CSJ - SL1153-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1153-2023 Radicación n.° 80806 Acta 13 Bogotá D.C, dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por CARLOS DARÍO VARGAS CUBIDES y BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA, TECNICONTROL S. A. y BVQI COLOMBIA LTDA, sociedades que integraban el consorcio GRUPO BUREAU VERITAS - TECNICONTROL, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintitrés (23) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en el proceso que instauró el primero de los recurrentes a las segundas y a LIBERTY

SEGUROS S. A. y al FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS

DE DESARROLLO – FONADE.

I. ANTECEDENTES Carlos Darío Vargas Cubides llamó a juicio a los

integrantes del Consorcio Grupo Bureau Veritas Tecnicontrol

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Radicación n.° 80806 (Bureau Veritas Colombia Ltda., Tecnicontrol S. A., BVQI Colombia Ltda.), al Fonade y a Liberty Seguros S. A., para que se declarara, i) que entre él y la primera de las demandadas, existió un contrato de trabajo a término fijo del 14 de septiembre de 2012 al 6 de agosto de 2014, que terminó unilateralmente y sin justa causa el 31 de diciembre de 2012; ii) que la segunda de las accionadas era beneficiaria de su servicio; iii) que la última constituyó póliza de garantía, para

cubrir las obligaciones laborales que surgieran y, iv) que todas ellas eras responsables solidariamente de sus acreencias. Solicitó que, en consecuencia, se condenara a las reclamadas a pagar i) las primas, vacaciones, cesantías y sus intereses causados entre el 14 de septiembre y el 31 de diciembre de 2012; ii) los salarios y prestaciones que hubiere debido percibir entre el finiquito y el momento en que debió culminar la atadura, es decir, del 31 de diciembre de 2012 al 6 de agosto de 2014; iii) los aportes a seguridad social que asumió directamente; iv) los perjuicios morales que se le hubieren causado; v) la indexación; vi) lo que resulte probado y, vii) las costas. Narró que el 18 de julio de 2012, el Fonade suscribió un contrato con el Consorcio Grupo Bureau Veritas Tecnicontrol, para «el desarrollo de la fiscalización minera»; que ese vínculo se pactó en el marco del Convenio Interadministrativo n.° 211045 celebrado entre aquella entidad y el Servicio Geológico Colombiano, que estaría vigente hasta el 6 de agosto de 2014; que la adjudicación de

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Radicación n.° 80806 esa atadura fue posterior al proceso de Oferta Pública del Contrato n.° OPC017-2012; que en las «cartas de compromiso», emitidas en ese trámite, se dispuso que el «contratista», se obligaría a mantener a un «director de proyecto» que tendría la representación del consorcio. Afirmó que, en ese orden de ideas, el consorcio se

constituyó con el objeto de adelantar una evaluación documental «[...] con inspecciones de campo de 4.394 títulos mineros generales y 24 [...] de interés nacional o PIN requeridas para apoyar al SGC, en la fiscalización integral de los títulos mineros Grupo 2, de acuerdo con la Oferta Pública del Contrato N.° OPC 017-2012»; que las sociedades que lo conformaban, pactaron que eran responsables solidariamente de las obligaciones que se generaran en su desarrollo y que, para garantizar los pagos salariales, prestaciones sociales e indemnizaciones, se suscribió una póliza con Liberty Seguros S. A. Contó que el personal directivo del consorcio, en desarrollo de los términos de la «licitación oficial», estaba compuesto por un director, cuatro subdirectores (jurídico, administrativo, económico y técnico), un gerente, un jefe directo y un vicepresidente; que sumada a esa estructura, el señor Renato Macedo de Catrib Filho, representante legal de Bureau Veritas Colombia Ltda., tenía una «voz rectora y determinante» en las decisiones consorciales, tanto en los manejos internos como en las relaciones con el Fonade, al punto que realizó todas las diligencias tendientes a lograr la adjudicación correspondiente.

