CSJ - SL1160-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1160-2023 Radicación n.° 91725 Acta 13 Bogotá, D. C., dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARLOS ROBERTO CORTÉS MARTÍNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que en el proceso que adelantó contra la CAJA

DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - CAFAM.

I. ANTECEDENTES Carlos Roberto Cortés Martínez promovió demanda laboral contra la Caja de Compensación Familiar CAFAM con el propósito que se declarara que tenía derecho a la nivelación salarial correspondiente al cargo de jefe de departamento con ocasión de la labor que desplegó como empleado de Cafam desde el año 2008 hasta el 11 de

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Radicación n.° 91725 septiembre de 2015, fecha de la terminación del vínculo de forma injusta. En consecuencia, solicitó se condenara a reconocer y pagar la reliquidación de sus salarios, cesantías, intereses a las mismas, vacaciones, primas de servicios legales y extralegales, de vacaciones, de antigüedad (quinquenio), regalo por compra de vivienda, así como aportes a seguridad social en pensiones y riesgos laborales. Igualmente, pidió las indemnizaciones establecidas en los artículos 64 y 65 del CST, la indexación de la suma por

despido injusto, los perjuicios morales, lo que resultara extra o ultra petita y las costas del proceso. En respaldo de sus pretensiones, refirió que: suscribió contratos de trabajo a término fijo con la accionada desde el 29 de junio del año 2000 hasta el 30 de abril del año 2001 y del 7 de mayo de 2001 al 4 de febrero de 2010, así como uno indefinido el 5 de febrerode 2010 hasta el 11 de septiembre de 2015; a partir de octubre de 2008 la demandada le asignó las funciones y responsabilidades como jefe de departamento según las exigencias de Cafam y los perfiles de ese cargo, estas fueron las de administrar los recursos de Foniñez y Fonede, además las de gestión de empleo, de emprendimiento, de seguro de desempleo y de protección al cesante; el 14 de agosto de 2014 se creó el departamento de mecanismo de protección al cesante, asumiendo su jefatura Luis Alberto Salgar, teniendo las mismas labores que él ejecutaba; su despido, no cumplió con los procedimientos y requisitos del reglamento interno de trabajo, además estribó en la entrega de subsidios de desempleo que contaban con

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Radicación n.° 91725 autorización de sus superiores y presentaba una alta carga laboral (f.° 3 a 24, 194 a 203, cuaderno principal). La convocada a juicio se opuso a la prosperidad de las pretensiones y admitió únicamente que mediante Circular del 14 de agosto de 2014, la dirección administrativa de

Cafam informó la creación del departamento mecanismo de protección al cesante, el cual estaría a cargo de Luis Alberto Salgar, quien se encargaría de liderar los procesos denominados «gestión de empleos, gestión de emprendimiento, gestión segura al desempleo, y gestión administrativa y operativa de protección al cesante». Respecto de los demás adujo no ser ciertos. Expresó que las funciones del actor y las de jefe de departamento no eran idénticas. Destacó que entre las partes se celebraron tres contratos de trabajo, siendo los dos primeros a término fijo, finalizado el segundo por mutuo acuerdo entre las partes, lo que quedó materializado en un acta de terminación. Acotó que el señor Cortés Martínez entregó unos beneficios del mecanismo de protección al cesante a postulantes sin la verificación de los requisitos, los que ascendieron a la suma de $1.074.179.356,oo entre mayo y septiembre de 2014, infringiendo así sus obligaciones contractuales, según los hallazgos de la auditoría de la firma E&Y, en virtud de ello, dio por terminado su contrato de trabajo, siendo aquella decisión no constitutiva de sanción,

