CSJ - SL1170-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1170-2023 Radicación n.° 70204 Acta 07 Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Procede la Sala a proferir la sentencia de instancia, conforme a lo ordenado en la decisión CSL SL383-2021, emitida por esta Corporación dentro del proceso que

BAUDILIO MONTOYA, OTONIEL GALLEGO FLÓREZ,

PABLO EMILIO VANEGAS MURIEL, OCTAVIO DE JESÚS

SÁNCHEZ, TOMÁS MARÍA DÍAZ BASTIDAS, HERIBERTO

DE JESÚS GARZÓN GARCÍA, LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ

MORALES, NOÉ DE JESÚS AGUDELO AGUDELO, FABIO

ANTONIO ZAPATA ÁLVAREZ, LUÍS CARLOS VANEGAS,

CARLOS ENRIQUE GARCÍA CASTAÑEDA, HIPÓLITO

FRANCO CANO, RAFAEL ANTONIO ÁNGEL PUERTA,

FRANCISCO ANTONIO QUIROZ SÁNCHEZ, LUIS FELIPE

VÉLEZ COLORADO, JOSÉ RODRIGO TABORDA GÓMEZ,

JESÚS MARÍA AGUIRRE HENAO, JUAN JOSÉ PUERTA

RÚA, ALFONSO FERNÁNDEZ MEJÍA, EUFRASIO

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Radicación n.° 70204

CARDONA MESA, BERNARDO ANTONIO GÓMEZ CALLE,

RAÚL ANTONIO AMAYA GONZÁLEZ, LUIS EDUARDO

VARELA GÓMEZ, JESÚS MARÍA PANIAGUA RESTREPO,

ORLANDO CANO SÁNCHEZ, MANUEL SALVADOR MURIEL

ARREDONDO, OSCAR EMILIO MURIEL MURIEL, MANUEL

SALVADOR RICO MOSQUERA, JOSÉ MANUEL MURIEL

CARMONA, ABELARDO DE JESÚS VÉLEZ, JOSÉ

BERTULFO GÓMEZ GRANADOS, MARÍA NOHELIA

ZULETA JARAMILLO, MARÍA ALICIA RESTREPO, MARÍA

ESTHER ESPINOSA DE PALACIO, LEONOR ROSA PÉREZ

ZAPATA, ANA CLARA BUSTAMANTE DE MURIEL,

HERMINIA MONCADA DE ATEHORTÚA, GENOVEVA

VÉLEZ ZAPATA, ERNESTINA USMA DE ÁLVAREZ, ROSA IRENE GÓMEZ DE MARÍN y AURA DEL SOCORRO PUERTA VÉLEZ promovieron contra INDUSTRIAL

HULLERA S. A. EN LIQUIDACIÓN, CEMENTOS ARGOS S.

A., COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TEJIDOS - COLTEJER S.

A y TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S. A.

En esa oportunidad, se casó totalmente la providencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el treinta (30) de septiembre de dos mil catorce (2014), en la medida en que el colegiado erró al declarar que la prescripción, apelada por uno de los codemandados, beneficiaba a todos, ya que al estarse frente a un litisconsorcio facultativo, de conformidad con el artículo 50 del CPC, los actos procesales, entendidos como recursos,

impulsos o medios exceptivos, así como los sustanciales tienen efectos positivos o negativos, de forma independiente a todos los litisconsortes.

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Radicación n.° 70204 No obstante, para mejor proveer, se requirió a Industrial Hullera S. A., Cementos Argos S. A., Coltejer S. A y Textiles Fabricato Tejicondor S. A. para que, en el término de 15 días, quien tuviera la información, certificara y discriminara, mes a mes, el importe de las mesadas canceladas a los demandantes, desde mayo de 1997 a diciembre de 2003 e indicara y aportara el soporte legal o extralegal de los reajustes, en caso de que estos se hubieran efectuado. Lo previo lo atendió Cementos Argos S. A., informando que efectuó una búsqueda en sus bases de datos sin encontrar los desembolsos realizados a los petentes de mayo de 1997 a diciembre de 2003, toda vez que procedió «con el pago de estas mesadas a título de préstamo y de acuerdo a su participación accionaria en Industrial Huella S. A., sin llegar entonces a discriminar ni pagar a título personal dichas mesadas» (f.° 143 a 145, cuaderno de la Corte). En similar sentido, Coltejer S. A. sostuvo que la información requerida no reposaba en sus archivos, porque quien efectuó la cancelación de tales derechos fue Industrial Hullera S. A. en Liquidación y a ella giraba los recursos. Sin embargo, precisó que desde noviembre de 2012 las matrices de esta última entidad comenzaron «a pagar las

