CSJ - SL1151-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1151-2023 Radicación n.° 90647 Acta 17 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por HELMER SÁNCHEZ DÍAZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 31 de enero de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la empresa MECÁNICOS

ASOCIADOS SAS.

I. ANTECEDENTES Helmer Sánchez Díaz llamó a juicio a Mecánicos Asociados SAS con el fin de que se declare que entre ambas partes existió un vínculo laboral, a término indefinido, desde el 2 de mayo de 2013 hasta el 1 de marzo de 2014; que el salario mensual también estaba integrado por el auxilio extralegal de habitación que recibía -de modo que debe

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Radicación n.° 90647 determinarse que la cláusula tercera del contrato de trabajo es ineficazy que la terminación de esa relación se hizo por su situación de discapacidad. En consecuencia, pidió condenar a la accionada a reintegrarlo a un cargo de igual o superior categoría al que venía ejerciendo, teniendo en cuenta las recomendaciones del médico tratante dada su condición actual de salud, junto con el pago de los salarios y prestaciones causadas desde el momento del despido hasta su reinstalación efectiva y los aportes al Sistema de Seguridad Social; la indemnización

prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; la reliquidación de las prestaciones sociales conforme al salario que se determine en este trámite y las costas del proceso. Subsidiariamente, reclamó declarar la ineficacia de la terminación del nexo laboral, aplicando lo dispuesto en el artículo 65 del CST, al no constatarse el pago de aportes parafiscales ni al Sistema de Seguridad Social, sobre el salario realmente devengado, junto con el pago de los emolumentos dejados de percibir y aportes al sistema, desde el despido hasta la reinstalación. Como soporte de sus pedimentos, informó que laboró de forma continua e ininterrumpida al servicio de Mecánicos Asociados SAS, en los siguientes periodos: del 10 de marzo de 1992 al 29 de marzo de 1993; y entre el 6 de enero de 1994 y el 31 de noviembre de 2006; luego de lo cual fue vinculado como ingeniero de operación y mantenimiento, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 31 de marzo de

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Radicación n.° 90647 2013, esta vez, con el Consorcio Masatec Power, el cual integran tanto la empresa demandada como Termotécnica Industrial S. A. Finalmente, trabajó para la accionada, como supervisor de mantenimiento, del 2 de mayo de 2013 al 1 de marzo de 2014, fecha en que fue despedido sin justa causa y sin previa autorización del Ministerio del Trabajo, pese a su condición de disminución física. Precisó que siempre laboró en Neiva; que debía cumplir

un horario según las necesidades del servicio; que la remuneración del último contrato fue de $5.633.955, con un auxilio de habitación mensual por $3.981.000, aplicándose una cláusula de desalarización contenida en el artículo tercero del contrato de trabajo; y que para la liquidación final de prestaciones sociales no se tuvo en cuenta dicho auxilio habitacional. En relación con su estado de salud, explicó que padece una serie de patologías que afectan su capacidad de trabajo y que lo hacen beneficiario de la estabilidad laboral reforzada, entre ellas, diabetes, cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria, problema de audición moderado en el oído derecho y leve en el izquierdo, nódulo en el lóbulo tiroideo derecho, glándula tiroides agrandada, quiste en el lóbulo tiroideo derecho, sobrepeso y várices en los miembros inferiores. Agregó que todavía se encuentra en proceso de recuperación médica, de modo que está protegido por la Ley 361 de 1997; que presentó acción de tutela a fin de que la demandada le diera respuesta a una petición del 22 de abril

