CSJ - SL1139-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1139-2023 Radicación n.° 91981 Acta 13 Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por REINALDO JOSÉ SEPÚLVEDA BROCHERO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a

DRUMMOND LTD.

I. ANTECEDENTES Reinaldo Sepúlveda Brochero demandó a Drummond LTD., para que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo, que terminó sin justa causa por decisión de la empleadora.

Pidió que, en consecuencia, en forma principal, se

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Radicación n.° 91981 condenara al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa, conforme a la cláusula 51 de la CCT 2010-2013, la sanción moratoria del artículo 65 del CST y la indemnización plena de perjuicios del 216, ibidem, más lo que se probare y las costas. Reclamó que, en subsidio, se declarara la ineficacia de la misiva laboral de extinción del vínculo y que se ordenara su reintegro, junto con el pago de salarios, prestaciones sociales y vacaciones causadas desde la cesación de su empleo, hasta su reincorporación. Narró que laboró para la demandada del 23 de abril de 1989 al 27 de febrero del 2011; que durante los primeros seis

años se desempeñó como técnico mecánico en la sección de lubricación, suministrando combustible, aceite y engrase a toda la maquinaria de la compañía; que después realizó labores en la zona de explotación de la mina - sección de tractores, reparando estos equipos y retroexcavadora; que en ese cargo estuvo expuesto a temperaturas de más de «150º» y constantemente subía y bajaba escaleras; que no se le permitía tomar descansos ni desacalorarse; que las herramientas utilizadas eran de peso igual o superior a 25 libras. Relató que recibió las ondas y los químicos que producían las explosiones para fragmentar la capa superior de la corteza terrestre; que estuvo expuesto a sustancias químicas como ánfor, pólvora y petróleo; que laboró turnos

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Radicación n.° 91981 de doce horas sin descanso; que empezó a tener serios problemas de salud a los siete años de estar vinculado a la empresa; que sus padecimientos fueron diagnosticado por la EPS y ARL; que asistió a rehabilitaciones y durante los últimos nueve años de labor utilizó una máscara nasal para respirar; que su empleadora conocía sus problemas de salud (f.° 1 a 11, archivo: «Primera InstanciaCuaderno Principal_ Expediente Primera Instancia_2022082217362»). Drummond Ltd. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la relación laboral con el accionante, sus extremos, cargos y funciones. Negó las condiciones en las que aquél dijo ejecutar su labor, pues: i) las instalaciones tenían aire acondicionado; ii)

las actividades contractuales fueron realizadas en el lugar donde estuviera el equipo a reparar, esto es, en hangares y no en campo abierto, por lo que no estuvo a exposición de ondas o químicos; iii) las herramientas de trabajo eran livianas y fueron utilizadas por varios empleados que no presentaron dificultades médicas; iv) el personal tenía descanso en cada turno de trabajo; v) las funciones eran ejecutadas por el trabajador con estricto cumplimiento de normas de seguridad, las cuales no podían desconocerse por urgente que fuera la tarea a realizar. Expresó que era falso que sus problemas de salud (apnea del sueño y sobrepeso) derivaran del empleo, pues fueron anteriores al contrato de trabajo, consecuencia de los descuidos del reclamante; que los accidentes de trabajo que

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Radicación n.° 91981 sufrió fueron reportados a la ARL, recibiendo asistencia; que, además, le fue reconocida pensión de invalidez de origen común. Precisó que las rehabilitaciones se realizaron en centros médicos especializados; que no tiene acceso a la historia clínica del actor, por lo que desconoce su detalle; que la máscara o Cepac que utilizaba se debía a la apnea de sueño. Formuló como excepciones de mérito la de inexistencia de las obligaciones y prescripción (f.° 192 a 204, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, el 19 de julio de 2016, decidió: PRIMERO. DECLARAR la ilegalidad del despido del que fue objeto el demandante REINALDO JOSÉ SEPÚLVEDA BROCHERO el día

23 de enero de 2012, conforme las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCIÓN, en consecuencia, ABSOLVER a la demandada de las pretensiones en su contra.

