CSJ - SL1131-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1131-2023 Radicación n.° 92259 Acta 17 Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HASBLEIDY ALEJANDRA CASTILLO LUNA, contra la sentencia proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de agosto de 2020, en el proceso que instauró contra

BANCOLOMBIA S.A.

AUTO Se reconoce personería para actuar en el presente recurso como apoderado de Bancolombia S.A., al abogado José Roberto Herrera Vergara, identificado con la cédula de ciudadanía n.º 19.145.799 y tarjeta profesional n.º 18.316 del Consejo Superior de la Judicatura, según correo electrónico remitido en fecha 2 de marzo de 2023.

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 92259

I. ANTECEDENTES Hasbleidy Alejandra Castillo Luna demandó a Bancolombia S.A., con el propósito de que se declarara que la terminación de su contrato de trabajo fue ilegal y sin justa causa y, en consecuencia, que se ordenara su reintegro sin solución de continuidad; así como el pago de las acreencias laborales no canceladas desde el despido hasta su efectiva reinstalación, la restitución de las condiciones de su préstamo de vivienda y la devolución de las sumas de dinero pagadas en exceso por este concepto, todo debidamente indexado.

En subsidio al reintegro, solicitó el reconocimiento de la

indemnización por despido sin justa causa. Dijo que celebró contrato de trabajo con el banco el 20 de septiembre de 2010 para el ejercicio del cargo de «Coordinador horario extendido», siendo su último salario el de $1.780.545 y se afilió al sindicato mayoritario Sintrabancol desde el 16 de febrero de 2016. Narró que el 17 de noviembre de 2017 le fue comunicada la citación a descargos para el día 20 del mismo mes y año, «[…] debido a: solicitud de regeneración de clave con posteriores retiros y consultas a la cuenta del cliente identificado con C.C 51.810.969 y quejas de servicio de los clientes» y que en dicha diligencia aclaró que la cédula referida era de su madre, Yolanda Luna Varela.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 92259 Añadió en ese momento que la petición de cambio de clave la hizo previa autorización por escrito y en «[…] formato de solicitud» pues era ella quien consignaba el dinero en la cuenta para la manutención de su progenitora; evidenciando que ningún caso se vio afectada la cliente, quien estuvo al tanto y se benefició de la situación, ya que le era difícil manejar el producto por sí misma. Indicó, respecto a la queja de otro cliente, que no tuvo conocimiento de ella hasta que fue llamada a descargos y que tales reclamos eran situaciones normales en el sector bancario. Apuntó que el 21 de noviembre de 2017 le fue notificado su despido, con un proceso disciplinario que se adelantó según lo dispuesto en los artículos 65 y 66 del Reglamento

Interno de la entidad, de acuerdo con los hechos sucedidos el 30 de agosto y el 4 de septiembre de 2017, a pesar de que era beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo, que contenía un procedimiento disciplinario especial que establecía varias etapas, entre ellas, el llamamiento a descargos, su respuesta y análisis. Para finalizar, expuso que tenía un crédito de vivienda con la demandada que, debido a su desvinculación, aumentó en plazo e intereses. Al dar respuesta a la demanda, Bancolombia S.A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó el contrato celebrado el 20 de septiembre de 2010, la

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 92259 terminación por justa causa el 21 de noviembre de 2017 y el último salario devengado; aclaró que el enganche fue para el cargo de «CAJERO», mientras que el de «COORDINADOR DE HORARIO EXTENDIDO» fue ejercido por la demandante desde el 15 de febrero de 2012 y agregó que la señora Castillo Luna, en vigencia de la relación laboral, fue sujeta a llamados de atención por incumplimiento de sus obligaciones. Precisó que a la trabajadora no se le remitió una citación a descargos, ya que tal figura sólo aplica en el marco de un proceso disciplinario, sino un documento referido a una «[…] actuación administrativa denominada “debido proceso” contemplada en el artículo 26 de la Convención Colectiva de Trabajo 2017-2020». Se remitió al contenido del acta de explicaciones del 20

