CSJ - SL113-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL113-2023 Radicación n.° 91584 Acta 2 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por MILENA MARÍA AUXILIADORA CHIROLLA TORRES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 6 de julio de 2020, en el proceso ordinario laboral seguido en contra de la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, la

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. y

COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS.

I. ANTECEDENTES Milena María Auxiliadora Chirolla Torres promovió demanda ordinaria laboral para que se declare que su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida

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Radicación n.° 91584 al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es nulo o ineficaz, por no haber recibido la información completa, transparente, cierta, suficiente y oportuna sobre los riesgos, beneficios y desventajas de dicho acto jurídico; y que no existió solución de continuidad en su permanencia como afiliada del ISS, hoy Colpensiones. En consecuencia, solicitó condenar a la AFP Porvenir S.

A. a enviar a Colpensiones todos los valores que hubiese recibido en virtud del traslado de régimen cuestionado, esto es, los aportes, rendimientos, intereses, bono pensional y

gastos de administración; y a su vez, se le ordene a la administradora del RPM que acepte la afiliación de la actora a esa entidad. De manera subsidiaria reclamó condenar a la AFP Porvenir S. A. a que, una vez cumpla los requisitos legales, le reconozca una pensión de vejez en la misma cuantía que le hubiese correspondido de haber permanecido en el RPM; y que, en caso de que en el curso del proceso cumpla las exigencias para disfrutar de la pensión por invalidez, vejez o muerte, tal prestación se reconozca, liquide y pague a su favor. Igualmente demandó la condena en costas a las accionadas. Para sustentar sus pretensiones dijo que se afilió al ISS el 4 de marzo de 1992 y cotizando un total de 191 semanas, según consta en la historia laboral expedida por Porvenir S. A.; que al 1 de abril de 1994 estaba vinculada al RPM y que el 1 de noviembre de 1995 se trasladó al RAIS a través de

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Radicación n.° 91584 Colfondos S. A. Explicó que los asesores comerciales de esta AFP la contactaron para ofrecerle los servicios de dicho fondo de pensiones, pero omitieron informarle de manera transparente, cierta, suficiente y oportuna cuáles eran las ventajas y desventajas del traslado de régimen; tampoco le indicaron que el valor de la mesada en el RAIS sería ostensiblemente inferior a la que obtendría de permanecer en el RPM y no se le presentó un cálculo aproximado de la

prestación a la que tendría derecho. Refirió que le indicaron que el sistema de prima media estaba en quiebra, lo que aunado a la ausencia de asesoría la llevó a tomar la decisión de vincularse al RAIS. Afirmó que el 3 de octubre de 2001 solicitó su vinculación a la AFP Porvenir, la cual se hizo efectiva a partir de diciembre de ese mismo año; administradora que incumplió sus obligaciones de diligencia, por cuanto no le presentó una proyección del valor de su mesada pensional en ambos esquemas y no le advirtió que estaba a tiempo de retornar al RPM. Señaló que el 1 de agosto de 2008 solicitó ante Colpensiones su cambio de régimen pensional, pero dicha entidad le negó tal petición el 15 de septiembre de 2009, con fundamento en que le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad requerida para acceder a la pensión de vejez. Adujo que el 18 de noviembre de 2016, Colfondos le informó que el único documento válido que se diligenció para su vinculación a ese fondo fue el formulario respectivo; el 26 de febrero de 2018 pidió la invalidación de su afiliación a la AFP Porvenir S. A. y esta le manifestó que era Colfondos S. A.

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Radicación n.° 91584 quien debía responder por la asesoría que le ofreció al momento de cambiarse de régimen. Dijo que cuenta con 1231 semanas cotizadas y que, según una proyección pensional, en el RAIS obtendría una mesada de $1.406.000, mientras que en el RPM sería de

$3.750.773. Colpensiones dio respuesta a la demanda y se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos indicó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa expuso que existían inconsistencias en el reporte de semanas cotizadas a pensiones que no han sido saneadas por la actora; resaltó que en caso de un traslado del RPM al RAIS solo es posible retornar en cualquier tiempo siempre que se cuente con al menos 15 años de servicios o cotizaciones al 1 de abril de 1994, requisito que no cumple la demandante. Aclaró que, como se pretendía la nulidad de la vinculación al RAIS, se ha debido demostrar un vicio del consentimiento, sin que el error sobre un punto de derecho genere dicha situación, como lo prevé el artículo 1509 del CC. Planteó las excepciones de buena fe, hecho de un tercero, validez del negocio jurídico y prescripción. Al dar respuesta a la demanda, Colfondos S. A. se opuso a lo pretendido. Frente a los hechos, admitió el traslado de la actora de esta AFP a Porvenir S. A., de los demás indicó que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 91584 Para defenderse expuso que la demandante se vinculó a Colfondos el 30 de octubre de 1995 y previamente a ello se le brindó la información requerida sobre las ventajas, desventajas y características del RAIS y del RPM, para que pudiese adoptar su decisión de manera libre y espontánea. Aclaró que la afiliación de la actora es válida y produjo efectos