mesadas pensionales directamente a los beneficiarios, en virtud de la normalización del pasivo pensional, a través de mecanismos de asunción por un tercero autorizado por la Superintendencia de Sociedades» (f.° 146 a 161, ibidem).

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Radicación n.° 70204 Elsina Guarín Zapata, como exapoderada de Industrial Hullera S. A. argumentó que, durante los 18 años del proceso de liquidación de la entidad, no tuvo ni tiene el manejo de la hoja de vida de los trabajadores, ni ejecutó desembolso de mesadas pensionales, ya que tal información estaba a cargo del liquidador Adrián Osorio Lopera (f.° 164, ibidem). También, se notificó por correo electrónico el requerimiento al liquidador (f.°165, ibidem), sin que emitiera respuesta (f.° 184, ibidem). De dichos documentos se corrió el traslado de rigor, acorde con el artículo 110 del CGP (f.° 166 a 183, ibidem), sin recibir pronunciamiento alguno de la contraparte. Nuevamente, el 14 de mayo de 2021, en aras de obtener la información requerida de forma completa respecto de todos los accionantes, «con independencia de si las prestaciones fueron producto de una pensión de jubilación o se trató de sustituciones», se ofició al señor Adrián Osorio Lopera, a Cementos Argos S. A., a Coltejer S. A. y a Textiles Fabricato Tejicondor S. A. (f.° 190 a 191, ibidem). Fabricato Tejicondor S. A. allegó soporte de los

desembolsos en cheque que efectuó a Industrial Hullera en Liquidación, sobre el porcentaje de su participación accionaria en tal entidad (f.° 202 a 204, ibidem). Adrián Osorio Lopera, ex liquidador de Industrial Hullera en Liquidación sostuvo que «no cuenta con la

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Radicación n.° 70204 información solicitada», ya que tomó posesión de tal calidad por Auto n.° 440-011689 del 3 de agosto de 2005, pero «durante el empalme con el liquidador saliente, no se me hizo entrega de documentación diversa de la empresa y se me informó sobre la ocurrencia de varias inundaciones en la instalaciones y la mina abandonada por las que se perdieron muchos archivos de la sociedad anterior a la fecha en que se designó el suscrito» (f.° 205, ibidem). Cementos Argos S. A. insistió que no ubicó de forma discriminada el valor de las mesadas canceladas a los demandantes en los periodos solicitados, sino únicamente se encontró «el hallazgo del préstamo realizados a Industrial Hullera S. A», el cual no está de forma discriminada de los valores pagados a cada actor (f.° 213, ibidem). De tales pruebas se corrió el traslado a la contraparte por el término de ley (f.° 219 a 236, ibidem), sin que de la misma se efectuara manifestación alguna. Cumplido lo preliminar, la Sala procederá a emitir una decisión conforme a la información acreditada en el plenario, en aras de no dilatar el proceso indefinidamente y salvaguardar cualquier derecho fundamental, previos los siguientes,

I. ANTECEDENTES

Baudilio Montoya, Otniel Gallego Flórez, Pablo Emilio Vanegas Muriel, Octavio Sánchez, Tomás María Díaz

