CSJ - SL1117-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1117-2023 Radicación n.° 90447 Acta 17 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. contra la sentencia proferida el 22 de octubre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, dentro del proceso ordinario laboral que instauró FLOR DEYANIRA POPAYÁN GRIJALBA contra la ARL recurrente y la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO - TRANSTAMBO, trámite al que fue vinculada la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Téngase en cuenta la renuncia al poder que hace el abogado Alberto Pulido Rodríguez, quien venía actuando como apoderado de la entidad recurrente en casación y quien

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 90447 dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 76 del Código General del Proceso.

I. ANTECEDENTES Conforme a la demanda con la cual se dio inicio al presente proceso y su reforma, Flor Deyanira Popayán Grijalba llamó a juicio a Positiva Compañía de Seguros S.A., para que previa declaración de que el accidente ocurrido el 11 de agosto de 2010, en el que perdió la vida su compañero Marco Enrique Pacheco Gómez, es de origen laboral, sea condenada a reconocerle y pagarle la pensión de

sobrevivientes, el retroactivo pensional, los intereses moratorios o en su defecto la indexación de las mesadas pensionales y las costas del proceso. De manera subsidiaria y en el evento de que la citada aseguradora no fuera la obligada a cancelarle la prestación solicitada, pidió que se condenara a la codemandada Cooperativa Integral de Transporte Rápido TamboTranstambo, para que le reconozca y pague la referida pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del causante, las mesadas adicionales de junio y diciembre, los incrementos legales, los intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas. En respaldo de tales pretensiones, en síntesis, relató que convivió con Marco Enrique Pacheco Gómez en unión libre y de manera ininterrumpida durante un periodo superior a los 24 años; que su compañero fue conductor de

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 90447 servicio público del vehículo de su propiedad de placas SML522, adscrito a la Cooperativa Integral de Transporte Rápido Tambo; que el 11 de agosto de 2010, cuando estaba cumpliendo sus funciones de conductor, cubriendo la ruta Tambo - Popayán, fue atacado por un sujeto, quien le propinó varios disparos, causándole de manera inmediata su muerte. Puso de presente que el causante se encontraba afiliado en calidad de conductor, riesgo 4, a la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., desde el mes de mayo de 2010 y que dicha afiliación la hizo por intermedio de la Asociación de Servicios

Integrales y Soluciones Empresariales M&M, vinculación que fue aceptada sin reparo alguno por dicha demandada. Explicó que la citada Asociación realizó los pagos de manera oportuna a la administradora de riesgos laborales convocada al proceso, sin que la ARL hubiera objetado o manifestado inconsistencias en la afiliación o en los pagos. Adujo que esa accionada, en el referido mes de mayo de 2010, diligenció el formulario y relacionó los afiliados, encontrándose dentro de ellos su compañero permanente; por tanto, tenía pleno conocimiento de la actividad y el objeto social de la Asociación de Servicios Integrales y Soluciones Empresariales M&M y de las funciones de conductor que ejercía el causante. Expuso que los integrantes del comité de investigación de accidentes e incidentes laborales de la citada asociación, el 26 de agosto de 2010, radicaron ante Positiva S.A., el informe del accidente laboral ocurrido al señor Pacheco Gómez, e igualmente la ARL, previa visita a la

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 90447 Asociación, diligenció formatos por reporte de accidente mortal de trabajo. Narró que, acaecida la muerte de su compañero, procedió a solicitarle a Positiva S.A., el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la que fue negada mediante comunicación de abril de 2011, argumentando que el trabajador había fallecido prestando sus servicios a una empresa distinta a la que efectuó la afiliación y realizó el pago de los aportes. Esgrimió que, por tal negativa, el 4 julio de 2013

presentó reclamación de reconocimiento pensional a Porvenir S.A., donde se encontraba afiliado su compañero para el cubrimiento de los riesgos de origen común, lo que también se le negó bajo el argumento que, de acuerdo a la calificación de origen por parte del grupo interdisciplinario, se determinó que el siniestro sufrido por Marco Enrique Pacheco Gómez era eminentemente laboral. Sostuvo que el 7 de julio de 2015 y por segunda vez, peticionó a la entidad de seguridad social aquí demandada, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su compañero, la que tuvo igual respuesta que en la primera oportunidad, pues fue reiterada su negativa. Positiva Compañía de Seguros S.A. al dar respuesta a la demanda se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra. En cuanto a los hechos, aceptó los referidos a la

