CSJ - SL1142-2020

u aE A República de Colombia Certe Suprema de Justicia Sala de Gasarión Lahora! CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Magistrada ponente SL1142-2020 Radicación n.” 83597 Acta 7 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020). Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES contra la sentencia proferida el 12 de octubre de 2018, por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que CARLOS ARTURO MUÑOZ SÁNCHEZ adelanta contra la recurrente, trámite al que se integró a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS en calidad de fitis consorte necesario y a ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. como llamada en garantía. Radicación n.” 83597 I ANTECEDENTES El citado accionante promovió demanda laboral contra Colpensiones con el propósito de que se condene a reconocerle una pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su compañera permanente Rosalba Revelo Paz, a partir del 25 de enero de 1999, junto a los reajustes legales, los intereses moratorios y las costas del proceso. En respaldo de sus pretensiones, refirió que convivió en unión marital de hecho durante 23 años con Rosalba Revelo Paz de cuyo vinculo nació Jacqueline Viviana Muñoz Revelo, hoy mayor de edad; que su compañera falleció el 25 de enero

de 1999, y que el 29 de octubre de 2009 solicitó a la demandada que le reconociera una pensión de sobrevivientes, que se le negó por no acreditar el requisito de convivencia. Colpensiones al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relativos a la muerte de la afiliada y al trámite iniciado por el actor para obtener el reconocimiento de la pensión debatida. En su defensa manifestó que el accionante no demostró la convivencia efectiva con la causante durante «por lo menos tres años» antes a su fallecimiento, aunado a que ella no cotizó el minimo de 26 semanas previo al deceso, y que el 26 de febrero de 1996 la afiliada se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, motivo por el cual la AFP que Radicación n,” 83597 recibió sus aportes era la competente para responder por lo pedido en la demanda. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo debido, prescripción, buena fe y la innominada. Mediante auto de 13 de agosto de 2013 (£ 46), el juzgador de conocimiento vinculó a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías en calidad de litis consorte necesario, entidad que contestó la demanda y se opuso al éxito de lo pretendido por el actor «porque respecto de la afililación de Rosa Revelo Paz al sistema general de pensiones, se presentó un conflicto de múltiple vinculación y con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 3800 de 2003 se estableció que se «encontraba

válidamente vinculada al Instítuto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, razón por la cual se trasladó a dicho instituto, el valor de los aportes más los rendimientos existentes en su cuenta de ahorro individuab. Propuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, carencia de acción y ausencia de derecho, pago, petición antes de tiempo, compensación, buena fe y la innominada. Mediante auto de 28 de octubre de 2013 (f. 96 y 97 cuaderno del fuzgado), el a quo accedió al llamamiento en garantía que hizo Colfondos S.A. a Allianz Seguros de Vida S.A., empresa que al contestar la demanda se opuso a las pretensiones, bajo el argumento de que a la fecha de la muerte, la causante no se encontraba afiliada al résimen de Radicación n, 83597 ahorro individual con solidaridad. Ello por cuanto en un proceso de múltiple vinculación se definió que el ISS era la entidad donde estaba adscrita válidamente. Hizo suyos los medios exceptivos propuestos por Colfondos S.A. y, adicionalmente, formuló los de inexistencia de la obligación, incompatibilidad entre el régimen de ahorro individual con solidaridad y el régimen de prima media con prestación definida, enriquecimiento sin justa causa, prescripción y la genérica, Finalmente, en lo relativo al llamamiento en garantia, sostuvo que no tiene ninguna responsabilidad pecuniaria hasta que se configure efectivamente el derecho prestacional debatido, y que en el «remoto» caso de que se reconozca, solo

se obliga al pago de las sumas que se requieran para completar el saldo necesario de la cuenta de ahorro individual. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación principal de otorgar el derecho pensional por parte de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, ausencia de cobertura, marco de los amparos y alcance contractual del asegurador y la genérica. IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A través de fallo de 18 de septiembre de 2014, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali absolvió a Colpensiones y a las demás entidades vinculadas de todas las pretensiones. Radicación n.” 83597 lI. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación que interpuso el demandante, mediante la sentencia recurrida en casación la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revocó parcialmente la del a quo y, en su lugar, dispuso: 1.1. Declarar no probadas las excepciones formuladas al contestar la demanda por parte de Colpensiones, salvo la de prescripción que se declara probada parcialmente sobre todo derecho causado con antelación al 29 de octubre de 2006 respecto de las mesadas pensionales y al 7 de febrero de 2010, respecto de los intereses moratorios. 1.2. Condenar a Colpensiones a pagar.a favor del señor Carlos Arturo Muñoz Sánchez la pensión de sobrevivientes a partir del 25 de enero de 1.999, en catorce mesadas anuales y en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, con los correspondientes

