CSJ - SL1143-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1143-2023 Radicación n.° 91547 Acta 13 Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por INGRID NATHALIA VIVAS SINISTERRA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, del veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte (2020), que adicionó la decisión del tres (3) de marzo del mismo año, en el proceso que le instauró a la

CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA.

Reconoce personería al abogado Fabián Vallejo Cabrera, para que actúe en nombre y representación de la opositora, en los términos y para los fines del poder conferido1. 1 f.° 7, archivo «Recursos Extraordinarios Casacion Memorial 2022010212123», cuaderno digital de la Corte.

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Radicación n.° 91547

I. CUESTIÓN PREVIA A través de Memorial del 27 de julio de 2022 la recurrente solicita a la Corte que «de manera oficiosa al momento de proferir la respectiva sentencia se [sirva] INDEXAR las indemnizaciones moratorias reconocidas en las sentencias de primera y segunda [instancia]»2.

Al respecto, cumple recordarle a la acudiente en casación, que el límite de los pedimentos de la demanda no ordinaria y, por ende, el límite del actuar del juez de casación, está dado por el alcance de la impugnación, que solo puede

proponerse en el marco de la sustentación del recurso extraordinario, (artículo 90, numeral 4° del CPTSS), sin que sea posible adicionarla en etapa posterior, como se pretende en este caso, puesto que así planteada deviene en extemporánea. Por lo dicho, se rechaza por improcedente la petición.

II. ANTECEDENTES Ingrid Nathalia Vivas Sinisterra llamó a juicio a la Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda., para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, en aplicación del principio de la primacía de la realidad, entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2016. 2 Archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion_Memorial_2022101156732», cuaderno ib.

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Radicación n.° 91547 Pidió que se condenara a la enjuiciada a pagarle las cesantías y sus intereses; las vacaciones compensadas; primas de servicios; reembolso de los aportes a salud y pensión; indemnización moratoria del artículo 65 del CST; las sanciones del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y por no pago de los intereses a las cesantías; la indexación de las condenas respecto de las cuales no proceda la moratoria; horas extras y la consecuente reliquidación de los derechos y prestaciones sociales pretendidos, teniendo en cuenta el trabajo suplementario. Narró que se vinculó con la clínica el 1° de mayo de 2014, por medio de un contrato de prestación de servicios; que laboraba de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; de 1:00 p.m. a 7:00

p.m. y de 7:00 p.m. a 7:00 a.m., el cual variaba semanalmente o cada dos días; que hacía dos turnos diarios según el horario fijado por la demandada «con su aquiescencia»; que cada mes debía presentar cuentas de cobro; que ejecutaba sus actividades personalmente, acatando las instrucciones y órdenes de su superior inmediato; que la vinculación se extendió hasta el 30 de abril de 2016 cuando fue terminada injustamente por la institución de salud. Relató que la empleadora registró contablemente sus pagos como honorarios profesionales; que ella asumió en su totalidad los aportes a seguridad social; que el último salario mensual devengado fue de «$9.2.460.000,oo» (sic), porque le cancelaban $26.000 por hora laborada; que nunca le pagaron intereses a las cesantías, primas de servicios, horas

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Radicación n.° 91547 extras, dominicales y/o festivos ni la liquidación al finiquito contractual (f.° 5 a 143 y 107 a 1204, cuaderno digital del juzgado). La Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda. se opuso a las rogativas; aceptó los extremos contractuales, la modalidad de prestación de servicios y el pago de $26.000 por hora laborada. Dijo que los restantes no eran ciertos como estaban narrados, ya que, al no existir contrato de trabajo, no debía prestaciones sociales, horas extras ni aportes a la seguridad social. Propuso las excepciones de mérito de inexistencia de los

elementos que constituyen el contrato de trabajo, pleito pendiente o «litisdependencia», buena fe, genérica o innominada, inexistencia de la obligación y prescripción (f. ° 45 a 545 y 143 a 1536, ibidem).

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, el 20 de marzo de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de “inexistencia de la obligación”, “Pago Total”, “Buena Fe”, “Genérica o Innominada”, “Prescripción”, “inexistencia de los Elementos que Constituyen el Contrato de Trabajo", propuestas por la entidad demandada CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., por lo expuesto en [la] parte motiva de este proveído. 3 Demanda. 4 Reforma a la demanda. 5 Contestación a la demanda. 6 Contestación a la reforma de la demanda.