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Radicación n.° 80806 Refirió que, adicionalmente, había un «grupo de asuntos especiales», del que hacía parte, junto con otros nueve profesionales; que a ellos les correspondía: [...] adelantar y atender, como apoyo al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Consorcio, los asuntos propios de

la fiscalización minera en los términos exigidos por el FONADE, con conceptos especializados, diligencias, estudios y labores, así como todo lo que se ordenara y dispusiera por el Director del Proyecto según las condiciones anotadas para la ejecución contractual. Señaló que, aunque a todos los directivos les fue asignado un correo corporativo, el «director del proyecto», Jairo Londoño Arango, mantuvo como medio de comunicaciones, su mail personal, esto es, jolondonoa@gmail.com; que bajo el mando de aquél, en julio de 2012, presentó un concepto profesional, que fue fundamental para el proceso de contratación; que en varias ocasiones, de hecho, hacía «[...] presencia exigida [...] para efecto de obtener la información completa y adecuada, así como la capacitación precisa e integral de las labores que permitirían la ejecución contractual». Indicó que lograda la adjudicación, fue llamado en su condición de geólogo, por el director de proyectos para hacer parte de su equipo; que recibía órdenes directas de aquél, con disponibilidad permanente; que, no obstante, tan solo el 14 de septiembre de 2012, convino con el consorcio un contrato de «prestación de servicios profesionales», con las siguientes condiciones: i) una remuneración mensual de $10.000.000; ii) un objeto contractual de «apoyo al contratante en el

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Radicación n.° 80806 cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste por virtud del Contrato n.° 2122051 suscrito con Fonade» y, iii) un plazo fijo «[…] entre la fecha en que se suscriba la correspondiente

Acta de Inicio [lo que ocurrió el 12 de octubre de 2012] y el 6 de agosto de 2014 o cuando finalizaran los trabajos correspondientes». Destacó que su labor era indelegable, porque se le enganchó por sus condiciones personales; que, inclusive, para efectos del vínculo, «fue sometido y condicionado “a una estricta indagación y comprobación de nuestras calidades profesionales para ser aceptado” y “pasar por rigurosos chequeos y revisiones empleadas por las empresas consorciadas”»; que en noviembre de 2012, por «la magnitud y alcance del servicio contratado», mediante «otrosí», se dispuso que debía dedicarse el «ciento por ciento % en la duración total del contrato»; que, a pesar de que esa modificación se signó en octubre de ese año, se hizo retroactiva y, adicionalmente, se anotó arbitrariamente por la empleadora, que su duración sería de cuatro meses. Aseveró que su atadura fue simulada; que cumplía horario; que recibió del consorcio un espacio físico - oficina y parqueadero - y elementos como computador, escritorio, papelería y, entre otros, tarjeta de identificación, para desempeñar sus funciones; que compartió ese lugar con Hernán Valencia Cruz, funcionario de Tecnicontrol, quien también hacía las veces de vicepresidente financiero y segundo suplente del representante legal; que éste le pidió a él y a sus compañeros del grupo de asuntos especiales,

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Radicación n.° 80806 cambiar de régimen simplificado a común, para la realización

de sus pagos, porque presentaban inconvenientes con la DIAN; que, además, ese fue el motivo por el que se les propuso modificar la hoja original del contrato que habían suscrito, por otra en la que apareciera un plazo distinto. Refirió que el 30 de noviembre de 2012, a quienes conformaban ese equipo se les presentó para su firma inmediata un otrosí a su contrato, según el cual la fecha de terminación del vínculo y la remuneración mensual, serían el 13 de febrero de 2013 y $2.500.000 mensuales; además que modificación se retrotraería a octubre de 2012; que, bajo esas condiciones, les remunerarían el tiempo que llevaban laborando, con una asignación inferior; que todos ellos se negaron a signarlo, pues lo consideraba ilegal y contrario a «los principios y códigos, que se habían convenido para la realización del objeto del contrato». Explicó que en Misiva del 3 de diciembre siguiente, comentaron la situación al señor Renato Macedo de Catrib; que como retaliación a ese proceder, el 21 de diciembre a ocho de los diez trabajadores que hacían parte de ese grupo, se les terminó el contrato de trabajo con efectos a partir del 31 de ese mes y año, sin justificación alguna; que la empresa no actuó de buena fe, porque el finiquito se dio, inclusive, días después de que se le expresara la necesidad de que su dedicación fuera exclusiva al consorcio; que, además, no reconoció ninguno de los créditos pretendidos (f.° 2 a 42 y 175 a 179, cuaderno n.° 1).

