CSJ - SL1146-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1146-2023 Radicación n.° 82615 Acta 17 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide los recursos de casación interpuestos por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, en calidad de administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ y TIBERIO RIOS PINTO, contra la sentencia proferida el 21 de febrero de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por la persona natural referida contra la persona jurídica recurrente, ASESORES EN DERECHO S. A. S. como mandataria con representación de PANFLOTA, FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A., como administradora del PATRIMONIO

AUTÓNOMO PANFLOTA; LA NACIÓN - MINISTERIO DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES.

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Radicación n.° 82615 Se reconoce personería adjetiva para actuar a la firma Soluciones Jurídicas de la Costa S. A. S. como apoderada de Colpensiones, la que actúa en el trámite del proceso a través de su gerente Carlos Rafael Plata Mendoza, portador de la tarjeta profesional 107.775 del CSJ.

I. ANTECEDENTES Tiberio Ríos Pinto demandó a la Federación Nacional de

Cafeteros, Fiduciaria La Previsora S. A. (en adelante la Fiduciaria), Asesores en Derecho S. A. S., Colpensiones y La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se declare «la protección al derecho a la seguridad social», respaldando el amparo emitido por el Consejo de Estado en decisión del 7 de mayo de 2015, y que fue trabajador de la Flota Mercante Grancolombiana S. A., hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. (CIFM). En consecuencia, se condene a Asesores en Derecho S.

A. S., mandataria con representación de Panflota, a expedir la resolución de bono pensional o cálculo actuarial que le corresponda, por el tiempo laborado y a la Fiduciaria demandada, como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, a pagar a Colpensiones el título pensional o cálculo actuarial. Además, se condene a Colpensiones a tener en cuenta el referido tiempo de servicios para la pensión de vejez; y, a todas las demandadas a pagar los perjuicios morales y materiales por el incumplimiento en el pago del título o cálculo, los intereses de mora, lo que resulte ultra y extra petita y las costas del proceso.

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Radicación n.° 82615 En subsidio de la condena deprecada contra la Fiduciaria, se declare la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, matriz y controlante de la CIFM de

las obligaciones pensionales y, en consecuencia, sea condenada a sufragar el título o cálculo por el tiempo que laboró. En subsidio de ello, se declare la responsabilidad subsidiaria de La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público como titular de la cuenta del Fondo Nacional de Café respecto de las obligaciones pensionales a su favor y, por ende, sea condenada a pagar el correspondiente título o cálculo. Para sustentar esas pretensiones, dijo que laboró al servicio de la Flota Mercante Gran Colombiana S. A. del 21 de mayo de 1979 al 30 de abril de 1991, en el cargo de segundo camarero, devengando de forma mensual los conceptos de salario básico, prima de antigüedad, salario en especie, horas extras, incidencia de las primas extralegales, así como viáticos nacionales e internacionales; que su último salario promedio mensual fue de US985,28. Afirmó que la empleadora no hizo los aportes a pensión durante el vínculo de trabajo, encontrándose obligada a hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, o efectuar las reservas de las cuotas proporcionales por los servicios prestados hasta que el ISS asumiera dicha obligación y a pagar las pensiones de jubilación de sus subordinados.

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Radicación n.° 82615 Explicó que mediante sentencia de tutela proferida el 7 de mayo de 2015 el Consejo de Estado amparó su derecho reclamado y le ordenó acudir a la jurisdicción ordinaria laboral dentro del término de cuatro meses; que, en

cumplimiento de tal decisión Asesores en Derecho S. A. S., a través de Resolución 171 de octubre de 2015 determinó el valor del bono pensional en la suma de $267.052.128, mientras que el cálculo realizado por un experto en la materia señaló que era de $505.018.101. Puso de presente que la Corte Constitucional ordenó a la Federación, como administradora del Fondo Nacional de Café, matriz y controlante de la CIFM, que suministrara los recursos necesarios para el pago de pensiones. Además, que la Superintendencia de Sociedades dentro del trámite liquidatario, a través de auto del 22 de noviembre de 2012 le ordenó a la Federación que, en cumplimiento de la providencia CC SU1023-2001, continuara pagando el pasivo pensional, entre ellos, los bonos pensionales, y que en decisión del 18 de diciembre de 2012 se terminó la liquidación de la CIFM y, por consiguiente, se extinguió la persona jurídica. Por último, aseguró que estaba afiliado a Colpensiones y que presentó reclamación ante las demandadas (f.° 594 a 612). Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones dirigidas en su contra; frente a las restantes dijo que no se oponía ni se allanaba porque de existir un título pensional o cálculo actuarial a favor del accionante, accedería a modificar su historia laboral y

