CSJ - SL1167-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1167-2023 Radicación n.° 93884 Acta 11 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JAHV MCGREGOR SAS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró ELKIS LUIS CUARTAS

SUÁREZ.

I. ANTECEDENTES Elkis Luis Cuartas Suárez demandó a Jahv McGregor SAS se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 20 de diciembre de 2010 y el 15 de agosto de 2017, por lo que el acuerdo de prestación de servicios celebrado realmente era de carácter laboral, que fue despedido sin justa causa y que la accionada obró de mala fe e incumplió sus obligaciones legales.

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Radicación n.° 93884 En consecuencia solicitó «reliquidar y pagar» sus prestaciones sociales y aportes a seguridad social, junto a las sanciones por no consignación de cesantías y la dispuesta en el artículo 65 del CST, así como la indexación de rubros que no se encuentren cobijados por las moratorias y las costas procesales. Como fundamento de lo anterior, expuso que: i) fue convocado en un proceso de selección en la empresa enjuiciada para cubrir una vacante ya que habían observado su hoja de vida en el portal el www.empleo.com; iii) el cargo

ofrecido fue el de asistente operativo; iv) suscribió contrato el 20 de diciembre de 2010 bajo la «figura» de prestación de servicios, en la que se estableció que el objeto del mismo estaba compuesto por las actividades que se le asignaran, las cuales cumplió en estricta obediencia o cumplimiento de las órdenes y parámetros dados por la pasiva; v) se anotó en dicho documento que ésta podía supervisarlo por sí misma o por quien delegara, así como se impuso la imposibilidad de ceder el acuerdo y se establecieron causales de terminación similares a las contempladas en una atadura de trabajo; vi) fue objeto de llamados de atención y contaba con correo electrónico corporativo; vii) el 30 de junio de 2016 se culminó el vínculo de mutuo acuerdo. Señaló que viii) el 1º de julio de 2016 se pactó un nuevo contrato de trabajo a término indefinido para el cargo de semisenior de sistemas, con las mismas funciones de la atadura anterior en un horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm; ix) la empresa enviaba memorandos a todo el

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Radicación n.° 93884 personal sobre el cumplimiento de órdenes; x) su empleador decidió terminar de forma unilateral la relación sostenida con el pago de la indemnización por despido teniendo en cuenta únicamente los años 2016 y 2017; xi) anotó que la supuesta unión civil fue aparente con el fin de omitir el reconocimiento de sus derechos y, xii) la sociedad accionada ha sido

condenada en repetidas ocasiones por estas omisiones (f.º 2 a 13, cuaderno principal). Jahv McGregor SAS, se opuso a las pretensiones, en cuanto a los aspectos fácticos aceptó el proceso de selección inicial, los diferentes vínculos que existieron entre las partes, la designación del cargo, las obligaciones contractuales, la fecha de inicio del primer contrato, pero aclaró que en esta se dio una ejecución como contratista independiente, desde el 20 de diciembre de 2010 y de forma subordinada a partir del 1º de julio de 2016. En cuanto a los demás precisó que no eran hechos unos y no eran ciertos otros. Propuso como excepciones de mérito, los de inexistencia del contrato de trabajo, cobro de lo no debido, pago, compensación, «buena fe», «mala fe de la parte actora», prescripción y genérica (f.º 134 a 156, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá mediante fallo del 29 de junio de 2021 (cuaderno

digital de primera instancia), decidió:

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Radicación n.° 93884 PRIMERO.- DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de prescripción y NO PROBADAS las demás excepciones formuladas por la demandada, conforme las consideraciones expuestas. SEGUNDO.- DECLARAR que entre el demandante ELKIS LUIS CUARTAS SUÁREZ y la demandada JAHV MC GREGOR S.A.S. existió un contrato de trabajo entre el 13 de junio de 2012 y el

