CSJ - SL1117-2021

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1117-2021 Radicación n.° 77147 Acta 08 Bogotá, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALEJANDRO GONZÁLEZ CAICEDO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), en el proceso ordinario laboral que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES – COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Alejandro González Caicedo llamó a juicio a la Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones, con el fin de que se declarara que: i) «existió una relación contractual entre él y la demandada por el hecho de haber cotizado ante dicha entidad» y ii) debía reconocerse el disfrute

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Radicación n.° 77147 de su pensión, a partir del 5 de abril de 2013. Que, en consecuencia, se condenara a la demandada a reconocer y pagar: i) las mesadas pensionales dejadas de percibir, desde el 5 de abril de 2013 hasta el 5 de marzo de 2015 y las que se causen; ii) primas generadas del primer y segundo trimestre de años 2013, 2014, 2015 y las que se surtan; iii) indemnización monetaria y demás emolumentos; iv) los intereses moratorios generados desde el 5° de abril de

2013; v) lo que resultare probado ultra y extra petita y, vi) las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, en que nació el 5° de abril de 1953; que cumplió 60 años el mismo día y mes de 2013; que para el 1° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía un total de 1058,42 semanas cotizadas en el sector privado; que laboró para varias empresas en estos tiempos:

EMPRESA FECHA INICIO FECHA SALIDA SEMANAS COTIZADAS FCA LAMPARAS 4 - febrero3 - junio - 1971 17.14

FLUORESCENTES 1971

INDUSTRIA DE 17 - septiembre MAQUINAS 6 - junio - 1971 168.42

• 1974

IDEMA LTDA.

COMPAÑÍA DE 2 - septiembre1 - junio - 1974 12.85 ESMALTES LTDA 1974 23 - septiembre MANOS DE CALI 8 - abril - 1976 79.42

• 1974

ACCIÓN 12 - abril - 12 - mayo4.28

ASESORES 1976 1976

SEGURIDAD 6 - agosto - 6 - septiembreBURNS DE 4.28 1976 1976 COLOMBIA 17 - diciembre - 17 - marzoGOSAL LTDA 12.85 1976 1977

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Radicación n.° 77147 FUMIGADORA EL 3 - marzo – 3 - marzo4.28

TRIUNFO LTDA 1977 1977

DISTRILIC CALI 22 - marzo - 17 - mayo8.57

LTDA 1977 1977

ASESORIAS DEL 3 - agosto - 3 - septiembre4.28 VALLE CIA LT 1977 1977 19 - agosto - 19 - septiembre FABRISEDAS S.A. 4.28 1977 - 1977 ATEMPI DEL 4 - octubre - 24 - noviembre 6 VALLE LTDA 1977 - 1977 21 - noviembre 30 - eneroE.E.I. DIVITEMP 9.85 - 1977 1978 EMP ANDINA DE 31 - enero - 28 - julio128.57

HERRAM S.A. 1978 1980

SERV Y 31 - julio - 29 - octubreASESORIAS DEL 12.85 1980 1980 VALLE COBRES DE 3 - diciembre - 14 - mayo74.42

COLOMBIA S.A. 1980 1982

SERVI21 - julio - 31 - julio4.28

INDUSTRIAL 1981 1981

SERV Y 13 - julio - 13 - agostoASESORIAS DEL 4.28 1982 1982 VALLE MANOS DE CALI 9 - agosto - 22 - septiembre 6.14

LTDA 1982 - 1982

AGRO 25 - noviembre 20 - septiembre INDUSTRIAL DEL 42.85 - 1982 - 1983 VALLE VASQUEZ Y 6 - febrero - 9 - noviembre - 39

GUTIERREZ LTDA 1984 1984

SALVAT 64.28 31 - marzoEDITORES 1 - enero - 1985

1986 COLOMBIANOS VASQUEZ Y 28 - enero - 23 - enero - 154.28 GUTIERREZ LTDA 1985 1988 14 - julio - 27 - diciembre - 126.14

