CSJ - SL11246-2015

República de Colombia Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ Magistrado ponente SL11246-2015 Radicación n.° 43975 Acta 29 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARTHA PRADILLA ORDÓÑEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 18 de diciembre de 2008, en el proceso que instauró la recurrente

contra la LADRILLERA BARRANQUILLA LTDA.

I. ANTECEDENTES La recurrente llamó a juicio a la LADRILLERA BARRANQUILLA LTDA., con el fin de que se le reconozca la indemnización por despido de carácter convencional, las primas legales y convencionales proporcionales

1 Radicación n° 43975 correspondientes al segundo semestre de 2005; más la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, por falta de pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del contrato de trabajo; y la indexación. Fundamentó sus peticiones básicamente en que laboró para la demandada en el cargo de gerente, con un salario mensual de $2.597.760, desde el 8 de marzo de 2000 hasta el 30 de agosto de 2004; que la demandada adujo como justa causa para el despido la modificación de los contratos de trabajo a término fijo de algunos trabajadores a la modalidad de término indefinido, la celebración de

contratos por un valor superior a los veinte salarios mínimos legales y la supuesta realización de obras de cerramiento de la fábrica sin autorización de la junta directiva. En la sociedad, afirmó, existe una convención colectiva de la cual era beneficiaria la demandante; que dicha convención fue firmada por varios directivos de la empresa y que, en su cláusula cuarta, se estableció que todos los contratos de trabajo vigentes y los que posteriormente se celebren serán a término indefinido, por tanto, la actora, en su calidad de gerente, tenía la obligación de cumplir con las cláusulas convencionales so pena de incurrir en violación de la convención colectiva y exponer a la empresa a que el Ministerio de la Protección Social le impusiera multas por no cumplir las cláusulas convencionales; luego tales modificaciones contractuales no fueron por iniciativa o voluntad de la demandante, como se quiere hacer ver, sino en cumplimiento de una obligación contraída por la junta directiva de la empresa. Que ella 2 Radicación n° 43975 siempre realizó actos o contratos por encima de la cantidad estipulada como tope para solicitar autorización de la junta directiva, lo cual hacía para beneficio de la sociedad, por eso nunca hubo reparo alguno sobre este particular, luego, sostiene, era una conducta aceptada por la junta directiva. Que el simple acto de pagar la nómina sobrepasaba dicho tope, al igual que todos los contratos que ella celebraba, por ejemplo el realizado con la señora Delgado Camargo, y el celebrado con el Batallón de Alta Montaña; que las obras de cerramiento de la fábrica eran funciones netamente

administrativas y necesarias para el buen funcionamiento de la empresa y que la demandante, en su calidad de gerente, tenía la obligación de llevarlas a cabo o de lo contrario el motivo de despido iba a ser la negligencia. Que no le han pagado las primas legales y convencionales correspondientes al segundo semestre de 2004, con desconocimiento de las sentencias C-042 y C-034 del 28 de enero de 2003, de la Corte Constitucional; que fue despedida sin oportunidad de defenderse, después de una reunión extraordinaria de la sociedad, por una decisión de la mayoría de las cuotas sociales, es decir que no fue unánime, sino por el querer de dos socios. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó el contrato de trabajo y los extremos, y precisó que el despido fue con justa causa. Aceptó la existencia de la convención colectiva, pero dijo que los beneficios de esta eran improcedentes, teniendo en cuenta el cargo 3 Radicación n° 43975 desempeñado por la accionante y la confianza de los socios en ella depositada; que la junta de socios confió plenamente en las gestiones realizadas por la demandante, y siempre consideró que no se producía violación alguna en el límite de sus funciones; en cuanto a la cancelación de la prima legal proporcional, admitió que no la realizó, por cuanto el departamento de contabilidad, por error involuntario y por desconocimiento de la jurisprudencia, consideró que no se causaban de forma proporcional; pero que, ante el reclamo de la actora, se procedió a su liquidación y elaboración del

cheque, el cual, por desacuerdo en el monto, no se le entregó sino que fue anulado, para producir el pago mediante la consignación que la ley autoriza. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación reclamada, falta de causa, prescripción, pago y compensación. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, al que le correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 8 de octubre de 2007, (fls. 200 y ss), decidió absolver a la demandada, por haber considerado que se probó la justa causa; además que la actora, en calidad de gerente y como miembro de la comisión negociadora, no podía beneficiarse de la convención colectiva, y que la empresa, al contestar la 4 Radicación n° 43975 demanda, pagó la prima proporcional mediante depósito, fl. 189.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 18 de diciembre de 2008, confirmó en todas sus partes la sentencia del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró, como fundamento de su decisión, que le correspondía resolver si el despido de la actora estuvo motivado en una justa causa. Previamente a abordar el problema planteado, el ad quem estimó incontrovertible que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 8 de marzo de 2000 hasta el 30 de agosto de 2004, según la liquidación de prestaciones de

