CSJ - SL1147-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1147-2023 Radicación n.° 92776 Acta 17 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS, contra la sentencia proferida por la Sala sexta de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 11 de junio de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró MARÍA EUGENIA VALLE MENDOZA contra la entidad recurrente. Tramite al que se vinculó a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., como llamada en garantía.

I. ANTECEDENTES María Eugenia Valle Mendoza llamó a juicio a Colfondos

S. A. Pensiones y Cesantías, con el fin de que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 18 de junio de 2012, por el fallecimiento de su compañero permanente, bajo los parámetros de la Ley 797 de 2003; las mesadas ya causadas y no canceladas; los intereses moratorios de que trata el

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Radicación n. 92776° artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, en que el 18 de junio de 2012 su compañero permanente, Carlos Arturo Ceballos Restrepo falleció por causas de origen no profesional, periodo en el que se encontraba afiliado a Colfondos S.A.

Señaló que convivió con el causante desde el 2 de mayo de 2006 hasta el día de su muerte, esto es, durante seis años, sin que de la unión se procrearan hijos; que el 21 de abril de 2016 solicitó a la demandada la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada el 7 de octubre de 2016, debido a que no se cumplía con el tiempo de convivencia de cinco años continuos, toda vez que el afiliado llevaba tres meses viviendo en compañía de su hermano, cuñada y sobrino. De lo anterior, aclaró que si bien en los últimos tres meses de vida el causante, este se quedaba «por algunos días» en casa de su hermano, ello era porque en ocasiones se encontraba en estado de embriaguez o de drogadicción. Mencionó que el afiliado la agredía verbal, física y psicológicamente, pero que no se interrumpió la convivencia ya que nunca se dio una separación total. Sostuvo que compartía el mismo techo con el causante; que este seguía aportando para los gastos del hogar y que nunca hubo una separación voluntaria. Relató que el día del deceso de su compañero, este llegó en estado de embriaguez a la casa donde vivían, la agredió físicamente y en medio de la discusión él se suicidó; así mismo, manifiesta que nunca tuvieron ánimo de separarse o dejar cesante la comunidad de vida que sostenían pues continuaban en contacto.

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Radicación n. 92776° Al dar respuesta a la demanda, Colfondos S.A. se opuso a las pretensiones alegando que carecían de sustento jurídico

y fáctico, ello por cuanto la actora no cumplió con los requisitos del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, esto es, acreditar la convivencia mínima de cinco años inmediatamente anteriores a la muerte del causante, ya que tres meses antes del deceso la pareja no convivía. Frente a los hechos admitió la fecha de defunción del señor Ceballos y que para esa época se encontraba afiliado a Colfondos S.A., así como la reclamación de la demandante y la negativa frente a la pensión de sobrevivientes; dijo no constarle los demás. Agregó que el causante se afilió a la entidad el 29 de enero de 2010 y que el 19 de julio de 2012 los señores Amparo de Jesús García y Jorge Raúl Ceballos reclamaron la pensión de sobrevivientes en calidad de padres del fallecido; prestación que fue negada por cuanto no acreditaron la dependencia económica respecto del afiliado. Propuso como excepciones de fondo las de incumplimiento de requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, compensación y pago, buena fe y la genérica o innominada. La mencionada AFP llamó en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., pues adquirió con esta una póliza colectiva para el financiamiento y pago de las pensiones de invalidez y/o supervivencia de sus afiliados bajo el contrato No° 9201409003175 con vigencia desde el 1

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Radicación n. 92776° de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014. Mencionó que como la póliza se encontraba vigente al momento del deceso del señor Ceballos, la garante debía responder frente a una eventual condena. El juzgado admitió el llamamiento. La aseguradora al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones alegando que la actora no era beneficiaria de la pensión reclamada. Frente a los hechos aceptó la fecha del deceso del causante, su afiliación a la AFP Colfondos S.A., la no existencia de hijos entre la pareja, la solicitud de reconocimiento pensional de sus padres y su negativa. Negó los concernientes a la convivencia de forma continua e ininterrumpida ya que, según lo afirmado por la misma demandante en la investigación realizada por la aseguradora, en los tres últimos meses de vida del causante, la pareja se encontraba separada y dijo no constarle los demás supuestos fácticos. Formuló como excepciones la de inexistencia del derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, compensación, prescripción, genérica, improcedencia de pago de intereses moratorios y costas. Se opuso al llamamiento aduciendo que no era aplicable la póliza previsional, porque en el caso del afiliado fallecido no había beneficiarios de la pensión, debido a que la demandante no reunió los requisitos de ley. En cuanto a los hechos aceptó la suscripción de la póliza y que esta se encontraba vigente a la fecha del deceso del causante.