reajustes de ley. E 1.3. Condenar a Colpensiones a pagar la suma de $97073.256, por concepto de mesadas pensionales no prescritas generadas desde el 29 de octubre de 2006 hasta el 30 de septiembre de 2018, con la debida inclusión en nómina de pensionados de la mesada actualizada a partir del 1.5 de octubre de 2.018, a razón del salario mínimo vigente, esto es, $781.242. (.) En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el Tribunal señaló que el problema juridico se contraia a determinar si el demandante tenía derecho a la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento Rosalba Revelo Paz. Con tal objeto, indicó que la afiliada falleció el 25 de enero de 1999, luego la disposición aplicable era la contenida Radicación n, 83597 en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original, que exige por lo menos 26 semanas de cotizaciones al momento de la muerte si era cotizante activa o, si dejó de cotizar, reunir por lo menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior al deceso. Indicó que del resumen de semanas aportadas en Colpensiones y de las historias laborales de Colfondos S.A., se colegia que al momento de su muerte, la afiliada no era cotizante activa, puesto que el pago de la última cotización ocurrió el 13 de agosto de 1998, y que con posterioridad y hasta su muerte, no hizo pagos al sistema como dependiente o independiente. Sostuvo que, por tanto, debía acreditarse la

densidad de 26 semanas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, esto es, del 26 de enero de 1998 al 25 de enero de 1999, pero que durante dicho lapso solo cotizó 11.14, por tanto no se cumplieron los supuestos previstos en la citada norma. Dicho lo anterior, sostuvo que resultaba «imperativo analizar el asunto bajo principio de la condición más beneficiosa que remite a la aplicabilidad de los artículos 6. y 25 del Decreto 758 de 1990», que exigen que el afiliado fallecido haya cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la muerte, o 300 en cualquier época con anterioridad al deceso. Además, señaló que según lo adoctrinado por esta Sala, para acceder a la pensión de sobrevivientes conforme al Acuerdo 049 de 1990, es necesario que a la vigencia de la Ley 100 de 1993, el causante haya cotizado 150 semanas y que registre la misma densidad Radicación n 83597 de aportes dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento (CSJ SL789-2013, CSJ SL, 10 may. 2011, rad. 43800, CSJ S5L, 13 abr. 2010, rad. 37356, entre otras). Indicó que la afiliada fallecida cotizó un total de 381,26 semanas que resultan de sumar las que obraban en el resumen de cotizaciones en Colpensiones con los periodos que se dejaron de reportar por esa entidad y Colfondos S.A. «pero sí acreditados a través de las certificaciones obrantes a folios 57 y 58 del cuaderno de segunda instancia» al igual que

«en las historias laborales que reposan dentro del expediente». Afirmó que del total de ¿otízaciones, 239,28 correspondian a los 6 años anteriores al fallecimiento, aunado a que a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y 6 años hacia atrás, completó 196,142 semanas. Todo ello para sentenciar que «se satisface la densidad de semanas regueridas, dado que dentro de los 6 años anteriores al Jallecimiento, la causante acreditó 239.28 semanas y cotizó más de 150 semanas en los 6 años anteriores a la entrada en vigencia de la tey 100 de 1995».

Asi lo concluyó: [... Jvualidando el tiempo de existencia de contratos de trabajo que certificó Colfondos (folios 57 y 58 del cuademo de segunda instancia), y aquellos periodos en que-incurrieron en mora los empleadores de la causante antes de reportar la novedad de retito, así como todos los ciclos que, ni aún, en el último reporte de semanas cotizadas en pensiones allegado por Colpensiones visible a folios 95 a 99 del cuaderno de segunda instancia, actualizado a 3 de octubre de 2018 aparecen reflejados. Principalmente, deduce . la sala por no involucrar periodos de mora patronal en periodos anteriores al 31 de diciembre de 1994, y los referentes a la época Radicación 1, 83597 en que la causante ostentó multiafiliación al RAIS desde el 10 de enero de 1994. No observando acorde a derecho que continúe Colpensiones reportando un total de semanas cotizadas de apenas