fol. 18, además que fueron hechos aceptados por la convocada a juicio al contestar la demanda; igualmente tuvo en cuenta que la accionante había allegado la carta de despido, fls. 9 y 10, de la cual extrajo los motivos aducidos por el exempleador. Respecto a la prueba de la justificación del retiro de la actora, señaló que la empresa había allegado las documentales visibles a folios 121 a 124, con base en las cuales dedujo que la extrabajadora, pese a que se encontraban fenecidos los vínculos laborales existentes 5 Radicación n° 43975 entre la empresa y el señor Pantoja Ramos, y con el señor Barrera Pacheco, fueron suscritos contratos a nombre de estos con fechas distintas de inicio, por ello, en su sentir, tales medios revelaban que la actora incurrió en grave incumplimiento de sus obligaciones, sobre todo, dijo, si se observaba que la empresa había invocado estos motivos en la carta de despido y en la contestación de la demanda. Adicionalmente, hizo referencia al testimonio del señor Martínez Quintero, fls. 91 a 95, quien manifestó las razones que generaron la terminación del contrato de trabajo de la actora, e hizo hincapié que la demandante fue despedida por manejo inapropiado en el desarrollo de sus funciones como gerente, en cuanto desatendió la política de contratación de los trabajadores cuyas directrices habían señalado los socios y realizó renovación de los contratos en forma lesiva económicamente para la empresa. De la versión de Castilla Torres, fls. 161 a 165, extrajo que este

relató que la actora se había extralimitado en los montos para autorizar unos contratos y trabajos que se realizaron dentro de la empresa sin la autorización de la junta de socios, con la precisión de que la accionante había celebrado un contrato con su sobrino Juan Carlos Silgado, y que, en uno de sus pasajes, narró la modificación de los contratos de trabajadores que ya habían sido liquidados, declaración que la consideró armónica con la anterior. Tras lo anterior concluyó que existían pruebas de que la demandante, en ejercicio del cargo de gerente y representante legal de la compañía, modificó la modalidad 6 Radicación n° 43975 de los contratos de trabajo con algunos trabajadores al servicio de aquella, «…siendo claro como se desprende de las pruebas materia de análisis que el juez a quo estimó y que esta Sala encuentra atendible, desde luego, estas obligaciones tienen el carácter legal, y su incumplimiento por parte de la actora reviste la connotación de falta grave, ya que por la circunstancia del cargo de gerente desempeñado por la accionante y al autorizar sin justificación alguna la modificación de los contratos tal como se le imputa en la carta de despido, esta situación genera perjuicios a los intereses patrimoniales de la demandada». Así concluyó que no había duda de que el despido tuvo una causa justa, por violación de las obligaciones especiales a cargo de la demandante, por lo tanto, consideró acertada la decisión del a quo en este punto de la litis. Respecto a la moratoria del artículo 65 del CST, petición que fue fundada en el pago tardío de la prima de

servicios proporcional, partió de la premisa de que, en este caso, la demandada, al haber dado por terminado el contrato de trabajo con justa causa, surgió la duda justificada acerca de la existencia legal de ese derecho, prestación que fue sometida a la decisión de la justicia o no del despido; y que solo hasta el momento en que se decide el fondo del debate es cuando surge jurídicamente la obligación atinente a esta prestación legal como es la prima proporcional; en consecuencia, compartió la decisión del a quo sobre el punto. 7 Radicación n° 43975

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte actora, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende, con los cargos formulados, la casación total de la sentencia de segunda instancia antes identificada, en cuanto confirmó la decisión absolutoria del a quo; para que, en sede de instancia, revoque totalmente la sentencia de primer grado y acceda a las pretensiones contenidas en la demanda, además, se condene en costas como en derecho corresponda.

Con tal propósito formula dos cargos que fueron objeto de réplica, los cuales se resolverán conjuntamente por estar estrechamente relacionados.

VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia de violar la ley sustancial de manera indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 58, 62, 64, 65 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

Señala que la violación atribuida a la sentencia que se impugna es fruto de la valoración equivocada de algunas 8 Radicación n° 43975

pruebas documentales, lo que conllevó al tribunal a incurrir en ostensibles errores de hecho. Las pruebas apreciadas con error, según el recurrente, son:

1. Documento que contiene la carta de despido o terminación del contrato de trabajo, que obra a folios 9 y 10 del cuaderno del juzgado.

2. Documento que contiene la convención colectiva de trabajo, obrante a folios 35 a 66 del cuaderno del juzgado.

3. Documentales obrantes a folios 121 a 126 que contienen comprobantes de liquidaciones de prestaciones sociales y contratos de trabajo de los

señores PANTOJA RAMOS y BARRERA PACHECO.

4. Documentos obrantes a folios 127 a 158 del cuaderno del juzgado que contienen diferentes cuentas de cobro y pago, y fotocopias de facturas emitidas por diferentes establecimientos comercio.

5. Documentos obrantes a folios 99 a 101 del cuaderno del juzgado, el cual contiene fotocopia del contrato de prestación de servicios efectuado con el señor

SILGADO PRADILLA.

6. Documento que contiene título judicial, obrante a folio 189 del cuaderno del juzgado.

Los errores ostensibles de hecho, para el recurrente, son los siguientes: 9 Radicación n° 43975

1. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la demandante incurrió en irregularidades en el manejo de los contratos de trabajo de los señores

PANTOJA RAMOS y BARRERA PACHECO.

2. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la demandante incurrió en falta grave al contratar los servicios del señor SILGADO PRADILLA.

3. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la demandante incurrió en falta grave al exceder en costos superiores a los legalmente autorizados.

4. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la demandante incurrió en justa causa para la terminación del contrato de trabajo por parte del empleador.

5. No haber dado por demostrado, estándolo, que la empresa demandada incurrió en ostensible mala fe, al negarse a la cancelación de la prima de servicios correspondiente al segundo semestre del año 2004.

DEMOSTRACIÓN DEL CARGO Asevera el impugnante que el tribunal no le ha otorgado el verdadero alcance al valor probatorio que contienen las documentales señaladas como pruebas apreciadas equivocadamente. Alude al contenido de la carta de despido, en cuanto la empresa invocó, como justificación de este, que la demandante incurrió en falta grave al modificar los contratos de trabajo con los trabajadores que se 10 Radicación n° 43975 encontraban a término fijo y los vinculó a término indefinido, tal era el caso de los contratos de los trabajadores PANTOJA RAMOS y BARRERA PACHECO, ante lo cual sostiene que la gerente de la empresa lo hizo así, en los términos señalados en la convención colectiva de trabajo que regía las relaciones laborales de la empresa con sus trabajadores, donde la compañía se comprometió a cambiar la modalidad contractual con sus servidores de contrato a término fijo por contrato a término indefinido, y esto fue lo que hizo la demandante con los señores PANTOJA RAMOS y BARRERA PACHECO, conducta que no

reviste mala fe por parte de la demandante, sino que otorga estabilidad laboral; además, afirma que el hecho de que hubiera amparado la contratación laboral con un contrato de trabajo a término indefinido no causó efectos negativos a la empresa, como tampoco el hecho de que hubiera tenido en cuenta como fecha de inicio la vinculación real del trabajador, perjuicios que pregonó la empleadora pero que no los identificó. Le critica al tribunal la valoración, por equivocada, de las documentales obrantes a folios 35 a 49 que contienen la convención colectiva de trabajo vigente hasta el 28 de febrero de 2003, y 121 a 126 del cuaderno del juzgado correspondientes al cambio de contratación de los señores PANTOJA RAMOS y BARRERA PACHECO, puesto que, en la cláusula cuarta de aquella, se habla del régimen contractual de indemnizaciones a saber: «los contratos de trabajo vigentes y los que posteriormente se celebren, serán a término indefinido»; ver folio 37 al reverso, de donde colige 11 Radicación n° 43975 que la actora no hizo cosa diferente a lo que había convenido la compañía con los trabajadores mediante negociación colectiva, por lo que, a su juicio, incurrió así el tribunal en el primer error endilgado. Agrega que dicha contratación a término indefinido fue llevada a cabo el 28 de octubre de 2002, tal como se desprende de las documentales obrantes a folios 123 a 126 y que la empresa pregona dicha conducta como falta grave para justificar el despido el 30 de agosto de 2004, es decir,