TERCERO. Sin COSTAS en esta instancia (f.° 435 a 436, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de abril de 2021, al decidir la apelación de ambas partes, revocó la primera y, en su lugar, absolvió de las pretensiones.

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Radicación n.° 91981 Indicó que el juez de primer grado incurrió en errores procesales trascendentes, pues invirtió los reclamos del demandante, vulnerando el principio de congruencia del artículo 281 del CGP, al decidir en forma inicial las pretensiones subsidiarias, referentes a la ineficacia del despido (pero declarado su ilegalidad, tras haber asimilado con error ambos efectos jurídicos), lo que condujo a que hallara probada la excepción de prescripción y, en segundo lugar, al pronunciarse sobre los reclamos principales, concernientes con la indemnización por culpa patronal. Explicó que tales yerros tenían incidencia en la segunda instancia, porque la prosperidad de la alzada del demandante, referente al último tópico, es decir, el reclamo principal, hacía innecesaria cualquier decisión adicional, mientras que su negativa, legitimaba a la empleadora en la presentación de la apelación, toda vez que el artículo 320 del CGP establecía que ese fallo debía examinar la cuestión

decidida por el juez de primer grado «únicamente en relación con los reparos concretos formulados», es decir, en el caso, frente al actor, lo atinente al término extintivo, mientras que de la empleadora, la ilegalidad del despido, por absolverse de todos los reclamos económicos. Dijo que, por tanto, determinaría si había lugar a la indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del CST o, en su defecto, si el despido del reclamante fue ilegal o ineficaz y, «solo si lo fuere», si procedía la excepción de prescripción. Razonó que el contrato de trabajo establecía

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Radicación n.° 91981 obligaciones recíprocas para las partes, estando a cargo del empleador garantizar protección y seguridad a los trabajadores y, de éstos, las de obediencia y fidelidad, según el artículo 56 del CST; que aquella carga no se agotaba con la afiliación al sistema de seguridad social, sino que se extendía a todas las medidas, controles y procedimientos que tuviesen por objetivo la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, lo que incluía la identificación de los factores de riesgos existentes y las acciones para eliminarlos o reducirlos a su mínima expresión. Arguyó que la dependencia encargada de aquellos deberes era la de salud ocupacional, integrada al sistema de riesgos laborales; que la adopción de esas medidas no se traducían en la ausencia de siniestros, por lo que en caso de ocurrir, eran cubiertos por las ARL; que, en ese sentido, solo había lugar a declarar la culpa patronal, cuando el dador del

empleo incumplía con las obligaciones en comento, siempre que el subordinado sufriera un accidente laboral o enfermedad profesional e incluso la muerte, como consecuencia de esa omisión; que en tal evento, aquel debía reparar los daños, según las reglas del derecho común. Manifestó que para el resarcimiento del artículo 216 del CST, se requería culpa suficientemente comprobada del empleador, cuya responsabilidad demostrativa estaba en cabeza del trabajador por tratarse de la culpa leve, esto es, conforme al artículo 63 del CC, «la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus

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Radicación n.° 91981 negocios propios»; que una vez acreditada la misma, correspondía al empleador probar su diligencia y cuidado en la adopción de medidas de prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, según los artículos 1604 CC y 56 del CST. Aseveró que, por tanto, el empleado debía demostrar «el hecho dañino y los perjuicios sufridos», así como «identificar cuál fue el deber u obligación que en el caso concreto incumplió el empleador y de qué manera ese incumplimiento fue causa eficiente para la ocurrencia del siniestro laboral», pues lo último daba lugar a la «imputación normativa que [hace] sobrevenir la sanción derivada de su trasgresión, como bien lo dispone el artículo 6º del Código Civil». Expuso que el demandante soportó su reclamo en la historia clínica ocupacional y el testimonio de Edgardo

Enrique Field Ortiz; que esos medios de convicción informaban lo siguiente

1. A folio 74 y ss y 251 y ss reposa Ficha Medica Ocupacional del 19 de febrero de 2001, y del 5 de mayo de 2003, donde se detalla el siguiente diagnóstico: “OBESIDAD MODERADA,

OTOMICOSIS, HIPERTROFIA CONJUNTIVAL, CISTITIS

CRÓNICA, INSUFICIENCIA VASCULAR PERIFÉRICA LEVE Y

HIPER O DISLIPIDEMIA MIXTA LEVE” (SIC.).

