CSJ - SL1113-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1113-2023 Radicación n.º 91352 Acta 017 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por NELLY CECILIA ANZOLA PAVA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 10 de diciembre de 2019, en el proceso que instauró contra la SOCIEDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PORVENIR SA, OLD MUTUAL

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS SA - OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS

SA, y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES

Nelly Cecilia Anzola Pava demandó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir

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Radicación n.º 91352 SA –en adelante Porvenir SA–, a Old Mutual Pensiones y Cesantías SA, y a Colpensiones, con el fin de que se condenara a la primera, a tener como «nula o inválida» el acta o formulario de afiliación suscrito; que para efectos pensionales se le tenga como afiliada al RPM, administrado por Colpensiones, y que se ordenara a la segunda, realizar la devolución de los aportes a dicho régimen. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 17 de septiembre de 1961, contando con 56 años de edad

al momento en que presentó la demanda; que estuvo afiliada al Sistema General de Pensiones, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida –en adelante RPM–; que para septiembre de 1999 se encontraba laborando para una constructora, además, Con la autorización previa de la Constructora se presentaron Asesores tanto del Seguro Social como del Fondo Privado donde se nos indicaba que el Seguro Social se acabaría y que lo mejor eran los Fondos Privados ya que allí los recursos de cada persona los tendrían en un Fondo Individual y que los rendimientos serían para cada persona y no como venía funcionando el Seguro Social que era una bolsa en común y que de allí se tomaban los valores para repartirla entre todos los añilados. Señaló, que en consecuencia, se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –en adelante RAIS–, a través de Porvenir SA, en septiembre de 1999, según se indicó en la historia laboral; que el promotor de ventas de dicho fondo, lo indujo a realizar el cambio de régimen, con la promesa de que en la modalidad de ahorro individual, su pensión sería superior a la que le correspondería en prima media; que otros asesores insistían en que los trabajadores

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Radicación n.º 91352 debían cambiarse, ya que eran entidades sólidas que ofrecían muchas ventajas a los cotizantes. Igualmente dijo, que el asesor del fondo le informó, entre los beneficios, que podía retirar los aportes cuando deseara, pensionarse a cualquier edad, y dejar como herederos a sus familiares, para que los ahorros no se

perdieran en caso de fallecimiento; que aquel también le indicó, que el ISS iba a ser liquidado, por lo que dejaría de existir, por lo que lo mejor era cambiarse, so pena de perder la cotización a pensiones; que para esa época no se tenía ningún conocimiento sobre regímenes pensionales; que no se le suministró información previa sobre la forma cómo se liquidaría la prestación, ni algún dato financiero sobre los requisitos a cumplir en cada modalidad, ni sobre las ventajas y desventajas de la elección. Narró que el promotor de ventas tampoco le suministró información técnica y financiera sobre la negociación del bono pensional, cuando decidiera pensionarse anticipadamente, el cual tendría una pérdida del 40%, o que, de los aportes mensuales se le descontaba el costo de administración al fondo, y la forma en que se determinaría su mesada, en función de su grupo familiar; que se le debió poner en conocimiento, en cumplimiento del deber legal, acerca del riesgo y las consecuencias negativas del traslado, o de no tramitar la afiliación ante la omisión de brindar tales datos.

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Radicación n.º 91352 Y que la administradora de pensiones «no desplegó ninguna actividad de asesoramiento e información al trabajador, que le permitiera a ella valorar las consecuencias de su traslado del régimen pensional de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad». Agregó que el 1º de diciembre de 2014, se afilió a Old Mutual SA; que el 22 de marzo de 2017 presentó ante Porvenir SA, solicitud de nulidad o invalidez de dicho acto, la

cual fue negada el 30 de marzo de este año, y el día 27 de ese mismo mes y año, hizo lo mismo ante el ISS; que el 24 de mayo de 2017, le solicitó a Old Mutual Pensiones y Cesantías SA, los estudios financieros, de los cuales, esta le «estableció la fecha de redención normal del bono al 17/09/21 y una mesada pensional con aportes continuos a los 57 años de $ 1.344.000». Por último, concluyó: La expectativa de la mesada pensional de haber permanecido en el Régimen De Prima Media una vez cumplidos los requisitos de edad y tiempo de cotizaciones elaborada de conformidad con lo establecido en la Ley 797/2003 tendría un valor de $5.809.406 los cuales a precio de hoy son $5.194.855. Ejercicios Financieros realizados por profesionales especializados en el tema como se establece de las proyecciones anexas. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones, y en cuanto a los hechos, admitió los concernientes a la edad de la demandante, su afiliación al RPM, su traslado a Porvenir SA, y la reclamación elevada; y frente a todos los demás, advirtió que no le constaban.