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Radicación n.° 91725 por lo que no estaba en la obligación de seguir procedimiento alguno del reglamento interno de trabajo. Propuso las excepciones que denominó «existencia de justa causa para la terminación del contrato de trabajo», «inexistencia de las obligaciones reclamadas», «enriquecimiento sin justa causa», mala fe del demandante, cobro de lo no debido, pago, buena fe, compensación, prescripción y genérica (f.° 78 a 133, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 4 de marzo de 2020, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá (f.° 245 a 247, ibídem) resolvió: PRIMERO: ABSOLVER a la demandada CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, […], de la NIVELACIÓN SALARIAL pretendida por el señor CARLOS ROBERTO CORTÉS MARTÍNEZ, […] y por ende de la reliquidación de salarios, prestaciones sociales, legales y extralegales, aportes a la seguridad social por no encontrarse probado un mayor salario, conforme lo dicho en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, […] a pagarle al actor CARLOS ROBERTO CORTÉS MARTÍNEZ, […] la suma de $ 20.350.007.oo, por concepto del despido injusto, debidamente indexada.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, […] de las demás pretensiones incoadas en su contra por el señor CARLOS

ROBERTO CORTÉS MARTÍNEZ, […].

CUARTO: Dadas las resultas del proceso, se DECLARA PROBADA la excepción de inexistencia de las obligaciones reclamadas frente a la nivelación salarial y reliquidación de prestaciones sociales.

QUINTO: CONDENAR a la parte demandada dentro de las que deberá incluirse por concepto de agencias en derecho la suma

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equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (negrillas del texto original).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al decidir las apelaciones de las partes, el doce(12) de febrero de dos mil veintiuno (2021), resolvió: PRIMERO.- REVOCAR el numeral 2° de la sentencia apelada. En su lugar, se DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES RECLAMADAS, y en consecuencia se ABSUELVE a la Caja de Compensación Familiar Cafam de la pretensión relativa a despido injusto.

SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás, la providencia recurrida. Estableció como problemas jurídicos a resolver si «¿la parte actora acredita[ba] los requisitos necesarios para que [hubiera] lugar a una nivelación salarial con el cargo denominado Jefe de Departamento?», así como «¿Las razones que precedieron el despido del accionante se enmarca[ron] dentro de una justa causa?». 1.- Nivelación salarial. Puso de presente el texto de los artículos 143 del CST y 7° de la Ley 1496 de 2011, refirió las sentencias CSJ SL16404-2014, CSJ SL1004-2020 y CSJ SL493-2020, que aluden al principio de igualdad salarial, cuya aplicación implora el demandante al afirmar su discriminación respecto de uno o más trabajadores en la retribución del servicio. Coligió que la nivelación salarial opera luego de comprobarse «la igualdad de condiciones en que desarrolla la labor el

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Radicación n.° 91725 trabajador que alega un trato discriminatorio y la de aquél que es objeto de comparación». En ese orden, señaló que debía establecer si de la probanza recaudada era posible derivar la igualdad de condiciones entre las labores que desempeñaba el accionante y las de un jefe de departamento. Del análisis de las pruebas allegadas al proceso, estimó que este, desde el año 2009 lideró el Centro Empretec Colombia -programa para el fortalecimiento del emprendedor- (f.° l38, 889 y 890, ibídem), celebró acuerdos como jefe de servicios de Foniñez - fondo para la atención integral de la niñez y jornada escolar complementaria-, recibió memorandos informativos y efectuó la entrega de aquel el 19 de septiembre de 2014 (f.° 28 a 31, 49 a 54, 421, 422, 868, 880 a 887, cuaderno principal). También encontró acreditado que el 5 de febrero de 2010, el accionante fue elegido para desempeñar el cargo de jefe de área Fonede -fondo de fomento al empleo y protección al desempleo -, labor en la que ejecutó la administración de recursos, recibió diferentes comunicaciones, efectuó un informe al departamento de procesos sobre la cantidad de funcionarios que se requerían para cumplir con las actividades y compromisos del departamento de gestión de empleo, aprobó reembolsos para la compra de elementos, cuando finalizó su vínculo laboral (f.° 27, 33, 55, 56, 61 a 63,

67 a 135, 166 a 175, 588, ibídem).