15 de agosto de 2017, el cual fue terminó sin justa causa por parte del empleador. TERCERO.- CONDENAR a la demandada JAHV MC GREGOR S.A.S. a pagar al demandante ELKIS LUIS CUARTAS SUÁREZ los siguientes valores y por los siguientes conceptos: Por cesantías la suma de $7.025.000.00 Por intereses a las cesantías $31.983.00 Por sanción por no pago de los intereses a las cesantías $31.983.00 Por prima de servicios la suma de $531.556.00 Por vacaciones la suma de $1.305.778.00 Por reliquidación de la indemnización por terminación del contrato sin justa causa la suma de $5.557.222.00 Por sanción por no consignación de las cesantías la suma de $12.618.667.00 CUARTO.- CONDENAR a la demandada JAHV MC GREGOR S.A.S. a pagar al demandante ELKIS LUIS CUARTAS SUÁREZ intereses moratorios a la tasa más alta certificada por la Superintendencia Financiera sobre lo adeudado por concepto de cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicios, intereses moratorios que correrán desde la fecha de terminación del contrato de trabajo hasta el momento de su pago definitivo. Así mismo, condenar a la demandada a pagar de manera indexada los valores a que fue condenada por concepto de sanción por el no pago de los intereses a las cesantías, sanción por la no consignación de las cesantías, reliquidación de la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, indexación que igualmente correrá desde la fecha de terminación del

contrato hasta el momento de su pago definitivo. QUINTO.- ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra. SEXTO.- CONDENAR en costas a la demandada y a favor del demandante, tásense por secretaría incluyendo como agencias en derecho una suma equivalente a tres (03) smlmv. La presente decisión queda notificada en estrados. Los apoderados del demandante y la demandada interponen recurso de apelación contra la decisión tomada el día de hoy.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2021 (f.º 7 a 29, cuaderno digital del Tribunal), decidió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el 29 de junio de 2021 por el Juzgado Treinta y Dos (32) Laboral del Circuito, dentro del proceso adelantado por ELKIS LUIS CUARTAS SUÁREZ contra JAHV McGREGOR S.A.S., para en su lugar, CONDENAR a la demandada, a reconocer y pagar a favor del demandante, la suma de $70.000 diarios, por concepto de indemnización moratoria a partir del 16 de agosto de 2017 y hasta cuando se verifique el pago de las acreencias laborales.

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de reproche. TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la empresa Jahv McGregor S.A.S., y a favor del demandante.

En lo que atañe al recurso extraordinario, precisó como problemas jurídicos a resolver: i) verificar si existió entre el demandante y la sociedad Jahv McGregor SAS un vínculo laboral en los términos que fijó el juez inicial y ii) si era procedente la modificación de la sanción moratoria. Previo a resolver, analizó la tacha que se impuso sobre la prueba testimonial de los declarantes Jenni Grijalba y Luz Adriana Zapata Salazar, de lo cual expuso que contar con un grado de consanguinidad, subordinación o incoar un proceso judicial no descartaba por sí mismo el dicho de aquello, sino que este debía revisarse con mayor rigurosidad, bajo los postulados de sana crítica y buena fe, por lo que no puede

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Radicación n.° 93884 afectarse la prueba de forma inexorable y citó como apoyo la decisión CC C790-2006. Conforme a lo precedido, acotó: En cuanto a la tacha propiamente dicha, vale decir que el apoderado de la demandada, la alegó, frente a la prueba testimonial solicitada y practicada a favor de la parte actora, en el respectivo debate probatorio, abordaron el acervo de preguntas de manera tal, que el despacho pudo dilucidar la verdad real de los hechos controvertidos, llegando a las conclusiones jurídicas propias del juicio, entonces considera esta Sala de Decisión que no hay lugar a desestimar a ningún declarante. Por lo dicho, se les dará el valor probatorio correspondiente a las declaraciones de los testigos de la parte actora, por cuanto se considera que la tacha formulada no es procedente, engrosando

