CSJ - SL1112-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1112-2023 Radicación n.° 94823 Acta 12 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

MANUEL SALVADOR ARÉVALO MENDOZA, RAFAEL

ALFONSO ARREGOCES PEREA, CARLOS SEGUNDO

BARRIOS CANTILLO, RAFAEL SEGUNDO BARRIOS

CANTILLO, RODOLFO BELLO RICARDO, MANUEL

ANTONIO BRAVO VALDEZ, RUTH MARINA BURGOS DE

LÓPEZ, FRANCISCO ANTONIO BURGOS PACHECO,

RAFAEL VICENTE CABRERA GAMERO, ALCIDES

MANUEL CANCHANO PACHECO, JORGE ALFONSO

CARBONÓ LÓPEZ, GUALBERTO CASTILLO RUIZ, EMIRO

CASTRO DIAZ, HEBERTO SEGUNDO CUELLO VARELA,

ADOLFO EGUIS SARMIENTO, CARLOS ALBERTO EGUIS

SARMIENTO, MANUEL ANTONIO GARCÍA RUIZ, PEDRO

MANUEL GARIZÁBALO RETAMOZO, DONALDO GIL

BARRANCO, GERMAN GUSTAVO GÓMEZ HERNÁNDEZ,

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 94823

JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ MANJARRES, PEDRO EMILIO

GRANADOS URIELES, ROBERTO GUTIÉRREZ

RODRÍGUEZ, ANTONIO MARÍA GUZMÁN BAHOQUEZ,

HERNANDO ANTONIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ,

GENOVEVA JUDITH HERNÁNDEZ GUZMÁN, LUZ MARINA

GUZMÁN CAHUANA, JOSÉ DOLORES MANJARRES

CANTILLO, MANUEL ESTEBAN MANJARRES CANTILLO,

RAMÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CÉSAR MANUEL MUNIVE

MENDOZA, LÁCIDES OROZCO DE LA ROSA, WILFRIDO

ANTONIO PABÓN CAMACHO, FLORENTINO PARDO

GUTIÉRREZ, FRANCISCO ANTONIO PEDROZA MOZO,

ALFREDO AUGUSTO PEÑA CAMARGO, AURELIO

SEGUNDO PEÑA CAMARGO, LEONARDO RACINES

MORELLI, IVÁN DARÍO REMÓN MORAN, JOSÉ DANIEL SOSA GARCÍA, JESÚS MARÍA TORRES RAMOS y ATILIO MANUEL ULLOA CHARRIS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, del veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauraron al FONDO

DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

DE COLOMBIA.

I. ANTECEDENTES Los impugnantes llamaron a juicio al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia para que se declarara que son beneficiarios de la cláusula 20 de la Convención Colectiva de 1980 y que, por tanto, a partir del 2000 tienen derecho a que se reajuste la mesada pensional que disfrutan, conforme los lineamientos de la Ley 4ª de

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Radicación n.° 94823 1976; así como también a la indexación de lo adeudado, lo que resulte probado y las costas. Narraron que son pensionados de la extinta empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia; que entre ésta y su sindicato se suscribieron varias convenciones colectivas y en la de 1980 pactaron que aquélla «seguiría cancelando las mesadas pensionales en las mismas circunstancias como se practicaba en ese momento»; que para esa época el reajuste de esos derechos se efectuaba conforme la Ley 4ª de 1976, esto es, ningún incremento era inferior al 15 %. Adujeron que «la norma convencional, estableció que los FNC, también continuarían dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7° y 9° de [esa ley]»; que, no obstante, solo se les ha aumentado lo dispuesto por el gobierno; que la demandada asumió las obligaciones de su empleadora; que, por consiguiente, le reclamaron las diferencias pensionales que se generaron (f.° 1 a 9, cuaderno n.° 1). La accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que era sucesora de Ferrocarriles Nacionales de Colombia; que en la CCT 1980 ésta acordó reconocer las mesadas de quienes fueren pensionados para la época, de conformidad con la legislación que se hallaba vigente, esto es, la Ley 4ª de 1976; que también mantuvo los beneficios de los artículos 4° y 7° de esa legislación, es decir, los servicios médicos y las becas estudiantiles para el personal inactivo y que los demandantes le reclamaron lo

pretendido.