jurídicos, dado que se cumplieron todos los requisitos para su existencia y validez, en especial la manifestación de su voluntad sin presentarse vicios en su consentimiento. Formuló las excepciones de fondo denominadas validez de la afiliación a Colfondos, buena fe, inexistencia de vicios del consentimiento por error de derecho y prescripción. Porvenir S. A. también dio respuesta a la demanda con oposición a las pretensiones. Aceptó los hechos referidos a la vinculación de la demandante a ese fondo, la reclamación administrativa ante Colpensiones y la respuesta brindada por Porvenir a una petición de la actora; de los demás indicó que no eran ciertos o no le constaban. Explicó que la vinculación de la accionante al RAIS es válida porque cumplió con lo dispuesto en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se le suministró la asesoría debida en relación con los dos esquemas pensionales existentes. Además, resaltó que la accionante no es beneficiaria del régimen de transición por no contar con 15 años de servicios a 1 de abril de 1994 y que le faltan menos de 10 años para cumplir la edad para obtener la pensión de vejez, por lo que no le es posible retornar al RPM.

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Radicación n.° 91584 Propuso las excepciones de prescripción de la acción que pretende atacar la nulidad de la afiliación, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida el 30 de septiembre de 2019 resolvió: PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la afiliación de MILENA

MARÍA AUXILIADORA CHIROLLA TORRES […] a COLFONDOS S.

A. PENSIONES Y CESANTÍAS efectuada el 30 de octubre de 1995, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR que para todos los efectos legales MILENA MARÍA AUXILIADORA CHIROLLA TORRES […] nunca se trasladó al RAIS y, en consecuencia, siempre permaneció en el

RPM.

TERCERO: ORDENAR a PORVENIR S. A. a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, las cotizaciones que hizo la demandante MILENA MARÍA AUXILIADORA CHIROLLA TORRES […] en el RAIS, junto con todos los rendimientos que se hubieran causado, es decir, el valor total que tenga la demandante en su cuenta individual, sin que pueda realizar alguna deducción por gastos de administración.

CUARTO: ORDENAR a COLPENSIONES a reactivar la afiliación de MILENA MARÍA AUXILIADORA CHIROLLA TORRES […], actualizar y corregir su historia laboral una vez reciba estos dineros de la AFP Porvenir S. A.

QUINTO: ABSOLVER de las demás pretensiones elevadas por MILENA MARÍA AUXILIADORA CHIROLLA TORRES en contra de la parte demandada.

SEXTO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción.

SÉPTIMO: Sin condena en costas. […]

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá conoció el recurso de apelación presentado por Porvenir S. A. y el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones.

Mediante decisión dictada el 6 de julio de 2020 revocó la sentencia de primer grado, y en su lugar, declaró probada la excepción de eficacia del acto de afiliación de la demandante y absolvió a las demandadas. Condenó en costas a la actora. Indicó que el problema jurídico se centraba en determinar si el traslado de régimen pensional efectuado por la demandante del RPM al RAIS era ineficaz, y sostuvo que la tesis de la Sala era negativa, por ende, debía revocar la decisión apelada y consultada. Aclaró que el 30 de octubre de 1995, la demandante suscribió un formulario de afiliación al RAIS a través de Colfondos (folio 18), con miras a trasladarse de régimen pensional, pues anteriormente se encontraba vinculada a la Caja de Previsión del Distrito y debía realizar aportes al sistema integral de seguridad social a partir del 30 de junio de 1995, según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1068 de ese año. También resaltó que no se probó que, en virtud de lo dispuesto en esta norma, la voluntad de la actora hubiese sido afiliarse al ISS, por el contrario, eligió el RAIS. En todo caso, señaló que el literal e) del artículo 13 de