2. A folio 80 y 221 funge documento contentivo de la epicrisis, que de fe de la consulta médica a la cual acudió el demandante, el 2 de noviembre de 2003, en la que se indica: “Refiere el mecánico que se encontraba entrenamiento, sufre trauma con la parte de debajo de la silla del buldózer D11 que estaban atendiendo, con posterior dolor y sangrado sobre primer dedo de mano izquierda”. Diagnóstico: “ABULSIÓN UÑA DEDO PULGAR

MANO IZQUIERDA”

3. A folio 218 y 219 reposa la epicrisis correspondiente a la

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Radicación n.° 91981 consulta médica realizada por el demandante, en la que se expresa que fue por causa de herida severa de iv dedo más lesión de tendón flexor, por atrapamiento de la mano derecha al bajar la pechera del buldócer, pese a utilizar guante de seguridad.

4. A folio 33, se encuentra la epicrisis correspondiente a la consulta médica que realizó el demandante el 30 de mayo de

2009, en la cual se diagnostica: DERMATITIS SEBORREICA,

REMITIÉNDOSE A DERMATOLOGÍA.

5. A folio 53 funge la epicrisis correspondiente a la consulta médica llevada a cabo por el demandante el 29 de abril de 2010, por deposiciones diarreicas, en la que se diagnostica: “DIARREA

FUNCIONAL”.

6. A folio 52 obra la epicrisis correspondiente a la consulta médica a la cual acudió el demandante el 19 de mayo de 2010, por presentar dolor de talón de pie izquierdo, irradiado a músculos gemelos, con diagnóstico: ESPOLÓN CALCÁNEO.

7. A folio 24 y 213, se encuentra la epicrisis correspondiente que da fe de la consulta médica a la que acudió el demandante, por accidente de trabajo el día 18 de enero de 2011, donde se indica: “Paciente quien es traído por supervisor del área (EVARISTO LEÓN) y quien manifiesta que mientras realizaba una tarea (con el guante de seguridad colocado), consistente en enderezar una lámina metálica de la caja de la batería de un tractor, al golpear, la mona se le deslizó y el mango de esta golpeó el dedo contra la estructura metálica, causándole una herida por aplastamiento a nivel del cuarto (4) dedo de la mano izquierda”.

8. En la Historia Clínica Ocupacional se describe que el actor estuvo expuesto a factores de riesgo físicos bajos, como ruidos y vibraciones de mano, para los cuales se le brindaron como elementos de protección personal protector auditivo de inserción, y medidas de control como mantenimiento preventivo de los

equipos; además a factores de riesgo químicos bajos, para los cuales se le suministró el uso de mascarilla, y las medidas de control regado de vías por micro aspersión de agua y aislar el área de soldadura; y riesgos ergonómicos, cuya medidas de control fueron higiene postural (MICROPAUSAS, EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO) (fls. 25-27, 35-37 y 222 a 225).

9. Dictamen No. 2236851-1 del 20 de julio de 2011 proferido por COLMENA SEGUROS, que determina una PCL de 3.30%, estructurada el 18 de enero de 2011, de origen laboral, por razón del diagnóstico de FRACTURAS MÚLTIPLES DE LOS DEDOS DE LA MANO (fls 340-344).

10. Calificación en primera oportunidad del origen realizada por SALUD TOTAL, con fecha del 13 de febrero de 2012, determinándose que TRASTORNO INTERNO DE RODILLA y

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Radicación n.° 91981 GONARTROSIS, de origen profesional (fls. 118123).