IMEVALLE LTDA

1988 1990 MANOS DE 14 - marzo - 13 - abril - 4.28

COLOMBIA LTDA 1991 1991

DUARTE 25 - abril - 29 - julioSANCHEZ 13.42 1991 1991 FRANCISCO INDUSTRIAS 30 - julio - 31 - mayo38.57 ROMMEL LTDA 1991 1992 30 - julioINGERCOL LTDA 6 - julio - 1993 4.28 1993 MANOS DE 2 - agosto - 15 - agosto4.28

COLOMBIA LTDA 1993 1993

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Radicación n.° 77147 Sostuvo que, el 10 de septiembre de 2014, presentó solicitud de pensión de vejez ante Colpensiones, que mediante Resolución n.° GNR 433927 de 20 diciembre de 2014, negó la prestación reclamada, bajo el argumento de que no acreditaba los requisitos mínimos de edad y semanas cotizadas. Adujo, que el 16 de enero de 2015, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra dicha resolución; que en la historia laboral Colpensiones solo tuvo en cuenta el monto total – real de las semanas y basado en que el empleador pago en forma extemporánea varios meses que, por lo tanto, solo se le reconocieron 832 semanas; que

el ISS ahora Colpensiones no emitió acto administrativo en contra del empleador, para su eventual cobro pre jurídico (f.° 1 a 14 cuaderno del juzgado). La Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones se opuso a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos los aceptó, excepto que el accionante hubiera laborado en el tiempo manifestado para Acción Asesores, Asesorías del Valle CIA LT, Fabrisedas S. A., EMP Andina de Herram S.A.; que contaba con 1000 semanas antes del año 1990; que para la vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 1058,42 semanas cotizadas; en su defensa, formuló como excepciones de fondo las que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción y la innominada (f.° 97 a 101, cuaderno del juzgado).

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Radicación n.° 77147

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 11 de septiembre de 2015 (f.° 119 a 123, acta y 133, CD, ibídem), absolvió y condenó en costas a la parte vencida en juicio.

PRIMERO: Absolver a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, representada legalmente por el doctor MAURICIO OLIVERA GONZALEZ, o por quien haga sus veces, de todas y cada una de las pretensiones contenidas en la demanda instaurada por el señor ALEJANDRO GONZALEZ

CAICEDO.

SEGUNDO: COSTAS a cargo de la parte vencida en el proceso.

Tásense por la Secretaría del Juzgado. FÍJESE la suma de $200.000, en que este Despacho estima las AGENCIAS EN

DERECHO.

TERCERO: Si este fallo no fuere objeto de apelación, CONSULTESE ante la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al tenor de lo previsto en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la accionante, con providencia del 23 de noviembre de 2016, confirmó la sentencia de primera instancia e impuso costas (f.° 18 CD, 19 y 20, cuaderno

Tribunal).

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Radicación n.° 77147 Consideró como problema jurídico a definir sí debía otorgarse al demandante la pensión de vejez, a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aplicado en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, acumulando tiempo durante el cual prestó sus servicios al sector público con las semanas de cotización en Colpensiones. Señaló, que el señor Alejandro González nació el 5 de abril de 1953, lo que indicaba que tenía 40 años, al 1° de abril de 1994, por lo que se encontraba cobijado por el

régimen de transición. Así las cosas, el régimen anterior que regulaba su situación pensional es el Acuerdo 049 de 1990, con las exigencias de esta norma; que el accionante el 5 de abril de 2013 cumplió 60 años, por lo que acreditó el requisito de la edad. Respecto de las semanas de cotización, el demandante prestó sus servicios como soldado del ejército nacional, desde el 27 de agosto de 1971 hasta el 30 de julio de 1973, tiempo equivalente a 100.57 semanas; cotizó en Colpensiones, a partir del 4 de febrero de 1971 hasta el 15 de agosto de 1993, con un total de 874 semanas, pero al acumular el tiempo laborado en el sector público con el tiempo cotizado en la administradora acredita un total de 974.57 semanas, de las que 5.57 fueron cotizadas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, entre el 5 de abril de 1993 y 5 de abril de 2013.