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 90447 fecha en que ocurrió el siniestro, que lo fue el 11 de agosto de 2010, que para tal calenda la Asociación de Servicios Integrales y Soluciones Empresariales M&M había realizado los pagos de los respectivos aportes de manera oportuna a la ARL Positiva S.A., aclarando que el día del infortunio el trabajador se encontraba realizando una actividad para un tercero que no lo tenía afiliado, pues prestaba sus servicios a Transtambo; igualmente dijo que era cierto que la señora Flor Deyanira Girjalba, en dos oportunidades y en calidad de «supuesta compañera permanente» solicitó el pago y reconocimiento de las prestaciones económicas con ocasión

del fallecimiento del señor Pacheco Gómez, las que fueron negadas. En relación a los demás, aseveró que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, argumentó que como ARL no tenía obligación alguna de reconocer la pensión de sobrevivientes por razón del accidente de trabajo sufrido por el causante mientras conducía un vehículo de su propiedad, pero prestándole sus servicios a la Cooperativa Integral de Transporte Rápido Tambo. Explicó que la Asociación de Servicios Integrales y Soluciones Empresariales M&M le puso en conocimiento el siniestro, de ahí que actuando de buena fe tomó el reporte y solicitó a la citada Asociación, como empleadora, que realizara la correspondiente investigación de lo acontecido. Indicó que el 26 de agosto del 2010, los integrantes del comité de investigación de accidentes e incidentes laborales de la Asociación en comento, radicaron el informe del

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 90447 infortunio laboral sufrido por el afiliado. Puso énfasis en que Marco Enrique Pacheco Gómez fungía como empleado dependiente de la Asociación de Servicios Integrales y Soluciones Empresariales M&M, por tal razón, reportado el evento mortal, Positiva S.A. realizó el acompañamiento con la convicción de que los hechos acaecieron bajo la subordinación de ese ente, quien efectuó la afiliación. Destacó que, una vez efectuados los estudios administrativos del caso y la revisión de la investigación radicada, decidió objetar la reclamación y no reconocer las

prestaciones derivadas del siniestro, dado que de la indagación respectiva resultó que para la fecha del accidente el causante se encontraba realizando una actividad para un tercero que no lo tenía afiliado al sistema de riesgos laborales en debida forma. Insistió en que para la data de la ocurrencia del suceso el causante no se encontraba bajo la subordinación del empleador que llevó a cabo la afiliación a la ARL Positiva S.A., sino de Transtambo, quien no lo había inscrito como su trabajador. Añadió que no existía prueba del nexo causal, pues no se acreditó que el hecho se generó por causa o con ocasión del trabajo para el cual fue contratado el asegurado. Propuso las excepciones de mérito que denominó: inexistencia del derecho y de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe de la demandada, enriquecimiento sin justa causa, prescripción y la innominada o genérica.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 90447 A su turno, la Cooperativa Integral de Transportes Rápido Tambo – Transtambo, al dar respuesta al escrito inaugural, se opuso a todas las súplicas incoadas. Respecto de los hechos, manifestó que eran ciertos los referidos a la fecha del accidente y que el vehículo que manejaba el señor Pacheco Gómez, en el que fue abaleado, era de propiedad del conductor, pero estaba afiliado a esta empresa de transporte. Igualmente, admitió que el causante se encontraba asegurado a la ARL Positiva a través de la asociación M&M, lo que está permitido por ley. Frente a los demás supuestos

fácticos, los negó o dijo que no le constaban; y añadió: […] el citado señor lejos de ser un trabajador subordinado de la empresa que represento, el mismo, tenía claramente establecido que se trataba de un trabajador independiente, laborando para su propio beneficio, en vehículo de su propiedad, reconociendo, eventualmente pagos a la empresa por permitir la utilización de las rutas que tenía asignadas, o para que se fuera adjudicado un eventual trayecto dentro de los que la empresa programaba para atender la cobertura de las rutas interdepartamentales que tenía en adjudicación. Este conocimiento del hecho que se afirma se deriva de la circunstancia que la empresa, para permitir la operación de un vehículo en sus rutas en los casos como el del citado señor Pacheco, verificaba que acreditara tener la cobertura al sistema de seguridad social en la calidad que actuaba, es decir, de trabajador independiente. como en efecto lo era. Como razones de defensa, señaló que el objeto de la organización cooperativa era obtener la adjudicación de rutas tanto urbanas como interdepartamentales y nacionales, para la explotación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros, entre otros. Arguyó que, para el desarrollo de esa actividad, se permitía la vinculación comercial de propietarios de

