía establecido para los trabajadores activos. Lo que, si se evidenció, es que el Municipio de Buenaventura, fija su escala salarial y prestacional de conformidad con las competencias asignadas por el legislador en la Ley 4 de 1992, que han cobrado vigencia con la expedición de los respectivos acuerdos municipales ahora distritales, para su cumplimiento, aplicable a las mesadas pensionales de quienes ya disfrutan de la subvención.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por las demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden las recurrentes que esta corporación case totalmente la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y, en su lugar, se acceda al reajuste pensional solicitado.

Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formulan tres cargos que no son replicados, los cuales se pasan a estudiar de forma conjunta en razón a las deficiencias técnicas que presentan.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la decisión de segundo grado por: Violación Directa de normas sustanciales (artículo 478 y 479 del C.S.T.), Constitucionales: artículo 4, 13, 29, 42, 43, 46, 48, 53, 58 y 283 de la C.N. de 1991; artículos Ley 53 de 1887, artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad

Social, artículo 478°, 479° y 480° del C.S. del Trabajo; Artículo 37 numerales 4 y 8 del. C.P. Civil.; Artículo 177 y 179 C.P. Civil; Decreto 1083 de 2015; Artículo 14 de la Convención Colectiva de 1994-1995, en la modalidad Interpretación Errónea, pues, se le dio un alcance que no tiene, ocasionando una decisión injusta, no motivada y contraria a derecho, por los errores de hecho cometidos. (Negrillas propias del texto)

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Radicación n.° 91748 Expresan que el Tribunal incurrió en «errores de Hecho», en la medida que en el proceso se demostró que las accionantes se retiraron para disfrutar de una «pensión de jubilación convencional», adquiriendo la condición de pensionadas en vigencia de la CCT 1994-1995, acuerdo que es «aplicable a TODOS los Pensionados del Municipio», máxime que en años posteriores no se signaron otros acuerdos y los suscritos para «los años 1997-1998 y los años 2000-2001 no fueron depositadas en término». Arguyen que los artículos 53 y 58 de la CP garantizan el respeto por los derechos adquiridos, entre ellos los de carácter extralegal, de allí que el Municipio de Buenaventura, quien cancela la pensión de jubilación que disfrutan, debe sufragar la prestación en la misma cuantía prevista como salario mínimo para los trabajadores oficiales de esa entidad territorial. Sostienen que la CCT 1994-1995 se prorrogó de forma

automática conforme al artículo 478 del CST; que la omisión en el reajuste de la pensión les ha generado un desequilibrio económico; que solicitaron administrativamente el incremento, pero les fue negado; y que se está desconociendo un derecho adquirido, como también el principio de favorabilidad. Afirman que el juez colegiado valoró con error la cláusula 14 convencional, pues para ser titulares del derecho allí previsto, solo requieren ostentar la condición de

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Radicación n.° 91748 pensionado o jubilado, sin ningún tipo de exigencia adicional. Explican que, si bien el artículo 177 del CPC consagra el principio de la carga de la prueba, también lo es que, los jueces tienen facultades para decretar pruebas de oficio, lo cual fue omitido por el Tribunal; y precisan que: Dentro del expediente obran todos los derechos de petición solicitando la información que según el despacho no se gestionaron y pese a ello, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, en consonancia con el Juzgado Primero Laboral del Círculo de Buenaventura, desconoció flagrantemente que, tal como está demostrado en la documentación aportada, el apoderado si adelantó diligentemente todas las gestiones para obtener todas la pruebas de los valores pagados y dejados de pagar a los reclamantes, cosa distinta es que el ente accionado no las haya aportado integralmente, así como que, también la Sala, haya hecho caso omiso de la inferencia razonable propuesta dentro de las consideraciones económicas, la cual sería la base de la liquidación.

