CSJ - SL1118-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1118-2023 Radicación n.° 92335 Acta 17 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LUIS FRANCISCO SOTO TRIANA contra la sentencia proferida el 2 de junio de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la

CLÍNICA SANTA SOFIA DEL PACÍFICO LTDA.

I. ANTECEDENTES Luis Francisco Soto Triana llamó a juicio a la Clínica Santa Sofia del Pacífico Ltda., con el fin de que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual se desarrolló del 1 de julio de 2012 al 30 de septiembre de 2015.

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Radicación n.° 92335 Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condene a la accionada al pago de las prestaciones sociales y vacaciones, al reembolso de las sumas sufragadas por el accionante al sistema de seguridad social integral, las horas extras, las sanciones ante la no consignación del auxilio de cesantías y por el no pago de sus intereses, la indemnización moratoria, la indexación y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 1 de julio de 2012, a través de un contrato denominado de prestación de servicios, que en realidad era de índole laboral, comenzó a trabajar para la demandada como médico general;

que tenía un horario, el cual era fijado por la convocada a juicio; que estaba subordinado, ya que acataba órdenes e instrucciones; que debía presentar cuentas de cobro; que los implementos de trabajo le eran suministrados por la misma clínica; y que el nexo contractual finalizó el 30 de septiembre de 2015 por decisión unilateral y sin justa causa de su empleadora. Adujo que asumió el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral por exigirlo así la clínica; que su último salario correspondió a la suma mensual de $9.800.000; que no le fueron canceladas las prestaciones sociales, vacaciones, ni las horas extras y recargos nocturnos; y que al momento de culminar el vínculo contractual no se dio cumplimiento a lo previsto en el parágrafo del artículo 65 del CST.

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Radicación n.° 92335 Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que el accionante se vinculó mediante un contrato de prestación de servicios el 1 de julio de 2012 y que debía presentar cuentas de cobro para el pago de sus honorarios; y de los restantes dijo que no eran ciertos. En su defensa, alegó que el actor cumplía su actividad de forma autónoma e independiente; por tanto, no existió relación laboral, además que el accionante establecía su propio horario y que la sociedad actuó de buena fe. Propuso como excepciones las de inexistencia de los elementos que constituyen el contrato de trabajo, buena fe, inexistencia de la obligación, prescripción y la genérica.

Mediante auto del 18 de julio de 2018, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura acumuló el proceso existente entre las mismas partes y del cual conocía el Juzgado Primero Laboral de ese Circuito, bajo el radicado 2016-00232. En el referido juicio, se solicitó el pago de iguales condenas, pero por el periodo comprendido entre el 3 de marzo y el 31 de mayo de 2016; y como soporte para esos pedimentos se esgrimieron similares hechos, con la diferencia en sus extremos temporales. La accionada al contestar esa demanda se opuso a las súplicas y, frente a los supuestos fácticos, aceptó la

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Radicación n.° 92335 existencia de un contrato de prestación de servicios y la fecha de finalización, los restantes los negó. Como razones de defensa, esgrimió que entre las partes no se desarrolló un contrato laboral; que al accionante no se le impartían órdenes; y que era autónomo, ya que él fijaba su propio horario o turno para cumplir sus actividades, al punto que un mes sus honorarios eran de $186.000 y en otro $8.736.000. Formuló como excepción previa la de pleito pendiente; y como de fondo las de inexistencia de los elementos que constituyen el contrato de trabajo, pleito pendiente, buena fe, inexistencia de la obligación, prescripción y la genérica. Es de precisar que la excepción previa tenía como soporte el proceso seguido ante el juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, y no se resolvió en tanto la acumulación del proceso ya se había surtido con antelación

a la práctica de la audiencia consagrada en el artículo 77 del CPTSS.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, mediante fallo del 7 de mayo de 2019, resolvió: PRIMERO. -DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de fondo presentadas por la parte demandada, por lo expuesto, incluyendo la de prescripción respecto del PRIMER CONTRATO; y

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Radicación n.° 92335 DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción, respecto de aquellas acreencias causadas con anterioridad al 6 de diciembre de 2013, inclusive, para el SEGUNDO CONTRATO. Así mismo, DECLARAR no prosperas las tachas de los testigos, formuladas por la demandada CLÍNICA

SANTA SOFIA.