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Radicación n.° 94823 Adujo que, en el término de contestación de la demanda, no tuvo la oportunidad de verificar si todos los accionantes eran pensionados de la ex empleadora antes de 1980 y que, en todo caso, debía tenerse en consideración que el reajuste de la Ley 4ª de 1976 fue sustituido por el del artículo 1° de la Ley 71 de 1988. Formuló como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción (f.° 724 a 730, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, el 26 de noviembre de 2019, absolvió a la demandada y condenó en costas a los accionantes (f.° 786 a 789, en relación con el CD f.° 789, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 28 de septiembre de 2021, al decidir la apelación de los reclamantes confirmó la de primera.

Recordó que en la decisión impugnada se expuso:

1. Que Myriam de Jesús Rojas de Ruiz, Luz Marina Guzmán Cahuana, Genoveva Judith Hernández Guzmán y Heriberto Segundo Cuello Varela, eran beneficiarios de

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Radicación n.° 94823 sendas pensiones de sobrevivientes, pero no allegaron prueba sobre el origen de esas prestaciones.

1. Que Manuel Salvador Arévalo, Carlos Segundo

Barrios, Rafael Segundo Barrios Cantillo, Rodolfo Bello Ricardo, Alcides Manuel Canchano Pacheco, Jorge Carbono López; Emiro Castro Díaz, Carlos Alberto Eguis Sarmiento, Pedro Manuel Garizábalo Retamozo, Donaldo Gil Barranco, José Joaquín González Manjarres, Manuel Esteban Manjarres, Ramón Martínez Martínez, Lacides Orozco de La Rosa, Wilfrido Antonio Pabón, Iván Darío Remón Morán, José Daniel Sosa García y Jesús María Torres Ramos, habían sido pensionados conforme a 1as normas legales1. 3) Que, a pesar que Rafael Arregoces Perea, Manuel Antonio Bravo, Ruth Marina Burgos, Francisco Antonio Burgos, Rafael Vicente Cabrera Gamero, Gualberto Castillo Ruiz, Adolfo Eguis Sarmiento, Manuel Antonio García Ruiz, Germán Gómez Hernández, Pedro Emilio Granados, Roberto Gutiérrez Rodríguez, Antonio María Guzmán Bahoquez, Hernando Antonio Hernández, José Dolores Manjarres, César Munive Mendoza, Florentino Pardo Gutiérrez, Alfredo Augusto Peña Camargo, Aurelio Segundo Pena, Leonardo Racines Morelli y Atilio Manuel Ulloa Charris, probaron la condición de pensionados por las normas extralegales, no demostraron que hubieren sido beneficiados con los reajustes de la Ley 4ª de 19762. 1 Grupo del que hace parte Aurelio Segundo Peña 2 Grupo del que hacen parte Germán Gómez Hernández y Francisco Antonio Pedroza Mozo.

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Radicación n.° 94823 Precisó que Ferrocarriles Nacionales de Colombia reconoció pensión a los actores, de la siguiente forma: Nombre Pensión Acto Folio MANUEL SALVADOR Proporcional de Jubilación Resolución 2705 del 12 10 al AREVALO MENDOZA Pensión Sanción de noviembre de 2010 15 RAFAEL ALFONSO Pensión de Jubilación Resolución del 22 de 31 a ARREGOCES PEREA enero 1982 32. CARLOS SEGUNDO Pensión de Jubilación Resolución 1302 del tres 46 a BARRIOS CANTILLO de octubre de 1989 47. RAFAEL SEGUNDO Pensión de Jubilación de Resolución 1307 de 22 63 y BARRIOS CANTILLO carácter especial de julio de 1991 64 RODOLFO BELLO Pensión de Jubilación Resolución 0724 de 29 80 RICARDO de agosto de 1985 MANUEL ANTONIO Pensión de Jubilación Resolución 036 de 17 de 96 BRAVO VALDÉS enero de 1989 RUTH MARINA Pensión de Jubilación Resolución 726 de I1 de 111 BURGOS DE LOPEZ julio de 1983 FRANCISCO ANTONIO Pensión de Jubilación Resolución 02 de 30 de 125 BURGOS PACHECO marzo de 1983 RAFAEL VICENTE Pensión de Jubilación Resolución 0825 de 140.

