CSJ - SL1077-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1077-2023 Radicación n.° 95557 Acta 12 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el ocho (8) de febrero de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró BRAYAN ALEJANDRO PALOMINO BETANCOURT, actuando en representación de YUR DAIR PALOMINO PAYAN y al que se vinculó como litisconsorte

necesario a JOSEFA EBLIN MUÑOZ DE SALAZAR.

I. ANTECEDENTES Brayan Alejandro Palomino Betancourt, actuando en representación del señor Yur Dair Palomino Payan, llamó a juicio a Colpensiones y como «litisconsorte necesario a Josefa

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Radicación n.° 95557 Eblin Muñoz de Salazar» para que se declarara que el señor Palomino Payan era beneficiario del 50 % de la sustitución pensional por el fallecimiento de su padre, el señor Luis Jaime Palomino, a partir del 24 de septiembre de 2011. En consecuencia, se condenara a la administradora a cancelar la prestación con las mesadas retroactivas ordinarias y adicionales, debidamente indexadas, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993,

lo probado ultra y extra petita, junto con las costas. Fundamentó sus peticiones, en que Luis Jaime Palomino y Rosa María Payan eran los padres de Palomino Payan, quien nació el 6 de enero de 1967; que al progenitor se le reconoció pensión de vejez, mediante Resolución n.° 1643 de 1994, efectiva desde el 1° de marzo de tal anualidad, en cuantía equivalente para la data de su deceso, de $1.265.386 y, que éste falleció el 24 de septiembre de 2011. Indicó que, debido a lo anterior, la señora Josefa Eblin Muñoz de Salazar, en calidad de cónyuge supérstite del causante, solicitó sustitución pensional, que se otorgó por Acto Administrativo n.° GNR 130913 de 2013. A su vez, el 31 de marzo del 2017, se deprecó igual derecho a favor del señor Yur Dair Palomino Payan, porque dependía económicamente de su padre, lo cual Colpensiones negó por Resolución n.° SUB56714 del 9 de mayo de la misma anualidad y se notificó el 22 de mayo siguiente.

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Radicación n.° 95557 Puntualizó que, contra la preliminar decisión, se presentaron los recursos de reposición y en subsidio de apelación, siendo resuelto el primero por Resolución n.° SUB169088 del 23 de agosto de 2017, en el que se confirmó la inicial, porque se había concedido la pensión a la cónyuge.

Informó que: i) el 7 de junio de 2012, Yur Dair Palomino

Payan fue calificado por el ISS con una PCL del 64.30 % de origen común y fecha de estructuración del 6 de enero de 1967, es decir, desde el nacimiento y, ii) el 4 de diciembre del 2013, el Juzgado Cuarto de Familia de Cali, declaró «la interdicción judicial definitiva por discapacidad mental absoluta del señor Yur Dair Palomino Payan y designó al señor Brayan Alejandro Palomino Betancourt [..] como guardador legítimo principal» (f.° 49 a 67 y 71 del cuaderno digital del juzgado). Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, los admitió todos, salvo la dependencia del señor Palomino Payan respecto de su padre difunto. En suma, solicitó que se integrara la litis con Josefa Eblin Muñoz de Salazar. En su defensa, propuso como excepción de fondo las de cobro de lo no debido, buena fe de la demandada, prescripción, legalidad de los actos administrativos emitidos por la entidad y la innominada (f.° 82 a 91, ibidem). Por auto del 3 de mayo del 2018 (f.° 98, ibidem), se ordenó la integración del litisconsorcio con la señora Muñoz

