CSJ - SL1107-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1107-2023 Radicación n.° 93280 Acta 16 Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por LOT PEREA RIASCOS contra la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario laboral que adelanta contra el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

I. ANTECEDENTES Lot Perea Riascos llamó a juicio al Departamento del Valle del Cauca, para que se declare que se desempeñó como obrero en la Secretaría de Obras Públicas de ese ente territorial entre el 23 de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1999; que la terminación del contrato de trabajo fue ineficaz; que es beneficiario de los efectos ex tunc de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 22 de mayo del 2014 (radicado 2005-0144901), en la que se declararon nulos los Decretos 1867 del 22 de diciembre de 1999 -a

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Radicación n.° 93280 través del cual se estableció la estructura administrativa y la planta global de cargos del Departamentoy 0015 de 2000que determinó la escala de salarios para los grados de remuneración de los cargos de los diferentes niveles de la administración central-; y en virtud de lo anterior, establecer que no hubo solución de continuidad en la prestación

personal del servicio. Solicitó condenar al accionado al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro), morales y en la vida en relación causados por la supresión del cargo de obrero que desempeñaba; la pensión de jubilación en los términos del artículo 67 convencional o en su defecto, la pensión anticipada prevista en la cláusula primera del Acuerdo de Revisión Convencional suscrito el 24 de diciembre de 1999 entre el Departamento del Valle del Cauca y su sindicato de trabajadores; la indexación y las costas del proceso. Para sustentar sus peticiones, manifestó que nació el 1 de diciembre de 1965; que a través del Decreto 1617 de 1977 se expidió el Estatuto de los Empleados al Servicio del Departamento, y en este compendio como en la Ordenanza 017 de 1989 se establecieron los cargos de trabajadores oficiales entre los cuales se incluyó el de obrero. También adujo que a través del Decreto 1198 del 26 de septiembre de 1990 el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca lo nombró en el cargo de obrero en el Distrito Palmira, Unidad Operativa de la Secretaría de Obras Públicas, en el que se posesionó el 23 de octubre del mismo año, y devengó un jornal de $1.705,61.

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Radicación n.° 93280 Expuso que en 1996 fue comisionado para desempeñar sus labores como obrero en el Distrito de Cali, Unidad Operativa de la Secretaría de Obras Públicas, en labores de

mantenimiento de vías y que por medio del Decreto 2672 de 1996 se suprimió el cargo de obrero en el Distrito Palmira en el que había sido nombrado, por ello fue incorporado sin solución de continuidad al Distrito de Cali para laborar en la misma actividad con un jornal de $7.691,22, posesionándose en este cargo el 7 de enero de 1997 según acta 97-027. Informó que el 17 de febrero de 1998, la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca y el Sindicato de Trabajadores del Departamento suscribieron una convención colectiva de trabajo (CCT), con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2000, cuya aplicación, beneficios y derechos serían reconocidos y aplicados a todos los trabajadores oficiales de la entidad territorial accionada. También señaló que mediante Decreto 1867 de 1999, el Gobernador estableció una nueva estructura administrativa y planta global de cargos a nivel central, y el 24 de diciembre de 1999 el demandado y el sindicato celebraron un Acuerdo de Revisión Convencional que, entre otras cosas, adoptó unas tablas de jubilación vitalicias anticipadas especiales y también se previó que quienes no cumplieran las exigencias para ello, podían optar por una tabla de retiro que fijaba una indemnización según los años de servicios prestados. Para acceder a uno u otro beneficio, los trabajadores debían manifestar su voluntad por escrito, antes del 31 de diciembre de 1999 con la respectiva renuncia. Dijo que el 28 de diciembre de 1999 renunció al cargo de obrero para acogerse a la tabla de jubilaciones anticipadas

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Radicación n.° 93280 especiales, y mediante Decreto 0004 del 7 de enero de 2000 su decisión fue aceptada; aclaró que el 11 de enero de ese año, el secretario de Desarrollo Institucional departamental le informó que recibiría una indemnización de $4.588.309, dado que fue vinculado el 23 de octubre de 1990. Explicó que al término de su vinculación le fueron reconocidas las cesantías definitivas, una indemnización por la supresión del cargo y el excedente del valor de las cesantías. Resaltó que laboró al servicio del accionado durante 9 años, 2 meses y 4 días desde el 23 de octubre de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1999; además, prestó servicio militar obligatorio del 15 de noviembre de 1984 al 30 de mayo de 1986 (18 meses y 15 días), para un total de 10 años, 8 meses y 19 días al servicio del Estado. Precisó que, mediante sentencia del 22 de mayo de 2014 emitida por el Consejo de Estado, se declaró la nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 0015 del 2000, decisión que fue notificada por edicto el 13 de junio de 2014; que el 22 de junio de 2018 presentó reclamación administrativa, la cual fue negada por la entidad mediante comunicación del 28 de junio de 2018. Al dar respuesta a la demanda, el Departamento del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones salvo la referida a la declaración del vínculo laboral. Aceptó los hechos

