CSJ - SL1085-2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL1085-2023 Radicación n.° 89504 Acta 10 Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 22 de enero de 2020, en el proceso que RAFAEL HERNANDO LEAÑO FORERO promueve contra la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la recurrente.

I. ANTECEDENTES El demandante requirió que se declare la «nulidad» o ineficacia del traslado que realizó del Régimen de Prima

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Radicación n.° 89504 Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual Con Solidaridad. En consecuencia, pretendió que: (i) se condene a Protección S.A. a devolver a Colpensiones sus cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales, y rendimientos; (ii) se ordene a Colpensiones a reactivar su afiliación; (iii) declarar nulo cualquier reconocimiento prestacional otorgado por dicha AFP o Positiva S.A.; (iv) el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones, junto con los intereses

moratorios o la indexación. Igualmente, requirió que: (v) ante cualquier posible emisión de bono pensional por parte de La Nación Ministerio de Hacienda, tales dineros sean retornados a esta última administradora; (vi) a Protección S.A. el pago de perjuicios morales causados en cuantía de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes o aquella suma que se considere pertinente, y (vii) las costas del proceso. En respaldo de sus pretensiones, indicó que nació el 24 de octubre de 1954 y que se afilió al Instituto de Seguros Sociales desde 1976 hasta 1999. Señaló que el 26 de agosto de 1999 suscribió formulario de afiliación a Colmena Cesantías y Pensiones hoy Protección S.A. (f.º 35 del c. del Juzgado); sin embargo, la citada AFP no le suministró información suficiente y clara sobre las consecuencias de su traslado. Dado que solo le explicaron los beneficios.

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Radicación n.° 89504 Refirió que, mediante comunicado de octubre de 2016, Positiva Compañía de Seguros S.A. asumió el pago de la prestación a partir del 1. º de junio de 2017, dada la elección del actor bajo la modalidad de renta vitalicia, en un total de 13 mesadas al año, y con un valor inicial de $5.141.398. Agregó que los asesores de la AFP no contaban con ninguna formación profesional o capacitación adecuada que les permitiera brindar información completa, veraz y

suficiente en cuanto a los riesgos y consecuencias, ni tampoco le explicaron las distintas modalidades pensionales, el derecho a retractarse o las cuantías que podría obtener en uno y otro régimen; y que agotó la reclamación del derecho ante Protección S.A. y Colpensiones el 18 de agosto de 2017, sin obtener respuesta (f.os 6 a 33 del c. del Juzgado). Al contestar la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos, dijo no constarle ninguno. En su defensa, formuló las excepciones de inexistencia del derecho y de la obligación, buena fe, «no configuración del derecho al pago de intereses ni indemnización moratoria», prescripción, y la «genérica» (f.os 101 a 104 del c. del Juzgado). La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público igualmente se opuso al éxito de las pretensiones de la demanda. Frente a los supuestos fácticos, señaló que no le constaban.

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Radicación n.° 89504 En su defensa, únicamente propuso la excepción «genérica», y acotó que desconoce las circunstancias en las que medió el traslado de régimen, pues la entidad solo responde por la liquidación, emisión, expedición, redención, pago o anulación de bonos pensionales o cupones de bonos pensionales a cargo de La Nación. Sin embargo, resaltó que es al actor a quien corresponde demostrar el supuesto «engaño» que aduce, y con todo, es imposible tramitar la ineficacia pretendida,

comoquiera que ostenta la calidad de pensionado bajo la modalidad de renta vitalicia, que, conforme el artículo 80 de la Ley 100 de 1993, es un acto irrevocable. Agregó que el demandante tenía derecho a la emisión de un bono tipo A cuya redención ocurrió el 24 de octubre de 2016, momento en el que aquel contaba con 62 años -literal a) del artículo 20 del Decreto 1748 de 1995 recopilado en el 1833 de 2016- (f.os 113 a 119 del c. del Juzgado). Por su parte, Positiva Compañía de Seguros S.A. también se opuso a los pedimentos de la demanda. Admitió la fecha de nacimiento del actor y el reconocimiento pensional bajo la modalidad indicada. Formuló la excepción previa de falta de jurisdicción por existencia de cláusula compromisoria pactada en el contrato de renta vitalicia, y de fondo las de validez de la afiliación, buena fe, pago, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa, indemnidad y la «genérica».

