CSJ - SL1121-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1121-2023 Radicación n.° 94642 Acta 17 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A. contra la sentencia proferida el 23 de agosto de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que en instauró VICTOR MARIO RESTREPO QUINTERO contra la AFP recurrente.

I. ANTECEDENTES Víctor Mario Restrepo Quintero llamó a juicio a la AFP Protección S.A., con el propósito que fuera condenada al reconocimiento de la pensión de invalidez a su favor, desde el 27 de marzo de 2017. Como consecuencia de lo anterior, reclamó el pago del retroactivo pensional, los intereses de mora o en subsidio la indexación, los perjuicios materiales y

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Radicación n.° 94642 morales, equivalentes al 12% de las deducciones para salud de cada una de las mesadas pensionales causadas y las costas del proceso. En respaldo de tales pretensiones, relató que estuvo afiliado a Colpensiones para los riesgos de invalidez, vejez y muerte desde el 28 de agosto de 1975 hasta el 31 de diciembre de 2000; que durante dicho tiempo cotizó 621,14 semanas, de las cuales 612,57 fueron aportadas con anterioridad al 1 de abril de 1994; que con posterioridad se

trasladó al Régimen de Ahorro Individual con SolidaridadRAIS y que, para la fecha de esta demanda, se encontraba vinculado a la AFP Protección S.A. Relató que mediante comunicación del 6 de septiembre de 2017 la aseguradora Suramericana S.A. le notificó que tenía un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 76,64% de origen común, con fecha de estructuración 27 de marzo de 2017; que conforme a dicho dictamen, el 5 de junio de 2019 le solicitó a la accionada AFP Protección S.A. el reconocimiento de la pensión de invalidez, la que le fue negada a través de comunicación del 25 de junio de 2019, bajo el argumento de que en los tres años anteriores a la data de su estructuración, solo contaba con 46 semanas de las 50 que se requerían. Puso de presente que nació el 2 de abril de 1956; que debido a su estado de invalidez generado por un «cáncer de próstata» se encontraba en la imposibilidad jurídica y física de continuar realizando aportes, lo cual le permitía ser un

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Radicación n.° 94642 sujeto de especial protección; que desde la fecha de estructuración de la invalidez no ha podido beneficiarse del sistema de salud en calidad de pensionado, lo que ha significado asumir, por su propia cuenta, los riesgos de IVM y, así mismo, dicha negativa al derecho reclamado le ha impedido poder afiliar a su núcleo familiar al sistema de salud. Finalmente enfatizó en que tiene derecho a la pensión de invalidez solicitada, en aplicación del principio de la

condición más beneficiosa, bajo los parámetros previstos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad. La AFP Protección S.A. al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos relatados, aceptó la fecha de nacimiento del actor, su afiliación al RAIS, la data de estructuración del estado de invalidez, la solicitud de la pensión y su consecuente negativa. Sobre los demás, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa manifestó que el actor no tenía derecho a la pensión de invalidez reclamada, en razón a que no cumplió el requisito exigido por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, pues no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de su discapacidad, que es la norma vigente y aplicable a su caso. Advirtió que, en este asunto no era posible dar cabida al principio de la condición más beneficiosa impetrado desde la demanda inicial.

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Radicación n.° 94642 Formuló como excepciones de mérito las que denominó: inexistencia de la obligación, «la norma aplicable es la vigente al momento del siniestro», «exequibilidad del requisito de las 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la ocurrencia del siniestro, no cobertura del seguro previsional, «la aplicación del principio de la condición más beneficiosa es temporal», falta de causa para demandar, devolución de saldos, inexistencia de los elementos de la responsabilidad,

buena fe, prescripción, pago, compensación y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia mediante sentencia del 2 de marzo de 2021; decidió, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, condenar a Protección S.A. a pagarle a Víctor Mario Restrepo Quintero, la pensión de invalidez a partir del 27 de marzo de 2017, en cuantía de un salario mínimo legal mensual y a razón de trece mesadas por año, cuyo retroactivo fue calculado en la suma de $41.625.675, que deberá ser debidamente indexado mes tras mes hasta que se sufrague la prestación. Absolvió a la demandada de las demás pretensiones y finalmente la condenó al pago de las costas del proceso, que fueron cuantificadas en la cantidad de $3.632.000.