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Como excepciones al llamamiento propuso las de ausencia de cobertura de la póliza, límite asegurado y la improcedencia de condena de intereses moratorios. El juzgado mediante auto del 25 de mayo de 2017 citó en calidad de terceros excluyentes a los señores Amparo de Jesús García y Jorge Raúl Ceballos, en calidad de padres del causante, para que, si a bien lo tuvieran, actuaran dentro del proceso, no obstante, a pesar de que fueron notificados, no comparecieron.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 4 de junio de 2019, resolvió: PRIMERO. CONDENAR a COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS a pagar a la señora MARIA EUGENIA VALLE MENDOZA la pensión de sobreviviente por la muerte del afiliado CARLOS ARTURO CEBALLOS RESTREPO, a partir del 19 de abril de 2013. Corresponde como retroactivo pensional causado desde el 19 de abril de 2013 hasta junio de 2019, la suma de $55.739.513. A partir del 1 de julio de 2019, COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS, deberá pagar a la señora María Eugenia Vila Mendoza una pensión de sobreviviente equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, que se incrementará anualmente, de conformidad con los mandamientos legales, sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre.

SEGUNDO. CONDENAR a COLFONDOS S.A PENSIONES Y

CESANTÍAS a pagar a la señora María Eugenia Vila Mendoza, la indexación de las mesadas pensionales, según la formula y directrices expuestas en la motivación. TERCERO. AUTORIZAR a COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS a efectuar los descuentos, incluso retroactivos, con destino al sistema de seguridad social en salud.

CUARTO. DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN de los derechos causados y

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Radicación n. 92776° exigibles con anterioridad al 19 de abril de 2013. Las demás excepciones propuestas por la pasiva se declaran improbadas. QUINTO. CONDENAR a la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A a pagar a COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que cubra el monto de la prestación otorgada a la señora María Eugenia Valle Mendoza, de conformidad con las estipulaciones plasmadas en la póliza N°9201409003175. SEXTO. ABSOLVER a COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS de las demás pretensiones incoadas en su contra por la parte demandante. SÉPTIMO. COSTAS en esta instancia a cargo de la COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS, y en favor de la parte demandante. Se fijan las agencias en derecho en la suma de $3.500.000.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de ambas partes y de la llamada en garantía, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 11 de junio de 2021 resolvió: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece (13) Laboral del Circuito de Medellín, pero con la siguiente modificación al NUMERAL PRIMERO, porque el valor del retroactivo pensional causado entre el 19 de abril de 2013 y el mes de junio de 2021 asciende a la suma de SETENTA Y

OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($78.263.322).

COLFONDOS continuará pagando la mesada pensional a partir del 1 de julio de 2021 en cuantía de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, incluyendo una (1) mesada adicional al año, sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre.

SEGUNDO: Se CONDENA en COSTAS en esta instancia a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. El valor de las agencias en derecho, un salario mínimo legal mensual vigente al momento del pago para cada una de ellas.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal centró como problema jurídico determinar si, habiendo afirmado desde los hechos de la demanda que el afiliado llevaba tres meses viviendo con otros familiares por causa de

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Radicación n. 92776° sus estados de embriaguez y drogadicción y por las constantes agresiones físicas, verbales y psicológicas en contra de la demandante, era aplicable en este caso el

enfoque diferencial con perspectiva de género, ello para determinar la calidad de la actora de beneficiaria de la pensión reclamada; y de encontrarse acreditado el derecho, analizar la absolución de intereses moratorios y la condena en costas en contra de Colfondos. Señaló que para acceder a la pensión de sobrevivientes era necesario acreditar el requisito de convivencia, el cual es definido por la jurisprudencia como: […]la comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado» (CSJ SL 11245 del 2 marzo de 1999, y CSJ SL 31605 del 14 junio de 2011). Se refirió al artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y precisó que a partir de la sentencia CSJ SL1730-2020, la Corte sostuvo que la correcta interpretación de la mencionada norma, respecto al requisito de convivencia, se encuentra relacionado únicamente al caso en que la pensión se cause por muerte del pensionado, ya que en el caso del afiliado no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia, pues con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero(a), y la conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia vigente para el momento de la muerte, se cumple el supuesto previsto en la norma.