de esta manera el haz probatorio y así, será su dicho susceptible de valoración. En lo que atañe al contrato de trabajo y sus extremos, precisó que es carga del demandante evidenciar los lapsos en los que prestó servicios, el salario devengado, el cargo y la causa que dio lugar a la finalización del vínculo, conforme a lo señalado en el canon 167 del CGP en armonía de lo dispuesto en el 145 CPTSS. Luego de ello, refirió el alcance del artículo 24 del CST con relación a la decisión CSJ SL, 29 oct. 2014, rad. 44321. Posteriormente, manifestó que analizó toda la documental recaudada, resaltando que no fueron objeto de tacha y procedió a individualizarlas, acto seguido, resumió las declaraciones del representante legal y el demandante, rendidas en el interrogatorio de parte, así como de los testigos, con lo que concluyó:

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Radicación n.° 93884 En los anteriores términos, no advierte esta Colegiatura el yerro jurídico que se le enrostro al juzgador de conocimiento, al encontrar acreditada la subordinación, al saltar en forma palmaria tal situación de la prueba testimonial recaudada a favor de las partes; el propio interrogatorio de parte rendido por los extremos litigiosos y la voluminosa cantidad de cuentas de cobro presentadas por el demandante a la demandada con el fin de que le fuese pagado por el servicio prestado. Erigió que esta Corporación ha definido que para poder diferenciar entre un contrato de naturaleza civil y otro laboral era necesario evaluar diferentes aristas, por lo que procedió

a examinarlas, de la siguiente manera: La prestación del servicio bajo un control o supervisión de un tercero, en el sub examine, los testigos convocados por las partes intervinientes en el litigio, fueron coincidentes en afirmar que el actor, tenía unos jefes inmediatos y un supervisor de trabajo. Situación que se corrobora con lo dicho por el señor Norberto Pérez (testigo parte demandada), cuando señaló que, él se encargaba de supervisar las actividades del señor Elkis en los proyectos que se estaban ejecutando por la empresa (CSJ SL4479-2020). Otro punto objeto a resaltar es la exclusividad en el servicio prestado, de acuerdo a lo dicho por los señores Luz Adriana, Jenny Isabel y por el mismo señor Norberto Pérez, las labores debían ejecutarse a menos de 1 kilómetro de distancia del Ministerio de Salud y debía garantizarse de acuerdo al cronograma de actividades (sentencia CSJ SL460 de 2021). Disponibilidad del trabajador, en este aspecto, debe decirse, que de la prueba testimonial recaudada se tiene que el actor, aparentemente se podía ausentar de sus labores, pero ello, repercutía en un traumatismo en las labores asignadas y establecidas en el cronograma de actividades, por cuanto, él debía estar disponible para atender inquietudes o servicios contratados con el proyecto Fosyga. En lo tocante a la aplicación de sanciones, aunque los testigos de la parte demandada, señalaron que al ser un contrato de prestación de servicios, no era objeto de procesos disciplinarios el actor, sin embargo, los demás deponentes son claros en señalar que le eran realizados llamados de atención en forma

verbal, por llegar tarde al sitio donde prestaba sus servicios. Respecto a la prestación del servicio en forma continua, es un

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Radicación n.° 93884 hecho indiscutido, dado que, de la prueba testimonial se logra concluir tal situación, máxime, que el mismo señor Norberto, señaló que, a pesar de que existieron múltiples contratos celebrados entre la demandada y terceros, se continuó necesitando los servicios del actor en el área de informativa en forma permanente y tal hecho se corrobora con los múltiples contratos de prestación de servicios suscritos entre los contradictores en forma continua (sentencia CSJ SL981-2019). Las labores debían ejecutarse en las instalaciones de la empresa McGregor S.A.S., debido a los requerimientos efectuados por las entidades a las que se prestó los servicios y dada la información sensible y confidencial que se manejaba (sentencia CSJ SL43442020). En cuanto al suministro de herramientas y materiales, en este punto, resultan coincidir todos los deponentes, al informar que al actor le entregaron un computador y asignaron un sitio de trabajo para poder desarrollar la labor contratada (sentencia CSJ SL9812019). Por otro lado, no se puede pasar inadvertido que, el actor desempeñaba el cargo de técnico en sistemas en la empresa McGregor S.A.S., y consecuencia de ello, debía estar atento a los requerimientos que efectuaran los expertos o encargados de cada área (sentencia SL, 24 de agosto de 2010, Rad. 34393). Que recibía una remuneración por los servicios prestados,