Para arribar a esa decisión, el a quo consideró que el demandante tenía derecho a la pensión de invalidez al amparo del principio de la condición más beneficiosa, dado que si bien la estructuración de su invalidez ocurrió el 27 de

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Radicación n.° 94642 marzo de 2017, cuando ya estaba en vigencia la Ley 860 de 2003, lo cierto era que, «esta no era una verdadera ley que consagrara el derecho a la pensión de invalidez», pues lo único que hizo fue modificar la Ley 100 de 1993, «de ahí que la verdadera ley que lo cobijaba al actor lo era esta última, con lo cual la Ley inmediatamente anterior lo era el Acuerdo 049

de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990».

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver la apelación presentada por la AFP Protección S.A., a través de sentencia dictada el 23 de agosto de 2021 confirmó la decisión de primer grado e impuso costas de la alzada a la demandada.

Para tomar su decisión, comenzó por establecer que no eran materia de discusión los siguientes supuestos fácticos: i) que la fecha de estructuración de la invalidez del actor se produjo el 27 de marzo de 2017; ii) que en los tres años inmediatamente anteriores a la citada calenda, éste no contaba con las 50 semanas exigidas por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, dado que solo tenía 46,14; iii) que al examinar la situación pensional del demandante, bajo la óptica de la Ley 100 de 1993 en su versión original, tampoco podría acceder a la prestación impetrada en la medida en que entre el 27 de marzo de 2016 y ese mismo día de 2017 contabilizaba apenas 2,17 semanas y, además, porque entre el 26 de diciembre de 2002 y el 26 de diciembre de 2003 no ostentaba aportes.

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Radicación n.° 94642 Precisado lo precedente, sostuvo que si bien el accionante no contaba con las 50 semanas mínimas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez como lo exige el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, lo cierto era que, en

aplicación del principio de la condición más beneficiosa y con el fin de garantizar el mínimo vital y el derecho a la seguridad social, era viable reconocerle la prestación de invalidez al accionante, como lo decidió el fallador de primer grado. Explicó que, siguiendo las directrices fijadas por la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia CC SU5562019, de donde infirió que era viable su reconocimiento en tanto superaba con creces el «test de procedencia» determinado en tales decisiones de tutela, pues en el proceso estaba demostrado que el demandante era una persona vulnerable en razón a la enfermedad que padecía, que era soltero, que no tenía una persona que lo acompañe y que además se encontraba sin empleo. Adujo que dicho test permitía realizar el «salto normativo» en el tiempo para reconocerle la prestación a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad, máxime cuando en el proceso estaba demostrado que, con antelación al 1 de abril de 1994, tenía más 300 semanas cotizadas, esto en razón a que entre 1975 y 1988 cotizó un total de 612,57 semanas.

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Radicación n.° 94642 Bajo estos argumentos, decidió confirmar la decisión de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada Protección S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pide que esta corporación case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo del a quo y,

en su lugar, se absuelva a Protección S.A. de todas las pretensiones formuladas en su contra. Con tal propósito, formula un cargo, que está oportunamente replicado y que la Sala procederá a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad y 53 de la CP, lo que condujo a la infracción directa de los siguientes artículos: numeral 1 del artículo 1 de la Ley 860 de 2003; 4 de la Ley 169 de 1896; 45 de la Ley 270 de 1996; 29, 230, 234 y 235 de la CP y 1 del Acto Legislativo 01 de

2005.

