CSJ - SL1086-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1086-2023 Radicación n.° 94643 Acta 12 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CRISTALERÍA PELDAR S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró ESTEBAN MARTÍNEZ VÉLEZ.

I. ANTECEDENTES

Esteban Martínez Vélez demandó a Cristalería Peldar S. A., para que se declarara que fue despedido sin justa causa y, en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo que tenía en el momento de la extinción de su vínculo, con el pago de los salarios, las prestaciones legales y extralegales y los aportes a la seguridad social, más las costas.

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Radicación n.° 94643 Contó que laboró para la accionada del 10 de mayo de 2011 al 10 de abril de 2019, cuando fue despedido sin justa causa; que le fue pagada la indemnización convencional; que entre la empleadora y Sintravidricol seccional Envigado, fue suscrita una CCT con vigencia entre el 21 de mayo de 2017 e igual fecha de 2019; que era socio de la organización sindical y beneficiario del acuerdo colectivo de trabajo; que el artículo 107 de esa norma contractual previó que

[…] Cuando la Empresa decida clausurar total o parcialmente una planta o proceso por cualquier […] causa, y haya reducción de personal, previa y oportunamente con Sintravidricol aplicará las condiciones de reubicación a otros oficios, traslado a otras dependencias de la Empresa, las indemnizaciones convencionales o la posibilidad de las pensiones de jubilación a favor de los trabajadores afectados. Narró que el 24 de junio de 2017, se suscribió un acta extra convencional en la que se concertó una estabilidad laboral reforzada para los trabajadores beneficiarios de la convención colectiva de trabajo; que entre los interlocutores sociales no se acordaron los pasos a seguir para la reubicación, traslado a otras dependencias o reconocimiento de la pensión de jubilación de los trabajadores afectados con el cierre de la factoría, pero se pactó como última alternativa, el despido; que la empresa no cumplió con la norma extralegal, pues no intentó las opciones del artículo 107, antes de proceder a la finalización unilateral de su contrato de trabajo. Sostuvo que devengó como último salario $3.961.637 mensuales; que la dadora del empleo contaba con una planta

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Radicación n.° 94643 de producción en Cogua, Cundinamarca, a la que pudo ser trasladado, sin que se le hubiese dado esa posibilidad, pese a manifestar su reiterado interés de continuar en su labor; que entre el 1° de septiembre de 2017 y el 16 de abril de 2019, la accionada migró a esa planta, 102 trabajadores (archivo: «Primera Instancia_ Cuaderno Principal Expediente

Primera Instancia_2022090302064», expediente digital). La demandada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos admitió la relación laboral que sostuvo con el demandante, sus extremos, el despido sin justa causa, el correlativo pago de la indemnización convencional, su afiliación al sindicato y su calidad de beneficiario de la CCT vigente entre 21 de mayo de 2017 e igual fecha de 2019. Así mismo, aceptó la causal invocada para la terminación del vínculo contractual, el contenido de la cláusula 107 del acuerdo colectivo y del acta extra convencional, pero con la precisión de que estas permitían en los casos de cierre de planta, terminar el contrato de trabajo sin justa causa con la correspondiente indemnización. Dijo que era cierto que el despido era la última alternativa de decisión acordada y, por ello, entre 2017 y 2019 suscribió diferentes acuerdos con sus trabajadores, en el sentido de: i) reconocerles una renta temporal a los antiguos que estuvieran próximos a cumplir con la edad pensional; ii) trasladó a algunos con un plan de préstamos de adquisición de vivienda, según consenso con el sindicato