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Radicación n. 92776° Por otro lado, resaltó que en sentencia CSJ SL13992018, se definió que los desacuerdos o disgustos transitorios de la pareja, o la no cohabitación por motivos de fuerza mayor no suponen una ruptura de la convivencia ni llevan a que desaparezca la comunidad de vida; mencionó el problema de la violencia y discriminación contra la mujer e indicó que existen instrumentos internacionales y nacionales para hacerle frente y destacó que esta situación, obliga a que en los asuntos en donde las mujeres son consideradas víctimas, sean analizados con una perspectiva de género. Adujo que, en este caso, no estaba en discusión: i) que el señor Ceballos Restrepo falleció el 18 de junio de 2012 a los 27 años; ii) que al momento del deceso era afiliado a Colfondos; y iii) que cumplió con el número mínimo de semanas cotizadas según el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, esto es, 496 días entre el 18 de junio de 2009 y el 18 de junio de 2012. En ese sentido, precisó que a la demandante le correspondía probar que convivió con el causante hasta la fecha del deceso de este; que en los últimos tres meses de vida, el afiliado se quedaba en casa de su hermano, por causa de sus estados de embriaguez y drogadicción, además, las constantes agresiones físicas, verbales y psicológicas en su contra; que a pesar de lo anterior, la pareja compartía el mismo techo y el señor Ceballos asumía los gastos del hogar

y que el día del deceso, su compañero llegó ebrio a la casa donde convivían a maltratarla físicamente y que, en medio de la discusión, este se suicidó.

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Radicación n. 92776° Analizó el contenido de la reclamación efectuada por Amparo de Jesús Restrepo García, madre del causante, para obtener la pensión de sobrevivientes, mediante la cual allegó las declaraciones extra proceso de las señoras María Leticia Zabala Ortiz y Marta Cecilia Barrientos Agudelo; la reclamación de la demandante en calidad de compañera permanente del difunto a través de la cual allegó las declaraciones extra proceso de Marta Edilia Naranjo Hurtado y Gledis Nedis Herrera Echeverri y las respuestas negativas de la entidad frente a esas peticiones. Así mismo, apreció el interrogatorio de parte de la actora y las declaraciones de los testigos María Eugenia Ramírez Rendón, vecina de la pareja, y Liliana María Borja Salazar, cuñada del señor Ceballos, quienes coincidieron en indicar que la pareja convivía bajo el mismo techo; que el causante asumía los gastos del hogar, como el pago del canon de arrendamiento; que en los últimos tres meses de vida, el afiliado se fue a la casa de su hermano, pero que aún mantenía una relación con la actora, pues en ocasiones la recogía en el trabajo y que este, bajo los efectos del alcohol y las drogas era agresivo con su compañera y el hijo de esta, circunstancia que llevó a la pareja a no seguir conviviendo bajo el mismo techo, pero sin que se hubiese presentado una

ruptura definitiva de la relación. Señaló que de la prueba testimonial se podía concluir que la pareja convivió por más de cinco años desde el 2 de mayo de 2006 y hasta el momento de la muerte del afiliado, el 18 de junio de 2012, a pesar de que se hubiese presentado una separación de unos meses, por las constantes agresiones y amenazas que le propinaba el causante a la actora.

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Radicación n. 92776° Además, dichos medios de convicción daban mayor credibilidad respecto de otras pruebas, como el formulario de folio 42 o las declaraciones extra proceso que presentó la madre del causante ante Colfondos al momento de reclamar el derecho pensional. Resaltó que en casos similares en donde se reclamaba la pensión de sobrevivientes y se había presentado una separación antes del fallecimiento del causante, debido al maltrato físico o psicológico ejercido por este, la Corte ha determinado que no se podía culpar a la víctima de renunciar a la cohabitación y negarle su derecho a una pensión de sobrevivientes «pues, además de que la separación es un ejercicio legítimo de conservación y protección al derecho fundamental a la vida y la integridad personal, el legislador no la puede obligar a lo imposible o establecerle cargas irrazonables» (CSJ SL2010-2019 y CSJ SL1727-2020). Sostuvo que no era aceptable el argumento de Colfondos, quien cuestionaba la veracidad de las declaraciones de la demandante y de los testigos, al no advertir prueba de una denuncia o querella por malos tratos