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Radicación n.° 95557 de Salazar, quien rechazó las súplicas y, frente a los supuestos fácticos, aceptó las fechas de natalicio del demandante y la de fallecimiento de su cónyuge, así como la calidad de pensionado, la declaración del derecho a su favor y la negativa al hijo del de cujus y que este dependía de su

padre. En cuanto a los demás, adujo que no le constaban. Indicó que, aunque legalmente Colpensiones no había reconocido como beneficiario al señor Palomino Payan, «si recib[ía] mensualmente el 50 % de [su parte]», pues desde «el mismo momento que le fue otorgado el derecho, hac[ía] entrega de un porcentaje equivalente al 50 % […] de manera personal al señor Yur Dair Palomino Payan, quien recib[ia] ese dinero porque lo utiliza en su manutención y salud». No formuló medios exceptivos (f.° 108 y 109, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, el 12 de julio de 2018 (f.° 137 a 140 acta y 141 audio de audiencia, ibidem), dispuso: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones en la contestación de la demanda, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones […] a reconocer y pagar al señor YUR DAIR PALOMINO PAYÁN […] quien obra a través de su guardador legítimo principal señor BRAYAN ALEJANDRO PALOMINO BETANCOURT […] la pensión de sobrevivientes por la muerte de su padre el señor LUIS JAIME PALOMINO, a partir de la ejecutoria de esta sentencia, en cuantía del 50 % de la pensión

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Radicación n.° 95557 de sobreviviente que se reconoció con ocasión del fallecimiento

del señor Palomino y en consecuencia, a partir de la ejecutoria de esta sentencia la señora Josefa Eblin Muñoz De Salazar percibirá el 50 % restante, prestación que deberá ser actualizada con los aumentos legales y pagada con las mesadas adicionales a que haya lugar en cada anualidad.

TERCERO: CONDENAR a Colpensiones a pagar en favor del señor Yur Dair Palomino Payán a través de su guardador legítimo principal señor Brayan Alejandro Palomino Betancourt, los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde la ejecutoria de la sentencia y sobre el importe de cada mesada pensional no pagada.

CUARTO: AUTORIZAR a Colpensiones a descontar de las mesadas a pagar los correspondientes aportes al sistema general de seguridad social en salud sobre las mesadas ordinarias.

QUINTO: ABSOLVER a Colpensiones de las demás pretensiones elevadas en su contra por la parte actora.

SEXTO: COSTAS a cargo de la parte demandada Colpensiones

[…]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al resolver el recurso de apelación del demandante y en el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, el 8 de febrero de 2022 (f.° 116 a 132 del cuaderno digital del Tribunal), dispuso: Primero: MODIFICAR PARCIALMENTE el ordinal segundo de la Sentencia 211 del 12 de julio del 2018, proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, en el sentido de CONDENAR

a Colpensiones a reconocer y pagar a Yur Dair Palomino Payan la suma de $117.415.180, por concepto de retroactivo calculado a partir del 31 de marzo de 2017 actualizado hasta el 31 de enero de 2022, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia proferida en primera instancia y en su lugar, CONDENAR a Colpensiones al reconocimiento de los intereses moratorios a partir del 31 de mayo de 2017 hasta que se haga efectivo su pago.

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Radicación n.° 95557

Tercero: CONFIRMAR en lo demás la Sentencia 211 del 12 de julio de 2018 proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia Cuarto: SIN COSTAS en esta instancia.

De conformidad con el artículo 66A del CPTSS, planteó como problemas jurídicos establecer si el señor Yur Dair Palomino Payan, como hijo discapacitado, tenía derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y, en caso afirmativo, estudiaría la fecha en que se otorgaría, los valores de la prestación y la procedencia de los intereses moratorios. Sin embargo, a continuación, por metodología, únicamente se sintetizará lo respectivo al momento de otorgamiento del retroactivo pensional de la prestación y sus intereses moratorios, por ser la materia que compete al recurso extraordinario. En ese orden, se tiene:

1. Retroactivo pensional.

Una vez encontró que el señor Palomino Payan acreditaba los requisitos para acceder a la pensión de

sobrevivientes, puntualizó que, aunque el a quo concedió el derecho desde la ejecutoria de la sentencia, revisado el material aportado en el plenario, evidenciaba un «actuar negligente y omisivo por parte de la pasiva», ya que tenía conocimiento de la existencia de un hijo discapacitado del causante, «incluso desde el año 1993 fecha para la cual el