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 90447 vehículos automotores de las especificaciones pertinentes para la cobertura de las rutas que le fueren o le han sido adjudicadas. La vinculación al ente cooperativo se efectúa mediante la suscripción de un contrato comercial, en virtud del cual el cooperado tenía derecho a que previo el

cumplimiento de los requisitos administrativos, se le permitiera el uso de algunas de las rutas asignadas o se programara dentro de alguno de los servicios determinados por la empresa de transporte. Aseveró que Pacheco Gómez se vinculó a la empresa en calidad de propietario, tenedor o poseedor de su vehículo de transporte público colectivo, para que se le permitiera la opción de realizar esta operación en las rutas asignadas a la compañía, previo el cumplimiento de los requisitos administrativos internos establecidos en cada caso por Transtambo, como pagar los derechos, obtener la respectiva tarjeta de operación y convenir el porcentaje de participación en lo recaudado. Especificó que el causante operaba y conducía un vehículo de su propiedad, para su beneficio y explotación propia, reconociendo un porcentaje a la cooperativa de lo recaudado en forma directa o bien pagando los derechos pertinentes, caso en el cual el producido era para su beneficio total. Fuera de estos eventos, el citado propietario y tenedor del vehículo lo explotaba exclusivamente en su propio beneficio. Agregó que, para permitir la conducción del automotor en desarrollo de una actividad convenida con la empresa, en cumplimiento de su deber legal, le requería

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 90447 acreditar la calidad de trabajador independiente asegurado al sistema de seguridad social. Reveló también que para precaver o resolver cualquier litigio, optó por celebrar un contrato de transacción total y definitiva de eventuales derechos laborales inciertos y discutibles, derivados de la conducción del vehículo automotor afiliado a la empresa, así como de las eventuales

responsabilidades que le pudieren corresponder por haber estado, el causante, involucrado en un accidente de tránsito, con las insignias de la empresa, el cual se hizo constar por escrito, por virtud del cual quedó transigido en forma total y definitiva cualquier reclamación. Formuló la excepción previa de cosa juzgada, la que el juez del conocimiento en la audiencia prevista por el artículo 77 del CPTSS la difirió para ser decidida de fondo. Igualmente, propuso los medios exceptivos de inexistencia de los derechos demandados, cobro de lo no debido y prescripción, que sí se formularon como de mérito. El juez de conocimiento, con providencia calendada 27 de junio de 2018, dispuso vincular a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., en calidad de parte pasiva. Esta AFP al dar respuesta a la demanda, se opuso a todas las pretensiones, en cuanto eventualmente la puedan involucrar. Respecto a los hechos, aceptó la fecha en que se produjo el accidente y la reclamación que realizó la actora el 4 de julio de 2013 en calidad de presunta beneficiaria del causante, a fin de que le fuera otorgada la

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 90447 prestación de sobrevivientes, así mismo admitió la negativa a esa solicitud dado que el infortunio era de origen laboral y no común. Sobre los demás, dijo que no le costaban o que no eran ciertos. En su defensa, expresó que el grupo interdisciplinario de calificación de pérdida de la capacidad laboral y origen de Seguros de Vida Alfa S.A. calificó el accidente que sufrió

Marco Enrique Pacheco Gómez como de origen profesional. Así, al tratarse de un riesgo de tal naturaleza, la entidad responsable era la ARL convocada al proceso y no la AFP. Por lo anterior, rechazó la reclamación de la demandante, dado que corresponde a la ARL a la cual se encontraba cotizando el afiliado, reconocer y pagar la respectiva prestación pensional. Enlistó como excepciones las de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de Porvenir S.A., buena fe, incumplimiento de los requisitos legales para acceder al pago de la prestación, que la correcta negación de la solicitud de pensión de sobrevivientes no conlleva condena a intereses moratorios, prescripción y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán, mediante fallo dictado los días 16 y 20 de agosto de 2019,

decidió:

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 90447

Primero: DECLARAR que el hecho violento en el que falleció el asegurado MARCO ENRIQUE PACHECO el 11/08/2010 debe considerarse como un accidente laboral.

Segundo: CONDENAR a la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a asumir en el sistema de riesgos laborales la pensión de sobrevivientes en favor de la señora FLOR DEYANIRA POPAYAN GRIJALBA identificada con la C.C. No. 25.394.991 de El tambo, en su calidad de compañera permanente del asegurado

MARCO ENRIQUE PACHECO GOMEZ fallecido el 11 de agosto de 2010 y en un monto igual al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, sin perjuicio de los reajustes de ley.