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Radicación n.° 89504 Acotó que el demandante firmó de manera libre y voluntaria el formulario de afiliación al Régimen de Ahorro Individual Con Solidaridad, así como la modalidad pensional de renta vitalicia, actos que no adolecen de ningún vicio del consentimiento. Máxime que recibe mesadas pensionales desde el 1. º de junio de 2017 (f.º 157 a 165 del c. del Juzgado). Por último, Protección S.A. se opuso a las pretensiones incoadas en el escrito inicial, de sus hechos aceptó la calenda

de nacimiento del actor, el reconocimiento pensional y la reclamación del derecho. Adujo que no era posible acceder a la ineficacia pretendida, pues además de que se le brindó la información exigida a la data de traslado, el actor tiene la calidad de pensionado. Como excepción previa propuso la de «no comprender la demanda todos los litis consortes necesarios», pues dado que el demandante seleccionó como modalidad pensional la renta vitalicia, debe vincularse a la aseguradora Positiva S.A. que es quien administra la prestación. De fondo, propuso las excepciones que denominó: «declaración de manera libre y espontánea del demandante al momento de la afiliación a la AFP», buena fe, «situación de pensionado del demandante consolidada el 1 de junio de 2017», prescripción, compensación y la «genérica» (f.os 175 a 185 del c. del Juzgado).

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Radicación n.° 89504 El Juez Trece Laboral del Circuito de Bogotá declaró no probadas las excepciones previas propuestas por las accionadas (f.º 307 del c. del Juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo de 11 de septiembre de 2018, complementado el 10 del mismo mes de 2019, el Juez de conocimiento resolvió (f.os 308 y 324 del c. del Juzgado): PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la afiliación del demandante […] a la Administradora de Fondos y Cesantías Protección S.A. y como consecuencia de ello, se ordenará el traslado de todos los aportes realizados por ella [sic] y sus

respectivos rendimientos a Colpensiones, tal como se solicitó en el libelo demandatorio por lo expuesto a lo largo del pronunciamiento.

SEGUNDO: ABSUELVE a La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a Positiva S.A. de las peticiones incoadas en su contra.

TERCERO: CONDENA en costas a Protección.

CUARTO: ABSOLVER a Colpensiones de la petición de pensión de vejez solicitada por el demandante […].

QUINTO: ABSOLVER a Protección S.A. de los perjuicios morales deprecados en su contra […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de Protección S.A., el demandante, y en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, mediante sentencia de 22 de enero de 2020, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá decidió (f.os 335

a 337 del c. del Tribunal):

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Radicación n.° 89504

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida el día 11 de septiembre 2018 adicional 10 de septiembre 2019 por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá […], en el sentido de DECLARAR la ineficacia de la afiliación del demandante […] al régimen de ahorro individual a través de la AFP Colmena, hoy Protección y como consecuencia se ORDENA a Positiva Compañía de Seguros S.A. trasladar todos los dineros que recibió de la cuenta de ahorro individual del demandante de manera íntegra a Colpensiones con todos sus

frutos e intereses.

SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el numeral segundo de la sentencia proferida el día 11 de septiembre 2018 […] para condenar a Positiva Compañía de Seguros a continuar pagando la mesada pensional del actor hasta tanto traslade todos los dineros que reposaban en su cuenta de ahorro individual a Colpensiones; así mismo, se condena a Colpensiones a pagar las diferencias que se generan entre la mesada que le corresponde el actor en el régimen de prima media con prestación definida la que se ha venido pagando por parte del RAIS junto con la indexación desde el día 1.° de mayo de 2017 hasta el momento en que se traslade los dineros a dicha entidad, las cuales a 31 diciembre 2019 ascienden a la suma de $226.812.373,41.