SEGUNDO. -DECLARAR que entre el señor LUIS FRANCISCO SOTO TRIANA y la CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA., existió un contrato de trabajo realidad entre el 01 de julio de 2012 y el 30 de septiembre de 2015, en forma ininterrumpida, bajo la modalidad de término indefinido. TERCERO. -DECLARAR que entre el señor LUIS FRANCISCO SOTO TRIANA y la CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA., existió un contrato de trabajo realidad entre el 03 de marzo de 2016 y el 31 de mayo del mismo año, en forma ininterrumpida, bajo la modalidad de término indefinido. CUARTO. -CONDENAR a la CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA., a reconocer y pagar al señor LUIS FRANCISCO

SOTO TRIANA, de condiciones civiles conocidas en autos, las siguientes sumas de dinero, las que le corresponden por el

PRIMER CONTRATO:

Cesantías $16.901.256 Interés sobre las cesantías + sanción $ 3.259.487 Prima de servicios $12.084.024 Vacaciones $ 6.054.703 Sanción art. 99 Ley 50 de 1990 $79.933.950 QUINTO. -CONDENAR a la CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA., a reconocer y pagar al señor LUIS FRANCISCO SOTO TRIANA, de condiciones civiles conocidas en autos, las siguientes sumas de dinero, las que le corresponden por el

SEGUNDO CONTRATO:

Cesantías $1.110.015 Interés sobre las cesantías + sanción $ 65.860 Prima de servicios $ 110.015 Vacaciones $ 555.007 SEXTO. -CONDENAR a la CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA., representada legalmente por DANIEL PARRA LIZCANO o por quien haga sus veces, a pagar a LUIS FRANCISCO SOTO TRIANA, a título de INDEMNIZACIÓN MORATORIA prevista en el numeral 1º Art. 65 C.S.T., por el contrato que va del 01 de julio de 2012 al 30 de septiembre de 2015, a razón de $162.406,00 de salario diarios, durante 24 meses a partir del 01 de octubre de 2015 y hasta el 30 de septiembre de 2017, la suma de CIENTO

DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL

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Radicación n.° 92335

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($116.932.368,00); y a partir del mes 25, el 01 de octubre de 2017, la demandada deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera y hasta cuando se verifique el pago total de las CESANTÍAS, INTERESES A LAS CESANTÍAS Y PRIMAS DE SERVICIOS, que aquí se condenó. SÉPTIMO. -CONDENAR a la CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA., representada legalmente por DANIEL PARRA LIZCANO o por quien haga sus veces, a pagar a LUIS FRANCISCO SOTO TRIANA, a título de INDEMNIZACIÓN MORATORIA prevista en el numeral 1º Art. 65 C.S.T., por el contrato que va del 03 de marzo de 2016 al 31 de mayo del mismo año, a razón de $149.665,00 de salario diario, durante 24 meses a partir del 01 de junio de 2016 y hasta el 31 de mayo de 2018, la suma de CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($107.758.728,00); y a partir del mes 25, el 01 de junio de 2018, la demandada deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera y hasta cuando se verifique el pago total de las CESANTIAS, INTERESES A LAS CESANTÍAS y PRIMAS DE SERVICIOS, que aquí se condenó.

OCTAVO. -CONDENAR a la CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA., representada legalmente por DANIEL PARRA LIZCANO o por quien haga sus veces, a pagar a LUIS FRANCISCO SOTO TRIANA, la INDEXACIÓN de la suma ordenada en este proveído por concepto de compensación en dinero de las

VACACIONES.

NOVENO. -ABSOLVER a la CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA., de las demás pretensiones invocadas en la demanda por LUIS FRANCISCO SOTO TRIANA. DÉCIMO. -COSTAS a cargo de la parte demandada CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA. Liquídense por Secretaría en el momento procesal oportuno.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, con sentencia del 2 de junio de

2021, resolvió:

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Radicación n.° 92335

PRIMERO: REVOCAR las condenas por indemnización del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, contenida en el numeral CUARTO y por la indemnización del artículo 65 del CST dispuesta en los numerales SEXTO Y SEPTIMO de la sentencia proferida el 7 de mayo de 2019 por el JUZGADO 2º LABORAL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA dentro del proceso donde es demandante el doctor LUIS FRANCISCO SOTO TRIANA y demandada la CLÍNICA SANTA SOFIA DEL PACÍFICO, al que le fue acumulado el tramitado bajo radicado 76-109-31-05-0012016-00232-00, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, se confirman las indicas en primera instancia.