22 meses después, tal como obra a folios 123 y 126 del cuaderno del juzgado, es decir, no existe inmediatez entre la conducta en que incurrió la gerente y la fecha pregonada por la empresa mediante la cual cuestiona la gestión de la demandante e invoca como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Respecto a la contratación que efectuara la demandante en calidad de gerente de la empresa con el señor Silgado Pradilla, por la suma de $12'295.000, estima de importancia tener en cuenta que, de las documentales aportadas al proceso a folios 99 a 101, se deduce con claridad meridiana que el desembolso del valor del contrato se pactó por porcentajes, tal como obra en la cláusula tercera del citado contrato de prestación de servicios, donde reza que los honorarios pactados se pagarán así: El veinte por ciento (20%) de anticipo al finalizar la etapa de identificación y cuantificación del cableado existente. Estudio y pruebas manuales de posibles secuencias; el treinta por ciento (30%) a la terminación del Montaje de Instrumentación 12 Radicación n° 43975 Electrónica Cableado general y tendido de La Bandeja Porta Cables, y el cincuenta por ciento (50%) restante a la programación del sistema de control, La ejecución de las pruebas y puesta en funcionamiento y entrega del Sistema. De lo pre trascrito deduce que el ad quem no le dio el verdadero alcance a las documentales señaladas que contienen la contratación de servicios con el señor SILGADO PRADILLA, pues la cancelación del monto de la contratación se pactó por porcentajes; además, el contrato

es de fecha 5 de abril de 2004 y la carta de despido data del 30 de agosto de 2004, es decir, casi cinco (5) meses después de la contratación, luego la invocación de la conducta como causal del despido es extemporánea, en otras palabras, dice, no existe inmediatez entre la conducta y el señalamiento de la empresa por dicho proceder, incurriendo así el tribunal en el segundo error que le fue endilgado. Refiere a lo manifestado por la empresa en la carta de despido de que la demandante violó sus facultades, además de haber contratado al señor Silgado, con la realización de obras de cerramiento de la fábrica que no fueron debidamente informadas a la junta directiva, teniendo en cuenta que su cuantía sobrepasaba el monto hasta el cual se encontraba ella autorizada para contratar, conforme a los mencionados estatutos. Que, para soportar esta información, la empresa aportó documentos provenientes de diferentes proveedores de mercancías, especialmente ferreterías, tales como cuentas de cobro de los meses de mayo, junio, julio y agosto 13 Radicación n° 43975 de 2004, facturas, recibos de caja menor, cuentas de cobro, documentos que no ofrecen credibilidad alguna, dado que no son generados por la demandada y son documentales en fotocopias ilegibles que no demostraban que la demandante hubiera incurrido en gastos por fuera de lo establecido en los estatutos que pregona la demandada. Por lo que considera que el tribunal incurrió así en el tercer error endilgado, al otorgarle valor probatorio a las documentales a folios 129 a 158 del cuaderno del juzgado

como si se trataran de documentos auténticos. Tal como se puede observar en las documentales 9 y 10 que contienen la carta de despido que hablan de la causa que justificó el despido y su amparo legal, asevera, se ve que no demuestra cuales fueron los perjuicios pregonados por la demandada con ocasión de las conductas de la demandante; que, en el artículo 58 del CST, en su numeral 1º, norma enunciada por la demandada para justificar la terminación del contrato de trabajo, se establece cuales son las obligaciones especiales del trabajador y dice «Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el patrono o sus representantes, según el orden jerárquico establecido» Según el impugnante, de la carta de despido no se deduce que la demandante no haya realizado personalmente su labor como gerente de la empresa, pues, dice, simplemente la demandada se limitó a invocar la 14 Radicación n° 43975 norma, pero no manifestó en qué momento la gerente de la empresa no realizó personalmente sus labores como gerente de la misma. Agrega que, en la carta de despido, no se estableció con claridad cuáles preceptos del reglamento la extrabajadora no observó, que es más, no se habló de reglamento alguno que rigiera las relaciones de la empresa con el personal de manejo y/o confianza, cosa diferente es la existencia de una convención colectiva de trabajo que habla de las relaciones laborales con los trabajadores de la empresa.