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Radicación n.° 91725 Añadió que como jefe Foniñez y Fonede, el demandante: […] elaboró constancias en virtud de visitas realizadas por la Superintendencia de Salud con la entrega de documentos de los fondos a su cargo, así como envió memorandos solicitando servicios como el de vigilancia y refrigerios, entre otras (f.°162 a 164, 420, 862 y 863); que el 28 de febrero de 2012 envió memorando al departamento de auditorías donde puso de presente hallazgos de la auditoría del 27 de enero del mismo año, informando que se solicitará la unificación de las guías ocupacionales de los analistas de FONEDE y FONIÑEZ, así como de su jefatura (f.° 35 y 36); que el 14 de marzo de 2014, la analista organizacional solicitó la evaluación del proceso de administración de fondos, las nuevas inclusiones, y los cambios que pudiesen proponerse a la estructura organizacional de la dependencia a cargo el actor, entregándose por parte de éste, al día siguiente, la definición de la estructura de tal departamento (f.° 57 y 423); y que el 04 de junio de 2014 el actor dio su visto bueno dentro de la iniciativa denominada “validación y definición de la estructura administrativa, de recurso humano de los marco procesos del flujo operativo del mecanismo de protección al cesante”, a través de la cual, buscó establecer una organización que permitiera convertir el mecanismo de protección al cesante de Cafam en un referente de la gestión integral de atención,

empleabilidad, niñez, y emprendimiento, en la que participó como cliente y gerente de ella (f.° 37 a 48). De igual manera, arguyó que el señor Cortés Martínez asistió a la sala de juntas de educación en reiteradas oportunidades desde febrero de 2009 hasta agosto de 2014, y en una de marzo de 2015 (f.° 717 a 826, ibídem). Por otra parte, explicó que el 14 de agosto de 2014 se creó el departamento de mecanismo de protección al cesante, asumiendo su jefatura Luis Alberto Salgar, teniendo como funciones las de gestión de empleo, de emprendimiento, de seguro de desempleo y administrativa y operativa de protección al cesante (f.° 64 a 66, ibi.). También reprodujo la guía ocupacional de los cargos de jefe de departamento de «mecanismos protección al cesante» y de «gestión de empleo» así como las de «jefe de área Fonede».

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Radicación n.° 91725 Respecto de la prueba testimonial argumentó que declararon Emilio Ananías Torres Flórez, Nasly Ramírez Ospina, Germán Enrique Triana Rivas y Luis Alberto Salgar, quienes: […] dieron cuenta de la actividad desplegada por el actor, coordinando FONIÑEZ, FONEDE y EMPRETEC; que el accionante laboró en el marco de lo que surgió con el subsidio al desempleo; que el demandante tenía asiento en el grupo primario de la subdirección de educación, en el que sólo podían estar los jefes de departamento, aunque también comparecía permanentemente, Nasly Ramírez Ospina, quien era Jefe de

Sección; que no había una persona que efectuara las funciones del actor; que el jefe inmediato del accionante era Nepomuceno Torres, quien ostentaba el cargo de subdirector de educación; que las funciones de un jefe de departamento son las de planeación, dirección, organización y control de las áreas asignadas a su cargo; que el accionante tenía un equipo con un número significativo de personas a su disposición para lograr cumplir las funciones que le encomendaban; que el accionante participaba en el diseño de los programas de capacitación a empresas y particulares desempleados, así como en las convocatorias para ofrecer tales capacitaciones; que el actor acudió a reuniones con el Ministerio de Trabajo, quienes le daban pautas sobre el subsidio al desempleo que ellos brindaban; que el organigrama de la demandada cambiaba frecuentemente; que el accionante estuvo en el Área de Mecanismo de Protección al Cesante hasta 2014, cuando llegó el señor Luis Alberto Salgar; y que el accionante estaba tratando de organizar un área, de un perfil un poco mayor, apenas estaban constituyendo la jefatura de departamento que se anhelaba desde hacía tiempo. Ahora, no desconoce la Sala que, si bien el testigo Emilio Ananías Torres Flórez hizo alusión al manejo del FOSFEC y de que el actor era la persona encargada de destinar los recursos de éste, se entiende que lo fue del FONEDE pues antes de la Ley 1636 de 2013 no se logra evidenciar la existencia del primero. Igualmente, que después de promulgada la citada normatividad, el accionante laboró en la transacción de fondos de FONEDE a

