CSJ - SL108-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL108-2023 Radicación n.° 89119 Acta 01 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por NIDYA ESPERANZA GARZÓN MOLANO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que le instauró a

ALLIANZ SEGUROS S. A. y ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.

A.

I. ANTECEDENTES Nidya Esperanza Garzón Molano demandó a Allianz Seguros S. A. y a Allianz Seguros de Vida S. A., para que se declarara que entre las partes, existió un contrato de trabajo a término indefinido, finalizado sin justa causa por las empleadoras, debido a su delicado estado de salud.

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Radicación n.° 89119 Solicitó que, en consecuencia, se ordenara su reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir, la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y las costas. Narró que el 2 de julio de 1996 se vinculó a las accionadas mediante contrato de trabajo y su cargo inicial fue el de expendedora; que durante la vigencia del vínculo estuvo sometida a una carga excesiva de trabajo, por lo que debió prestar sus servicios en jornadas que excedían las máximas legales, lo que era conocido por sus superiores; que

sufrió altos niveles de estrés ocupacional; que debido a esa sobrecarga, el 7 de enero de 2009, padeció un infarto isquémico cerebeloso en el sitio de trabajo, que no fue reportado a su ARL; que dicho incidente le generó una importante disminución en su capacidad física, fisiológica y laboral; que tuvo una larga incapacidad médica pero logró reintegrarse a su empleo, el cual continuó con iguales condiciones y responsabilidades. Contó que sus médicos tratantes le indicaron que no podía seguir manejando los mismos niveles de estrés ni la sobrecarga de actividades a la que había sido sometida; que se expidieron recomendaciones en tal sentido, que fueron entregadas a la dadora del empleo; que el 1° de octubre de 2013 fue despedida sin justa causa; que era sujeto de especial protección constitucional, por encontrarse en condición de discapacidad, por lo que la terminación de su vínculo carecía de efectos jurídicos; que era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el grupo Allianz y Sintrase (f.° 3 a 19, en relación con los f.° 144 a 151,

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Radicación n.° 89119 en relación con los f.° 402 a 423, cuaderno n.° 1). Las demandadas, en escritos independientes, pero de similar contenido, se resistieron a las pretensiones. Aceptaron el contrato de trabajo con la accionante; la ocurrencia del accidente isquémico y que tras su reintegro, la trabajadora continuó con normalidad su actividad laboral,

pues siempre respetó los estándares y límites de la legislación colombiana; que contó con recomendaciones médicas en torno a realizar pausas activas cada dos horas por diez minutos y no trabajar horas extras; que fue despedida en virtud de la facultad estatuida en el CST. Negaron que la subordinada prestara servicios a diferentes compañías, pues el contrato se suscribió con todo el grupo empresarial; que tuviese alta carga laboral o de niveles de estrés, porque su jornada era la legal, no existió objeción en sus funciones y tareas y el riesgo del puesto de trabajo estaba calificado como bajo; que el cargo ocupado fue el de analista de soporte, cuya clasificación era la de menor responsabilidad dentro de la unidad de gestión de cartera; que el problema de salud que padeció fuera de origen profesional, puesto que el tratamiento médico, las incapacidades y demás servicios fueron atendidos por la EPS, sin que se formulara conflicto en torno a la calificación de origen que dio esa entidad; además, porque no estaba ligado a su ejercicio profesional, ni se presentó en ejecución de sus funciones, por lo que no era procedente reportarlo ante la ARL.

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Radicación n.° 89119 Dijeron que también era falso que la servidora contara con disminución en su capacidad laboral, pues solo tenía recomendaciones en torno a la imposibilidad de trabajar horas extras; que no se encontraba en tratamiento médico importante, ni se le habían expedido incapacidades médicas; que no tenía secuelas determinantes para mermar sus condiciones laborales derivadas del siniestro del 2009, por lo que no era titular del fuero de salud.