expuestos, a excepción de los relativos al tiempo de servicio militar obligatorio y a la totalidad de años laborados al Estado, pues, dijo que no le constaban. En su defensa esgrimió que la terminación del nexo laboral se dio por la renuncia del demandante, quien se

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Radicación n.° 93280 acogió a la cláusula segunda del Acuerdo de Revisión Convencional pactado entre el Departamento y su sindicato, convenio que es válido y produce consecuencias jurídicas, por ello, se le otorgó la indemnización a que tenía derecho el trabajador. Aclaró que en este caso no era posible aplicar los efectos ex tunc de la sentencia proferida por el Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 1867 de 1999, dado que la situación laboral del actor ya se había consolidado, pues los términos procesales para su discusión administrativa o judicial precluyeron. Propuso las excepciones de fondo que denominó inexistencia de la obligación, el cobro de lo no debido y la prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito del Circuito de Cali, mediante sentencia del 28 de julio del 2020 resolvió: PRIMERO. DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la obligación a favor del Departamento del Valle y como consecuencia de ello ABSOLVERLA (sic) de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor Lot Perea

Riascos. SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali conoció el recurso de apelación formulado por la parte demandante, y a través de sentencia dictada el 26 de marzo de 2021, confirmó la de primera instancia y condenó en costas al actor como apelante.

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Radicación n.° 93280 Indicó que, como problema jurídico determinaría si era procedente el «reintegro» de Lot Perea Riascos, en virtud de la nulidad declarada mediante por el Consejo de Estado el 22 de mayo de 2014 dentro del proceso 2005-01449-01, para lo cual debía establecer si esta decisión tenía efectos ex tunc, frente a la terminación del contrato de trabajo entre las partes. De ser así, verificaría el pago de salarios, prestaciones legales, convencionales, y aportes a seguridad social dejados de pagar desde la desvinculación hasta el momento en que se materialice la orden de reintegro. En subsidio, analizaría si el demandante tenía derecho a la pensión de jubilación prevista en el artículo 67 convencional. Precisó que los siguientes aspectos estaban acreditados: i) el demandante fue nombrado como obrero del Departamento del Valle del Cauca mediante Decreto 1198 del 26 de septiembre de 1990, del cual tomó posesión el 23 de octubre de 1990; ii) renunció a partir del 31 de diciembre de 1999, y iii) se acogió a la tabla indemnizatoria pactada en el Acuerdo de Revisión Convencional del 24 de diciembre de 1999. Explicó que para esclarecer los efectos de la sentencia del Consejo de Estado el 22 de mayo de 2014, tendría en

cuenta otros pronunciamiento de dicho Tribunal, realizados en procesos 1999-3971-01 del 11 de diciembre de 2003, 2011-1324-01 del 29 de enero de 2015, reiterados en decisión 025 del 23 de mayo de 2017, en los que había precisado que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede jurisdiccional tiene consecuencias extunc, por lo que se entendía que el acto ha estado viciado desde el momento de su expedición y, por ende, se

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Radicación n.° 93280 desvirtuaba su presunta legalidad, debiéndose retrotraer las cosas el estado anterior a su emisión. Sin embargo, aclaró que el Consejo de Estado también ha precisado que, respecto de las situaciones consolidadas, una vez ocurrida la caducidad, la actuación administrativa queda en firme para el afectado y ya no tiene incidencia alguna la declaratoria de nulidad de la normatividad en que se fundó, a diferencia de aquellas personas que demandaron oportunamente, pues en este último evento la respectiva situación jurídica no se consolidó. En ese orden, aunque la declaratoria de nulidad de un acto general tiene efectos retroactivos, ello no afecta los actos particulares que se hubieran expedido y consolidado con base en la norma anulada. Siendo ello así, expuso que el actor tenía la carga de haber ejercido las acciones correspondientes para discutir su situación particular oportunamente, sin que tuviera que esperar a que se resolviera la legalidad del acto general, tal como se consideró en decisión CSJ SL3502-2019. Así,