FOSFEC, esto es, mientras se lograba adecuar la estructura, así como la consolidación del departamento de mecanismo de protección al cesante dentro de la caja de compensación familiar, pues según el testigo Germán Enrique Triana Rivas el accionante estaba al frente de la organización de un área de un perfil mayor.

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Radicación n.° 91725 Por otra parte, el testigo Luis Alberto Salgar Vargas informó que, los cargos eran asignados en consideración a la persona, por lo que, Cafam evaluó elementos tales como la antigüedad y la experiencia para determinar quién debía asumir la jefatura de un departamento. Además, dicho testigo informó que existían dependencias de Cafam que no tenían dentro de su estructura jefes de departamento. De acuerdo a lo antes expuesto, observó de las referidas pruebas que: los cargos de jefe de departamento mecanismos de protección al cesante y de gestión de empleo tienen idéntica misión; el accionante como jefe de área Fonede asumió su dirección, especialmente en lo que respecta a contratación, mercadeo y financiera, efectuó diferentes propuestas para lograr la consolidación del primero de los enunciados y la unificación de los programas de Fonede y Foniñez. Resaltó que en agosto de 2014 se creó el departamento de mecanismo de protección al cesante, cuando el actor brindó soporte y colaboración; añadió que los jefes de departamento y los de área, tienen una función similar en cuanto a la gestión de actividades para lograr la protección al cesante, con diferencia que los primeros poseen la misión

enmarcada en la administración del servicio de mecanismo de protección al cesante y los recursos del fondo denominado Fosfec -Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesantey, el segundo, únicamente en la dirección del Fonaede, que genera una distancia salarial porque: […] no fue hasta el 18 de junio de 2013 que se expidió la Ley 1636, norma que creó el mecanismo de protección al cesante, el que además está compuesto entre otras cosas por el FOSFEC (Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al

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Radicación n.° 91725 Cesante), entidad que fue financiada por el FONADE (Fondo de Subsidio al Empleo y Desempleo), quedando a partir del año 2015, la totalidad de sus recursos incorporados para financiar el FOSFEC, así como los programas y subsidios que manejaba, pues fueron reemplazados por los definidos en el marco del Mecanismo de Protección al Cesante, según el artículo 6° de la Ley 1636 de 2013. Del mismo modo, debe advertirse que si bien la Ley 789 de 2002 previó mecanismos de protección al desempleo, como lo son el subsidio al empleo, el fomento al empleo y protección al desempleado y el subsidio al desempleo, no fue hasta la Ley 1636 de 2013 que se logró una política integral de protección frente al desempleo, pues en ella no sólo se trató de brindar apoyos aislados y parciales, sino de tener una política global de apoyos monetarios, orientación en el mercado laboral, capacitación, y

aseguramiento al desempleo. En ese orden, la Ley 1636 de 2013 tiene los siguientes componentes, aclarando que el quinto fue incorporado con la Ley 1780 de 2016: 1. El servicio de empleo y sus mecanismos conexos; 2. El Fondo de Solidaridad de Fomento del Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) y los beneficios que otorga a la población cesante; 3. La capacitación general en competencias básicas y en competencias laborales específicas; 4. Las cuentas de cesantías de los trabajadores; y 5. La promoción del emprendimiento y desarrollo empresarial. En virtud de lo anterior, afirmó que resultaba necesario para la accionada que ampliara su estructura organizacional en aras de cumplir con los servicios que la misma ley le imponía, esto fue, crear un departamento junto con su respectivo Jefe, cargo que por la misma naturaleza del mecanismo de protección al cesante y lo dispuesto en la Ley 1636 de 2013 se entienden que «contenía funciones más amplias al tratarse de una política integral de empleo, lo que no se acompasa con la administración de otro fondo como FONIÑEZ o la dirección de un programa como EMPRETEC», pues en tal entender, no se podría desprender la identidad de condiciones con el cargo que se pretende la comparación. En ese orden consideró que el demandante no acreditó la existencia de un trato salarial diferenciado frente a otro

