CSJ - SL1137-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1137-2023 Radicación n.° 92652 Acta 17 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LADY DIANA RONCALLO MARTÍNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de junio de 2021, en el proceso ordinario laboral que la recurrente instauró en

contra de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S. A. (EDUBAR S.

A.)

I. ANTECEDENTES

Lady Diana Roncallo Martínez demandó a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.

A. (Edubar S. A.), con el propósito de que se declare la ineficacia de las órdenes de servicios suscritas con la

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 92652 demandada y, consecuentemente, la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, durante los siguientes períodos: i) del 11 de enero al 31 de diciembre de 2007; ii) del 9 de julio de 2008 al 7 de octubre de 2009 y; iii) del 2 de febrero de 2010 al 29 de febrero de 2012, devengando como último salario la suma de $1.845.000, el cual finalizó por decisión unilateral del empleador, sin justa causa. Además, solicitó declarar que dicha terminación resulta

ineficaz, toda vez que al momento del despido estaba amparada por el fuero de maternidad y no existía autorización previa de autoridad administrativa para desvincularla. En consecuencia, impetró ser reintegrada a un cargo de igual o superior categoría al que venía desempeñando, el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir; la cancelación de la licencia de maternidad prevista en el artículo 236 del CST, modificado por la Ley 1437 de 2011; el pago de cotizaciones al sistema integral de seguridad social integral durante la permanencia del vínculo; la liquidación final de prestaciones sociales; vacaciones, lo que resulte probado ultra, extra, infra y minus petita y las costas procesales. De forma subsidiaria, deprecó las indemnizaciones previstas en los artículos 64, 65 y 239 CST, 99 de la Ley 50 de 1990 y la indexación de las sumas adeudadas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó con la demandada a través de un contrato de trabajo a término indefinido, el cual inició el 1 de abril de 2005 y

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 92652 culminó el 15 de agosto de 2006. Posteriormente, fue contratada a través de «órdenes de servicios» en los siguientes lapsos: Desde Hasta N.º de orden de servicios 11 de enero de 2007 11 de marzo de 2007 RH 0023-207 (GRU) 12 de marzo de 2007 12 de mayo de 2007 VAL 07-0152

14 de mayo de 2007 31 de octubre de DRU 07-0104 2007 1 de noviembre de 31 de diciembre de ADM 07-0568 2007 2007 9 de julio de 2008 31 de diciembre de DRU 08-0240 2008 5 de enero de 2009 4 de marzo de 2009 ADM 0042-2009 9 de marzo de 2009 8 de mayo de 2009 ADM 0103-2009 11 de mayo de 2009 2 de julio de 2009 ADM 0151-2009 8 de julio de 2009 7 de octubre de 2009 ADM 0181-2009 2 de febrero de 2010 30 de junio de 2010 EDU-0-0083-2010 1 de julio de 2010 31 de diciembre de EDU-O-0122-2010 2010 4 de enero de 2011 30 de marzo de 2011 EDU-O-0031-2011 1 de abril de 2011 28 de junio de 2011 EDU-O-0092-2011 29 de junio de 2011 31 de octubre de EDU-O-0192-2011 2011 1 de noviembre de 30 de noviembre de EDU-O-0259-2011 2011 2011 1 de diciembre de 31 de diciembre de EDU-O-0282-2011 2011 2011 2 de enero de 2012 29 de febrero de 2012 EDU-O-0016-2012 Insistió en que prestó sus servicios a la accionada del 11 de enero al 31 de diciembre de 2007, del 9 de julio de 2008

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 92652

al 7 de octubre de 2009 y, del 2 de febrero de 2010 al 29 de febrero de 2012, especificando que no hubo solución de continuidad. Sostuvo que la labor desarrollada fue la de digitadora y analista de sistema, cargo en el cual le correspondía diseñar y manejar el aplicativo para la captura y análisis de la información, así como la elaboración de bases de datos, la digitación y control de información relacionada con los estudios socioeconómicos, técnicos y jurídicos, asistir y ejecutar labores en lo concerniente a las reuniones con la comunidad y las de carácter institucional convocadas por la gerencia de la empresa, actividades que, destacó, eran propias para desarrollar el objeto social de la empresa, y fueron ejecutadas bajo la continua subordinación del Director de Proyectos de la compañía. Narró que era objeto de llamados de atención; que se limitó a cumplir las órdenes emanadas de la sociedad; que debía contar con el visto bueno de su jefe inmediato; que las herramientas con las cuales ejecutaba la labor eran de propiedad de la demandada; que le fue entregada dotación; que portaba carnet de la empresa; que carecía de autonomía profesional, técnica y administrativa; que debía cumplir un horario de trabajo asignado por la sociedad llamada a la litis; que le fueron realizadas «retenciones ilegales de salarios»; y que pagó estampillas pro-desarrollo, pro-ciudadela y prodotación. Relató que nunca le fue pagado concepto alguno por