formulada por la actora, situación que en criterio del ad quem revictimizaba a la mujer y que, por tal circunstancia no podía desconocerse el maltrato al que estuvo sometida, quien siempre quiso optar por el diálogo para resolver los conflictos, procurando que su compañero abandonara el consumo de drogas y licor. En ese orden de ideas, concluyó que la pareja tuvo una comunidad de vida sustentada en la ayuda mutua, el apoyo económico y la asistencia solidaria; que la relación era

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Radicación n. 92776° conocida por los compañeros de trabajo, familiares, vecinos y amigos; que tenían un proyecto de vida estable, a la par de una convivencia real, efectiva y afectiva hasta el fallecimiento del causante y durante más de cinco años, sin que pueda desconocerse tal circunstancia por el hecho de que se hubiese presentado una separación pocos meses antes de la muerte, debido al maltrato y a las agresiones que el causante le propiciaba a la demandante. Por lo anterior, encontró la actora tenía derecho a la pensión reclamada a partir del 19 de abril de 2013 en un valor igual al salario mínimo legal mensual vigente para cada año. Actualizó el monto del retroactivo pensional a la suma de $78.263.322, calculado entre el 19 de abril de 2013 y el mes de junio de 2021. Además, precisó que Colfondos S.A. debía seguir pagando la mesada pensional en cuantía de 1 SMLMV incluyendo una mesada adicional al año, dado que el deceso del afiliado ocurrió después del 31 de julio de 2011 y que

debía descontar del valor del retroactivo los aportes en salud. Frente a los intereses moratorios, confirmó la decisión absolutoria ya que la demandada negó el derecho al no encontrar acreditado el requisito de convivencia, el cual se dilucidó en el presente proceso. También confirmó las costas contra Colfondos S.A.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por Colfondos S.A, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La entidad recurrente pretende que esta corporación case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y la absuelva de las pretensiones formuladas en su contra.

Con tal propósito plantea dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados por la demandante. Por razones metodológicas, la Sala abordará el estudio de los cargos de manera conjunta por versar sobre similar temática y perseguir igual cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada por violación de la ley sustancial, por vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; 73 y 74 de la Ley 100 de 1993 y 2.2.8.2.2., 2.2.8.2.3., 2.2.8.2.4 del Decreto 1833 de 2016.

En la demostración del cargo, aduce que no discute las conclusiones fácticas a las que arribó el Tribunal, e indica que el colegiado interpretó equivocadamente el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, cuando consideró que «no le era dable exigir término de convivencia alguna a la cónyuge o compañera permanente del afiliado fallecido para acceder a la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivencia, bastando para ello con acreditar tal calidad y que la

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Radicación n. 92776° convivencia se mantenga al momento de la muerte del afiliado». Sostuvo que si bien el ad quem fundamentó su decisión con base en la interpretación del requisito de convivencia previsto en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en sentencia CSJ SL1730-2020 se precisó que este criterio fue recogido por la Corte Constitucional en providencia CCSU149-2021, en la cual se determinó que la decisión de la Sala Laboral desconoció los principios de igualdad y de sostenibilidad financiera. Luego de citar en extenso la decisión CCSU149-2021, reitera que el Tribunal erró al señalar que el requisito de convivencia era obligatorio únicamente para el caso del fallecimiento de pensionado y no del afiliado, ello por cuanto dicha exigencia es aplicable en ambos casos. Al respecto citó las sentencias CCSU428-2016, CCC336-2001 y CCC1772001. Por lo anterior, considera que el ad quem debió interpretar la norma referida, exigiendo a la demandante acreditar el termino mínimo de convivencia de cinco años inmediatamente anteriores al deceso del afiliado.