TERCERO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el día 11 de septiembre 2018 […], en el sentido de condenar a Colpensiones a recibir los dineros que le sean trasladados por parte de Positiva Compañía de Seguros y a comenzar a pagar la mesada pensional al actor desde el momento en que reciba dichos valores en la suma aquí reconocida, debiendo reajustar la mesada anualmente, con la debida indexación.

CUARTO: ADICIONAR la sentencia apelada y consultada en el sentido de condenar a la AFP Protección a devolver los gastos de administración que en su momento descontó de la cuenta de ahorro individual del demandante.

QUINTO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida del 11 de septiembre 2018 […], en el sentido de

condenar en costas de primera instancia a Protección S.A., Positiva Compañía de Seguros y Colpensiones.

SEXTO: CONFIRMAR en todo lo demás.

SÉPTIMO: SIN COSTAS en esta instancia Para los fines que interesan al recurso de casación, el Tribunal señaló que no era objeto de debate en el proceso

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Radicación n.° 89504 que: (i) Rafael Hernando Leaño Forero cotizó al ISS desde el 9 de enero de 1976 hasta el 31 de agosto de 1999 (f.º 109 del c. del Juzgado); (ii) el 26 de agosto de 1999 firmó la solicitud de afiliación a la AFP Colmena (f.º 186 del c. del Juzgado), traslado que se hizo efectivo a partir del 1. ° de octubre de 1999 (f.º 185 del c. del Juzgado), y (iii) que al 1. ° de abril de 2000 el actor fue «[…] cedido por fusión de Colmena a la AFP ING y el 31 de diciembre de 2012 fue cedido por fusión de esta última a Protección S.A.». Así, estableció como problemas jurídicos a resolver: (i) si el actor confesó recibir la información necesaria al momento de trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, o si, por el contrario, aceptó que no se probó y, por tanto, procede la ineficacia del traslado; (ii) si Colpensiones debió activar la afiliación del demandante; (iii) si el derecho a reclamar se encuentra prescrito; (iv) si Colpensiones debe reconocer la pensión de vejez del actor en

los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993; (v) si era viable acceder a los perjuicios morales reclamados, y (vi) si hay lugar a imponer costas de primera instancia contra La Nación - Ministerio de Hacienda, Positiva Compañía de Seguros y Colpensiones. Previo a resolver, resaltó que si bien en la demanda se solicitó la nulidad de traslado de régimen por falta de información al momento en que el accionante se trasladó al Régimen de Ahorro Individual Con Solidaridad, lo cierto es que el estudio fundado en la transgresión del deber de información debe abordarse desde su eficacia, por cuanto

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Radicación n.° 89504 resulta equivocado exigirle al afiliado acreditar los vicios del consentimiento, cuando el legislador consagró expresamente que el acto de afiliación se afecta en el momento en que no ha sido consentido de manera informada. Así, en cuanto al primer problema planteado, acotó que no existe controversia respecto a que la carga probatoria recae en la administradora de fondos de pensiones y, por ello, no haría pronunciamiento alguno frente a ello. Con fundamento en el precedente expuesto por esta Sala en sentencias CSJ SL 1897-2019 y CSJ SL1688-2019, y conforme el formulario de afiliación, las historias laborales y las respuestas a los derechos de petición que el accionante presentó, concluyó que la AFP no brindó información de manera clara, precisa y detallada sobre las consecuencias de su traslado a un fondo privado.

Agregó que si bien en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante este señaló que un asesor explicó que su pensión dependía la cantidad de hijos, edad de su esposa, que podía hacer aportes voluntarios para mejorar la mesada pensional y que la prestación se podría heredar, lo cierto es que ello no es suficiente para establecer que se cumplió con la referida obligación, en la medida que lo que se evidencia es que le brindaron algunas características del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pero no efectuaron un parangón respecto de aquellas del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, a fin de establecer ventajas y desventajas en uno y otro.