En cuanto a que la demandante no acató, ni cumplió las órdenes e instrucciones que le hubieran impartido, señala que la carta de despido fue parca en tal sentido, pues, según su lectura, no dijo cuáles fueron las órdenes e instrucciones que incumplió, no las singularizó, sino que tocó el punto de manera genérica; luego, concluye, no contiene la carta de despido la claridad en tal sentido. El numeral 5° del citado artículo 58 del CST esgrimido por la demandada como causal de despido, establece: «5° Comunicar oportunamente al patrono las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios» Opina que la carta de despido es desinformativa en tal sentido, ya que no manifiesta que fue lo que la demandante no le comunicó oportunamente a la empresa que estimara conducente a evitarle daños y perjuicios; la censura no 15 Radicación n° 43975 encuentra información en la carta de despido que lleve a la conclusión de que la demandante hubiera incurrido en la falta señalada por la empresa. Lo anterior, para el impugnante, conduce a la inconcusa verdad de que las causales invocadas por la demandada en la carta de despido para justificar la terminación del contrato de trabajo consagradas en los numerales 1º y 5º del artículo 58 del CST no son concordantes con la justificación del despido. Acusa al tribunal de valorar de manera equivocada las documentales señaladas, estas son las de los folios 9 y 10 que contienen la carta de despido, lo que lo llevó a deducir, de manera desacertada, que existió justa causa para la

generación de la terminación del contrato de trabajo. Ya que si el tribunal no hubiera incurrido en la indebida valoración de la prueba documental, otra había sido su decisión, cual es que la carta de despido no establece con meridiana claridad las causales y los perjuicios causados a la empresa que justificaron la terminación del contrato de trabajo, incurriendo el ad quem en el cuarto error endilgado. Alude a que la demandada canceló a la demandante el monto correspondiente a la prima de servicios del segundo semestre de 2004, para lo cual procedió a consignar, mediante título judicial a nombre de la demandante el monto correspondiente a la prima proporcional, lo que hizo 16 Radicación n° 43975 de manera extemporánea, esto fue por fuera del término legal, pues la fecha de terminación del contrato data del 30 de agosto de 2004, mientras que el título aparece consignado junio de 2005, tal como se puede observar a folio 189 del cuaderno del juzgado; es decir nueve meses después de fenecido el contrato de trabajo con la demandante, pero que dentro del plenario no existe prueba de que haya sido puesto a disposición de la demandante para que efectúe el respectivo cobro. Que no obstante la empresa haber aceptado en la contestación de la demanda el hecho de no haber pagado la prima de servicios proporcional al segundo semestre de 2004 y haberla consignado tiempo después, el tribunal no encontró que la demandada hubiese obrado con ostensible mala fe al negarse al pago de la prima de servicios, lo que vino a hacer tiempo después a su libre albedrío, por lo que de esta forma incurrió el tribunal en el quinto error. En consecuencia considera que el cargo debe

prosperar.

VII. RÉPLICA El opositor no está de acuerdo con los señalamientos que hace la censura, dado que el ad quem no pudo incurrir en la apreciación errónea de la convención colectiva, las facturas ni el depósito judicial, puesto que él no valoró tales documentales. Señala que la censura no atacó todos los pilares del fallo, el cual, en su criterio, se basó

17 Radicación n° 43975 principalmente en prueba testimonial. Refiere a las documentales de folios 110 a 119, donde reposa la escritura pública en que se establece el límite de contratación de la gerente, y que la actora confesó en el interrogatorio de parte haber celebrados contratos con su sobrino, los cuales superaban los topes, fls. 99 al 108 y 165.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa a la sentencia de haber violado la ley sustancial de manera directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 58, 62, 64, 65 y 306 del Código

Sustantivo del Trabajo. DEMOSTRACIÓN DEL CARGO Considera que el tribunal, al absolver a la demandada respecto al pago de la sanción moratoria, generada por no cancelar la prima legal de servicios proporcional correspondiente al segundo semestre de 2004, basó su decisión absolutoria en la justificación del despido pregonada por la demandada, pues, según el tribunal, si la terminación del contrato de trabajo se dio por justa causa, la trabajadora no tenía derecho al pago de la prima legal de servicios y, por ende, tampoco a la indemnización moratoria. Le reprueba al ad quem el haberle otorgado una

interpretación equivocada al artículo 306 del CST, pues extrajo exigencias que no existen en su tenor literal; esto es 18 Radicación n° 43975 el tribunal condicionó el derecho a la prima legal a la no justificación del despido, al considerar que, si el despido se genera por una justa causa, el trabajador no tiene derecho a la prima legal de servicios, afirmación que, a su juicio, no es cierta, pues el artículo 306 del CST no lo establece. Por el contrario, conforme a esta preceptiva, el trabajador tiene derecho a la prima legal de servicios con el único condicionamiento de haber prestado el servicio a la empresa, y no, como lo dedujo el tribunal, quien llegó a la conclusión de que el trabajador tiene derecho a la prima de servicios, siempre y cuando no haya justa causa que genere la terminación del contrato de trabajo por parte del patrono. Concluye diciendo que si el tribunal no hubiese interpretado erróneamente las normas señaladas en la proposición jurídica, no habría confirmado la sentencia del a quo y, en consecuencia, habría condenado a la demandada al pago de la indemnización moratoria.