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Radicación n.° 91547

SEGUNDO: CONDENAR a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., […] a pagar a INGRID NATHALIA VIVAS SINISTERRA, de condiciones civiles conocidas en autos, las

siguientes sumas:

AUXILIO DE CESANTÍA 15.983.295

INTERESES DE CESANTÍA (+ sanción 2.983.546 por no pago)

PRIMAS DE SERVICIOS 15.983.295

VACACIONES (compensación en 7.991.648 dinero)

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 13.318.408

INDEMNIZACIÓN MORATORIA ART. 114.543.590

99 L 50/90

TOTAL 170.803.782

TERCERO: CONDENAR a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., […] a pagar a INGRID NATHALIA VIVAS SINISTERRA, a título de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., la suma de $266.338,00, diarios por cada día de mora calculados desde el día siguiente a la ruptura del contrato de trabajo – 1° de mayo de 2016 - y hasta que se haga efectivo el pago completo de las sumas aquí fulminadas por concepto de prestaciones sociales.

CUARTO: CONDENAR a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., […] a pagar a INGRID NATHALIA VIVAS SINISTERRA la indexación de las sumas ordenadas en este proveído por los conceptos de compensación en dinero de las vacaciones y de indemnización por despido sin justa causa.

QUINTO: ABSOLVER a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. de las demás pretensiones invocadas en la

demanda por INGRID NATHALIA VIVAS SINISTERRA.

SEXTO: COSTAS a cargo de la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. y a favor de INGRID NATHALIA VIVAS SINISTERRA. Por secretaria, TÁSENSE en el momento procesal oportuno (acta de f. ° 220 a 222, en relación con el CD de f. ° 198, ib).

IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 3 de marzo de 2020, al desatar los

recursos de apelación de ambos extremos procesales, confirmó la decisión inicial y no impuso costas. Posteriormente, mediante providencia del 22 de septiembre

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Radicación n.° 91547 del mismo año, complementó la inicial así: PRIMERO: ADICIONAR al numeral primero de la sentencia de segunda instancia proferida el 3 de marzo del año en curso, el siguiente párrafo “CONFIRMAR los numerales primero, quinto y sexto de la sentencia [recurrida] dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora INGRID NATHALIA

VIVIAS SINISTERRA contra CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL

PACÍFICO LTDA.”.

SEGUNDO: ADICIONAR LOS NUMERALES CUARTO, QUINTO Y SEXTO a la sentencia proferida por la segunda instancia el 3 de marzo de 2020, que quedarán de la siguiente forma: CUARTO: “MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia [...] objeto de recurso de apelación, el cual quedará así: SEGUNDO.- CONDENAR a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., […] a pagar a INGRID NATHALIA VIVAS SINISTERRA, de condiciones civiles conocidas en autos, las siguientes sumas: auxilio de cesantías $13.776.072, Interés sobre las cesantías más sanción $ 2.024.856, Prima de servicios $ 13.776.072

Vacaciones $6.607.488.

QUINTO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia

[impugnada].

SEXTO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia apelada

el cual quedará del siguiente tenor: “TERCERO. - CONDENAR a la CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA., representada legalmente por DANIEL PARRA LIZCANO o por quien haga sus veces, a pagar a INGRID NATHALIA VIVAS SINISTERRA, la indexación de las sumas reconocidas en esta sentencia”. Dijo que no era objeto de discusión que la demandante estuvo vinculada con la clínica entre el 1° de mayo de 2014 y el «30 de abril de 2015» (sic), merced a una estipulación de prestación de servicios, pues ello se constataba con la documental de f. ° 55 a 76 ibidem y con lo aceptado en la contestación; que, de acuerdo con lo anterior, se presumía la existencia de la atadura subordinada, correspondiéndole al empleador la carga de desvirtuar tal aserto (artículo 24 del CST), lo que no se logró con la documental adosada.

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Radicación n.° 91547 Concluyó de los testimonios de Víctor Hernán Cuero y Claudia Patricia Olave Caicedo, que las labores de médico general, ejecutadas por la actora, eran un servicio misional de la clínica; que no era creíble que una profesional del área de partos pudiera decidir a su arbitrio ir a laborar o no en los turnos previamente establecidos por la coordinación médica de la IPS; que las herramientas de trabajo las suministró la empleadora; que la demandante debía acatar órdenes médicas de los especialistas, hacer historias clínicas por

mandato de la patronal y asistir a capacitaciones obligatorias, lo que denotaba la existencia de una relación laboral en la realidad, como se había declarado en primera instancia. Precisó, frente a la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el trabajo extra, dominical y festivo que, aunque de f. ° «19, 29» obraban los cuadros de turnos y reporte de personal, donde se leía el nombre de la promotora de la acción, no podía saberse si tal documental provenía de la accionada, en tanto no contaba con logo o membrete, ni había sido rubricada por la coordinadora de personal; que los testigos informaron que la demandante cumplía turnos de 6 a 8 horas, con jornadas de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., así como uno que denominaron turno corrido mañana – tarde o tarde-noche, que era de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Coligió que no podía establecer si las jornadas antes relacionadas fueron ordenadas por la empresa demandada o