(Negrillas y subrayas propias del texto) Aducen que «no fueron valoradas las pruebas documentales aportadas» al plenario; que en el proceso no se probó la «no vigencia del pacto convencional», aspecto que en virtud de la carga dinámica de la prueba le correspondía acreditar a la accionada. Dicen que limitar la aplicación de la CCT a los trabajadores particulares u oficiales es un «desafío a la jurisprudencia vigente», a lo que se suma que en el acuerdo extraconvencional no se exigió la necesidad de ser sindicalizado.

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Radicación n.° 91748 Mencionan la sentencia CSJ SL839-2018 y reiteran que en el texto convencional no se plasmó algún tipo de restricción en el sentido que lo expuso el ad quem, relativo a que no le es aplicable a los empleados públicos, a lo cual se suma que un pensionado ya no se encuentra activo, de allí que no es necesario evaluar si fue empleado público o trabajador oficial, de modo que «los aquí accionantes al NO encontrarse en servicio activo NO ejercen funciones para las cuales tomaron posesión, en consecuencia, NO SON

EMPLEADOS PÚBLICOS».

Citan un pasaje de la sentencia CC C044 de 2017 y ponen de presente que no existe limitación legal alguna respecto a que la persona que fue empleada pública, una vez se retirara del servicio, no puede beneficiarse de una CCT. VII.CARGO SEGUNDO Los censores lo formulan en los siguientes términos: Acuso la Sentencia […] por Violación Directa de normas sustanciales (Artículo 478, y 479 del C.S.T.), Constitucionales:

Artículo 4, 13, 29, 42, 43, 46, 48, 53, 58, 123 y 283 de la C.N. de 1991; artículos Ley 53 de 1887, Artículo 478, 479 y 480 del C.S. del Trabajo; Artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; Artículo 37, 177 y 179 del C.P. Civil; Decreto 1083 de 2015 actualizado por el Decreto 648 de 2017, en su artículo 2.2.11.1.1; Artículo 14 de la Convención Colectiva de 1994-1995, en la modalidad Aplicación INDEBIDA, pues, se les dio una Aplicación en asuntos que no regula, ocasionando una decisión injusta, sin motivación y contraria a Derecho. (Negrillas propias del texto).

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Radicación n.° 91748 Para sustentar la acusación, exponen que el juez colegiado soportó su providencia en disposiciones que no regulan el asunto, lo que lo llevó a concluir que la parte actora no demostró su condición de trabajadoras oficiales ni la vigencia de la CCT. Arguyen que son pensionadas y que en el presente asunto operó la prórroga automática del acuerdo extralegal, pues las CCT de los años 1997-1998 y 2000-2001 no fueron depositadas oportunamente. Esgrimen que la demandada omitió cumplir con su obligación de reajustar la mesada pensional, conforme al valor establecido para el salario mínimo fijado para los trabajadores oficiales de ese ente territorial, motivo por el

cual solicitaron su incremento, el que les fue negado, pese a que se trata de un derecho adquirido. Consideran que el alcance impartido a la cláusula 14 de la CCT 1994-1995 fue equivocado, pues para ser destinatarios de ese reajuste solo se exige ostentar la condición de pensionado, de allí que el juez colegiado no podía modificar lo pactado, adicionando un requisito no previsto. Puntualizan que el ad quem debió emplear sus facultades para decretar pruebas de oficio, lo cual no hizo. En dicho sentido afirman lo siguiente:

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Radicación n.° 91748 De Hecho, al Juez se le otorgan facultades para decretar pruebas de Oficio, de manera que su decisión a tomar, esté más cerca de la certeza que exige un fallo judicial, pues la facultad oficiosa, tiene como fin, "que la verdad procesal se acerque a la verdad real". La omisión del artículo 179 C.P. Civil, (Decreto de Pruebas Oficiosas), indujeron al Tribunal a la violación de las normas señaladas componentes de la Ley sustancial su inaplicación produjo trasgresión a mis mandantes. Las reglas que gobiernan al Debate Judicial, si se violan, se atenta contra el derecho al Debido Proceso, pues en este caso, se impide demostrar, el "Hecho Incierto". (Art. 179 C.P. Civil). El Ad-quem, estaba en la obligación de cumplir sus deberes y ejercer su facultad Oficiosa. (Negrillas y subrayas propias del texto).