explicó que la acción de nulidad del acto administrativo no es la vía para reclamar garantías subjetivas, pues para ello el legislador dispuso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; además, la nulidad no revive términos y, por tanto, el trabajador no puede excusarse en este hecho para omitir adelantar los trámites en procura de sus pretensiones particulares. Indicó que, aunque en principio un acto declarado nulo tiene efectos retroactivos, es decir ex tunc, estos no tienen la virtualidad de desaparecer de la vida jurídica todas las decisiones; esta consecuencia tan solo se predica de aquellos

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Radicación n.° 93280 supuestos que aún pueden ser objeto de debate o someterse ante la propia administración o vía jurisdiccional. En ese orden, como quiera que desde la fecha de su renuncia (31 de diciembre de 1999) y la sentencia del Consejo de Estado fue proferida el 22 de mayo del 2014, trascurrieron aproximadamente 14 años, y más de tres años desde la finalización del nexo laboral hasta la primer reclamación, sin que hubiese realizado en el término oportuno la petición administrativa o iniciado e respectiva acción judicial de carácter particular o individual, era evidente que los hechos objeto de este proceso estaban consolidados y la acción para reclamar las acreencias solicitadas estaba prescrita (folios 88 a 96). Concluyó que para cuando se declaró la nulidad del Decreto 1867 de 1999, la situación del demandante estaba consolidada, sin que pudiera resultar cobijada por los efectos

de la decisión del Consejo de Estado. Aclaró que en la demanda inicial no se alegó la existencia de un vicio de consentimiento, al que se aludió en el recurso de apelación; por lo que lo planteado al respecto constituía un hecho nuevo que no podía ser analizado en segunda instancia, en virtud de los principios de consonancia y congruencia. Además, tampoco se adujo que hubiese estado en una situación especial de debilidad manifiesta que activara la garantía de estabilidad laboral reforzada. Advirtió que, aún si en la demanda se hubiese alegado la presencia de un vicio del consentimiento, tampoco sería procedente su declaratoria, toda vez que, tal como se señaló

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Radicación n.° 93280 en sentencia CSJ SL2887-2020, los empleadores están legitimados para promover planes de retiro compensados, y los trabajadores pueden, de manera libre y voluntaria, aceptarlos o proponer nuevas fórmulas de negociación; sin que la declaratoria de nulidad del Decreto de restructuración del Departamento del Valle del Cauca implique la ineficacia de dichos planes. Lo anterior lo sustentó en que, para el momento en que las partes celebraron el acuerdo de retiro voluntario dicha disposición sí surtía efectos jurídicos, por lo que no tenía la capacidad de inducir en error al trabajador, pues la reestructuración fue real y efectivamente ocurrió. Dijo que la sentencia CSL SL4782-2018, invocada por el apelante, no era a aplicable, pues el asunto allí analizado era diferente a este, dado que lo que se pretendió en el primer

evento fue el reconocimiento de la calidad de trabajadores oficiales de los demandantes y el beneficio del fuero circunstancial y, con ello, el reintegro, circunstancias que no se presentan en este caso, dado que al accionante «se le dio por terminado su contrato de trabajo». Finalmente precisó que la pretensión subsidiaria de la pensión de jubilación prevista en el artículo 67 de la CCT y regulada en el artículo segundo del Acuerdo de Revisión Convencional pactado por las mismas partes, no era procedente debido a que en estas estipulaciones se previó que tal prestación se causaba por haber laborado para el Departamento al menos 10 años y cumplir la edad de 60 años, exigencias que no reunía el actor quien laboró para el accionado durante 9 años, 2 meses y 4 días (folio 264 cuaderno 1).

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La parte actora solicita que esta corporación case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en consecuencia, acceda a las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda inicial.

Con tal propósito, plantea un cargo por la causal primera de casación, frente al cual se presenta réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 13, 21, 43, 109, 467 a 471 del CST; 2513 y

2536 del CC, literal k) del artículo 164 de la Ley 1437, 16 de la Ley 446 de 1998; 13, 25, 53, 58, 93, 122 y 123 de la CP, en concordancia con el Decreto 1617 del 29 de septiembre de 1977, la Ordenanza 017 del 6 de diciembre de 1989; artículos 288 de la Ley 100 de 1993 y 1 a 7, 66 y 67 de la CCT suscrita entre el Departamento del Valle del Cauca y su sindicato de trabajadores. Indica que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

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1. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Lot Perea Riascos es beneficiario de los efectos ex tunc de la sentencia del 22 de mayo de 2014, proferida por la Sección SegundaSubsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005

0144901 (0019-11).