Tercero: DECLARAR la prescripción de mesadas pensionales exigibles con anterioridad al 07 /07 /2012.

Cuarto: El valor de las mesadas generadas entre el 07/07/2012 y el 31/07/2019 asciende a la suma de $67.294.184,oo sin perjuicio de las que se acusen a futuro.

Quinto: CONDENAR a la sociedad POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A al pago de los interese de mora de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993 a partir del 07/09/2015 sobre cada mesada pensional adeudada y hasta el momento de su pago efectivo Sexto: NEGAR los efectos de cosa juzgada frente a la transacción llevada a cabo entre la accionante y RAPIDO TAMBO.

Séptimo: Declarar la falta de legitimidad material por pasiva de

la COOPERATIVA DE TRASNPORTE RAPIDO TAMBO Y PROVENIR S.A Octavo: CONDENAR en COSTAS a la parte demandada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. Se estiman las agencias en derecho en una suma igual a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes al pago, que deberá ser cubierta por los demandados en partes iguales, y que será incluida en la liquidación de Costas que se practicará por la Secretaría del Despacho.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de Positiva Compañía de Seguros S.A.,

conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, la cual, con sentencia calendada 22 de

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 90447 octubre de 2020, confirmó la decisión de primer grado y condenó a la ARL a pagar las costas de la alzada. En lo que interesa al recurso de casación, el sentenciador de alzada comenzó por recordar las normas que regulan el sistema de riesgos laborales; igualmente hizo referencia a unas decisiones de la Corte alusivas a la afiliación de los conductores del servicio público de transporte. En seguida y para decidir el caso bajo estudio, puso de presente que la ARL sustentaba su defensa, alegando que no era responsable en el cubrimiento de la pensión de sobrevivientes, en tanto el causante se encontraba afiliado en calidad de trabajador dependiente de la Asociación de Servicios Integrales y Soluciones Empresariales M&M y no de Transtambo, cooperativa para la que estaba laborando el día en que ocurrió su muerte. Explicó que Positiva S.A. faltó a su deber de probar dicha afirmación de manera idónea, pues no aportó la copia del formulario de afiliación que esa entidad le debió presentar en su momento, a pesar de ser un documento que reposa en su poder. No obstante, advirtió que de las pruebas documentales allegadas al plenario, contrario a lo afirmado por la ARL, el causante no se encontraba afiliado como trabajador dependiente de la Asociación de Servicios Integrales y Soluciones Empresariales M&M, sino en calidad de asociado,

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 90447 así lo advirtió del oficio radicado el 26 de agosto de 2010, con el cual dicha Asociación le entrega a Positiva Compañía de Seguros S.A. los documentos de la investigación del accidente de trabajo del señor Marco Enrique Pacheco Gómez (f.° 11 a 13), en la que relaciona la fotocopia del convenio asociado, que confirma que en realidad se trataba de un trabajador asegurado como independiente. Puntualizó que tal hecho se confirmaba con la certificación expedida por dicha Asociación, que señala que el causante estuvo afiliado a los subsistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y efectuó aportes a la EPS Saludcoop, AFP Porvenir S.A. y ARL Positiva S.A., riesgo 4, en calidad de cotizante independiente (f.° 2). Indicó que si en el presente asunto la ARL no adelantó todas las gestiones necesarias para limitar la cobertura que asumiría con la afiliación del señor Pacheco Gómez, en calidad de trabajador independiente, como miembro de la citada Asociación, no podía ahora intentar exonerarse de la responsabilidad derivada de un riesgo que, de acuerdo con las pruebas y normas referidas, hace parte de una afiliación válida que la ARL aceptó sin reparo alguno, en virtud de la cual recibió sin miramiento u objeción alguna los pagos de las cotizaciones efectuadas por el conductor. Afirmó que el causante fue afiliado y asegurado para cubrir los riesgos propios de su actividad de conductor,

riesgo 4, es decir, con un nivel de riesgo alto, de conformidad con el artículo 26 del Decreto 1295 de 1994. Así lo constató