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Radicación n.° 70204 Bastidas, Heriberto de Jesús Garzón García, Luis Alfonso Hernández, Noé de Jesús Agudelo Agudelo, Fabio Zapata, Luis Carlos Vanegas, Carlos Enrique García Castañeda, Hipólito Franco, Rafael Antonio Ángel Puerta, Francisco Antonio Quiroz Sánchez, Luis Felipe Vélez Colorado, José Rodrigo Taborda Gómez, Jesús María Aguirre Henao, Juan José Puerta Rúa, Alfonso Fernández Mejía, Eufrasio Cardona Mesa, Bernardo Antonio Gómez Calle, Raúl Amaya González, Luis Eduardo Varela Gómez, Jesús María Paniagua Restrepo, Orlando Cano Sánchez, Manuel Salvador Muriel Arredondo, Oscar Emilio Muriel Muriel, Manuel Salvador Rico Mosquera, José Manuel Muriel Carmona, Abelardo de Jesús Vélez, José Bertulfo Gómez Granados, María Nohelia Zuleta Jaramillo, María Alicia Restrepo, María Esther Espinosa de Palacio, Leonor Rosa Pérez Zapata, Ana Clara Bustamante de Muriel, Herminia Moncada, Genoveva Vélez Zapata, Ernestina Usma de Álvarez, Rosa Irene Gómez de Marín y Aura del Socorro Puerta Vélez llamaron a juicio a Industrial Hullera S. A. en Liquidación, Cementos Argos S. A., Coltejer S. A y Textiles Fabricato Tejicondor S. A., para que fueran condenadas

«individual, conjunta o solidariamente», al reconocimiento y pago de: i) el reajuste de las mensualidades pensionales; ii) las «mesadas pensionales insolutas»; iii) los intereses moratorios o en subsidio la indexación; iv) las deducciones ilegales a la seguridad social, debidamente indexadas y, v) las costas del proceso (f.° 44 a 50, cuaderno principal). Las demandadas se opusieron al unísono a las pretensiones. En cuanto a los hechos, dispusieron lo siguiente:

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Radicación n.° 70204 Coltejer S. A. manifestó que eran ciertas las acciones constitucionales y civiles impetradas, así como la sentencia CC SU636-2003. De los demás, dijo que no le constaban o no eran verídicos. En su defensa, propuso como excepciones de mérito las de inepta demanda, incompetencia de la jurisdicción, cosa juzgada, pleito pendiente y, subsidiariamente, «prescripción» y suspensión del proceso (f.° 164 a 173, ibidem). Cementos Argos S. A. únicamente admitió los trámites civiles iniciados. En cuanto a los restantes, arguyó que no le constaban, no era ciertos o eran interpretaciones subjetivas. Precisó que trasladó al liquidador de la empresa Industrial Hullera S. A., los dineros que, a prorrata de su participación accionaria, le correspondían para cubrir las mesadas pensionales y aportes a seguridad social, en cumplimiento de la sentencia CC SU636-2003. En su amparo, presentó como medios exceptivos de

fondo los de «prescripción», inexistencia de la obligación, pago, petición antes de tiempo, falta de competencia, cumplimiento de la orden de tutela CC SU636-2003, indebida acumulación de pretensiones y compensación (f.° 216 a 231, ibidem). Textiles Fabricato Tejicondor S. A. adujo como incuestionables los procesos civiles iniciados. Respecto de los otros, dijo que no le constaban.

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Radicación n.° 70204 Formuló como excepciones perentorias las de inexistencia de las obligaciones demandadas, «falta de causa y de título para pedir», «prescripción», «inexistencia de la solidaridad entre Textiles Fabricato Tejicondor S.A. e Industrial Hullera S.A., en Liquidación»; Textiles Fabricato Tejicondor S. A. no controla a la sociedad Industrial Hullera

S. A.; «inexistencia de responsabilidad de textiles Fabricato Tejicondor S. A. en el estado de liquidación de Industrial Hullera S. A.»; «obligación de la liquidación en la asunción de las eventuales obligaciones»; petición antes de tiempo, «inexistencia de las obligaciones deprecadas» (f.° 277 a 283, ibidem).

Industrial Hullera S. A. en liquidación, admitió el reconocimiento pensional, sus valores y fechas de concesión, la suspensión de las mesadas de junio de 1997 a octubre de 2003 y la acción de tutela que culminó con el fallo CC SU6362003. En cuanto a los adicionales, adujo que no eran ciertos o no eran hechos.

Adicionó que, para dar cumplimiento a la orden proferida por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, liquidó y pagó las mesadas pensionales debidas «con dineros que ponen a disposición sus matrices en relación a la participación». Exteriorizó como medios de defensa de fondo los de inexistencia de la obligación, «buena fe del demandando», «buena fe del demandante», «prescripción», pago y la genérica (f.° 333 a 337, ibidem).