VIII.CARGO TERCERO

Los recurrentes lo proponen así: Acuso la Sentencia […], por la vía Directa en la modalidad de Interpretación Errónea, al manifestar que la Convención Colectiva 1994-1995, base de esta Acción, quedó efectivamente sin vigencia a partir del 1º de Enero de 1996 y por la vía Indirecta por haber dado una incorrecta interpretación al Artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, LO QUE GENERÓ, Errores de Hecho y como resultado, la nefasta Sentencia cuestionada.

Esgrimen que el juez colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho: a) No dar por Demostrado, estándolo, que las actoras LIBIA VIVEROS VALENCIA, MARÍA INÉS ANGULO RIASCOS Y ASUNCIÓN PAREDES, son beneficiarias de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita para el periodo 1994-1995, suscrita entre SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA Y EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, convenio que dispone el reajuste anual de las Mesadas Pensionales a todos los Jubilados y Pensionados, partir de cada 1º de enero de cada año".

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Radicación n.° 91748 b) No dar por Demostrado, estándolo, que las actoras desempeñaron sus funciones para el ente Demandado y que reconoce que mi mandante, era Trabajadora Oficial del Municipio de Buenaventura, para que se le otorgara la Pensión de Jubilación Convencional, a partir del día de su retiro. c) No dar por Demostrado estándolo, que la Pensión de

Jubilación Convencional de mis mandantes, conforme al Artículo 14 de la Convención Colectiva de Trabajo de 19941995, se dispone se les incremente a partir del 10 de enero de cada año, su mesada pensional con base en el Salario mínimo dispuesto para trabajadores activos. d) No dar por Demostrado, estándolo, que el único requisito exigido por la Norma Convencional de 1994-1995, articulo 14, para que el Demandado, otorgara la reliquidación y reajuste para el incremento anual de la mesada pensional, a los extrabajadores en su condición de Jubilado o Pensionado. e) Dar por Demostrado, sin estarlo, que el Demandado MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, Probó, la Excepción "Inexistencia de las Obligaciones" para evadir unilateralmente su obligación de Incrementar anualmente la Pensión de Jubilación Convencional y el Pago diferencial Causado y acumulado. f) No dar por Demostrado, estándolo, que el Incremento anual Pensional que beneficia a mis mandantes, no lo es solamente durante la vigencia del Acuerdo Convencional 1994-1995, sino para los años sucesivos dada la prórroga automática, durante el tiempo que permanezcan como Pensionadas. g) No dar por Demostrado, estándolo, que el MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, está en la obligación de Reliquidar, reconocer los Incrementos Anuales y Pagar a sus Pensionados, las diferencias Pensionales causadas hasta la fecha. h) No dar por Demostrado, estándolo, que solo las normas convencionales depositadas en término son aplicables a TODOS

los Pensionados del Municipio de Buenaventura. i) No dar por Demostrado, estándolo, que el único requisito para acceder a los Incrementos anuales según el Salario Mínimo para Trabajadores activos, era el de ser Jubilados o Pensionados y no el de haber demostrado su calidad de Trabajadores Oficiales. j) No dar por Demostrado, estándolo, que la Norma Convencional de 1994-1995 (Articulo 14) establece: "A partir de 1º de enero de 1994, a los jubilados y Pensionados del Municipio (Buenaventura), se les pagará el salario mínimo que tiene establecido para sus trabajadores activos" (Folio 26).