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Radicación n.° 95557 médico laboral del ISS, hoy Colpensiones, remitió una certificación en la que concluye que Yur Dair Palomino Payan es una persona inválida», lo que reposaba en medio magnético. Señaló que Colpensiones «omitió el deber de revisar su propia carpeta administrativa», en la que se hallaba: i) la sentencia del Juzgado Cuarto de Familia de Cali que declaró interdicto al demandante, en el año 2013; ii) la constancia del ISS donde pone en conocimiento el Dictamen SNML – 3511 del 7 de junio de 2012, fecha que era previa a la de presentación de la demanda. Indicó que tampoco se emitió acto administrativo que suspendiera el pago de la pensión a la cónyuge, evento «que debió prever la entidad en su momento, pero no fue así». Por tanto, aseveró que el actuar negligente de la AFP generó una vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y debido proceso de una persona en situación de discapacidad. Mencionó que no salió próspera la excepción de prescripción, ya que, conforme a la sentencia CSJ SL10202021: […] si bien e[ra] cierto la fecha del deceso del causante fue el 24 de septiembre de 2011 y la reclamación administrativa se elevó ante Colpensiones el día 31 de marzo de 2017, no e[ra] menos cierto, que, en cuanto a esta figura, el término quedó suspendido para Yur Dair Palomino Payan, según lo establecen los artículos 2530 y 2541 del Código Civil. En otras palabras, dado que al

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Radicación n.° 95557 momento del deceso de su progenitor Yur Dair Palomino Payan se encontraba en la misma situación de discapacidad actual, que la reclamación se elevó el 31 de marzo de 2017 y la demanda se presentó el 5 de abril de 2018, para esta Corporación no opera la figura de la prescripción. […] Bajo este derrotero, en principio lo que en derecho corresponde, sería del caso reconocer la pensión de sobrevivientes desde el 24 de septiembre de 2011 –fecha del deceso del causante-; sin embargo, dado que este Tribunal actúa conforme a los puntos objeto de censura y en ese sentido se solicitó que el retroactivo fuera reconocido a partir del 31 de marzo de 2017. Del mismo, modo, se advierte que en grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, no se podría hacer más gravosa la condena, por ser una entidad garante del erario público de la nación Ya que, como la misma parte demandante lo advirtió y lo aceptó, no desconoce esta Sala, que conforme los recibos de pago aportados al expediente el demandante ha recibido un porcentaje de la mesada pensional por parte de Muñoz de Salazar y menos,

dadas las afirmaciones de ella, por cuanto refirió que desde que le reconocieron la pensión, le ha suministrado el 50 % de la mesada al demandante; no obstante, esta situación no está siendo censurada en el caso que se estudia por las partes en litis, por ende, y por sustracción de materia, esta Sala se sustrae del estudio del recobro que le correspondería en un evento dado a Colpensiones

2. Intereses moratorios.

Transcribió el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y memoró que esta Corporación ha sostenido que proceden en el retardo de pago de las mesadas, siendo un tema resarcitorio y no una sanción, sin que su imposición estuviera sujeta a estudiar la conducta de la administradora o si su actuar estuvo fundando en la buena fe (CSJ SL107282016, CSJ SL662-2018, CSJ SL1440-2018 y CSJ SL49322020).

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Radicación n.° 95557 Acudió al artículo 1° de la Ley 717 de 2001 y aseveró que «estudiada la prueba aportada», el juzgado erró al no reconocer tal rubro, pues era «notoria la falta de diligencia de la pasiva al reconocimiento de la prestación pretendida –como se ilustró en precedencia-, por ello ha[bía] lugar al reconocimiento de los intereses moratorios deprecados», incluso el actuar la administradora del RPMPD había sido «dilatorio y negligente».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Colpensiones, concedido por el Tribunal

y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala «case parcialmente» la sentencia impugnada, en cuanto en el ordinal 1° se modificaron los incisos 2° y 3° de la providencia del a quo para ordenar el retroactivo desde el 31 de marzo de 2017 hasta el 31 de enero de 2022 y los intereses moratorios del 31 de marzo del 2017 a la fecha del pago, para que, en sede de instancia, se confirmen los numerales 2° y 3° que ordenaron reconocer y pagar al demandante la prestación en cuantía del 50 % más los intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia.

