CSJ - SL1081-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL1081-2023 Radicación n.°91485 Acta 10 Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala sobre la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), contra la sentencia proferida el 17 de marzo de 2020, por la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ SL1046-2020), mediante la cual casó la pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 25 de marzo de 2015, que a su vez revocó la dictada por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá el 9 de febrero de 2015, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por VICENTE

RODRÍGUEZ VALENCIA contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y su sucesora procesal la UNIDAD

ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y

SCLAJPT-09 V.00

Radicación n.° 91485

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), y la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO.

Se acepta el impedimento manifestado, por los magistrados Gerardo Botero Zuluaga y Fernando Castillo Cadena. Se reconoce personería para actuar dentro del proceso de la referencia a la doctora Teresita Ciendúa Tangarife,

identificada con tarjeta profesional número 116.558 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del demandado, en los términos y para los efectos del memorial allegado vía correo electrónico con la contestación de la demanda. (PDF Anotación 10 Contestación de demanda Cno. digital Corte).

I. ANTECEDENTES La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) presentó ante esta Corporación revisión contra la sentencia

proferida por la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia el 17 de marzo de 2020, que casó la pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 25 de marzo de 2015, que a su vez revocó la dictada por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá el 9 de febrero de 2015, que ordenó el reconocimiento de una pensión de jubilación convencional, sin acreditar los requisitos de edad y tiempo de servicios, dentro del proceso

SCLAJPT-09 V.00 2

Radicación n.° 91485 ordinario laboral instaurado por Vicente Rodríguez Valencia contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y su sucesora procesal la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a efecto de que (i) se invalide la señalada sentencia que casó la pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 25 de marzo de 2015, que a su vez revocó la dictada por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá; (ii) se declare

que al señor Vicente Rodríguez Valencia no le asiste derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación convencional, pues no acreditó en vigencia de la convención colectiva, la edad de 55 años de edad o, en su defecto, antes del 31 de julio de 2010, data en la cual se estableció constitucionalmente como límite para la aplicación de los derechos convencionales en materia pensional; (iii) ordenar al señor Vicente Rodríguez Valencia la devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de reconocimiento de la pensión de jubilación convencional debidamente indexadas, al no haber lugar al pago de valor alguno. En forma subsidiaria, pretende se declare (i) que la pensión convencional de jubilación pagada por la UGPP, es incompatible con la legal de vejez reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones; (ii) se declare que la pensión convencional de jubilación, pagada por la UGPP, es compartible con la pensión de vejez legal reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones; (iii) se declare que en el evento que la Administradora de Pensiones Colpensiones tenga el mayor

SCLAJPT-09 V.00 3

Radicación n.° 91485 valor pagado, le sean restituidas a la UGPP los respectivos valores por concepto de mesadas pensionales pagadas en favor del demandado Vicente Rodríguez Valencia. Como sustento de sus pretensiones señaló, en síntesis, que el ahora demandado Vicente Rodríguez Valencia nació el 29 de octubre de 1956; que prestó sus servicios a la Caja de

Crédito Agrario Industrial y Minero entre el 8 de septiembre 1978 y el 27 de junio de 1999; que desempeñó el cargo de Director III en la ciudad de Quibdó – Chocó; que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia1 a través de la Resolución No. 3092 de 14 de diciembre de 2010, negó la solicitud de pensión convencional por inconsistencias en la fecha de nacimiento con la documental presentada. Por Resolución No. 090 de 23 de enero de 2012, reiteró la negativa al reconocimiento pensional solicitado por persistir las inconsistencias respecto a la fecha de nacimiento del peticionario; posteriormente por Resolución No. 5891 de 24 de diciembre de 2012, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia denegó la pensión de jubilación convencional solicitada por Vicente Rodríguez Valencia, por no cumplir con la edad requerida con anterioridad al 31 de julio de 2010, con el mismo argumento pero esta vez la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales, por Resolución No. RDP 003244 de 28 de enero de 2016, negó idéntica petición del señor Rodríguez 1 El artículo 9º del Decreto 2721 de 23 de julio de 2008, dispuso que mientras se implementa la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, que tendrá a su cargo el reconocimiento de pensiones y la administración y nómina de los pensionados de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles

Nacionales de Colombia, reconocerá las pensiones que estaban a cargo de esa Entidad, así como las cuotas partes que correspondan

SCLAJPT-09 V.00 4

Radicación n.° 91485 Valencia, y por Auto No. ADP 003696 de 15 de marzo de 2016, rechazó el recurso de reposición y en subsidio de apelación, presentado contra esta determinación. Ante la decisión adversa a la solicitud de pensión convencional, el señor Rodríguez Valencia, inició proceso ordinario laboral para el reconocimiento de la pensión convencional, el cual correspondió al Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, con sentencia de 9 de febrero de 2015, puso fin a la primera instancia y resolvió:

PRIMERO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, en sustitución procesal del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA a reconocer la pensión de jubilación convencional al señor VICENTE RODRIGUEZ VALENCIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 11788395, reconociéndosele en forma definitiva en cuantía de dos millones ochocientos noventa y siete mil treinta y tres pesos con treinta y seis centavos ($2.897.033,36) moneda corriente, a partir del 29 de octubre del año 2011, junto con sus incrementos legales y mesadas adicionales, además de los incrementos y aumentos del orden legal año tras año, conforme a lo expuesto en la parte motiva, hay

de aclarar que solamente tiene derecho al reconocimiento de las 13 mesadas toda vez que su pensión es superior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo establece el parágrafo transitorio 6 del acto legislativo número 1 del año 2005.

SEGUNDO: ESTABLECER que la mesada pensional del año 2015 asciende a la suma de tres millones doscientos cincuenta y dos mil novecientos noventa y cuatro pesos ($3.252.994)

TERCERO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP en sustitución procesal del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA a pagar al demandante señor VICENTE RODRIGUEZ VALENCIA el retroactivo pensional por valor de ciento veinte ocho millones setecientos setenta y cinco mil trescientos quince pesos ($128.775.315), liquidados hasta el día 31 de enero de 2015, mes

SCLAJPT-09 V.00 5

Radicación n.° 91485 anterior a la fecha de esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP en sustitución procesal del FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA a pagar al demandante VICENTE RODRÍGUEZ VALENCIA, la indexación del retroactivo pensional por valor de ocho millones sesenta y seis mil trescientos cincuenta y seis con sesenta centavos ($8.066.356, 60), liquidada hasta el 31 de enero del 2015, mes

anterior a la fecha de esta sentencia

QUINTO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP en sustitución procesal del FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA a elaborar el cálculo actuarial que corresponde en forma pormenorizada al demandante registrando en dicho cálculo la actualización de la prestación reseñada del numeral primero anterior, con su reajuste de la orden legal a la fecha y las diferencias o los reajustes personales correspondientes causados desde su reconocimiento. Debe efectuar todos los trámites administrativos interinstitucionales a su cargo hasta la inclusión en nómina de pensionados con los incrementos aquí ordenados a cargo de la Nación, previa aprobación del cálculo actuarial por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para garantizar de esta manera la pensión de jubilación del actor…” Mediante sentencia de 25 de marzo de 2015, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, definió la alzada propuesta por la parte demandada y revocó la de primer grado e impuso costas a cargo de la parte accionante. Por virtud del recurso de casación que formuló el allí accionante frente a la anterior determinación del juez plural, la Sala Cuarta de Descongestión de esta Corporación, en sentencia de 12 de marzo de 2019, dispuso: […] CASA la sentencia proferida el veinticinco (25) de marzo de dos mil quince (2015) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario laboral promovido

SCLAJPT-09 V.00 6

Radicación n.° 91485 por VICENTE RODRÍGUEZ VALENCIA contra el FONDO DEL PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, cuya sucesora procesal hoy es la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL

Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,

UGPP, Y LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO.” En sede de instancia, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de febrero de 2015 por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá D.C” La anterior sentencia, quedó debidamente ejecutoriada el 17 de junio de 2020, y la UGPP en cumplimiento de la orden judicial expidió la Resolución RDP 020697 de 13 de agosto de 2021 y reconoció la pensión de jubilación convencional efectiva a partir del 1 de febrero de 2015 en cuantía de $3.252.994. Sin embargo, la entidad recurrente considera que en la señalada sentencia se configuran las causales de revisión invocadas pues desconoció la voluntad de las partes y por tanto fue una decisión en clara violación al debido proceso y además, la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le era legalmente aplicable como quiera que se ordenó el pago en favor del señor Vicente Rodríguez Valencia una pensión de origen convencional sin tener en cuenta que el aquí

demandado no acreditó los requisitos de tiempo de servicios y edad en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. Por lo anterior, estimó que resulta procedente la revisión interpuesta dado que al ordenar en favor del señor Rodríguez Valencia el reconocimiento y pago de la pensión convencional de jubilación, que, en su sentir, no le asiste el