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Radicación n.° 77147 Precisó, algunas inconsistencias en la historia laboral, especialmente en la sección de mora en el pago de aportes a pensión. En efecto el demandante laboró para Industrias Rommel Ltda., entre el 30 de julio de 1991 y el 23 de diciembre del mismo año, del 15 de enero de 1992 al 21 de diciembre de 1992 y desde el 13 de enero de 1993 hasta el 12 de abril de 1993, pero el empleador omitió el pago de las cotizaciones del periodo del 1° de junio de 1992 al 12 de abril

de 1993, en la historia laboral no figura novedad de retiro, por lo que la relación laboral estuvo vigente y la obligación de cotizar al sistema también lo estaba. Mencionó que, en la sentencia CSJ SL, 22 jul. 2006, rad. 34270, CSJ SL, 5 oct. 2010, rad. 41382, se ha reiterado que la falta de cancelación de los aportes no exoneraba a Colpensiones al reconocimiento de las prestaciones económicas, en el evento en que falten al deber de diligencia del cobro; que las cotizaciones no pagadas deben ser tenidas en cuenta para la acumulación de semanas necesarias, para causar dicha prestación, por lo que el periodo de mora debía sumarse al conteo de semanas. Refirió que, el demandante reprochaba inconsistencias en la historia laboral, que Colpensiones sustrajo 100 semanas del total, a las cuales tenía derecho. Explicó que el reporte expedido por la Administradora se encuentra dividido en cuatro columnas en las cuales se relaciona: i) número patronal, ii) nombre de la empresa, iii) periodo de cotización iv) días hábiles y se subdivide en días en licencia y días simultáneos.

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Radicación n.° 77147 Agregó que, el apelante interpretó erróneamente la historia laboral, lo que lo llevó a afirmar que Colpensiones sustrajo injustificadamente 100 semanas del total, pues ciertamente, no se trataba de una inconsistencia sino de periodos simultáneos que no aumentan semanas. Adujo que, aunque el recurrente tuvo 6393 días hábiles reportados en su historia laboral, 569 fueron simultáneos,

arrojando un total de 5824 días eficaces, equivalentes a 832 semanas, que sumados al periodo de mora más el tiempo laborado con el sector público, da un total de 974.57 semanas, cantidad que no era suficiente para acceder a la pensión de vejez. Expresó que, después del año 1995 el demandante no presenta afiliación al sistema de pensiones, por lo que no cumplía con el requisito de 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, ni tampoco 1000 semanas en cualquier tiempo, por lo que no tenía derecho a la prestación, a la luz del Acuerdo 049 de 1990. Así, como tampoco reunía las exigencias del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la 797 de 2003, dado que contabilizó 974.57 semanas y para el año 2013 en el que cumplió los 60, se requería un mínimo de 1250 semanas.

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Radicación n.° 77147

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala: […] casar la sentencia 338 por el suscrito acusada, emanada de

la Sala Laboral del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO DE CALI VALLE, de fecha 23 de noviembre de 2016 y en su lugar revocar la Sentencia de Segundo grado emitida por el referido Tribunal que confirma la sentencia de Primer Grado quien la depreca en las mismas condiciones de

la segunda instancia (f.° 18 a 19, cuaderno de la Corte). Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula un cargo, el cual fue objeto de réplica y se estudiará a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia como violatoria de la ley sustancial, concretamente por la trasgresión «[…] del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto No. 758 de 1990, por aplicación indebida y por falta de aplicación […]».