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Radicación n.° 70204 El Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 13 de agosto de 2012 (f.° 417 a 424, ibidem) dispuso: PRIMERO: CONDENAR a Industrial Hullera S. A. en Liquidación […] Cementos Argos S. A. […], Coltejer S. A. […] y Textiles Fabricato […], de manera solidaria a liquidar y pagar a favor de los [demandantes] la actualización de cada mesada pensional transcurrida desde el 30 de junio de 1997 y hasta el 30 de octubre de 2003, en proporción a la variación del IPC generado desde su exigibilidad y hasta el momento en que las pagó.

SEGUNDO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra por los demandantes.

CUARTO: CONDENAR en agencias en derecho a la accionada Industrial Hulleras S. A. en liquidación y a favor de cada demandante en la suma de […] $18.890 […].

Frente a tal determinación, Textiles Fabricato Tejicondor S. A. formuló recurso de alzada en el que peticionó

la revocatoria de la decisión y, en consecuencia, se la absolviera de las condenas impuestas, ya que: i) La obligación principal de pagar las mesadas pensionales no fue ordenada a ella por la Corte Constitucional, para lo que transcribió fragmentos del proveído CC SU636-2003, en cuanto a los deberes de las matrices, por lo que estimó que su actuar no debía ser solidario, sino de «efectuar un préstamo a Industrial Hullera

S. A. en liquidación […] con el fin exclusivo de que esa sociedad pague las obligaciones pensionales de los jubilados a su cargo». ii) Los compromisos impuestos por la decisión constitucional se cumplieron en noviembre de 2003 y la

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Radicación n.° 70204 demanda se radicó en el 2007, es decir, cuando había transcurrido el término de tres años de prescripción y, iii) La consolidación del derecho pensional otorgado por Industrial Hullera S. A. en Liquidación se dio mucho antes de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 100 de 1993, luego entonces no podía predicarse la indexación que esta última norma ordena, para pensiones diferentes a las contempladas en ella. Trae la sentencia CSJ SL, 18 ago. 1999, rad. 11818 (f.° 428 a 431, cuaderno principal). Industrial Hullera S. A. en Liquidación formuló apelación, en tanto que se debía absolver de las condenas por actualización de las mesadas y las costas, ya que «no cuenta con los recursos económicos suficientes para satisfacer plenamente lo establecido en dicha providencia». Acudió a la

sentencia CSJ SL, 10 oct. 2003, rad. 20764 (f.° 435 a 437, ibidem). Así mismo, los demandantes radicaron alzada en la que: i) Solicitaron que se «modifi[cara] la sentencia recurrida y en su lugar se acced[iera] al reconocimiento y pago de los intereses moratorios», dado que aquellos tienen un carácter resarcitorio frente a la tardanza en la cancelación de las pensiones, orientado a no impedir la pérdida de poder adquisitivo. Mencionó que, si bien es cierto la prestación es adjudicada directamente por el empleador en cumplimiento de una orden judicial, también lo era que la misma debía ser asumida por dicha parte como si la pagase un fondo de

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Radicación n.° 70204 pensiones, aplicando tal rubro. En apoyo, cita las providencias de esta Sala CSJ SL, 28 mar. 2006, rad. 26223 y de la Corte Constitucional CC C367-1995 y CC C601-2000 ii) Refirieron que el juez de primera instancia y los demandados desconocieron que, al momento de realizar la cancelación de las mesadas debidas, no se efectuaron los reajustes de ley (f.° 432 a 434, cuaderno principal). En consecuencia, se decidirá en instancia.

II. CONSIDERACIONES En esencia, de conformidad con el principio de consonancia, le corresponde a esta Corporación abordar los siguientes problemas jurídicos planteados en los recursos de alzada: 1. ¿Existe solidaridad en el pago de la actualización solicitada, entre Textiles Fabricato Tejicondor S. A. e

Industrial Hullera S. A. en liquidación, pese a que en la providencia CC SU636-2003 se dispuso que la obligada principal era esta última y aquella responsable subsidiaria? Textiles Fabricato Tejicondor S. A. manifestó que no procedía condena en su contra, ya que la obligación principal de pagar las mesadas a los jubilados no fue ordenada a ella por la Corte Constitucional, resultando, por tanto, inexistente la solidaridad.