En subsidio, depreca que se «case parcialmente» el proveído del colegiado que en el inciso 2° modificó el 3° de la decisión de primer grado y condenó a cancelar los intereses

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Radicación n.° 95557 moratorios desde el 31 de mayo de 2017 hasta que se hiciera efectivo el desembolso y, en sede de instancia, se revoque el ordinal 3° de la determinación del juzgado y, en su lugar, se absuelva de tal pretensión, proveyendo en costas como competa (f.° 4 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica y se estudian a continuación.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión de ad quem de violar por la «vía

directa», en la modalidad de aplicación indebida, los «artículos 212 del CST, 1634 del CC, 83 superior, en relación con los artículos 12 y literal c) art. 13 de la Ley 797/03 que modificó los artículos 46 y 47 de la ley 100/93, artículo 141 de la Ley 100/93; 87 y 88 del CCA, 29, 48, 53, 230 de la CN. 60, 61 145 del CPT y SS, 164 a 167, 173, 176 del CGP», como consecuencia de «errores manifiestos de hecho en que incurrió el sentenciador colegiado por haber apreciado equivocadamente unas pruebas». Plantea como yerros evidentes en que incurrió el colegiado: 1-Dar por demostrado sin estarlo, que Colpensiones obró con negligencia al no revisar la carpeta administrativa donde reposa la sentencia dictada por el Juzgado 4 de Familia de Cali a través del cual se declaró interdicto al demandante y porque antes de la instauración de la demanda el ISS puso en conocimiento el

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Radicación n.° 95557 dictamen SNML-3511 de 7 de junio/12 que declaró una PCL del actor del 64.30% de origen común con fecha de estructuración del 6 de enero/67. 2No dar por demostrado, estándolo, que COLPENSIONES se sujetó al imperio de la ley, cuando le negó al demandante el 50% de la sustitución pensional de su progenitor, teniendo en cuenta que ya le había reconocido el 100% a la cónyuge que se presentó

oportunamente a reclamar ese derecho, dejando en espera una vez la justicia decidiera sobre ese derecho 3-No dar por demostrado, estándolo, que COLPENSIONES obró bajo los postulados de buena fe y confianza legítima, cuando le negó al demandante el 50% de la pensión de sobrevivientes del causante, teniendo en cuenta que ya le había otorgado la pensión de sobrevivientes a la cónyuge quien demostró los requisitos exigidos por la ley para acceder a ese derecho quedando en espera que la justicia decidiera otra cosa Individualiza como pruebas erradamente apreciadas, las siguientes: 1-Resolución SUB 56714 de 9 de mayo/17 (págs. 36 a 39 o f.° 49 a 52) 2Constancia emitida por el ISS el 4 de julio/12 por la que pone en conocimiento el dictamen SNML-3511 de 7 de junio/12 que deja ver una PCL del actor del 64.30% de origen común con fecha de estructuración del 6 de enero/67 (f.° 24) 3Sentencia de fecha 4 de diciembre/13 dictada por el Juzgado Cuarto de Familia de Cali que declaró la Interdicción Judicial Definitiva por discapacidad mental del demandante (págs. 12 a 27 del expediente digitalizado) 4-Contestación de la demanda de Colpensiones (f.° 72 a 81) De tales medios, estructura lo siguiente:

1. Sintetiza el contenido de la Resolución n.° SUB 56714 del 9 de mayo del 2017 (f.° 36 a 39 y 49 a 52 del cuaderno digital del juzgado) referente a la solicitud pensional del

actor, su negativa, el reconocimiento a la cónyuge supérstite y, en especial, que publicó edicto emplazatorio a nivel