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Radicación n.° 91547 autorizadas por la misma, mucho menos si fueron efectivamente trabajadas; que los testigos no fueron claros, ni especificaron los turnos y horas que presumen como mal liquidados, puesto que solo indicaron que la actora siempre trabajó en turnos similares y en el mismo cargo, de lo que no podía derivarse que se generara a su favor el pago de horas extras. Puntualizó que confirmaría la absolución frente al pago

de trabajo suplementario y reembolso de lo pagado por la servidora por concepto de aportes a seguridad social, porque no se aportó prueba de las horas laboradas por fuera de la jornada ordinaria ni de lo sufragado por el segundo concepto. Argumentó, en la adición de su decisión, que omitió pronunciarse sobre los siguientes puntos apelados por la demandada: i) la condena por indemnización por despido sin justa causa (punto sobre el cual la parte demandada solicitó que se emita sentencia complementaria); ii) revisión del salario establecido por el a quo para la liquidación de las prestaciones sociales (de oficio la Sala se pronuncia en sentencia complementaria) iii.) si proceden las sanciones moratorias por no pago de prestaciones sociales y por no consignación de cesantías, en caso afirmativo, si se debe modificar la liquidación realizada por el juez de instancia, teniendo en cuenta el promedio salarial demostrado en plenario (de oficio la Sala se pronuncia en sentencia complementaria). Refirió que, según el artículo 127 del CST, los pactos que desalarizan conceptos que sí tienen tal connotación, son ineficaces, porque la naturaleza remunerativa proviene de la misma ley y esa facultad de acordar qué conceptos no son salario está limitada a aquellos previstos en el artículo 128 ib.

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Radicación n.° 91547 Aseguró que con las documentales allegadas con la contestación a la demanda (f. ° 58 a 94, ibidem), se pudo corroborar que los promedios salariales para los años 2014, 2015 y 2016 correspondieron a $7.201.554, $6.772.540 y

$6.607.488, respectivamente, siendo palmario que el juez inicial erró al fijar como salario $7.991.648; que, con base en ello, reliquidaría las condenas así: […] 2014 […]

CESANTÍA $4.801.036

PRIMA DE SERVICIOS $4.801.036

INTERESES A LA $199.723

CESANTÍA

2015 […]

CESANTÍA $6.772.540

PRIMA DE SERVICIOS $6.772.540

INTERESES A LA $812.705

CESANTÍA

2016 […]

CESANTÍA $2.202.496

PRIMA DE SERVICIOS $2.202.496

INTERESES A LA $264.300

CESANTÍA Compensación de vacaciones: $6.607.488 Decantó que a f.° 16 ib reposaba Carta suscrita por el empleador el día 30 de abril del 2016, dirigida a la trabajadora y donde le notificó la terminación del contrato, mientras que a f. ° 57 ibidem aparecía escrito firmado por el empleador y la trabajadora, de la misma fecha, a través del cual terminaron por mutuo acuerdo el contrato de prestación

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Radicación n.° 91547 de servicios; que según la sentencia CSJ SL723-2018, es posible que las partes cambien la decisión de despido por la terminación por mutuo acuerdo; que los documentos mencionados no fueron tachados, ni avizoraba que hubiese mediado vicio en la firma del segundo; que no se materializó despido alguno, por lo que procedía la absolución por la sanción del artículo 64 del CST. Memoró que la Corte ha adoctrinado que las sanciones

moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990 no son automáticas (CSJ SL1451-2018), pues para su imposición, el juez debe constatar que el empleador haya desplegado una conducta provista de buena fe, que, […] En la contestación de la demanda se aceptó la vinculación mediante contrato civil de prestación de servicios, precisando que se vinculó a la demandante para pago por hora efectivamente trabajada con disponibilidad para prestar el servicio en cualquiera de las áreas de la entidad, y que el pago es variable de acuerdo a la disponibilidad de la demandante. En la sentencia de primera y segunda instancia, se declaró la existencia del contrato de trabajo entre el 1° de mayo del 2014 al 30 de abril del 2016 por aplicación de la presunción del artículo 24 del CST, en tanto que, aceptado el servicio, la demandada no logró desvirtuar la presunción de existencia de contrato de trabajo; sin embargo, con las pruebas aportadas, para la Sala sí acreditó buena fe que permite exonerar a la demandada de las indemnizaciones deprecadas en la demanda. En efecto de la prueba documental aportada al expediente, concretamente el contrato de prestación de servicios, ciertamente la demandante se vinculó para prestar sus servicios a diferentes áreas de la demandada, sin especificar un área concreta, tampoco un horario, o jornada; indicando que el pago sería por las horas laboradas, a razón de 26.000 por hora. Al revisar los comprobantes de egreso, de los cuales se obtuvo el salario promedio, encuentra la Sala que cada mes tiene una facturación diferente, incluso áreas de prestación de servicios variadas, a veces los pagos correspondían ayudantías, otras

ocasiones por horas en urgencias; o por horas en Sala de parto,

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Radicación n.° 91547 encontrando diferencias sustanciales entre un mes a otro en la facturación; por ejemplo, el comprobante de egreso de marzo de 2015 se realizó por valor de $4.608.840; mientras que febrero del mismo año $7.231.820; julio de 2015 $4.605.000 (71), y agosto $8.805.240 (72), diferencia que, si bien no desvirtúa la presunción de existencia de contrato de trabajo, si muestra que la entidad tuvo una convicción razonable al considerar que efectivamente se ejecutó un contrato civil con autonomía de la demandante en la fijación de su disponibilidad de tiempo para prestar el servicio. Por lo anterior, se revocarán las condenas por sanción por no consignación de cesantías, y sanción moratoria del artículo 65 del CST (links de audiencias a f. ° 7, archivo «Segunda Instancia_ApelacinSentencia_Expediente Segunda Instancia_2022010424611», en relación con el acta de f. ° 9 a 11, archivo ib. y acta contenida en el archivo «Segunda Instancia Apelacin Sentencia Expediente Segunda Instancia 2022010502452»,

V. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case parcialmente la decisión impugnada, en cuanto revocó parcialmente el numeral segundo y en su totalidad el tercero de la sentencia inicial,

relacionados con la indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías y la sanción de igual tipo por falta de pago de salarios y prestaciones a la terminación del contrato, respectivamente, para que, en sede de instancia, sean confirmados y se resuelva sobre las costas (f. ° 3, archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion_Demanda de Casacin_2022125025676», cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito, formula cuatro cargos, por la causal

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Radicación n.° 91547 primera de casación, que fueron replicados, los cuales se pasan a estudiar así: conjuntamente los dos primeros y, posteriormente, los dos últimos, en consideración a su afinidad temática y argumentativa.

VII. CARGO PRIMERO Denuncia que el segundo fallo trasgrede la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de […] aplicación indebida y por violación de medio, de la Ley 2ª de 1984, 66 y 66A del C. de P. L., en armonía con los artículos 281, 285, 286 y 287 del C. G. P. siendo estas últimas normas aplicables al proceso laboral por remisión del artículo 145 del

[CPTSS], lo que condujo al desconocimiento de los artículos 1°, 3°, 4°, 10°, 13, 16, 55, 65 y 143 del [CST], en concordancia con art. 99 de la Ley 50 de 1990, y los artículos 25, 29, 40, 48 y 53 de la [CP]. Manifiesta que ello ocurrió como consecuencia de los

siguientes errores ostensibles de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo que la solicitud de adición o complementación de sentencia realizada por la apoderada de la parte demandada comprendía pronunciamiento acerca del valor del salario fijado por la a-quo y respecto de las sanciones moratorias por cesantías y salarios.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la solicitud de adición de sentencia realizada por la apoderada de la parte accionante sólo versó sobre la imposición de la indemnización por despido sin justa causa.