la Ley 100 de 1993 vigente para el 30 de octubre de 1995,

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Radicación n.° 91584 cuando la accionante migró, establecía una restricción en materia de movilidad entre regímenes de tres años; posteriormente, la Ley 797 de 2003 amplió el tiempo mínimo de permanencia a cinco años y consagró la prohibición del traslado para quienes les faltaren 10 años o menos para cumplir la edad pensional. Esta última disposición legal fue declarada exequible mediante sentencia CC C1024-2004, en el entendido que quienes siendo beneficiarios del régimen de transición acreditaran 15 años de servicios al 1 de abril de 1994, podían retornar al RPM en cualquier tiempo. Advirtió que la señora Chirolla Torres nació el 22 de agosto de 1960 (folio 62), por lo que al momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993, -30 de junio de 1995 en su caso- , contaba con tan solo 34 años de edad y 143,73 semanas cotizadas a la Caja de Previsión del Distrito, esto es, 3.32 años (folios 196 y 197). Así, no tenía 15 años de servicios a la referida data, por lo que no podía beneficiarse de la excepción prevista en la sentencia CC C789-2002, ya que no estaba amparada por el régimen de transición. Reiteró que, aún sin haber contribuido al RPM, la actora perseguía la declaratoria de ineficacia de su traslado al RAIS, para obtener por esta vía su afiliación al primer régimen

pensional mencionado, y para ello alegaba que no recibió la suficiente información que le permitiese entender las consecuencias, implicaciones y desventajas del traslado de régimen. El Tribunal afirmó que no desconocía la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la materia; sin embargo, resaltó que en sentencias como las

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Radicación n.° 91584 proferidas en los procesos con número de radicación «33083 del 22 de noviembre de 2011 y 31989 del 9 de septiembre de 2008», se exigió el cumplimiento del deber de información sobre las consecuencias de un traslado frente a personas que ya tenían una expectativa legítima de pensionarse en el régimen anterior o eran beneficiarias de la transición, y además, en esos eventos se había probado que la asesoría brindada no fue veraz porque se allegaron proyecciones pensionales contrarias a la realidad, por lo que se evidenciaba la inducción en error. Por tanto, afirmó que era necesario analizar cada caso en particular, pues en tratándose de la ineficacia del traslado, no todos los asuntos guardan similitud fáctica. Precisó que los artículos 5 del Decreto 692 de 1994 y 112 de la Ley 100 de 1993, establecen la posibilidad de elección de régimen en cabeza del afiliado, lo que guarda armonía con el artículo 114 ibídem que exige a quienes se trasladen por primera vez al RPM o al RAIS, que presenten una comunicación escrita en la que hagan constar que su selección fue libre, espontánea y sin presiones, y con el

artículo 11 del Decreto 692 de 1994 que autoriza que tal manifestación pueda consignarse en el formulario de vinculación preimpreso. Recordó lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 y resaltó que el deber de asesoría fue desarrollado en un primer momento a través del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009, norma que no estaba vigente para el momento en que la actora se trasladó, pues solo entró a regir el 1 de julio

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Radicación n.° 91584 de 2010. En esa medida, consideró que, en el presente asunto, las obligaciones generales y especiales contenidas en los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994 relativas al deber de información, se «suplen» con la previsión consignada en el formulario de afiliación y aceptada por la accionante, referida a que su decisión fue libre, espontánea y sin presiones. Cuestionó cuál pudo ser el efecto nocivo del cambio para la demandante, quien contaba con 35 años de edad, había cotizado un poco más de 190,86 semanas, nunca aportó al ISS y, por ende, su derecho se encontraba en formación; además, durante 22 años se benefició de las prerrogativas del RAIS, y solo ahora considera que no le es favorable, e incluso, en su interrogatorio de parte afirmó que trabajó en el sector salud, que firmó el formulario de vinculación de manera libre y voluntaria, dio muestras de tener conocimientos del funcionamiento de los regímenes pensionales y aceptó que se ha desempeñado en el medio de mercadeo y ventas.

Dijo que el artículo 60 de la Ley 100 de 1993 establece las características del RAIS, por lo que alegar que no fueron informadas es acudir al desconocimiento de la ley como excusa. Resaltó que los anteriores razonamientos no son caprichosos, sino que encuentran asidero en las aclaraciones de voto de las sentencias CSJ SL1421-2019, CSJ SL14522019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL3464-2019, CSJ SL43602019 y CSJ SL4426-2019.