CABRERA GAMERO 1981

ALCIDES MANUEL Pensión de Jubilación Resolución 2093 de 23 155 y CANCHANO PACHECO de agosto de 1991 156 JORGE ALFONSO Pensión de Jubilación de Resolución 0669 de 173 a

CARBONO LOPEZ carácter especial nueve de julio de 1992 175 GUALBERTO Pensión de Jubilación Resolución 266 de 1983 191 CASTILLO RUIZ EMIRO CASTRO DÍAZ Proporcional de Jubilaciónresolución 041 de 19 de 206 a Pensión Sanción enero de 2015 213 HEBERTO SEGUNDO Sustitución de Pensión Resolución 232 de 14 de 229 a CUELLO VARELA causada por Luis Cuello febrero de 2005 233. Lavalle ADOLFO EGUIS Pensión de Jubilación Resolución 1948 de 27 248. SARMIENTO de noviembre de 1989 CARLOS ALBERTO Pensión de jubilación de Resolución 2309 de 13 265 EGUIS SARMIENTO carácter especial de septiembre de 1991 MANUEL ANTONIO Pensión de Jubilación Resolución 0029 de 10 281. GARCÍA RUIZ de enero de 1983 PEDRO MANUEL Pensión Plena de Resolución 4355 de 25 296 y GARIZABALO Jubilación de octubre de 1994 297. RETAMOZO DONALDO GIL Pensión Vitalicia de Resolución 1746 de 14 313 y BARRANCO Jubilación de carácter de agosto de 1991 314. especial GERMÁN GÓMEZ Pensión de Jubilación Resolución 353 de 14 de 330 HERNÁNDEZ marzo de 1990 JOSÉ JOAQUÍN Pensión de Jubilación Resolución 01174 de 347. GONZALEZ ocho de septiembre de

MANJARRES 1980

PEDRO EMILIO Pensión de Jubilación Resolución 01387 de 362

GRANADOS URIELES cinco de diciembre de 1978 ROBERTO Pensión de Jubilación Resolución 211 de 1983 377. GUTIERREZ RODRIGUEZ ANTONIO MARIA Pensión de Jubilación Resolución 0819 de 27 391. GUZMAN BAHOQUEZ de septiembre de 1985 HERNANDO ANTONIO Pensión de Jubilación Resolución 00329 de 13 406. HERNÁNDEZ de abril de 1981

JIMÉNEZ

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Radicación n.° 94823 LUZ MARINA GUZMÁN Sustitución Pensional Resolución 2425 de 14 423 a CAHUANA y causada por Pablo Manuel de noviembre de 2007 429. GENOVEVA JUDITH Hernández Ulloa HERNANDEZ GUZMÁN JOSÉ DOLORES Pensión de Jubilación Resolución 901 de 24 446. MANJARRES febrero de 1985 CANTILLO MANUEL ESTEBAN Pensión de Jubilación de Resolución 2110 de 23 461 y MANJARRES carácter especial de agosto de 1991 462. CANTILLO RAMÓN MARTÍNEZ Pensión de Jubilación de Resolución 1626 de 12 478 y MARTÍNEZ carácter especial agosto de 1991 479. CESAR MANUEL Pensión de Jubilación Resolución 2045 de 30 495. MUNIVE MENDOZA noviembre de 1989 LACIDES OROZCO DE Pensión de Jubilación de Resolución 1474 de 30 511 y LA ROSA carácter especial julio de 1991 512 WILFRIDO ANTONIO Pensión de Jubilación Resolución 1327 de 528 y