Plantea que al apreciarse con error la solicitud de adición, el Tribunal desconoció que la empleadora mostró conformidad con los demás aspectos decididos por aquél; que al tenor de los artículos 285, 286 y 287 del CGP y en atención a que la petición de adición no gravitó en torno a la revisión de la cuantía del salario y la imposición de las sanciones por

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Radicación n.° 91547 mora, no era procedente que el colegiado se pronunciara al respecto, a pesar de que integraron el tema de apelación de la decisión de primer grado, […] pues como se ha reiterado por parte la jurisprudencia de la Sala de casación de tiempo atrás, no es la casación un mecanismo alternativo que permita subsanar irregularidades cometidas por el sentenciador de segundo grado, para cuyo remedio tiene previsto el legislador otros mecanismos. Y es que proferido el fallo de segundo grado está obligada la parte interesa en formular los mecanismos correctivos pertinentes

antes de la ejecutoria de dicho fallo, pues el recurso extraordinario de casación no puede servir de mecanismo alternativo para subsanar irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a través de las herramientas jurídicas previstas para el efecto, que es lo que ocurre en este caso, cuyo conducto procesal pertinente era el solicitar la adición de la sentencia con la totalidad de los puntos dejados de velar por el tribunal a fin de que se dictara una complementaria en donde se pronunciara sobre el punto no resuelto. Arguye que las normas antes citadas, aplicables por autorización del artículo 145 del CPTSS, le exigen al juez que la sentencia que emita sea congruente con la cuestión litigiosa; que si el fallador de segunda instancia hubiera auscultado en debida forma la solicitud de adición, se habría pronunciado únicamente sobre los puntuales aspectos reclamados, sin extender la sentencia complementaria a la absolución de las sanciones moratorias y al establecimiento del monto de la remuneración para el cálculo de las prestaciones, empero, vulneró su derecho al debido proceso (f.° 4 a 7, ib).

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VIII. RÉPLICA Alega que la aplicación indebida únicamente puede endilgarse respecto de la ley sustancial, que no frente a la procesal, como lo hace la censura; que para proponer la violación medio debió acudirse a un cargo independiente; que en la demostración del cuestionamiento se desarrollan

argumentos netamente jurídicos y no se menciona prueba alguna. Añade que, en caso de no considerarse las irregularidades técnicas planteadas, lo cierto es que la acudiente en casación entiende equivocadamente los artículos 66 A del CPTSS y 287 del CGP, pues tales normas autorizan al juez de segunda instancia para pronunciarse sobre todos los temas de apelación, como lo fueron la fijación de la remuneración y las indemnizaciones por mora, la determinación del salario y las sanciones moratorias, a pesar de que ello se haga por vía de la adición de la sentencia. Resalta que la decisión adicionada se profirió en audiencia pública, que fue suspendida, no terminada, de manera que la complementación no se produjo por fuera del término de ejecutoria (f.° 1 a 2, archivo «Recursos_Extraordinarios_Casacion_Memorial_2022010212 123», cuaderno ib).

IX. CARGO SEGUNDO Critica la sentencia de segunda instancia por la vía

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Radicación n.° 91547 directa, en el sub motivo de, […] aplicación indebida y por interpretación errónea Del art.287 del [CGP], siendo esta última norma aplicable al proceso laboral por remisión del artículo 145 del [CPTSS] en armonía con los artículos de la Ley 2ª de 1984, 66 y 66A del [CPTSS] lo que condujo al desconocimiento de los artículos 1°, 3°, 4°, 10°, 13, 16, 55, 65 y 143 del [CST], en concordancia con [el] art. 99 de la

Ley 50 de 1990, y los artículos 25, 29, 40, 48 y 53 de la [CP]. Apunta que, aunque el juez plural podía adicionar de oficio la decisión del 3 de marzo de 2020, ello sólo era posible durante la ejecutoria de la misma, es decir, dentro de los 15 días posteriores a su emisión, de manera que, al pronunciarse en diligencia del 22 de septiembre de ese año, esto es, meses después de haber proferido aquella, solo podía abordar lo solicitado por la clínica Reproduce idénticos argumentos a los del desarrollo del cargo inicial, incluido aquel relativo a que el recurso de casación no está instituido para corregir yerros subsanables en las instancias (CSJ SL, 29 jun. 2001, rad. 15456; CSJ SL6392-2017, CSJ SL1427-2018, CSJ SL5464-2018, CSJ SL5179-2019, CSJ SL802-2019 y CSJ SL2805-2020) (f. ° 7 a 11, archivo «Recursos Extraordinarios Casación Demanda de_Casacin_2022125025676»).

X. RÉPLICA Hace notar que el cargo desconoce la ley y la jurisprudencia, por cuanto frente a una misma norma se imputa simultáneamente la aplicación indebida y la interpretación errónea, modalidades que son excluyentes (f.