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Radicación n.° 94643 y de acuerdo con «las posibilidades vacantes y/o [requerimientos] por la modernización de dicha planta»; iii) suscribió transacciones para la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo con el pago de bonificaciones y, iv) concedió la indemnización convencional en los casos de despido sin justa causa. Negó no haber seguido los pasos acordados en la norma

convencional, puesto que desde agosto de 2017 anunció a sus trabajadores el cierre de la factoría de Envigado, por razones técnicas, financieras y de mercado, realizando diferentes reuniones y comunicados explicativos, ofreciendo distintas alternativas para llevar a cabo esa decisión, sin que en la cláusula 107 «haya establecido como requisito para las distintas opciones de terminación de contrato y/o reubicación en otra planta, que se haya logrado previo y expreso acuerdo, en cada caso, entre la empresa y Sintravidricol». Añadió que no había lugar al traslado del demandante, puesto que ya se habían surtido los desplazamientos del personal de acuerdo con los perfiles, experticias técnicas y número de cargos requeridos en la planta de Cogua; que no bastaba su voluntad para aceptar la migración, pues su decisión estaba determinada por los factores antes mencionados; que el salario del trabajador fue diferente al referido en la demanda. Agregó como razones de defensa, que la facultad patronal de la cual hizo uso, no tenía discusión entre los interlocutores sociales, lo que se evidenciaba con la inclusión

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Radicación n.° 94643 sin aclaración ni variación de la cláusula 107 en la CCT 2019-2021, en razón a las decisiones adoptadas en el cierre de la planta de Envigado; que llevó a cabo un proceso de concertación para las reubicaciones y condiciones de traslado, acordando la financiación de vivienda nueva en el municipio de Zipaquirá; que no procedía el reintegro, pues la norma contractual, que no fue desconocida, no previó

consecuencia alguna ante su incumplimiento, por lo que debían aplicarse las reglas indemnizatorias legales o convencionales, según lo explicado por la Corte en las sentencias CSJ SL, 10 mar. 2006, rad. 26251 y CSJ SL, 8 feb. 2011, rad. 39213. Formuló como excepciones de fondo las que denominó: falta de causa para demandar e inexistencia de la obligación; plena legalidad de la terminación unilateral del contrato con el pago de la indemnización convencional, buena fe, prescripción y pago (archivo: «Primera Instancia_ Cuaderno Principal_ Expediente Primera Instancia_2022090355479», ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, en fallo del

3 de febrero de 2022, decidió:

1. Se ordena a CRISTALERIA PELDAR S. A., representada legalmente por el Dr. RICARDO TORRES LÓPEZ, o por quien hiciere sus veces, a reintegrar al señor ESTEBAN MARTÍNEZ

VÉLEZ.

2. A cancelar los salarios, prestaciones sociales legales y extralegales y cotizaciones a la seguridad social, por el lapso

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Radicación n.° 94643 transcurrido al día siguiente en el cual, perdió su estabilidad laboral y el día anterior, al cual, sea efectivamente reintegrado.

3. Las excepciones propuestas quedan implícitamente resueltas.

4. Costas a cargo de la demandada, se fijan como agencias en derecho la suma de $2.500.000.oo […] (archivo: «Primera

Instancia_ Cuaderno Principal_ Expediente Primera Instancia_20220903731012», ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 16 de marzo de 2022, al resolver la apelación de la demandada, confirmó la primera e impuso costas a la recurrente.

Dijo que determinaría el alcance del artículo 107 de la CCT, cuando se presentaba la reducción de personal por clausura de una planta de producción y si se había cumplido «proceso disciplinario» para el despido del demandante. Precisó que no existía discusión en torno a: i) la vinculación laboral del actor, sus extremos, el cargo desempeñado y el «último salario devengado»; ii) la existencia de la organización sindical a la que pertenecía el trabajador y la vigencia CCT 2017-2019, en cuya cláusula 107 se acordó: […] Cuando la Empresa decida clausurar total o parcialmente una planta o proceso por cualesquier causa y haya reducción de personal, previa y oportunamente con Sintravidricol aplicará las condiciones de reubicación a otros oficios, traslado a otras dependencias de la Empresa, las indemnizaciones convencionales o la posibilidad de las pensiones de jubilación a favor de los trabajadores afectados. Así mismo, iii) la suscripción de un Acta extra