PABÓN CAMACHO cinco de octubre de 529. 1989 FLORENTINO PARDO Pensión de Jubilación Resolución 1160 de 13 546 GUTIÉRREZ diciembre de 1984 FRANCISCO ANTONIO Pensión de Jubilación Resolución 0545 de 18 561. PEDROZA MOZO mayo de 1981 ALFREDO AUGUSTO Pensión de Jubilación Resolución 0160 de 13 576 PENA CAMARGO febrero de 1981 AURELIO SEGUNDO Pensión de Jubilación Resolución 482 del 15 591 y PEÑA CAMARGO de abril de 1990 592. LEONARDO RACINIS Pensión de Jubilación Resolución 1328 de 608 MORELLI cinco octubre de 1989 IVAN DARÍO REMÓN Pensión de Jubilación Resolución 2722 de 30 625 y MORAN diciembre de 1991 626 MYRIAM DE JESÚS Sustitución de Pensión Resolución 4413 de 642 a ROJAS DE RUIZ causada por Jorge Eliecer cinco noviembre de 646 Ruiz Campuzano 2013 JOSE DANIEL SOSA Pensión de Jubilación Resolución 2270 de seis 664 у GARCÍA septiembre de 1991 665. JESUS MARÍA Pensión de Jubilación Resolución 1805 de 16 681, TORRES RAMOS, de agosto de 1991 682 y 691 ATILIO MANUEL Pensión de Jubilación Resolución 00407 de 696.

ULLOA CHARRIS 1981

Apuntó que los demandantes reclamaron lo pretendido, en sendos Escritos del 7 y 8 de abril de 2016 «(f.° 16, 33, 45,

65, 82, 97, 112, 127, 141, 157, 176, 192, 214, 234, 249, 267, 282, 298, 315, 331, 348, 363, 378, 392, 407, 430, 447, 463, 480, 496, 513, 535, 547, 562, 577, 593, 610, 627, 653, 666, 683 y 697)» y que la accionada replicó a esas peticiones, así: Nombre Acto Folios MANUEL SALVADOR AREVALO Resolución 1025 de 21 de junio 24 a 27

MENDOZA de 2016

RAFAEL ALFONSO ARREGOCES 2016-346000370-2 41 a 43.

PEREA

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Radicación n.° 94823 CARLOS SEGUNDO BARRIOS Resolución 1141 de 30 de junio 56 a 61

CANTILLO de 2016

RAFAEL SEGUNDO BARRIOS Resolución 1031 de 21 de junio 73 a 79

CANTILLO de 2016

RODOLFO BELLO RICARDO 2016-346-000385-2 90 a 94

MANUEL ANTONIO BRAVO VALDÉS 2016-346000386-2 105 a 109

RUTH MARINA BURGOS DE LOPEZ 2016-346000387-2 120 a 124

FRANCISCO ANTONIO BURGOS 2016346-000388-2 135 a 138

PACHECO RAFAEL VICENTE CABRERA 2016-346000346-2 149 a 153

GAMERO ALCIDES MANUEL CANCHANO Resolución 1149 de 30 de junio 165 a 171

PACHECO 2016

JORGE ALFONSO CARBONO LOPEZ Resolución 1144 de 30 de junio 184 a 189 de 2016

GUALBERTO CASTILLO RUIZ 2016-346-000383-2 200 a 204

EMIRO CASTRO DÍAZ Resolución 1148 de 30 de junio 222 a 227 de 2016

HEBERTO SEGUNDO CUELLO 2016-346000377-2 242 a 246

VARELA ADOLFO EGUIS SARMIENTO Resolución 1033 de 21 de junio 257 a 263 de 2016 CARLOS ALBERTO EGUIS Resolución 1020 de 21 de junio 274 a 279

SARMIENTO de 2016

MANUEL ANTONIO GARCÍA RUIZ 2016-346000352-2 290 a 294

PEDRO MANUEL GARIZABALO Resolución 1021 de 21 de junio 306 a 311

RETAMOZO de 2016

DONALDO GIL BARRANCO Resolución 1027 de 21 de junio 323 a 328 de 2016 GERMÁN GÓMEZ HERNÁNDEZ Resolución 1136 de 30 de junio 339 a 345. de 2016

JOSÉ JOAQUÍN GONZALEZ 2016-346. 000317-2 356 a 360.

MANJARRES PEDRO EMILIO GRANADOS URIELES 2016-346. 000381-2 37l a 375

ROBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ 2016-346000361-2 386 a 389.

ANTONIO MARIA GUZMAN 2016346-000324-2 400 a 404

BAHOQUEZ HERNANDO ANTONIO HERNÁNDEZ 2016-346-000345-2 415 a 420

JIMÉNEZ LUZ MARINA GUZMÁN CAHUANA y 2016-346-000378-2 440 a 444

GENOVEVA JUDITH HERNANDEZ GUZMÁN JOSÉ DOLORES MANJARRES 2016-346000321-2 455 a 459.

