CSJ - SL1079-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL1079-2023 Radicación n.°91661 Acta 9 Ibagué, quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 16 de julio de 2020, en el proceso que instauró ROBERTO DELGADO SABOGAL contra la recurrente.

I. ANTECEDENTES Roberto Delgado Sabogal llamó a juicio a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., con el fin de que le sea reconocida la pensión de vejez a partir del 26 de marzo de 2018, más intereses moratorios e indexación.

Fundamentó sus peticiones, en que registra un total de

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Radicación n.° 91661 1653 semanas, discriminadas así: 539 semanas cotizadas a Colpensiones, 519 cotizadas al Régimen de Ahorro Individual RAIS y 595 que corresponden a servicios prestados a la Alcaldía del Municipio de Villarrica. Manifestó que radicó ante Porvenir S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pues cumplió 62 años el 26 de marzo del mismo año 2018, fecha de redención del bono. Señaló que la entidad demandada asegura que, con el fin de adelantar el trámite correspondiente de la pensión solicitada requirió al Municipio de Villarrica, mediante oficio calendado el 15 de

agosto de 2018 el reconocimiento y pago del cupón a su cargo en relación con el derecho pensional. Advirtió que existió una demora injustificada en el trámite del bono, razón por la cual presentó acción de tutela, la cual fue fallada el 25 de octubre de 2018. No obstante, a pesar de los requerimientos y la tutela, informó que no se le ha dado respuesta a tal solicitud, superando el tiempo establecido por la Ley 797 de 2003 en su artículo 9, para realizar dicho trámite -4 meses-. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó el número de semanas cotizadas al régimen de ahorro individual y al régimen de prima media, así como las gestiones realizadas a fin de obtener el reconocimiento del tiempo de servicios prestado con la Alcaldía de Villarrica y la no respuesta de dicho municipio. Manifestó además que en

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Radicación n.° 91661 el caso del señor Sabogal no se ha verificado si tiene el capital para acceder a la pensión de vejez o explorar la garantía de pensión mínima. En su defensa propuso las excepciones de petición antes de tiempo, falta de integración de litis consorcio, buena fe, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa de título, cobro de lo no debido y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 13 de febrero de 2020 (fls. 90 y 91), decidió:

Declarar que el demandante Roberto Delgado Sabogal tiene derecho a la pensión de garantía mínima de manera retroactiva a cargo del Fondo de Pensiones Porvenir S.A. Condenar a la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a pagar a Roberto Delgado Sabogal la garantía de pensión mínima, de manera retroactiva a partir del 26 de marzo de 2018, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal vigente para cada anualidad, por 13 mesadas al año y los reajustes legales que ha sufrido la misma cada año subsiguiente, más los intereses moratorios a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia, atendiendo las reglas del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 10 de noviembre de 2018 y hasta cuando se verifique el pago de dicha prestación, intereses que deberán ser pagados del patrimonio de Porvenir S.A.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante fallo de 16 de julio de 2020, resolvió el recurso de apelación presentado por Porvenir S.A.

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Radicación n.° 91661 y confirmó la decisión de primera instancia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problema jurídico a resolver si a efectos de determinar el reconocimiento de la pensión otorgada se tiene en cuenta el número de semanas cotizadas y no el capital ahorrado. Como fuentes normativas el ad quem, se refirió a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, norma en

la cual se establece que para acceder al requisito de pensión mínima se debe acreditar que si es varón se cumpla con más de 62 años y haber cotizado 1150 semanas. El Tribunal confirmó que de las pruebas allegadas al expediente se verificó que el demandante nació el 26 de marzo de 1956 y, en consecuencia, cumplió la edad de 62 años el 26 de marzo de 2018, que acreditó 1398 semanas y, además, que no se relacionan semanas faltantes, motivo por el cual consideró que tenía derecho a la garantía de pensión mínima.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte en relación con la