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Radicación n.° 80806 Fonade se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la existencia de i) el Convenio Administrativo n.° 211045, ii) el Contrato de Prestación de Servicios n.° 1212051 con el Consorcio Grupo Bureau Veritas – Tecnicontrol, su objeto y extremos; iii) la Oferta Pública de Contrato n.° OPC 017-2012; iv) las condiciones de la carta de compromisos y, v) la póliza de seguros acordada. Dijo sobre los demás, que no le constaban porque hacían referencia a personas jurídicas distintas. Formuló como excepciones de mérito las de inexistencia de solidaridad, inexistencia de la obligación, falta de causa para demandar, prescripción y buena fe (f.° 158 a 168 y 613 a 614, ibidem). Liberty Seguros S. A. explicó que únicamente podía aceptar que el 18 de julio de 2012, expidió la Póliza de Seguro de Cumplimiento n.° BO2078705, porque las demás circunstancias fácticas no las conocía. Propuso las excepciones de «inexistencia de solidaridad entre [ella] y las demás demandadas» y «entre el Fonade y el Grupo Bureau Veritas – Tecnicontrol», inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido (Restricción de la Póliza), Límite de la garantía a cargo de Liberty, límite del valor asegurado, extinción de la acción generada por el contrato de seguro y prescripción del mismo, prescripción laboral, buena fe y compensación (f.° 197 a 205, ib).

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Radicación n.° 80806 Bureau Veritas Colombia Ltda., Tecnicontrol S. A. y BQVI Colombia Ltda., en respuesta conjunta, se resistieron a los pedimentos del gestor y sobre los hechos aceptaron los mismos que Fonade y adicionalmente: i) que a los directivos del consorcio se les asignó un correo electrónico corporativo; ii) que el señor Catrib Filho lideró el proceso de adjudicación; iii) que el 14 de septiembre de 2012, el consorcio suscribió un contrato de prestación de servicios con el demandante; iv) que convinieron una remuneración de $10.000.000 mensuales; v) que esa atadura empezaría con la suscripción del acta de inicio, lo que ocurrió el 12 de octubre siguiente; vi) que el representante legal de la primera de las sociedades, conocía de la conformación de un «grupo especial»; vii) que no pagaron ninguno de los créditos pretendidos y, viii) que en diciembre de 2012, dio por terminada la relación contractual que sostenían. Aclararon que el equipo del que hacía parte el recurrente, no estaba inserto en la estructura del consorcio; que, por el contrario, el señalado «Director de Proyecto» era un contratista suyo sin capacidad para representarle; que, aunque analizó la hoja de vida del accionante, conforme lo exigía la interventoría, lo que le ofreció fue un contrato civil de prestación de servicios, que no fue simulado y que no contaba con término de ejecución; que aunque en ese documento se establecieron unos plazos, eran de referencia, pues, en todo caso, se acordó que el vínculo podía culminarse

unilateralmente, en cualquier tiempo.