de noviembre de 2017 y puntualizó que la funcionaria presentó una carta de autorización de la titular de la cuenta con fecha posterior al día en que realizó el procedimiento; que efectuó 76 consultas del producto sin estar facultada para ello y que el 30 de agosto de 2017 grabó una consulta integral dos minutos después de haber hecho la generación de clave de tarjeta de crédito, incurriendo en conflicto de interés y violación de las normas internas del banco. Refirió que, según la investigación adelantada, Bancolombia S.A. constató que los días 30 de agosto y 4 de septiembre de 2017, la demandante solicitó a dos colaboradores que generaran una nueva clave a la tarjeta 601660720317XXXX, aludiendo que era suya cuando en

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 92259 realidad era de su madre, pese a que la única persona facultada dentro del sistema para realizar tales operaciones era la titular. Manifestó que tales conductas contravinieron lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo y en el Código de Ética, lo que sustentó la justa causa de despido; y que el hecho de que la cliente no hubiera tenido afectación, no excluía la responsabilidad de la trabajadora frente a sus obligaciones laborales. En cuanto a la queja interpuesta por otro cliente el 6 de octubre de 2017, rechazó que se tratara de un asunto normal en el sector bancario y aseguró que no hubo una atención clara y oportuna de la demandante, en desmedro de la imagen de la entidad. Negó que se hubiera adelantado un proceso disciplinario, sino que, reiteró, dio aplicación al artículo 26

de la Convención Colectiva de Trabajo 2017-2020, denominado reunión «DEBIDO PROCESO» que, «[…] se agota cuando se advierten serios elementos que constituyen una justa causa para terminar el contrato […] y busca garantizar el derecho del trabajador a ser escuchado y presentar explicaciones». Añadió que los hechos objeto de examen fueron conocidos mediante informe final n.º 2228 de 25 de octubre de 2017, la queja de 6 de octubre y el correo electrónico de 8 de noviembre todos del mismo año, por lo que el lapso entre

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 92259 las faltas cometidas y la fecha de desvinculación correspondió al necesario para que el área competente investigara lo sucedido. Por último, reconoció la existencia del crédito de vivienda tomado por la señora Castillo Luna, así como la variación de sus condiciones, que justificó en el procedimiento interno aplicable para los casos de despido con justa causa, el cual era conocido por la trabajadora. En su defensa propuso las excepciones de falta de requisitos formales por indebida acumulación de pretensiones, existencia de justa causa para la terminación del contrato de trabajo, calificación de falta grave, inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, falta de título y causa, buena fe, mala fe de la demandante, pago, compensación, enriquecimiento sin justa causa y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 29 de enero de 2020, resolvió,

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de COBRO DE LO NO DEBIDO e INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN propuesta por la demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABSOLVER a BANCOLOMBIA S.A. de todas las pretensiones incoadas en su contra por ALEJANDRA CASTILLO LUNA, de conformidad con la parte motiva de la sentencia.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 92259

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Interpuesto recurso de apelación por la demandante, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 31 de agosto de 2020, confirmó la sentencia de primera instancia.

Estableció como problemas jurídicos, (i) determinar si la demandada agotó debidamente el procedimiento convencional para dar por terminado el contrato de trabajo; (ii) si la desvinculación se enmarcó en una justa causa y, en caso negativo, (iii) si procedía el reintegro o, subsidiariamente, el reconocimiento de la indemnización por despido injusto. Dijo que se encontraban probados los extremos de la relación laboral, la naturaleza del vínculo, el cargo y el salario, así como el rompimiento contractual, por lo que dio paso a validar la existencia de la justa causa invocada por el empleador. Rememoró que según la carta de despido, Bancolombia S.A. lo fundamentó en el numeral 6º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el los 55

y 58, numeral 1º, del mismo estatuto y en disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo y el Código de Ética institucional. A continuación, indicó, Los hechos que motivan la carta de terminación del contrato son el solicitar a dos trabajadores la generación de una nueva clave a una tarjeta débito aludiendo que era de la demandante, pero que en realidad no lo era, sino de la progenitora, adicionalmente,