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Radicación n.° 91584 Adujo que en este asunto no se constató ningún vicio del consentimiento y que según el artículo 1509 del CC, el error de derecho no genera tal situación. Refirió que no se demostró un error de hecho, ni la existencia de dolo, esto es, artificios o engaños. Esto, dado que de lo expuesto en la demanda y en el interrogatorio de parte rendido por la demandante, se advertía que es profesional odontóloga, trabaja en el sector salud Subred Centro -Oriente Hospital Trinidad Galán, se afilió de manera libre y voluntaria y que lo hizo por lo afirmado en los medios de comunicación, además, conoce los regímenes pensionales, pues manifestó que se podía pensionar con una edad menor que la exigida en el ISS, también indicó que esta entidad tenía problemas y que en Porvenir S. A. le hicieron dos proyecciones pensionales. Señaló que no era dable establecer la existencia de error o coacción, dolo o deficiencia en la información brindada, pues lo cierto es que la actora fue asesorada y conocía las

condiciones del RAIS. Estimó que no sería prudente suponer el salario de la trabajadora que decide trasladarse; si tendría hijos o se casaría, aspectos que impactan la pensión en el RAIS, y que configuran suposiciones sobre las cuales no es dable edificar una decisión judicial, pues atenta contra la seguridad jurídica y debido proceso. Destacó que en el RAIS resulta primordial el patrimonio propio que se nutre de los aportes en la cuenta de ahorro individual, mientras que en el RPM los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de

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Radicación n.° 91584 naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de los pensionados en cada vigencia. Por tanto, afirmó que resultaba contrario a la ley y al principio de solidaridad que gobierna el sistema pensional, que un particular, solamente cuando se acerca el cumplimiento de la edad para pensionarse, pretenda retornar a un régimen al que nunca perteneció y en el que no contribuyó a pagar las pensiones en cada vigencia, en el que nunca creyó y solamente con el pretexto de que no le fue proyectada una pensión cuando aún le faltaban 21 años y 1109,14 semanas para causarla, busque sustentar un vicio del consentimiento que no existió o el incumplimiento del deber de asesoría sobre aspectos que no eran predecibles al momento de su vinculación al RAIS. Finalmente, en relación con la pretensión subsidiaria afirmó que los regímenes de pensión tienen sus características propias, ventajas, beneficios y desventajas particulares, por lo que al elegir el RAIS, la demandante

quedó sometida a las reglas de este esquema pensional, por lo que no le es posible alegar su desconocimiento, «por demás que le está vedado al juzgador, más allá de la labor interpretativa que le corresponde, dar un alcance a las normas que originalmente no fue contemplado por el legislador».

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue presentado por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que esta corporación case la sentencia de segundo grado, y en sede de instancia, confirme la decisión del a quo.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión de alzada por transgredir la ley sustancial por la senda directa «por inaplicación» de los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; 97 numeral 1) del Decreto 663 de 1993; 21 de la Ley 797 de 2003 y del precedente jurisprudencial contenido en las sentencias «31989 de 2008», CSJ SL19447-2017, CSJ SL1421-2019, CSJ SL 1452-2019 y CSJ SL1688-2019, «que establecieron con absoluta claridad las subreglas a tener en cuenta para declarar la ineficacia de un traslado de régimen pensional».

Asegura que el Tribunal revocó la decisión del a quo con

fundamento en que la actora no tenía una expectativa pensional ni era beneficiaria del régimen de transición. Sin embargo, tal planteamiento era contrario a lo expuesto en las decisiones CSJ SL1421-2019, CSJ SL 1452-2019 y CSJ SL1688-2019, en las que se precisó que para que proceda la ineficacia del traslado de régimen, únicamente debe

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Radicación n.° 91584 constatarse si para la época de la vinculación al RAIS, el fondo privado de pensiones cumplió con su deber de asesoría y le suministró al potencial afiliado la información completa, veraz, oportuna, necesaria, objetiva e imparcial sobre las ventajas y desventajas de dicho acto jurídico. Por ejemplo, establecer si se le explicó que en el RPM la mesada pensional siempre sería superior y que, para lograr un monto igual en el RAIS, se necesitaría un nivel de ahorro superlativo. Estima que argumentar que el traslado de régimen no generó una lesión injustificada a la actora, quien dio muestras de conocer el funcionamiento de los regímenes pensionales, así como que el formulario de afiliación al RAIS se firmó de manera libre y voluntaria, implican trasladar la culpa de la mala decisión en materia pensional al propio trabajador, sin recabar en la posición de los interlocutores que se encuentran en una situación más fuerte, lo que desconoce el carácter tuitivo del derecho laboral, tal como se resaltó en decisión CSJ STL3186-2020. Refiere que el Tribunal se equivocó al acoger de «manera extraña» las

aclaraciones de voto y no la decisión mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia. Señala que, a raíz de diferentes decisiones de tutela, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá cambió su postura y en adelante ha venido acogiendo el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en relación con la ineficacia del traslado de régimen y el deber de asesoría a cargo de las AFP; sin embargo, tal rectificación de criterio no se aplicó en el caso de la demandante. Agrega que