VII. RÉPLICA La demandante se opone a los cargos, alegando que contrario a lo dicho por la censura, la decisión del ad quem tiene sustento jurídico, legal y probatorio, pues mediante los elementos de convicción encontró acreditada la convivencia real y efectiva de la pareja por más de cinco años y hasta el

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Radicación n. 92776° deceso del afiliado. Convivencia que era conocida por compañeros de trabajo, familiares, vecinos y amigos de la pareja, y la cual no se desconoce por el hecho de que se hubiese presentado una separación pocos meses antes de la muerte, debido al maltrato y las agresiones propinadas por el fallecido. Reitera que convivió con el causante por más de seis años y que la situación de maltrato a la cual estuvo sometida no le impide acceder a la pensión de sobrevivientes, pues dicho contexto fue avalado en sentencia CSJ SL5220-2008 e indica que en su caso existió una separación, pero que se dio por fuerza mayor, circunstancia que mantiene con pleno vigor los efectos de una real convivencia, ello con el fin de otorgar el derecho pensional.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta en la modalidad de aplicación

indebida del artículo 47 literal a) de la Ley 100 de 1993, el artículo 74 ibidem, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. Precisa que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que, del interrogatorio de parte a la demandante MARÍA EUGENIA VALLE MENDOZA, emana la confesión y prueba de la conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia para el día 18 de junio de 2012, entre esta y el afiliado fallecido CARLOS ARTURO

CEBALLOS.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la causa de separación de la demandante y el afiliado fallecido se da como medida de

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Radicación n. 92776° protección de la demandante, en contra de violencia intrafamiliar generada por el señor CARLOS ARTURO CEBALLOS, justificando esta conclusión en el enfoque de género esgrimido en la sentencia.

3. No dar por demostrado, estándolo en la declaración extrajuicio rendida por la demandante el 21 de enero de 2016, que la convivencia entre la demandante MARÍA EUGENIA VALLE MENDOZA y el afiliado fallecido CARLOS ARTURO CEBALLOS, finalizó el día 23 de febrero de 2012.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante convivió con el afiliado fallecido durante los cinco años anteriores al fallecimiento del afiliado, el día 18 de junio de 2012.

Señala que lo anterior fue producto de la errónea apreciación de la «confesión vertida en el interrogatorio de parte» de la demandante; el formulario de afiliación a Colfondos de folio 42 y la declaración extrajuicio de la actora del 21 de enero de 2016 obrante a folio 46. Considera que el Tribunal erró al apreciar los testimonios de María Eugenia Ramírez Rendón y Liliana María Borja Salazar, las declaraciones extrajuicio de María Leticia Zabala Ortiz, Marta Cecilia Barrientos Agudelo (f° 6061), Marta Edilia Naranjo Hurtado y Glenis Nedis Herrera Echeverri (f° 47 y 48); el formato de solicitud de auxilio funerario presentado ante la demandada el 24 de enero de 2013, por el señor José Raúl Ceballos y las comunicaciones de Colfondos del 13 de septiembre y 17 de octubre de 2012, del 7 de octubre de 2016 y del 26 julio de 2014 (fª 40 a 53 y 68 a 69). En la demostración del cargo, sostiene que el colegiado se equivocó al no analizar el formulario de afiliación a Colfondos visible a folio 42, mediante el cual el afiliado para la fecha de la suscripción del documento en el 2010, fijó como domicilio la Cra 41 #93B20 de Medellín, esto es, una dirección diferente a la del presunto domicilio familiar con la

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Radicación n. 92776° demandante, ubicado en la Cra 34 #34C-31, situación

corroborada por las señoras María Leticia Zabala Ortiz y Marta Cecilia Barrientos Agudelo. En ese sentido, afirma que el juez plural debió analizar tal «indicio» y concluir que la información suministrada por la actora en su interrogatorio de parte no era cierta, «dado que dos medios de prueba, como lo son el formulario de afiliación y las declaraciones extrajuicio, evidenciaban una verdad procesal diferente». Menciona que la demandante en su interrogatorio de parte confesó que su convivencia con el afiliado cesó el 23 de febrero de 2012 por razones de diferencias en la relación y aun cuando señala que pudo existir agresión de parte del afiliado, también confiesa que no presentó ninguna denuncia ante autoridad pública, pues había posibilidad de solucionar los problemas a través del diálogo. Agrega que, si bien la actora y las testigos María Eugenia Ramírez Rendón y Liliana María Borja Salazar mencionaron que el causante consumía alcohol y drogas, ello no se probó en el proceso y no se acreditó que la pareja se hubiera separado por los actos de violencia del afiliado contra la demandante, ni que la vida de la actora hubiera estado en peligro. Por otro lado, advierte que el ad quem omitió analizar la información suministrada por el padre del causante en el formato de solicitud de auxilio funerario, pues este refirió circunstancias diferentes a las indicadas por la demandante respecto de las causas del deceso del afiliado, en la medida en que el progenitor del causante adujo que su hijo se resbaló