CANTILLO MANUEL ESTEBAN MANJARRES Resolución 1145 de 30 de junio 471 a 476

CANTILLO de 2016

RAMÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ Resolución 1024 de 21 de junio 488 a 493 de 2016 CESAR MANUEL MUNIVE MENDOZA Resolución 1023 de 21 de junio 504 a 509 de 2016 LACIDES OROZCO DE LA ROSA Resolución 1026 de 21 de junio 521 a 526 de 2016 WILFRIDO ANTONIO PABÓN Resolución 1032 de 21 de junio 530 a 534.

CAMACHO de 2016

FLORENTINO PARDO GUTIÉRREZ 2016-346000366-2 555 a 559

FRANCISCO ANTONIO PEDROZA 2016-346000323-2 570 a 574

MOZO ALFREDO AUGUSTO PENA 2016-346000315-2 585 a 589

CAMARGO AURELIO SEGUNDO PEÑA CAMARGO Resolución 1022 de 21 de junio 601 a 606 de 2016 LEONARDO RACINIS MORELLI Resolución 1030 de 21 de junio 618 a 623

de 2016

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Radicación n.° 94823 IVAN DARÍO REMÓN MORAN Resolución 1147 de 30 de junio 636 a 640 de 2016 MYRIAM DE JESÚS ROJAS DE RUIZ Resolución 1028 de 21 de junio 648 a 651. de 2016 JOSE DANIEL SOSA GARCÍA Resolución 1139 de 30 de junio 674 a 679 de 2016 JESUS MARÍA TORRES RAMOS, Resolución 1017 de 21 de junio 691 a 694. de 2016

ATILIO MANUEL ULLOA CHARRIS 2016-346000364-2 696 y 705 a

711 Planteó que según el artículo 467 del CST, la convención colectiva es el acuerdo que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones de empleadores y uno o varios sindicatos, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia; que el elemento normativo de ese convenio se traduce en la existencia de disposiciones que permanecen en el tiempo; que, en ese contexto, tales cláusulas son derecho objetivo que se incorpora en las ataduras subordinadas, a título de obligaciones concretas del empleador frente a sus trabajadores. Adujo que el artículo 20 de la CCT 1980, determina: La empresa de los Ferrocarriles Nacionales, continuará ejerciendo la tramitación y cancelación de las mesadas pensionales y demás obligaciones de Ley en las mismas circunstancias como se está practicando actualmente. Asimismo la empresa de los Ferrocarriles Nacionales continuará dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7o. y 9o. de

la Ley 4a. de 1.976; y además prestará toda su colaboración para la constitución del Fondo Social para familiares de los pensionados ferroviarios." Concluyó que de ese pacto no se seguía el compromiso patronal de aplicar los incrementos anuales a las mesadas pensionales, conforme la Ley 4ª de 1976, porque lo que el precepto regula es:

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Radicación n.° 94823 i) el pago de aquellas, en iguales condiciones a cómo se realizaba para el momento, sin referirse a que se reconocían con fundamento en el «[...] parágrafo primero del artículo primero de [esa ley]» y, ii) la aplicación de los artículos 7° y 9° de mencionado compendio, que hacen alusión a «servicios médicos y estudiantiles», más no a la forma de incrementar los derechos pensionales. Explicó que, en consecuencia, los demandantes abandonaron su carga probatoria, porque al tenor del artículo 167 del CGP, les competía demostrar que «al momento en que se suscribió la CCT de 1980, se estaban realizando los incrementos pensionales al tenor de la Ley 4ª de 1976», aspecto que no aceptó la demandada en la respuesta a las réplicas administrativas, como lo aducían los apelantes (f.° 10 a 16, cuaderno del Tribunal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los accionantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte respecto de todos, salvo de Miryam de Jesús Rojas de Ruiz, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretenden que se case totalmente la segunda sentencia y, en su lugar, se revoque el primer fallo y en su remplazo se

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Radicación n.° 94823 acceda a las pretensiones (archivo, «Recursos Extraordinarios Casación Demanda de Casacin 2022091118560», expediente digital). Con tal propósito formulan un cargo, que fue replicado por la demandada y que pasa a estudiarse.