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 92259 no diligenció el formato denominado "formato de servicios electrónicos" y se identificó la realización de 76 consultas a la cuenta en mención realizadas desde el 15 de marzo de 2011 hasta el 27 de octubre de 2017, sin que dentro de las funciones se encontrara la de consultar esos productos y menos cuando el titular de la cuenta hace parte del grupo familiar. Adicionalmente, se señaló en dicho documento que se recibió una queja de parte de un cliente porque no se le brindó atención amable, por el contrario, le contestó en forma indebida sin darle solución a los inconvenientes presentados por el cliente, (fls. 349351). Señaló que la sección cuarta del Código de Ética definió «[…] como acto incorrecto o fraude» las operaciones indebidas con equipos, estaciones de trabajo y aplicativos del grupo, en beneficio propio o de un familiar, «[…] y en la sección octava: la información sujeta a reserva, información confidencial y uso de información privilegiada». Verificó que el 20 de septiembre de 2010, la funcionaria recibió copia de los reglamentos y políticas internas del banco

y agregó que, A folios 321 a 335, se encuentra el informe y resultado de la investigación realizada a la actora por los hechos ocurridos el 30 de agosto de 2017, que se circunscriben a la regeneración de clave de una tarjeta debito de una cliente por parte de la demandante desde el puesto de trabajo de su compañero Ricardo Ángel Galvis; se evidencia que el mismo día el señor Ricardo envió correo electrónico a la señora Diana María González Vargas mediante el cual informó la situación; razón por la cual se inició la investigación en la que se logró determinar que la tarjeta pertenecía a la progenitora de la demandante y que días después del cambio de la clave se encontró una carta de autorización sin el respectivo formato; se encuentran diferentes instantes del video digital, pero en ninguno de ellos se muestra el momento en el que le fue enviada la autorización por correo electrónico por parte de un primo y que su impresión se la haya mostrado a su compañero como indicó la demandante en su interrogatorio de parte.

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 92259 Con base en ello, comprobó que la demandante modificó la clave de una tarjeta a nombre de su madre y que la utilizó para realizar retiros en efectivo en los cajeros de la entidad. Agregó que si bien la trabajadora adujo que fue facultada y que en el expediente obraba una carta de fecha 30 de agosto de 2017 con el nombre de la señora Luna Varela, existían inconsistencias entre el interrogatorio de parte y el testimonio de la madre, […] en la medida que la señora Yolanda señala que el documento lo elaboró la hija, ella lo firmó y se lo entregó a la hija, y la

demandante manifestó no recordar quien lo elaboró y señaló que le fue enviado por correo electrónico. Adicionalmente, dicho documento no cuenta con una constancia de recibido por parte de la entidad. Precisó que aún teniendo como válido el documento, este no autorizó a la demandante para efectuar retiros de la cuenta de ahorro ni para realizar consultas sobre el producto, acciones que se ejecutaron desde el 15 de marzo de 2011 hasta el 24 de octubre de 2017, por lo que dio por probada la falta para la terminación del contrato de trabajo. Apuntó que según las declaraciones de René Alejandro Bohórquez y José Miguel Lombana, tales operaciones exigían autorización «[…] y formato de servicios electrónicos». Revisó lo atinente al debido proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención Colectiva de Trabajo, frente a lo cual manifestó que, Revisado el expediente, la trabajadora fue citada a dar explicaciones sobre los hechos, asistió a la diligencia acompañada de dos representantes del sindicato conforme se evidencia en el “acta de explicaciones” visible a folios 346 a 347 y posterior al trámite se le comunicó la terminación del contrato