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Radicación n.º 91352 En su defensa propuso las excepciones que denominó inexistencia del derecho reclamado y de la causal de nulidad, prescripción, caducidad, y saneamiento de la situación mentada. Porvenir SA al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió lo referente

a la edad de la demandante y su reclamación ante esta administradora; señaló que no le constaba lo concerniente a las actuaciones de terceros, ya que son ajenas a su relación con la afiliada. Como medios exceptivos propuso los que denominó asesoría pensional de la administradora; validez de la afiliación suscrita ante Porvenir SA; nulidad de los actos jurídicos y las circunstancias que la ley determina para invalidar su existencia; carga dinámica de la prueba; prescripción; falta de causa para pedir; inexistencia de las obligaciones demandadas, o de algún vicio del consentimiento, al haber tramitado el formulario de vinculación; buena fe; prescripción de obligaciones laborales de tracto sucesivo; enriquecimiento sin causa; y debida asesoría del fondo. Por su parte, Old Mutual Pensiones y Cesantías SA, al responder la demanda, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió lo referente al traslado de la demandante a dicha administradora, y la solicitud de nulidad elevada ante la AFP, como a Colpensiones.

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Radicación n.º 91352 Negó lo atinente al deber de información a cargo de los fondos privados, y expuso que no le constaba todo lo demás. En su defensa propuso las excepciones de prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 18 de junio de 2019, resolvió:

PRIMERO.- ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

DE PENSIONES COLPENSIONES, SOCIEDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS

(sic) PORVENIR S.A., y OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda por la Señora NELLY CECILIA ANZOLA PAVA, de conformidad con lo expuesto a lo largo de la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- DECLARAR probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, relevándose el Despacho del estudio de los demás medios exceptivos, dado el resultado de la Litis. TERCERO.- CONDENAR en costas a la parte demandante, señálense como agencias en derecho la suma de $200.000. Suma que deberá ser cancelada por el (sic) demandante a favor de cada una de las demandadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de sentencia del 10 de diciembre de 2019, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, confirmó la providencia de primer grado.

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Radicación n.º 91352 En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró el ad quem como fundamento de su decisión, que debía realizarse un estudio sobre la forma y los términos en que se ha solucionado el tema relacionado con la posibilidad de solicitar la nulidad o ineficacia de traslado entre regímenes pensionales por parte de la Corte; quien solo en casos

especialísimos, lo ha ordenado, disponiendo el retorno del afiliado del RAIS al RPM, haciendo valer en ellos la inversión de la carga de la prueba, al considerar que le correspondía en su momento a las AFP, demostrar la debida diligencia en el suministro de una información adecuada y coherente con la situación personal del interesado, al momento de la afiliación. Dijo que la corporación ha invertido la carga probatoria, en los procesos en los que las personas habían cumplido los requisitos para adquirir una pensión por régimen de transición, o se encontraban muy cerca de consolidar la prestación con esa prerrogativa, como viene dándose desde la línea jurisprudencial expuesta desde las sentencias CSJ, SL, 2008 (sin indicar día ni mes), rad. 31989, o la CSJ SL12136-2014; supuesto fáctico que no se presenta en este evento, sin que a la fecha se conozca una sentencia de casación que, en ese sentido y con ese alcance, haya verificado la aplicación de la teoría de la inversión de la carga de la prueba respecto de quienes no serían titulares de dicha prerrogativa legal. Advirtió entonces, que pretendiendo la actora la nulidad o ineficacia de la afiliación al RAIS, le correspondía probar