El juez plural adujo que le correspondía resolver si entre las partes existió un contrato de trabajo realidad; y si procedían el pago de horas extras, junto con las prestaciones sociales. Luego, con apoyo en la sentencia CSJ SL1021-2018, se refirió de manera general al trabajo subordinado en las profesiones liberales; y frente a las inconformidades de la demandada expresó lo siguiente: Ahora de acuerdo con el recurso planteado, que el actor reconociera que había cedido el turno a varios colegas y que tal pago era realizado por este, lo que según la recurrente contradice la certificación por la cual el a quo fundamento su decisión, implica tener en cuenta de acuerdo con el interrogatorio enunciado en audiencia del 24/10/18 al demandante (min. 42:50 y sig.) que allí se expresó que existieron médicos que realizaron jornadas que inicialmente debía cumplir el actor, que sí tuvo cambio de turnos, los que fueron pagados directamente por el médico que hacia el cambio o en su defecto se hacía por autorización de la coordinadora médica y ahí no se cancelaba, que previamente se debía informar a tal coordinación y que había horas fijas que se debían cumplirse (min. 45:59, 48:47 y sig.), interrogatorio de parte que frente a lo planteado en la certificación a folio 16, no permite desvirtuar lo concluido por el

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Radicación n.° 92335 a quo en cuanto a la prestación personal del servicio, pues se trata de un documento emitido por la misma entidad demandada que mantenía el control de la actividad desarrollada por el demandante en cuanto era deudora de este, de lo cual no es posible desvirtuar tal prestación personal del servicio por temporadas como tampoco por días o jornadas frente a lo asentado en la certificación, documento que cuenta con una incidencia probatoria dentro de los conflictos en la declaración del contrato de trabajo (Cas. Lab. Sent. SL14019-2017) si del interrogatorio de parte también se entiende que los cambios de turnos eran con conocimiento de la coordinación médica de la referida institución, la que a través del recurso nada dice que fuera el médico demandante el autorizado por los respectivos entes de control en salud para prestar los servicios de salud y no la Clínica demandada, como tampoco desvirtuar los extremos declarados, el que meses adicionales no fueran incluidos en la demanda. Razonó que no procedía la tacha de testigos y se refirió a las declaraciones de Yuley Sugey Cortés, quien prestó sus servicios para la accionada como coordinadora, pero no estaba vinculada directamente, sino a través de una empresa de servicios temporales, Víctor Hernán Cuero Rosero, Alma Oliva García Palacios y Claudia Patricia Olave Caicedo, de cuyas versiones concluyó que el demandante estaba sometido a la organización y estructura de la accionada, quien ejercía un control frente a su asistencia a la clínica; resaltando la colegiatura que «por lo menos a partir del año 2015» el accionante tuvo otra vinculación con la empresa, la

cual era «reconocida bajo nómina, esto es bajo contrato de trabajo, como lo informa la última deponente», quien dijo que «a partir de 2015 que el actor laboró en dos secuencias, bajo contrato por nómina y otra por OPS, se comprende orden de prestación de servicios». Pasó a analizar si debía reconocerse el trabajo suplementario que reclamó el promotor del proceso, empero,

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Radicación n.° 92335 consideró que no existía certeza frente a su causación e individualización, sin que fuera viable realizar algún tipo de aproximación. Se ocupó de las condenas por moratorias impuestas conforme a los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, y consideró que resultaban improcedentes por cuanto la demandada actuó con el firme convencimiento de que no existía relación laboral en los periodos reclamados, para lo cual argumentó: […] se hace imposible la fijación de indemnizaciones del artículo 65 del CST, pues dentro de la profunda convicción de no adeudarse este valor, aquel concepto que da forma a la buena fe del empleador para exonerarse de tal pago sancionatorio, se encuentre que bajo la razón del dicho en el testimonio de la doctora CLAUDIA PATRICIA OLAVE, tanto por su cargo directivo como por ser la encargada de hacer la propuesta de vinculación laboral al actor para otra secuencia o turno como profesional médico, a este se le reconociera el contrato de trabajo, lo que podría ser a través de empresas temporales de servicio, pues recuérdese que del testimonio de la señora YULEY SUGEY