11. Calificación de origen realizada por ARL COLMENA, quien determinó que los diagnósticos de TRASTORNO INTERNO DE RODILLA y GONARTROSIS, eran de origen común (fls. 332-333).

12. Dictamen No. 72145729 del 24 de mayo de 2012 por la

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, que determinó OTRAS DEGENERACIONES ESPECIFICADAS DE DISCO INTERVERTEBRAL como origen profesional (fls. 124127).839592360.

13. Calificación sobre el origen, realizada por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ por medio de dictamen No 7214572 del 20 de diciembre de 2012, quien determinó que la GONARTROSIS, era de origen común (fls. 366371).

14. Dictamen No. EP-30768-1 del 7 de marzo de 2012 proferido por Colmena donde califica el SINDROME DEL TUNEL CARPIANO como de origen laboral (fls. 335-337).

15. Por último, calificación de pérdida de capacidad laboral por SEGURO DE VIDA ALFA S.A., donde se determina un 51.40 %, estructurada el 30 de diciembre de 2010, y de origen común (fls.

85-86). Refirió que el material probatorio no daba cuenta de la culpa patronal, pues solo permitía inferir las diferentes afecciones del trabajador, por las cuales asistió a consulta médica, así como su causa y diagnóstico, incluyendo el accidente de trabajo que padeció el 18 de enero de 2011; que, por tanto, no informaba sobre el incumplimiento de algún deber u obligación de la empleadora y menos aún, de su incidencia en las enfermedades que condujeron al 51.40 % de pérdida de su capacidad laboral. Expresó que tampoco era prueba de ese supuesto, la testimonial de Edgardo Enrique Field Ortiz, pues no identificó la causa del accidente o las patologías del reclamante, ni que tuviera origen en acción u omisión de la

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demandada, que fuera causa determinante en la producción del daño. Lo anterior, porque depuso acerca de: […] haber ingresado a Drummond en el año 2005, porque pertenecían al mismo grupo; que vivían en Barranquilla y viajaban juntos a la Mina; que el demandante era miembro de la comisión de reclamos del Sindicato; que le consta que el demandante tiene problemas para dormir, de columna, del manguito rotador, etc.; que la temperatura en la Mina es de 45 grados y en el trabajo el demandante utilizaba herramientas de gran tamaño, como monas, llaves de golpe, llaves de impacto; que cuando en la Mina hacían explosiones, no los resguardaban, sino que se quedaban en un container, y al salir respiraban todo ese material tóxico; que el demandante trabajaba en campo abierto, porque trabajaba con tractores. Que trabajaban en un ambiente de polvo; que la empresa entregaba elementos de seguridad, pero no eran los adecuados, pues las mascarillas no protegían del polvo; y que estaban sometido a acoso laboral, pues le exigían hacer un trabajo de dos horas en media hora, por lo cual entonces se veían compelidos a saltarse muchos protocolos de seguridad. Afirmó que, además, según el Comunicado del 22 de diciembre de 2011 (f.° 203, ibidem), a través del Dictamen del 13 de abril de 2011, el empleado fue calificado por Seguros de Vida Alfa S. A. con una pérdida de capacidad laboral del 51.40 % de origen común, estructurada el 30 de diciembre de 2010, por lo que se le concedió pensión de invalidez por

Porvenir S. A. Añadió que tampoco eran demostrativas de la culpa, las calificaciones realizadas por Colmena ARL, mediante las Experticias n.° 2236851-1 del 20 de julio de 2011 y n.° EP30768-1 del 7 de marzo de 2012, en las que determinó un 3.30 % de PCL estructurada el 18 de enero de 2011 (f.° 340 a 344, ib), debido al diagnóstico del síndrome del túnel