SCLAJPT-09 V.00 7

Radicación n.° 91485 derecho, por no cumplir los requisitos para ello. Aseguró la entidad recurrente que de acuerdo a las causales contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, procede la revisión de pensiones: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y, b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», debido a la trasgresión de los artículos: 5 del Decreto 3135 de 1968; 1, 2, 3, 6 y 7 del Decreto 1848 de 1969; 1, 3, 5 y 44 del Decreto 1045 de 1978; así como los artículos 467, 468, 470 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 27 y 28 del Código Civil, por lo que es pertinente el trámite del presente asunto. Lo anterior por cuanto Vicente Rodríguez Valencia no tiene derecho a la pensión de jubilación convencional, en la medida que, no consolidó éste, ni antes, ni en la fecha límite de la vigencia estipulada por la ley, es decir, anterior al 31 de

julio de 2010, ya que se debía cumplir los dos requisitos para ser beneficiario de la mencionada prestación, esto es, 20 años de servicios y 55 años de edad, antes de la referida calenda, pues se reitera, que el requisito de la edad lo cumplió con posterioridad al 31 de julio de 2010, motivo por el cual, solicita la invalidación de la sentencia reprochada en los términos solicitados y reproducidos en precedencia tanto principales como subsidiarios. Admitida la revisión por esta Sala de la Corte, mediante

SCLAJPT-09 V.00 8

Radicación n.° 91485 providencia CSJ AL714-2022, de 26 de enero de 2022, y notificada al demandado señor Vicente Rodríguez Valencia el 9 de marzo de la misma anualidad, en los términos del artículo 8 del Decreto 806 de 2020. Cumplido el trámite de rigor, la parte convocada, mediante vocera judicial, dentro del término legal, se opuso a todas las pretensiones; solicitó declarar infundada la revisión invocada por la UGPP contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral No. 4 de la Corte Suprema de Justicia, CSJ SL1046-2020, de 17 de marzo de 2020 y, en consecuencia, sea condenada en costas. Aceptó los hechos relacionados con el tiempo de servicio y con la reclamación del derecho pensional convencional y la respuesta negativa; así como el trámite judicial para obtener el reconocimiento y pago de la referida pensión de jubilación convencional, con los resultados descritos en precedencia. Luego de reproducir el artículo 41 de la Convención

Colectiva de Trabajo 1998-1999, precisó que, cumplió los presupuestos del parágrafo 1° de dicha preceptiva para causar la pensión de jubilación allí prevista, antes de que entrara en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, consolidándose en su favor un derecho adquirido, por cuanto la norma distinguió dos situaciones «(i) la de los trabajadores activos» y (ii) la de los trabajadores retirados sin cumplir la edad», para estos últimos solo exige haber prestado servicios a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero por espacio de 20 años y haber sido retirado del servicio, sin haber

SCLAJPT-09 V.00 9

Radicación n.° 91485 arribado a los 55 años de edad, el que tuvo lugar el 27 de junio de 1999 y cumplió la edad requerida el 29 de octubre de 2011, momento en el que se hizo exigible la prestación, en la medida que no se trata de un requisito de estructuración o nacimiento del derecho pensional convencional, sino que la edad es «únicamente una condición positiva para la exigibilidad de la esa prestación», tal como lo ha reiterado esta Corporación en casos similares, entre otras sentencias: CSJ SL526-2018, CSJ SL4550-2018 y CSJ SL1098-2019. Sin proponer medio exceptivo alguno. Surtido el trámite de rigor, procede la Sala a emitir la respectiva sentencia que en derecho corresponda, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES Las causales de revisión previstas en los literales a) y b)

del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 pueden ser invocadas, por la accionante la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo establecido en el Decreto 575 de 22 de marzo de 2013, artículo 6, la autorizada para «adelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen», de manera que existe plena legitimación para promover la revisión. Igualmente, esta corporación es competente para conocer el asunto, en virtud a que se invocan las causales de revisión del citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

SCLAJPT-09 V.00 10

Radicación n.° 91485 Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación en monto superior al valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador consagró la revisión como mecanismo extraordinario, a efecto de evitar el llamado abuso del derecho y a la par proteger el bien común

(CSJ SL351-2018).