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Radicación n.° 91547 ° 2 a 3, archivo «Recursos Extraordinarios Casacion Memorial 2022010212123», cuaderno ib).

XI. CONSIDERACIONES Las deficiencias argumentativas enrostradas por la oposición no comprometen la estimación de la acusación, ya

que la Corte ha salvado la «desarmonía entre la naturaleza de los argumentos planteados y la vía a través de la cual se cuestiona la legalidad del fallo», analizando el cargo de acuerdo a su crítica esencial, excluyendo del control de legalidad los razonamientos que no son acordes con el sendero escogido (CSJ SL3155-2022)7. Así, al abordar conjuntamente los ataques8 (CSJ SL1729-2022, CSJ SL755-2022) y estudiándolos en relación con la afrenta que devela su esquema argumentativo, no con la que se refiere textualmente en la proposición jurídica (CSJ SL2054-2022, CSJ SL781-2022, CSJ SL950-2022), la Sala extrae un conflicto de legalidad bien definido que atañe con la violación medio del artículo 287 del CGP, que llevó al Tribunal a la interpretación errónea de los preceptos 65 del CST y 90 de la Ley 50 de 1990 (ambos cargos). Importa precisar que no es objeto de discusión que entre la replicante y la opositora existió un contrato de trabajo, en aplicación del principio de la primacía de la 7 En el cargo inicial relativos a los cuestionamientos fácticos, atendiendo que la crítica esencial es jurídica, así como la acusación general de la Ley 2ª de 1984, respecto de la que no se individualizó ningún artículo. 8 Por compartir idéntica proposición jurídica.

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Radicación n.° 91547 realidad, entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2016;

circunstancia fáctica que, si bien no fue declarada expresamente en las instancias, sí fue abordada por ambos falladores y constituyó uno de los pilares fundamentales de las consideraciones del Tribunal, sin que fuera debatido en sede de casación. Por tanto, le corresponde a la Sala determinar si el fallador plural incurrió en la trasgresión endilgada al adicionar la sentencia del 3 de marzo de 2020 de oficio y no limitarse a la solicitud de complementación efectuada por la replicante. En tal norte, huelga acotar que, una vez notificada en estrados la decisión de segunda instancia, proferida el 3 de marzo de 2020, la Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda. solicitó su adición argumentando que no se había resuelto el tema de apelación relacionado con la revocatoria de la indemnización por despido injusto; ante lo cual, el Tribunal manifestó que, por fuera de audiencia, verificaría el audio contentivo del recurso y, en nueva fecha, resolvería sobre lo pertinente. Luego, en diligencia del 22 de septiembre del mismo año, el colegiado adicionó la sentencia sobre ese puntual aspecto, pero también lo hizo de oficio frente a la verificación del salario determinado en primera instancia para la liquidación de las prestaciones sociales y en lo atinente a las sanciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, reduciendo el monto del primero y revocando

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Radicación n.° 91547 la condena por las segundas. Ello, tras verificar que también había omitido resolver sobre esos dos temas específicos que

fueron objeto de apelación. Ante lo cual, la acudiente en casación le endilga al juzgador plural la trasgresión legal ya referida, afirmando que la adición oficiosa de la sentencia solo procede dentro del término de ejecutoria de la misma -15 días posteriores de ser proferida -, por manera que, al haberse emitido la decisión complementaria casi 6 meses después de tal hito temporal, únicamente estaba facultado para pronunciarse respecto de lo pedido por la opositora, sin extenderse sobre el salario y las sanciones moratorias. Al respecto es necesario memorar que los preceptos 287 y 302 del CGP, aplicables por remisión analógica del 145 del CPTSS, establecen: ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término. Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal.

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Radicación n.° 91547 […] ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. (negrillas y subrayas de la Sala). A partir de lo cual emerge diáfano que la solicitud de adición, efectuada por la empleadora frente a la sentencia del 3 de marzo de 2020, interrumpió el término la ejecutoria de la sentencia, por cuanto, oportunamente, esto es, en audiencia, dado que la decisión fue oral, el reclamante solicitó la complementación, lo que significa, que sin que se hallara resuelta dicha reclamación, ni siquiera estaba habilitado el término para interponer el recurso extraordinario9. Tal aseveración, por cuanto la decisión inicial y su adición constituyen una unidad, lo que tiene sustento en que el artículo 285 del CGP, dispone que «la providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que proceden contra la providencia objeto de aclaración» y, el 287 ib manda que, «Dentro del término de ejecutoria de la providencia que

resuelva sobre la complementación