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la desvinculación del cargo de obrero clasificado como de un trabajador oficial se consolidó con la renuncia presentada a partir del 31 de diciembre de 1999.

3. No dar por demostrado, estándolo, que es ineficaz o inexistente el oficio calendado del 28 de diciembre de 1999 por medio del cual el señor Lot Perea Riascos presentó renuncia del cargo de obrero, con la finalidad de acogerse a la tabla de jubilaciones vitalicias anticipadas especiales.

4. No dar por demostrado, estándolo, que al demandarse la nulidad de los Decretos 1867 del 22 de diciembre de 1999 y 0015 del 21 de enero de 2000 se impidió que se consolidara la reforma administrativa mediante el cual se estableció la estructura administrativa y la planta global de cargos a nivel central del Departamento del Valle del Cauca y desaparecieron todos los cargos de trabajadores oficiales.

5. No dar por demostrado, estándolo, que los actos y actuaciones que se realizaron para desvincular del cargo de obrero al señor Lot Perea Riascos corren la misma suerte de la nulidad que se profirió en contra del Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999

(acto administrativo general y principal).

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que hubo solución de continuidad desde el 01 de enero de 2000 hasta la fecha en que fue notificada y ejecutoriada la sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda -Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 0144901 (0019-11).

7. No dar por demostrado, estándolo, que la renuncia presentada por el demandante a partir del 31 de diciembre de 1999 para acogerse a la tabla de jubilaciones anticipadas es ineficaz, al inducirlo en un error revestido de falsa motivación y desviación de poder.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que el fundamento por el cual se motivó la renuncia de los trabajadores oficiales no tiene o no

mantiene en el tiempo la presunción de legalidad, al declararse nulo el Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999 por falsa motivación y desviación de poder.

9. No dar por demostrado, estándolo, que el Departamento del Valle del Cauca no ha dado cumplimiento a la sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda -Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001233100020050144901 (0019SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 93280 11) en los términos del literal k) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

10. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Lot Perea Riascos tiene derecho al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales e inmateriales por la supresión del cargo de obrero, al omitir el cumplimiento de la sentencia del 22 de mayo de 2014 con efectos retroactivos o ex tunc desde el día 1 de enero de 2000, u a otro de igual o superior categoría (sic).

11. No dar por demostrado, estándolo, que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, faculta para que se repare de manera integral el daño causado al señor Lot Perea Riascos, por inducirlo en un error para acceder a la renuncia del cargo de obrero que desempeñaba y luego suprimir todos los cargos clasificados como de trabajadores oficiales.

12. Omitir, para dar por no demostrado, estándolo, que el señor Lot Perea Riascos tiene derecho a que se reconozca y pague a

título de indemnización los salarios, prestaciones sociales (legales y convencionales) dejados de percibir desde el día 1 de enero de 2000.

13. No dar por demostrado, estándolo, que el tiempo transcurrido desde el día 01 de enero de 2000 hasta la fecha en que quedó ejecutoriada y en firme la sentencia del 22 de mayo de 2014, es sin solución de continuidad, para efectos del tiempo de servicios para acceder a la pensión de jubilación en los términos del artículo 67 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Considera que los anteriores yerros se cometieron por la apreciación indebida de las siguientes pruebas:

1. Copia de los Decretos 1667 de 1977, 1198 de 1990 y 1867 del 22 de diciembre de 1999.

2. Ordenanza 017 del 6 de diciembre de 1989.

3. Convención colectiva de trabajo del 24 de febrero de 1998.

4. Acuerdo de revisión convencional del 24 de diciembre de 1999.

5. Sentencia del Consejo de Estado del 22 de mayo de 2014.

6. Registro Civil de Nacimiento del demandante.

7. Actas de Posesión 11447 del 23 de octubre de 1990 y 97-027 del 7 de enero de 1998. 8. copia del oficio del 11 de enero de 2000 expedido por el secretario de Desarrollo Institucional

9. Resolución 8786 del 29 de diciembre de 2000.

10. Copia de la cédula de ciudadanía del demandante.

11. Petición del 22 de junio de 2018 12. oficio del 28 de junio de 2018

13. Copia de recibos de pago de estampillas

14. Certificados de salarios y prestaciones

15. Copia en CD e impresa de la hoja de vida del demandante.

16. Petición presentada ante el Ministerio de Defensa Nacional y respuesta a ella.

17. Copia de respuesta a oficio OF118-62375.

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18. Certificación Electrónica de Tiempos Laborados en el servicio militar.