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Radicación n. 92776° de un puente, en tanto que la promotora afirma que se suicidó. Considera que el juez colegiado desestimó las declaraciones extrajuicio de María Leticia Zabala Ortiz y Marta Cecilia Barrientos Agudelo, quienes mencionaron que el afiliado convivía con su madre y que al momento de su deceso estaba soltero. Versiones que debieron analizarse en conjunto con las declaraciones extrajuicio de Marta Edilia Naranjo Hurtado y Glenis Nedis Herrera Echeverri, rendidas el 11 de abril de 2016, quienes aseguraron que la convivencia entre el afiliado y la demandante terminó el día 23 de febrero de 2012. Reitera que la promotora confesó la fecha en la que cesó la convivencia con el afiliado, esto es, el 23 de febrero de 2012, y, por lo tanto, el juez de alzada se reveló «contra lo que de facto y de manera protuberante demuestra dicha prueba, interpretándola, a luz del cambio en la versión rendida en el interrogatorio de parte, que la convivencia se prolongó hasta el día 18 de junio de 2012». También reprocha que hubiera desestimado las comunicaciones de la parte demandada del 13 de septiembre de 2012 y 17 de octubre 2012, así como las del 7 de octubre de 2016 y 26 de julio de 2014; señala que, a la fecha del deceso, la actora no hacía parte del núcleo familiar de este, por lo que no puede ser considerada como beneficiaria de la prestación reclamada. Finalmente insiste en que el Tribunal, erró «al dar por

probado y solo exigir la convivencia al momento del fallecimiento entre los presuntos compañeros permanente, sin

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Radicación n. 92776° exigir entonces la convivencia por espacio de cinco (5) años con antelación al fallecimiento del afiliado».

IX. RÉPLICA La demandante también se opone al éxito de la acusación y, con ese objeto, reproduce los argumentos que esgrimió cuando se opuso al primer ataque.

X. CONSIDERACIONES El Tribunal en su decisión determinó que para obtener la pensión de sobrevivientes era necesario acreditar el requisito de convivencia sin temporalidad alguna, consagrado en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y que a partir de la sentencia CSJ SL1730-2020, el tiempo era exigible únicamente cuando la pensión se cause por muerte del pensionado.

Analizó el presente asunto con perspectiva de género, y así determinó que la actora era beneficiaria de la pensión reclamada, pues luego de analizar la prueba testimonial y del interrogatorio de parte de la demandante, concluyó que esta y el causante tenían una comunidad de vida sustentada en la ayuda mutua, el apoyo económico y la asistencia solidaria y una convivencia real y efectiva por más de cinco años, desde el 2 de mayo de 2016 y hasta la fecha del deceso del afiliado. Precisó que, si bien hubo una separación pocos meses antes de la muerte del afiliado, debido al maltrato y las agresiones que el causante le propiciaba a la demandante, ello no impedía que la actora accediera a la pensión de

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Radicación n. 92776° sobrevivientes, pues la jurisprudencia ha definido que los desacuerdos o disgustos transitorios de la pareja, o la no cohabitación por motivos de fuerza mayor no suponen una ruptura de la convivencia ni llevan a que desaparezca la comunidad de vida. Por su parte, la censura cuestiona la interpretación hecha por el Tribunal respecto del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y considerar equivocadamente que el requisito de cinco años de convivencia era exigible únicamente para el caso del fallecimiento de pensionado y no del afiliado, ello por cuanto debe ser acreditado en ambos casos. Y desde la senda fáctica aduce que el colegiado apreció con error las pruebas denunciadas, pues de ellas podía advertir que la demandante y el causante al momento del deceso ya no convivían, pues hubo una separación desde el 23 de febrero de 2012. Adiciona que tampoco se demostró que se hubieran separado por los actos de violencia contra la demandante o su hijo, por lo que no podía beneficiarse de la pensión reclamada. No se discute en esta sede que el señor Ceballos Restrepo falleció el 18 de junio de 2012; que al momento del deceso ostentaba la calidad de afiliado a Colfond