Adujeron que los demás hechos no les constaban por ser situaciones personales de la actora. Formularon como excepciones de mérito las de cobro de lo no debido por inexistencia de la causa y de la obligación, inexistencia de estabilidad laboral reforzada por fuero de salud, subrogación de riesgos en cabeza de las entidades del sistema de seguridad social, improcedencia del reintegro, buena fe, prescripción, compensación y las demás que el juzgado encuentre probadas y que por no requerir formulación expresa declare de oficio (f.° 232 a 249 y 317 a 333, en relación con el f.° 431, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, el 23 de agosto de 2018, resolvió: Primero: DECLARAR INEFICAZ la terminación del contrato de trabajo suscrito entre Nidya Esperanza Garzón Molano con Allianz Seguros S. A. y Allianz Seguros de Vida S. A. en atención a que la pasiva no logró probar una causa de terminación diferente a las limitaciones de salud de la demandante.

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Segundo: ORDENAR a Allianz Seguros S. A. y Allianz Seguros de Vida S. A. a reintegrar a la señora Nidya Esperanza Garzón Molano a un cargo acorde con sus condiciones de salud, para el cual deberá ser capacitada, sin desmejorar su condición laboral hasta tanto el sistema general de seguridad social asuma la

responsabilidad del riesgo de invalidez dada la calificación de la PCL de la demandante.

Tercero: CONDENAR a Allianz Seguros S. A. y Allianz Seguros de Vida S. A., a pagar a la señora Nidya Esperanza Garzón Molano los salarios, prestaciones laborales, vacaciones y aportes al sistema general de seguridad social, valores que deberá ser actualizados conforme las tablas de ajuste salarial para cada año, causados desde la fecha del despido hasta cuando se haga efectivo el reintegro, advirtiendo que la parte demandada queda facultada para descontar el valor reconocido a la demandante por concepto de indemnización por despido sin justa causa.

Cuarto: CONDENAR a Allianz Seguros S. A. y Allianz Seguros de Vida S. A. a pagar a la señora Nidya Esperanza Garzón Molano el valor correspondiente a 180 días de salario por concepto de indemnización dada las condiciones expuestas de la terminación del contrato de trabajo, conforme el articulo 26 de la Ley 361 de

1997.

Quinto: CONDENAR a Allianz Seguros S. A. y Allianz Seguros de Vida S. A. a compensar a la demandante el valor de las cotizaciones al sistema general de seguridad social que ella haya asumido de su patrimonio.

Sexto: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de cobro de lo no debido por inexistencia de la causa y de la obligación, inexistencia de estabilidad laboral reforzada por fuero de salud, subrogación de riesgos en cabeza de las entidades del sistema de seguridad social y prescripción de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Séptimo: Costas de esta instancia a cargo de la parte demandada

[…] (acta de f.° 468, en relación con el CD de f.° 467, ibidem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 6 de noviembre de 2019, al desatar la apelación de las demandadas, revocó la primera sentencia, absteniéndose de imponer costas en segunda instancia.

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Radicación n.° 89119 Dijo que determinaría si había lugar a declarar la ineficacia del despido de la demandante; que tendría en cuenta los documentos, los interrogatorios de parte y testimonios arrimados al plenario y soportaría su decisión en las Leyes 361 de 1997, 776 de 2002 y 1618 de 2013 y en los fallos CC SU049-2017, CSJ SL2298-2019 y CSJ SL23952019. Expuso que la primera ley estableció una serie de mecanismos destinados a proteger e integrar socialmente a las personas en condición de discapacidad y, en su artículo 26, previó la estabilidad laboral reforzada, en virtud de la cual era posible declarar ineficaz la terminación del contrato cuando se demostrara «el grado de limitación en la capacidad laboral, junto con el conocimiento que debe tener el empleador de la misma y que entre éstas haya mediado un nexo de causalidad para la terminación del [vínculo] que permita colegir que […] se produjo con ocasión de [ese estado]». Manifestó que aunque esa norma «no determina[ba] los extremos de la limitación severa o profunda», la Corte Constitucional en la sentencia CC SU049-2017, precisó que

para aplicar esa garantía era necesario que el «estado de salud [fuera] de tal magnitud que impid[iera] o dificult[ara] sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares»; que, además, en la providencia CSJ SL13602018, se puntualizó que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no prohibía el despido del trabajador en situación de discapacidad, pues lo que sancionaba era que ese acto fuera