CORTES fue otra modalidad utilizada por la pasiva, por ejemplo en citación de la vinculación de la coordinadora médica, siendo lo relevante que no es posible evidenciar que la subordinación entre las mismas partes pueda implicar o derive en diferentes contratos de trabajo, pues un efecto de aquella es que los cambios en la modalidad de prestación, rotación de áreas, horarios o turnos dispuestos, son una facultad que la describe conforme el numeral 2 artículo 23 del CST, diferente es que de acuerdo al artículo 25 de este cuerpo normativo en la realidad un trabajador pudiera mantener otro contrato o relación jurídica no subordinada con su empleador, pero tratándose del mismo tipo de servicio personal y partes no es dable la conclusión que se puedan causar separadamente o en forma duplicada diferentes indemnizaciones sancionatorias derivadas de las mismas normas, entre las mismas partes del contrato de trabajo. Ante lo no expuesto en la demanda, se vino a conocer en el trámite de la primera instancia a través del testimonio, que el actor también tuvo vinculación para la prestación de servicio en beneficio de la demandada, por otros horarios, turnos o secuencias, de orden laboral, resulta atendible que la pasiva

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Radicación n.° 92335 supusiera que en distinción a la vinculación laboral que tuvo el actor y se reconoció como trabajador en misión, la presente relación surgida entre las partes como un contrato de prestación de servicios, le supusiera a la Clínica que era un contrato de tal naturaleza el que estaba ejecutando, a tal convencimiento de la pasiva y conclusión que en este análisis se efectúa contribuye la parte actora al no integrar en el presente litigio hechos acerca de

las diferentes vinculaciones que tuvo el actor, como la que se cita en testimonial a través de empresas de servicios temporales, pues la subordinación que se descubre en el presente proceso, conlleva que entre las mismas partes solo pueda existir una relación de trabajo, más si los extremos temporales tienen algún grado de intersección, sin que el horario, servicio o turnos sean suficientes para entender que la contratación laboral pueda escindirse, pues tales asignaciones se itera en servicio, horarios o turnos son efectos de una sola potestad que se engloba en la institucionalidad de la subordinación laboral. Debe precisarse que si bien pueden existir reclamos diferentes, estos no tienen tampoco la potestad de acumular sobre sí mismas o en relación a otras de estirpe sancionatorias, indemnizaciones que no tienen tal característica acumulativa en ejemplo nodal la indemnización del artículo 65 del CST no se contabiliza separadamente por cada monto, periodo, tipo de prestación, salario o cotizaciones al SGSS que no se solventen a la terminación del contrato de trabajo, sino que esta, como una sola persiste tan solo porque se adeude alguna de las obligaciones laborales insatisfechas que son premisa para su causación. Estructuración según lo descrito acerca de la excepción de buena fe que no permite la condena sobre las indemnizaciones del artículo 65 del CST y 99.3 de la Ley 50 de 1990, contenida en los numerales Cuarto, Sexto y Séptimo de la sentencia emitida el 7 de mayo de 2019 por el JUZGADO 2º LABORAL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA, la que se

confirmara en lo demás. Tal situación se reafirma y puede precisarse, con la demanda asignada por reparto al JUZGADO 3º LABORAL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA en radicado: 76-109-31-05-003-201600248-00 (el informe sobre el expediente fue requerido antes de la regulación bajo el Decreto 806 de 2020), que menciona la vinculación del actor en beneficio de la demandada a través de SOLASERVIS S.A.S. del 5/02/15 al 18/08/15.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Sala case parcialmente la sentencia de segundo grado, en cuanto «revocó las condenas por indemnización del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, contenida en el numeral CUARTO y por la indemnización del artículo 65 del C.S.T. dispuesta en los numerales SEXTO y SÉPTIMO de la sentencia» y, en sede de instancia, confirme la decisión del a quo.

Con tal propósito, formula dos cargos, los cuales son replicados por la demandada, y serán estudiados en forma conjunta, pues pese que se dirigen por diferentes sendas, denuncian similar elenco normativo, persiguen la misma finalidad y las sustentaciones se complementan entre sí.

VI. CARGO PRIMERO Se encuentra propuesto así: Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la Ley

sustancial por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA de los artículos 65 del CST reformado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, y 99 numeral 3° de la Ley 50 de 1990, en armonía con los artículos 53 y 83 de la CN; y el numeral 2° del artículo 23 del CST, modificado por el 1° de la Ley 50 de 1990, en concordancia con el Art. 83 de la Carta Superior. En la demostración del cargo, la censura expone que, conforme lo tiene definido la jurisprudencia, la indemnización y sanción moratorias no proceden de forma automática, toda vez que es necesario examinar las razones esgrimidas por el empleador para no consignar el auxilio de