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 90447 en el reporte de radicación de afiliación efectuado el 5 de mayo de 2010 a la ARL Positiva S.A, en el que se observa que la base de cotización era equivalente a un salario mínimo legal vigente para 2010 con una tarifa 4.35, la que conforme a la tabla de cotizaciones mínimas y máximas, establecida en el artículo 13 del Decreto 1772 de 1994, corresponde al valor mínimo para la cotización por riesgo IV, en el que se encuentra el transporte de acuerdo a la clasificación de las actividades económicas para el sistema de riesgos laborales definida en el artículo 28 del Decreto 1295 de 1994, modificado por el Decreto 1607 de 2002. Infirió que la actividad reportada al subsistema de riesgos laborales fue la de conductor, como se señaló en los informes de incidentes y accidentes de trabajo, en el informe del comité de investigación del infortunio, en el documento mediante el cual Positiva S.A. objetó la reclamación y en los interrogatorios de la demandante y el Representante Legal de la cooperativa de transporte demandada. Puso de presente que el argumento de que existió una irregularidad en la afiliación, como lo pretendía hacer ver la ARL, indicando que el verdadero empleador era la Cooperativa Integral de Transporte Rápido Tambo, no resultaba demostrado; pues el hecho de que el vehículo en el

que sufrió el evento mortal Marco Enrique Pacheco Gómez, estuviera vinculado a ese ente cooperado, por sí solo, no permite concluir de manera objetiva que fuera su empleadora, pues, como lo tiene definido la jurisprudencia, los propietarios de los vehículos que presten sus servicios a

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 90447 empresas de transporte público, también pueden hacerlo como contratistas independientes. Expuso que, si bien la ARL invoca la presunción legal de los artículos 36 de la Ley 336 de 1996 y 15 de la Ley 15 de 1959, el ad quem consideró que, dado que en el causante concurrían las calidades a la vez de conductor y propietario del vehículo vinculado a Transtambo, su situación no podía analizarse de la misma manera que en aquellos eventos en los que se trata de un mero conductor. Especificó que como lo ha indicado la jurisprudencia, su correcto entendimiento permite que la presunción del contrato de trabajo pueda ser desvirtuada ante la inexistencia de alguno de los elementos esenciales consagrados en el artículo 23 del CST., como ocurría en el caso objeto de análisis, en el que se halló acreditado que Marco Enrique Pacheco Gómez tuvo la calidad de asociado a la Cooperativa Integral de Transporte Rápido Tambo – Transtambo desde el «21 de enero de 2002» hasta el 11 de agosto de 2010, fecha de su fallecimiento. Que conforme al contrato de vinculación de la buseta de su propiedad distinguida con placas SML522, número interno 7340, se tenía como finalidad la de prestar el servicio público de

transporte terrestre automotor de pasajeros. Estimó que el parágrafo del numeral 15, literal A) de la cláusula cuarta del contrato de vinculación del vehículo, contemplaba la situación anteriormente descrita y determina que, si el asociado a la cooperativa operaba personalmente

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 90447 su vehículo, es decir, si tenía la calidad de conductor y propietario del automotor, debería cumplir con la obligación de afiliarse como independiente y realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (f.° 222 a 227). Cláusula que guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 336 de 1996, pues allí se les obligó a las empresas de transporte público a vigilar y constatar que los conductores, al margen de si su vinculación fuera subordinada o no, estuvieran efectivamente afiliados a la seguridad social. Destacó que tanto los interrogatorios de la demandante y del representante legal de Transtambo, como los testimonios de los jefes de talento humano y del área jurídica de esa entidad, fueron coincidentes al señalar que el causante no tenía la calidad de subordinado de la empresa de transporte. De igual forma, en la contestación de la demanda la cooperativa indica que el señor Marco Enrique Pacheco operaba y conducía el vehículo de su propiedad para su beneficio y explotación propia. Coligió que el causante en verdad era un trabajador independiente que, frente al Subsistema de Riesgos Profesionales tenía la calidad de un afiliado voluntario, dado que aún no se encontraba vigente la Ley 1562 de 2012.