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Radicación n.° 82615 tendría en cuenta los tiempos laborados al momento de solicitar la pensión de vejez. En cuanto a los hechos únicamente admitió la

obligación de la empleadora de realizar los aprovisionamientos de capital necesario para los aportes al sistema y las reservas de las cuotas proporcionales hasta que el ISS la subrogara, la afiliación del actor y la reclamación presentada. Frente a los restantes dijo que no le constaban. En su defensa expuso que los empleadores no tenían la obligación de cotizar al ISS en los sitios donde no existía cobertura, de ahí que el reconocimiento de las prestaciones continuaba en cabeza de las empresas. Agregó que el cobro coactivo procedía siempre que hubiera una deuda expresa de un empleador a favor de la administradora, la cual se generaba cuando, después de reportar el ingreso de un nuevo trabajador se incumplía el pago de las cotizaciones, lo que no se presentó en el caso, en la medida que nunca se reportó el ingreso del demandante. Formuló las excepciones que denominó buena fe, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir, inexistencia del derecho reclamado, inexistencia de intereses moratorios e indexación, compensación, prescripción y la innominada o genérica (f.os 626 a 636). La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la obligación de la empleadora de realizar los

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Radicación n.° 82615 aprovisionamientos de capital para los aportes y de las reservas de las cuotas proporcionales respecto de los servicios prestados hasta que el ISS asumiera dicha obligación, la afiliación del actor a la administradora, la orden impartida por la Corte Constitucional, las

determinaciones adoptadas por la Superintendencia de Sociedades dentro del trámite liquidatorio y la reclamación formulada. Frente a los demás, dijo no constarle o no corresponder a supuestos fácticos. En su defensa señaló que existía subordinación del empleador respecto de la Federación Nacional de Cafeteros de ahí que, conforme al artículo 148 de la Ley 222 de 1995, se generaba una responsabilidad subsidiaria exclusiva a cargo de la Federación, según lo precisado en decisión CC SU1023-2001. Puntualizó que no resultaría viable una condena en contra de esa cartera por el pasivo pensional de la CIFM por las siguientes razones adicionales: i) la Nación no actúa como administradora de pensiones; ii) el Ministerio no participa en el proceso de liquidación obligatoria de la CIFM que adelanta la Superintendencia de Sociedades; iii) no fue accionista ni ejerció control sobre el empleador; iv) la CIFM es una persona jurídica que no tiene el carácter de entidad descentralizada, por lo que La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público no puede responder por las inversiones de tal compañía; v) la CIFM por su carácter de sociedad de derecho privado no puede ser beneficiaria de las erogaciones a cargo del erario, conforme al artículo 355 de la CP; vi) la

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Radicación n.° 82615 participación mayoritaria del Fondo Nacional del Café no convierte a la CIFM en una entidad pública y, vii) aceptar la responsabilidad de la Nación implicaría asumir que debe responder por todas las obligaciones de las sociedades en las cuales participaron entidades estatales o exista inversión de

recursos públicos. Planteó como excepciones de fondo las que denominó indebida vinculación del Ministerio de Hacienda, inexistencia de obligación alguna del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por las pretensiones de la demanda, falta de legitimación en la causa respecto de la parte pasiva, falta de agotamiento de la vía administrativa y la genérica (f.os 694 a 705). La Fiduciaria la Previsora S. A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió las decisiones emitidas por la Corte Constitucional y la Superintendencia de Sociedades el 22 de noviembre de 2012, así como la afiliación y cotizaciones del actor a Colpensiones. Frente a los demás, dijo no constarle o no admitirlos como supuestos de hecho. En su defensa informó que es vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, en virtud de lo cual actúa como una fiducia de administración y fuente de pagos; y que mediante el contrato de fiducia 3-1-0138 de 2006 celebrado entre la CIFM en liquidación obligatoria y la sociedad Fiduciaria la Previsora, le corresponde pagar las mesadas y