En el marco de este escenario, la entidad recurrente aduce que la pensión convencional de jubilación otorgada judicialmente al señor Vicente Rodríguez Valencia se reconoció con violación al debido proceso y en cuantía que

excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva, pues, en su sentir, contrario a lo ordenado en la decisión confutada, no es procedente el reconocimiento de la referida prestación «por no haber acreditado de manera concurrente los requisitos necesarios para dicha prestación tiempo de servicios y edad en vigencia de la convención colectiva o en su defecto antes de 31 de julio de 2010», lo cual constituye una trasgresión normativa y conlleva un reconocimiento de forma irregular. De conformidad con los argumentos expuestos por las partes, corresponde a esta Sala de la Corte establecer: (i) la finalidad de la revisión consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; y (ii) si se configuran o no las causales de

SCLAJPT-09 V.00 11

Radicación n.° 91485 revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 alegadas por la entidad recurrente en el reconocimiento de la pensión convencional de jubilación del demandado con violación al debido proceso y la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le son aplicables. i.) Finalidad de la revisión Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la inmutabilidad de la sentencia y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador

consagró la revisión en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS

PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

SCLAJPT-09 V.00 12

Radicación n.° 91485 a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Ha adoctrinado esta Sala de la Corte que la revisión constituye un instrumento judicial novedoso, cuyo ejercicio busca introducir una excepción a la cosa juzgada para

reivindicar y defender un interés superior: la protección del patrimonio público (CSJ SL351-2018), el cual es un bien sagrado de todos los colombianos que con el esfuerzo, trabajo y cumplimiento de los deberes se contribuye a su formación. Ahora, en atención a la conexión que existe entre este trámite judicial y la salvaguarda de los recursos públicos, la revisión es un instrumento que a su vez desarrolla tres principios constitucionales: «el de moralidad pública, la prevalencia del interés general sobre el particular y el respeto al debido proceso». (CSJ SL2862-2018) Respecto al principio de moralidad pública, en su acepción constitucional «no se circunscribe al fuero interno de los servidores públicos sino que abarca toda la gama del comportamiento que la sociedad en un momento dado espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no puede ser otro que el de absoluta pulcritud y honestidad», pues los ciudadanos confían en que los servidores públicos que administran recursos de la seguridad social sean respetuosos de sus deberes y se ciñan a altos estándares éticos, de pulcritud y honestidad y que actúen con apego en

SCLAJPT-09 V.00 13

Radicación n.° 91485 la Constitución y la ley. Así mismo, la revisión no es solo un instrumento para combatir la corrupción, sino que paralelamente hace prevalecer el interés de la colectividad sobre el particular al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia o desconocimiento del funcionario judicial o administrativo de

las disposiciones reguladoras de la pensión, o ya sea por adoptarse una interpretación indefendible o desconectada de la jurisprudencia consolidada de los máximos tribunales de cierre. Por último, la revisión es una garantía del derecho al debido proceso de las entidades públicas, cuando quiera que en el curso del proceso se incurra en graves omisiones o conductas que desequilibren la relación procesal, en detrimento de la igualdad de oportunidades y la defensa técnica que deben tener las partes en contienda. En los tres casos, el objetivo es idéntico: la defensa del patrimonio público, propender por erradicar la corrupción, la redefinición del monto de las pensiones según lo consagrado en la ley y los estatutos colectivos, o la garantía del derecho fundamental al debido proceso. ii.) De las causales de revisión invocadas. El reconocimiento de la pensión convencional de jubilación del demandado con violación al debido proceso y en cuantía que excede lo

SCLAJPT-09 V.00 14

Radicación n.° 91485 debido de acuerdo a la ley, pacto o convención. a) Pretensiones principales: Ahora bien, para elucidar si le asiste razón a la accionante en el primer reproche es menester memorar que no están sometidos a discusión los siguientes supuestos: i) que señor Vicente Rodríguez Valencia laboró al servicio de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero entre el 8 de septiembre de1978 y el 27 de junio de 1999, esto es, 20 años, 9 meses y 19 días; que nació el 29 de octubre de 1956, luego

cumplió 55 años de edad el 29 de octubre de 2011, por lo que al momento de su retiro de la entidad, no contaba con la edad requerida por la norma convencional y ii) que ante la negativa del reconocimiento pensional inició proceso ordinario que culminó con la sentencia aquí confutada que casó la decisión del colegiado para en su lugar, confirmar el fallo de primer grado que dispuso el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional a favor señor Rodríguez Valencia, a partir del 29 de octubre de 2011, en cuantía de $3.252.994 para el año 2015, de acuerdo con la liquidación de la norma convencional, con la debida indexación, los reajustes anuales legales correspondientes y por 13 mesadas. Corresponde, entonces, a la Corte dilucidar si el señor Vicente Rodríguez Valencia, al 31 de julio de 2010, cuando por fuerza del Parágrafo Transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005, perdieron vigencia las reglas de carácter pensional que regían contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, entre

SCLAJPT-09 V.00 15

Radicación n.° 91485 ellas, las que aquí se tratan, tenía una expectativa legítima o un derecho adquirido. A los propósitos de la presente decisión, resulta necesario precisar lo acordado convencionalmente en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 19981999, para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación allí estipulada, dado que la recurrente sostuvo que

el demandado no cumplía uno de los requisitos previstos en acuerdo convencional fuente del derecho pensional, esto es, haber cumplido la edad requerida en vigencia del señalado convenio colectivo. En ese orden, se tiene que en lo que interesa a la presente decisión, la citada preceptiva convencional estableció:

ARTÍCULO 41o. PENSIÓN DE JUBILACIÓN-REQUISITOS.