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Radicación n.° 80806 Aseguraron que el demandante prestó sus servicios de forma autónoma o independiente; que el suministro de algunos elementos, como computador, obedeció a la confidencialidad de los títulos mineros, lo que también implicó que debiera realizarse en el lugar donde se encontraba la información; que, sin embargo, nunca se le asignó oficina en sus sedes; que era muy esporádico cuando tenía que presentarse a esta y que para esos eventuales casos, suministró los medios de seguridad que le permitieran acceder. Sostuvieron que de parte de los miembros del consorcio no se le hicieron al reclamante, los ofrecimientos que menciona y que, si bien finalizó el contrato, no fue producto de retaliación alguna. Esgrimieron como medios de defensa los que denominó prescripción, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido y buena fe (f.° 237 a 253 y 616 a 617, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 30 de septiembre de 2016, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el demandante señor CARLOS DARÍO VARGAS CUBIDES [...] y las sociedades BUREAU VERITAS COLOMBIA LIMITADA, TECNICONTROL S. A. y BVQI COLOMBIA LTDA., quienes integraban el CONSORCIO GRUPO BUREAU VERITAS — TECNICONTROL, se verificó una relación de trabajo vigente entre el 12 de octubre de 2012 y el 31 de

diciembre de 2012, para desempeñar funciones de Coordinador de Grupo con una remuneración mensual de $10.000.000

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SEGUNDO: CONDENAR a las sociedades BUREAU VERITAS COLOMBIA LIMITADA, TECNICONTROL S. A. y BVQI COLOMBIA LTDA., quienes integraban el CONSORCIO GRUPO BUREAU VERITAS - TECNICONTROL, a reconocer y pagar al demandante CARLOS DARÍO VARGAS CUBIDES, las siguientes sumas y conceptos: a) $3'000.000 por primas de servicios b) $1'500.000 por compensación de vacaciones c) $3'000.000 por cesantías d) $108.000 por intereses legales a las cesantías e) $192'000.000 por indemnización por despido sin justa causa f) $333.333 diarios por concepto de sanción moratoria, establecida en el artículo 65 del C.S.T., desde el 1° de enero de 2013, hasta por 24 meses, y después del mes 25, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria hoy Superfinanciera. g) A la devolución de las sumas correspondientes a la cuota parte que estaba obligado a pagar en su condición de empleador al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y Salud, de acuerdo a la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas, conforme a lo decidido.

CUARTO: ABSOLVER a la demandada de las demás

pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva. QUINTO CONDENAR EN COSTAS a los demandados. […] (acta de f.° 736 a 737, en relación con el CD de f.° 738, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en decisión mayoritaria, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las demandadas que conforman el consorcio, el 23 de mayo de 2017, dispuso: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia en su numeral PRIMERO LITERAL (F) para en su lugar ABSOLVER a la demandada del pago de la indemnización moratoria de conformidad con las motivaciones precedentemente expuestas.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera

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Radicación n.° 80806 instancia.

TERCERO: SIN COSTAS en ésta instancia. […] Dijo que no se controvirtió que el demandante prestó un servicio al consorcio demandado del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2012; que, en efecto, además de que de ello obraba prueba a f.° 86 a 87 y 98, así había sido declarado por la primera instancia y no objetado en apelación; que, por tanto, esa actividad debía presumirse subordinada al tenor del artículo 24 del CST y que, en consecuencia, determinaría si la accionada desvirtuó esa «ventaja probatoria».

Denotó que según los documentos de f.° 75 a 81, 86 a 89, 98, 237 a 252, cuaderno n.° 1, las partes suscribieron

formalmente un contrato de prestación de servicios; que, no obstante, tales medios de convicción no eran suficientes para determinar que la actividad fue autónoma, porque debía analizar la realidad de lo sucedido; que, con ese propósito, tendría en cuenta: 1) Que Hernán Valencia representante legal de Tecnicontrol, afirmó que al actor se le cancelaba la suma de $10.000.000 mensuales y que se le hizo entrega de elementos de trabajo para mantener la confidencialidad de la información. 2) Que Otoniel Ernesto Duarte representante de Bureau Veritas, adujo que el demandante suscribió un contrato de prestación de servicios con el consorcio accionado, también un pacto de confidencialidad y un otrosí; que en el último, «se