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Radicación n.° 89119 consecuencia de un criterio discriminatorio. Arguyó que en el caso no se demostró que la extinción del contrato hubiese sido en razón a la enfermedad que padecía la actora, pues: i) se allegó prueba de las siguientes incapacidades en el 2013: a) el 27 de enero, por tres días; b) el 19 de febrero, por tres días y, c) el 8 de agosto siguiente, por ocho días, pero ninguna para el 1° de octubre de 2013, cuando feneció el vínculo. ii) aunque existía recomendación médica en torno a que la trabajadora no podía laborar horas extras y debía tener una jornada ordinaria de trabajo, lo que fue notificado a la empleadora mediante el Correo Electrónico del 20 agosto 2003, las mismas fueron cumplidas, puesto que no obraba prueba que hubiese laborado tiempo superior al ordinario. iii) las citadas recomendaciones no impidieron o dificultaron sustancialmente el desempeño de las labores para las que fue contratada la servidora, pues al momento de su despido se encontraba prestando sus servicios y se presentó a un concurso para ascender de cargo, el cual

aprobó, como lo indicó en su interrogatorio; que «ejecutó las funciones, demostrando así las capacidades que tenía para ejercer el mismo». iv)

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Radicación n.° 89119 […] aun cuando se aprecia[ba] que al expediente se allegó el dictamen de determinación de origen y pérdida de la capacidad laboral y ocupacional realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, donde se determinó que la demandante cuenta en la actualidad con una pérdida de capacidad laboral del 52.16 % de origen común y con fecha de estructuración el 15 de marzo de 2018, […] el mismo fue realizado con posterioridad a la fecha en que se terminó la relación laboral existente entre las partes, sumado a que se fijó una fecha de estructuración posterior a la fecha de terminación del vínculo laboral, que lo fue el 1° de octubre de 2013, como se constata a folios cuatro 53 a 56. v) la prueba testimonial no daba cuenta de una condición que limitará a la convocante en el desempeño de sus funciones, pues los declarantes coincidieron en que ésta se encontraba laborando, ya que: a) Luz Marina Salazar señaló que no trabajaba en la misma sucursal de la señora Garzón Molano y conoció de las incapacidades y la decisión de terminación del contrato de trabajo, porque ésta la llamó y le comentó; que no tenía certeza si después del accidente la carga laboral fue menor o si le dieron recomendaciones para realizar sus actividades y sabía que se «quedaba en horario superior al establecido porque veía correos de ella en fichas de cierre».

b) Germán Garzón dijo que la actora, quien era su hermana, en el 2009 tuvo una enfermedad cerebrovascular; que no podía ejercer sus labores como antes y cuando ella se quedó sin trabajo, la dejó a cargo de su negocio, pero no le entregaba bien las cuentas porque olvidaba con facilidad las cosas. Añadió que del estudio realizado por la junta regional de calificación de invalidez se desprendía que la demandante,

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Radicación n.° 89119 después del 2009, presentó dificultades de salud por gastritis, colon irritable y otras enfermedades comunes no relevantes para el estudio de la incapacidad; que «solo hasta el 2018 se realiza un estudio con neuropsicología, mostrando así que su padecimiento no había presentado desmejora hasta la fecha de estructuración de la enfermedad»; que, por tanto, «al momento en que feneció la relación laboral no tenía una dificultad sustancial en el desempeño de sus labores en condiciones irregulares, para así determinar que se encontraba gozando de la estabilidad laboral reforzada», en el marco de la jurisprudencia constitucional. Precisó que, «bajo ese escenario», cuando el despido tenía origen distinto a la situación de discapacidad, como ocurrió en el caso, en razón al recorte de personal, según lo informó el representante legal de las demandadas y de la accionante en su interrogatorio de parte, no era necesario solicitar autorización, máxime si se pagó la indemnización correspondiente, porque no se probó una limitación sustancial para el ejercicio de las labores, según lo adoctrinado en las sentencias CC SU049-2017 y CSJ

SL1361-2018, como tampoco un despido en razón al estado de salud, pues «el accidente cerebro vascular sucedió en el año 2009 y el contrato terminó en el año 2013» (acta de f.° 474, en relación con el CD de f.° 473, ibidem).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende se quiebre la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme la primera (demanda de casación, expediente digital).