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Radicación n.° 70204 Para atender ello, se debe memorar que el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en la providencia CC SU636-2003, concedió la protección de derechos constitucionales fundamentales a la dignidad humana, la salud y el mínimo vital de «todos los titulares del derecho a pensión de jubilación a cargo de Industrial Hullera S.A en Liquidación, incluidos o no en el auto de calificación y graduación de créditos proferido en el proceso de liquidación correspondiente», mecanismo definitivo contra Industrial Hullera S. A. en Liquidación y transitorio contra Coltejer S. A., Fabricato S. A. y Cementos El Cairo S. A., así que, como lo sostiene el apelante, consonante con lo dispuesto por dicha Alta Corte la obligación principal compete a Industrial Hullera S. A. Sin embargo, no se puede soslayar que también concretó en el numeral sexto de su resolutiva que en la medida que el liquidador de la sociedad subordinada no cuente con los recursos económicos suficientes para pagar las mesadas pensionales de jubilación a cargo de dicha sociedad, aquellas matrices deberán poner a disposición de

aquél los dineros suficientes a efecto de que el mismo liquide y cancele las mesadas adeudadas, así como aquellas que hacía futuro se causaran. Inciso en el que igualmente arguyó que estas órdenes eran transitorias y no implicaban pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad patrimonial subsidiaria que pudiera corresponder a Coltejer S. A., Fabricato S. A. y Cementos el Cairo S. A. en la «calidad de matrices en relación con las

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Radicación n.° 70204 obligaciones a cargo de Industrial Hullera S.A. en Liquidación […], conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, por ser este un asunto de competencia de los jueces ordinarios» (subrayado añadido). Así mismo, puntualizó que tales mandatos: […] tendrán vigencia hasta la culminación de los procesos que ya cursan ante la jurisdicción ordinaria, orientados a establecer la responsabilidad de las sociedades Coltejer S. A., Fabricato S.A. y Cementos El Cairo S. A., que fueron citados en las motivaciones de esta sentencia, o hasta la culminación de los procesos adicionales que con la misma finalidad instauren los pensionados de Industrial Hullera S.A. en Liquidación. Por supuesto, la Corte Constitucional reconoce en la misma decisión que es «competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria decidir definitivamente sobre la responsabilidad subsidiaria de la entidad matriz o controlante en relación con las obligaciones de la sociedad subordinada, de acuerdo con la presunción legal consagrada en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995». No obstante, en aras

de proteger los derechos fundamentales que encontró vulnerados, «presumió transitoriamente la responsabilidad subsidiaria» de las empresas controlantes, hasta que la aludida jurisdicción decidiera. En efecto, tal asunto ya fue determinado por la Sala de Casación Civil de esta Corporación al emitir la providencia CSJ SC2837-2018 dentro del proceso que Manuel Darío Cárdenas Colorado, en su propio nombre y en el de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Industrial Hullera y demás empresas carboníferas de Antioquia instauró contra

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Radicación n.° 70204 Fabricato S. A., Coltejer S. A. y Cementos El Cairo S. A. para que se declarara que: […] la situación económica que dio origen al proceso de liquidación de la sociedad Industrial Hullera S. A. surgió a causa del control ejercido en su propio beneficio por las socias matrices Coltejer S. A., Fabricato S. A. y Cementos El Cairo S.

A. Y que, como consecuencia, se declare la responsabilidad subsidiaria a cargo de estas de todas las obligaciones que tenga la sociedad Industrial Hullera S.A., en liquidación.

En tal trámite, la primera instancia absolvió de lo pedido y segunda revocó, para declarar que la liquidación obligatoria de la sociedad controlada fue con ocasión de las actuaciones que realizaron sus matrices, imponiendo a estas el deber subsidiario de responder. En sede de extraordinaria, esta Corporación casó parcialmente la decisión, pero precisó que se mantenía «en pie la primera decisión de la sentencia, es decir, aquella que declaró que la liquidación obligatoria de la sociedad controlada se produjo con ocasión de las actuaciones

realizadas por las sociedades matrices demandadas. Declaración que vuelve cierta la presunción legal contenida en el parágrafo del artículo 148». Y en cuanto a la responsabilidad subsidiaria de las accionadas Fabricato S. A., Coltejer S. A. y Cementos El Cairo