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Radicación n.° 91981 carpiano; como tampoco la n.° 72145729 del 24 de mayo de 2012, proferida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, sobre las degeneraciones especificadas de disco intervertebral, pues solo demuestran el origen profesional de esos padecimientos, pero no el «grado de culpabilidad del empleador». Lo anterior, en razón a que lo último debía establecerse «mediante la identificación y prueba de alguna conducta – por acción u omisión – que pueda atribuírsele, con el alcance de transgredir las obligaciones de protección y seguridad que tiene […], o simplemente, las de carácter legal y contractual, en ambos casos, con incidencia suficiente en el daño que se le imputa». Argumentó, en relación con el segundo punto de disenso, que la Ley 361 de 1997, «es un estatuto especial que consagró “...mecanismos de integración social de las personas con limitación...”», en cuyo artículo 1° previó los principios sobre los cuales se fundamentaría, contenidos en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la CP; que, por tanto, dicha

norma incluye las garantías a cargo del Estado y la sociedad para facilitar la vida digna, la rehabilitación, el bienestar social y el acceso preferente a la educación, a los bienes y al espacio de uso público, así como al trabajo, etc, de las personas con limitación. Señaló que conforme al artículo 26 de la citada ley y la sentencia CC C531-2000, es ineficaz el despido o la terminación del contrato de una persona con aquella,

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Radicación n.° 91981 «cuando ocurre por razón de ésta y sin la necesaria y previa autorización de la oficina del trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato»; que, «a contrario sensu», no se requería ese permiso cuando «no [tenía] como causa tal limitación». Aseguró que lo anterior porque, si la intención de la Corte Constitucional hubiese sido extender esa exigencia a todos los casos, no la hubiese condicionado a que tuviese origen en la limitación, es decir, «le habría bastado con decir que carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona limitada, sin la autorización previa de la oficina del trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o la terminación del contrato». Planteó que la decisión constitucional tenía dos líneas interpretativas, siendo la que mejor se ajustaba al sentido de la norma y la hermenéutica de la Carta Política, la relativa a que […] la intervención del inspector del trabajo no es, precisamente,

para definir o determinar si existe incompatibilidad entre el trabajo y la labor u oficio del trabajador en situación de discapacidad o vulnerabilidad, sino para constatar la justa causa aducida como razón del despido o la terminación del contrato, entre las cuales caben también las que tienen que ver con la incompatibilidad señalada. Puntualizó que, frente a los destinatarios de la garantía, también existían diferencias jurisprudenciales; que, al tenor de lo expuesto en la sentencia CC C824-2011, en armonía

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Radicación n.° 91981 con la CC SU049-2017, esta se extiende a los trabajadores que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta por la afectación de su salud o porque padezcan cualquier limitación física, sin que se restrinja a aquellos que padezcan en grado moderado; que tal prerrogativa es aplicable al contrato de trabajo a término fijo, según lo explicado en los fallos CC T230-2010, CC T864-2011, CC T041-2014 y CC T383-2014, con la precisión de que la expiración del plazo no es suficiente para finalizar el vínculo sin autorización del Ministerio del Trabajo. Dijo que bajo esa línea, se presumía el nexo causal entre la discapacidad y la cesación del vínculo laboral; sin embargo, por ser legal, podía desvirtuarse procesalmente, «aun dentro de la actuación constitucional», como lo decantó la Corte Constitucional; que en el fallo CC C200-2019, se desprende que «[…] la autorización previa de la autoridad administrativa (Ministerio del Trabajo) es un requisito de

eficacia de la terminación del contrato de trabajo o del despido, solo cuando aquella o ésta, ha tenido ocurrencia por razón de la situación de salud del trabajador». Denotó que, por el contrario, esta Corporación tenía establecido que para la procedencia de la garantía del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se requería de: i) calificación previa por organismo administrativo competente; ii) un grado de PCL, esto es, entre moderada y profunda; iii) el conocimiento previo de la empleadora y, iv) que la terminación del contrato de trabajo tuviese origen en la limitación, sin previa autorización del Ministerio del Trabajo.