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Radicación n.° 90647 de 2014 y que, luego de adelantar un incidente de desacato, el empleador accedió a su solicitud de expedición de documentos. Al dar respuesta a la demanda, Mecánicos Asociados SAS se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Frente a los hechos, admitió la relación laboral con el actor y los periodos referidos, aclarando que, mientras él laboró para el Consorcio Masatec Power, no tuvo ninguna injerencia en el

manejo del personal; también aceptó lo relativo al derecho de petición y al amparo constitucional. Advirtió que dio por finalizado el vínculo en virtud de la posibilidad resolutoria a la que lo faculta la ley; los demás supuestos, los negó. En su defensa, argumentó que, en vigencia de la relación de trabajo con el actor, cumplió con sus deberes como empleador, pagando los salarios y prestaciones debidas, sin que exista acreencia insoluta. Precisó que, al momento de terminar el contrato laboral, aquel no se encontraba en situación de limitación y tampoco le fue fijada una pérdida de capacidad laboral ni presentaba una discapacidad superior al 25%, por lo que, indicó, no es beneficiario de la garantía de estabilidad. Dijo que la cláusula de exclusión salarial es válida ya que fue pactada expresa y voluntariamente por las partes, y que el beneficio habitacional no retribuía directamente sus servicios. Propuso las excepciones de cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, validez de la cláusula de exclusión salarial suscrita entre las partes,

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Radicación n.° 90647 cumplimiento de la Ley 1393 de 2012, improcedencia del reintegro, buena fe, pago, cobro de lo no debido, prescripción y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, mediante fallo del 2 de diciembre de 2016, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor HELMER SÁNCHEZ

DÍAZ como empleado y la empresa MECÁNICA (sic) ASOCIADOS S.A.S en calidad de empleador, existe un contrato individual de trabajo a término indefinido el cual inició el 02 de mayo de 2013.

SEGUNDO: DECLARAR la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo a término indefinido realizado por MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. al señor HELMER SÁNCHEZ DÍAZ, con motivo del despido de persona disminuida físicamente consagrado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

TERCERO: DECLARAR que la contraprestación del servicio de AUXILIO EXTRALEGAL DE HABITACIÓN es constituido factor salarial por su condición habitual y por qué no se acreditó que no fuera para el enriquecimiento exclusivo del demandante.

CUARTO: CONDENAR a la parte demandada, MECÁNICOS ASOCIADOS a reintegrar al señor HELMER SÁNCHEZ DÍAZ en un cargo igual o superiores condiciones por ser beneficiario de estabilidad laboral reforzada de persona disminuida físicamente, derecho contemplado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

QUINTO: CONDENAR a la demandada, MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S a pagarle al demandante, el señor HELMER SÁNCHEZ la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESO M/CTE ($320.776.261), por los salarios dejados de recibir desde la fecha de su desvinculación hasta el momento que se produzca su reintegro.

SEXTO: CONDENAR a la parte demandada, MECÁNICOS

ASOCIADOS S.A.S al pago de la reliquidación de las prestaciones sociales (prima de servicios y auxilio de vacaciones) equivalente a la suma de ($9.710.684), esto con base en la liquidación del salario establecido, con una diferencia total de $4.890.800.

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SÉPTIMO: CONDENAR a la parte demandada MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. pagar en favor de la administradora de la seguridad social en pensiones del demandante la diferencia de los aportes del señor HELMER SÁNCHEZ DÍAZ tomando como base de liquidación el salario establecido $ 9.710.684 entre el despido y en adelante y así mismo completar la cuenta de salud por el mismo tiempo y con el mismo salario a favor del FOSYGA.

OCTAVO: CONDENAR a la parte demandante MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. al pago de la indemnización por despido por persona disminuida físicamente que se contempla en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a un valor de ($58.264.104) con el salario de $9.710.984.

NOVENO: DECLARAR infundadas la totalidad de las excepciones propuestas por la entidad demandada MECÁNICOS

ASOCIADOS S.A.S.

DÉCIMO: el reconocimiento y pago de los intereses moratorios

(sic).

DÉCIMO PRIMERO: NEGAR Reconocer (sic) la indexación solicitada sobre los valores adeudados, conforme a la parte motiva, desde su causación hasta el momento del pago.

DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR a MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. a pagar las costas del proceso a favor de la accionante,

estimando las agencias en derecho en la suma de ($69.108.000).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de ambas partes, la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante sentencia del 31 de enero de 2020, resolvió: PRIMERO. REVOCAR los numerales segundo, cuarto, quinto y octavo de lo sentencia apelada, y en su lugar, DENEGAR lo pretensión de ineficacia del despido y las que derivan de ella. SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal primero del fallo apelado en el sentido de DECLARAR como fecha de finalización del contrato el día 01-mar-2014, por despido sin justa causa. TERCERO. ADICIONAR el ordinal sexto de lo sentencia de instancia en el sentido de que la demandada también deberá pagar al actor la suma de $ 7.313.526,57 por concepto de

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Radicación n.° 90647 reliquidación de las cesantías y los intereses sobre los mismos durante la relación laboral. CUARTO. MODIFICAR el ordinal séptimo de la decisión recurrida, en el sentido de que la demandada deberá reajustar los aportes a pensión realizados en favor del demandante durante los extremos temporales de la relación laboral, tomando un Ingreso Base de Cotización de $9.525.882 para el año 2013; y para el año 2014 un IBC de $9.710.684. QUINTO. MODIFICAR el ordinal noveno del fallo apelado en el sentido de DECLARAR PARCIALMENTE PROBADAS las excepciones de COMPENSACIÓN y COBRO DE LO NO DEBIDO

POR AUSENCIA DE CAUSA E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, según lo considerado en esta providencia, y DECLARAR NO PROBADAS las restantes SEXTO. REVOCAR el ordinal décimo segundo del fallo de instancia únicamente en lo atinente al monto de las agencias en derecho, debiendo ser fijadas nuevamente por el a quo conforme a lo motivado. SÉPTIMO. CONFIRMAR en lo demás el proveído apelado. OCTAVO. Sin costas en esta instancia conforme al art. 365 del CGP. En lo que interesa al recurso de casación, esto es, la estabilidad laboral reforzada por las condiciones de salud del trabajador indicó que debía establecer si el a quo había acertado al considerar que, para el despido de aquél, el empleador debía contar con autorización previa del Ministerio del Trabajo. Para resolver ese aspecto y de cara al recurso de apelación de la parte demandada, en principio, se ocupó de referir jurisprudencia de la Corte Constitucional, concretamente, las decisiones CC SU0492-2917 y CC T0412019, resaltando que, para que opere dicha garantía es necesario que el trabajador presente una disminución física, sensorial o psíquica que dificulte o impida el desarrollo

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Radicación n.° 90647 regular de su actividad laboral; que el empleador tenga conocimiento de esa situación de discapacidad o limitación; y que la desvinculación se efectúe sin autorización del Ministerio del Trabajo, además, que aquél no logre desvirtuar la presunción de despido discriminatorio. Pasando al caso concreto, puso de presente que el actor

alegó que Mecánicos Asociados SAS dio por terminada la relación laboral, pese a que, desde los exámenes previos de ingreso, conocía de las afecciones que padecía. Refirió que en el proceso no se había practicado prueba testimonial o interrogatorio a las partes, los cuales, si bien fueron solicitadas, habían sido negadas por el a quo, sin que contra tal determinación se hubieran interpuesto los recursos legales. Por ende, dijo, se limitaría a analizar los documentos aportados. Sobre el particular, indicó que el último vínculo que existió entre el accionante y la empresa demandada inició el 30 de abril de 2013 y que, previo a ese momento, al trabajador se le había practicado una valoración ocupacional de preingreso (folios 53 a 56), en la que se relacionaban como antecedentes de salud, una cardiopatía isquémica e hipertensión arterial; uno quirúrgico de angioplastia con colocación de stent; hiperplasia conjuntival nasal y astigmatismo, con necesidad de uso permanente de gafas. Resaltó que, tales hallazgos, sin embargo, no impidieron su vinculación en la empresa y la ejecución de sus labores, de modo que se estableció que era apto para el cargo, sin