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Radicación n.° 91661 sentencia impugnada: [...] sea CASADA TOTALMENTE. En sede de instancia la Honorable Corte se servirá́ revocar la condena del juez a quo, y en su reemplazo se ORDENARÁ que PORVENIR S.A. procederá́ a reconocer y pagar la garantía de pensión mínima de vejez una vez sea reconocida y depositado las sumas faltantes en la cuenta de ahorro pensional del demandante por parte de LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, proveyendo en costas en lo que corresponda. Y, en relación con el segundo cargo: Solicitó que la sentencia impugnada sea CASADA PARCIALMENTE en cuanto confirmó la condena al pago de

intereses moratorios, En sede de instancia la H. Sala de la Corte se servirá́ revocar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia y en su lugar se absolverá́ a mi representada del pago de los intereses moratorios. Con tal propósito formuló dos cargos por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, bajo la modalidad de interpretación errónea de los artículos 65, 68, 83 y 84 de la Ley 100 de 1993, art. 4 del Decreto 832 de 1996 y 1602 del Código Civil, que lo condujo a infringir directamente los artículos 48 Constitucional, 64, 67 y 68, Ley 100 de 1993, y el artículo 27 Código Civil.

Precisó la censura que se discute con este cargo es que el ad quem no tuvo en cuenta que en el RAIS lo que importa no es el número de semanas cotizadas, sino el capital acumulado en la cuenta del afiliado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 ibidem, que en la parte pertinente

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Radicación n.° 91661 dice: ARTÍCULO 64. (…) tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente (…) Consideró la recurrente que tanto el artículo 83 y el 84 antes de su derogatoria por la Ley 1955 de 2019, necesariamente se remiten a lo dispuesto en el artículo 68

que en materia de financiación de la pensión de vejez señalan que esta se financiará con los dineros existentes en la cuenta de ahorro pensional y, entre otros, con el aporte de la Nación, en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima. Señaló la censura que en un plano estrictamente jurídico se discute que, a pesar de tener probado el ad quem, que a la fecha del reclamo el demandante no reunía el capital suficiente para financiar una pensión de vejez y que, pese a la ausencia de ese requisito, se pudo establecer que, eventualmente tenía derecho a la garantía de pensión mínima de vejez pero, es la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público el ente que tiene a su cargo de manera exclusiva aprobar y autorizar el pago de la garantía de pensión mínima, por lo que no podía ser obligada a dicho reconocimiento. Adicional a lo expuesto, sostuvo que nunca fue solicitado el pago de la garantía de pensión mínima, sino que directamente el demandante se fue en demanda ordinaria

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Radicación n.° 91661 para ello y, además, no se discute en este cargo por la vía directa que el Ministerio de Hacienda no ha resuelto tal reconocimiento de la garantía de pensión mínima de vejez, luego no es posible que el Tribunal la condene. Advirtió además la recurrente que, a efectos del reconocimiento de tal prestación le corresponde a los fondos adelantar los trámites necesarios para obtener esa

aprobación ministerial, lo cual no adelantó, pues nunca fue solicitado por el demandante. Afirmó la censura que existe una infracción directa de los artículos 64, 65, 83 y 84 de la Ley 100 de 1993, pues en primera medida, se desconocen los requisitos exigidos por el Sistema General de Pensiones para acceder a una prestación en el RAIS, como la de garantía de pensión mínima de vejez, según lo dispuesto en los artículos 64, 65, 83 y 84 de la Ley 100 de 1993, ignorados en este caso, y en los que se precisa, que dicha pensión se financia con el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, conformado por las cotizaciones, los rendimientos y el bono pensional, si tiene derecho a ello, lo que le permitirá obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, y segundo, la garantía de pensión mínima, cuando acumulado el capital incluido el bono pensional, resulte insuficiente, debe ser obligatoriamente aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, estimó que no puede el juez otorgar prestaciones pensionales dentro del régimen vigente de