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Radicación n.° 95557 nacional para que quienes creyeran tener derecho a la pensión de sobrevivientes se hicieran presentes en el trámite, lo que apoyó en la providencia que identificó «n.° 11326 del 12 de marzo de 1999» y en Circular Conjunta n.° 1 del 20 de febrero del 2017. Exalta que allí se evidencia que la prestación se otorgó a la señora Muñoz de Salazar, como cónyuge, en aplicación de la buena fe, decisión que quedó en firme y ejecutoriada, conforme al artículo 87 del CPACA. Sostiene que tal documento fue erradamente apreciado por el juez de apelaciones, pues deja ver que negó la prestación al demandante en aplicación de la ley, es decir, «bajo los postulados de buena fe y confianza legítima, entregando el derecho al beneficiario inicialmente reconocido hasta que por decisión judicial se decidiera otra cosa, quedando en cabeza de dicho beneficiario el deber de responder exclusivamente sobre lo percibido». Refiere que no es posible condenar al retroactivo, ya que está demostrado que la cónyuge canceló al demandante el 50 % de la mesada pensional desde el 24 de septiembre de 2011, por lo que es desproporcionado imponer orden al respecto, pues resultaría un doble pago a su favor; máxime cuando el guardador del señor Palomino Payan «lo reclamó tardíamente». Así que arguye que lo procedente es condenar

al 50 %, pero desde la ejecutoria de la sentencia.

2. Esgrime que reposa Constancia del 4 de julio de 2012

(f.° 24 del cuaderno digital del juzgado), por la que puso en conocimiento el Dictamen SNML 3511 del 7 de junio de 2012,

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Radicación n.° 95557 que refleja una PCL del 64.30 % de origen común con fecha de estructuración del 6 de enero de 1967, que fue mal estimada, porque -aunque se emitió previo a la demandatal circunstancia no obligaba a pagarle lo reclamado. Además, reitera que publicó edicto emplazatorio a nivel nacional para que quien creyera tener derecho a la pensión de sobrevivientes se hiciera presente, lo que no realizó el demandante, motivo por el cual «habiéndose presentado únicamente la señora Muñoz, en calidad de cónyuge del difunto, se le otorgó el 100% la sustitución pensional, decisión que, por encontrarse en firme, esta ejecutoriada». Insiste que tal monto lo continuó cancelando, siguiendo la sentencia CSJ SL, 12 mar. 1999, rad. 11326 «hasta que mediante decisión judicial se decid[iera] otra cosa». Por tanto, afirma que no es verídico que actuó con negligencia, sino en aplicación de la ley y buena fe.

3. Sobre la sentencia del 4 de diciembre del 2013, que dictó el Juzgado Cuarto de Familia de Cali (f.° 12 a 27 del cuaderno digital del juzgado), refiere que su fecha de emisión

es posterior a la Resolución n.° 130913 del 17 de junio del 2013, por la que se concedió la sustitución pensional a la señora Josefa Eblin Muñoz de Salazar. Por tanto, arguye que este medio fue erradamente valorado, ya que la decisión no se había dictado cuando se otorgó el derecho, lo que refleja que no es acertado lo dicho

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Radicación n.° 95557 por el Tribunal sobre que se omitió revisar la carpeta administrativa.

4. Dice que su contestación al gestor (f.° 72 a 81, ibidem) también fue apreciada equivocadamente, pues se admitieron los hechos 1° al 9°, lo que significa que confesó y ratificó lo expuesto en la Resolución n.° SUB56714 del 9 de mayo de 2017, «aduciendo que al actor no se le concedió la pensión por no haber acreditado la PCL y la interdicción judicial en fecha concomitante o anterior a la fecha de deceso del causante, por lo que la entidad con sujeción al mandato legal le otorgó la pensión de sobrevivientes a la señora Muñoz de Salazar».

En apoyo de sus argumentos, cita la providencia CSJ SL540-2021 y concluye que, si se hubiesen estimado correctamente los elementos aludidos, se habría confirmado la decisión inicial de pagar la prestación y los intereses, desde la ejecutoria de la sentencia (f.° 4 a 9 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

VII. CONSIDERACIONES La demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor

que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una acción de esta naturaleza está sometida en su formulación a una técnica especial, que, de no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable, con lo cual hace imposible el estudio de fondo de los cargos.