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado conjuntamente por las demandadas.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida: […] [el] Preámbulo y [los] artículos 13, 25, 29, 48, 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia. […] 5, 13, 14, 18, 21, 56, 64, 66, 193, 230, 340 del Código Sustantivo del Trabajo. […] 26 de la Ley 361 de 1997.

Ley 1346 de 2009, aprobatoria de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Convenio 159 de la OIT, aprobado por la Ley 82 de 1988. Artículo 142 del Decreto-Ley 019 de 2012 que modifica el artículo 41 de

la Ley 100 de 1993. Dice que lo anterior fue consecuencia de que el Tribunal incurriera en los siguientes errores de hecho: 1) No dar por demostrado, estándolo, que como consecuencia del accidente cerebro vascular sufrido […] el 07 de enero de 2009, […] no se recuperó plenamente, y quedó con secuelas permanentes. 2) No dar por demostrado, estándolo, que como consecuencia del accidente cerebro vascular sufrido […], se generó un compromiso importante en su salud, en áreas como la memoria, la concentración, la generación de cefaleas intensas, pérdidas de equilibrio, depresión y ansiedad.

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Radicación n.° 89119 3) No dar por demostrado, estándolo, que desde el año 2009 hasta el mes de octubre de 2013, fecha en que se produjo la terminación del contrato, las entidades demandadas conocían de las discapacidades en materia de salud […], por haberle sido informadas […]. 4) No dar por demostrado, estándolo, que el origen de la discapacidad sufrida […] para el 01 de octubre de 2013 era consecuencia directa de las secuelas del accidente cerebro vascular sufrido el 07 de enero de 2009. 5) Dar por demostrado, sin estarlo, que la razón por la que se dio por terminado el contrato de trabajo […] fue por razones distintas a su estado de discapacidad laboral. 6) No dar por demostrado, estándolo, que la razón por la que […] fue despedida a partir del 01 de octubre de 2013, fue porque debido a su estado de discapacidad, no podía laborar horas

extra, es decir, por razón de su discapacidad. 7) Dar por demostrado, sin estarlo, que la discapacidad alegada por la demandante se generó a partir del 15 de marzo de 2018. 8) No dar por demostrado, estándolo, que para la fecha de terminación […] de su contrato de trabajo, la demandante sufría de una discapacidad y deterioro en la salud significativo. 9) No dar por demostrado, estándolo, que para la fecha de terminación […] de su contrato de trabajo, las demandadas conocían perfectamente el deterioro en el estado de […] lo mismo que sus discapacidades. Expresa que tales defectos «obedecen a un error de análisis de las pruebas en su conjunto», es decir, derivaron de la indebida valoración de «todas y cada una de ellas», por presentarse «una equivocación en el método probatoriointerpretativo empleado […]», particularmente respecto de las siguientes:

1. Certificado de examen médico periódico de fecha 18 de Julio de 2006 (Folio 34 del expediente).

2. Documento de fecha 22 de abril de 2008 firmado por la Dra.

Jheanette Jurado Rueda, de Medicina Laboral de SALUD TOTAL EPS, informando reintegro de trabajadora y emitiendo

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Radicación n.° 89119 recomendaciones (Folio 35 del expediente).

3. Impresión de cadena de correos electrónicos […] con asunto “Apoyo para reintegro”, (Folio 37 y 38 del expediente).

4. Prescripción médica firmada por el Dr. Manuel Barco Orduz, de fecha 12 de junio de 2008 (Folio 39 del expediente).

5. Copia de la historia clínica de la demandante, atendida por la CLÍNICA PALERMO, de fecha 07 de enero de 2009 (Folio 40 a 47 del expediente).

6. Copia certificada de incapacidad general emitida por la IPS, de fecha 08 de enero de 2009 (Folio 48 del expediente).

7. Copia de informe de imagenología de fecha 01 de enero de 2009 (Folio 49 a 53 del expediente).

8. Prescripción incapacidad médica – CLÍNICA PALERMO, firmada por el Dr. Felipe Zúñiga (Neurólogo) de fecha 21 de enero de 2009 (Folio 54 del expediente).

9. Órdenes de terapias e incapacidad laboral expedida por el Dr.

Felipe Zúñiga, de fecha 21 de enero de 2009 (Folio 55 a 57 del expediente).