125.29 semanas y que siga conservando la anotación “no vinculado trasladado al RAIS” cuando Asofondos certifica que la fallecida Rosalba figura como afiliada a Colpensiones desde el 27 de mayo de 1994, esto de conformidad el folio 85 del cuademo del Tribunal, desconociendo la obligación que le atañe a Colpensiones de ser la guarda de la información que sobre cotizaciones en materia pensional tiene a su cargo. Luego, analizó si el actor cumplió los requisitos para beneficiarse de la pensión debatida a la luz del artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, que impone la demostración de la vida marital y convivencia con la causante por lo menos durante 2 años continuos con anterioridad a la fecha de su fallecimiento, salvo que hayan procreado hijos. Al respecto, subrayó que el requiéito de la convivencia es el parámetro fundamental para definir la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, presupuesto interpretado por esta Sala entre otras en sentencia CSJ SL4099-2017, de cuyo contenido se podía extraer que:

1. El cónyuge y compañero deban demostrar la vivencia por dos años; 2. El cónyuge prevalece en caso de convivencia simultánea con compañera permanente hasta el momento de la muerte; 3. La procreación de hijos no suple el requisito de la convivencia efectiva del momento de la muerte, sino que excusa el término mínimo de 2 años continuos con anterioridad a ese suceso si se da dentro del mismo lapso y no cualquier tiempo.

En tal panorama, sostuyo que según lo declarado por las testigos Esperanza Rebelo, Sandra Uribe y Carmen

Dolores de Gómez, el demandante y la afiliada fallecida convivieron por más de 25 años, desde el nacimiento de su hija en común (año 1987) y hasta la muerte de la causante, Radicación n, 83597 «lo que da derecho a la pensión de sobreviviente en forma vitalicia a partir del 25 de enero de 2009. Después calculo el valor de la prestación en un salario minimo legal mensual vigente en los términos del artículo 48 de la Ley 100 de 1993. En lo relativo a la excepción de prescripción formulada por Colpensiones, señaló que prosperaba parcialmente respecto de «las mesadas causadas con antelación al 29 de octubre de 2006, pues entre la respuesta de la reclamación y la demanda trascurrió más del término trienal que prevén los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social». Según ello, definió que el retroactivo del 29 de octubre de 2006 al 30 de septiembre de «2008» ascendía al valor de $97.073.256, sobre el que ordenó los descuentos con-destino al sistema de salud. En lo que respecta a los intereses moratorios previstos articulo 141 de la ley 100 de 1993, indicó que procedian del 7 de febrero de 2010 hasta cuando se produzca el pago del derecho pensional junto a su retroactivo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso Colpensiones, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Sala de

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Radicación n? 83597

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la del a quo.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica por parte de Allianz Seguros de Vida S.A. Como quiera que el primero y el segundo se encausaron por la senda de puro derecho, persiguen idéntico fin y guardan similitud en su argumentación, se estudiarán conjuntamente.

VI. CARGO PRIMERO Ácusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 «lo que condujo a la violación de medio en relación con los artículos 1.%, 13, 48, 49 y 53 de la Constitución Política, así como condujo a la aplicación indebida del artículo 1.% del Decreto 758 de 1990, respecto de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, que fueron aprobados por este».

En la demostración refiere que al ser un hecho indiscutido que Rosa Rovelo Paz falleció el 25 de enero de Radicación n.” 583597 1999, la norma que regulaba el asunto era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. De ahí que «el error de interpretación [...] estriba en que el Tribunal desatiendo su tenor literal y su sentido lógico, y para deewdir el caso, acude a unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, pero sin concretar cuál es la

stituación precisa que había sido objeto de estudio es esa oportunidad y que se semejaba en sus condiciones fácticas al caso ahora decidido». En tal contexto, aduce que el entendimiento equivocado que le dio el ad quem a la norma acusada, lo llevó a concluir también erradamente, que el actor tiene derecho a la pensión debatida. Subraya que el desatino más trascendente del juez de apelaciones consistió en reconocer la prestación con base en lo previsto en los artículos 6.” y 25 del Acuerdo 049 de 1990 «bastándole con decir que el afiliado había dejado causado el derecho a la pensión de sobrevivientes a la luz de dichas normas sin más análisis ni argumentación, lo que a todas luces resulta en desatino e impide el ejercicio pleno del derecho de defensa». Finalmente, sostiene que el colegiado de segunda instancia no podía aplicar una norma diferente a la vigente cuando murió la afiliada y, al hacerlo, le impuso a la entidad una carga prestacional que no se causó. E Radicación n. 83597 VIL. RÉPLICA El apoderado de Allianz Seguros de Vida S.A., se opone a la prosperidad del cargo, al considerar que si bien la afiliada fallecida no completó la densidad de semanas establecida en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, conforme al principio de la condición más beneficiosa desarrollado por esta Sala, resultaba procedente la aplicación de los artículos 6.% y 25 del Acuerdo 049 de 1990; de ahí que al encontrarse demostradas las cotizaciones por más de 150 semanas en los