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Radicación n.° 90647 restricciones, quedando como recomendaciones, continuar en controles médicos en la EPS y programa de vigilancia cardiovascular. En ese orden de ideas, encontró que dichos padecimientos no eran incompatibles con las tareas o funciones que iba a ejecutar, lo que, además, se corroboraba dada su permanencia en ese último cargo, durante diez

meses, sin existir prueba de que en ese tiempo el trabajador hubiera presentado incapacidades laborales que le impidieran el desarrollo normal de sus funciones; ni tampoco se observaban comunicaciones entre las partes o cualquier otro documento del que se pudiera inferir que el empleador o alguno de sus representantes conoció de primera mano, posibles deterioros adicionales en la salud del demandante que implicaran algún trastorno en el ejercicio ordinario de sus actividades. Puntualizó que no era posible derivar el conocimiento de la empresa accionada con el dictamen de PCL realizado por Nueva EPS, no sólo porque fue expedido el 20 de mayo de 2014, esto es, después de la terminación de la relación de trabajo, sino porque la fecha en la que se fijó la estructuración de esa discapacidad coincide con el día de emisión de esa calificación, lo que evidencia que las afecciones se estructuraron después del despido. Con todo, indicó que en ese dictamen se precisa que la discapacidad surgía de la diabetes sufrida por el demandante, con una presunta antigüedad de siete años, pero que no era posible inferir con los medios de convicción, que tal patología fuera conocida por el empleador ni menos

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Radicación n.° 90647 aún que esa situación padecida tiempo atrás hubiese afectado el desempeño habitual en las tareas laborales que le correspondían. Dijo que, aunque también se documentaba un dolor en la pierna, tampoco se sabía acerca de su habitualidad o intensidad, ni en qué medida lo perjudicaba en su trabajo, ni cómo todo ello pudo haber sido conocido por el empleador y así concluir que el despido tuvo como causa, un acto discriminatorio.

Advirtió que la existencia de dolencias previas a su desvinculación no implica que fuesen conocidas por el empresario, máxime si los diagnósticos de la entidad calificadora acogieron, en su mayoría, padecimientos distintos a los conocidos por la demandada al ingreso del trabajador. Destacó que lo único que coincidía era la cardiopatía; no así la diabetes; la polineuropatía y el nudo tiroideo no tóxico, los cuales no constan en el examen de aptitud al cargo, única prueba con la que se le imputa al accionado el conocimiento previo del estado de salud del actor. Frente a los demás antecedentes médicos obrantes en el plenario y que, según el recurrente, evidencian que la empresa sí conocía de sus padecimientos, era un reporte de consulta externa con el especialista en cirugía de cabeza y cuello, que motivó que se le ordenara una ecografía de tiroides; al igual que una consulta externa del 14 de noviembre de 2013 por médico endocrinólogo -donde consta el antecedente de enfermedad coronariay diagnóstico de diabetes mellitusinsulinodependiente -precisando que,

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Radicación n.° 90647 antes de esa fecha, aquél no era dependiente a la insulinasin que de esos elementos se pudiera inferir información relevante sobre la incidencia de ese padecimiento en el ámbito laboral o el conocimiento del empleador. En similar sentido, expuso: En el reporte de notas de la evolución obrante a folio 39, que se registra un control médico de cardiología, realizado en un Tour

en 2013 en donde se planean (sic) los antecedentes de cardiopatía isquémica, el procedimiento de angioplastia con colocación de stent realizada en el 2012, diabetes tipo dos, y durante dicha consulta se plasma que el actor defiende sentirse bien y se ordena manejo del control de factores de riesgo cardiovascular en prevención. Por último, a folios 62 a 64 se hace constar una atención por consulta externa con especialista en neumatología del mes de agosto del 2015, donde se diagnostica una espondiliopatía inflamatoria no especificada que, por su fecha muy posterior al despido y al dictamen de pérdida de la capacidad laboral, no resulta pertinente para sostenerse con base en ella, que busque un despido discriminatorio. Así las cosas, concluyó que esos antecedentes médicos y clínicos no permitían deducir que el empleador conociera sobre la existencia de las patologías del demandante y que estas inhabilitaran; dificultaran o limitaran su fuerza laboral. Dijo que en la alzada, el apoderado de la parte actora había argumentado que era lógico que la empresa tuviera que darle permiso para ausentarse del trabajo y practicarse los distintos procedimientos médicos, afirmación que, advirtió, carecía de soporte probatorio, ya que no existía evidencia de la concesión de permisos, supuesto al que no podía llegarse por medio de indicios, pues no existe regla de experiencia alguna que indique que el empleador o sus representantes le