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Radicación n.° 91725 empleado que haya desempeñado el mismo puesto, porque no demostró que desarrollara el cargo de jefe de departamento, ya fuera en la modalidad de mecanismos de

protección al cesante o de gestión de empleo, toda vez que el último obedecía a toda una política integral que surgió con la Ley 1636 de 2013 y de la que según el acervo probatorio, sólo fue posible desprender que el accionante era partícipe durante la creación y transición de Fonede a Fosfec, en el marco de la referida normativa, así como en la dirección temporal del Fosfec mientras se establecía la consolidación de aquel, en consecuencia, el cargo creado tenía funciones y una estructura diferente e inclusive en obedecimiento a una normatividad distinta a la que rigió mientras el señor Cortés Martínez fue jefe de área de Fonede. Además, el actor pertenecía al área denominada administración de fondos de Empretec, Foniñez, Fonede y Fosfec y el hecho de haber asistido a reuniones de los grupos primarios o manejar equipos grandes de trabajo, no le daban la calidad de jefe de departamento, lo que es insuficiente para que pudiera desprenderse la categoría que pretendía, toda vez que Nasly Ramírez Ospina quien era jefe de sección acudía a dichos comités y que según las certificaciones de f.° 1007 y 1021 del cuaderno principal, se lograba entrever que los jefes de departamento tenían remuneraciones distintas, lo que dedujo, que el pago de la remuneración del actor dependía de sus funciones, experiencia, antigüedad, conocimiento, y no alcanzó a demostrar un trato discriminatorio.

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2. Despido sin justa causa Tras citar las sentencias CSJ SL 1º. Nov. 2011, rad.

36572, 24 jul. 2013, rad. 34260 y la CSJ SL1680-2019, explicó que le correspondía al trabajador probar el hecho del despido y al empleador acreditar la justeza del mismo, el que encontró demostrado con la carta de terminación (f.° 126 a 134, cuaderno 1), que indicó entre mayo y septiembre de 2014, el accionante giró la suma de $1.047.179.356 en subsidios de afiliados, sin que éstos cumplieran los requisitos para su reconocimiento, algunos por falta de antigüedad y otros de capacitación; situación que devino en un incumplimiento grave de las obligaciones y deberes a su cargo y en específico la atinente a dar aviso oportuno a la organización sobre cualquier situación que le pudiera causar algún perjuicio, así como actuar de forma prudente y precavida dada la especial responsabilidad de la caja en la administración de los dineros del Fosfec de naturaleza pública. Explicó que con relación al debido proceso para llevar a cabo un despido, en sentencias CSJ SL15245-2014 y CSJ SL2351-2020, la Corporación razonó que al tenor del artículo 29 Constitucional presupone la existencia de un procedimiento judicial o administrativo, en razón a que es resultado del principio de legalidad, por ello, su vulneración sólo se puede predicar, cuando dentro de la empresa se haya previsto expresamente un procedimiento para despedir. Precisó que el fallo CC C-593 de 2014 establece las etapas de un trámite disciplinario, empero recordó la finalización no es