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Radicación n.° 82615 los aportes a las EPS, no asumir las obligaciones pecuniarias de la extinta CIFM. Aclaró que el patrimonio autónomo Panflota no es de remanentes, ya que el liquidador no le entregó al patrimonio recursos que pudieran ser administrados en virtud del conocido desequilibrio

económico de la Flota. Formuló las excepciones de fondo que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad de realizar pagos distintos a los establecidos en el contrato de fiducia mercantil, inexistencia de la obligación y la innominada (f.os 711 a 738). Asesores en Derecho S. A. S. se opuso a las pretensiones formuladas en su contra; frente a las restantes dijo que no se allanaba ni se oponía por estar dirigidas contra otras personas jurídicas. Admitió que la Federación Nacional de Cafeteros es la administradora del Fondo Nacional del Café, la orden impartida por la Corte Constitucional, las decisiones emitidas por la Superintendencia de Sociedades dentro del trámite de liquidación, el contrato de trabajo y sus extremos, la afiliación del actor a Colpensiones, la reclamación presentada y la decisión tomada en Resolución 171 de 2015; respecto de los demás dijo no ser ciertos o no constarle. En su defensa explicó que solo le correspondía resolver las solicitudes de carácter pensional única y exclusivamente con cargo al Patrimonio Autónomo Panflota, por lo tanto, no manejaba dineros ni tenía responsabilidad económica frente

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Radicación n.° 82615 a las resoluciones de reconocimientos pensionales ni los gastos propios de la expedición de las mismas. Explicó que la extinta CIFM no dejó activos o recursos para cubrir algún tipo de obligaciones y que solo fue nombrada como mandataria con representación para que atendiera las solicitudes de carácter pensional única y exclusivamente con

cargo a Panflota, para lo cual la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, giraría mensualmente los recursos económicos para atender el pago de las mesadas, en cumplimiento de la decisión CC SU1023-2001. Agregó que para cuando se desarrolló la relación laboral no existía el deber legal de la empleadora de afiliar a sus trabajadores al ISS, por lo que no hubo omisión de deberes, de ahí que no haya lugar a reconocer las prestaciones reclamadas, máxime cuando el actor no causó el derecho pensional. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación para proteger el derecho amparado por la sentencia 201500045-01 proferida por el Consejo de Estado, inexistencia de la obligación, pues durante casi toda la vida jurídica de la CIFM el ISS no había asumido los riesgos, imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o el bono pensional, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, oposición a la condena en costas y los presuntos perjuicios, la innominada o la genérica (f.os 800 a 828).

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Radicación n.° 82615 La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, admitió ser la administradora del Fondo Nacional del Café, que inscribió su condición de matriz y controlante de la CIFM, la decisión de la Superintendencia sobre la terminación del proceso liquidatorio y la reclamación que presentó el demandante; frente a los restantes dijo no ser ciertos o no constarle.

En su defensa expuso que el artículo 148 de la Ley 222 de 1995 no consagra la presunción de la responsabilidad subsidiaria; lo que allí se previó fue la causa que dio lugar a la situación de concurso, la que se desvirtuó a lo largo del proceso pues no se dieron los requisitos necesarios para su configuración, como lo son la toma de una decisión constitutiva de abuso de derecho y una determinación orientada a favorecer a la matriz en perjuicio de la subordinada. Adicionó que no fue la causante de la insolvencia de la CIFM y que todas las decisiones que tomó estuvieron orientadas a aliviar la situación económica. Propuso las excepciones de mérito que denominó ausencia de responsabilidad subsidiaria en cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, inexistencia de la obligación, buena fe, falta de legitimación en la causa, prescripción y la genérica (f.os 839 a 855).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 13 de diciembre de 2017 resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la demandada ASESORES EN DERECHO S.A.S. a realizar el respectivo acto administrativo que ordene el pago del cálculo actuarial del demandante Tiberio Ríos Pinto a la entidad de pensiones a la cual se encuentre afiliado el actor, es decir, a Colpensiones.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada COLPENSIONES a

realizar el respectivo cálculo actuarial a favor del tiempo laborado por Tiberio Ríos […] en la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante del 21 de mayo del año 1979 al 1 de agosto del año

1990. Lo anterior, teniendo en cuenta el monto del salario establecido en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA administrado por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. a pagar el cálculo actuarial al que tiene derecho el actor Tiberio Ríos Pinto por el tiempo laborado en la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante del 21 de mayo del 1979 al 1 de agosto de 1990, conforme a la parte motiva de la presente providencia, previa la realización del mismo por parte de Colpensiones.