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Radicación n.° 92335 cesantía y no cancelar los salarios y prestaciones sociales al momento de finalizar el nexo. Reproduce un aparte de una sentencia CSJ SL, 18 sep. 1995, de la cual no indica la radicación, y afirma que la buena fe equivale a obrar con lealtad y rectitud, de allí que en el evento de que se encuentre acreditada, resulta dable exonerar al demandado incumplido, por tener el convencimiento, debidamente fundado y razonado, de no deber suma alguna. Empero, destaca que esa buena fe no se configura con la simple negación de la relación laboral; y que en el presente asunto «analizado el acervo probatorio» lo que se desprende es el uso abusivo del contrato de prestación de servicios, el cual se prolongó en el tiempo y tuvo como finalidad encubrir

un vínculo de trabajo, de modo que hubo un actuar de mala fe. Transcribe un aparte de las sentencias CSJ SL, 7 dic. 2010, rad. 38822 y CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 39186; y asevera que el juez de segundo grado desvió la correcta intelección de las normas denunciadas, en tanto «no ahondó en la existencia de una convicción insuperable para sondar de verdad la operancia de la buena fe exenta de culpa, sino que fincó su decisión a una convicción aparente del obrar de la parte pasiva». Reitera que la sola negativa de la existencia de una relación laboral no exonera del pago de las sanciones

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Radicación n.° 92335 moratorias solicitadas, además que en este caso hubo un actuar subordinado del actor, por ello no resultaba viable estimar un convencimiento del empleador demandado, en el sentido de que el nexo que los unía no era laboral. Indica que la duración del vínculo contractual no tiene relevancia para definir la procedencia de la indemnización reclamada, en tanto, itera, lo que se analiza es la buena o mala fe, y en apoyo de ese razonamiento cita un aparte de la sentencia CSJ SL587-2013. Expone que, si para el ad quem de las pruebas allegadas se desprendía la presencia de una relación laboral, no era viable negar la procedencia de la indemnización y sanción solicitadas, fundado en un actuar de buena fe de la convocada a juicio con la «sola negativa de la existencia del contrato» y, menos aún, acudir a la «corta duración del

contrato de trabajo» para soportar su decisión; y agrega: Y es que lo que se indica es que la sindéresis que corresponde en este evento es la verificación de buena o mala fe del Empleador; en contraposición el Tribunal discurrió un sendero extraño, exótico, inesperado, confuso y farragoso, pues discurrió acerca de la configuración de varias relaciones laborales entre las partes y sobre la imposibilidad de acumular sanciones moratorias y que ello era suficiente para generar convicción de la validez del acuerdo bajo la modalidad civil de Prestación de Servicios, pero omitió de verdad el análisis de la probidad, lealtad y el ánimo sinceró de honrar las normas laborales, que se debe ejecutar en este tipo de eventos. Es decir, en puridad no se realizó juicio de adecuación de buena o mala fe, como correspondía en este caso, sino que trasegó el Juez Colegiado sobre la posibilidad de acumular o sumar sanciones por mora, sin precisar si procedía alguna de las deprecadas, de manera sucesiva o alternativa, esto, teniendo en cuenta que la sanción por no consignación de cesantías opera en vigencia del contrato y, aquella del Art. 65 del CST se da con

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Radicación n.° 92335 posteridad a su terminación, lo que implica un ejercicio hermenéutico basado en dichos momentos del contrato, lo cual, insístase se omitió, so pretexto de un análisis por demás inteligible de la existencia de sucesivas relaciones laborales, que no venían al caso. […] Fluye entonces, que si el Tribunal concluyó o estimó que de la

prueba documental y testifical presentada quedaba en claro la existencia del vínculo de carácter laboral, al igual que la subordinación jurídica, lo que el accionado no logró desvirtuar por cuanto sabía que estaba al frente de una relación laboral y no civil o comercial, como fingió entender, ello, a la luz de la jurisprudencia que se ha dictado sobre la materia desquebraja cualquier atisbo de convicción invencible de la presencia de un contrato de prestación de servicios, por lo que resulta evidente la contradicción del Tribunal al haber omitió el estudio debido sobre la ocurrencia de la mala fe, lo que hace viable la imposición de las sanciones por falta de consignación de cesantías y por falta de pago de salarios y prestaciones.

VII. LA RÉPLICA La sociedad demandada se opone a la prosperidad del ataque, para lo cual aduce que la censura, pese a que dirige el cargo por la vía directa, efectúa razonamientos de índole probatorios.

Añade que el Tribunal estimó la improcedencia de estas súplicas, al razonar que «no pueden haber dos contratos de trabajo con el mismo empleador que permitan la acumulación de sanciones moratorias», pero no realizó exégesis alguna de las normas que se denuncian, de modo que no puede considerarse que incurrió en el submotivo de interpretación errónea y que, en todo caso, la parte recurrente no expone cuál es el verdadero sentido de las disposiciones denunciadas.