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Radicación n.° 90647 otorgaran autorización para tales fines, ni tampoco que conocieran con precisión la razón por la cual se presentaron

las supuestas ausencias laborales. Añadió que ni siquiera se sabía si el empresario ejercía un control riguroso sobre la permanencia de aquél en el lugar de trabajo, ni tampoco cuál era su rango de autonomía para no estar presente durante la jornada laboral. Resaltó que, a pesar de que la sociedad demandada conocía, por el examen de ingreso, que el actor tenía algunos padecimientos de salud -que, para el caso, eran cardiovasculares y de la vistaestimó que no podía considerarse que, al contratar una persona con ciertas afecciones las empresas queden obligadas de manera automática y desde el inicio de ese vínculo, a pedir autorización al Ministerio del Trabajo frente a una eventual decisión de despido. Estimó que, con la certificación de aptitud para el cargo y el tiempo durante el cual laboró el trabajador, se podía decir que tales limitaciones iniciales no afectaban su desempeño en el cargo, puntualizando que, si existía otro tipo de enfermedades posteriores a la vinculación o que las iniciales hubieran empeorado, aquél debía demostrar que el empleador conoció de tales afecciones sobrevinientes y que perjudicaron su situación en el trabajo.

Agregó:

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Radicación n.° 90647 En suma, no se puede presumir un despido discriminatorio respecto de quienes contrataban bajo el conocimiento de unas patologías previas que en nada interfieren en la ejecución normal de la relación de trabajo, es decir, unos padecimientos que no afectan la aptitud del trabajador para el cargo, pero en caso de existir patologías posteriores a su agravamiento de los

diagnósticos iniciales, al trabajador le corresponde por lo menos acreditar el conocimiento del empleador de esas nuevas afectaciones y la incidencia negativa de estas dolencias en el desempeño laboral de quién las padece. Lo anterior, para efectos de que se presuma que el despido ocurrió por móviles discriminatorios y con ello, proceda a la protección por parte del Juez del trabajo del derecho a la estabilidad laboral reforzada. Frente a la no realización del examen de egreso considera esta corporación que a folios 202 y 203 se probó que la empresa demandada le entregó al señor Sánchez una orden para la realización de exámenes de retiro, documental que no fuere controvertida, ni tachada en la que aparece la firma de recibido del trabajador, lo cual indica claramente que la no realización de las valoraciones de egreso no es imputable a la demandada. Para finalizar, citó extractos de la decisión CSJ SL16602018 -sobre la necesidad de prueba acerca del conocimiento del empleador de las condiciones de salud que, según el trabajador, motivaron su despidoy explicó que no era procedente la pretensión subsidiaria de ineficacia del contrato de trabajo, por no efectuarse aportes a la Seguridad Social Integral, precisando que la jurisprudencia ha explicado que no es el restablecimiento real y efectivo del vínculo laboral, lo que contempla el artículo 29 de la Ley 789 de 2002. Frente al recurso parcial de la parte demandante, advirtió que, por sustracción de materia, resultaba inocuo su estudio, en el cual se solicitaba que se impartiera condena por las prestaciones sociales insolutas causadas desde la

terminación del contrato hasta el reintegro, en tanto éste era

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Radicación n.° 90647 improcedente. Sin embargo, accedió a la reliquidación del auxilio de cesantías e intereses en virtud del reconocimiento salarial del auxilio habitacional, pues tales conceptos no habían sido calculados por el juez de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El actor pretende que la Corte case parcialmente el fallo impugnado en cuanto revocó los numerales segundo, cuarto, quinto y sexto y, en sede de instancia, confirme la decisión del a quo.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual es replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la decisión de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 9 a 11, 22, 56, 57, 65, 215, 227, 277 y 341 del CST; 50, 51, 60 y 61 del CPTSS; 1, 13, 25, 26, 47, 48, 53, 54 y 95 de la Constitución Política.