CUARTO: CONDENAR a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS al pago subsidiario del cálculo actuarial al que tiene derecho el actor Tiberio Ríos Pinto por el tiempo laborado en la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante desde el 21 de mayo de 1979 al 1 de agosto de 1990, conforme a la parte motiva de la presente providencia, previa realización del cálculo actuarial por parte de Colpensiones.

QUINTO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra.

SEXTO: Costas a cargo de las demandadas Federación Nacional de Cafeteros, Asesores en Derecho S.A.S. y Fiduciaria la Previsora, señalándose como agencias en derecho la suma de $1.000.000 para cada uno.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar los recursos de apelación de la

Federación Nacional de Cafeteros, Asesores en Derecho S. A. S., Fiduprevisora S. A. y del promotor del proceso, así como la consulta a favor de Colpensiones, mediante fallo del 21 de febrero de 2018 resolvió: PRIMERO. MODIFICAR el fallo apelado el cual quedará de la siguiente manera: A) Condenar a la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones a realizar el cálculo actuarial correspondiente al tiempo laborado por el demandante entre el 21 de mayo de 1979 y el 1 de agosto de 1990, teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario, el cálculo corresponderá únicamente al porcentaje de cotización a cargo del empleador. B) Condenar a las demandadas Fiduprevisora y Asesores en Derecho en calidad de mandataria con representación del patrimonio autónomo Panflota o quien haga sus veces, a remitir a Colpensiones la información necesaria para la elaboración del cálculo actuarial, señalando mes a mes los salarios devengados por el demandante y los factores que lo constituían. Así mismo, a discriminar las fechas de interrupción de la relación por licencias no remuneradas. C) Condenar a la demandada Asesores en Derecho a expedir los correspondientes actos administrativos tendientes al reconocimiento y pago efectivo del cálculo actuarial a

Colpensiones. D) Condenar a Fiduciaria La Previsora S.A. a pagar a Colpensiones el valor correspondiente al cálculo actuarial determinado por dicha entidad con cargo a los recursos del patrimonio autónomo Panflota. E) Condenar a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a reconocer de manera subsidiaria el cálculo actuarial con cargo a los recursos del Fondo Nacional del Café, en caso de no ser suficientes los recursos del patrimonio autónomo Panflota. F) Condenar a Colpensiones a recibir el valor del cálculo actuarial y

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Radicación n.° 82615 acreditarlo en la historia laboral del demandante de conformidad con los extremos del vínculo laboral. G) Absolver a las demandadas de las demás pretensiones elevadas en su contra, así mismo, absolver al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de todas las pretensiones formuladas en su contra. H) Confirmar la condena en costas de primera instancia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Frente al recurso de apelación de la Federación Nacional de Cafeteros, el colegiado señaló que la condición de sociedad matriz y subordinada establecida en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, subrogados por la Ley 222 de 1995, no admitía discusión alguna en tanto «fue asentida de antaño» por la propia Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, quien a través de la comunicación del 29 de abril de 1998 informó a la Cámara de Comercio de Bogotá que, en condición de administradora del Fondo Nacional del Café y

con recursos de este, tenía el 80% de las acciones de la CIFM, por lo que esta última sociedad se encontraba en la situación de subordinación establecida en el artículo 27 de la referida Ley 222, razón por la cual inscribiría tal situación en el registro mercantil. Luego de citar el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, indicó que tal disposición consagraba la presunción de que el estado concursal de la sociedad subordinada obedecía a las actuaciones de control de la matriz o controlante, salvo que ésta demostrara que se generó por causas distintas.