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Radicación n.° 94643 convencional el 24 de junio de 2017, en el que se pactó que la empresa no terminaría el contrato de trabajo del personal convencionado durante los 24 meses de vigencia de la CCT,

excepto en los eventos del artículo 107, en el cual daría «aplicación a lo allí previsto y permitiendo como última instancia en estos eventos las terminaciones unilaterales sin justa causa con el pago de la indemnización correspondiente». Puntualizó que no le correspondía validar las razones para el cierre del proceso productivo y que tampoco advertía irregularidad alguna en la etapa de instrucción, pues la demandada tuvo la posibilidad de interrogar a las partes y los testigos, razón por la cual un fallo en su contra, no lo demostraba. Afirmó que la convención colectiva y el acuerdo extra, son pactos que tienen carácter de «precepto legal para la definición del asunto», por lo que el juez no tiene competencia para limitarlos o modificarlos, sino para interpretarlos, actividad que realizaría en relación con las cláusulas 81 y 107. Sostuvo que, conforme a la sentencia CC SU113-2018, reiterada en las CC SU267-2019 y CC SU445-2019, la convención es un medio de prueba que por su carácter jurídico debe ser valorada con base en los principios y reglas constitucionales de interpretación legal, entre las cuales se encuentra la favorabilidad; que, por tanto, la decisión del primer juez había sido acertada, pues la cláusula 107 de la CCT ofrecía «diferentes alternativas […] en los eventos de

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Radicación n.° 94643 reducción de personal por cierre de proceso productivo o de planta», siendo «plausible» que se requiriera «previo y oportuno acuerdo de la empresa con Sintravidricol» para la adopción de cualquiera de las opciones allí previstas, sin que

fuera dable aceptar el alcance restrictivo o desfavorable propuesto por la recurrente. Adujo que ello era así, porque el pacto de un «acuerdo previo» suponía un proceso de negociación y no un impedimento para que se adoptara cualquier determinación frente a la clausura de la factoría por parte del empleador; que ese consenso «no existió», según la confesión del representante legal de la demandada y lo ratificado por los testigos, toda vez que no se informó a los «directivos sindicales los parámetros bajo los que se hizo la selección del personal a reubicar en la planta de Cogua Cundinamarca y de los que serían despedidos con el pago de la correspondiente indemnización». Explicó que lo considerado, no implicaba una modificación de la tabla del artículo 82, toda vez que era viable «acudir a tal figura, previo acuerdo con la organización sindical». Manifestó, en lo que respecta con el proceso disciplinario, que el artículo 81 del acuerdo colectivo era claro en sus etapas y los delegados de la empresa legitimados para intervenir en ellas, «sin que el cierre de una de las plantas impli[cara] su modificación, pues así no fue acordado»; que ese «cambio» no justificaba el desconocimiento del

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Radicación n.° 94643 precepto, lo que había ocurrido en el asunto, puesto que, aun en circunstancias extremas, «se deb[ían] acatar las normas regulatorias de cada uno tanto en vía judicial como administrativa, careciendo también de sustento los forzados argumentos sobre el particular expuestos por el apoderado de la accionada».

Expresó que, aunque existe jurisprudencia y doctrina frente a los casos en los cuales opera el reintegro, «éstos no son taxativos», pues en situaciones como la analizada era procedente declarar la ineficacia del despido, ante la inobservancia del acuerdo obrero patronal, «previa la aplicación de cada una de las alternativas que ofrece el artículo 107 de la convención colectiva ante el cierre de un proceso productivo y o de una de las plantas», así como por el «no acatamiento cabal del trámite disciplinario pactado en el instrumento colectivo», toda vez que «ante actuaciones inexistentes, no se pueden ver[se] afectados los derechos del trabajador», como se explicó, por ejemplo en el fallo CSJ SL3001-2020. Aseveró, en relación con las consideraciones de la providencia CSJ SL132-2022, que no eran aplicables al litigio, porque: […]1) los supuestos fácticos analizados son diferentes, toda vez que en esa ocasión la causa del despido proviene del trabajador, al quedarse dormido en su jornada laboral, y en este se toma tal determinación por el cierre de una planta de producción, decisión que proviene exclusivamente del empleador; 2) las Salas creadas en el marco del programa de Descongestión, no tienen competencia para modificar la jurisprudencia de la Sala Permanente de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ni para crear nuevas líneas interpretativas, y cuando se