VI. CARGO ÚNICO Denuncian que el Tribunal vulneró por la vía indirecta, en el sub motivo de aplicación indebida, los artículos 16, 21, 260, 467, 469, 471, 480 del CST; 1º de la Ley 33 de 1985; 19 de la ley 42 de 1976; 19 de la ley 71 de 1988; 14 de la ley 100 de 1993; 1502, 1618 del C.C.; 19 del Acto Legislativo 01 de 2005 (artículo 48 de la CP); 53 y 83 de la CP.

Afirman que el sentenciador incurrió en los siguientes defectos fácticos:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la cláusula 20º de la convención colectiva de trabajo suscrita el 26 de marzo de 1980, estableció que la pensiones se continuarían reajustando en las mismas circunstancias al momento en que se pactó la convención colectiva suscrita entre la extinta FERROCARRILES DE COLOMBIA y su sindicato de trabajadores.

2. No haber dado por probado, estándolo, que el incremento de las pensiones para el año 1980, era de acuerdo con lo establecido

en la Ley 4ª de 1976. Dicen que los yerros enlistados ocurrieron como consecuencia de la indebida apreciación de i) la cláusula 20 de la CCT 1980; ii) las certificaciones de lo devengado por cada uno de ellos en el 2000; iii) la contestación de la demanda, junto con las excepciones propuestas y, iv) los

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Radicación n.° 94823 incrementos legales. Argumentan que no hubo equívoco alguno en la no discriminación en el origen de la prestación, es decir, si fue legal o convencional; que el error se concretó al «determinar el problema jurídico» y al comprender el primer parágrafo de la cláusula 20 de la CCT de 1980; que, en efecto, ese precepto «hace referencia al pago de las mesadas pensionales, 3 situaciones, los cuales fueron erradas». Explican que el Tribunal desacertó al afirmar que según la norma extralegal la empresa continuaría pagando las jubilaciones en la forma que lo estaba haciendo, pero que no se refería a la Ley 4ª de 1976, en razón a que el articulado aludía al modo y tiempo como se reconocían esas prestaciones y que, como para 1980, era con fundamento en esa ley, debía comprenderse que las partes la incorporaron al convenio, lo cual no era ilegal o inválido y que tampoco necesitaba que lo hubieren establecido «taxativamente». Aducen que la segunda instancia, Negó la realidad de la evidencia de la información que reposa en el plenario. Se encuentra acreditado en el proceso la forma en que se reajustaban las mesadas pensionales en el año 1980, que

esa forma era de acuerdo con los incrementos legales, que constituyen hechos notorios, los que no se necesitan probar. Aseveran que también se equivocó el colegiado, al considerar que no había prueba de los incrementos de las mesadas, pues la contestación al hecho quinto de la demanda, la sustentación de la excepción de «inexistencia de la obligación», los alegatos de conclusión y la apelación,

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Radicación n.° 94823 «están desbordadas de [su] demostración», por cuanto se referían a que en 1980 la liquidación e incremento se realizaba según la Ley 4ª de 1976. Expresan que el Tribunal pudo acudir a la potestad de decretar pruebas de oficio, si consideraba, como lo hizo, que en ninguna de las respuestas que emitió la opositora, señalaba claramente la manera en que se reajustaban las pensiones; que, no obstante, el Fondo de Pasivo de los Ferrocarriles Nacionales, al replicar las reclamaciones administrativas, anunció que «[...] solo les asisten los [...] legales, es decir la Ley 4ª de 1976, mientras estuvo vigente, lo mismo con respecto a la Ley 71 de 1988 e indudablemente el que se encuentra vigente la Ley 100 de 1993». Puntualizan que la posición litigiosa de este último es la «prueba reina», pues insistió que los reajustes eran los legales y que para 1980 se realizaban con fundamento en la Ley 4ª de 1976, motivo por el cual, contrario a lo razonado por el juez colectivo, quedó acreditado que extralegalmente se

convino que ese sería el incremento de allí en adelante. Razonan que el equívoco del juez de la alzada es protuberante, si se nota que al pronunciarse sobre el parágrafo segundo de la cláusula que se comenta, adujo que hacía alusión a los artículos 7° y 9° de la Ley 4ª de 1976, pero dejó de reparar en que el inciso iniciaba con la expresión «asimismo», como sinónimo de «también» o «además», por lo que no quedaba duda de que esa legislación era a la que se remitían en tratándose de reajustes.