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Radicación n.° 91981 Arguyó que en las providencias CSJ SL12998-2017 y CSJ SL3772-2018, la Corte varió la postura según la cual es justa causa para finalizar el contrato de trabajo, la incapacidad del trabajador por 180 días pues, a partir de tales providencias, solo lo sería si el empleador acude al Ministerio del Trabajo a solicitar la autorización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y este determinaba si el empleado tenía posibilidad de ser reincorporado al empleo; que de no cumplirse con esa exigencia el finiquito laboral era ineficaz. Explicó que así lo asumía teniendo en cuenta que, según el fallo CSJ SL1360-2018, solo se requería tal presupuesto si la decisión patronal se debía a la imposibilidad del trabajador de continuar laborando en razón a la limitación, más no cuando existiera causa objetiva, la cual debía ser demostrada por el dador del empleo.

Concluyó que en el contexto jurisprudencial descrito: […] i) la protección del artículo 26 de la Ley 361 referida al fuero de estabilidad de las personas limitadas, cobija tanto a quienes han sido calificados en los grados de moderado, severo o profundo, como a quienes sin haber obtenido la susodicha calificación, se encuentran afectados por una deficiencia física, mental o sensorial transitoria, sin importar su origen común o profesional; ii) el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en tanto comporta una prohibición para el empleador, conlleva necesariamente la obligación de acreditar ante el Inspector del trabajo la existencia de la justa causa de terminación del contrato o la demostración de las que sin ser justas sean atendibles para impedir su prórroga o continuidad, pues así fue declarada su exequibilidad condicionada a través de la sentencia C-531 de 2000, decisión que tiene fuerza de cosa juzgada constitucional y que por ello es de obligatorio acatamiento. En consecuencia, la omisión de ésta no puede tener la virtud de trasladar al trabajador durante el juicio, la carga de probar que el despido o

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Radicación n.° 91981 la terminación ocurrió por causa de la limitación, lo que implica presumir el hecho contrario. Sin embargo, el empleador demandado puede desvirtuar en el juicio ordinario, o durante el trámite de la tutela, la presunción del despido o terminación del contrato, discriminatorios, demostrando que no ha tenido como causa la limitación o incapacidad, sino alguna de las justas

causas del despido consagradas en la ley. Sostuvo que en el caso se probó que el accionante laboró para la demandada, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 23 de abril de 1989; que, conforme al Escrito del 2 de diciembre de 2011, Porvenir S.

A. le reconoció pensión de invalidez a partir del 30 de diciembre de 2011, lo que fue notificado a la empresa el día 22 siguiente (f.° 203, ib); que, por tanto, ésta, a través de Carta del 27 de diciembre de 2011, preavisó al primero de la finalización del vínculo por el reconocimiento de la pensión, a partir del 23 de enero de 2012, es decir, con más de los 15 días de antelación exigidos en el inciso 2° del artículo 62 del

CST. Afirmó que, en consecuencia, si bien se probó la titularidad del fuero de salud por parte del reclamante, en razón a que contaba con 50 % de PCL, lo que hacía presumir que su despido se debió a su limitación, la demandada desvirtuó esa presunción legal, al acreditar que ese acto tuvo por causa el reconocimiento de la pensión de invalidez, que, según el numeral 14 del artículo 62 del CST, es justa causa para finalizar el vínculo laboral; que, por ende, no había lugar a la declaratoria de ilegalidad e ineficacia del despido, sin que procediera el estudio de la prescripción (archivo «Segunda instancia Apelación Sentencia expediente Segunda Instancia_2022071314322»).

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia de segundo grado y, en sede de instancia, de manera principal, revoque parcialmente el fallo de primer grado, así: Confirmando la parte resolutiva de la sentencia del Juzgado Quinto Laboral del circuito de Barranquilla, que declaró la ilegalidad del despido del que fue objeto […] REINALDO JOSÉ SEPÚLVEDA BROCHERO el […] 23 de enero de 2012.