10. Copia de certificado de incapacidad general emitida por la IPS, de fecha 02 de octubre de 2009. (Folio 58 del expediente).

11. Copia de certificado de incapacidad general emitida por la IPS, de fecha 22 de febrero de 2009. (Folio 59 del expediente).

12. Copia incapacidad médica firmada por el Dr. Manuel Barco, de fecha 03 de marzo de 2009 (Folio 60 del expediente).

13. Copia incapacidad médica firmada por el Dr. Manuel Barco, de fecha 18 de marzo de 2009 (Folio 61 del expediente).

14. Copia certificada de incapacidad general generado por IPS de marzo 24 de 2009 (Folio 62 del expediente).

15. Copia de prescripción médica firmada por el Dr. Manuel

Barco Orduz, de fecha 04 de mayo de 2009 (Folio 63 del expediente).

16. Copia de resumen de historia clínica – neurología de 12 de junio de 2009 (Folio 64 del expediente).

17. Copia de informe de valoración y tratamiento, firmada por la fisioterapeuta Adriana Suárez de fecha 25 de julio de 2009 (Folio 65 del expediente).

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18. Recibo de indemnización de octubre 08 de 2009, correspondiente a la póliza VDGR1028 (Folio 66 del expediente).

19. Incapacidad médica firmada por el Dr. Manuel Barco Orduz, de fecha 10 de noviembre de 2009. (Folio 67 del expediente).

20. Copia certificada de incapacidad general generado por IPS de 11 de noviembre de 2009 (Folio 68 del expediente).

21. Certificado de incapacidad general generado por IPS de 11 de agosto de 2010 y 19 de agosto de 2010 (Folio 71 del expediente).

22. Copias de prescripción de incapacidad médica firmada por la Dra. Liliana Aguirre, de 11 de agosto de 2010 y copia de trámite (Folio 72 del expediente).

23. Copia de historia clínica de 11 de agosto de 2010, expedida por la Dra. Liliana Aguirre (Folio 73 a 74 del expediente).

24. Fórmula médica expedida por el Dr. Harold Alexis Ronney de fecha 19 de agosto de 2010 (Folio 75 del expediente).

25. Incapacidad médica firmada por la Dra. Maryudy Peña de

fecha 13 de octubre de 2010 (Folio 76 del expediente).

26. Copia de incapacidad medica expedida por el Dr. Manuel Barco, de 14 de octubre de 2010 (Folio 78 del expediente).

27. Copia de incapacidad medica expedida por el Dr. Manuel Barco, de 27 de octubre de 2010 (Folio 79 del expediente).

28. Copia de orden de sesiones de fisioterapia firmadas por el Dr. Bernardo Vivas, de fecha 27 de octubre de 2010 (Folio 80 del expediente).

29. Reporte de examen médico ocupacional periódico de fecha 29 de diciembre de 2010, firmado por Martha Tavera (Folio 82 del expediente).

30. Copia de incapacidad médica firmada por la Dra. Paola Pacheco de fecha 15 de febrero de 2011 (Folio 83 del expediente).

31. Prescripción médica firmada por la Dra. Paola Pacheco de fecha 15 de febrero de 2011 (Folio 84 del expediente).

32. Copia de historia Clínica de la CLÍNICA MARLY de fecha 17 de febrero de 2011 (Folio 85 y 86 del expediente).

33. Copia de diagnóstico de incapacidad de febrero 17 de 2011 firmada por la Dra. Diana Rey (Folio 87 y 88 del expediente).

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34. Copia de incapacidad médica firmada por la Dra. Leidy Peñaranda de 18 de febrero de 2013 (Folio 89 del expediente).

35. Incapacidad médica firmada por el Dr. Manuel Barco, de 19 de febrero de 2013 (Folio 90 del expediente).

36. Incapacidad médica firmada por el Dr. Manuel Barco, de 21 de febrero de 2011 (Folio 91 del expediente).

37. Incapacidad médica firmada por el Dr. Manuel Barco de 21 de febrero de 2011 (Folio 92 del expediente).

38. Copia de incapacidades generales de 28 de febrero de 2011 y 21 de febrero de 2011 (Folio 93 del expediente).

39. Copia de historia clínica de fecha 28 de febrero de 2011 por el Dr. Manuel Barco Orduz (Folio 94 a 98 del expediente).