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Radicación n.° 80806 estableció la disponibilidad del 100 %»; que la labor de aquél consistía en la valoración de títulos mineros, con base en su criterio profesional, entregando los respectivos informes; que éste «podía ejecutar su labor fuera de las instalaciones de la empresa, siempre y cuando estuviera conectado a la red para el manejo de software»; que, adicionalmente, se le entregaron los elementos de protección como casco y similares, con el fin de garantizar el ingreso a las minas. 3) Que Carlos Darío Vargas en su interrogatorio, confesó que era quien pagaba las cotizaciones al sistema de seguridad social. 4) Que Jairo Londoño Arango, María Andrea Jordán y Luis Ignacio Alfonso Bermúdez, coincidieron en referir, que aquél prestaba sus servicios de manera personal para el

consorcio, cumpliendo horario y las órdenes de sus superiores, a quienes les presentaba informes semanales; que desarrollaba su actividad, en las instalaciones de la demandada, con los computadores, software, cascos y tarjeta de ingreso a las instalaciones del edificio de ésta. 5) Que esos testigos, individualmente, expresaron: 5.1) El primero, que mantuvo una vinculación con la demandada regida por un contrato de prestación de servicios; que era el director del proyecto que adelantaba el consorcio con Fonade, para la fiscalización de títulos mineros en Colombia; que el señor Renato fue quien llevó al actor al consorcio, como parte del equipo de profesionales

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Radicación n.° 80806 especializados; que con ocasión de las labores de este grupo, lograron ganar la licitación y que los documentos de f.° 98 a 136 ibidem, habían sido las comunicaciones que por mail se realizaban. 5.2) La segunda que había sido compañera de trabajo del reclamante; que ella fue la abogada que asesoraba la parte jurídica en punto de los títulos mineros y aquél el coordinador del grupo, aprobado por el Fonade. 5.3) El tercero que la terminación del vínculo del señor Vargas Cubides, derivó de la suscripción de una carta elaborada por sus compañeros, donde manifestaban las inconformidades frente a la modificación del contrato, haciendo referencia al otrosí, por medio el cual se le disminuía el tiempo de servicio pactado y el valor de remuneración mensual; que a todos los suscribientes de dicha comunicación los despidieron.

1. Que Nubia Esther Daza, informó que se desempeña en Bureau Veritas como coordinadora de recursos humanos; que, efectivamente, la empresa propuso un otrosí, a los contratos de prestación de servicios suscritos por los profesionales que laboraban para el proyecto de Fonade, donde se les disminuía el valor de pago, para reducir el monto anual, con la finalidad que los contratistas no tuvieran que declarar impuestos ante la DIAN; que el actor recibió órdenes de John Jairo Londoño; que la información para el personal que desempeñaban sus funciones en las instalaciones de la empresa, era remitida de manera general por correo

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Radicación n.° 80806 electrónico; que, si bien dispusieron de un espacio para que los contratistas ejecutaran la labor, era por si deseaban hacerlo allí. 7) Que William Alberto Sastoque afirmó que fue el subdirector administrativo de Fonade, vinculado por contrato de prestación de servicios; que se desempeñaba como asesor de otras compañías; que no recordaba con claridad si entregó elementos de trabajo al demandante, pero que a la finalización del vínculo, sí recibió el computador que se le había asignado, para preservar la confidencialidad de información; que el accionante prestaba sus servicios en la empresa como geólogo; que ninguno de los contratistas cumplía un horario de trabajo y que él también suscribió la carta de inconformidades que se remitió al representante de Bureau Veritas. Explicó que los primeros tres deponentes «tuvieron conocimiento directo y personal a cerca de las condiciones bajo

las cuales el demandante prestaba sus servicios en la realidad»; que fueron armónicos en aducir que el actor debía cumplir un horario y que estaba sujeto a las disposiciones de su jefe y que, «[…] si bien […] Nubia Daza y William Sastoque, hicieron referencia a […] el suministro justificado de algunos elementos y la ausencia del cumplimiento de horario y órdenes», esos señalamientos «[…] no [tenían] el alcance para restar credibilidad de los demás medios probatorios […] como a las versiones de [aquellos]». Justificó lo último en que,