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 92259 de trabajo, por lo que contrario a lo expuesto por el (sic) recurrente se dio cumplimiento al procedimiento señalado en el art. 26 de la Convención Colectiva, y respecto de una falta que se calificó como justa y grave para dar por terminado el contrato de trabajo en la cláusula novena, literal 19) (sic). Igualmente, debe recordarse que de antaño la jurisprudencia de las altas cortes han señalado que el despido no es una sanción y

por lo tanto no se requiere de un procedimiento previo para ello, no obstante, también ha indicado que si se encuentra consagrado en el reglamento o convención o contrato como una sanción se debe cumplir con el procedimiento que se haya reglamentado para ello. En consecuencia, concluyó que Bancolombia S.A. cumplió con el trámite establecido en la Convención Colectiva 2017-2020 aplicable a la señora Castillo Luna, confirmando la sentencia del juzgado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los alcances propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Declara la recurrente: Pretendo que esa Honorable Sala Laboral de la Corte CASE la sentencia proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ en el proceso ordinario laboral ya referenciado en cuanto confirmó la del a quo, para que, una vez constituida la Corte en Tribunal de instancia, LA REVOQUE accediendo a lo pedido en los términos de la demanda inicial.

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 92259 Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que es objeto de réplica y se resuelve a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, acusa la sentencia de violar los artículos 467, 468 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 21, 43, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64 y 115 del mismo compilado

y 29 y 53 de la Constitución Política. Sostiene que el Tribunal incurrió en errores de hecho que relaciona así:

1. No dar por demostrado estándolo que la Convención colectiva de trabajo vigente en la demandada al momento del despido de mi poderdante estableció el cumplimiento al principio constitucional del debido proceso como requisito previo para despedir a un trabajador.

2. Dar por demostrado sin estarlo que la empleadora demandada “cumplió con el procedimiento establecido en la convención colectiva 2017 - 2020 aplicable a la actora” por cuanto “fue citada a dar explicaciones sobre los hechos, asistió a la diligencia acompañada de dos representantes del sindicato, … y posterior al trámite se le comunicó la terminación del contrato de trabajo.”

3. No dar por demostrado estándolo que el despido de la parte demandante se hizo sin respetar la garantía constitucional del debido proceso.

4. No dar por demostrado estándolo que el empleador no demostró en el trámite administrativo los hechos imputados a la parte demandante.

5. No dar por demostrado estándolo que el empleador no demostró en el trámite judicial los hechos imputados a la demandante.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 92259

6. Dar por demostrado sin estarlo que el empleador probó la justa causa alegada en la carta de despido.

Aduce que estos se derivaron de la indebida valoración que se hizo de los siguientes medios de prueba:

1. Convención colectiva de trabajo 2017-2020. Folios 42-74,

492-553.

2. Carta de despido. Folios 27.

3. Autorización de agosto 30 de 2017. Folios 32.

4. Acta de explicaciones. Folio 33.

5. Escrito de respuesta a la demanda. Folio 2 y siguientes del cuaderno 2 digital.

6. Informe final de resultados. Caso 2228. Folio 111, segundo cuaderno digital. Folios 321 físico.

7. Correos electrónicos de quejas contra la actora. Folios 126 y 127 del cuaderno dos digital.

8. Correo de citación a explicaciones. Folios 134 del cuaderno dos digital.

9. Código de Ética. Folios 243 del cuaderno dos digital.

10. Testimonios e interrogatorios recibidos.

Reproduce apartes de la sentencia del Tribunal y el contenido del artículo 26 convencional; a continuación, afirma que este erró al concluir que Bancolombia S.A. cumplió el procedimiento del acuerdo colectivo por haberla citado y escuchado antes del despido, ya que ello reduce el contenido del debido proceso a esos dos actos formales, a pesar de que es de más amplia envergadura. Considera que las partes de la Convención Colectiva quisieron incorporar el contenido y alcance del artículo 29 de la Constitución Política como punto de partida para analizar la procedencia o no de la terminación con justa causa al interior del banco por lo que, Como el único acto previo al despido de mi poderdante fue escucharlo (sic) en compañía de dos representantes sindicales, se demuestra que el empleador violó el debido proceso por cuanto