40. Copia de historia clínica de fecha 20 de abril de 2011 por el Dr. Manuel Barco Orduz (Folio 99 a 104 del expediente).

41. Copia de incapacidad médica expedida por la Dra. Ana Cruz expedida el 13 de junio de 2011 (Folio 105 del expediente).

42. Solicitud de entrega de antecedentes médicos de fecha 17 de junio de 2011, firmado por la demandante (Folio 106 del expediente).

43. Incapacidad médica firmada por el Dr. Manuel Barco de 21 de diciembre de 2011 (Folio 107 del expediente).

44. Recomendaciones médicas firmadas por el Dr. Manuel Barco del 13 de enero de 2012 (Folio 108 del expediente).

45. Copia de incapacidad médica firmada por la Dra. Catalina Hurtado del 27 de enero de 2013 (Folio 109 del expediente).

46. Llamado de atención firmado por el Gerente de Desarrollo Humano, de 26 de febrero de 2013 (Folio 111 del expediente).

47. Copia de recomendaciones laborales expedidas por el Dr.

Manuel Barco, de fecha 08 de agosto de 2013 (Folio 113 y 275 del expediente).

48. Copia de historia clínica expedida por el Dr. Manuel Barco el 08 de agosto de 2013 (Folio 114 a 121 del expediente).

49. Impresión de correo electrónico de 20 de agosto de 2013 enviado por la demandante al señor Alfredo Flórez (Folio 122 del expediente).

50. Copia de certificado de incapacidad general generado por

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Radicación n.° 89119 IPS, de 08 de agosto de 2013 (Folio 123 del expediente).

51. Carta de terminación de contrato firmada por Mauricio Castañeda, de fecha Octubre de 2013 (Folio 126 del expediente).

52. Copia del concepto de aptitud laboral de retiro, de SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA. de 03 de octubre de 2013 (Folio 131 del expediente).

53. Copia de la historia clínica de la demandante con fecha del 22 de abril de 2016 (Folio 159 a 197 del expediente).

54. Copia del concepto de aptitud laboral de retiro, de SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA. de 23 de marzo de 2016

(Folio 202 a 207 del expediente). […]

55. Dictamen de pérdida de capacidad laboral desarrollado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, de fecha 05 de febrero de 2019 (Folio 452 a 456 del expediente).

[…]

56. Declaración de la señora LUZ MARINA SALAZAR rendida en audiencia de instrucción.

57. Declaración del señor GERARDO GARZÓN MOLANO rendida en audiencia de instrucción.

Argumenta como soporte jurídico de su disenso, la sentencia CSJ SL1439-2020, que reitera los fallos CSJ SL, 29 jun. 2005, rad. 24392; CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 41845; CSJ SL11411-2017, en razón a que la Corte tiene establecido que para ser titular del fuero de salud no es necesario allegar una certificación o una prueba solemne sobre el estado de discapacidad, como tampoco es carga del trabajador demostrar la razón real del despido, pues es la empleadora quien está obligada desvirtuar una causa discriminatoria, la cual se presume, según la providencia CSJ SL1360-2018; que, aunque tales precedentes fueron citados en el fallo recurrido, no se aplicaron conforme lo hizo la Corporación en

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Radicación n.° 89119 la de casación inicial. Sostiene que el Tribunal soportó su razonamiento en las Leyes 361 de 1997, 776 de 2002 y 1618 de 2013, así como en los fallos CC SU049-2017, CSJ SL2298-2019 y CSJ SL2395-2019 y CSJ SL2395-2019; que con base en ello indicó que le correspondía demostrar: i) el grado de limitación de la capacidad laboral; ii) el conocimiento del empleador y, iii) la causalidad de estos con el despido; que, además, según el fallo CC SU049-2017, la magnitud de la afectación en la salud debía ser de forma tal que se afectara la productividad.