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Radicación n.° 91584 no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, dado que no es posible considerar que el consentimiento de la demandante para su vinculación al RAIS fue libre e informado, pues Colfondos se limitó a suministrar la información contenida en el formulario de vinculación, la cual no es suficiente para tal fin.

VII. RÉPLICA Colpensiones presenta réplica a este cargo. Afirma que incurre en un defecto de técnica al mezclar aspectos fácticos y jurídicos, y acusar la transgresión de precedentes jurisprudenciales, lo cual resulta improcedente. En todo caso, la demandante sí recibió la información requerida al momento de trasladarse, tal como quedó consignado en el formulario de vinculación al RAIS, en el que expresó su decisión libre, voluntaria y sin presiones, por lo que no se violó ninguna de las normas denunciadas. Además, en el proceso no se acreditó la existencia de algún vicio del consentimiento, por lo que el Tribunal no se equivocó al

desestimar las pretensiones. Colfondos S. A. también se opone a esta acusación. Refiere que la decisión del ad quem es acertada, aunque si la Corte considera posible casar dicha sentencia, en instancia únicamente podría confirmar la providencia de primer grado, pues así se solicitó expresamente en el alcance de la impugnación, sin que pueda adicionar otra condena. Agrega que el cargo se asemeja más a un alegato de instancia, dado que mezcla aspectos fácticos y jurídicos y que, en todo caso,

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Radicación n.° 91584 el colegiado no desconoció el deber de informar que les incumbe a las AFP, solo que encontró que en este asunto sí se acreditó. Porvenir S. A. objeta la acusación porque asegura que el Tribunal sí tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en relación con el deber de asesoría a cargo de las AFP, solo que en esas sentencias se trataba de afiliados con una expectativa legítima, próximos a pensionarse o beneficiarios de transición, situaciones que no se dan en este asunto. Agrega que, en todo caso, en el formulario de vinculación al RAIS, la accionante aceptó haber recibido la información pertinente exigida para la época en que suscribió tal afiliación. También afirma que las objeciones de la actora en cuanto a la falta de información veraz y oportuna son tardías, como quiera que han transcurrido más de 22 años desde la celebración del acto jurídico debatido, y tuvo la posibilidad

de retornar al RPM en varias oportunidades y no lo hizo. Además, la inconformidad en cuanto a la forma de liquidar la mesada pensional en el RAIS configuraría a lo sumo un error de derecho, que no vicia el consentimiento.

VIII. CONSIDERACIONES Contrario a lo señalado en la réplica, el cargo formulado por el censor por la vía directa no mezcla cuestionamientos fácticos, por el contrario, su planteamiento es eminentemente jurídico al discutir el alcance dado por el

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Radicación n.° 91584 colegiado a la obligación de asesoría que les incumbe a las AFP para efectos de garantizar un traslado de régimen libre y voluntario, esto es, con consentimiento informado. En efecto, la parte recurrente asegura que, en los términos de la jurisprudencia, para determinar la validez del traslado, solo debe constatarse si para el momento en que este se celebró, la AFP atendió su deber de diligencia y le brindó al potencial afiliado una información completa, veraz, oportuna, necesaria, objetiva e imparcial sobre las ventajas y desventajas de tal actuación. Sin que la exigencia de tal deber, así como la consecuencia de su incumplimiento, esto es, la ineficacia del traslado, esté condicionado a la existencia de una expectativa legítima pensional, una lesión injustificada o a ser beneficiario del régimen de transición. Además, considera que el formulario de afiliación a la AFP es insuficiente para evidenciar un consentimiento libre e informado frente a la decisión de cambio de régimen.

El ad quem, por su parte, precisó que las reglas jurisprudenciales sobre el deber de información que les incumbe a las AFP del RAIS ante los traslados de régimen operan en aquellos casos en que el afiliado contaba con una expectativa legítima de adquirir la pensión en el RPM, lo que no ocurría en este caso. Por esta razón, consideró que la referida obligación de asesoría se suplió con la manifestación de que el traslado fue libre, espontáneo y sin presiones, consignada en el formulario de afiliación.