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Radicación n.° 82615 Dijo que a la Federación no le asistía razón para ser eximida de la responsabilidad subsidiaria, pues, conforme al estudio sobre la viabilidad económica y financiera de la Flota Mercante Grancolombiana y de la CIFM Grancolombiana, la eliminación de la reserva de carga fue apenas uno de los varios factores que incidió en el decrecimiento económico de la Flota, pero no la causa eficiente del «descalabro económico». Por consiguiente, concluyó que la Federación Nacional de Cafeteros como sociedad matriz incurrió por «vía de acción y omisión» en conductas que le reportaron pérdidas o al menos un estancamiento económico a la CIFM, por lo que no se desvirtuaba la presunción establecida en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995. En consecuencia, al declarar la responsabilidad subsidiaria de la Federación, era procedente condenarla a reconocer y pagar el título pensional reclamado por el

demandante como acertadamente lo hizo el a quo, pues el carácter de parafiscalidad de los recursos del Fondo del Café no era óbice para truncar sus aspiraciones pensionales, pues, los tiempos laborados debían ser reconocidos, sin importar si existía o no cobertura por parte del Instituto de Seguros Sociales. De otro lado, en cuanto a la decisión CC SU1023-2001 explicó que la Corte Constitucional ordenó de manera transitoria a la Federación Nacional de Cafeteros, pagar inmediatamente las mesadas pensionales, para lo cual debía poner a disposición del liquidador de la CIFM los dineros

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Radicación n.° 82615 suficientes para ello. En esa decisión, el alto tribunal les dio a los actores un plazo de cuatro meses para que instauraran los correspondientes procesos ante las autoridades judiciales y así se definiera por el juez ordinario si ese amparo era permanente y no transitorio. En consecuencia, dijo que no era necesario que la Corte Suprema de Justicia emitiera una sentencia como órgano de cierre respecto de la responsabilidad de la Federación en casos particulares para que así pudiera declararse en otros procesos, máxime cuando del análisis probatorio se determinó su responsabilidad respecto a las obligaciones a cargo de la CIFM. En cuanto a la calenda en que surgió la obligación de afiliar a los trabajadores, adujo que según el artículo 259 del CST, las pensiones estarían a cargo del empleador hasta que ISS asumiera el riesgo y subrogara al empleador en la obligación. Puntualizó que la fecha de inicio de la inscripción en el régimen de los seguros sociales obligatorios se fijó el 15 de

agosto de 1990 mediante Resolución 3296 de 1990, así como de quienes laboraran en empresas de transporte marítimo. Adicionó que, «aunque la demandada solamente se vio obligada a realizar la afiliación al ISS a partir del 15 de agosto del año 90 y que el 23 de diciembre del año 93, fecha en que entra en vigencia la ley 100, la relación laboral no estaba vigente», ello no la exoneraba de la obligación de responder por los períodos en que el demandante trabajó a su servicio,

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Radicación n.° 82615 en tanto ello iría en detrimento de su derecho a la seguridad social. Indicó que en este tema resultaba aplicable la sentencia CSJ SL, 16 jul. 2014, rad. 41745, en donde se puntualizó que el empleador debía responder al ISS por el pago de los periodos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues sólo en ese evento puede liberarse de la carga que le correspondía. Además, frente al reparo consistente en que el cálculo actuarial solo recaía sobre el porcentaje de cotización a cargo del empleador, adujo que la empleadora no lo afilió porque no estaba obligada a hacerlo, razón por la cual no había motivo para eximir al demandante de asumir el porcentaje que por ley le correspondía en la conformación de su derecho pensional. Por ende, anunció que modificaría el fallo apelado en el sentido de indicar que el cálculo actuarial correspondería únicamente al porcentaje del aporte a cargo del empleador. Con lo expuesto dijo que quedaba resuelto el recurso de apelación de la demandada Asesores en Derecho S.A.S. quien

argumentaba que no hubo omisión en la afiliación porque no existía obligación y la improcedencia del cálculo actuarial, el que, en caso de imponerse, solo podía corresponder al porcentaje a cargo del empleador. De otra parte, precisó que ordenaría a Asesores en Derecho remitir a Colpensiones la información necesaria para que se determinara el valor del cálculo actuarial, esto

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Radicación n.° 82615 es, a fin de que certificara los tiempos de servicio del actor, especificando la fecha de inicio y finalización, así como las interrupciones, de esa manera se aclararía si el contrato se interrumpió por 230 días, pues, pese a la certificación aportada, no existía la información para determinar en qué época se habría dado o si eran varios los lapsos de solución. En cuanto a las costas, las impuso a cargo de la parte vencida en el proceso, pues, además, se opuso a las pretensiones de la demanda. En lo que respecta a la apelación de Fiduprevisora, el fallador dijo que mediante el contrato de fiducia mercantil 310138 del 14 de febrero de 2006, la CIFM constituyó el patrimonio autónomo Panflota, cuyo objeto fue la administración de tales recursos por esa fiduciaria y su destinación el pago de las mesadas pensionales, además, según los numerales 4 y 16 de la cláusula cuarta, la fiduciaria debía cancelar oportunamente las obligaciones que afectaban el patrimonio autónomo, siempre y cuando contara con los recursos para cumplir dicho propósito (f.°