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Radicación n.° 94642 En la demostración del ataque, la censura comienza por precisar que no discute las conclusiones fácticas en las que el ad quem soportó su providencia, particularmente: i) la fecha de estructuración de su invalidez que lo fue el 27 de marzo de 2017; y ii) el hecho de que a tal calenda no reunía las 50 semanas cotizadas en el trienio inmediatamente anterior, pues contaba únicamente con 46,14 semanas. Con tal panorama fáctico, consideró que existe una interpretación errónea del principio de condición más beneficiosa por parte del juez plural y citó lo señalado por la Corte en la sentencia CSJ SL2358-2017, de la que destacó

las reglas para la aplicación de la norma inmediatamente anterior, cuando se trata de la condición más beneficiosa. Enseguida reprodujo algunos apartes de la providencia en mención, así como lo dicho por la Corte en decisión CSJ SL5533-2021, que según su decir le daban la razón en la violación atribuida al ad quem. Explicó que como la invalidez del demandante se estructuró el 27 de marzo de 2017, como expresamente lo infirió el fallador de segunda instancia y no lo discute el cargo, esto es, más allá del 26 de diciembre de 2006, resulta evidente que Restrepo Quintero no podía favorecerse con la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, por no cumplir con la temporalidad fijada por la Corte. Por lo tanto, es palmario que no estaba llamado a disfrutar de la pensión que solicitó, dado que no reunía los requisitos previstos en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en lo relativo

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Radicación n.° 94642 a tener 50 semanas cotizadas dentro del trienio que antecedió a su invalidez. Resaltó que, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, siguiendo lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no se le podía otorgar la mencionada pensión dado que su minusvalía nació con posterioridad al 26 de diciembre de 2006, lo que pone de manifiesto el desatino jurídico cometido por el colegiado al haber condenado a la AFP a pagar la prestación de invalidez. Agregó que, de conformidad con el precedente CSJ SL,

15 mar. 2011, rad. 42625, el juicio de progresividad y lo que ofrece la legislación nueva respecto a la anterior, no puede responder a una mera racionalidad del interés individual que se examina, sino que, en correspondencia con la naturaleza de la seguridad social, debe atender la dimensión colectiva de los derechos, tanto de los que se reclaman hoy, como de los que se deben ofrecer mañana. Indicó que los argumentos expuestos por el juez de segunda instancia carecen de solidez legal y constitucional, teniendo presente el actual criterio de la Corte Suprema de Justicia, que, conforme a los artículos 234 y 235 de la CP, es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral y sus precedentes son obligatorios, en tanto actúa como máximo Tribunal de casación. Trajo a colación lo dicho por esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL4335-2020.

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Radicación n.° 94642 Dijo que no se podía aplicar lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU556-2019, máxime que esta decisión solo surte efectos a futuro, no de manera retroactiva.

VII. LA RÉPLICA La parte demandante se opone a la prosperidad del cargo, bajo la siguiente argumentación: […] el apoderado de Protección S.A. no admite que el ad quem, no haya dado aplicación en la sentencia de la Ley vigente en sentido estricto, sin que se tuviera en cuenta que, en nuestro ordenamiento jurídico existen principios y valores que protegen la dignidad humana. La Corte en su jurisprudencia ha indicado

que, la condición más beneficiosa representa un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, tienen una situación jurídica concreta, como se ha quedado probado en el caso concreto. La Constitución Política de 1991 estableció el principio protector, desarrollado en todos aquellos aspectos que lo integran, de tal manera que las sentencias proferidas por los organismos judiciales deben resolver el fondo de los asuntos, atendiendo a su obligación de defender especialmente al trabajador/demandante/ afiliado. Por lo tanto, en la sentencia proferida el 23 de agosto de 2021, el Tribunal Superior de Medellín resolvió de fondo los recursos, preservando así los derechos sustanciales debatidos en el juicio a favor de mi mandante. Por ello, sostiene que el cargo no debe prosperar.