úÚltimos seis años al fallecimiento, también era razonable concluir que la causante dejó causado el derecho objeto del litigio.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo «a la violación de medio en relación con los artículos 1.%, 13, 48, 49 y 53 de La Constitución política, y condujo a la aplicación indebida del artículo 1.” del Decreto 758 de 1990, respecto de los artículos 6.% y 25 del Acuerdo 049 de 1990, que fueron aprobados por esten, En la demostración sostiene que el ad quem «se reveló a aplicar íntegramente la norma que regía en relación con los

12 Radicación n. 83597 requisitos para perfilarse el derecho a la pensión de sobrevivientes, es decir, el artículo 46 de la Ley 100 de 1995». Explica que la disposición normativa vigente a la fecha del fallecimiento de la de cujus -25 de enero de 1999-, era la mencionada norma en su redacción original, en virtud de la cual, la causación del derecho prestacional debatido dependía de que la afiliada hubiese aportado 26 semanas si se encontraba efectuando cotizaciones al sistema, o la misma densidad de aportes en el año anterior a su fallecimiento si no lo estaba haciendo para ese entonces. De manera que «al no tener cabida por vía de excepción, la aplicación de la condición más beneficiosa para este caso, impera el principio general según el cual el derecho a la pensión de sobrevivientes

lo gobiernan las normas vigentes al momento de la muerte del afiliado a la seguridad social y por lo tanto es la Ley 100 de 1993, que entra en vigor desde el 1.7 de abril de 1994». Sostiene que el mayor desatino del juez de segunda estribó en la aplicación de los artículos 6. y 25 del Acuerdo 049 de 1990 «bastándole con decir f(minuto 16:39)j que el afiliado había dejado causado el derecho a la pensión de sobrevivientes a la luz de dichas normas sin más análisis ni argumentación, lo que a todas luces [...] impide el derecho de defensa». Aduce que tampoco era viable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa «sin acudir a la norma inmediatamente anterior aplicable al caso según la fecha de Radicación n.” 83597 ocurrencia del hecho generado, sino que se va más atrás, reviviendo los efectos de preceptos ya derogados».

IX. RÉPLICA La llamada en garantía se opone al éxito del cargo, al considerar que la jurisprudencia de esta Sala adoctrinó que en casos como el presente, resulta viable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, tal como lo dispuso el Tribunal.

X. CONSIDERACIONES Son hechos indiscutidos por la censura que Rosalba Revelo Paz falleció el 25 de enero de 1999; que para ese entonces no se encontraba cotizando al sistema de pensiones; que mno cotizó 26 semanas en el año inmediatamente anterior a su deceso; que luego de un proceso de multivinculación, se definió que se encontraba vinculada válidamente al ISS hoy Colpensiones, y que el

demandante tiene la condición de beneficiario en calidad de compañero permanente, En tal panorama, la Sala establecerá si en aras de la causación de la pensión de sobrevivientes discutida, es viable la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 en virtud del principio de la condición más beneficiosa. 14 Radicación n.? 83597 Sobre el tema sometido a consideración, es criterio reiterado de esta Sala, que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe definirse a la luz de la norma vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado. Por tanto, en este asunto, en principio, la disposición aplicable es el artículo 46 la Ley 100 de 1993, puesto que la asegurada falleció el 25 de enero de 1999. Sin embargo, dado que la causante al momento de su muerte era cotizante inactiva y no cumplió con el requisito exigido por dicha normativa, esto es, contar con 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a su deceso, de acuerdo con el criterio reiterado de esta Corporación, procede la aplicación de la condición más beneficiosa como excepción a la regla general regulada en la citada disposición. En efecto, cuando en el cambio normativo el legislador no prevé un régimen de transición y establece una modificación Sust:ancial en los requísí£os para acceder a la prestación, como en el caso de la pensión de sobrevivientes regulado en la Ley 100 de 1993, si se cumplen las exigencias de la normativa inmediatamente anterior —Acuerdo 049 de 1990-, en el número mínimo de cotizaciones, aunque el riesgo se estructure bajo la égida de la disposición ulterior,