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 92652 prestaciones sociales, ni vacaciones; que tampoco se hicieron

aportes al sistema de seguridad social integral; que a la fecha de terminación del contrato de trabajo se encontraba embarazada, situación conocida por la demandada; que el contrato finalizó sin la autorización que exige el artículo 240 del CST. Aseveró que el 27 de febrero de 2015 formuló ante la Edubar S. A. petición de reconocimiento y pago de los derechos laborales, el que fue respondido el 2 de marzo de 2015 de forma desfavorable. La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S. A. (Edubar S. A.) se opuso a las pretensiones. De los hechos aceptó la suscripción, el 1 de abril de 2005, de un contrato de trabajo a término indefinido, y su terminación, el 15 de agosto de 2006; la vinculación de Roncallo Martínez a través de órdenes de servicio, las labores desempeñadas, el uso de carné y el pago de estampillas; frente a los demás dijo no ser ciertos. En su defensa, adujo que la relación con la actora estuvo regida por los postulados propios de la autonomía y por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios; que, a partir de la suscripción de las diferentes órdenes de prestación de servicios, se descarta la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido como lo planteaba la actora, y que aquella contaba con absoluta autonomía e independencia para desarrollar las labores. Explicó que ejecutaba diferentes proyectos relacionados con distintas

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 92652

áreas de renovación urbana, sistema masivo de transporte y saneamiento de caños, entre otros, los cuales no eran parte del giro ordinario de sus actividades. Destacó que la demandante instauró reclamación administrativa el «17 de julio de 2013», la cual le fue contestada el 12 de agosto de 2013, de suerte que el término para acudir a la justicia ordinaria laboral vencía el 11 de agosto de 2016, lo que no ocurrió, en tanto la demanda fue presentada en el año 2017. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho reclamado y la obligación, buena fe, mala fe de la demandante, cobro de lo no debido, compensación, innominada o genérica y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 10 de julio de 2018, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y absolvió e impuso el pago de las costas a la actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 30 de junio de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la

parte demandante, decidió:

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 92652 1° REVOCAR parcialmente el numeral 2° de la sentencia apelada de fecha 10 de julio de 2018, proferida por el Juzgado Séptimo

Laboral del Circuito de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora LADY DIANA RONCALLO MARTINEZ contra EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE – EDUBAR S.A., en cuanto tasó las agencias en derecho. En su lugar, ORDENAR que estas se fijen por auto separado. 2° CONFIRMAR la sentencia apelada en todo lo demás. 3° Costas en esta instancia a cargo de la demandante. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural señaló que el artículo 24 del CST establece que «se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», por manera que, al acreditarse la prestación personal del servicio, quedaba a cargo del empleador desvirtuar tal presunción, es decir, que la labor realizada no había sido subordinada, para lo que trajo a colación las sentencias «de 13 de diciembre de 1996» y CSJ SL, 1 jul. 2009., rad. 30437. Precisó que al proceso fueron allegadas diversas «órdenes de servicios» con que la empresa vinculó a la actora, para prestar los «Servicios Profesionales como DIGITADOR Y ANALISITA (sic) DE SISTEMAS», en las que se pactó, entre otras condiciones, el pago de honorarios y el deber de afiliación de la contratista al sistema de seguridad social. Precisó que, al revisar el caudal probatorio, en especial las declaraciones de Julio Cesar Novoa y Lady Roncallo, a pesar de que había prueba de la prestación personal del servicio, no existía evidencia de la subordinación y dependencia en el desarrollo de las labores, como lo alegaba