Infirió que, por el hecho de que el señor Pacheco Gómez operara personalmente el vehículo de su propiedad, vinculado a la empresa de servicio de transporte público, tenía la obligación de afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral, lo cual cumplió por intermedio de la Asociación de

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 90447 Servicios Integrales y Soluciones Empresariales M&M, a través de la figura de la «afiliación colectiva de trabajadores independientes», lo que es válido, pues así lo permite la ley. Concluyó que, según el Informe de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo elaborado por la ARL y el escrito mediante el cual objetó la reclamación, no había reparo alguno de que para el momento del accidente el causante se encontraba realizando su labor habitual de conductor (f.° 7 a 10, 14 a 17), surgiendo para la administradora de riesgos laborales la responsabilidad objetiva de asumir el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes reclamada por la demandante como beneficiaria del afiliado fallecido. Teniendo en cuenta lo anterior, confirmó la decisión de primer grado al igual que la cancelación de los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Positiva Compañía de Seguros S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Busca que esta corporación case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 90447 en su integridad la decisión condenatoria de primer grado, para en su lugar, la absuelva de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra. Con tal propósito formula un cargo, frente al cual no hay réplica y a continuación la Sala procede a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Dice que la sentencia recurrida es violatoria por la vía directa en la interpretación errónea de los artículos 36 de la Ley 336 de 1996 y 14 del Decreto 3422 de 2009, compilado en el artículo 2.2.1.2.2.2.2 del Decreto 1079 de 2015, violación que llevó al Tribunal a la infracción directa de los artículos 4, 13, 21 y 91 del Decreto Ley 1295 de 1994.

En la demostración del cargo expone que no discute los supuestos fácticos que dio por acreditados el fallador de segundo grado, en particular que el accidente en el que perdió la vida Marco Pacheco, ocurrido el 11 de agosto de 2010, es de origen laboral. Explica que no comparte es el entendimiento dado por el ad quem al artículo 36 de la Ley 336 de 1996, toda vez que, esta disposición señala que los conductores de vehículos de servicio público, obligatoriamente deben ser contratados directamente por la empresa de transporte, disposición que está en armonía con lo previsto por el artículo 14 del Decreto 3422 de 2009, compilado en el artículo 2.2.1.2.2.2.2 del Decreto 1079 de 2015. Trascribe tales disposiciones.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 90447 En ese orden de ideas, sostiene: […] el error que se endilga al Tribunal, es haber concluido que la obligación establecida legalmente, de manera expresa y sin lugar a equívocos, respecto a la vinculación contractual laboral de los conductores de servicio público, desaparece so pretexto de entender que si las calidades de conductor y propietario confluyen en una misma persona, desaparece la referida obligación de la empresa de trasporte público, obligación impuesta por el legislador y reglamentada por el ejecutivo, que tienen por finalidad la garantía de los derechos laborales de los trabajadores (conductores) de este gremio. Así las cosas, el Tribunal comete grueso error al interpretar que el artículo 36 de la Ley 336 de 1996 solo aplica cuando el conductor del vehículo de transporte público no es el propietario de este, pues si es el propietario no se consolida la relación de laboralidad y, por ende, no es aplicable la norma. Luego asevera que el sentenciador de segundo grado le dio un alcance normativo equivocado al referido artículo 36, pues de su lectura y su espíritu no es posible concluir que, si el conductor del vehículo de transporte público es el propietario, tal circunstancia, automáticamente se constituye en una excepción a la obligación de contratación subordinada por parte de la empresa transportadora que se beneficiaba de sus servicios. Esgrime que la norma en comento establece que dicho conductor, sin importar su calidad, debe contar con un vínculo laboral y directo con la empresa de transporte, además es una garantía para los conductores de servicio

público, pues con ello garantizan la prestación del servicio público de transporte, bajo condiciones de seguridad, calidad y legalidad.

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 90447 Manifiesta que la errada interpretación efectuada por el juez plural conllevó la inaplicación del artículo 4 del Decreto Ley 1295 de 1994. Sumado a ello, desconoce el literal a) del numeral 1 del artículo 13 del Decreto Ley 1295 de 1994, norma vigente en el momento de la ocurrencia del infortunio, que de igual forma y como complemento a las normas antes señaladas, el Tribunal también inaplica los literales a) y b) del artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, los cuales establecen las obligaciones de afiliar a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social y efectuar las respectivas cotizaciones. Explica que solo la afiliación a riesgos laborales por parte de los empleadores, como generadores del riesgo, conlleva la responsabilidad del Sistema en cuanto la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales en el marco de las relaciones de trabajo. De no darse este nexo causal, no es posible atribuir responsabilidad a la ARL. Considera que los efectos de la cobertura no se pueden extender a riesgos generados por empresas que no cumplieron las normas de contratación laboral y afiliación en legal forma, pues fue previendo dichas situaciones, que el legislador estableció expresamente la responsabilidad de los empleadores ante la ocurrencia de un accidente laboral no asegurado, lo que est