conforme a la información registrada en los contratos de prestación de servicios suscritos. Con ello ratificó la existencia de la atadura laboral definida por el juez inicial. En lo que respecta a la indemnización moratoria, estimó que al haberse presentado la demanda dentro de los 24 meses siguientes a la terminación de la relación laboral, no era procedente el pago de los intereses de mora sino el desembolso de un día de salario por cada uno de retraso, de modo que modificó la sentencia de primer grado en ese sentido (f.º 7 a 29, cuaderno digital del Tribunal).

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Jahv McGregor SAS, concedido por el Tribunal y admitido por la Corporación, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación de la decisión impugnada y una vez constituida la Sala en sede de instancia: […] revoque integralmente el fallo de segunda instancia, y de forma parcial el de primera instancia -porque el fallo de segunda instancia modificó el de primera instancia-, y en su lugar profiera la que en derecho corresponde, negando todas las pretensiones de la demanda y accediendo a las excepciones presentadas en la contestación de la demanda, incluyendo la de prescripción

(demanda de casación, cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y se estudiarán de forma conjunta, pues pese a que se dirigen por vías diferentes persiguen un mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Enrostra al juez de apelación de haber vulnerado la ley por la vía indirecta, «por apreciación errónea de los medios probatorios allegados por la parte demandante, y se acusa la sentencia de Segunda Instancia porque conlleva a la aplicación indebida de los artículos 22, 23 y 24 del CST».

Lo anterior, a causa de los siguientes errores de hecho:

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Radicación n.° 93884 No dar por demostrado, estándolo, que el demandante se encontraba vinculado bajo una contratación civil, mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante en virtud de la relación contractual que mantuvo con mi representada no cumplía horario, ni recibía órdenes. No dar por demostrado, estándolo, que por el hecho de rendir informes con ocasión de las exigencias de los Contratos estatales 409 y 103, no se configuraba una relación de trabajo. No dar por demostrado, estándolo, que con las diferentes pruebas aportadas al proceso, se acreditó la inexistencia de la relación laboral declarada entre el demandante y mi representada. Luego de ello, relaciona como «premisa» las pruebas enlistadas en la contestación de la demanda. Señala que fue errado considerar por parte del juez de segundo grado que existió una relación continua de trabajo, por cuanto: […] un primer contrato de prestación de servicios fue por el interregno del 20 de diciembre al 31 de diciembre de 2010; Que un segundo contrato que se suscribió el 1º de enero de 2011

que se ejecutó solamente hasta el mes de septiembre de 2011. Que el tercer contrato inició su ejecución el 13 de junio de 2012 habiendo transcurrido más de 8 meses entre la terminación de uno de los contratos y el inicio del nuevo contrato, por lo que lo cierto es que sí hubo una interrupción entre el segundo de los contratos de prestación de servicios y el tercero, que se ejecutó hasta el 30 de junio de 2016. Que finalizado este contrato, se terminó la relación de mutuo acuerdo de un contrato de prestación de servicios. Que una vez las partes acordaron la relación laboral con el sometimiento al Reglamento Interno de Trabajo, fue suscrito el contrato de trabajo del 1º de julio de 2016 que se dio por terminado de manera unilateral por el empleador el 15 de agosto de 2017, cancelando la indemnización por terminación del contrato de trabajo de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, con la liquidación final del contrato de