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Radicación n.º 91352 que incurrió en un vicio del consentimiento; no obstante consideró, que alegar que el promotor de ventas del fondo, la indujo a realizar el traslado de régimen con la promesa de que sería superior la pensión a la que le correspondería en el RPM; que los fondos privados eran unas entidades más

sólidas; que podría retirar sus aportes cuando quisiera; y que podría pensionarse en cualquier momento, y dejar como herederos a sus familiares, sin suministrarle información financiera sobre cómo liquidar la pensión, ni los requisitos que debía cumplir en el fondo privado, entre otros aspectos, no son argumentos suficientes para invalidar la afiliación a un fondo de pensiones, como un acto o negocio jurídico bilateral, consensual, conmutativo y aleatorio, al no constituir ninguno de aquellos, un vicio del consentimiento, pues no procederían por un eventual error de derecho, en los términos del art. 1510 del Código Civil. Luego de analizar la prueba documental, indicó que de acuerdo a la fecha de nacimiento de la señora Anzola Pava, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 32 años, y no acreditaba 15 años de servicios cotizados, pues solo tenía 283 semanas, incluido el tiempo servido a la Contraloría de Cundinamarca; hechos que no la hacen beneficiaria del régimen de transición, por lo que, al momento del traslado al RAIS a través de Porvenir SA, el 17 de agosto de 1999, no contaba con una expectativa pensional frente a este, faltándole entonces aproximadamente 23 años y 717 semanas de cotización para acceder a la pensión, ya que en el RPM es necesario cumplir con los requisitos mínimos de edad y semanas cotizadas.

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Radicación n.º 91352 Precisó que, aunque para quienes no hacen parte del régimen de transición, la información también debe ser clara, completa y suficiente, no se puede desconocer que, para la

fecha del traslado de la demandante al RAIS, no existía en cabeza de las AFP, riesgos de tipo consolidado cuantificable que tuviera que ponerles de presente a los afiliados, y, en consecuencia, los datos suministrados no podían ser distintos a los contenidos en la Ley 100 de 1993. Acto seguido, expresó: […] así como la demandante (inaudible) el término mínimo legal de permanencia en un régimen pensional, para poder pasar al otro, en su inicial traslado del régimen de prima media al RAIS, también tuvo la posibilidad de trasladarse nuevamente en los términos dispuestos por la ley, con la limitante establecidas para todos los afiliados pasados 3 años de su primer traslado y luego de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, dentro del primer año de su vigencia y hasta antes de que le faltara menos de 10 años para arribar a la edad mínima pensional. Por otra parte, se alega, con alguna frecuencia en estos casos sin beneficio de inventario jurídico y probatorio, que la disparidad de criterios entre las diferentes Salas de decisión laboral con que cuenta este Tribunal, vulnera el derecho a la igualdad de trato de los usuarios de la administración de justicia, por lo que se hace necesario que se unifique el criterio en torno a aceptar que, en todos los casos en los que se pretenda la ineficacia del traslado, se acepte la tesis de la inversión de la carga de la prueba a cargo las AFP, por existir un precedente uniforme de la Sala de Casación Laboral de la Corte en ese sentido y sin importar el análisis de la prueba sobre el supuesto fáctico y jurídico que le sirve de soporte para

demandar la eventual ineficacia, pues no importa que el afiliado interesado, sea o no titular de la transición normativa, que es lo que permite acceder a la prestación personal en el régimen de prima media con normas anteriores a la Ley 100 de 1993. Recordó que, la jurisprudencia de la Corte, respecto de la inversión de la carga de la prueba, que parte de la regla del deber de información que estaría a cargo de las AFP, estableció también, las prerrogativas de su aplicación a los

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Radicación n.º 91352 casos en los que el traslado del RPM al RAIS le causare al afiliado una lesión injustificada en su derecho de acceso a la prestación pensional, por tener, a su favor, la expectativa de adquirir la pensión en el RPM, con fundamento en la transición, de la que sería titular; sin que la «subregla» hubiera sido extendida o aplicada por la corporación, a los casos en que el afiliado no es titular de la prerrogativa del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como quedó claro en la sentencia CSJ SL19447-2017. Sostuvo que la AFP cumplió con el deber de información, en los términos del Decreto 692 de 1994, sumado al hecho de que, en el interrogatorio de parte absuelto por la demandante, esta admitió que el asesor no la obligó a firmar el formulario de vinculación; que su afiliación fue voluntaria, sin que en ese momento fuera objeto de presión alguna; que tampoco pidió más explicaciones, porque según dijo el ad quem, le pareció claro y contundente lo que en ese momento se le informó; y que su motivación para

solicitar el traslado, obedeció a que no estaba conforme con el monto pensional que obtendría en el RAIS, además, ante el interrogante de por qué en su momento se trasladó de una AFP a otra, y no regresó a Colpensiones, precisó que en la última le habían ofrecido más rendimientos financieros, y quería tener un mayor valor en su ahorro, al igual que su retorno a Porvenir SA por tener más beneficios, así como el cambio que finalmente hizo a Old Mutual Pensiones y Cesantías SA.