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Radicación n.° 89504 Recordó que el deber de información no implica cualquier asesoría, ni basta con advertir que el afiliado tiene una determinada profesión, pues el actor debe contar con los elementos necesarios a fin de decidir de manera consciente y libre en aras de trasladarse. Acotó que no desconoce que para el momento en que el demandante se trasladó al Régimen de Ahorro Individual Con Solidaridad estaba vigente el Decreto 692 de 1994 que consagra que para adelantar el proceso de vinculación a la AFP se debe diligenciar el formulario y que en el mismo deberá consignarse que la decisión de traslado de manera libre, espontánea, y sin presiones, para lo cual es posible que contenga la leyenda preimpresa. No obstante, precisó que esta Corte indicó en sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, que la responsabilidad de

las administradoras de pensiones es de carácter profesional e impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente señalen las normas, en especial, los artículos 14 y 15 ibidem, como lo preceptúa el artículo 1603 del Código Civil. Por tanto, afirmó que la AFP sí estaba en la obligación de proporcionar al demandante una información completa y comprensible con la finalidad de orientarlo como potencial afiliado sobre las diferentes alternativas, beneficios e inconvenientes o desanimarlo de tomar una opción que eventualmente le puede perjudicar y, por ello, cualquier

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Radicación n.° 89504 asesoría otorgada con posterioridad al momento en que se realizó el traslado no sanea su omisión. Respecto al segundo problema jurídico explicó que al quedar sin efecto la afiliación del actor al Régimen de Ahorro Individual Con Solidaridad, su vinculación a Colpensiones quedó incólume, de ahí que surja la necesidad de trasladar los aportes efectuados por el accionante a dicho Régimen a fin de que reposen en la historia laboral de esa entidad. Señaló que, tal como acertadamente Protección S.A. lo indicó en la alzada, la devolución de los aportes no corresponde a esa AFP, pues de acuerdo con lo dicho por Positiva Compañía de Seguros S.A. en su contestación de la demanda, el 10 de mayo de 2017 el actor firmó un contrato de elección de modalidad de pensión de renta vitalicia a cargo de dicha aseguradora. Resaltó que lo anterior implicó el traspaso del capital

acumulado en la cuenta de ahorro individual, más el bono pensional como se describe en el documento firmado por el demandante, denominado «comparativo entre modalidades de pensión» (f.º 49 del c. del Juzgado); de modo que, la devolución del capital actualmente existente para financiar la pensión del actor debe realizarla dicha aseguradora. Adujo que tal devolución no genera ningún detrimento, toda vez que le corresponde trasladar todos los dineros que se hallaban en la cuenta de ahorro individual del demandante de manera íntegra con frutos e intereses, y en

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Radicación n.° 89504 cuanto a los gastos de administración y comisiones deberán ser asumidos por la AFP Protección de sus propias utilidades, pues al dejarse sin efecto la afiliación esta declaración trae consigo la consecuencia inmediata de no pertenecer al Régimen debiendo restituirse las cosas a su estado original

(CSJ SL4360-2019).

En relación con la prescripción, refirió que la acción de ineficacia el traslado no está sometida al término general que rige en materia laboral por corresponder a un asunto que está ligado estrechamente con la construcción de un derecho pensional y, por lo tanto, es imprescriptible (CSJ SL1421 de 2019 y CSJ SL1689 de 2019). Respecto a la pensión de vejez, determinó que el demandante no es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como quiera que para el 1. º abril de 1994 no contaba con 40 años

de edad, pues nació el 24 de octubre de 1954 (f.º 34 del c. del Juzgado), ni con 15 años de servicio toda vez que solo había cotizado 629 semanas (f. º109 del c. del Juzgado). En esa medida y conforme los parámetros del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, puntualizó que el actor tiene derecho a que se le reconozca y pague la prestación liquidada conforme artículo 21 de la primera ley, que resulta ser más favorable bajo una tasa de reemplazo del 67.62%.