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Radicación n.° 94823 Concluyen que, en síntesis, [...] el Tribunal, interpretó erróneamente la norma convencional e hizo caso omiso al material probatorio y desconociendo, que las pensiones reconocidas y pagadas por la extinta FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, fueron incrementos legales que no son otros que los consignados en la Ley 49 de 1976. No se tiene porque probar por ser hechos notorios y no admiten pruebas en contrario. Incluso desconoció el reconocimiento expreso del pagador de las pensiones FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, de cuál era la manera en que se reajustaban las pensiones para el año 1980, que no es otra cosa que de acuerdo con lo establecido en la Ley 4ª de 1976, y que la misma estuvo vigente hasta el momento en que los demandantes obtuvieron la condición de pensionado que le otorgó el derecho pensional del reajuste pensional pretendido (ibidem).

VII. RÉPLICA Sostiene que la censura desconoció que no es posible integrar la proposición jurídica con una norma derogada, como lo es la Ley 4ª de 1976; que los preceptos constitucionales tampoco podían denunciarse como violados; que para demostrar el defecto fáctico era necesario precisar cuáles eran los yerros atribuidos, sin bastar con un listado de las pruebas valoradas presuntamente con error y que, menos aún, era viable aludir a críticas jurídicas por la vía de los hechos.

Arguye que, en todo caso, debía tenerse en cuenta que, [...] la Ley 4ta tuvo su vigencia hasta 1988, a partir del primero de enero de 1989, las pensiones empezaron a ser reajustadas de conformidad con la Ley 71 de 1988, es decir, sobre el reajuste del salario mínimo legal, el que además fue derogado por el artículo 14 de la ley 100 de 1993, que establece que se deben incrementar las pensiones anualmente conforme el IPC, situación que si se encuentra plenamente demostrada en este proceso.

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Radicación n.° 94823 [...] la Convención Colectiva de 1980 lo que determina es que los reajustes se harán conforme a la ley [...] Ninguna de las normas acusadas en el cargo establece que las pensiones de los accionantes deban ser reconocidas y pagadas teniendo en cuenta únicamente los reajustes de que trata el artículo primero de la ley 4ta de 1976 (Archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion_Escrito_de_oposicin_2022100708903», expediente digital).

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal aseguró que según la cláusula 20 de la CCT de 1980, la empleadora se comprometió a «continuar» cancelando «las mesadas pensionales y demás obligaciones de ley, en las mismas circunstancias como se está practicando en la actualidad»; que, sin embargo, ese precepto no hizo alusión a la Ley 4ª de 1976 y que, aunque aquellos demostraron ser pensionados de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, no acreditaron que para la anualidad en que se suscribió ese acuerdo extralegal, ésta realizara los incrementos pensionales conforme a dicha normativa.

Los recurrentes plantearon, en contraste, que el colegiado leyó con desacierto, entre otras, i) la convención colectiva mencionada, ii) las respuestas a las reclamaciones administrativas y, iii) la contestación de la demanda, porque no dio por demostrado, a pesar de que aparecía probado, que el reajuste que realizaba la accionada en las mesadas para 1980, era el de la legislación vigente, esto es, el de la Ley 4ª de 1976.

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Radicación n.° 94823 Adicionalmente, argumentaron que ese defecto fáctico llevó al Tribunal a aplicar indebidamente los artículos 467 y 469 del CST; 53 y 83 de la CP, pues dicha equivocación implicó el desconocimiento de las prerrogativas introducidas en la convención colectiva porque, conforme la doctrina probable, aquél debió comprender, que los interlocutores sociales incorporaron válidamente a ese instrumento la