VIII. CONSIDERACIONES Teniendo en cuenta la vía seleccionada para orientar el ataque, no son objeto de debate los siguientes supuestos fácticos que dio por acreditados el Tribunal y que por demás

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Radicación n.° 94642 la censura los acepta expresamente: i) la fecha de estructuración de la invalidez del actor, que lo fue el 27 de marzo de 2017; ii) el origen común y el porcentaje de PCL, que corresponde al 76,64%; y iii) que el demandante no reúne las 50 semanas cotizadas en el trienio inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez, como lo exige el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, pues en este lapso

contabiliza únicamente 46,14. Precisado lo anterior, se observa que son dos los problemas jurídicos que la censura le propone a la Corte resolver, a saber: i) determinar si el fallador de alzada acertó, con base en el principio de la condición más beneficiosa, al considerar que el actor tiene derecho a la pensión de invalidez a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, no obstante haberse estructurado dicho estado en vigencia del artículo 1 de la Ley 860 de 2003; y ii) determinar la fuerza vinculante de la sentencia CC SU556-2019.

1. Sobre la aplicación de la condición más beneficiosa.

Esta corporación, en tratándose de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa ha señalado que este es una expresión concreta del principio protector en materia laboral y de seguridad social derivada del artículo 53 Superior que se materializa, además, en los postulados de favorabilidad e in dubio pro operario. En materia pensional, se acude a ella doctrinal y jurisprudencialmente, en aquellas

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Radicación n.° 94642 situaciones en las que se produce un cambio legislativo sin que el Congreso haya previsto un régimen de transición que señale la senda a recorrer para aquellas personas que, de alguna manera, se encontraban cobijadas por una normativa que les era más conveniente (CSJ SL2056-2022, CSJ

SL3550-2022 y CSJ SL4294-2022).

Al respecto, resulta necesario recordar lo dicho en tales pronunciamientos, especialmente en la sentencia CSJ

SL3550-2022, reiterada en sentencia CSJ SL4294-2022, en la que se precisó el criterio uniforme, pacífico y vigente respecto del principio de condición más beneficiosa, así: Por eso, bajo esa misma senda, también se viene insistiendo que la pretensión del aludido principio es menguar, hasta donde sea razonablemente posible, el impacto negativo que produce una reforma legislativa intempestiva, razón por la cual su construcción y desarrollo ha sido primordialmente jurisprudencial y a través de este mecanismo se han sistematizado, en el transcurso del tiempo, una serie de reglas y criterios que en la sentencia mencionada up supra fueron recordados al memorar la sentencia CSJ SL2843-2021, donde se identificaron como características del aludido principio las siguientes: […] i) Es una excepción al principio de la retrospectividad; ii) opera en la sucesión o tránsito legislativo; iii) procede cuando se predica la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro; iv) entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, porque de existir tal régimen no habría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva; v) entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas que, si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia – expectativas legítimashabida cuenta que poseen una situación

jurídica y fáctica concreta, v. g., haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada y vi) respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma.

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Radicación n.° 94642 En ese orden de ideas, ha sostenido en repetidas oportunidades esta Sala de la Corte, que la norma llamada a regir la pensión de invalidez es, por principio, la que se encuentre vigente para la fecha de la estructuración de la invalidez definida técnicamente, es decir, en este caso, el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y que, eventualmente, resulta viable acudir a la norma inmediatamente anterior, es decir, a la Ley 100 de 1993 en su versión original, si se satisface el requisito de temporalidad al que se hace mención en la plurimencionada sentencia CSJ SL2358-2017. Es por ello, que se ha venido sosteniendo la tesis de que no es posible efectuar una búsqueda histórico-normativa en pro de encontrar un precepto que se acomode a la situación fáctica de quien reclama la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, es decir, buscar en el pasado una norma que para ciertos efectos funge como derogada y hacerle producir efectos plus-ultractivos, pues, por regla general las normas atinentes a la seguridad social son de aplicación inmediata y rigen hacia el futuro. También jurisprudencialmente se ha enseñado que el principio

de la condición más beneficiosa no es absoluto y tiene que armonizarse de manera racional con otros valores y principios constitucionales, de manera que limitar su espectro de operación a la norma inmediatamente anterior sirve a varios propósitos, que de manera enumerativa se enlistaron en la sentencia CSJ SL1938-2020 de la siguiente manera:

1. Si la potestad de configuración de un sistema pensional permite al legislador introducir cambios a fin de garantizar los principios y objetivos del mismo, no tendría sentido mantener en el tiempo disposiciones anteriores, puesto que ello haría nugatorio todos los propósitos económicos y sociales que pretenden lograrse con una reforma.

2. Si los regímenes de transición siempre son temporales, no hay razón alguna que justifique que la aplicación del principio de condición más beneficiosa deba mantenerse indefinidamente en el tiempo, así bajo su vigencia se haya dado inicio o se hayan efectuado cotizaciones para obtener el amparo que se pretende.

3. Tal restricción contribuye a la preservación de otro valor fundamental del ordenamiento jurídico: la seguridad jurídica, que ofrece certeza a los ciudadanos sobre las reglas jurídicas que emplearán los jueces en la solución de las controversias que se sometan a su consideración, sin que les sea posible acudir a una búsqueda histórica para determinar la norma aplicable a una situación particular; la aplicación del principio amplia e ilimitadamente genera incertidumbre en los actores del sistema pensional y en los ciudadanos en general, respecto de las reglas que definen el acceso a un derecho pensional.

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Radicación n.° 94642

En conclusión, si la finalidad del principio de la condición más beneficiosa es proteger expectativas legítimas que pueden ser modificadas por el legislador con apego a los parámetros constitucionales, no tiene sentido que su aplicación permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros términos, resulte indefinida en todos los tránsitos legislativos que puedan generarse en la configuración del sistema pensional, de por sí, de larga duración. Orientación que ha sido refrendada, como puede verse, en las sentencias CSJ SL3102-2020, CSJ SL3664-2020, CSJ SL44822020, CSJ SL4508-2020, CSJ SL5070-2020 y CSJ SL1552-2021 entre muchas otras. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la jurisprudencia constitucional a la que hizo referencia el Tribunal, esta corporación ha estimado pertinente apartarse de la misma, en un ejercicio de transparencia, contra argumentando que la aplicación irrestricta del principio de la condición más beneficiosa «afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general»; además de desconocer que «las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacía futuro» (CSJ SL1689-2017). La anterior postura que ha sido refrendada en las sentencias CSJ

SL1938-2020, CSJ SL4482-2020, CSJ SL5070-2020, CSJ

SL1552-2021, CSJ SL468-2022 entre muchas otras, tan es así que en la referida sentencia CSJ SL4482-2020 se dijo al respecto: […] la tesis del ad quem entra en profunda contradicción con los ajustes que hizo el legislador en las políticas laborales, sociales y económicas para cumplir con el principio de sostenibilidad financiera (art. 48 CP), que permite que más personas puedan acceder próximamente a una prestación a título de pensión. Por ello, la introducción de reglas como la que avala el Tribunal, puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha diseñado el sistema de protección social, y comprometer la realización de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, la concesión de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causación y pago. Lo anterior, por lo demás, acompasa con el artículo 2.º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme al cual, la satisfacción de los derechos sociales debe adecuarse a las posibilidades económicas del Estado, esto es,

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Radicación n.° 94642 «hasta el máximo de los recursos de que disponga» y teniendo en cuenta «su economía nacional». Por otra parte, el juez de segundo grado aludió a la tesis esgrimida por la Corte Constitucional, según la cual, es posible reconocer pensiones de sobrevivientes o invalidez conforme el Acuerdo 049 de 1990, pese a que el hecho generador –muerte o invalidezdel afiliado se haya producido en vigencia de las leyes