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Radicación n.° 93884 trabajo cumpliendo las exigencias legales. Destaca que tales documentales no fueron valoradas en debida forma, toda vez que de haberlo hecho se habría determinado con claridad la inexistencia de la relación laboral, lo que «resulta violatorio de la ley sustancial por la indebida y errónea valoración de los medios probatorios allegados al proceso». Afirma que era voluntad del actor obligarse a prestar servicios con la finalidad de desarrollar las funciones exigidas en los pliegos de condiciones de los Contratos n.º 409 de 2007 y 103 de 2012, celebrados entre la recurrente y el Ministerio de Salud y protección social, de los cuales cita

diversos apartes. Acota que el demandante ejecutó sus labores con plena autonomía y que las herramientas dadas como computadores y clave, eran necesarias para garantizar la confidencialidad de la información, sin que existiera vocación de permanencia. Dispone que la única subordinación ejercida se dio en el marco del vínculo que se sostuvo entre el 1º de julio de 2016 al 15 de agosto de 2017, como se observa de la copia de llamado de atención de ese último año, planillas de control de horarios, liquidación de prestaciones, pagos a seguridad social y certificación del sistema de gestión de la empresa.

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Radicación n.° 93884 De esta manera, no es posible extender de forma retroactiva estos últimos medios de convicción a relaciones anteriores. Luego de ello, refiere nuevamente que no se valoraron las pruebas que aquel allegó, en especial contratos de prestación de servicios y otrosíes. Manifiesta que la coordinación de actividades no constituye sometimiento alguno el trabajador, pues es propio del desarrollo eficiente del servicio contratado y cita en apoyo la providencia del Consejo de Estado, de radicado «00099-03» del 19 de febrero de 2004, el cual estima reiterado en la CE SS SA, 31 en. 2008, rad. 2003-00212. Denuncia como indebidamente valorados los testimonios practicados «dentro de la sana crítica, y acorde con la realidad fáctica acreditada en el proceso, a pesar que también dan cuenta de la inexistencia de la relación de trabajo entre el demandante y la demandada» y reproduce algunas respuestas de lo dicho por los declarantes Maribel Quiroga y

Norberto Pérez. Detalla que las probanzas obrantes en el plenario no fueron analizadas de manera correcta, pues de los contratos suscritos era clara la autonomía del acto y naturaleza civil de la relación, lo que se ratifica con las afiliaciones a seguridad social como independiente y el RUT allegado.

Aunado a ello:

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Radicación n.° 93884 El suministro de la información de la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá de la cual era titular para efectos de la consignación de los honorarios pactados, se demuestra claramente la autonomía e independencia del contrato civil de prestación de servicios, por cuanto los pagos que se le realizan a los trabajadores vinculados por contrato de trabajo, se hacen bajo una cuenta de nómina aprobada y con convenio de la empresa y el banco. Durante la ejecución del contrato de prestación de servicios independientes, para efectos de la retención en la fuente, solicitó a mi representada la aplicación del artículo 173 de la ley 1450 de 2011 "Aplicación de la retención en la fuente para trabajadores independientes", lo que demuestra que el ex contratista tenía pleno conocimiento de la naturaleza del contrato que lo vinculaba a mi representada. La inducción realizada por mi representada a el ex contratista, se realizó en el marco del sistema de calidad de la empresa, y debido a la especialidad de la información del proyecto para el cual fue asignado, ya que no contaba con conocimiento del cliente, ni de los procesos de interventoría al FOSYGA, se le dio explicación del alcance del contrato, y del conocimiento específico sobre la subcuenta de la solidaridad y sus procesos, lo que no desvirtúa

la naturaleza del contrato civil celebrado entre las partes, y no por ello debe entenderse que se está frente a una relación de trabajo. De otro lado, sostiene que nunca impuso horarios, que no requería permisos para ausentarse, que las visitas ocasionales al centro de almacenamiento de datos de terceros, era por asuntos de confidencialidad, el lugar en el que se desempeñó se adecuó al cumplimiento de las directrices de la licitación realizada. Así mismo, que las capacitaciones realizadas se hacían a todo los vinculados a la compañía sin importar la naturaleza de la relación contractual, que la imposibilidad de delegar se debía al conocimiento especializado del accionante y que todos los elementos de subordinación acontecieron desde el instante en el que inició la atadura laboral.