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una sanción disciplinaria. Resaltó que el trabajador puede ejercer su derecho de defensa, cuando termine su vínculo laboral alegando una justa motivación, garantía que según la sentencia SL23512020 en lo que interesa, resumió así: a) La necesaria comunicación al trabajador de los motivos y razones concretos por los cuales se va a dar por terminado el contrato, sin que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior; deber este que tiene como fin el garantizarle al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hacen y el de impedir que los empleadores despidan sin justa causa a sus trabajadores, alegando un motivo a posteriori, para evitar indemnizarlos; lo que es un desarrollo del artículo 66 del CST. b) La inmediatez que consiste en que el empleador debe adoptar la decisión de terminar el contrato de forma inmediata, después de ocurridos los hechos que motivan su decisión o de que tiene conocimiento de estos. De lo contrario, se entenderá que fueron exculpados, y no los podrá alegar judicialmente. c) Se configure alguna de las causales expresa y taxativamente enunciadas en el Código Sustantivo de Trabajo. Encontró probado el primer requisito, frente al segundo recordó que la carta de terminación enunció que el reconocimiento de subsidios que otorgó el accionante hizo alusión a los periodos de mayo a septiembre de 2014 y el despido se llevó a cabo hasta septiembre de 2015, lo que pareciera transgredir el requisito de la inmediatez. Sin embargo, dicha situación debía ser analizada desde que se

tenía conocimiento del hecho, pues «no deja de ser oportuno cuando la empresa se toma el tiempo necesario para efectos de constatar la responsabilidad del trabajador en los hechos a constituir la justa causa», conforme lo analizado por la jurisprudencia de esta Sala (fallos CSJ SL, 30 jun. 1993, rad.

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Radicación n.° 91725 5889, 16 jun. 2007, rad. 28682, SL8463-2015 y SL14332020). En ese orden, refirió que: de la auditoría interna del 1º de enero de 2015 (f.° 486 a 500, ibídem), estableció que se efectuaron pagos de subsidio sin la correspondiente capacitación en los términos de la Ley 1636 de 2013; el 20 de enero de 2015 el comité de auditoría examinó los riesgos asociados al pago de subsidios y beneficios económicos con cargo a los recursos del Fosfec y pidió un plan de acción, llevando a cabo la revisión de los desembolsos efectuados, proceso el 1º de julio del mismo año, la demandada requirió a la subdirección de educación un informe al respecto (f.° 90 y 91); el 8 siguiente, la empresa solicitó al accionante la información correspondiente (f.° 92), lo que realizó el 16 y 21 del mismo mes y año (f.° 93 a 95); en julio presentó auditoría interna, donde se puso de presente que se les había requerido para efectuar una verificación de los desembolsos provenientes del Fosfec correspondiente «al período del 16 de enero de 2015», ratificándose la irregularidad en relación con

el otorgamiento de subsidios sin el cumplimiento de los requisitos para tal efecto (f.° 167 a 170, ibi). Ahora, el 24 de agosto de 2015 se dio apertura al proceso de terminación del vínculo laboral del actor, rindió descargos el 1º de septiembre y fue despedido el 11 siguiente (f.° 96 a 126, ib.). En consecuencia, consideró razonable el tiempo transcurrido desde que la empleadora tuvo conocimiento de los hechos, ordenó la verificación de dicha situación en la auditoría interna, su respuesta, la solicitud a

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Radicación n.° 91725 la subdirección de la que dependía el accionante para que presentara su informe, garantía que en últimas, protegió el derecho fundamental del trabajador a un debido proceso, por lo que encontró verificado el segundo requisito. Respecto del tercero, encontró luego de analizar la diligencia de descargos que el accionante «en ningún momento negó que los mismos se autorizaron en las condiciones narradas, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos de capacitación y experiencia». También halló acreditado del interrogatorio del actor que el subdirector de educación, Nepomuceno Torres, autorizó los reconocimientos en mención con ocasión a la expedición de la Circular 016 del Ministerio de Trabajo y pidió en diversas oportunidades la contratación de un equipo de coordinación para llevar a cabo las metas de Fosfec. Recordó el motivo principal de la terminación del vínculo laboral y acotó que: En este sentido, es relevante tener en cuenta que el actor en su

diligencia de descargos es claro en manifestar que la falta de claridad de la legislación en relación con el mecanismo de protección al cesante, no lo habilitaba para ejecutar recursos, señalando entonces que lo hizo por autorización del Subdirector de Educación, Nepomuceno Torres, con base en la Circular 016 del Ministerio del Trabajo. No obstante, no obra en el expediente prueba de que el accionante hubiera realizado tal manifestación a su jefe inmediato, por el contrario, lo que se observa es que la Circular 016 del 20 de febrero de 2014 en ningún momento permite que se efectúen pagos de subsidios sin los debidos requisitos, en contraste, señala que el mecanismo de protección al cesante debía comenzar a funcionar inmediatamente, pues constituía un derecho de quienes acrediten las condiciones de acceso antes las cajas de compensación familia» (fl.477), lo que claramente deja