puede acudirse a aquella en aras de pr¿teger una expectativa legitima. Sobre el particular es pertinenté recordar que en la sentencia CSJ SL13447-2016 que reiteró la CSJ SL4052013, esta Sala señaló que el pm'ncipi¿ de la condición más Radicación n,? 83597 beneficiosa, en los términos del artículo 53 de la Constitución Política, se aplica excepcionalmente cuando se presentan las siguientes particularidades: (1) que el afiliado fallezca después de la vigencia de la Ley 100 de 1993 (1. de abril de 1994); fii) que no reúna la densidad de cotizaciones exigida en rel artículo 46 de la citada norma; fiti) que pese a ello, tenga la cantidad de cotizaciones Oprevista en la norma inmediatamente anterior, esto es en los artículos 6.%, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990; fiv) que en lo relativo a las 300 semanas en cualquier tiempo, las mismas deben haberse satisfecho a la vigencia del sistema general de seguridad social en pensiones, y (v) que en lo que respecta a las 150 semanas en los 6 años anteriores al deceso, debe cumplirse con tal densidad a la vigencia del sistema pensional de la Ley 100 de 1993, junto con igual cantidad de aportes en los 6 años anteriores a la muerte del afiliado. Asimismo, en las citadas providencias esta Corporación explicó que sobre la base del inciso final del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, que garantiza el derecho a optar por una pensión de sobrevivientes en los términos establecidos por

los reglamentos del seguro social vigentes antes de esa ley, de los principios rectores de la seguridad social y los constitucionales de equidad y proporcionalidad, no puede negarse la mencionada prestación ¡Sor la ausencia de cotizaciones en el año que antecede al fallecimiento del afiliado si «durante todo el tiempo de su vinculación al instituto demandado, y antes de entrar en vigencia el nuevo sistema de seguridad social, el cotizante cumplió con los reguisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 16 Radicación n. 83597 Decreto 758 del mismo año (Sentencia de la CSJ Laboral, 30 de abril de 2003, Rad. 19092». En esa oportunidad la Sala explicó que el grupo poblacional que se protege a través del principio de la condición más beneficiosa, se encuentra en uUna situación fáctica específica consistente en «haber cumplido integramente con la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada para obtener una prestación de índole pensional, A ellos, entonces, se les debe aplicar la disposición anterior, es decir, la vigente para el momento en que reunieron la densidad exigida para obtener la prestación. La anterior doctrina ha sido plasmada en múltiples decisiones de la Sala, entre otras, en sentencias CSJ SL, 12 abr. 2011, rad. 41300; CSJ SL, 13 mar. 2012, rad. 45418; CSJ SL, 17 abr. 2012, rad. 43716, CSJ SL, 28 ago.2012, rad. 41816: CSJ SL, 30 ene. 2013, rad, 39012; CSJ SL, 17 abr,

2013, rad. 47174 y, más recientementl& en las providencias

CSJ SL1886-2015, CSI SL 6640—2015; CSJ SL 7205-2015 y

CSJ SL2425-20106.

Dicha postura, en modo alguno desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro, sino que protege a las personas que cuentan con una expectátíva legítima de obtener un derecho pensional, ante los cambios abruptos de los requisitos para consolidarlo dada la nueva normativa._ En efecto, en el sub lite, el causante construyó una expectativa legítima bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990, y los requisitos para la 17 Radicación n. 83597 causación de la prestación se alteraron radicalmente con la expedición de la Ley 100 de 1993. De manera que, en este asunto, el Tribunal aplicó el criterio jurisprudencial vigente en cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa tratándose de la pensión de sobrevivientes, ante el tránsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, y en contraste, los argumentos del recurrente no tienen la virtud de variar dicha tesis. Por tanto, se concluye que el ad quem no cometió los yerros jurídicos que se le endilgan. En este orden los cargos primero y segundo no son prósperos,