Revoque la decisión [del] Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla de declarar probada la excepción de PRESCRIPCIÓN propuesta por la demandada. Condenar a la demandada DRUMMOND LTD., a reintegrar materialmente a mi poderdante, a su puesto de trabajo, en condiciones salariales justas y de acuerdo a las limitaciones físicas que posee. Condenar a la demandada DRUMMOND LTD., a pagar a mi poderdante, los salarios que se produjeron desde la terminación de la relación laboral ocurrida el día 23 de enero del 2012, hasta cuando se materialice el reintegro. Condenar a la demandada DRUMMOND LTD., a pagar las vacaciones, que se causaron desde el 23 de enero del 2012 hasta cuando se materialice el reintegro. Condenar a la demandada DRUMMOND LTD., a pagar las cesantías, que se causaron desde el 23 de enero del 2012 hasta cuando se materialice el reintegro.

Condenar a la demandada DRUMMOND LTD., a pagar los intereses de cesantías que se causaron desde el 23 de enero del 2012 hasta cuando se materialice el reintegro.

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Radicación n.° 91981 Condenar a la demandada DRUMMOND LTD., a pagar el subsidio de transporte, que se causaron desde el 23 de enero del 2012 hasta cuando se materialice el reintegro. Condenar a la demandada DRUMMOND LTD., a pagar las primas, que se causaron desde el 23 de enero del 2012 hasta cuando se materialice el reintegro. Condenar a la demandada DRUMMOND LTD., a pagar la Indemnización sancionatoria establecida en la Ley 361 de 1997. Condenar a la demandada DRUMMOND LTD., a pagar la indemnización plena de perjuicio del que trata el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, consistente en los perjuicios morales y materiales de daño emergente y lucro cesante. En subsidio reclama que, en sede de instancia, se revoque el primer proveído y, en su lugar, se «[…] declare que el despido fue ineficaz, y como consecuencia de ello, condene a la demandada DRUMMOND LTD, a reintegrar materialmente a mi poderdante, a su puesto de trabajo, en condiciones salariales justas y de acuerdo a las limitaciones físicas que posee», imponiendo las condenas antes referidas (archivo: «Recursos Extraordinarios_ Casación_ Memorial _2022040151865»). Con tal propósito formula seis cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados conjuntamente

por la demandada y que por razones estrictamente metodológicas se decidirán así: i) el tercero y el sexto, en forma inicial y conjunta por compartir algunos argumentos demostrativos y referirse a la vulneración del principio de consonancia al estudiarse la ineficacia del despido; ii) el primero, segundo, cuarto y quinto, conjuntamente por soportarse en similares razonamientos y compartir finalidad.

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VI. CARGO TERCERO Increpa al Tribunal la violación directa de la ley, por la infracción directa del artículo 66 A del CPTSS, como violación de medio, en relación con el 26 de la Ley 361 de 1997.

Aduce que no controvierte las conclusiones fácticas de la segunda sentencia, sino la vulneración al principio de consonancia en relación con las prerrogativas del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, puntualmente la relativa al pago de una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones y resarcimientos a que hubiere lugar, de acuerdo con el CST y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. Ello, en armonía con los principios del respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad de los artículo 2° y 13 de la CP, la protección especial a los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (artículos 47 y 54, ibidem) y la regla de la sentencia CC C531-2000, según la cual carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista

autorización previa de la Oficina de Trabajo, que constate la configuración de la existencia de una justa causa para la terminación del nexo laboral. Afirma que el Tribunal vulneró la norma procesal laboral, en razón a que de manera oficiosa «estudió la intervención de la parte al mostrar un reparo frente a la

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Radicación n.° 91981 sentencia del a quo, que declaró la ilegalidad del despido del que fue objeto el demandante REINALDO JOSÉ SEPÚLVEDA BROCHERO el día 23 de enero de 2012», sin verificar si la accionada había presentado objeción en tal sentido. Precisa que es deber del apelante cuestionar en concreto y no genéricamente, la decisión de primer grado, lo que determina el margen de acción de la segunda instancia, conforme se indicó en el fallo CSJ SL, 23 may. 2006, rad. 26225, quien solo de manera excepci