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Radicación n.° 90647 Considera que el Tribunal incurrió en los siguientes errores: Dar por demostrado, sin estarlo, que “las razones dadas por la demandada para despedir al trabajador tienen justificación en

una causa legal u objetiva de ante la inexistencia de conocimiento de disminución física por parte del trabajador, terminación del contrato que no requiere la debida autorización de la oficina de trabajo; razón por la cual debe declararse la carencia de efecto del despido y como consecuencia de ello ordenar el reintegro tal como lo concluyó el a quo. No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador HELMER SÁNCHEZ DÍAZ presentaba diversas limitaciones físicas y sensoriales que dificulta el desarrollo regular de su actividad laboral. No dar por demostrado, estándolo, que el empleador MECÁNICOS ASOCIADOS SAS tenía pleno conocimiento de la grave situación de salud que padecía el recurrente HELMER SÁNCHEZ DÍAZ, lo que dificultada y/o limitaba su fuerza laboral. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo a término indefinido fue terminado sin justa causa, mientras el trabajador HELMER SÁNCHEZ DÍAZ se encontraba en condiciones de salud precarias que implicaban una limitación ocupacional conocidas por su empleador MECÁNICOS

ASOCIADOS S.A.S.

No dar por demostrado, estándolo, que el demandante HELMER SÁNCHEZ DÍAZ era una persona disminuida física, valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, quien dictaminó una PCL del 50.52%, de fecha 23 de mayo de 2014 con fecha de estructuración de 20 de mayo de 2014. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante HELMER SÁNCHEZ DÍAZ es una persona en estado de invalidez permanente. No dar por demostrado, estándolo, que sobre el demandante

existía una determinación médica de sus condiciones de salud y un pronóstico sobre el improbable restablecimiento de su capacidad laboral, lo cual fue corroborado con el respectivo proceso de calificación de la disminución ocupacional que dictaminó una PCL superior al 50%. No dar por demostrado, estándolo, que la terminación del contrato de trabajo sin justa causa realizada al demandante por parte de MÉCANICOS ASOCIADOS S.A.S tuvo como móvil o motivo la disminución de la capacidad laboral del primero.

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Radicación n.° 90647 No dar por demostrado, estándolo, que los padecimientos de salud del demandante que provocaron la pérdida de la capacidad laboral eran conocidos por MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador gozaba de la protección constitucional denominada Estabilidad laboral reforzada por ostentar la calidad de disminuido físico. No dar por demostrado, estándolo, que el empleador no logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio a favor del trabajador con disminución física. Precisa que los anteriores yerros se cometieron por la apreciación indebida de los siguientes elementos de prueba: i) formato de historia médico ocupacional de examen de preingreso con fecha del 30 de abril de 2013, realizada por el Dr. Juan Camilo Guevara Ruiz; ii) certificación de discapacidad con fecha del 23 de mayo de 2014 expedida por la Nueva EPS; iii) dictamen de calificación de PCL expedido por la Nueva EPS; iv) atención de consulta externa del 29 de agosto de 2015, evaluado por el profesional Juan Sebastián

Segura Charry; v) justificación de uso de medicamentos no incluidos en el POS del 29 de agosto de 2015, autorizado por el médico tratante Juan Sebastián Segura Charry; vi) audiometría del 3 de abril de 2013; vii) atención consulta externa, a cargo del endocrinólogo Alejandro Pinzón Tovar; viii) reporte de historia clínica de ingreso del 21 de enero de 2013, evaluado por el cirujano de cabeza y cuello Adonis Tupac Ramírez Cuellar; ix) ecografía de tiroides del 9 de julio de 2013 expedida por la radióloga Sandra Patricia Rojas R; x) fórmula de medicamentos con fecha de historia del 5 de octubre de 2013, autorizada por el cardiólogo César Jerónimo Villalobos Sánchez; xi) justificación de medicamentos con fecha de historia del 5 de octubre de 2013,