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Radicación n.° 91748 k) Dar por demostrado, sin estarlo, que la norma Convencional aplicable al caso de Incremento debatido, solamente tuvo vigencia para Pensionados, hasta el día 31 de Diciembre de 1995 (Artículo 520 Vigencia.) (Negrillas propias del texto) Denuncian como pruebas mal apreciadas los decretos municipales a través de los cuales se fijaron los sueldos y salarios para los servidores públicos de la demandada; las CCT 1990-1991, 1994-1995, 1997-1998, 2000-2001 y 20132016; los derechos de petición radicados por las accionantes el 25 de julio de 2014; y la decisión CSJ AL1640-2021. Y enlistan como probanzas dejadas de valorar las sentencias CSJ SL «3040 del 05-05 de 2009», CSJ SL44402017, CSJ SL839-2018, CC C1270-2000, CC T590 de 2009,

y CC SU 2041-2015; el auto CSJ AL1640-2021; la Resolución 1335 de 2014 expedida por la demandada; y el concepto 308239 de octubre de 2011 emitido por el Ministerio de la Protección Social. A efectos de demostrar el ataque aseveran que en el proceso «se presumió» que la CCT quedó sin vigencia a partir de enero de 1996, pese a que en ese año no se suscribió otro acuerdo extralegal; a lo que se suma que los argumentos esgrimidos en el recurso de alzada fueron descartados de plano. Señalan que aun cuando en la decisión atacada se aludió a una respuesta brindada por el grupo de archivo sindical, el Tribunal no verificó si la demandada demostró

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Radicación n.° 91748 que las CCT posteriores al año 1995 se depositaron oportunamente, a efectos de establecer la vigencia del incremento solicitado. Consideran que la cláusula 14 de la CCT 1994-1995 resulta aplicable, en tanto ese acuerdo extralegal no fue denunciado y operó su prórroga automática, máxime que la CCT 1997-1998 fue depositada de forma extemporánea. Manifiestan que en el caso de María Inés Angulo Riascos, según se desprende de la Resolución 22 de enero de 1998, la demandada estaba aplicando como mesada «mínima» el «salario mínimo mensual señalado por el municipio a sus trabajadores», lo cual dejó de efectuar en los años siguientes. Transcriben un aparte del concepto 308239 de octubre de 2011 emanado del Ministerio de la Protección Social,

respecto de la prórroga de la convención y reiteran que en el sub lite no está acreditado la suscripción de un nuevo acuerdo colectivo como tampoco la respectiva denuncia. Reproducen un pasaje de una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto a la facultad con la que cuentan los jueces de decretar pruebas de oficio; y estiman que debió tenerse en cuenta que la accionada aceptó como ciertos el valor de la asignación básica mínima fijada para los trabajadores oficiales, pudiendo el juez colegiado establecer que las mesadas percibidas por las demandantes son inferiores.

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Radicación n.° 91748 Aluden a las decisiones CSJ SL9766-2016, CSJ SL3922019 y CSJ AL1640-2021; reiteran que se deben decretar pruebas de oficio; y consideran que si la demandada estimó que la CCT 1994-1995 no está vigente, se debió acreditar tal situación, pues de lo contrario operó lo preceptuado en los artículos 478 y 479 del CST. Mencionan las sentencias CSJ SL, 15 abr. 2008, rad. 30434 y CC C1270-2000 e insisten en que no se hizo uso de la obligación de decretar pruebas de oficio, lo cual era necesario para esclarecer la verdad. Por otra parte, afirman que se desconoció el precedente horizontal y, con ello, el derecho a la igualdad; transcriben los artículos 479 del CST y 54A del CPTSS, y dicen que: «Al desdeñar la manifestación contenida en la resolución

mediante la cual se le reconoció la mesada pensional a la actora, acerca del reconocimiento del salario mínimo aplicable por el ente demandado, pasó de largo la aplicación del principio del acto propio», aspecto que contraría múltiples pronunciamientos jurisprudenciales, como lo son las sentencias CSJ SL17447-2014 y CSJ SL2356-2020.