Para la sustentación del cargo manifiesta: En primer lugar, el Tribunal trasgrede la norma sustancial al desconocer dicha prestación conforme a las

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Radicación n.° 77147 normas aplicables anteriores a la Ley 100 de 1993 y cita la sentencia T-105-2012. En segundo lugar, relaciona como prueba la historia laboral emitida por Colpensiones con fecha 10 de diciembre de 2015, en la cual aparecen relacionados el número de aportes, razón social, extremos de los periodos, el monto total de días pagos por cada empleador, los cuales corresponden a 6.393, divididos por siete (7) da un total de 913.28 semanas, de las que la Administradora disminuye 81,28 semanas, reduciendo dichos aportes a 832 semanas en el sector privado. Aduce, que cotizó en el sector público Ministerio de Defensa Ejercito Nacional 102,85 semanas, sumado 913,28 del sector privado, da un total de 1016,13 semanas cotizadas. En tercer lugar, se demuestra que para el año 1994 el

recurrente contaba con 750 semanas y para el 2003 con 945, tal como consta en Resolución 017082 de 27 de octubre de 2005, proferida por el ISS, lo que no da lugar a los extremos tomados por el Tribunal, donde empieza a contabilizar los últimos 20 años conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, para determinar erróneamente un acumulado de 974 semanas, siendo engañoso el requisito de 1000 semanas y no aplicando el principio de favorabilidad de la norma y cita un aparte de la SU796-2014.

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Radicación n.° 77147 En cuarto lugar, hace alusión a los requisitos mencionados en el Acuerdo 049 de 1990, en su artículo 12, y dice que el Tribunal erró al apreciar la historia laboral y verificar extremos inexistentes para la aplicación del artículo mencionado, al determinar el número de semanas cotizadas con leyes de transición que no aplican al tiempo cotizado por él, acudiendo al artículo 33 del Ley 100 de 1993, modificado por el 9° Ley 797 de 2003 cercenando el principio de favorabilidad. En quinto lugar, el juzgador de segundo grado omite la apreciación del artículo 21 del CST, en el que se determina el principio in dubio pro operario, que se utiliza para los casos de duda o conflicto sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, en la cual prevalece la más favorable al trabajador. En sexto lugar, hace mención al artículo 53 de la CP, y refiere los principios mínimos fundamentales que debe

contener el Estatuto del Trabajo como: igualdad de oportunidad para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía a la seguridad social; aludiendo que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

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Radicación n.° 77147 En séptimo lugar, nombra la Ley 90 de 1946, en concordancia con el Decreto 3041 de 1966, artículos 43 y 49, creados por el ISS hoy Colpensiones, los cuales le otorgan facultades para emitir resoluciones de reconocimiento pensional y realizar los cobros coactivos al empleador en mora si hubiere lugar a este, situación que no se vio reflejada en la historia laboral aportada por la Administradora (f.° 4 a 19, cuaderno de la Corte).

VII. RÉPLICA Asegura, que el escrito con el que se sustenta el recurso de casación adolece de fallas de técnica que impiden pronunciarse de fondo; el libelista acusa el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 por aplicación indebida y por falta de aplicación como consecuencia de un error manifiesto de hecho. La censura incurre en error, por lo que no puede

haber una aplicación indebida y una falta de aplicación respecto de la misma norma, pese a que la aplicación indebida supone la observancia del precepto a un supuesto de hecho no regulado por ella, y la falta de aplicación, que en realidad seria la infracción directa, supone que el sentenciador no aplicó la norma. Menciona, que existen otros motivos que conducen al cargo al fracaso; el Tribunal restó periodos que se encontraban con cotizaciones simultáneas y sumó unos periodos que encontró con mora. Del análisis realizado el sentenciador concluyó que debían restarse 569 días, por ende, el demandante cotizó 832 semanas y las adicionó con

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Radicación n.° 77147 tiempos de servicios públicos obteniendo un total de 974,57 semanas; el recurrente no logro demostrar que los tiempos no eran simultáneos, por lo que la sentencia quedó incólume. Explica que, no es posible acceder a lo requerido por el recurrente ya que, si se sumaran cotizaciones simultaneas con tiempos de servicio, no sería esto viable, como es bien sabido el Acuerdo 049 de 1990, no permite esta sumatoria, ya que solo se computan semanas efectivamente cotizadas al régimen de prima media. Por último, cita apartes de las sentencias CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 23611, CSJ SL, 23 ag. 2006, rad. 27651, CSJ SL, 19 nov. 2007, rad. 30187 y CSJ SL, 1 mar. 2007, rad. 29805, y menciona que el actor se equivoca al pretender sumar

tiempos de servicios con cotizaciones y tampoco se pueden tener cotizaciones dobles, por lo tanto, el cargo no tiene vocación de prosperar.