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Radicación n.° 94643 considere necesario un cambio, se debe devolver el proceso a la Sala permanente, luego tal tesis no constituye precedente

vinculante y, 3) porque como ya se dijo, la interpretación […] efectuada por el juzgador de las normas en que se fundan las pretensiones, es plenamente posible, y ofrece mayores garantías al trabajador que es la parte débil de la relación laboral […] (archivo «Segunda Instancia_ Apelación Sentencia_ Expediente Segunda Instancia _2022084306649», expediente digital).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pide a la Sala se case la sentencia impugnada y, en su lugar, se revoque la primera y se le absuelva de las pretensiones (archivo «Recursos Extraordinarios_Demanda de Casacin_ 20220238840005», ibidem).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se decidirán conjuntamente, pues a pesar de dirigirse a través de sendas diferentes, comparten algunos argumentos demostrativos y parte de su finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia que el Tribunal violó por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 115 (10 del Decreto 2351 de 1965) y 467 del CST; 67 de la Ley 50, de 1990; 29, 53, 234 de la CP y, como violación medio, por aplicación indebida, los artículos 60 y 61 del CPTSS.

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Radicación n.° 94643 Dice que la mencionada afrenta derivó de los siguientes errores fácticos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que en el artículo 107 de la Convención Colectiva de Trabajo 1919-1921 (sic) se pactó que para el despido de un trabajador en los eventos de cierre total o parcial de una planta o proceso, debía existir un “previo acuerdo con la organización sindical”.

2. No dar por demostrado, pese a ser evidente, que las opciones previstas en el artículo 107 de la Convención Colectiva de Trabajo 1919-1921 (sic) se dirigen a la situación de un conglomerado de trabajadores y no solamente al caso del demandante.

3. No tener por establecido, siendo evidente, que en el artículo 107 de la Convención Colectiva de Trabajo 1919-1921 no se señala un orden específico para la utilización de las opciones de medidas a las que puede acudir la empresa ante un cierre total o parcial de una planta o proceso.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada en forma previa al despido del actor, adoptó otras de las medidas previstas en el artículo 107 de la Convención Colectiva de Trabajo 19191921.

5. No dar por demostrado, estándolo, el cierre de la planta de Envigado de la demandada.

6. No dar por demostrado, estándolo, que Sintravidricol fue enterado por Cristalería Peldar S. A. del cierre de la planta de producción en Envigado.

7. No dar por demostrado, aunque es evidente, que la demandada cumplió con todos los trámites y etapas previstos convencionalmente para formalizar el despido con justa causa del actor.

8. Concluir en contra de la evidencia que la demandada

pretermitió los trámites dispuestos en la convención colectiva de trabajo para el adelantamiento del proceso disciplinario convencional, en el caso del demandante.

9. No dar por probado, estándolo, que tanto el demandante como los representantes del sindicato legitimaron con la ausencia de objeciones, la regularidad del procedimiento disciplinario convencional.

Refiere que el juez de alzada apreció con equivocación

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Radicación n.° 94643 las CCT 2017-2019 y 2019-2021 (f.° 2 y ss; 40 y ss.; 24 y ss) y la declaración de su representante legal; que dejó de valorar los siguientes documentos:

1. Carta de Sintravidricol recibida el 2 de febrero de 2018 en Peldar (f. 145 o 19 anexo de la contestación).

2. Carta de Peldar del 10 de agosto de 2017 (f. 144 o 20 anexo de la contestación).

3. Comunicado de Peldar sobre el cierre de la planta de Envigado

(f. 22 anexo de la contestación de la demanda).

4. Acta extraconvencional suscrita el 21 de marzo de 2019 sobre préstamos de vivienda a los trasladados a la planta de Cogua (fs. 23, 24 como anexo de la contestación de la demanda).