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 92652 la parte actora; ya que de los medios de convicción arrimados al plenario no se infería la obligación de cumplir órdenes, horarios o reglamentos, carga que le correspondía a la demandante, a quien le incumbía «probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Agregó que, además, la reclamación administrativa se formuló el 27 de febrero de 2015 y la demanda se radicó el 17 de marzo de 2017, lo que significaba que sobre las posibles acreencias por la supuesta vinculación laboral ocurrida entre el 11 de enero de 2007 y el «31 de diciembre de 2011», había operado el fenómeno jurídico de la prescripción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La censura lo propone de la siguiente manera: Pretende el recurso extraordinario de casación que la Honorable Corte CASE TOTALMENTE la sentencia dictada por el ad quem, para que una vez constituida en sede de instancia, REVOQUE en su totalidad la Sentencia de primer grado. En consecuencia, acceda a las pretensiones contenidas en el líbelo (sic) demandatorio, entre las cuales se encuentran el reconocimiento del contrato realidad que rigió la relación laboral con la demandada, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales tales como cesantías, intereses de las cesantías, primas, vacaciones, devolución del valor de la estampilla pro desarrollo,

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 92652 pro ciudadela, y pro dotación, generadas durante la vigencia de la relación laboral, así como la indemnización por despido injusto, sanción moratoria contenida en el art. 65 del CST y la sanción contenida en el art. 99 numeral 3o de la Ley 50/90 por no consignar el monto de las cesantías generadas a un fondo autorizado para tal fin. Sobre costas proveerá lo que en derecho corresponda. Con tal propósito, formula tres cargos que fueron objeto de réplica por parte de la demandada, de los cuales, por razones de método, se estudiará inicialmente el segundo de ellos y luego de haber lugar, los dos restantes.

VI. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 22, 23, 24 62, 127, 186, 249, 307 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Política.

Indica que, si bien el Tribunal inicialmente interpretó correctamente el artículo 24 del CST, al momento de verificar los elementos esenciales de la relación laboral, le otorgó un entendimiento equivocado, en razón a que le exigió a la trabajadora acreditar que la prestación del servicio fue subordinada. Añade que tal disposición indica con claridad que le compete al empleador desvirtuar la presunción de laboralidad, demostrando «la ausencia del elemento subordinación».

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 92652

VII. RÉPLICA

Asevera la pasiva que el colegiado no cometió los errores hermenéuticos enunciados por la recurrente y por ello la sentencia atacada continúa gozando de legalidad.

VIII. CONSIDERACIONES Para no acceder a las súplicas de la actora, el Tribunal consideró que esta no acreditó, siendo su deber hacerlo, que los servicios que prestó a Edubar S. A. fueron subordinados, por manera que no era posible declarar la existencia de la relación laboral.

El ataque que dirige la censura contra dicha conclusión, desde el punto de vista jurídico, se centra en argumentar que a la accionante no le correspondía demostrar que la fuerza de trabajo se prestó de manera dependiente. Así, la Sala debe establecer si el sentenciador de segundo grado incurrió en un yerro jurídico al interpretar el artículo 24 del CST cuando a efectos de activar la presunción prevista en tal disposición, exigió a la promotora de la contienda demostrar el haber desarrollado sus labores bajo subordinación de la entidad accionada. Pues bien, en torno a la configuración del contrato de trabajo, es preciso memorar que de manera pacífica y profusa a través de la jurisprudencia de esta corporación se ha enseñado que se requiere la demostración de la actividad

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 92652 personal del trabajador a favor de la parte demandada, ya que la subordinación jurídica, entendida como un presupuesto característico y diferenciador de toda relación laboral, se presume al tenor del artículo 24 del CST, conforme al cual textualmente «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo».

Partiendo de este entendimiento, la Corte ha establecido que a la parte actora le corresponde acreditar la actividad personal a favor de quien se predica la condición de empleador, y cumplido ello, se genera la presunción sobre la existencia del contrato de trabajo, revirtiéndose la carga probatoria por lo que incumbe a la empleadora desvirtuarla con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral (CSJ SL, 5 ag. 2009, rad. 36549). Por ello, al trabajador no le corresponde demostrar el elemento de la subordinación. Así se explicó a través de la sentencia CSJ SL16528-2016 cuando se dijo: Para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 92652 El aparte transcrito permite colegir que el fallador de la alzada le dio una interpretación equivocada al artículo 24 del CST, en tanto exigió que la parte actora acreditara el elemento subordinante. De tal suerte que se encuentra demostrado el yerro jurídico endilgado, pues si bien, en un primer momento el juzgador plural entendió correctamente que demostrada la prestación personal del servicio, se activaba la presunción de existencia de un contrato de trabajo y que la sociedad demandada debía desvirtuarla, lo cierto es que, al momento de analizar las pruebas arrimadas al expediente, exigió que la demandante demostrara que su fuerza de trabajo se aportó o ejecutó de manera dependiente. El cargo, en consecuencia, es próspero sin que sea necesario el estudio de las restantes acusaciones que buscaban igual propósito. Sin costas en el recurso extraordinario.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA Para declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación y absolver a la demandada, la juez de primer grado precisó que, según se afirmaba en la demanda inicial, la actora prestó servicios a la pasiva durante tres periodos, a saber, del 11 de enero al 31 de diciembre de 2007; del 9 de julio de 2008 al 7 de octubre de 2009 y desde el 2 de febrero de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012, por lo que dijo que había confesión respecto de la solución de continuidad.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 92652