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Radicación n.° 89504 De modo que para el 2017 debía obtener una mesada inicial de $11.356.507 que deberá reajustarse anualmente y pagarse en un total de 13 mesadas. Advirtió que si bien el actor consolidó su derecho pensional desde el 24 de octubre 2016 cuando cumplió el requisito de la edad. Lo cierto es que no resultaba procedente su disfrute a partir de dicha fecha, dado que ello no fue solicitado en la demanda, discutido en el juicio, ni se planteó en el recurso de apelación. Por tanto, atendía la calenda que Positiva Compañía de Seguros S.A. consideró, esto es, 1. ° de mayo 2017 (f.º 225 del c. del Juzgado). Así, halló equivocada la decisión del juez de primer grado al negar la pensión toda vez que el afiliado no está llamado a soportar los efectos del trámite

interadministrativo. Agregó, que comoquiera que la suma otorgada es mayor a la que Positiva ha cancelado, que para el 2017 ascendía a un valor de $5.141.398 (f.º 225 del c. del Juzgado), Colpensiones solo deberá asumir la diferencia que existe entre dicho valor y la prestación reconocida desde el 1. ° de mayo de la misma anualidad y hasta tanto le sean trasladados los dineros que reposaban en la cuenta de ahorro individual del demandante, de modo que dicha aseguradora debía continuar con el pago del valor que venía cancelando hasta satisfacerse en su totalidad.

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Radicación n.° 89504 Adicionalmente, condenó a Colpensiones a sufragar la prestación desde que reciba dichos dineros por parte de Positiva S.A., con el respectivo ajuste anual. Asimismo, estimó improcedentes los intereses moratorios, pues la entidad no incurrió en mora. No obstante, ordenó el pago de las diferencias pensionales debidamente indexadas desde que cada una se hizo exigible hasta la fecha efectiva de cancelación. Adujo que como las diferencias se causaron desde el 1. ° de mayo de 2017 no se advertía prescripción, pues la demanda se formuló el 30 de octubre del mismo año (f.º 94 del c. del Juzgado). Por tanto, Colpensiones adeudaba la suma de $226.812.373,41 entre el 1. ° de mayo 2017 y el 31 diciembre 2019, ello sin perjuicio de las diferencias que con posterioridad se sigan causando. Por último, en cuanto a los perjuicios morales

reclamados indicó que no eran procedentes toda vez que no obraba prueba alguna de su causación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso Positiva Compañía de Seguros S.A., lo concedió el Tribunal y lo admitió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

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Radicación n.° 89504

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente solicita a la Corte casar la sentencia impugnada a fin de que, en sede de instancia, revoque el ordinal primero «de la sentencia de segunda instancia» y, en su lugar, desestime las pretensiones de la demanda.

En subsidio, solicitó la casación parcial de la decisión de segunda instancia en cuanto a las condenas impuestas a la recurrente y, en sede de instancia, confirme la absolución del ordinal segundo del fallo del juez de primera instancia. Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula cuatro cargos, que fueron replicados por el demandante, Protección S.A. y Colpensiones. Dado que con los tres primeros se alcanza el fin perseguido. La Sala se abstendrá de estudiar el cuarto.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, le atribuye a la sentencia controvertida la vulneración de los artículos 21, 33 (modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003) y 80 de la Ley 100 de 1993.

En desarrollo de la acusación, aduce que el Tribunal erró por cuanto no advirtió que era un hecho indiscutido que, al instaurarse la demanda, el actor ya era pensionado.