S. A. instruyó que: […] esa es una consecuencia legal prevista en el pluricitado parágrafo, que provisionalmente lo presumía y que, pronunciada la sentencia que así lo declaró sin que hubiese sido arrasado tal pronunciamiento, queda definitivamente corroborada la presunción, quedando entonces establecido que la situación

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Radicación n.° 70204 concursal de Industrial Hullera S.A. en liquidación fue el producto de las actuaciones de sus controlantes. La declaración judicial que pervive, atinente a la responsabilidad subsidiaria de las controlantes judicial cobija a los pensionados reconocidos en el proceso liquidatorio (subrayado añadido). En consecuencia, si bien es cierto en principio el legislador previó en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 una presunción sobre que la situación de liquidación obligatoria de la empresa controlada fue producto de las matrices, que incluso empleó la Corte Constitucional en su providencia y prescribe: ARTÍCULO 148. ACUMULACION PROCESAL. <Título II. derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, a partir del 28 de junio de 2007>. Cuando simultáneamente con el trámite del concordato y antes de ser aprobado el acuerdo, se adelanten concordatos de otras entidades vinculadas entre sí por su carácter de matrices o subordinadas, o cuyos capitales estén

integrados mayoritariamente por las mismas personas, sea que éstas obren directamente o por conducto de otras personas jurídicas, de oficio o a solicitud de cualquiera de los acreedores o del deudor, la Superintendencia de Sociedades decretará la acumulación de ellos, mediante el trámite que para la acumulación de procesos establece el Código de Procedimiento Civil. PARAGRAFO. Cuando la situación de concordato o de liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquélla. Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue ocasionada por una causa diferente (subrayado añadido). También lo es que, como se dijo en sentencia CSJ SC2837-2018, la presunción antedicha de las convocadas al examine no se desvirtuó, sino que se corroboró, por lo que no queda duda de que las empresas matrices accionadas

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Radicación n.° 70204 deberán responder de forma subsidiaria por las obligaciones de la controlada, a saber, Industrial Hullera S. A. en Liquidación. Es ineludible que, conceptualmente, dicho tipo de responsabilidad es «la consecuencia jurídica del proceder culposo de la matriz en el manejo de la sociedad subordinada,

cuando con él provocó el debilitamiento económico de la segunda» (CSJ SC3414-2019) y conlleva que: […] la sociedad matriz, controlante o holding debe, conforme al principio general “neminem laedere”, reparar el daño que ocasionó a otros, en este caso, los acreedores de la subordinada, quienes no pueden hacer efectivos los créditos frente a ésta, razón por la cual se impone a aquélla la obligación de asumir su pasivo insoluto (CSJ SC3414-2019). […] Así lo declaró la Corte Constitucional al resolver sobre la exequibilidad de ese precepto, ocasión en la que expresó: […] Ahora bien, el efecto jurídico que la disposición atribuye a la situación descrita es la responsabilidad subsidiaria de la matriz o controlante por las obligaciones de la compañía sometida a concordato, que es su subordinada. Debe tenerse en cuenta que la responsabilidad en cuestión tiene un carácter estrictamente económico y que está íntimamente relacionada con actuaciones de la matriz, según lo expuesto, luego no puede afirmarse que se imponga gratuitamente a una persona jurídica totalmente ajena a los hechos materia de proceso. Son precisamente las decisiones de la compañía controlante las que repercuten en la disminución o afectación del patrimonio de la subordinada y son también las que, en los términos del precepto, generan su responsabilidad. Además, no se trata de una responsabilidad principal sino subsidiaria, esto es, la sociedad matriz no está obligada al pago de las acreencias sino bajo el supuesto de que él no pueda ser asumido por la subordinada, lo que, unido a la hipótesis legal de