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Radicación n.º 91352 En cuanto a los testimonios arrimados, encontró que, Amelia Córdoba Zambrano, dijo ser compañera de trabajo para la época del traslado de la demandante, y señaló que recibieron de forma grupal una charla, una asesoría, empero, no pudo dar cuenta de, si al momento de entregar el formulario al asesor, la afiliada le formuló interrogantes sobre su situación particular; y que Jairo Jiménez, fue testigo de oídas, en la medida en que lo que sabía frente a las circunstancias en que la actora se trasladó, fue porque ella se lo dijo, no, porque hubiera estado presente al momento en que firmó el referido documento, pues ni siquiera era su compañero de trabajo, por lo que, en ese contexto fáctico, jurídico y probatorio, consideró que no había lugar a declarar ineficaz la afiliación al RAIS, pues no encontró prueba de un vicio del consentimiento.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la censora, que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, «revoque la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado

Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá D. C. (sic) el 8 de agosto de 2018 y en su lugar conceda las pretensiones pedidas en la demanda, condenando en costas a cargo de las demandadas y en favor de la demandante».

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Radicación n.º 91352 Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, objeto de oposición por parte de Old Mutual Pensiones y Cesantías SA y Colpensiones; los cuales se resuelven en forma conjunta, en la medida en que se complementan, a continuación.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar: […] por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos: 13 literales b) y e), 20, 21, 31, 90, 91 literal d), 101, 114, 272, de la ley 100 de 1993; 4, 5, 14, 15 y 18 del Decreto 656 de 1994; 97 numeral 1 del Decreto 663 de 1993; 23 de la Ley 795 de 2003; 63, 1502, 1508 y 1604 del Código Civil; 3 del Decreto Reglamentario 1161 de 1994; en relación con los artículos 60, 61, y 145 del C. P. del T. y la S. S; 164, 165, 167, 176, 193, 194, 198, 203 y 217, del C. G. P.

La sentencia cuya anulación total se solicita, violó indirectamente por aplicación indebida, las normas sustantivas de seguridad social y las normas civiles que acaban de indicarse, en relación con las disposiciones procedimentales tanto laborales como civiles que se enlistaron, a consecuencia de los evidentes errores de hecho en que incurrió el sentenciador Ad – Quem, lo que condujo finalmente al Tribunal a conclusiones contrarias a la realidad probatoria, en contra de los intereses de la demandante. Indica como pruebas apreciadas erróneamente, las siguientes:

1. DOCUMENTALES: - Formulario de afiliación o solicitud de vinculación o traslado al fondo de cesantías y/o pensiones obligatorias Porvenir S.A. (folio 96 a 97 del expediente). - Historia laboral consolidada (folio 75 del expediente).

2. PIEZAS PROCESALES: - Escrito de demanda (folios 2 a 20 del expediente).

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Radicación n.º 91352

3. INTERROGATORIO DE PARTE A LA DEMANDANTE (CD de pruebas).

Como pruebas no valoradas, relaciona las siguientes:

1. DOCUMENTOS: - Reclamación al fondo privado de Pensiones Porvenir S.A.-.

(folios 25 a 31 del expediente). - Reclamación al fondo privado de pensiones OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. (folios 32 a 38 del expediente). - Reclamación administrativa al fondo público de pensiones COLPENSIONES (folios 39 a 45 del expediente). - Respuesta del fondo privado PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. (folios 46 y 47 del expediente).

• Respuesta de COLPENSIONES (sic) (folios 51 y 52 del expediente).

- Respuesta de OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

(folios 48 y 49 del expediente).

2. PIEZAS PROCESALES: - Escrito de contestación de demanda por parte de COLPENSIONES (folios 64 a 69 del expediente), en cuanto encierra confesión por apoderado judicial.

Como errores de hecho, refiere los siguientes:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que el Fondo Privado de Pensiones Porvenir S.A., documentó clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen de prima media con prestación definida a ahorro individual con solidaridad.

2. Dar por demostrado, sin estarlo que el fondo privado de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., no tenía la obligación de demostrar que había informado clara y suficientemente sobre los efectos que acarrea el cambio de régimen pensional, es decir, la libertad informada.

3. Dar por demostrado, sin estarlo que existió la eficacia en el traslado del régimen de prima media con prestación definida a ahorro individual con solidaridad.