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Radicación n.° 89504 En esa medida, debió resolver el asunto como esta Sala lo señaló en sentencia CSJ SL373-2021, en la que indicó que tal calidad es una situación jurídica consolidada que no es razonable retrotraer como ocurre en el caso de un afiliado. Ello, en la medida que no se trata de reversar el acto mismo, sino también el reconocimiento prestacional y todas las operaciones, actos, contratos con el afiliado, las aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según la modalidad pensional elegida. Afirma que en instancia la Corte hallará que el actor contrató y suscribió una póliza de seguro de renta vitalicia inmediata con la recurrente, tal como consta en el documento n.º 4000000117 expedido el 25 de mayo de 2017, que generó un derecho y goce de una renta pensional desde el 1. º de junio de 2017 y que se ha cancelado sin interrupción alguna hasta la fecha.

VII. CARGO SEGUNDO Por la vía jurídica, en la modalidad de aplicación indebida, le endilga a la sentencia de segundo grado la transgresión de los mismos artículos expuestos en la primera acusación.

Aduce que el juez de segunda instancia aplicó indebidamente los aludidos preceptos, por no advertir la calidad de pensionado del actor y, en consecuencia, les dio un alcance diferente al pretendido por el legislador,

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Radicación n.° 89504 comoquiera que frente a esa específica situación es aplicable la orientación vertida en sentencia CSJ SL373-2021.

VIII. CARGO TERCERO Le endilga a la decisión impugnada la violación por la vía directa bajo la modalidad de infracción directa de los preceptos enunciados en los demás cargos.

Refiere que conforme el artículo 1036 del Código de Comercio el contrato de seguro es un acto jurídico contractual, consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva en el cual una persona consciente y voluntariamente suscribe un producto de una aseguradora para trasladar determinados riesgos. En ese sentido, indica que el contrato de seguro de renta vitalicia inmediata es configurado como un contrato de seguro conforme lo prevé el artículo 80 de la Ley 100 de 1993 y la Circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia que emitió las reglas aplicables al ramo pensional establecido en el régimen general de pensiones. Lo anterior, por cuanto es una modalidad pensional que depende exclusivamente del afiliado o beneficiario, esto es, se contrata un acto libre y voluntario en el que este elige voluntariamente a una seguradora que cuente con dicho producto en su portafolio, y el afiliado paga una prima a cambio de una renta mensual hasta su deceso y el pago de

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Radicación n.° 89504 la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que tengan derecho, contrato que es irrevocable. Resalta que, si bien en este cargo no se ventilan aspectos probatorios, con el fin de contextualizar la infracción directa del artículo 80 de la Ley 100 de 1993, es necesario tener en cuenta que el demandante contrató una

póliza de seguro de renta vitalicia inmediata y devenga una renta pensional desde el 1. º de junio de 2017.

IX. RÉPLICA DEL DEMANDANTE Aduce que el alcance de la impugnación está erróneamente formulado, dado que no indica si solicita una casación total o parcial, aunado a que pretende que la Corte revoque la decisión de segunda instancia, lo cual es equivocado, pues esta desaparecería del mundo jurídico. En ese sentido, nada dice respecto de qué actuación debe emprender la Sala en sede de instancia.

Señala que, en el primer cargo, el recurrente hace una mezcla indebida de las vías de violación, pues, pese a que se dirige por la vía directa, alude a un supuesto fáctico cual es que el Tribunal no advirtió la calidad de pensionado del actor. Destaca que el argumento central que plantea constituye un hecho nuevo en casación, pues el debate estaba dirigido a determinar si el demandante fue o no debidamente asesorado al momento del traslado de régimen pensional, mientras que el análisis que Positiva S.A. propone

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Radicación n.° 89504 es relativo a la improcedencia de aplicar las reglas de ineficacia a los pensionados, situación que itera no se debatió en las instancias. Adicionalmente, manifiesta que el recurrente no cumplió con el requisito de formular una proposición jurídica completa, en el sentido de indicar las normas sustanciales que constituyen la base esencial del fallo recurrido, pues en este caso el tema planteado tiene que ver con la validez del traslado de régimen pensional.