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Radicación n.° 91661 ahorro individual con solidaridad con base en criterios que se apartan de la finalidad misma del sistema. Alegó además que la infracción directa del artículo 48 de la Constitución consiste en que la sostenibilidad del sistema ha estado fundamentada en la viabilidad financiera del mismo, al punto que puede desaparecer o afectarse en materia grave cuando no se obtienen los recursos suficientes

para su financiación. Ello ocurre cuando por la vía judicial se otorgan prestaciones por fuera de lo establecido en las normas vigentes, pues son prestaciones que no cuentan con el respaldo financiero necesario por no tener los beneficiarios los requisitos en materia de aportes dispuestos en la nueva ley. Agregó que en un sistema de seguridad social de clara naturaleza contributiva como el vigente en Colombia, es indispensable que la financiación de las prestaciones se haga con base en las normas vigentes que establecen los requisitos en materia de cotizaciones, pues es de suponer que son esas cotizaciones y no otras, las que se han considerado por el legislador como necesarias y suficientes para financiar las prestaciones de todos los afiliados al sistema y no solamente de una parte de ellos. Aseguró que el juez individual o colegiado al otorgar prestaciones pensionales dentro del sistema general de pensiones con base en disposiciones que no han sido cumplidas por parte del afiliado o de la autoridad ministerial basado simplemente en el supuesto de que la AFP debe pagar

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Radicación n.° 91661 una pensión sin cumplir requisitos o porque no se ha tramitado tal aprobación de la garantía de pensión mínima, lo cual infringe el artículo 48 de la C.P.

VII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión en lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 y el cumplimiento de los requisitos previstos para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, que en este caso son cumplir 62 años si es varón y haber cotizado al menos 1150 semanas, lo cual fue

acreditado en el proceso. La censura radica su inconformidad en dos aspectos concretos: 1) Que la interpretación realizada por el ad quem desconoció que, a efectos de obtener el reconocimiento de la garantía de pensión mínima debe la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobar y autorizar el pago de dicha garantía, por lo que no podía ser el fondo obligado a dicho reconocimiento. Y, ello ocurre, explica la recurrente, por cuanto nunca fue solicitada dicha prestación. Sostiene que a efectos del reconocimiento de tal prestación le corresponde a los fondos adelantar los trámites necesarios para obtener esa aprobación ministerial. Y, 2) Considera además que la interpretación del Tribunal no se acompasa a lo establecido en el artículo 48 de la C.P

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Radicación n.° 91661 en la medida en que se vulnera el principio de sostenibilidad financiera del sistema, puesto que se reconoce una prestación económica que no cumple con los requisitos legales, en el caso concreto, la aprobación exigida por parte del Ministerio de Hacienda para acceder a dicha prestación. Pues bien, se excluye de la discusión que el demandante se encontraba afiliado al Fondo de Pensiones Porvenir, que nació el 26 de marzo de 1956 y, en consecuencia, cumplió la edad de 62 años el 26 de marzo de 2018. Que acreditó 1398 semanas cotizadas y que, hasta el momento, no se ha obtenido respuesta del bono pensional del demandante. Vistas las cosas en el contexto que antecede, le

corresponde a la Corte resolver si erró el Tribunal al estimar que es procedente el reconocimiento de la garantía de pensión mínima de vejez, cuando no existe aprobación por parte del ente gubernamental autorizado por la ley para tal efecto, Nación-Ministerio de Hacienda, imponiendo el pago directo a la administradora. Para resolver el problema jurídico planteado la Sala reitera en este tema lo ya dicho en sentencias CSJ SL42522021, SL5658-2021, SL2512-2021, en las que se precisó que: La procedencia de la a pensión de vejez en el Régimen de Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAISProcedencia Nadie discute que, en Colombia, con la entrada en vigor del estatuto pensional en el año 1994, el legislador creó la

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Radicación n.° 91661 coexistencia de dos regímenes pensionales (Prima Media con Prestación DefinidaRPMy Ahorro Individual con SolidaridadRAIS) excluyentes y de estirpe diferente, lo que, sin hesitación ninguna, conlleva a que el acceso a los servicios y prestaciones, entre otros, estriben en el régimen escogido por el afiliado. En esa dirección, en el RPM, la pensión de vejez dependerá del cumplimiento de las condiciones de edad y tiempo de servicios o cotizaciones (artículo 33 Ley 100 de 1993), sin tener relevancia cuánto dinero aportó el afiliado; mientras que, en el RAIS, en primera medida el reconocimiento si obedecerá al capital acumulado en la cuenta de ahorro individual. Nótese que, a voces