4. Dar por demostrado, sin estarlo que la ineficacia del traslado

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Radicación n.º 91352 del régimen pensional sólo aplicaba para quienes estuvieran en el régimen de transición y no para todas las personas que se cambiaron de régimen pensional, que no recibieron una libertad informada.

5. Dar por demostrado, sin estarlo que a la demandante se le subsanó la falta de información en los riesgos y los efectos del

cambio de régimen pensional, porque tuvo la oportunidad en el tiempo de ejercer su traslado nuevamente a COLPENSIONES.

6. Dar por demostrado, sin estarlo que a la aquí demandante no era necesario darle una información precisa, en la que se delimitaran los alcances positivos y negativos del traslado de régimen pensional, porque no tenía una expectativa de pensión.

7. No dar por demostrado, estándolo que a la aquí demandante se le dio una insuficiente asesoría sobre los puntos de tránsito del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, por lo que la decisión de la demandante no estuvo precedida de la comprensión suficiente y tampoco del real consentimiento para adoptarlo.

8. Dar por demostrado, sin estarlo que la carga de la prueba de demostrar que recibió información le corresponde al afiliado demandante y no al fondo de pensiones privado o público.

9. Dar por demostrado, sin estarlo que la carga de la prueba sobre que no recibió información le corresponde a la parte demandante a pesar de ser una negación indefinida.

10. No dio por demostrado, estándolo que el fondo privado de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., no dio el monto de la pensión proyectada en ese régimen de ahorro individual con solidaridad.

11. No dar por demostrado, estándolo que le correspondía al Fondo Privado de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., dar los datos proporcionados al afiliado, en donde deben constar los aspectos positivos y negativos de la desvinculación y la incidencia en el derecho pensional.

En el desarrollo del cargo afirma, que el ad quem no

apreció debidamente las pruebas allegadas al expediente y dejó de valorar otras, lo que le llevó a incurrir en los ostensibles errores de hecho enunciados.

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Radicación n.º 91352 Reprueba que el Tribunal dejara de apreciar el escrito de contestación de la demanda de Colpensiones, que en el hecho segundo expresó, que cotizó en el ISS, 460,1 semanas, desde el 21 de septiembre de 1990 al 8 de septiembre de 1999; todo ello para indicar, que el juzgador de alzada reseñó solo 283, lo que es impreciso, puesto que si la historia laboral de las cotizaciones en dicha entidad, se hubiera estudiado con cuidado, habría entendido que el número correcto es el señalado en la pieza procesal. Alega que el juez de segundo grado afirmó que no tenía una expectativa de pensión y que, por ello, no se causó perjuicio a la actora, lo que resulta ser una aseveración vana, puesto que, lo que hace que exista una ineficacia en el traslado del RPM al RAIS, «no es que no haya una expectativa de pensión, desde luego se tiene desde que se afilia a la seguridad social, pero lo que importa es que ese traslado de régimen pensional esté precedido de una libertad informada», que no es solo plasmar una constancia en un formulario que acredite el cambio. Cita el acápite 5.1 del formulario, y refiere: El anterior texto es del que se vale el Ad – Quem para indicar que la actora fue suficientemente informada y que así lo expresó la

demandante, pero no puede ser cierto lo afirmado por el Tribunal, toda vez que renglones atrás de su providencia ha indicado que la actora tiene poco más de 32 años que tenía 232 semanas, que no acreditaba 15 años de servicios y por tanto no se encontraba en el Régimen de Transición, siendo así las cosas como se admiten esos hechos, comparado con el texto transcrito la constancia de información sobre el régimen de transición no debía ser la dada a la aquí demandante, porque no estaba en el régimen de transición, lo que indica es que no verificaron la edad que tenía la actora, tampoco verificaron las semanas cotizadas