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Radicación n.° 91584 Aclaró que la actora, al no estar próxima a pensionarse al momento en que se vinculó a Colfondos S. A., el traslado no le podía ocasionar un perjuicio, pues su derecho pensional estaba en formación, ya que tan solo tenía 35 años de edad y algo más de 191 semanas cotizadas; a más de que dio muestras de tener conocimiento del funcionamiento de los regímenes pensionales. En consecuencia, le corresponde a la Sala establecer si el Tribunal se equivocó al concluir que: i) las reglas jurisprudenciales sobre ineficacia del traslado y el deber de informar a cargo de las AFP, solamente son aplicables cuando se tiene una expectativa legítima de pensión o se advierte un perjuicio o lesión al afiliado y, ii) si la obligación de asesoría a cargo de las AFP se suple con la suscripción del formulario preimpreso de vinculación al RAIS y con el conocimiento de la actora acerca de algunos aspectos de los regímenes pensionales. i) Del deber de informar a cargo de las AFP y las reglas

jurisprudenciales sobre ineficacia del traslado 1.- El literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 establece que la selección de cualquiera de los regímenes pensionales debe ser libre y voluntaria por parte del afiliado y la jurisprudencia ha considerado que tal expresión presupone un conocimiento informado, el cual solo se alcanza cuando se conoce a plenitud las consecuencias de una decisión de esta índole. De esta forma, para la Corte no puede afirmarse que existe una manifestación libre y

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Radicación n.° 91584 voluntaria cuando las personas desconocen la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica. De ahí que, desde el inicio le hubiese correspondido a las AFP dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito (CSJ SL12136-2014 reiterada en CSJ SL4061-2021). Es por ello que, desde su fundación, las AFP estaban obligadas a brindar información objetiva, comparada y transparente a los usuarios sobre las características de los dos regímenes pensionales, condiciones, acceso, riesgos, ventajas y desventajas de cada uno, así como los efectos y consecuencias del traslado. Este deber ha sido desarrollado por el ordenamiento jurídico y catalogado por la jurisprudencia así: primera etapa: «deber de información»; segunda etapa: «deber de información, asesoría y buen consejo» y; tercera etapa: «deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría».

Lo anterior, se ha esquematizado, entre otras, en la decisión CSJ SL1688-2019, así: Etapa Normas que obligan a las Contenido mínimo y alcance del acumulativa administradoras de deber de información pensiones a dar información Deber de Arts. 13 literal b), 271 y 272 Ilustración de las características, información de la Ley 100 de 1993 condiciones, acceso, efectos y Art. 97, numeral 1.° del riesgos de cada uno de los Decreto 663 de 1993, regímenes pensionales, lo que modificado por el artículo 23 incluye dar a conocer la existencia de la Ley 797 de 2003 de un régimen de transición y la Disposiciones eventual pérdida de beneficios constitucionales relativas al pensionales derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal

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Radicación n.° 91584 Deber de Artículo 3.°, literal c) de la Ley Implica el análisis previo, calificado información, 1328 de 2009 y global de los antecedentes del asesoría y buen Decreto 2241 de 2010 afiliado y los pormenores de los consejo regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle Deber de Ley 1748 de 2014 Junto con lo anterior, lleva inmerso información, Artículo 3.° del Decreto 2071 el derecho a obtener asesoría de los asesoría, buen de 2015 representantes de ambos

consejo y doble Circular Externa n.° 016 de regímenes pensionales. asesoría. 2016 En este caso, no se discute que la actora se vinculó al RAIS a través de Colfondos S. A. el 30 de octubre de 1995, por lo que es evidente que para que pudiera considerarse válido, ha debido acreditarse que dicha AFP le brindó la información completa relativa a las condiciones, características, consecuencias de cada uno de los regímenes pensionales previstos en la Ley 100 de 1993, (RPM y RAIS), para que el afiliado pudiera entender la lógica de cada uno de ellos, y que, incluso le dio a conocer la posible pérdida de beneficios pensionales, según las condiciones particulares que debían ser analizadas. Esta Sala, en decisión CSJ SL1452-2019, reiterada en CSJ SL1689-2019 explicó la manera cómo debe entenderse esta obligación: 1.1 Primera etapa: Fundación de las AFP. Deber de suministrar información necesaria y transparente En efecto, la jurispruden