747 – 764). En consecuencia, manifestó que la obligación de la Fiduprevisora era la de realizar el pago del cálculo actuarial, en primer término, con cargo a los recursos del patrimonio autónomo Panflota y, en el evento de que tales dineros se agotaran o resultaran insuficientes para atender la obligación, la Federación Nacional de Cafeteros debía proveer las sumas necesarias para que se cumpliera con esa carga,

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Radicación n.° 82615 dado que la responsabilidad de esta última es subsidiaria, como acertadamente lo concluyó el a quo. Frente al recurso de apelación de la parte demandante, explicó que, según el artículo 3 del Decreto 1824 de 1965, para efectos del seguro de invalidez, vejez y muerte se entiende por salario todo lo que reciba el trabajador y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y normal de sus servicios. En consecuencia, modificaría el fallo en el sentido de condenar a las demandadas Fiduprevisora y Asesores en Derecho a remitir a Colpensiones la información necesaria para la elaboración del cálculo actuarial, incluyendo todos los factores constitutivos de salario. Finalmente, en grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, concluyó que la llamada determinar el valor del cálculo y reconocer la prestación a que eventualmente tenga derecho el promotor del proceso, era tal administradora.

IV. RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS El recurso fue interpuesto por la Federación Nacional de Cafeteros, concedido por el Tribunal y admitido por la

Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Esta recurrente pretende, de forma principal, que se

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Radicación n.° 82615 case la decisión de segundo grado y en sede de instancia se revoque la del juzgado, para en su lugar proferir sentencia inhibitoria. Como primer alcance subsidiario, pide casar la sentencia del Tribunal en cuanto modificó el fallo para imponerle responsabilidad subsidiaria respecto del cálculo actuarial, para que, la Corte actuando como fallador instancia, niegue tal pretensión. Reclama como segundo alcance subsidiario, la casación del fallo emitido por el colegiado en lo que tiene que ver con los términos en que se impuso la obligación de trasladar la suma con base en el cálculo actuarial elaborado, para que, en sede de instancia, revoque esta condena y únicamente se le ordene pagar como valor correspondiente al periodo no cotizado al ISS una suma equivalente a los aportes que debía hacer a esa entidad, según las tablas y categorías o las pautas de las sentencias de tutela. Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación. La Sala los resolverá de forma conjunta con el recurso de la parte actora, por comprender temas estrechamente relacionados.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión de ser «violatoria de la ley sustancial por infracción directa» del artículo 61 del CPTSS, en concordancia con los artículos 83 del CPC, 145 del CPTSS y

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29 de la CP, lo que llevó a aplicar indebidamente los artículos 48 de la Constitución, 1, 3, 33 y 36 de la Ley 100 de 1993, 12 del Acuerdo 049 de 1990, 148 de la Ley 222 de 1995, 61 de la Ley 1116 de 2006, 373 del Código de Comercio, 331 y 335 del CPC. Como errores de hecho plantea los siguientes: No haber dado por demostrado, estándolo, que conforme a los términos de la demanda ordinaria con que se inició este proceso, este se inició para que, de manera definitiva, se decida sobre la responsabilidad subsidiaria que le pueda caber a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, como matriz o controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. No haber dado por demostrado, estándolo, que este proceso se inició para dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, fechada el 7 de agosto de 2015, en que se dispuso que los favorecidos de la misma, entre ellos, el demandado Tiberio Ríos Pinto debían acudir entre los 4 meses siguientes, a la jurisdicción ordinaria para que determinara, de manera definitiva, si la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café le corresponde pagar las pensiones u obligaciones de la seguridad social a cargo de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. por la responsabilidad subsidiaria que consagra el artículo 148 de la Ley 222 de 1995. Asegura que los «yerros fácticos» son producto de la

errónea apreciación de la demanda inicial, así como la falta de valoración de la sentencia del Consejo de Estado del 7 de mayo de