Primero, precisa que el litigio se centra en obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, morales y a la vida en relación, al haberse aplicado una reforma administrativa contenida en el Decreto 1867 de 1999, que fue declarado nulo por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; indemnización con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2000, calculada con el equivalente a los salarios y prestaciones sociales legales y convencionales dejadas de percibir. Igualmente se pretende la pensión de jubilación prevista en el artículo 67 convencional, o en subsidio, a la pensión anticipada de jubilación contemplada en la cláusula primera del Acuerdo de Revisión convencional del 24 de diciembre de 1999. Luego, señala que no controvierte que mediante Decreto 1198 del 26 de septiembre de 1990, el Gobernador del Valle del Cauca lo designó en el cargo de obrero en el Distrito de Palmira, con un jornal de $1.705,61, el cual está clasificado como un trabajador oficial según el Decreto 1617 de 1977,

estatuto de los empleados al servicio del Departamento del Valle del Cauca, y la Ordenanza 017 de 1989. Refiere que el Decreto 1059 de 1982 describe de manera general las funciones y requisitos mínimos de ingreso para los cargos de los trabajadores oficiales del ente accionado, lo que no es ajeno a la vinculación laboral entre las partes. Afirma que el artículo 5 de la CCT establece que se reconoce tal naturaleza a quienes hubieran sido vinculados mediante contrato de trabajo, «cualquiera haya sido la forma de tal vinculación»; y los artículos 6 y 7 confirman que tendrán esa

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Radicación n.° 93280 calidad los trabajadores que así hubiesen sido clasificados en los decretos mencionados. Menciona que está demostrado que desempeñó el cargo de obrero entre el 23 de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1999, esto es, 9 años, 2 meses y 4 días; además, prestó servicio militar obligatorio como soldado desde el 15 de noviembre de 1984 hasta el 20 de mayo de 1986, es decir, 18 meses y 15 días, tiempo que se puede computar para efectos laborales y pensionales. Dice que el Decreto 1867 de 1999 estableció una nueva estructura administrativa y la planta global de cargos a nivel central en el Departamento del Valle del Cauca, con base en un estudio técnico que simulaba una grave crisis económica, y en virtud de la reforma administrativa allí dispuesta, los trabajadores podían acogerse a una «tabla de retiro», sí así lo

manifestaban antes del 31 de diciembre de 1999 con la correspondiente carta de renuncia. Indica que, en virtud de ello, renunció al cargo en la fecha antes señalada y mediante Decreto 004 del 7 de enero de 2000 fueron aceptadas «en forma masiva las renuncias presentadas», y se liquidó y reconoció la indemnización por supresión del cargo de obrero. Afirma que su derecho no se consolidó porque se presentó demanda contenciosa administrativa en ejercicio de la acción de nulidad contra los Decretos 1867 del 22 de diciembre de 1999 y 0015 del 21 de enero de 2000, los cuales, dice, fueron el fundamento principal de la «reforma administrativa» que se hizo al interior de la entidad accionada y de su desvinculación como trabajador oficial.

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Radicación n.° 93280 Aduce que el Consejo de Estado, en decisión del 22 de mayo de 2014, declaró la nulidad de los decretos mencionados, y transcribe algunos de los argumentos de esa determinación, la cual fue notificada por edicto fijado el 13 de junio de 2014 y desfijado el 17 siguiente; agrega que dentro del término legal presentó reclamación administrativa como requisito de procedibilidad para demandar, por lo tanto, se probó la inexistencia de una reforma administrativa, la cual se había justificado en: i) la gravísima situación económica y financiera del Departamento que no le permitía cumplir con sus obligaciones corrientes; ii) la insolvencia que amenazaba el cumplimiento de las obligaciones laborales, y

1. la necesidad de ajustar la planta de personal a fin de reducir gastos. Pero aclara que nunca existió presunción de legalidad de los actos administrativos que dispusieron esa reforma, porque existía falta de motivación y desviación de poder.