IX. RÉPLICA El antagonista del recurso sostiene que la censura olvida que el artículo 306 del CST disponía que no se cancelaba prima de servicios en los casos en que el contrato terminara por despido con justa causa; además que no hubo mala fe de la empresa, en tanto que tan pronto cayó en cuenta del error cometido procedió a consignar la prima proporcional de dos meses, a pesar de que la actora se auto pagó, de manera injustificada, los beneficios de la

19 Radicación n° 43975 convención colectiva a los que ella no tenía derecho,

porque ella misma los había negociado como representante legal de la compañía. X.CONSIDERACIONES En cuanto a la justificación del despido sufrido por la trabajadora, el tribunal señaló que, en la carta de despido de fls. 9 y 10, entre otros motivos estaba la modificación a término indefinido de los contratos de trabajo de los señores Pantoja Ramos y Barrera Pacheco, pero con fecha de inicio distinta a la que correspondía, lo cual el juzgador pudo constatar que así ocurrió con base en prueba testimonial y en las documentales de folios 121 a 124, proceder que catalogó como un grave incumplimiento de las obligaciones de la trabajadora. La censura cuestiona por la vía de los hechos las precitadas premisas, con el argumento de que la convención colectiva con vigencia hasta el 28 de febrero de 2003 y las documentales de folios 121 a 126 observadas por el ad quem correspondientes al cambio de contratación de los trabajadores PANTOJA RAMOS y BARRERA PACHECO, indicaban que la actora no hizo otra cosa diferente que cumplir la convención colectiva pactada. Frente a lo anterior, corresponde decir por esta Sala que no acierta el recurrente en su reparo, por cuanto, según lo asentado en la carta de despido por el empleador y deducido por el tribunal de alzada, el incumplimiento de las 20 Radicación n° 43975 obligaciones de la trabajadora generador de la justa causa no se produjo por el cambio de la modalidad de contratación de los referidos trabajadores, sino porque, cuando lo hizo, tomó como fecha de inicio una distinta a la

que era, puesto que los citados señores tuvieron otros contratos que sus efectos fueron extinguidos por liquidación general y pago de sus prestaciones sociales, así como por su solución de continuidad, y aun así la actora no tuvo en cuenta tales liquidaciones; aspecto este que el tribunal dio por acreditado con base en los folios 121 a 124, de las cuales observa la Sala que corresponden a una liquidación de prestaciones del señor BARRERA PACHECO con fecha final 12 de agosto de 1997; mientras que el contrato a término indefinido del citado trabajador suscrito el 28 de octubre de 2002 aparece con fecha de inicio 9 de septiembre de 1996, por lo que, según el mismo documento contentivo del contrato de trabajo, fue necesario pactar un otro sí para corregir la fecha de ingreso y se puso como tal el 6 de abril de 2002, vto. fl.123, con una fecha de recibido 21 de febrero de 2006. La censura pretende eludir la justificación del despido establecida por el ad quem alegando una supuesta falta de inmediatez, argumento que no fue planteado en la demanda, dado que, en dicha oportunidad, su defensa consistió en que su proceder se ciñó a la convención colectiva, ya que las susodichas modificaciones contractuales, según su decir, no fueron por su propia iniciativa o voluntad, sino en cumplimiento de una 21 Radicación n° 43975 obligación contraída por la junta directiva de la empresa, como quiera que, en su calidad de gerente, tenía la obligación de cumplir las cláusulas convencionales, so pena de exponer a la empresa a una multa impuesta por la

autoridad competente; pero, según el mismo texto convencional trascrito por el impugnante, el pacto convencional fue el que los contratos de trabajo vigentes eran a término indefinido, es decir no era necesario hacer uno nuevo, y menos so pretexto de la norma convencional modificar la fecha de ingreso y poner una antigua, como lo hizo la extrabajadora. Por tanto, para ahondar en razones, no se equivocó el juzgador en su juicio, ni cometió un yerro fáctico evidente al no considerar la falta de inmediatez, si, según el acta de la junta