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 92259 no se le permitió conocer los medios probatorios que se aducían

en su contra, no participó de investigación para esclarecer los hechos, no se le permitió controvertir los medios probatorios, no se le permitió recurrir la decisión, en síntesis, se le privó del ejercicio al derecho de defensa. Sobre lo dicho, en el caso de la parte demandante, la violación a la garantía del debido proceso se representa en:  No existió congruencia entre la citación a explicaciones, las explicaciones dadas y la carta de despido. Se le cita por una conducta, se escucha sobre ella y se despide por otras adicionales.  No se informó cuáles eran las pruebas que tenía el empleador demandado y menos se le dieron a conocer.  Nunca conoció los medios probatorios en los que se apoyó el empleador para citarlo a explicaciones.  Por no haber conocido NUNCA las pruebas en su contra, la parte demandante no pudo preparar la defensa.  No se concertó la fecha en la cual se escucharía al trabajador.  No se le permitió escuchar la declaración de su señora madre a pesar de haberlo pedido.  El demandante no conoció ni participó de la investigación que realizó la empleadora demandada. Respecto de la carta de despido (fl. 27), transcribe apartes de ese texto y de la sentencia del Tribunal. Luego manifiesta (énfasis original): Lo que verdaderamente se extrae de la carta de despido era la necesidad de probar en este proceso lo siguiente:

1. Que en los días 30 de agosto y 4 de septiembre de 2017 la demandante solicitó a compañeros de trabajo el cambio de clave de la tarjeta No. […].

2. Que en esas ocasiones, mi poderdante les dijo a sus compañeros que esa tarjeta era de su propiedad.

3. Que no se tenía autorización para operar esa tarjeta.

4. Que no se diligenció el formato obligatorio para cambio de clave.

5. Que la demandante hizo consultas financieras sobre los productos de esa cliente.

6. Que se aprovechó de la condición de empleada para acceder y utilizar información reservada.

7. Que en octubre 6 de 2017 hubo queja de cliente sobre la atención prestada.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 92259 Añade que si bien se le imputó el haber pedido a dos compañeros el cambio de clave de una tarjeta y que les dijo que la misma era de su titularidad, la investigación que sirvió como prueba para su despido llegó a una conclusión diferente sobre la conducta reprochada. Asegura que la autorización del 30 de agosto de 2017 (fl. 32), pese a ser descartada por el Tribunal, es válida, ya que Bancolombia S.A. nunca cuestionó su existencia o autenticidad y, como el documento no tiene fecha u hora de recibido, no puede afirmarse o negarse que fue aportado tras el cambio de clave. Agrega: No demostró Bancolombia, ni en sede administrativa ni en sede judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales “encontró” en sus oficinas la carta de autorización. Lo que está claro es que la carta existió y que estaba en custodia de la demandada, resultando necesario que se hubiera arrimado al proceso las declaraciones de la persona que dice haberla encontrado (Diana González, según el documento que resume la