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Radicación n.° 80806 […] si bien afirman que el suministro de un computador deriva de la necesidad, de manejó de un software que garantiza la confidencialidad de la información y que al ser este un equipo portátil, implica que el actor, podía ejecutar su labor fuera de las instalaciones de la empresa, lo cierto es que no se acredite de manera alguna que el actor contara con la red y demás suministros tecnológicos que le permitieran desempeñar su función de manera autónoma, sin sujeción del cumplimiento de horario. Contrario a ello, si se acreditó que el actor comprometió su disponibilidad en un 100 %, al cumplimiento de las tareas para el proyecto de Fonade, aspecto que se pactó entre las partes mediante la suscripción de otrosí al contrato de trabajo f.° 88 y 89. Agregó que, Jairo Londoño, jefe inmediato del demandante, señaló que le impartía órdenes; que esto lo corroboraban las comunicaciones vía mail (f.° 98 a 113,

ibidem), cuya veracidad no fue puesta en entredicho, porque ese declarante, bajo la gravedad de juramento reconoció dicha documental; además que de la carta de f.° 92 a 96 ib «[…] corroboran la existencia del vínculo laboral, por cuanto las inconformidades allí expuestas, estaban basadas en la forma en que la accionada manejaba las relaciones legales y humanas con «sus subordinados». Precisó, en punto de la indemnización por despido injusto, que cuanto el juez declara «la existencia de un vínculo laboral bajo la aplicación de la primacía de la realidad sobre las formalidades», lo que prevalece es la manera en que se ejecutó la labor y, por tanto, la voluntad real de los contratantes; que, en consecuencia, «si bien formalmente un contrato de trabajo a término fijo debe ser pactado por escrito», lo cierto era que, para el asunto, la intención de aquellas,

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Radicación n.° 80806 […] frente a la duración del vínculo que las ató, se evidencia claramente desde el inicio del mismo, manifestando en el contrato de prestación de servicios que inicialmente se suscribió f.° 75-81, donde se pactó un término de duración, aspecto que, al derivar de la voluntad de las partes, no puede ser desestimado, sin que ello pueda entenderse como la declaración de invalidez del contrato en un aspecto y la eficacia del mismo contrato en otro […], dado que, la declaración del vínculo […] deriva justamente en la forma en la que se ejecutó la labor […] mientras que la duración […] se expresó claramente en el mismo,

destacando que si bien en la cláusula décima del contrato f.° 78, se establece la posibilidad de terminación del vínculo por decisión unilateral del contratante en cualquier momento, esta cláusula al tenor de lo dispuesto en el mismo contrato, resulta ineficaz, pues además de [ser] contradictoria con el pacto de duración acordado, va en detrimento del trabajador demandante, pues la posibilidad de terminación en cualquier momento, solo faculta al contratante empleador, lo que va en perjuicio del actor artículo 43 del CST […] Afirmó que para imponer la indemnización del artículo 65 del CST, se presume la mala fe del empleador que no satisface los salarios y prestaciones sociales derivadas del contrato; que, por consiguiente, le corresponde a este probar con razones atendibles, los motivos que tuvo para no pagar o para hacerlo extemporáneamente y que, con todo, conforme la jurisprudencia, esa sanción no procede automáticamente; que, en el particular, la accionada insistió que suscribió con el actor un contrato de prestación de servicios y que, en efecto, actúo convencida de ello, porque el trabajador no presentó reclamos sobre la forma en que se le vinculó. Planteó que, aunque el demandante elevó una «carta de inconformidades», la misma hacía referencia era a las modificaciones del contrato de prestación de servicios, específicamente, al término y a la cuantía de su remuneración, por consiguiente, [...] el empleador actuaba bajo el pleno convencimiento de que