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Radicación n.° 95557 Por tal razón, en varias oportunidades se ha expuesto que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que la labor de la Corte, siempre que el inconforme sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones, al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar, para dirimir rectamente el conflicto (CSJ SL14055-2016, CSJ SL10092-2017 y CSJ SL5798-2018). La Corporación puntualiza lo anterior, ya que halla que la censura en realidad presenta una acusación como si se tratara de una instancia propia del trámite ordinario, sin derruir los verdaderos pilares de la decisión del Tribunal, omitiendo que la labor de esta Corte no «radica en descubrir a cuál de ellas debe asignarle el derecho sustancial debatido, porque dicha polémica queda agotada al proferirse el fallo del juez de la alzada» (CSJ SL2052-2022). Lo preliminar, aunque se incurrió en la imprecisión de aludir a la vía directa, cuando con claridad se denota que es

la de los hechos porque plantea errores fácticos, reprocha pruebas y sus argumentos son netamente de esta índole, siendo una falencia superable. Empero, presenta los siguientes yerros de técnica que no corren la misma suerte que el previo:

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Radicación n.° 95557

1. Recuérdese que el fallador de instancia tuvo como ejes centrales de su decisión, en lo que interesa al retroactivo otorgado que: 1.1. En principio, el derecho se debía otorgar al hijo discapacitado desde el 24 de septiembre del 2011, fecha de deceso de su padre fallecido. Sin embargo: a) No operó la excepción de prescripción, pues, aunque la Reclamación se efectuó el 31 de marzo del 2017 y la demanda se instauró el 5 de abril del 2018, el término estuvo suspendido para el señor Palomino Payan conforme a los artículos 2530 y 2541 del CC, en tanto que se encontraba en situación de discapacidad; b) le correspondía respetar la competencia que le fijaba el recurso de apelación, en el que solicitaron las mesadas desde el 31 de marzo del 2017 y, c) su actuar estaba circunscrito al grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones que le impedía hacer más gravosa su situación, el retroactivo se reconocería desde la data deprecada en la alzada. 1.2. Se configuró un actuar negligente y omisivo de Colpensiones, ya que tenía conocimiento de la existencia de un hijo discapacitado del causante, que derivó de:

a) La Certificación remitida por el médico laboral del ISS, hoy Colpensiones, en el año 1993, en la que concluyó que el señor Palomino Payan es una persona inválida; b) la sentencia del Juzgado Cuarto de Familia de Cali por la que se declaró interdicto al señor Yur Dair Palomino Payan, en el

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Radicación n.° 95557 año 2013 y, c) la Constancia por la que se puso en conocimiento el Dictamen SNML – 3511 del 7 de junio de 2012. Pese a lo anterior, la administradora demandada no emitió acto administrativo que suspendiera el pago de la pensión a la cónyuge. El colegiado se remitió al mismo análisis probatorio para determinar que los intereses moratorios procedían desde el 31 de mayo de 2017, por la falta de diligencia de la pasiva en cancelar el beneficio pretendido y, además, aludió desde lo jurídico que aquellos procedían por el simple retardo en el pago de las mesadas, que no eran sancionatorios, sino resarcitorios y resultaba inane revisar la conducta de la administradora o su buena fe. Como se avizora, el juzgador tuvo argumentos fácticos y de derecho para fijar el momento en el que concedería el retroactivo pensional, así como los intereses moratorios. Incluso, el pilar central de la determinación en cuanto a la data en que otorgó el retroactivo, principalmente compete al jurídico, pues -más allá del actuar negligente u omisivo de la accionadaen últimas la fecha se estipuló acorde a los

parámetros jurídicos que fija el principio de consonancia, el grado jurisdiccional de consulta y la no configuración de la prescripción en el sub examine; aspectos de los que no se hace ninguna alusión, siquiera sumaria, en la denuncia.