Seguidamente, precisó que era necesario verificar si había operado el fenómeno prescriptivo, para lo cual reprodujo el contenido de los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS; aclaró que debía examinarse respecto de los derechos exigibles, de forma individual, para cada uno de los periodos atrás referidos y destacó que como la reclamación administrativa se presentó el 27 de febrero de 2015 (f.º 258), las eventuales prerrogativas derivadas de los dos primeros vínculos, esto es, aquellos que tuvieron lugar entre el 11 de enero y el 31 de diciembre de 2007 y del 9 de julio de 2008 al 7 de octubre de 2009, se hallaban prescritos. De cara a la tercera relación que operó del 2 de febrero de 2010 al 29 de febrero de 2012, señaló que no se trataba de un vínculo laboral, pues aunque estaba demostrada la prestación de servicios personales por parte de la actora, en virtud de los contratos de prestación de servicios visibles a folios 56 a 93, y a la certificación de los mismos (f.º 99-100), se advertía que aquellos habían sido celebrados en aplicación la Ley 80 de 1993, sin que en el plenario existiera prueba de que la labor hubiere sido subordinada. En consecuencia, dijo, no era posible declarar la existencia del contrato de trabajo en dicho lapso. A renglón seguido descartó el reintegro pretendido por la demandante, sustentado en la protección por su estado de embarazo, en razón a que, afirmó, tal prerrogativa estaba consagrada para las mujeres que contaran con una relación

laboral, lo que no había ocurrido en el caso presente.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 92652 Al formular el recurso de apelación, la parte actora insistió en la existencia de tres relaciones de trabajo; la primera desde el 11 de enero al 31 de diciembre de 2007; la segunda del 9 de julio de 2008 al 7 de octubre de 2009 y la última desde el 2 de febrero de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012, recabando en que tenía lugar el reconocimiento de los eventuales derechos causados durante dichos ciclos. Además, sostuvo que la falladora de primer grado había errado al exigir la acreditación de la subordinación, pues tal elemento, que se presume, no estaba desvirtuado por la empresa demandada, quien, resaltó, solo allegó los contratos de prestación de servicios. Para resolver la alzada, desde ya advierte la Corte que el fallador unipersonal se equivocó al exigir la demostración del elemento subordinante de la relación laboral, pues, como se explicó en sede extraordinaria, una vez debidamente comprobada la prestación personal del servicio, como ocurrió en el sub examine, se activaba la presunción legal consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que dispone: «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo». Así las cosas, le correspondía a la pasiva desvirtuarla allegando prueba de que el servicio se prestó de manera autónoma e independiente, lo cual, como se verá más adelante, no ocurrió. En efecto, al revisar el contenido de los medios de

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 92652 convicción allegados con la contestación de la demanda, se evidencian las ordenes de servicios suscritas entre las partes, las cuales consignan la siguiente información: Folios N.º de orden Plazo Valor Pactado de servicios Extremo inicial Extremo final 408RH 002311 de enero de 11 de $1.400.000 409 207 (GRU) 2007 marzo de 2007 420VAL 0712 de marzo de 12 de $1.400.000 421 0152 2007 mayo de 2007 426DRU 0714 de mayo de «14 de $700.000 427 0104 2007 junio de 2007» 446ADM 071 de noviembre de 31 de $1.400.000 447 0568 2007 diciembre de 2007 458DRU 089 de julio de 2008 31 de $6.880.000 459 0240 diciembre de 2008 497ADM 00425 de enero de 2009 4 de $2.400.000 498 2009 marzo de 2009. 516ADM 01039 de marzo de 8 de mayo $2.580.000 517 2009 2009 de 2009 530ADM 015111 de mayo de «Un mes y $1.935.000 531 2009 2009 quince (15) días contado a partir del 11/mayo