VIII. CONSIDERACIONES Le asiste razón al opositor, en cuanto menciona que la demanda de Casación adolece de algunas falencias técnicas, por lo que cabe recordar que esta debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una demanda de esta naturaleza y categoría está sometida en su formulación a una técnica especial y rigurosa que, de no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable imposibilitando el estudio de fondo de los cargos.

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Radicación n.° 77147 Así mismo, en reiteradas oportunidades, ha dicho la Corte, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de las partes les asiste la razón, habida cuenta que la labor de esta Corporación, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el Juez de la apelación, al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir rectamente el conflicto (sentencia CSJ SL14055-2016, reiterada, entre otras, por la providencia SL10092-2017). De igual modo, con relación a los requisitos de forma de la demanda en el recurso extraordinario de casación esta Sala en sentencia CSJ SL8626-2014, sostuvo: Sobre las exigencias de forma de la demanda de casación ha

dicho esta Corte: […] la Corte, una vez más, se siente precisada a expresar, afincada en el sistema constitucional y legal, que la demanda de casación, con la cual se pretende el quiebre de la sentencia impugnada, está sujeta a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Esos precisos requerimientos de técnica se reclaman no por el simple prurito de tributar reverencia a la formalidad, sino porque son consustanciales a la racionalidad del recurso de casación, forman su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. Por esa razón, desde antaño, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que “El cargo ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende” (Sentencia de 18 de abril de 1969. Gaceta Judicial t. CXXX, núms. 2310-2312, p. 377). CSJ SL 17 de May. De 2011, rad. 42037.

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Radicación n.° 77147

En efecto:

1. Alcance de la impugnación.

El recurrente no precisa el alcance de la impugnación, pues si bien señala que se debe casar la sentencia del Tribunal, incurre en la impropiedad de solicitarle a la Sala que, en sede de instancia, la revoque, pues una vez casada o quebrada la sentencia de segundo grado, ella desaparece del espectro jurídico y, por sustracción de materia, no es viable revocarla. Aun en el evento de que se pudiera superar esta falencia al asumir que pretende que se case el fallo de

segundo grado y se confirme el de primera instancia, lo cierto es que ello a nada conduciría, ya que, en la formulación del cargo se incurre en otras irregularidades que no son superables (CSJ SL8546-2017).

2. Respecto del único cargo.

1. En el desarrollo del cargo no señala el sendero por el cual se encamina; si se entendiera que es por la vía indirecta, por los motivos de violación que aduce y toda vez que hace relación a las pruebas, tampoco podría realizarse un estudio de fondo al ataque, pues cuando se pretenden derruir los soportes de hecho sobre los cuales se encuentra sustentado el fallo recurrido, es deber del censor individualizar con precisión las equivocaciones que habría cometido el Tribunal en el terreno netamente fáctico al examinar las pruebas calificadas recaudadas en el curso del debate, explicar por qué dichas falencias tendrían las características de un error de hecho protuberante y manifiesto e identificar los

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Radicación n.° 77147 raciocinios que habrían propiciado un yerro de esa naturaleza y cual habría sido su incidencia en la decisión recurrida; requisitos estos que aquí se omitieron. Frente a los deberes del recurrente cuando un cargo se dirige por la vía indirecta, esta Corporación, en sentencia CSJ SL3556-2019, expuso: Ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles

cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, del 23 de mar. 2001, rad. 15.148). En este caso, el interesado no cumplió con tales requerimientos, pues no concreta los errores de hecho ni individualiza las pruebas indicando si fueron no valoradas o indebidamente apreciadas por el juzgador de segunda instancia y que incidencia tenía ello en la decisión adoptada. Ahora, respecto de esta falencia técnica, este debe ser evidente, como lo recordó recientemente la sala en la decisión CSJ SL518-2020, que reiteró el criterio referente a la vocación que tiene para quebrar la decisión confutada y dijo: Conforme a los mandatos legales y a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, la prosperidad de una acusación dirigida