del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, es requisito esencial para acceder a la prestación, tratándose de la contingencia de vejez, que el afiliado posea en su Cuenta de Ahorro Individual -CAIun capital que efectivamente le permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, palmario está, en armonía con lo dispuesto en el artículo 35 del mismo estatuto, concerniente a la pensión mínima. Aquí, juzga conveniente la Corte precisar que la determinación del capital necesario o saldo mínimo de pensión para acceder a la prestación de vejez, debe hacerse con estricto seguimiento de las normas que consagran cómo hacer este cálculo, incluyendo las variables a tenerse en cuenta, por ejemplo, las tablas de mortalidad, la existencia de beneficiarios del afiliado y su expectativa de vida. Esto para significar que no existe un monto preestablecido y que dependerá, en cada caso particular, de las condiciones personales y familiares del solicitante para encontrar cuál es el monto requerido para el acceso a la prestación. Financiación El artículo 68 de la Ley 100 de 1993 instituye que esta pensión se financia con «los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos pensionales cuando a ello hubiere lugar, y con el aporte de la Nación en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima». Así que, la CAI está conformada por los aportes obligatorios, voluntarios y sus rendimientos y, como lo indica el precepto, el bono pensional, si a este hubiere lugar. Entonces, estos factores

constituyen los recursos destinados para la cobertura de la pensión y de allí la necesidad de establecer de manera certera la suficiencia de los mismos para acceder a la prestación. En lo atinente al mencionado porcentaje del 110% del salario mínimo legal mensual vigente, se impone dejar cristalino que no solo es utilizado para calcular la prestación económica, como quiera que el fundamento del artículo 64 de la Ley 100 de 1993 es, precisamente, que se reconozcan pensiones con recursos

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Radicación n.° 91661 suficientes para su financiación, en el entendido que es una prestación a largo plazo y con alta probabilidad de ser sustituida en cabeza de los beneficiarios de segundo orden del afiliado. A lo discurrido se suma que, acorde con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, tanto el reconocimiento de la prestación, como el monto de la mesada pensional, deben guardar correspondencia con lo acumulado en la CAI, toda vez que, una interpretación que escinda del cálculo para acceder al beneficio pensional el valor de la mesada a cancelar, conduce al acceso de la prestación sin el lleno de los requisitos de ley y, esto, por repercusión, golpeará los recursos que en el tiempo permitan el pago de la misma.

Recapitulando: la determinación del capital para acceder a la pensión en el RAIS del artículo 64 anotado, debe ser armonizado, necesaria y rigurosamente, conforme a los términos que sobre pensión mínima de vejez consagra el artículo 35 de la Ley 100 de

1993. Aportes pensionales y Bono pensional Los aportes pensionales no son otros diferentes a las cotizaciones que en favor del trabajador se realizan mes a mes y sobre los cuales las administradoras tienen, dentro de su gestión, el deber de invertirlos según los límites que ha señalado la normatividad, con el fin de que generen una rentabilidad. En tratándose de aportes voluntarios, solo harán parte del capital que financia la pensión, si así lo quiere el afiliado. En lo tocante al bono pensional, regulado en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, tal como lo ha enseñado esta Sala, representa el valor de los tiempos de servicio o cotización de un trabajador que se traslada de régimen y que en el RAIS se denomina bono tipo A, el cual para su consolidación depende de la información de la historia laboral, para que una vez afianzada y confirmada por los empleadores permita la emisión del bono, a efectos de que el mismo en la fecha correspondiente, sea redimido y pagado. A este respecto, la Sala, en providencia CSJ SL4305-2018, razonó: 1) Del procedimiento para la liquidación, emisión y expedición de los bonos pensionales tipo A: Para que el valor del bono haga parte del capital de financiación de la pensión, han de agotarse las siguientes etapas: a) conformación de la historia laboral del afiliado; b) solicitud y realización de la liquidación provisional; c) aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional; d) emisión; e) expedición; f) redención y g) pago del bono pensional. A continuación se describirán brevemente cada una ellas:

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Radicación n.° 91661 a) Una vez el beneficiario del bono realiza la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, el primer paso para la tramitación del bono pensional es la conformación de la historia laboral del afiliado, que se realiza mediante la información que éste suministra a su AFP y la información que la AFP solicita a las entidades a las cuales el trabajador realizó cotizaciones diferentes al ISS. La información así obtenida es ingresada por la AFP al Sistema Interactivo que para el efecto tiene la OBP. La información sobre cotizaciones realizadas por el trabajador al ISS se obtiene del archivo masivo que para el efecto tiene el ISS. Si se presenta alguna variación posterior de esta información y así lo certifica el ISS, la AFP debe digitar esta nueva información en el Sistema Interactivo de la OBP. b) Conformada la historia laboral, la AFP, en representación del afiliado, debe solicitar al emisor del bono pensional la liquidación de éste, para lo cual debe definir el salario base para el cálculo del bono pensional. c) Con esta información, la OBP realiza un cálculo del valor del bono a la fecha de corte, cálculo que denomina liquidación provisional. Antes de la emisión del bono pensional se pueden producir diversas liquidaciones provisionales, dependiendo de la información y de la aceptación de la misma por parte del afiliado. Según lo dispone el inciso 9º del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, la liquidación provisional no constituye una situación jurídica consolidada. d) Realizada la liquidación provisional, la AFP debe darla a

conocer al afiliado, para que éste la apruebe y la firme de conformidad con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto 3798 de 2003. Si no está de acuerdo, el afiliado debe explicar a la AFP sus razones para que se efectúen las correcciones a que haya lugar. Efectuados los ajustes, debe realizarse una nueva solicitud a la OBP de liquidación provisional. e) Producida la aprobación de la liquidación provisional por parte del afiliado, la AFP debe requerir a la OBP la emisión del bono pensional, la cual se realiza mediante resolución por parte del emisor, en la que se consagran los datos básicos del bono pensional y los valores calculados a esa fecha, los cuales pueden variar. f) La expedición del bono pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1513 de 1998, es el momento en que se suscribe el título físico o del ingreso de la información a un depósito central de valores, en el caso de la expedición desmaterializada de títulos. Un bono emitido se expide en uno de los siguientes tres casos: (1) por redención normal del bono pensional tipo A que se produce cuando el afiliado, cumple 62 años, si es hombre, o 60 años, si es mujer, o cuando el mismo completa mil semanas de vinculación laboral válida para el bono; (2) por redención anticipada del bono pensional tipo A que ocurre cuando el afiliado fallece, es declarado inválido, o no cumple con el requisito de las semanas

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Radicación n.° 91661 exigidas para obtener la garantía de la pensión mínima ni cuenta

con el capital suficiente para adquirir una pensión; y (3) por solicitud de la AFP, una vez ésta ha obtenido autorización escrita del afiliado para negociar el bono con el fin de obtener una pensión anticipada. g) Por último, se produce el pago del bono pensional a la AFP, que consiste en el depósito de los dineros en la cuenta de ahorro individual del beneficiario. 2) De la historia laboral y las certificaciones válidas para liquidar los bonos pensionales: En este orden de ideas se tiene que dentro del trámite para la expedición de bonos pensionales Tipo A se ha de cumplir con la conformación de la historia laboral del afiliado, puesto que, para la liquidación y emisión del bono, se utilizará aquella información laboral que haya sido confirmada directamente por el empleador o caja, fondo o entidad que deba dar certificación, según el caso, de forma oportuna. O aquella certificada a tiempo que no haya sido negada por alguno de estos, art. 52 del D. 1748 de 1995, modificado por los artículos 14 del Decreto 1474 de 1997 y 22 del D. 1513 de 1998. Conforme al citado artículo 52, una vez el beneficiario eleva ante la AFP una solicitud de trámite de bono pensional, esa entidad debe establecer la historia laboral del afiliado con base i) en la información que este le haya suministrado y los archivos que la entidad posea y, ii) en toda la información laboral que pueda incidir en el valor del bono y que sea confirmada, modificada o negada por quienes hayan sido empleadores del afiliado, o por las cajas, fondos o entidades de previsión social a las que hubiere

cotizado. Realizado lo anterior, la AFP trasladará dicha información al emisor para que este dé inicio al proceso de liquidación provisional del bono. Es de advertir que el legislador allí mismo previó que, si la entidad requerida para que allegue la información pertinente es de carácter público, se aplicará lo dispuesto en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo1. Si se trata de servidores públicos, el incumplimiento de este plazo será sancionado disciplinariamente del acuerdo con el Código Disciplinario Único, pero el legislador no previó los efectos del silencio administrativo positivo ni la presunción de veracidad de la información respecto 1 Art. 6º del CCA. “Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. En los demás casos será escrita”. El CCA fue derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo.html#6