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Radicación n.º 91352 para saber si tenía 15 a o más años de servicios y hacen constar que le dieron una información suficiente a un estado o situación que no le correspondía a la señora Nelly Cecilia, luego erraron en la información; la información suficiente debió ser sobre el monto de la pensión que recibiría estando en COLPENSIONES o antiguo Seguro Social para la fecha en que se trasladó, que correspondía al promedio de los salarios o renta (sic) sobre los cuales ha cotizado el afiliado a 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o todo el tiempo cuando el promedio del ingreso base ajustado por inflación calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador sea superior siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo, debieron señalar que el ingreso base de cotización de la pensión correspondía al monto del salario sobre el que se cotizaba y que en el Fondo Privado de Pensiones la liquidación de ese ingreso base era sobre la

cotización, donde existe una diferencia abismal, porque la cotización conforma el capital en el ahorro individual, de haber sabido tal circunstancia la aquí demandante no hubiese tomado la decisión de trasladarse de régimen pensional, no aparece en el formulario de traslado de régimen que le hayan dado esa información, luego no existió la información clara y trasparente sobre lo que ocurriría en el monto de la pensión en el régimen de prima media con prestación definida respecto al régimen de ahorro individual con solidaridad y eso como ha dicho la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laborales lo que corresponde a una información precisa en los que se delimiten los alcances positivos y negativos del traslado de régimen pensional, la demandante no tenía expectativa de pensión, como lo calificó el Tribunal que por ello no había perjuicio; no es cierto, existe perjuicio porque mientras con la cotización de prima media con prestación definida se liquida una pensión de vejez con base sobre el salario sobre el cual se cotizó en los últimos 10 años, la del fondo privado de pensiones que pertenece al régimen de ahorro individual con solidaridad está basada la pensión de vejez sobre el capital que está constituido en el mayor de los casos sólo por las cotizaciones sobre el salario que se devenga, hay una diferencia abismal porque la cotización para pensiones corresponde según el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 al 8% en 1994, al 9% en 1995, y el 10% a partir de 1996 luego nótese la diferencia entre el monto del salario y el porcentaje de cotización, he ahí uno de los impactos negativos del ahorro individual al de

prima media con prestación definida, lo que es positivo para el régimen administrado por COLPENSIONES, es negativo el ahorro individual con solidaridad administrado por PORVENIR S.A., tampoco le dijeron a la demandante que para alcanzar el monto de la pensión en el régimen de prima media con prestación definida debería ahorrar en el fondo privado de pensiones la suma equivalente al monto del salario sobre el cual cotizaba y que el capital fuese suficiente para tener el equivalente a 75% del salario base de cotización, pues para aquélla época no se había hecho la reforma, del año 2003.

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Radicación n.º 91352 Aduce que ninguna persona se trasladaría del RPM al RAIS, puesto que «si a duras penas se vive con lo que se gana sin margen de ahorro, entonces no sería posible equiparar la pensión de vejez del régimen de ahorro individual con la de prima media con prestación definida». Propone que el ad quem se equivocó por no valerse del precedente vertical de la Corte, ya que solo se dedicó a dar explicaciones de por qué existen distintas posiciones de las salas laborales de los tribunales, que no violentarían la igualdad; lo cual resulta insuficiente y fuera de lugar, porque para ello existe la línea jurisprudencial trazada por el órgano de cierre, sobre la ineficacia del traslado de régimen pensional del afiliado. Cita un fragmento de la sentencia del juez de segundo grado; y sostiene que sus afirmaciones no son propias de un juzgador, puesto que, para el 1º de abril de 1994, estaba

afiliada al RPM, así lo indica la contestación de la demanda por parte de Colpensiones; confesión que no fue tenida en cuenta dentro de la valoración probatoria y, por ello, es necesario expresar que, antes de que empezara a regir el RAIS, la cotizante estaba en el RPM, con la consecuencia de que tenía una expectativa pensional para cuando cumpliera los requisitos que exige la ley. Recuerda que no discute que no era beneficiaria del régimen de transición, pero, no por ello, Porvenir SA cumplía con informarle de cualquiera manera, sino de forma suficiente, clara y precisa, el señalamiento de los riesgos y

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Radicación n.º 91352 beneficios que representaba el traslado; trae a colación, además, que «hay un perjuicio objetivo, porque no informar como lo tiene dicho la Corte (…), es decir la libertad informada induce en el error y conlleva perjuicios a futuro del traslado de régimen, de no tener una liquidación de la pensión de vejez sobre los 10 últimos años de cotización», en el valor del salario sobre el cual se cotizó o de todo el tiempo, con el cumplimiento de un requisito de 1250 semanas, pues es más benéfica la pensión del RPM, ya que usa, como referente, el salario base de liquidación sobre el monto de todos los que fueron objeto de cotización. En cambio, agrega, que en el RAIS se liquida la pensión de vejez sobre el capital ahorrado, es decir, sobre las cotizaciones, sus rendimientos y