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Radicación n.° 77147 por la senda indirecta, está supeditada a la demostración de un error de hecho que tenga el carácter de evidente, manifiesto u ostensible, de modo que no se trata de un yerro cualquiera o

intrascendente, sino de uno que incida contundentemente y comporte el desvío del sentido de la decisión en dirección opuesta a la que se hubiera adoptado, de no presentarse el desacierto. Es por lo anterior, que esta Corte ha sido incisiva en cuanto a predicar el respeto por la libertad e independencia de la labor de juzgamiento en las instancias, en atención a lo preceptuado por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y a lo consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, de manera que solo cuando la equivocación del juez de apelaciones se exhiba irracional y desafiante del sentido común y de las reglas de la sana crítica, podrá la Corte rectificar el desafuero, en perspectiva de lograr el imperio del orden jurídico y de reparar el perjuicio irrogado al recurrente (SL4141-2019).

2. En esta acusación, se señalan dos modalidades excluyentes de violación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que son infracción directa y aplicación indebida.

Le asiste razón al opositor, en cuanto a que se equivoca el recurrente al manifestar que el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, se vulneró dada su aplicación indebida e infracción directa por parte del Tribunal, pues estas modalidades de violación suponen diferentes formas de quebrantar la ley, razón por la cual no es dable acumularlas respecto de una misma norma, pues, como ya lo ha explicado esta corporación son disímiles y excluyentes entre sí.

Así, las cosas no es posible que el operador judicial simultáneamente incurra en la infracción directa, modalidad de violación que se produce cuando el sentenciador ignora la existencia de la norma o se rebela contra ella y se niega a

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Radicación n.° 77147 reconocerle validez, en el tiempo o en el espacio y, la aplicación indebida de la misma, que se estructura cuando el juzgador, a pesar de realizar una hermenéutica adecuada de la norma, la utiliza a un hecho no previsto por ella, le hace producir efectos distintos de los contemplados, extralimita el ámbito de su vigencia temporal o simplemente la cercena. Sin embargo, encuentra esta Sala necesario estudiar el caso en concreto, por estar de por medio un derecho fundamental como lo es la seguridad social, por tal motivo se procede a analizar: (i) si el recurrente cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez contemplada en el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990 como beneficiario del régimen de transición; (ii) si el conteo de semanas realizado por el Tribunal, teniendo en cuenta los tiempos simultáneos es correcto o por el contrario erró al realizar dicho análisis. (i) Procede la Sala a recordar, que el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 establece como requisitos para obtener la prestación, tener 60 o más años para los hombres, y una densidad de 500 semanas cotizadas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la misma o 1.000 semanas en cualquier época, bajo el presupuesto que éstas fueran efectivamente aportadas al ISS y en los términos fijados por

sus reglamentos. Además, es necesario precisar que a pesar de que la Corte, había señalado que el Acuerdo 049 de 1990 sólo permitía la contabilización de cotizaciones efectuadas al ISS para determinar la densidad pensional, en la sentencia CSJ