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Radicación n.° 80806 estaba en una relación de carácter civil, situación que en su momento consideró lo exoneraba del pago de prestaciones

sociales derivadas de un contrato de trabajo. Confundiendo la labor especializada derivada de los conocimientos y experiencias del actor como geólogo, con la autonomía e independencia propio de un contratista, […] no es desdeñable la posición de la llamada a juicio, al resistirse a pagar las prestaciones sociales, pues como se dejó evidenciado, tenía en su haber argumentos de orden fáctico y jurídico respetables de cierta probidad, no compartidos por esta Corporación, a la luz de las leyes del trabajo y del principio de la primacía de la realidad, pero atendibles a fin de exonerar el pago de las condenas estudiadas en este punto, por encontrarse desvirtuada la mala fe (acta de f.° 746 a 748, en relación con el CD de f.° 745, ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN

(BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA, TECNICONTROL S. A. y BVQI COLOMBIA LTDA, sociedades que integraban el consorcio GRUPO BUREAU VERITAS - TECNICONTROL.) Interpuesto por las demandadas, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que se case la sentencia recurrida «parcialmente», para que, en sede de instancia, se «revoque en todas sus partes el fallo de primer grado», absolviéndole de las pretensiones (f.° 16, cuaderno de la Corte).

Solicitan, en subsidio, que «se case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto a las condenas impuestas a las demandadas», para que, en sede de instancia, modifique la

decisión de primera instancia «en cuanto condenó a las

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Radicación n.° 80806 recurrentes a cancelar indemnización, por terminación de contrato a término fijo y, en su lugar, se liquide dicha indemnización con base en la terminación unilateral, sin justa causa, de un contrato a término indefinido». Con tal propósito formulan dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados por el demandante.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia de violar la ley por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 23 y 24 del CST y 53 de la CP, en relación con el 34, 64 y 65 del CST; modificado por el 28 y 29 de la Ley 789, «lo que le llevó a aplicar indebidamente los artículos 1602, 1603 y 1766 del CC, 822, 823, 824, 826, 829 y 835 del C de Co, en armonía con el 19 del CST».

Señalan que aquellas infracciones ocurrieron, porque el Tribunal incurrió en los siguientes defectos fácticos:

1. Dar por demostrado, siendo evidente lo contrario, que entre el demandante Carlos Darío Vargas Cubides y las sociedades demandadas existió un contrato de carácter laboral.

2. No dar por acreditado, estándolo suficientemente, que el contrato que vinculó a las partes en litigio fue uno de prestación de servicios profesionales, como se pactó libremente entre contratante y contratista. (fls. 75-81).

3. Dar por establecido, cuando es evidente lo contrario, que el accionante prestó sus servicios de orden profesional bajo la

subordinación del consorcio contratante.

4. Dar por probado, contra la evidencia, que la parte actora no

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Radicación n.° 80806 desvirtuó la presunción consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se demostró, sin lugar a dudas, que dicha presunción quedó sin piso frente a las pruebas documentales y testimoniales recaudadas en el proceso.

5. Concluir, contra toda evidencia, que las pruebas testimoniales y documentales tenidas en cuenta corroboran la presunción de existencia de una relación laboral entre las partes.

6. No dar por acreditado que las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el expediente, por el contrario, corroboran la existencia del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre la parte demandada y el geólogo demandante.

7. Dar por demostrado que el demandante tenía necesariamente que desarrollar la labor contratada en la sede de la empresa, cuando es evidente lo contra[t]o.

Memoran que el Tribunal consideró que el demandante prestó sus servicios personales al consorcio del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2012; que ello tenía fundamento en los documentos de folios 75 a 81, 86, 87, 89 y 98 del cuaderno n.° 1; así como, en la contestación de la demanda (f.° 237 a 252, ibidem); que aquél devengó $10.000.000, según el interrogatorio del representante de Tecnicontrol Ltda. y que hubo subordinación, conforme lo habían declarado Jairo Londoño Arango, María Andrea Jordán, Luis Ignacio Alfonso

Bermúdez, Nubia Esther Daza y William Alberto Sastoque Jiménez y lo evidenciaba las pruebas de f.° 92 a 96 y 98 a 113. Indican que, no obstante, el juez de la apelación incurrió en los defectos fácticos endilgados, porque: i) El contratista se comprometió a prestar: Servicios profesionales independientes para el apoyo al Contratante en el cumplimiento de las obligaciones as