5. Correo corporativo de Peldar del 4 de agosto de 2017 (fs. 25 a 28 como anexo de la contestación de la demanda).

6. Solicitud de autorización al Ministerio del Trabajo para el cierre de la planta de Envigado (fs. 125-137).

7. Listado de trabajadores de la planta de Envigado de Peldar al

momento del cierre (f. 138 a 143).

8. Auto 6852 de la Regional de Antioquia del Ministerio del Trabajo del 29 de noviembre de 2018. (f. 53 y ss.).

9. Comunicaciones de Peldar aportando documentos al Ministerio del Trabajo sobre el cierre de la planta (fs. 56 a 59).

10. Acta de Inspección ocular adelantada por el Ministerio del Trabajo con participación de Sintravidricol del 1º de marzo de 2019 (fs.62 y ss).

11. Solicitud de permiso al Ministerio del Trabajo para terminación de unos contratos (fs. 64 y ss).

12. Citación al actor al procedimiento disciplinario en primera etapa del 27 de febrero de 2019 (f. 141).

13. Citación al sindicato para el procedimiento disciplinario del demandante de 26 de febrero de 2019 (f. 142).

14. Solicitud del demandante de aplazamiento del procedimiento disciplinario (sin folio visible).

15. Aceptación de la solicitud de aplazamiento del procedimiento

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Radicación n.° 94643 disciplinario en comunicación del 28 de febrero de 2019 (f. 143).

16. Acta de la primera etapa del procedimiento disciplinario del actor (f. 144 y ss).

17. Citación para la segunda etapa del procedimiento disciplinario del actor (f. 146).

18. Acta de la segunda etapa del procedimiento disciplinario del actor (f. 145).

19. Escrito de apelación del demandante (sin folio visible).

20. Comunicación del actor por la cual escoge las personas que

desea que lo acompañen en el procedimiento disciplinario del 8 de marzo de 2019 (f. 147).

21. Citación para la 3ª etapa del procedimiento disciplinario del 8 de abril de 2019 (f. 148).

22. Carta de terminación del contrato de trabajo del 10 de abril de 2019. (f. 149).

23. Comunicación del 29 de enero de 2019 dirigida al actor sobre aplicación del artículo 140 del CST. (f. 97).

24. Compilación del procedimiento disciplinario aportada por la parte actora (fs. 98 a 117).

25. Respuesta de la demandada a solicitud del sindicato de fecha 16 de abril de 2019 (fs. 119 y ss).

26. Resolución 643 de la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio del Trabajo del 8 de abril de 2021 (sin folio visible).

Expresa que el Tribunal violó el artículo 234 de la CP, puesto que soporta su providencia en decisiones de la Corte Constitucional, desconociendo que es la Corte Suprema de Justicia la máxima autoridad en la jurisdicción ordinaria laboral; que, aunque las salas de descongestión tienen una limitación para modificar el precedente, hacen parte de esa Corporación, por lo que sus providencias también sujetan la lectura normativa de jueces de inferior jerarquía, por lo que no era procedente el reintegro ordenado, pues no fue previsto

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Radicación n.° 94643 en la ley o en otro estatuto laboral. Manifiesta que el fallador de segundo grado se limitó a valorar las CCT aportadas, a pesar de allegarse multitud de

medios de convicción con incidencia en el conflicto jurídico; que aunque lo falló sobre el postulado de favorabilidad, no lo hizo en el marco de una facultad interpretativa sino inventiva, pues no fue propuesta por los interlocutores sociales en el acuerdo colectivo, ya que el artículo 107 de la norma extralegal en ninguna parte previó el término «acuerdo» ni la consecuencia del reintegro. Denota que, en ese contexto, […] El desatino del Tribunal NO ES DE INTERPRETACIÓN como lo dijo en el fallo acusado, sino de LECTURA. Leyó lo que no existe y esa no es una función interpretativa sino de inventiva, es decir, se inventó una palabra que no está en el texto convencional y, de contera, también inventó un requisito inexistente. Asevera que, por otro lado, analizó el artículo 107 como una norma regulatoria de la situación particular del trabajador y no, como le correspondía, de amplia aplicación por la posible afectación a un grupo plural de servidores ante la eventual reducción de personal; que dicha pretermisión tiene trascendencia, puesto que ese elemento «[…] es clave en la aplicación de las opciones que se contemplan en la disposición, porque de haberlo leído, hubiera colegido que ese conglomerado de opciones es para utilizarlo en conjunto y de acuerdo con lo que resulte posible en el caso de cada trabajador o grupo de trabajadores».