IX. CONSIDERACIONES Debe resaltarse que la demanda de casación, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, debe satisfacer una serie de requisitos de técnica que estipulan las normas procesales, tanto en su planteamiento como en la

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Radicación n.° 91748 demostración, reglas adjetivas que de no cumplirse puede llevar a que el recurso extraordinario resulte infructuoso. Además de ello, como insistentemente lo ha expresado esta corporación, el recurso extraordinario no le confiere competencia para juzgar el litigio, esto es, establecer a cuál de las partes en contienda le asiste la razón, puesto que la labor de la Corte se circunscribe en enjuiciar la sentencia y determinar si el juez colegiado, al resolver la segunda instancia, dirimió rectamente el conflicto a la luz de las normas jurídicas que debía emplear. De esta manera, el respeto a las exigencias formales derivadas del artículo 90 del CPTSS y de la jurisprudencia inveterada de la Sala en materia del recurso de casación no constituye de ninguna manera un mero culto a la forma, sino que hace parte esencial de la garantía del derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta Política de 1991, dentro del cual se encuentra la

denominada plenitud de las formas propias de cada juicio, sin la cual no se puede predicar el equilibrio de quienes participan dentro del proceso judicial. Realizadas las anteriores precisiones, encuentra la Sala que el escrito con el cual se pretende sustentar la acusación presenta graves deficiencias técnicas, que comprometen la prosperidad de los cargos propuestos, las cuales a continuación se pasan a detallar:

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Radicación n.° 91748

1. Para la desestimación de los tres cargos resulta suficiente con señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 numeral 5 literal a) del CPTSS, un requisito indispensable e insoslayable que debe tener toda demanda de casación, es la indicación del precepto legal sustantivo del orden nacional que se estime violado; entendiéndose por este, aquél que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales, y que para los efectos del recurso extraordinario se concretan a las que consagran los derechos reclamados en la controversia judicial.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que lo perseguido a través de esta acción judicial es el reconocimiento de unos beneficios extralegales con fundamento en una convención colectiva de trabajo, era menester e indispensable que se acusara al menos la disposición legal que constituye la fuente de esta clase de derechos, esto es, los artículos 467 o 476 del CST, lo cual no se hizo ni tampoco se enuncia en el desarrollo de los tres ataques, lo que conduce a su desestimación. En torno al tema, la Sala manifestó en la sentencia CSJ

SL17072-2014, lo siguiente:

1. Complementario a lo señalado en el ordinal anterior, también ha dicho esta Corporación, que cuando se trate de trasgresión de normas convencionales y la reclamación de un derecho de esta naturaleza, es indispensable acusar el art. 467 del CST, que constituye la fuente de derechos materiales de este tipo de convenios, o el 476 del mismo estatuto, que otorga derecho de acción a los trabajadores para reclamar el incumplimiento de un convenio colectivo de trabajo; invocación de dichas normas sustanciales que tampoco se cumplió en este evento pues brillan por su ausencia.

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Radicación n.° 91748 Al respecto, en la Sentencia de la CSJ SL, 28 feb. 2012, Rad. 41947, sobre el particular, se dijo: (…) 2º) Estando sustentados los derechos reclamados en el asunto bajo examen, y sobre los cuales se pronunció el fallo atacado, en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el sindicato y la entidad demandada, conforme lo ha asentado de tiempo atrás la jurisprudencia, debió señalar la censura como violado o bien el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, que da el alcance de fuente de derechos materiales a este tipo de convenios, o ya el 476 del mismo estatuto, que otorga derecho de acción a los trabajadores para reclamar el incumplimiento de un convenio de dicha naturaleza, disposiciones que brillan por su ausencia en la proposición jurídica del ataque. Aun cuando lo anterior es suficiente para la

desestimación de los ataques, también se observan otras falencias de orden técnico, como se detalla a continuación.

2. El recurso de casación propende, principalmente, por el imperio de la ley sustancial, la cual puede ser infringida de dos formas por los falladores, llamadas por el legislador «causales»: la primera, generada por la violación de la ley; y la segunda, por el desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus.

A su vez, la violación de la ley sustancial o causal primera puede darse a través de las denominadas vías directa o indirecta. En la senda directa, el fallador quebranta aquella ley mediante tres modalidades o submotivos, a saber: la inaplica por ignorancia o rebeldía, la interpreta erróneamente o la llama a operar indebidamente. La doctrina y la jurisprudencia han precisado los alcances de cada uno de dichos conceptos de violación.

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