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Radicación n.° 77147 SL1981-2020, reiterada en la sentencia CSJ SL3838-2020, cambió su criterio, permitiendo la acumulación o sumatoria de aportes a otras cajas y de tiempos de servicio al Estado, para garantizar ese derecho prestacional. Asimismo, la Sala de manera reciente mediante la sentencia SL1981-2020 abandonó su criterio mayoritario conforme al cual el Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del régimen de transición, solo permitía sumar cotizaciones realizadas exclusivamente al ISS y, en su reemplazo, adoctrinó que ello sí es posible para efectos de obtener la pensión por vejez prevista en ese reglamento, contabilizando las semanas laboradas en el sector público, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsión social. Por manera que, todos los tiempos laborados, sin distinción al tipo de empleador o sí fueron o no objeto de aportes a pensión, son válidos para efectos pensionales. Así las cosas, se tiene que Alejandro González nació el 5 de abril de 1953, esto quiere decir que tenía 40 años de edad al 1° de abril de 1994, lo que indica que se encontraba cobijado por el régimen de transición y, para el 5 de abril de 2013, cumplió 60 años, acreditando así el requisito de la

edad exigido por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. (ii) Se procedió al análisis de la historia laboral aportada por Colpensiones (f.° 76, cuaderno principal) teniendo en cuenta los tiempos simultáneos, y en dicho estudio se evidencia que el Tribunal no erró al realizar el conteo de las semanas. Pues, se hace referencia a los tiempos simultáneos evidenciados por el Tribunal, de la siguiente manera: […] CIA COL DE ESMALTES LTD 16 - ago - 1973 hasta 03 - sep

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 77147 - 1973 y IND DE MAQUINAS IDEMA LTD 21 - ago - 1973 hasta 14 - dic - 1973; IND DE MAQUINAS IDEMA LTD 21 - may – 1974 hasta 17 - sep – 1974 y CIA COL DE ESMALTES LTD 01 – jun – 1974 hasta 02 - sep – 1974; GOSAL LTDA 17 - dic – 1976 hasta 17 - mar – 1977 y FUMIGADORA TRIUNFO 03 - mar – 1977 hasta 15 - mar – 1977; ATEMPI DEL VALLE LTDA 04 - oct - 1977 hasta 24 - nov - 1977 y E.E.I. DIVITEMP 21 - nov - 1977 hasta 30 - ene - 1978; COBRES DE COLOMBIA S.A. 21 - jul – 1981 hasta 14may – 1982 y SERVI-INDUSTRIAL 21 - jul – 1981 hasta 31 - jul – 1981; SERV Y ASESORIAS DEL VALLE 13 - jul - 1982 hasta 13

• ago - 1982 y MANOS DE CALI LTDA 09 - ago - 1982 hasta 22sep – 1982; SALVAT EDITORES COLOMBIANA 01 - ene – 1985 hasta 31 - mar – 1986 y VASQUEZ Y GUTIERREZ LTDA hasta 27 - ago – 1987

Adicionalmente, se incluye un período de tiempo público con el Ministerio de Defensa que no se evidencia en la historia laboral aportada por Colpensiones, pero sí en los documentos allegados por dicha entidad a folios 11 a 14, cuaderno 2. Semanas Toda 20 Empleador Desde Hasta Días 25/07/2005 Vida Años FCA. LÁMPARAS 04/02/1971 03/06/1971 120 17,14 17,14

FLUORESCENTE IND. DE MÁQUINAS 08/06/1971 06/08/1971 60 8,57 8,57

IDEMA LTDA.

MINISTERIO DE 27/08/1971 30/07/1973 704 100,57 100,57

DEFENSA CÍA COL. DE ESMALTES 16/08/1973 03/09/1973 19 2,71 2,71

LTDA.

IND. DE 21/08/1973 03/09/1973 0 0,00 0,00

MÁQUINAS 04/09/1973 14/12/1973 102 14,57 14,57

IDEMA LTDA. 09/01/1974 15/02/1974 38 5,43 5,43

FUMIGADORA 17/04/1974 14/05/1974 28 4,00 4,00

TRIUNFO IND. DE MÁQUINAS 21/05/1974 17/09/1974 120 17,14 17,14

IDEMA LTDA.

CÍA COL. DE

0,00

ESMALTES 01/06/1974 02/09/1974 0 0,00

LTDA. 23/09/1974 07/03/1975 166 23,71 23,71

MANOS DE CALI 23/04/1975 31/10/1975 192 27,