supuesta investigación) y de la persona ante quien debió presentarse (Ricardo Ángel Galvis). Se desconoce entonces ese vital aspecto para definir el momento en el cual se presentó la autorización (que se repite, nunca se ha puesto en duda su existencia), si fue antes de la operación de cambio de clave o lo fue después. Sobre el acta de explicaciones (fl. 33), dice que en la reunión participaron José Miguel Lombana y René Alejandro Velásquez por parte del empleador y Luis Lara y Sonia Rivera por el sindicato; y, si bien el Tribunal no se refirió expresamente a ella, demuestra que el debido proceso y derecho de defensa se limitó a exponer su criterio sobre las conductas que se le reprocharon, sin que pudiera interactuar con las pruebas o controvertirlas.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 92259 En relación con la contestación de la demanda (fls. 2 y ss, cuad. 2 digital), plantea: La sociedad demandada confiesa que el reproche que se le hizo a mi poderdante consistió en que le pidió a dos compañeros de trabajo el cambio de clave de la tarjeta […] sin tener autorización para ello y que les dijo expresamente que esa tarjeta era de su propiedad. Al responder el hecho 12 se confiesa que la única prueba que recaudó la demandada en contra de mi poderdante fue la investigación que ella mismo realizó […]. A continuación, describe el objeto y estructura del «Informe final de resultados. Caso 2228. Folio 111, segundo cuaderno digital. Folios 321 físico» y refiere las consideraciones que hizo el Tribunal acerca de él.

Afirma que el documento contiene aspectos probatorios relevantes que fueron valorados equivocadamente por el fallador, así: En primer lugar, hay inconsistencias o errores en la redacción del informe. Cuando se redacta el capítulo de la (sic) “Análisis de la regeneración de clave” se dice que “la empleada le informó a Samuel que haría la regeneración de la clave de su tarjeta débito”, sin saber o indicar quién es “Samuel” pues se supone que el que haría la operación era Ricardo Ángel Galvis (página 6); en la página 7, se inicia redactando “Según información de los compañeros, la funcionarla al parecer le afirmó a alguien que había sido la asignación a la tarjeta debito de la Sra. Yolanda Luna Varela […]quien es su mamá. Teniendo en cuenta la información se verificó el número de tarjeta debito de la Sra. Liliana con el fin de verificar los últimos cambios de clave”, sin saber quiénes fueron los compañeros de trabajo, no se entiende quién es la “Sra. Liliana”; en la página 8 se indica que la señora Diana María González Vargas informó que después de la operación de cambio de clave de agosto 30 de 2017 había encontrado la carta de autorización en una carpeta personal sin informar si también había encontrado el formato anexo a ella; los registros fílmicos no tienen la nitidez y claridad respecto de las personas que allí aparecen como para afirmar o negar que son las personas que se describen en el documento; no se informa de

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 92259 dónde se obtuvo la información que permite identificarlos y

tampoco se explica la ubicación de los puestos de trabajo para concluir que era la actora la que aparecía allí y que estaba en puestos de trabajo de otras personas; por ello, no puede entenderse la anotación que se hace debajo de las imágenes que dice “se videncia (sic) como (sic) la funcionaria hace la regeneración de la clave, del puesto de Ricardo Ángel”. No es posible sostener, desde el más amplio ejercicio de flexibilidad, que las imágenes muestran a la demandante, que de ellas se advierte que se está haciendo alguna actividad específica y que ese sea el puesto de alguien. La misma situación se predica del registro fílmico de lo sucedido en septiembre 4 de 2017; no es posible identificar a alguna persona, ni cuál es la actividad que está haciendo; en cuanto a la actividad en cajeros, sucede algo similar. No explica el documento nada sobre las imágenes sin que puedan las partes o el juez suponer lo que allí se observa. Ha debido traerse al estrado a la persona que hizo la investigación para que explicara cómo la hizo, si entrevistó a alguna persona, en qué fecha, qué dijo, etc. Bancolombia ha debido aportar el video o videos completos en el mismo formato en el cual se grabaron para poder confrontar su contenido con las conclusiones del informe. Sobre el análisis de las consultas registradas por la funcionaria (página 11), no se indica de dónde se obtuvo la información (sistema, software, planillas, etc.); la transcripción de los datos no se hizo en el formato original de donde se obtuvieron. En las conclusiones, no se explican las afirmaciones que se hacen. Por ejemplo, cuál es la razón por la cual la investigadora concluye que “la funcionarla le informó a su compañero Ricardo