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Radicación n.° 94643 Lo anterior, por cuanto «no todas las medidas previstas en el artículo son aplicables a todos los [subordinados] porque las circunstancias pueden ser distintas, comenzando por el interés que cada trabajador pueda tener por aceptar una u

otra opción», como ocurrió en el asunto, en el que algunos optaron por su traslado, otros por el plan de retiro voluntario y los demás por las restantes opciones, según se desprende del documento de folios 119 y ss. Aduce que el precepto contractual en disputa prevé que «en el evento del cierre de una planta o proceso, se acudirá (la norma dice aplicará) a varias posibles medidas: reubicación, traslados, pago de indemnizaciones convencionales», entre las cuales se encuentra la extralegal por despido injusto o el otorgamiento de pensiones; que estas son adoptadas por el empleador, por ser quien determina el cierre de la planta y, por tanto, quien implementa y responde por las consecuencias de esa decisión. Afirma que, sería diferente si el sindicato asumiera alguno de los efectos económicos derivados de la «reubicación, traslados, indemnizaciones y pensiones (de ser posible)», pues en tal hipótesis sería razonable comprender que el término «aplicará» se dirigiera a ambos interlocutores sociales, lo que insiste, no ocurre en el caso, lo que se traduce en que sea «obvio que es al [empleador] a quien se faculta en la norma para tomar las medidas que se señalan como opciones». Expone que «El «“previa y oportunamente con

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Radicación n.° 94643 Sintravidricol», se refiere al aviso al sindicato sobre la situación de cierre», por ser una medida de interés de la organización y sus afiliados, lo que le permitiría asumir «una

actitud de vigilancia especial, como ampliación de la natural vigilancia que desempeña siempre en ejecución de su facultad de representación de los intereses de sus afiliados»; que ese aviso e «invitación a participar en la toma de decisiones sobre el particular, se puede constatar con la lectura de los folios 144 y ss.». Insiste en que el juez de segundo grado no examinó las pruebas documentales, con excepción de la convención, lo que le impidió constatar a folios 119 y siguientes, que la compañía acordó el traslado con 102 empleados, concertando el acogimiento al plan de retiro voluntario con otros 98 trabajadores, lo que significa que aplicó las opciones para la cual estaba facultada por el artículo 107 de la CCT, «sin que hubiera mediado reparo alguno por parte del sindicato»; que pretermitió que no existe prueba de que el accionante haya manifestado su voluntad de acogimiento de cualquiera de esas opciones «antes de iniciarse el procedimiento disciplinario impuesto en la convención para los casos de despidos sin justa causa». Agrega que el Tribunal tampoco advirtió que «la empresa le informó al sindicato del cierre y lo invitó a revisar el cierre de la planta de Envigado (f.° 145 – carta de Sintravidricol del 2 de febrero de 2018)» y que desde el 10 de agosto de 2017 lo convidó a «conformar una comisión para tratar todo lo relacionado con el artículo107 de la convención

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Radicación n.° 94643 colectiva (f.° 144 que tiene la nota de recibo en Sintravidricol)»,