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Radicación n.° 91725 entrever que para el reconocimiento de los correspondientes subsidios era necesario acreditar las condiciones para su acceso. Aunado a ello, al accionante, inclusive el señor Nepomuceno Torres, en su calidad de jefe inmediato del accionante le había hecho un llamado de atención el 24 de septiembre de 2014, para incentivar una comunicación fluida y de doble vía que, permitiera hacer un adecuado seguimiento, prestar los apoyos, y tomar las decisiones orientadas a prevenir la repetición de hechos de similar la naturaleza. Así mismo, no observa la Sala que, dentro de las solicitudes como la del 15 de agosto de 2014 de folio 67, que hace alusión a la

cantidad de funcionarios que se requerían para cumplir con sus actividades; en ellos obre algún tipo de habilitación para reconocer subsidios sin el cumplimiento de los requisitos legales. Igualmente, es de aclarar qué la “respuesta Mintrabajo Ejecución FOSFEC» de f.° 84 a 89 no se encuentra suscrita, por demás que tampoco tiene ningún tipo de habilitación para el pago de subsidios. En consecuencia, consideró acertada la decisión de haberse dado por terminado el contrato del accionante al encontrarse demostrada la justa causa alegada (f.° 1086 a 1092, cuaderno principal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida y en sede de instancia: […] se dicte sentencia CONFIRMANDO PARCIALMENTE la de primer grado. Se solicita confirmar parcialmente el numeral SEGUNDO del resuelve de la sentencia de primera instancia, y en su lugar se confirme la orden de pago de la indemnización por

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Radicación n.° 91725 despido sin justa causa, pero teniendo como base de liquidación el salario nivelado. Se solicita confirmar el numeral QUINTO y se confirme la condena en costas a cargo de la demandada. Se solicita se REVOQUE los numerales PRIMERO, TERCERO y CUARTO, numerales de la sentencia de primer grado, y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, que se

transcriben a continuación, condenando a la demandada CAFAM en costas a favor del señor CARLOS ROBERTO CORTES MARTINEZ en sede de casación. Reprodujo el petitum de la demanda ordinaria inicial en sus declaraciones y condenas. Con tal propósito, formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y se estudian a continuación de forma conjunta, ya que se denuncian similar elenco normativo y buscan el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa violación por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 143, 65 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo, así como el 53 de la Constitución

Política. Indicó que la anterior violación de la ley, tuvo origen en la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo que el demandante realizó funciones en calidad de Jefe de Departamento en CAFAM desde noviembre de 2008 hasta la fecha de finalización del contrato de trabajo.

2. No dar por demostrado estándolo que el demandante cumplió funciones de Administrador del servicio de mecanismo de protección al cesante desde junio de 2013 hasta septiembre de

2014.

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3. No dar por demostrado estándolo que el demandante realizó funciones como administrador, director y líder de los Fondos FonedeFoniñez y de Empretec.

4. No dar por demostrado estándolo que Cafam conocía las necesidades de la creación de un departamento en el área que

tenía a cargo el demandante como administrador de los Fondos Fonede, Foniñez y Empretec.

5. No dar por demostrado estándolo que la demandada CAFAM actuó de mala fe al no nivelar el salario del demandante.

6. Dar por demostrado sin estarlo que el demandante desempeñó solamente en el cargo de Administrador de Fondos.

7. No dar por demostrado estándolo que CAFAM tuvo un trato salarial diferenciado entre el demandante y los empleados q