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Radicación n.° 70204 que las actuaciones provenientes de aquélla tienen lugar en virtud de la subordinación y en interés de la matriz o de otras subordinadas, apenas busca restablecer el equilibrio entre deudor y acreedores, impidiendo que éstos resulten defraudados (se subraya). Es por consiguiente ostensible e insoslayable, que el instrumento instituido en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 fue establecido en beneficio exclusivo de los acreedores de la subordinada, puesto que son ellos quienes, ante la falta de solución de sus créditos por parte de aquélla, pueden buscar que los mismos sean atendidos por la sociedad matriz (subrayado añadido). En consecuencia, en efecto, conforme los argumentos previos, lo correcto es disponer la responsabilidad subsidiaria. Sin embargo, como se explicó al resolver el recurso de casación, «en el sub lite se está frente a un litisconsorcio facultativo», en el que, acorde con el artículo 50 del CPC, hoy 60 del CGP, «los actos procesales, entendidos como recursos, impulsos o medios exceptivos, así como los sustanciales tienen efectos positivos o negativos, de forma independiente a todos los litisconsortes» y es que al configurarse esta institución «cada accionante debe considerarse como un litigante independiente y separado y los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso». Por tanto, dado que la inconformidad sobre el tipo de responsabilidad que adjudicó el juez singular, la efectuó únicamente la accionada Textiles Fabricato Tejicondor S. A.,

cualquier determinación al respecto afectaría solo a dicha parte.

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Radicación n.° 70204 2. ¿Opera la excepción de prescripción que propuso Textiles Fabricato Tejicondor S. A.? Corresponde recordar que cuando se trata de pensiones, el derecho a reclamarlas, así como también a pedir su actualización, reajuste o inclusión de factores salariales es imprescriptible, «pues es una prestación social de tracto sucesivo, de carácter vitalicio e incluso sustituible a los beneficiarios». No obstante, ello no va en perjuicio de la afectación de las mesadas o las diferencias de estas, causadas y no reclamadas en tiempo. De tal forma se dijo en providencia CSJ SL5565-2021, citada en CSJ SL769-2022 al señalar que: Téngase presente, por ejemplo, lo que ocurre con el derecho a la pensión, toda vez que es factible que el beneficiario no reclame su derecho oportunamente; no obstante, tal actuar de su titular no causa la prescripción extintiva del derecho en sí mismo, ya que este es irrenunciable e imprescriptible (artículos 48 y 53 de la Constitución Política). Diferente es el caso de las mesadas pensionales, en la medida que estas sí prescriben si no son reclamadas en los plazos señalados por la ley (artículos 488 Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social) (subrayado añadido). Junto a ello, se debe recordar que sobre la interrupción de la prescripción, el legislador dispuso en el artículo 489 del

CST que «el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente», mientras que el 151 del CPTSS reza, en su

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Radicación n.° 70204 aparte pertinente, «el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el [empleador], sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero solo por un lapso igual». Al respecto, se instruyó en sentencia CSJ SL512-2021, citada en CSJ SL701-2022 que: [...] tanto el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo como el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que señalan el plazo general de tres años para la extinción de las obligaciones y acciones laborales, señalan que el simple reclamo escrito del trabajador sobre un derecho determinado, interrumpe la prescripción, pero por una sola vez, plazo que empezará a contarse de nuevo, sin que sea posible interrumpir ese plazo por varias veces, en tanto, como ya quedó dicho, los citados preceptos permiten la interrupción de la prescripción por una sola vez, tenor literal que no admite interpretación distinta ni mucho menos como la planteada por la acusación (subrayado añadido). Y, conforme lo argüido en las providencias CSJ SL, 7 feb. 2012, rad. 37251, CSJ SL1819-2018 y en la CSJ

SL2154-2019, memorada en la CSJ SL5024-2021, aquél quedará suspendido mientras «esté pendiente la reclamación administrativa», así que resulta claro que si existe pronunciamiento y el interesado decide recurrirlo: […] no puede afirmarse que la prescripción, como uno de los modos de extinguir las obligaciones, ha seguido su curso normal, pues de acuerdo con el mandato legal, el efecto no es otro que el de su suspensión, ya que mientras estén pendientes de resolverse los medios impugnativos, no puede decirse que la reclamación administrativa está agotada. Y no puede verse afectado el interesado en esta hipótesis, por la demora o tardanza de la Administración para resolver las inconformidades interpuestas, pues obviamente no puede responder por la culpa de la entidad pública, quien debe obrar diligentemente y dentro de los términos de ley. Naturalmente, si el interesado, una vez transcurre el mes de presentada la reclamación sin que haya

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