lo que demuestra que cumplió […] la invitación […] para que participara en el análisis de las opciones previstas en el artículo convencional citado, con lo cual se ajustó a las condiciones de “previa y oportunamente” que se señalan en dicho artículo como paso para utilizar las opciones que fueron autorizadas en la convención colectiva, una de las cuales corresponde al despido sin justa causa pero con el pago de la indemnización convencional. Sostiene en que el examen probatorio del Tribunal fue deficiente, pues la omisión de los demás medios de convicción, condujo a que no se tuviese presente que la planta de Envigado había cerrado, circunstancia que hacía imposible el reintegro pretendido, el cual no tiene respaldo en norma alguna; que, incluso bajo ese supuesto de la sentencia, lo procedente era la compensación de la obligación de hacer a través del pago de la indemnización, que fue lo que realizó oportunamente, según se constata a folio 96, ibidem. Razona que no era posible admitir que el reintegro se efectuara en otra sede, pues ello supondría otra de las posibilidades del artículo 107 convencional, en tanto concretaría un traslado, que «no fue lo ordenado» ni pretendido, por lo que se le impuso una obligación imposible de cumplir. Plantea que el sexto error fáctico se evidencia en la no apreciación de los «documentos de folios 144 y 145 (tienen también la numeración 20 y 19 en su orden, como anexos de la contestación de la demanda)», que acreditan la invitación

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«previa y oportunamente a Sintravidricol a conformar una comisión, para revisar en dicha reunión la aplicación de las condiciones de reubicación, traslados a otras dependencias de la empresa, las indemnizaciones convencionales o la posibilidad de eventuales rentas temporales a favor de los trabajadores afectados», lo que fue aceptado por la organización de trabajadores previa reunión de su junta directiva. Argumenta que, en tal escenario, cumplió con la norma convencional, pues vinculó a Sintravidricol en el análisis de las medidas laborales consecuentes con el cierre de la planta de Envigado, conforme «fue aceptado por los trabajadores que se acogieron al traslado a la planta ubicada en Cogua y por los que aceptaron el plan de retiro voluntario, que fueron 200 como consta en el expediente (f.° 119)» y se colige de los siguientes trámites que realizó: - […] avisó a todos sus trabajadores de la necesidad del cierre de la planta. (f. 22) - […] gestionó préstamos a los trabajadores que se acogieron al ofrecimiento de traslado a la planta de Cogua (fs. 23, 24 anexos de la contestación de la demanda). - […] solicitó en tiempo la autorización para el cierre al Ministerio del Trabajo y solicitó agilidad en su tramitación (fs. 125 a 137, 53 y ss, 56 a 59). - […] adelantó por el Ministerio del Trabajo una inspección judicial para corroborar las afirmaciones de la demandada, con participación de Sintravidricol. (fs. 62 y ss). - […] solicitó autorización al Ministerio del Trabajo para la

terminación de unos contratos de trabajo (fs. 57 a 59 como anexo de la contestación de la demanda). Añade que, contrario a lo concluido por el Tribunal, a folios 89 a 117 ibidem, obra la documentación que acredita la observancia de las tres etapas del trámite disciplinario,

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Radicación n.° 94643 pues a folios 141 a 149 del cuaderno n.° 1 militan las actas de citación al trabajador y al sindicado para que se surtiera la inicial del procedimiento, la solicitud de aplazamiento formulada por el primero y su aceptación. Además, […] el acta de esa primera etapa, la citación para la segunda etapa y el acta de su realización, el escrito de apelación del actor de la decisión adoptada por la empresa, la comunicación del demandante escogiendo sus acompañantes en el trámite correspondiente, la citación para la tercera etapa y la carta de terminación del contrato de trabajo. Dice que no existe explicación para que el juez de alzada considerara que había desconocido injustificadamente el procedimiento, por lo que procedía la ineficacia del despido y el reintegro del trabajador, pues, además de haberlo satisfecho, conforme a lo atrás expuesto, aquel y el sindicato no cuestionaron su incumplimiento, lo que evidenciaría que ello no ocurrió y, en todo caso, no era necesario hacerlo, pues no invocó justa causa para el despido y pagó la indemnización convencional, lo que se traduce en que realizó ese acto con respeto a todas las garantías del servidor; que,

en todo caso, el Tribunal no precisó cuál fue la falla del trámite, dejando sin sustento su decisión. Aduce que carecía de todo efecto la confesión sobre la cual se soportó la segunda decisión, puesto que el artículo 107 de la convención no se estableció como requi