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Radicación n.° 90647 autorizada por el mismo cardiólogo; xii) reporte notas de evolución con fecha de ingreso del 4 de octubre de 2013, expedido por el cardiólogo mencionado; y xiii) fórmula médica del 14 de noviembre de 2013, autorizada por el endocrinólogo Alejandro Pinzón. Refiere que, en el reporte de historia clínica del 21 de enero de 2013, se registra una serie de antecedentes médicos que llevaron a que el cirujano de cabeza y cuello ordenara la práctica de una ecografía de tiroides, realizada el 9 de julio siguiente y que reflejó la existencia de quistes. Esto

evidencia, en su criterio, que antes de iniciar el vínculo laboral con la demandada, sufría de patologías que limitaban el desarrollo normal de sus tareas. Agrega que el examen de audiometría practicado el 3 de abril de 2012, constata que la pérdida de su audición ya estaba en nivel moderado. Del examen médico ocupacional de preingreso, del 30 de abril de 2013, se aprecia una serie de antecedentes personales quirúrgicos, patológicos y farmacológicos -los cuales enunciajunto con unas recomendaciones médicas que acreditan que antes de iniciar el vínculo laboral, sufría de varias patologías que afectaban su estilo de vida y el desempeño de sus labores en condiciones regulares en comparación con otras personas que no las sufren. Dice que en el reporte de notas expedido por el cardiólogo Villalobos Sánchez el 4 de octubre de 2013, se informa que el accionante padece cardiomiopatía isquémica y, por ello, requiere de óptimo control de factores de riesgo

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Radicación n.° 90647 cardiovascular en prevención secundaria de enfermedad coronaria. Pone de presente que le fue formulado el medicamento carvedilol, el 5 de octubre de 2013, el cual usa para tratar la insuficiencia cardíaca y la hipertensión y que, entre otros síntomas, generan falta de aire, fatiga y debilidad, hinchazón en las piernas, latidos de corazón irregulares o rápidos, tos, dolor de cabeza y sangrado nasal. En la

justificación de medicamentos no POS, anota, se detalla la necesidad de que se le suministre el carvedilol, ya que hay un riesgo evidente en su vida y salud. Manifiesta que en la atención a consulta externa del 14 de noviembre de 2013 por especialidad de endocrinología se reitera que le fue diagnosticada una enfermedad coronaria, aparte de diabetes mellitus con complicaciones múltiples, las cuales, dice el actor, son patologías crónicas y en la mayoría de los casos, progresivas. En la fórmula médica de esa misma fecha, el médico de esa especialidad, le prescribe insulina asparte e insulina glargina. Por su parte, la atención de consulta externa del 29 de agosto de 2015 -aunque, anota, es posterior al despidodescribe no sólo sus antecedentes médicos, sino que advierte que presenta una condición postraumática en tobillo izquierdo, con edema limitante, con el diagnóstico de espondilopatía inflamatoria. Y, en la justificación de uso de medicamentos no POS del 29 de agosto de 2015, se constata que es una persona con problemas de salud derivados de años atrás y no de un

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Radicación n.° 90647 diagnóstico emitido en el año 2015, por ende, asegura, es claro que existió un despido discriminatorio en atención a sus condiciones de salud. Agrega que su protección no puede quedar supeditada a la existencia de incapacidades médicas; que al inicio de la última relación laboral se desatendieron los problemas que generan las patologías que padece, las cuales, eran conocidas

por el empleador antes de iniciar la relación «sin que ello signifique que con ocasión a sufrir distintas patologías no lograra desempeñar actividad laboral y, por consiguiente, se le tuviere que negar el acceso al puesto de traba