que la regeneración la habla realizado con su tarjeta débito, sin embargo el empleado logró ver los últimos cuatro dígitos del plástico, donde se dio cuenta que dicha tarjeta no pertenecía a la funcionaria”; no sabemos si se entrevistó con Ricardo o de dónde dedujo lo dicho. Relevante resulta la conclusión según la cual “A través de los registros fílmicos se evidenció que la cliente Hasbleidy Alejandra Castillo Luna se acercó al puesto de trabajo de sus compañeros Ricardo Ángel Galvis y Oscar Mauricio Silva Ramos para hacer las regeneraciones de clave, también se evidenció que es ella quien hace uso de la tarjeta débito en los cajeros”, pero esos registros NO SE APORTARON AL PLENARIO y de lo que se observa en el informe no es posible definir algo, ni siquiera quiénes son las personas que allí aparecen pues escasamente se observan siluetas, al ser imágenes fijas no es posible concluir que alguien se acerca a un lugar, no se identifica quién es la demandante, quién es Ricardo, quién es Óscar, ni cuál es el puesto de trabajo de cada uno, menos que alguien esté haciendo una operación específica.

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 92259 Por último, resulta muy diciente lo que se consigna en el correo electrónico remitido por el señor Ricardo y que se inserta en la página 6 del informe. Está fechado en agosto 30 de 2017 a las 3:35 de la tarde. Dice textualmente el señor Ricardo que la demandante le colocó clave a una tarjeta débito que terminaba en XX91. Fíjese que la tarjeta a la que supuestamente, la

demandante le cambió o asignó clave es diferente a la que fue materia de la investigación, a la que se relaciona en la carta de despido y sobre la cual se realizó toda la fatiga probatoria pues ella termina en XX81. Este detalle resulta relevante pues deja sin piso la acusación que soporta el despido. Fíjese la cadena de actos. El señor Ricardo le escribe a la señora Diana González para informar de un supuesto acto irregular sobre una tarjeta; Diana da traslado a seguridad quien inicia investigación sobre una tarjeta diferente y concluye en la falta de autorización para cambio de la clave. Igualmente, se acusó por pedir a dos compañeros el cambio de clave sin autorización, motivo que sustentó el despido pero la supuesta investigación concluyó que el cambio de clave no lo hicieron dos compañeros de trabajo sino directamente la misma actora, lo que no se dijo en la carta de despido. Afirma que no se demostraron las conductas reprochadas; que la investigación fue realizada por la propia demandada pese a que no le es posible fabricar su propia prueba y que el informe no determina cómo se obtuvieron las piezas probatorias ni cómo se alcanzaron sus conclusiones. Sobre los correos de quejas en su contra (fls. 126 y 127, cuad. 2 digital), manifiesta que si bien el Tribunal no hizo referencia expresa a ellos, dan cuenta de que una empleada del banco pidió «[…] a la señora Diana» la atención de unos asuntos laborales, pero no demuestran que lo allí narrado sea cierto y menos que hubiera tenido participación directa o indirecta.

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 92259

En relación con el correo de citación a explicaciones (fl. 134, cuad. 2 digital), aduce que «Lo que verdaderamente demuestra» es que se le reprochó haber pedido la regeneración de una clave, hacer retiros y consulta en cuenta ajena y tener quejas en su contra. Explica el contenido del Código de Ética (fl. 243, cuad. 2 digital) y reproduce el análisis que al respecto hizo el Tribunal. Asegura, que no vulneró ninguna de sus disposiciones, en particular las secciones cuarta y sexta, habida cuenta de que no incurrió en conflictos de interés ni violó la reserva bancaria. Sostiene que, No hay prueba alguna de que la demandante se haya apropiado de información de terceros en virtud de su cargo y funciones en el Banco. Por el contrario, se demostró que fue su señora madre la que le proporcionó la tarjeta, la clave y toda la información que podía necesitar para que dispusiera del producto como si fuera suyo. En ese sentido, no se dem