legislación que se hallaba en rigor. Memora la Corte los fundamentos de la sentencia refutada, en contraposición con los de la acusación, para hacer ver a la réplica que, aun cuando es cierto que aquella introduce argumentos de naturaleza jurídica, al referirse a criterios jurisprudenciales, tal circunstancia no la hace inestimable, en razón a que, prescindiendo de esa alegación indebidamente incorporada, en todo caso se advertiría, que el cargo confronta las premisas cardinales del fallo atacado; propone un conflicto de legalidad bien definido y cumple los requisitos mínimos de interposición del recurso extraordinario por la vía indirecta. Así se dice pues, con apego a lo explicado, entre otras, en las sentencias CSJ SL544-2013, CSJ SL038-2018 y CSJ SL2610-2020, la censura 1) imputó al Tribunal unos defectos fácticos; 2) señaló unos determinados errores de apreciación respecto de las pruebas calificadas; 3) realizó el ejercicio de confrontación entre lo que el colegiado dedujo y lo que debió observar en los medios de convicción que enlistó y mencionó en el desarrollo del ataque y, 4) argumentó la incidencia de esas circunstancias en el sub motivo de infracción

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Radicación n.° 94823 denunciado. Por consiguiente, la Sala se ocupará de solucionar el conflicto de legalidad propuesto, para lo cual recuerda que los yerros fácticos que conducen a casar un proveído acusado

por la senda indirecta de la causal primera de casación, son aquellos en los que incurre el sentenciador de forma manifiesta, ya sea porque la valoración individual de los medios de prueba no respete los principios de integralidad, razonabilidad y sana crítica y/o, la apreciación conjunta de ellos no encuentre coherencia, lógica y consistencia. Acude la Corporación a esos criterios, porque en perspectiva de ellos emerge en palmario el equívoco fáctico probatorio en el que incurrió el Tribunal, en razón a que sostuvo que los recurrentes no probaron, teniendo la carga de hacerlo, que para 1980, cuando se suscribió la CCT, la empresa efectuaba los reajustes de la Ley 4ª de 1976; sin embargo, de la manera en que lo hace ver la censura, en contraposición a ese razonamiento, se tiene que tal circunstancia fue aceptada expresamente en la réplica a la demanda ordinaria. Efectivamente, en esa pieza procesal, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, afirmó: QUINTO HECHO: Es cierto y además lógico que, para la fecha de la firma de la susodicha convención, es decir el año 1980 las mesadas pensionales se cancelaban aplicando la Ley 4ta de 1976 debido a que era la legislación vigente para la época.

SEXTO HECHO: Es cierto que la Ley 4ta de 1976 en el Parágrafo 3º de su artículo 1° dispone: En ningún caso el reajuste de que

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Radicación n.° 94823 trata este artículo será inferior al 15 % de la respectiva mesada

pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto, pero menos cierto no lo es que dicha disposición fue sustituida en su totalidad por la Ley 71 de 1988.

HECHO SÉPTIMO: Es cierto y además lógico que la empresa FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, se comprometió a seguir cumpliendo los artículos 7° y 9° de la Ley 4ª de 1976 [...].

Lo que deja claro que el artículo 20 de la CCT tan mencionada, va dirigido a PENSIONADOS en la época de su firma y no a sus trabajadores activos o futuros pensionados (- negritas fuera del original - f.° 725, cuaderno n.°1). Mientras que, en las excepciones de mérito, cuestionó la existencia de la obligación reclamada, sin confrontar esos supuestos, aduciendo que, [...] el demandante pretende endilgar a mi poderdante basado en el reajuste contenido en el artículo 20 de la Convención colectiva de marzo 26 de 1980 la cual remite a la ley 4ta de 1976, toda vez que esta legislación no es aplicable a los demandantes, debido a que el artículo 20 de dicha convención, está dirigido y se aplica única exclusivamente a pensionados que se encontraban disfrutando de dicha prestación al momento de la firma de dicho acuerdo colectivo, y no a futuros pensionados como pretenden hacer ver los demandantes (f.° 728, ibidem). Significa lo expuesto que, a pesar de que el juez de la apelación dijo estarse a lo manifestado en la demanda y su oposición, en realidad, con total distanciamiento de esas

piezas procesales, desconoció que la accionada no sólo admitió que para 1980, cuando suscribió la convención colectiva laboral, pactó que el reconocimiento de las pensiones los realizaría en los términos que lo estaba haciendo para esa época, sino también, que en esa anualidad los reajustes a las mesadas los efectuaba conforme la Ley 4ª de 1976.

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Radicación n.° 94823 Por consiguiente, contra el razonamiento de la segunda instancia, es evidente que la opositora en esta controversia, no discuti