X. RÉPLICA DE PROTECCIÓN S.A.

Refiere que es un hecho indiscutido que el actor tiene la calidad de pensionado bajo la modalidad de renta vitalicia, lo cual implica que la AFP ya cumplió a plenitud con la obligación legal que le correspondía, esto es, entregar todo el dinero de la cuenta individual a la seguradora. Agrega que el actor confesó recibir una capacitación en la que le efectuaron una comparación de la prestación que recibiría en uno u otro régimen y en la que le explicaron los beneficios del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En consecuencia, reconoce tácitamente que sí fue ilustrada y, por consiguiente, está compelido a demostrar qué fue lo que no le informó para controvertir su afirmación. Sugiere que el demandante efectuó actos de relacionamiento que demuestran que conocía del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, como es afiliarse al fondo

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Radicación n.° 89504 voluntario de pensiones (f.º 188 del c. del Juzgado).

XI. RÉPLICA DE COLPENSIONES Puntualiza que no hay duda de la voluntad puesta en el formulario de afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el cual demuestra que el demandante no fue «engañado», pues la actuación la ejecutó conscientemente en pleno uso de razón.

Aunado a que no es beneficiario del régimen de transición, porque al 1. º de abril de 1994 no contaba con requisitos suficientes y, por ende, no tiene una expectativa legítima frente a su derecho pensional. Lo cual hace que el

acto de traslado se ajuste a las condiciones, requisitos y parámetros de la Ley 100 de 1993. Resalta que no es posible aducir que no recibió información solo por el hecho de no ver colmadas plenamente sus expectativas para trasladarle responsabilidad a la AFP, máxime si se tiene en cuenta que el demandante es un «profesional del derecho» con conocimiento de la norma. Agrega que no es dable endilgarle a la administradora privada responsabilidades que no estaban vigentes a la fecha de traslado de régimen pensional, menos cuando no se probó la existencia de vicio del consentimiento alguno.

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Radicación n.° 89504

XII. CONSIDERACIONES En relación con las glosas de técnica que destaca el actor, si bien el alcance de la impugnación contiene falencias, las mismas pueden superarse, pues la Sala entiende que la recurrente pretende el quiebre total de la decisión de segunda instancia para que, en su lugar, se revoque el fallo del juez de primer grado y se absuelva a la entidad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra en el escrito inicial.

Tampoco le asiste razón al opositor demandante al señalar que lo expuesto en el recurso de casación se trata de un hecho nuevo, toda vez que, en el proceso, desde la demanda, en la contestación e, incluso, en la apelación, las partes debatieron la condición de pensionado del afiliado, que, en criterio de las accionadas hacía improcedente la ineficacia del traslado de régimen pensional, por tratarse de una situación consolidada.

En ese sentido, no tiene asidero la presunta mezcla de las vías de violación endilgada al primer cargo dirigido por la senda de puro derecho, al hacer referencia a un supuesto fáctico, pues la censura parte de un hecho que desde las instancias se catalogó como indiscutido. De igual forma, no se presenta la supuesta irregularidad en la proposición jurídica, pues la recurrente basó su denuncia en los presupuestos normativos en los que el Tribunal fundamentó su fallo y que consagran el derecho

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Radicación n.° 89504 sustantivo que se debate, en especial, el artículo 9. ° de la Ley 797 de 2003 y 80 de la Ley 100 de 1993. Nótese que es suficiente con que la censura cite cualquier precepto sustantivo que consagre el derecho reclamado o que constituyó la base esencial del fallo o que debió serlo, y que a juicio del impugnante se quebrantó por el juez plural, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa (CSJ SL5003-2019, CSJ SL224-2020, CSJ

SL1141-2020, CSJ SL1470-2021 y CSJ SL1113-2022).

En virtud de lo expuesto, la Sala encuentra que los cargos están b