Expresa que, bajo tales premisas, el fallador de segundo grado indicó que «no logró demostrar que el despido se haya dado en razón del estado de salud de la demandante (Minuto 11:37 de la grabación)», con lo cual «contrar[ió] abiertamente lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL1439 de 2020, SL6850 de 2016 C-531 de 2000 y SL11411 de 2017»; que dicha inferencia la soportó en: i) que «para la fecha en que se terminó el contrato de trabajo, […] no contaba con una afectación que le impidiera trabajar normalmente», haciendo referencia expresa a las «pruebas obrantes a folios 87 a 92 y 160 a 207 del expediente», desconociendo el contenido del dictamen de pérdida de capacidad laboral y las Recomendaciones Médicas del 8 de agosto de 2013, suscritas por el Dr. Barco. ii) que «No había incapacidades laborales para las fechas en que se produjo el despido», pasando por alto lo expuesto

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Radicación n.° 89119 en las providencias CSJ SL, 29 jun. 2005, rad. 24392; CSJ SL, 18 sep. 2012; CSJ SL11411-2017 y CSJ SL1439-2020, según las cuales no debe exigirse «prueba solemne de la existencia de la incapacidad». iii) que «No obra[ba] [prueba de] que haya laborado en jornada superior a la ordenada», omitiendo las Recomendaciones médicas del Dr. Barco de 8 de agosto de 2013, su interrogatorio de parte y lo señalado por la testigo

Luz Marina Salazar. iv) que «las recomendaciones médicas no dificultaban [sus] labores», lo que no se constituye en una afirmación subjetiva que se soporta en lo expuesto por la demandada, pero que es contraria al contenido de aquel medio de prueba y lo señalado en su interrogatorio de parte, así como a lo depuesto por la señora Salazar y por Gerardo Garzón Molano, quienes informaron sobre sus condiciones laborales luego del accidente cerebro vascular. v) que presentó un concurso para ascender de cargo, lo que no podría dar cuenta de capacidad laboral para ejercerlo, ni de su bienestar físico, sino únicamente de su interés para seguir trabajando. vi) que el «Dictamen de pérdida de capacidad laboral […] demuestra una pérdida de capacidad laboral de 15 de marzo de 2018», pasando por alto que fue elaborado con posterioridad a la fecha de despido, por lo que «realiz[ó] una interpretación contraria a derecho en relación con la fecha de

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Radicación n.° 89119 estructuración de la incapacidad»; que al respecto se «aplic[ó] una teoría cronológica de la prueba que no tiene sustento en ninguna norma ni ninguna sentencia», en razón a que […] al exigir que el dictamen haya existido con anterioridad a la fecha de despido, desconoc[ió] abiertamente lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL1439 de 2020, CSJ SL, 18 sep. 2012, (rad. 41845), CSJ SL, 29 jun. 2005, (rad. 24392) y CSJ SL11411-2017, SL6850 de 2016 C-531 de 2000 y

SL11411 de 2017. vii) que «La fecha de estructuración es posterior a la fecha de desvinculación», lo que no tendría incidencia en el asunto, pues con ello prescindió de lo indicado en el Decreto 1507 de 2014, cuya aplicación era obligatoria según el Decreto Ley 0189 de 2012, que modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993. viii) que la testimonial no informaba sobre una condición de limitación en el desempeño de sus labores, inadvirtiendo que dicho medio de convicción se decretó con un objetivo diferente, consistente en demostrar su carga laboral, los horarios de trabajo y las peticiones que elevó para su reducción, así como, en el caso de la señora Garzón Molano, que padeció un infartó isquémico cerebeloso que le produjo efectos psíquicos, fisiológicos y laborales. ix) que «Dictamen de Junta Regional muestra que después del accidente cerebrovascular tuvo otros padecimientos que no incidieron en su pérdida de capacidad laboral», inferencia que era irrelevante en punto de la discapacidad y los motivos del despido.

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Radicación n.° 89119 x) que no demostró que la finalización de su contrato tuviera origen en una causal de salud, contrariando las reglas de los fallos CSJ SL631-2000, CSJ SL6850-2016, CSJ

SL11411-2017 y CSJ SL1439-2020.

Expresa que las pruebas demuestran los supuestos de hecho para acceder a la garantía que reclamó, pues el

dictamen de pérdida de capacidad laboral acredita que sus deficiencias fueron consecuencia del accidente cerebro vascular que padeció en el 2009, el cual tuvo secuelas que se identifican en su contenido; que, aunque n