Explica que según el artículo 2536 del CC, la prescripción ordinaria tiene un término de 10 años, y el artículo 164 de la Ley 1417 -sin indicar el añoprevé un plazo de cinco años para solicitar la ejecución de una sentencia o decisión judicial proferida por la jurisdicción contenciosa administrativa en cualquier materia, de la que no están excluidos los temas laborales de los trabajadores oficiales. Por tanto, considera que cuando existe una sentencia de nulidad de un acto administrativo general, y esta decisión habilita a reclamar el restablecimiento o reparación de un daño, se tiene que presentar la respectiva solicitud para que se extiendan los efectos retroactivos de ese fallo. Refiere que los efectos de las sentencias de nulidad de actos administrativos generales son erga omnes, por ende,

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Radicación n.° 93280 cobijan a aquellos que fueron trabajadores oficiales en el Departamento del Valle del Cauca e implica que las situaciones concretas vuelvan a su estado anterior, como se consideró en decisión CSJ SL4782-2018; por tanto, dice, es procedente declarar la ineficacia de la terminación del vínculo laboral y reparar esa abrupta ruptura de la relación entre las partes. Advierte que el tiempo en que el actor ha estado desvinculado del servicio, esto es, del 1 de enero de

2000 a la ejecutoria de la sentencia del 22 de mayo de 2014 del Consejo de Estado, se debe entender sin solución de continuidad, lo que permite acceder a las pretensiones principales de la demanda inicial. Insiste en que reclama la ineficacia de la terminación del vínculo que tuvo con el Departamento del Valle del Cauca, sin que ello implique cuestionar si el «despido» fue justo o no, pues lo cierto es que mediante el Acuerdo de Revisión Convencional se indujo en error a todos los trabajadores oficiales, lo que después de 14 años fue declarado nulo, por ende, la situación particular y concreta también es ineficaz. Advierte que la jurisdicción contenciosa administrativa resolvió que los decretos que reformaron la estructura de entidad se emitieron con desviación de poder y falsa motivación, por tanto, se vulneraron los derechos mínimos de los trabajadores. Estima que en los términos de los artículos 13 y 43 del CST las cláusulas que transgredan derechos mínimos son ineficaces, «introduciendo a través del acuerdo de revisión convencional (una) cláusula de terminación anticipada del contrato de trabajo por mandato expreso del Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999, que a la luz del derecho laboral es

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Radicación n.° 93280 prohibido», porque no se debieron incluir disposiciones que generaran la ruptura de su vínculo como trabajador oficial. Refiere que la terminación de la relación laboral en calidad de trabajador oficial también es ineficaz y que, a

partir del 1 de enero de 2000 continuó ejerciendo su cargo de forma tercerizada (contrato sindical, cooperativas de trabajo asociado) y mediante contratos de prestación de servicios. En esa medida, no es posible sostener que aceptó una situación que fue calificada judicialmente como tal y, en todo caso, «mal puede hacer inocuo lo estipulado por la ley y la jurisprudencia, sin desconocer los derechos y garantías aplicables por el bloque de constitucionalidad». De modo que esa finalización del contrato laboral no existió. Estima que la no solución de continuidad de la prestación de los servicios que tiene que declararse, se debe sumar al tiempo para el reconocer la pensión de jubilación convencional. En consecuencia, el tiempo efectivamente trabajado es el comprendido entre el 23 de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1999, el prestado como servicio militar obligatorio, y el transcurrido desde el 1 de enero de 2000 hasta el 17 de junio de 2014 o la fecha de ejecutoria de la presente sentencia. Finalmente, sostiene que lo pactado en la CCT goza de validez y, por tanto, solicita que se aplique el principio de favorabilidad constitucional y se reconozcan los derechos allí consagrados. Sostiene que de haberse valorado los medios de prueba allegados al plenario en debida forma el Tribunal habría concluido que la «reforma administrativa» que suprimió los cargos de los trabajadores oficiales en ese Departamento nunca se consolidó por virtud de la decisión

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Radicación n.° 93280 del Consejo de Estado, lo que permite que se repare en forma

integral el daño causado al actor y, además, se le otorgue la pensión extralegal.

VII. RÉPLICA La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso formulado por el demandante Lot Perea Riascos, dentro del presente asunto (rad 93280). Sin embargo, los argumentos planteados para replicar la acusación no guardan relación con esta, pues señala que el Tribunal acertó «al tener que la dependencia y la necesidad del accionante no preexistían al deceso del pensionado», por lo que acertó al revocar la sentencia de primer grado. Además, refiere que los demás errores endilgados son intrascendentes dado que «sea que est