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Radicación n.° 93884 En ese orden, no podría señalarse que existió una relación dependiente desde el inicio de actividades por parte del demandante, pues se trata de dos figuras diferentes y agregó: De lo anterior, se evidencia claramente que la naturaleza de ambas figuras es distinta, que mientras una el contratista tiene plena libertad y autonomía, en la otra se encuentra marcada por la subordinación, y la vocación de permanencia, circunstancias que de acuerdo a las pruebas allegadas al proceso en este caso se cumplen en periodos diferentes, del 13 de junio de 2012 y hasta el 30 de junio de 2016, el demandante estuvo bajo una relación contractual, donde la vigilancia, el control y la supervisión que el contratante de un convenio civil realiza sobre la ejecución de las obligaciones derivadas del mismo, en ningún

caso es equiparable a los conceptos de “subordinación y dependencia” propia de la relación de trabajo, como erradamente lo establece la sentencia acusada, pues estas últimas tienen una naturaleza distinta a aquellos. Por el contrario, de las pruebas allegadas al proceso se demuestra claramente que los elementos propios de la subordinación como lo es, el cumplimiento de horario, y amonestaciones, y rendir cuentas de la labor realizada se acreditaron por el demandante en el periodo que va desde 01 de julio del 2016 al 15 de agosto del 2017, y no antes, cuando se encontraba bajo contrato de prestación de servicios, evidenciándose un error en la apreciación de las documentales allegadas, donde se pretende extender de manera retroactiva las condiciones plasmadas en un contrato laboral, aun contrato de naturaleza civil como lo es el de prestación de servicios. Menciona que existen providencias de esta Sala que refieren a la posibilidad de tener elementos de control en trabajadores independientes sin que ello conlleve a subordinación alguna, de modo que fue errado establecer que entre el 13 de junio de 2012 y el 30 del mismo mes de 2016, existió una relación laboral, al no cumplirse los requisitos del artículo 23 del CST.

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Radicación n.° 93884 Posteriormente repite de forma insistente y extensa que se encontraba demostrada la autonomía en los lapsos referidos, sin que tampoco pueda hablarse de mala fe de la empresa. Añade que debió declararse la tacha de sospecha de las señoras Jenni Grijalba y Luz Adriana Zapata Salazar, dado que se encontraban parcializadas y estas cuentan con

procesos pendientes contra la compañía. Razona que no pudo existir confesión del representante legal en torno a la entrega de elementos de trabajo, pues estos se dieron por confidencialidad, así mismo que: […]el hecho que presentara su hoja de vida a la sociedad, para obtener una vinculación profesional con la sociedad, sin que existiera prueba de estos hechos. No tuvo en cuenta que el mismo demandante indicó que la capacitación era para proporcionarle unas claves, contraseñas las cuales fueron asignadas al momento de ejecutar las tareas, claves para las plataformas y demás tipos de documentación para acceder a ellas. Yerra el fallador, al afirmar que considera acreditada la subordinación con “la voluminosa cantidad de cuentas de cobro presentadas por el demandante a la demandada con el fin de que le fuese pagado por el servicio prestado”, por cuanto estos solo prueban la existencia de una remuneración a título de honorarios profesionales, sin que por ello, se pueda deducir subordinación. Se equivoca el Fallador al concluir que porque el señor Norberto Pérez (testigo parte demandada), señaló que, él se encargaba de supervisar las actividades del señor Elkis en los proyectos que se estaban ejecutando por la empresa, entonces es clara subordinación, desconociendo que documentalmente el señor Norberto Pérez Combariza era un profesional vinculado por contrato de prestación de servicios, que tenía el rol de director del proyecto Fosyga, sin vinculación laboral ni personal a cargo y sin ninguna clase de función de jefe del personal o con facultades de conceder Vistos Buenos (VoBo) a las solicitudes que