797 o 860 de 2003, respectivamente, siempre que este haya cotizado la cantidad de semanas exigida en la primera de las citadas disposiciones. Al respecto, esta Sala ha señalado reiteradamente que en la práctica, tal planteo comprende: (i) la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa; (ii) la modificación a las reglas definidas por el legislador para el reconocimiento de tales prestaciones; (iii) lo que su vez, puede incidir en los efectos de las reformas introducidas al sistema pensional y, (iv) desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad (CSJ SL 1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019, SL15922020, CSJ SL1881-2020, CSJ SL1884-2020 y SL2547-2020). Asimismo, en las citadas sentencias, también dijo esta Corporación que la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible. Pues bien, en virtud de todo lo anterior, teniendo claro que la fecha de estructuración de la invalidez del actor fue el 15 de junio de 2007, la disposición aplicable es el artículo 1 de la Ley 860 de

2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que era la vigente para esa data. Tal precepto consagra el derecho pensional en favor del afiliado que «hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez», requisitos que no satisfizo el demandante, pues, no registra semanas cotizadas en los tres años anteriores a la estructuración de su contingencia. Por tanto, bajo ninguna circunstancia era factible resolver su petición de pensión con fundamento en el artículo 39 de la ley l00 en su versión original, ni mucho menos, en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990. En virtud de todo lo anterior, teniendo claro que la

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Radicación n.° 94642 fecha de estructuración de la invalidez del actor lo fue el 27 de marzo de 2017, la disposición aplicable era el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, vigente para esa data. Tal precepto consagra el derecho pensional en favor del afiliado que «hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez», requisitos que no satisfizo el accionante, pues en ese lapso trienal registra únicamente 46,16 semanas cotizadas, hecho que no se discute. Por tanto, bajo ninguna circunstancia es factible resolver su petición de pensión de invalidez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de

1990, como erradamente lo consideró el ad quem. Cabe agregar que bajo los precisos términos de la sentencia CSJ SL2358-2017, la jurisprudencia ha admitido que el postulado de la condición más beneficiosa para acceder a la pensión de invalidez opera con todo vigor entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003, por un lapso de tres años, esto es, del 26 de diciembre de 2003 al mismo día y mes de 2006, significa que en el caso del actor no procede su aplicación, por cuanto, por una parte, no contaba con una situación jurídica concreta a la fecha de entrada en vigencia de la nueva normativa que debiera ser resguardada; y, por otra, su estado de invalidez se estructuró el «27 de marzo de 2017», es decir, por fuera del marco temporal al que se ha hecho referencia.

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Radicación n.° 94642 ii. Fuerza vinculante de la sentencia CC SU-5562019. En desarrollo de los principios de suficiencia y transparencia que deben imperar en las determinaciones judiciales, importa señalar que, esta corporación se aparta de la línea de pensamiento fijada por la Corte Constitucional en la mencionada sentencia, según la cual si la persona que reclama la prestación supera el «test de procedencia» es válido invocar el principio de la condición más beneficiosa para con ello inaplicar la norma vigente al momento de la ocurrencia del siniestro, en este caso la Ley 860 de 2003, para en su lugar «dar un salto normativo» y conceder el derecho bajo el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo

año. Frente a ello, esta corporación ha considerado que dar cabida a ese tipo de determinaciones, como la de la Corte Constitucional, conduce a la «aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación», las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Del mismo modo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y retrospectividad. Así lo adoctrinó la Corte en la sentencia CSJ SL49382021, reiterada entre otras en las decisiones CSJ SL700SCLAJPT-10 V.00 17 Radicación n.° 94642 2023 y CSJ SL699-2023, que, si bien hacen referencia a casos de pensión de sobrevivientes, la regla allí precisada es perfectamente aplicable al caso de las pensiones de invalidez, que es el asunto bajo estudio. En la primera de las providencias en cita, se puntualizó: […] la Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, y que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de dictar sentencia. Asimismo, ha precisado que su precedente tiene fuerza vinculante, puesto que no existe duda que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran

las autoridades judiciales que poseen la fa