A partir del dieciséis de enero de 1992, los trabajadores de la Caja Agraria, cuando cumplan Veinte (20) años de servicio a la Caja, continuos o discontinuos, y lleguen a la edad de cincuenta (50) años las mujeres y cincuenta y cinco (55) años los varones, tendrán derecho a que la caja les pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios. Con todo, quienes el dieciséis (16) de marzo de 1992 tuvieren Dieciocho (18) o más años de servicio a la Caja, continuos o discontinuos, tendrán derecho a la pensión cuando cumplan cuarenta y siete (47) años de edad y (20) años de servicio. Quienes hayan cumplido los requisitos anteriores para el ejercicio o disfrute de la pensión de jubilación deberán solicitar el reconocimiento de la respectiva prestación dentro de un término no superior a un (1) año contado a partir de la fecha de la firma de la presente Convención. Para quienes no hayan adquirido este derecho y cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicio, igualmente deberán solicitar el reconocimiento de la respectiva prestación dentro de un término no superior a un (1) año,

contado a partir de la fecha en que cumplan los requisitos.

SCLAJPT-09 V.00 16

Radicación n.° 91485 Si el trabajador no hace la expresa solicitud aquí prevista dentro de los términos señalados, su pensión se regirá de la siguiente manera: a) Para las personas con cuarenta y siete (47) años de edad y veinte (20) años de servicios su pensión se regirá por las normas convencionales, es decir, a la edad de cincuenta (50) años las mujeres y cincuenta y cinco (55) años los varones. b) Para los que se rijan por el régimen convencional, veinte (20) años de servicio, y cincuenta (50) años de edad las mujeres y cincuenta y cinco (55) años de edad los varones, su pensión se regirá por las normas legales vigentes. El pago de las pensiones de jubilación de carácter convencional que la Caja haya reconocido o reconozca en el futuro, continuará haciéndose directamente por la Entidad al Beneficiario. Así mismo, la Caja se compromete a reconocer a los pensionados, de acuerdo con la ley 4a. de 1966, los beneficios establecidos en dicha Ley. PARÁGRAFO 1o. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad de 55 años si es hombre y de 50 si es mujer, tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de veinte (20) años de servicios a la institución. PARÁGRAFO 2o. El trabajador que el dieciséis (16) de marzo de 1992 haya cumplido 18 años o más de servicios continuos o

discontinuos, que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad de los 47 años, tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de veinte (20) años de servicios a la Institución. Así, a efecto de resolver los cuestionamientos planteados, se debe resaltar que esta Corporación, tal como lo advierte la parte accionada, ya tuvo la oportunidad de dilucidar los problemas aquí propuestos, entre otras, a través de las sentencias CSJ SL526-2018, CSJ SL3113-2020, la que constituye su posición actual, según la cual, ya había sido decantada una única interpretación o entendimiento del parágrafo 1°, reproducido en precedencia, cuando de aplicar la disposición convencional se trate, criterio que a su vez fue reiterado en las sentencias CSJ SL880-2020, SL4391-2020,

SCLAJPT-09 V.00 17

Radicación n.° 91485 SL3587-2020, en esta última decisión, así razonó la Sala: […] Ahora bien, aunque esta Sala de la Corte había considerado que la disposición convencional bajo estudio «parágrafos primero y segundo», que alude a la situación pensional de los servidores desvinculados de la Caja, admitía más de una interpretación razonable (rads. 22415 de 2004 y 36955 de 2010), siendo una de ellas la que acogió el Tribunal, lo cierto es que mediante las sentencias SL526-2018 y SL289-2018, rectificó el anterior criterio para sostener que el único entendimiento que admite el «Parágrafo 1» del artículo en cita, es el de que la pensión de

jubilación allí prevista se causa o adquiere con el agotamiento de dos requisitos: i) la desvinculación voluntaria o forzosa del trabajador y ii) la prestación del tiempo mínimo de servicio, de modo que el cumplimiento de la edad constituye una mera condición para su exigibilidad. En efecto, así reflexionó la Sala en la primera de las mencionadas providencias (SL526-2018): “[…] la redacción del artículo 41 convencional en estudio, particularmente en su Parágrafo 1, desde su vista g