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 92652 /2009». 550ADM 01818 de julio de 2009 7 de $3.870.000

551 2009 octubre de 2009 554EDU-02 de febrero de 30 de $6.708.000 555 0083-2010 2010 junio de 5652010 566 587EDU-O1 de julio de 2010 31 de $9.000.000 588 0122-2010 diciembre de 2010 617EDU-O4 de enero de 2011 30 de $4.480.500 618 0031-2011 marzo de 2011 641EDU-O1 de abril de 2011 28 de $4.532.000 642 0092-2011 junio de 2011 662-663 EDU-O29 de junio de 31 de $7.539.600 0192-2011 2011 octubre de 2011 679EDU-O1 de noviembre de 30 de $1.854.000 680 0259-2011 2011 noviembr e de 2011 695EDU-O1 de diciembre de 31 de $1.854.000 696 0282-2011 2011 diciembre de 2011 724EDU-O2 de enero de 2012 29 de $3.646.200 725 0016-2012 febrero de 2012 En tales documentales, además, se indica que Roncallo Martínez se obligó a prestar servicios en favor de la demandada y, que la relación contractual se hallaba regida por la Ley 80 de 1993.

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 92652 Sin embargo, tales medios de convicción no acreditan que la labor realizada por la actora fuera autónoma e independiente, pues el hecho de que expresen que estaban

reguladas por una normatividad diferente a la laboral no demuestran tal supuesto fáctico. Sobre el particular, esta corporación ha enseñado que no es suficiente la celebración de otros vínculos diferentes al contrato de trabajo para rebatir el carácter laboral de este; así se indicó en la decisión CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 43818, reiterada en sentencia CSJ2756-2022. También debe descartarse el contenido de la certificación expedida por la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. Edubar S. A. el 18 de mayo de 2012, pues tal documental, que proviene de la pasiva, se limita a informar los periodos en que la actora prestó sus «servicios profesionales como auxiliar de sistemas», es decir, no demuestra que la labor para la cual fue contratada se hubiera desarrollado de forma independiente. Tampoco se encuentra desvirtuada la presunción de subordinación a partir de los dichos de la demandante al absolver el interrogatorio de parte, pues en manera alguna reconoció que su labor se ejecutó forma autónoma¸ es decir, no hubo confesión; por el contrario, sus afirmaciones estuvieron direccionadas a insistir en la existencia de la relación laboral. En efecto, precisó:

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 92652 Realicé viajes con mi jefe directo para hacer el estudio preventivo y la asignación de los arquitectos que yo manejaba; tenía asignados alrededor de 5 arquitectos en Sincelejo, ellos se

comunicaban directamente conmigo para la información que tenía que entregarles y yo viajé dos veces con él [jefe directo] precisamente para cuadrar toda la información de la empresa. Y el testigo Julio César Novoa refirió, que mientras él laboró para Edubar S.A., entre octubre de 2006 y diciembre de 2008, la demandante todos los días se «sentaba diagonal al puesto donde estaba yo, en un computador, en el área técnica, donde estaban unos ingenieros y donde estaban unos arquitectos». Ante la pregunta relacionada con la pertenencia del equipo de cómputo con el cual la demandante prestaba sus servicios, respondió: «esos computadores eran de Edubar. Edubar puso a disposición de todo el personal, contratistas y personal de planta, unos equipos. Mandó a instalar unos equipos. Todo era proporcionado por Edubar». Y si bien refirió que la actora estaba vinculada por órdenes de servicios reguladas por la Ley 80 de 1993, ello no acredita el ejercicio de su función de forma independiente, pues tal información solo ratifica la formalidad con la que las partes estaban aparentemente vinculadas. De lo expuesto, para la Sala es claro que la falladora de primer grado erró al descartar la existencia del contrato de trabajo a partir de la falta de demostración de la subordinación, pues, como quedó visto, ninguna de las pruebas recaudadas derruyó la presunción prevista en el