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Radicación n.° 93884 presentara el demandante. Anota que se llevó a confusión al fallador pues lo que realmente existió fue una coordinación de actividades, citó el proveído CE SP, 18 nov. 2013, rad. «IJ-0039» y resaltó el contenido del testimonio de Norberto Pérez Combariza, por lo que infirió que: No existe relación de causalidad entre las pruebas y las conclusiones del despacho, cuando señala que las labores debían ejecutarse a menos de 1 kilómetro de distancia del Ministerio de Salud y debía garantizarse de acuerdo al cronograma de actividades, cuando estas afirmaciones por si solas no demuestran subordinación, por cuanto la planta física para el proyecto Fosyga, fue determinado contractualmente por el Ministerio de Salud al demandado, y no correspondió a un criterio subjetivo, sino que bajo el principio de la buena fe, cumplió con una obligación del contrato con el Estado. Así mismo, el cronograma de actividades, no es más que el listado de obligaciones de interventoría contratadas por el Ministerio de Salud, de manera que se supieran cuáles eran las labores de auditoría que se debían practicar frente a los contratos objeto de interventoría, y respecto de las cuales debían presentar los informes con la conclusiones profesionales de sus verificaciones, las cuales se recibían de manera periódica, mensual o en los plazos previamente establecidos por el Ministerio de Salud, para poder presentar la sociedad Jahv McGregor el respectivo informe ante el Ministerio, como lo indica el contrato suscrito con el Ministerio, de manera que no puede afirmarse que exista

subordinación, por enlistar y definir el cumplimiento de obligaciones contractuales contenidas en el documento del respectivo contrato suscrito por la demandada con el Ministerio de Salud y Protección Social, para que sobre estas se cierre estrictamente el contenido de los informes que el profesional debía presentar como producto de su prestación profesional independiente. Así mismo, el cronograma de actividades, no es más que el listado de obligaciones de interventoría contratadas por el Ministerio de Salud, de manera que se supieran cuáles eran las labores de auditoría que se debían practicar frente a los contratos objeto de interventoría, y respecto de las cuales debían presentar los informes con la conclusiones profesionales de sus verificaciones, las cuales se recibían de manera periódica, mensual o en los plazos previamente establecidos por el Ministerio de Salud, para poder presentar la sociedad Jahv McGregor el respectivo informe

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Radicación n.° 93884 ante el Ministerio, como lo indica el contrato suscrito con el Ministerio, de manera que no puede afirmarse que exista subordinación, por enlistar y definir el cumplimiento de obligaciones contractuales contenidas en el documento del respectivo contrato suscrito por la demandada con el Ministerio de Salud y Protección Social, para que sobre estas se cierre estrictamente el contenido de los informes que el profesional debía presentar como producto de su prestación profesional independiente. Resalta que no podría fijarse sanción moratoria alguna, si no se demostró que existió una relación de trabajo en los términos objeto de condena. Sostiene que no puede aseverarse que se presentó continuidad del contrato ya que entre el segundo y el tercero

pasaron más de ocho meses y que después de este último se celebró un vínculo laboral. Ultima reiterando la parcialización de los testigos objeto de tacha (f.º 19 a 48, ib).

VII. RÉPLICA El actor se opone a la prosperidad del cargo, pues señala que el mismo se asimila a un alegato de instancia, toda vez que no cuestiona las inferencias fácticas del ad quem, sin que se logre delimitar el desacierto que se propone ya que se limita a indicar su visión del proceso y afirma: No resiste el sentido común y la lógica el propio análi