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VIII. CARGO SEGUNDO

Es propuesto de la siguiente manera: Acusó la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida y por violación de medio, los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, Arts. 25, 25A 66 y 66A del C. de P. L., en armonía con los artículos 281 del C.G.P., además de los siguientes preceptos sustantivos: artículos 65 del CST reformado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, y 99 numeral 3° de la Ley 50 de 1990, en armonía con los artículos 53 y 83 de la CN; y el numeral 2° del artículo 23 del CST, modificado por el 1° de la Ley 50 de 1990, en concordancia con el Art. 83 de la Carta Superior. Señala que el ad quem incurrió en los siguientes errores fácticos:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. obro de mala fe, por lo que era procedente la condena por sanción moratoria.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. obro de buena fe.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la suscripción de varios contratos entre las partes generaba la convicción de obrar acorde a la ley a través de la suscripción de un contrato de prestación de servicios.

4. No Dar por demostrado, estándolo, que la suscripción de varios contratos entre las partes es prueba de fraude a la Ley y mala fe.

5. Dar por Demostrado, sin estarlo, que la suscripción de diferentes relaciones contractuales imposibilita la imposición de la sanción por mora anhelada.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el señor SOTO TRIANA no obró con autonomía ante en la fijación de su disponibilidad de tiempo para prestar el servicio.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. tenía una convicción razonable al considerar que efectivamente se ejecutó un contrato civil.

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8. No dar por demostrado, estándolo, que la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. no tenía una convicción razonable para considerar que efectivamente se ejecutó un contrato civil, cuando en verdad era laboral.

(Negrillas propias del texto) Expone que los anteriores yerros fueron producto de la equivocada apreciación de: i) la demanda con la cual se inició el presente juicio (radicado 2016-00238), en la que se reclamó que se declarara la existencia de un contrato de trabajo del 1 de julio de 2012 al 30 de septiembre de 2015; ii) el escrito inaugural que provenía de la acción instaurada ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura (radicado 2016-00232), en el cual se solicitó que se estableciera un nexo de trabajo del 3 de marzo al 31 de mayo de 2016; y iii) otro escrito de acción que dio lugar al proceso que se sigue bajo el radicado 2016-00248, donde el

aquí demandante solicita que se declare un contrato laboral del 5 de febrero al 18 de agosto de 2015. Y denuncia que se dejó de apreciar los comprobantes de egresos (f.° 92 a 134), que muestran la continuidad en la actividad desplegada por el accionante; los contratos de prestación de servicios (f.° 70 a 74 y 89 a 91); y el certificado de existencia y representación de la demandada. Sostiene que de las piezas procesales enlistadas se colige que los nexos de trabajo que se reclaman están debidamente definidos e identificados, de allí que, de poderse declarar su existencia, lo que se debe analizar es si hubo buena o mala fe al no cancelar las sumas debidas, y no

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Radicación n.° 92335 «entrelazar los argumentos de los extremos temporales con la operancia de las sanciones que se han reclamado» de la manera que lo hizo el Tribunal. Alude a la sentencia CSJ SL11436-2016 y manifiesta que en el sub lite no existen razones atendibles para estimar un actuar de buena fe del empleador, en tanto la duración del vínculo, el desempeño de una actividad misional por parte del demandante y las condiciones de subordinación bajo las cuales prestó el servicio, muestran que la demandada buscó disfrazar el nexo de trabajo. Transcribe un pasaje de las decisiones CSJ SL587-2013 y CSJ SL4344-2020, y considera que: […] con las pruebas aquí denunciadas como mal apreciadas, y con la evidencia testimonial -no calificada en casaciónse haya

concluido la existencia del contrato de trabajo y los actos de subordinación, se haga una salvedad sobre esas mismas evidencias para indicar que son fuente también de la buena fe del empleador. Insístase sin importar la duración del contrato, pues si el mismo tenía el fin de prestar un servicio que es propio del giro ordinario de los negocios de la empresa accionada, no podía prestarse a través de un contrato de prestación de servicios, máxima que, si bien fue corto, está acreditada su continuidad, la cual no fue objeto de discusión, lo que es un indicio de laboralidad, y subordinación no infirmados, que hacen nacer la sanción anhelada. […] Más aún, de haberse interpretado debidamente las demandas, de cara a la existencia de los contratos de prestación de servicios, no hubiera emprendido el Trib