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Radicación n.° 95557 En esa medida, el cuestionamiento resulta insuficiente para derribarlo, pues la ratio decidendi de la providencia impugnada en sede extraordinaria permanece inmodificable, luego mantiene su vigencia y la presunción de acierto y legalidad que lo cobija, como se dijo en sentencia CSJ SL9252018, reiterada en CSJ SL1378-2021, al señalar que: […] al dejar libre de ataque algunos pilares fundantes de la sentencia gravada, el impugnante no se aproxima al objetivo que se propuso en la formulación del alcance de la impugnación, en la medida en que las premisas inatacadas permaneces (sic) enhiestas en apoyo de la decisión del ad quem, con lo cual desatiende la carga de socavar los cimientos del fallo que viene precedido de la presunción de legalidad y acierto, propia de los que dicta un funcionario judicial en ejercicio de la potestad de juzgamiento que le confieren la Constitución Política y la Ley

2. Incluso, si bajo cualquier escenario se entendiera que el soporte del ad quem fue en realidad netamente fáctico, lo cierto es que con lo esbozado en el cargo se deja libre de reproche aquello referente a que: i) Colpensiones tuvo conocimiento de la existencia del hijo discapacitado del fallecido desde el año 1993, conforme a certificación que

remitió el médico laboral del ISS, hoy Colpensiones y, ii) aun conocedora ello, no emitió acto administrativo suspendiendo el derecho concedido a la cónyuge. No se puede soslayar que «no basta entonces que el recurrente dé explicaciones así sean razonables sobre los eventuales asertos erróneos del fallador o, que se limite a enfrentar sus conclusiones con las de éste» CSJ SL56682021), como en el sub lite sucede cuando alude que publicó edicto emplazatorio sin que concurriera el demandante, que desembolsó la pensión a quién creyó deberle o que no

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Radicación n.° 95557 procede una condena, porque sería un doble pago a favor del hijo discapacitado, en la medida que le compete identificar los verdaderos argumentos y demostrar lo yerros, bien sean fácticos o jurídicos con incidencia en la decisión final.

3. También, la censura denuncia como valorada equivocadamente la Resolución n.° SUB 56714 del 9 de mayo del 2017 y la contestación al gestor, pero el colegiado no pudo incurrir en tal error, porque para ello tenía que emitir un juicio sobre su contenido o valor, lo que en estricto sentido no sucedió (CSJ SL, 5 dic. 1990, rad. 3986, CSJ SL18102018 y CSJ SL4800-2019).

Con lo precedente, incurre en la impropiedad de acusar indistintamente los medios probatorios como estimados erróneamente y no estudiados, pues no es lo

mismo señalar, de una misma prueba, que no se evaluó o que se hizo de manera equivocada, dejando a la Corte la labor de escoger, función que no le corresponde. En cuanto al tema, en proveído CSJ SL1810-2018 se dijo que: […] la falta de apreciación y la valoración errada de las pruebas son dos fenómenos diferentes, para lo cual la Sala ha indicado que «Los dos fenómenos no son idénticos, sino distintos e inconfundibles. Cuando la prueba se aprecia se emite un juicio sobre su valor; si deja de apreciarse, no hay concepto alguno acerca del mérito que ofrezca.

4. Junto a lo preliminar, no se puede olvidar que la contestación de la demanda es una pieza procesal que no se enmarca con estrictez en el concepto de prueba, pero alcanza dicha connotación si de ella se deduce confesión de los

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Radicación n.° 95557 hechos allí alegados o en el evento de que la voluntad de las partes sea ignorada o tergiversada ostensiblemente por el fallador (CSJ SL14542-2016, CSJ SL1516-2018 y CSJ SL3818-2020); escenarios que no se acreditan, ni busca el recurrente hacer ver. Y sobre todo es indispensable recordar que las manifestaciones elevadas por Colpensiones a su favor en la respuesta al líbelo no son susceptibles de ser tenidas como confesión, en la medida que para que sea considerada como tal debe ser adversa al confesante, de conformidad con el artículo 191 del CGP, aplicable por remisión del 145 del

CPTSS (CSJ SL1469-2021) y no son susceptibles de probar supuesto alguno que la beneficie, en la medida que a nadie le es dado fabricar su propia prueba (CSJ 1791-2015, reiterada en CSJ SL2834-2020).

5. Frente a la Constancia del 4 de julio del 2012, la censura asevera que fue mal valorada, porque -aunque a través de ella se notificó el Dictamen SNML 3511 del 7 de junio de 2012, que refleja una PCL del 64.30 % de origen común con fecha de estructuración del 6 de enero de 1967 y