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Radicación n.° 91661 de la cual se solicitó su confirmación o certificación. Cuando un empleador deba certificar información laboral con destino a la expedición de un bono tipo A, en arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 del D.1748 de 1995, la certificación

debe contar con los requisitos expresamente allí señalados, dentro de los cuales, entre otros ítems, debe estar especificado «g) Número total de días de interrupción por suspensión o licencia no remunerada; opcionalmente, fechas de iniciación y terminación de las interrupciones», como también «k) Fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo». Se puede colegir de la regulación del trámite para obtener la expedición del bono, que la conformación de la historia laboral con este fin no está a cargo exclusivo de la AFP, si no que se trata de un proceso complejo que si bien es ejecutado y coordinado por la AFP, en él también han de intervenir el afiliado, las entidades donde se estuvo afiliado y los empleadores, según el caso. Puede estimarse que se trata de un trámite complejo, pero no por esto se ha eximir al aspirante a la pensión de llevarlo a cabo, puesto que la conformación de la historia laboral se justifica para reunir, de manera eficiente, cierta y efectiva, los medios económicos que permiten capitalizar las prestaciones pensionales, garantizando así el principio de sostenibilidad financiera de los recursos y procurar la eficiencia, la solidaridad y la universalidad en la protección de las personas frente a las contingencias que el sistema de seguridad social ampara (arts. 48 de la Constitución y 2 de la Ley 100 de 1993). Durante el agotamiento de la conformación de la historia laboral del afiliado, las sociedades administradoras de fondos de pensiones que manejan el régimen de ahorro individual con solidaridad, así como aquellas cajas o fondos del sector público o privado que lo hacen en el régimen solidario de prima media

con prestación definida, deben procurar la mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que la emisión y redención de los bonos pensionales se materialice en forma adecuada, oportuna y suficiente, a partir de una articulación de políticas, instituciones, regímenes y procedimientos que permitan, cuando a ello haya lugar, recaudar aquellos aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones2. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 59 del D. 1748 de 1995, adicionado por el artículo 25 del D. 1513 de 1998, se ha de tener en cuenta la intangibilidad de la historia laboral elaborada con base en un archivo masivo que haya sido utilizada para la emisión del bono pensional, ya que, según este precepto, tal historia sólo podrá ser modificada con el consentimiento del 2 En este mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia T-226 de 2018

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Radicación n.° 91661 afiliado. Muy a tono con lo explicado, resulta útil señalar que hasta tanto no se tenga consolidado el bono pensional, incluyendo las inconsistencias que sobre el mismo se presenten, no se tendrá total certeza de cuál es el saldo de la CAI y, por tanto, si esta permite el cumplimiento de los condicionamientos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993. En el panorama descrito, la Sala no desconoce que la emisión del bono se puede tornar en un obstáculo para que el afiliado comience a disfrutar la pensión, empero, la solución a esta

situación «no es ordenar automáticamente, a la administradora el reconocimiento de la pensión, sin que se haya comprobado previamente el cumplimiento del requisito financiero que da derecho a percibir la prestación, porque, de aceptarse esto, se atentaría contra el mandato consagrado en el artículo 48 de la Constitución» (CSJ SL4305-2018). En fin, si un afiliado logra satisfacer el requisito de capital necesario, conforme a la normativa vigente, tendrá el derecho a acceder a la pensión de vejez en los términos y condiciones de la modalidad pensional que seleccione. Ahora bien, en el evento de que no exista el capital necesario lo procedente en primera medida es determinar si el afiliado puede optar por la garantía de pensión mínima y de no contar con los requerimientos para ello, la prestación sustitutiva de la pensión es la devolución de saldos vista en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993. ii. Procedencia del principio solidario de la garantía de la pensión mínima de vejez en el Régime