XI. CARGO TERCERO Ácusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 1,% del Decreto 758 de 1990, que aprobó los

artículos 6. y 25 del Acuerdo 049 de 1990, lo que condujo a la violación de medio en relación con los artículos 1.%, 13, 48, 49 y 53 de la Constitución Política. Sostiene que tales quebrantos se produjeron por los siguientes errores ostensibles de hecho: 1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Rosalba Revelo Paz, cotizó para pensión, más de 150 semanas en los 6 años antenores al fallecimiento. 2.- No dar por demostrado, estándolo,º que la señora Rosalba Revelo Paz, no cotizó para pensión, más de 150 semanas en los 6 18 Radicación n.” 833597 años anteriores al fallecimiento, teniendo en cuenta únicamente las cotizaciones efectuadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. 3.- No dar por demostrado, estándolo, que la señora Rosalba Revelo Paz, cotizó para pensión un total de 125,29 semanas en vigencia de la Ley 100 de 1993. 4.- dar por demostrado, sin estarlo, que a los beneficiarios la señora Rosalba Revelo Paz, les asistía el derecho a una pensión de sobrevvientes. Aduce que tales equivocaciones se generaron por la indebida apreciación del «reporte semanas cotización actualizado a 3 de octubre de 2018 (folio 95 C1h. En la demostración refiere que a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la afiliada fallecida solo cotizó 125, 29 semanas «tal como da cuenta la historia laboral del Colpensiones, prueba indebidamente apreciada en el presente trámite, toda

vez que a la vigencia de dicha norma no se cotizaron ni siguiera 6 años, de manera que a sus beneficiarios no les asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes que reclamaban» y que «le bastó al Tribunal con señalar que era posible acumular tiempos cotizados con posterioridad al 1. de abril de 1994, momento para el cual no estaba vigente el Acuerdo 049 de 1990, de manera que no era viable, como lo hizo el fallador, al integrar tales periodos para completar la densidad de cotización, con tiempos no cotizados en vigencia de la norma que manifestó aplicaría al caso». Aduce que «tampoco era improcedente (sic) validar el pago tardío de cotizaciones que señaló avalada, pues no fueron efectivamente cotizadas por su empleador, 19 Radicación n.” 83597

XII. RÉPLICA El apoderado de la aseguradora llamada en garantía, se opone a la prosperidad del cargo, al considerar que la conclusión del juez de segunda instancia, relativa a que la causante cotizó 150 semanas antes de su fallecimiento, obedeció a la valoración en conjunto que hizo del material probatorio.

Por otra parte, refiere que entodo caso, debían convalidarse las semanas con reporte de mora patronal, dado que Colpensiones estaba obligada a obtener su pago, y por su parte, el beneficiario no debe asumir las consecuencias negativas de las omisiones de sus empleadores y de la administradora de pensiones a la que se encuentra afiliado. XII, CONSIDERACIONES La Sala debe determinar si en aras de la causación de

la pensión de sobrevivientes discutida, era viable sumar cotizaciones realizadas después de la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, al igual que las reportadas con mora patronal. La censura sostiene que el juez de segunda instancia valoró equivocadamente el resumen de semanas cotizadas de la causante, en esencia, por dos motivos: fi) que de su contenido se extrae que al 1. de abril de 1994 cotizó un total de 125,29 semanas, respecto a las cuales era errado integrar periodos cotizados después de la vigencia de la Ley 100 de 20 Radicación n. 83597 1993, cuando ya no estaba en vigor el Acuerdo 049 de 1990; y ftí) que en todo caso, no podían convalidarse periodos con el reporte de morosidad. En cuanto al primero de los argumentos del casacionista, se advierte que el Tribunal no pudo cometer los errores que se le enrostran, dado que para contabilizar las semanas cotizadas por la afiliada, previamente desarrolló el principio de la condición más beneficiosa —cuyo análisis quedó visto al resolver los dos primeros cargos-, y conforme a ello hizo dos tipos de cómputo: el primero para establecer si tenía 150 semfanas en los 6 años anteriores a la vigencia del sistema de pensiones de la Ley 100 de 1993, esto, entre el 1.9 de abril de 1994 y hacia atrás al 1. de abril de 1988; y el segundo en aras de determinar si contaba con 150 semanas en los 6 años anteriores al fallecimiento, es decir, entre el 25 de enero de 1993 al 25 de enero de 1999,

Claro lo anterior, también lo es que el argumento del recurrente no ataca la valoración de la prueba realizada en segunda instancia, sino el soporte jurídico empleado por el juez de apelaciones para contabilizar las semanas requeridas para la causación del derecho prestacional que se pretende. En efecto, el casacionista se limita a sostener que si el Tribunal consideró que la norma aplicable era el Acuerdo 049 de 1990, no podía convalidar los periodos cotizados con posterioridad a la vigencia de dicha disposición, lo que, como antes se afirmó, posee una estructura eminentemente jurídica relacionada con el principio constitucional de la 2 Radicación n. 83597 condición más beneficiosa, que no es susceptible de cuestionar, como en este caso, por la vía de los hechos. Ahora, en lo relativo a las cotizaciones con reporte de mora patr