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 92652 artículo 24 del CST. No obstante lo anterior, la Sala llegará a la misma conclusión absolutoria a favor de la empresa, pues, al revisar

si Roncallo Martínez es acreedora de los eventuales derechos generados por los contratos celebrados entre el 11 de enero y el 31 de diciembre de 2007; del 9 de julio de 2008 al 7 de octubre de 2009 y desde el 2 de febrero de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012, encontraría que todos están afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción. En efecto, esta Corte tiene señalado que la prescripción, como modo de extinguir las obligaciones, es una excepción legítima al postulado de la irrenunciabilidad de derechos, en cuanto propende por la realización de otros valores como la aludida seguridad jurídica y el ejercicio responsable de los derechos. Así lo sostuvo en sentencia CSJ SL16798-2015, rad. 43128, al puntualizar: […] Una interpretación armónica de la norma en cita y del art. 13 del C.S.T. permite afirmar que si bien los derechos establecidos en las disposiciones laborales son mínimos y, por regla general, irrenunciables, también lo es que existen eventos excepcionales en los cuales se ofrece la posibilidad de que puedan ser objeto de dimisión, disposición o elección. Lo cual es enteramente entendible en la medida que, si bien es cierto, el legislador con sujeción a la Carta Política tiene un amplio margen para establecer los beneficios mínimos de los trabajadores, también lo es que, goza de libertad para establecer restricciones, excepciones y condicionamientos a los mismos, así como alternativas o niveles de protección de un determinado derecho, a fin de garantizar su racionalidad en las relaciones del trabajo. Es que solo a partir de este entendimiento del principio de

irrenunciabilidad es que pueden concebirse instituciones como la prescripción y la transacción o la conciliación sobre derechos

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 92652 inciertos y discutibles, las cuales de cara al principio protectorio y los fines y valores constitucionales resultan igualmente legítimas: la primera, para brindar seguridad jurídica y garantizar una prontitud en el ejercicio de los derechos laborales por parte de los trabadores y, la segunda, para evitar conflictos en las relaciones sociales y facilitar el saneamiento de las controversias en el marco de una justicia consensual. Por tanto, el legislador, a efectos de garantizar la estabilidad jurídica de los asociados y consolidar sus derechos, fija en cada especialidad un tiempo dentro del cual deben ser reclamados, so pena de verse afectados por la prescripción. Así el artículo 488 del CST y el 151 del CPTSS, brindan a los trabajadores la oportunidad de impetrar sus súplicas dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad y el 489 CST prevé que dicho lapso se puede interrumpir por una sola vez, con el simple reclamo escrito que el trabajador formule y el empleador reciba, para que, a partir de ese momento, se reinicie el conteo del trienio para reclamar en tiempo. Lógicamente que el reclamo del trabajador que interrumpe la prescripción es aquel en donde se determina o individualiza el derecho pretendido, pues la «ambigüedad le resta eficacia a los efectos que con su presentación al empleador se pretenden» (sentencia CSJ SL, 18 jun. 2008, rad. 33273). Frente a este punto en particular, en sentencia

CSJ SL, 1º feb. 2011, rad. 30437, se acotó: Pero el reclamo escrito, con virtud para interrumpir la prescripción, no puede hacerse en forma abstracta, indefinida o indeterminada, como solicitar el pago de los derechos laborales o el reconocimiento de prestaciones sociales o la satisfacción de las indemnizaciones legales o convencionales o el otorgamiento de

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 92652 los descansos obligatorios. De tal suerte que reclamaciones genéricas, abstractas, indefinidas o indeterminadas carecen de eficacia para interrumpir la prescripción, desde luego que no permiten conocer, de manera concreta y determinada, el derecho pretendido. Siempre debe individualizarse y precisarse el derecho reclamado. Por ejemplo, solicitar el pago de cesantía, prima de servicios, vacaciones, indemnización por despido injusto, indemnización moratoria, pensión de jubilación, pensión de vejez, etc. Conviene destacar que si bien es cierto que la redacción del escrito que registre el reclamo del trabajador no exige solemnidad alguna, no es menos exacto que debe contener el señalamiento concreto del derecho, concepto o beneficio recabado. Ahora bien, para efectos de establecer la exigibilidad de la obligación laboral, acontecimiento a partir del cual se comienza a contar el término prescriptivo de que tratan los artículos 488 del CST y el 151 del CPTSS, «el juzgador debe remitirse a la fecha en que cada parte del contrato laboral está en la posibilidad, legal o contractual, de solicitarle a la otra,

por estar causado, el reconocimiento y pago directo de la resp