CSJ - SL1171-2023

Repúbl ic,1 de( Corle Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de DescongestiOn N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1171-2023 Radicación n.°94920 Acta 17 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por EDGARDO ENRIQUE FIELD ORTIZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de abril de 2021, en el proceso que adelantó contra la COMPAÑÍA DE SEGUROS

DE VIDA COLMENA SA y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA

DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA.

I. ANTECEDENTES Edgardo Enrique Field Ortiz, llamó a juicio a la Compañia de Seguros de Vida Colmena SA y a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA, para que se declarara, que la pérdida o disminución de su capacidad laboral tuvo origen profesional;

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Radicación n.°94920 consecuencialmente se condenara a la primera de las demandadas al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, el retroactivo causado, los intereses moratorios, lo que resultara probado ultra y extra petita y, las costas. Fundamentó sus pretensiones, en que: laboró para Drummond Ltd. desde el 5 de diciembre de 2005 hasta el 9 de diciembre de 2013, ocupó el cargo de «Mecánico de

Mantenimiento de Conveyo o banda transportadora», en cuyas funciones estaban las de mantener los reductores, bombas, compresores, cambio de poleas, cambio de rodamientos de gran tamaño, que implicaba gran esfuerzo fisico y mental, por tener que cumplirlas en campo abierto. Aseguró que, para los mantenimientos, no contaba con las herramientas indispensables, utilizaba pistolas de impacto, monas, llaves de golpes y diferenciales de gran tamaño, le produjeron dolores a nivel lumbar y cervical, con adormecimiento de las manos e insomnio primario crónico; que descansaba sólo los domingos y el traslado a su sitio de trabajo duraba cerca de 7 horas, lo que le produjo episodios de estrés postraumático, depresión mayor, hiperacusia mixta de predominio sensorial leve y moderada a nivel de oídos derecho e izquierdo. Sostuvo que luego de las valoraciones médicas, le diagnosticaron afectación de túnel del carpo bilateral, hernia lumbar y cervical, síndrome del manguito rotador bilateral, y que valoradas sus patologías el 24 de septiembre de 2010 la EPS Salud Total las calificó de origen profesional y lo remitió

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Radicación n.°94920 a la ARL Colmena para que calificara además la patología trastorno de disco intervertebral. Dijo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en dictamen 10460 del 13 de enero de 2011, calificó de profesional tanto el origen y la pérdida de capacidad laboral, y, la Junta Nacional, en dictamen 8531390 del 30 de agosto siguiente, los calificó como de orden común. Que

posteriormente, la Junta Regional en pronunciamiento 13784 del 14 de diciembre de 2012, le fijó pérdida de capacidad del 20.23% profesional, por el «Síndrome del túnel carpiano bilateral», pero, la Junta Nacional en el 853139 del 22 de enero de 2014, la fijó en 14.88%. Afirmó que se encontraba afiliado al régimen General de Pensiones por conducto de Porvenir SA, y, el 26 de septiembre de 2012, le solicitó la calificación de pérdida de capacidad, por lo cual, Seguros de Vida Alfa en dictamen del 16 de julio de 2013, la fijó en el 54.38%, que estructuró al 11 de julio de 2012 «de origen común y enfermedad profesional». La Compañía de Seguros de Vida Colmena SA se opuso a las pretensiones. De los hechos, aceptó que: el actor fue diagnosticado con enfermedad del túnel carpiano como profesional y otras de origen común, las calificaciones a que fue sometido por las Juntas Regional y Nacional y los porcentajes allí descritos. Propuso la excepción de prescripción y las que denominó, inexistencia de la obligación, validez y firmeza del

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Radicación n.°94920 dictamen proferido el 16 de julio de 2013 por la AFP Porvenir a través de Seguros de Vida Alfa SA e improcedencia de condena al pago de intereses moratorios. En su defensa, adujo que el actor padecía múltiples patologías, algunas de ellas de origen común y otra profesional, luego de relacionar los eventos que tiene

reportados - hipoacusia neurosensorial bilateral, origen común; síndrome manguito rotador derecho, origen común; otros desplazamientos especificados de disco intervertebral, origen común; síndrome túnel del carpo izquierdo y derecho, origen laboral; insomnio no orgánico, origen común y condromalacia patelar, origen común - aseguró: [...] El 16/07/2013 la AFP Porvenir SA, por intermedio de Seguros de Vida Alfa S.A., realizó la calificación integral de las patologías que presenta el señor Field emitiendo calificación que determinó una pérdida de capacidad laboral del 54.38% de origen común, con fecha de estructuración el 7 de noviembre de 2012. Para dicha calificación se tuvieron en cuenta las patologías de origen laboral y las de origen común que viene presentando el trabajador. De acuerdo a esta calificación, al demandante en la actualidad se le viene reconociendo pensión de invalidez por riesgo común por parte de su AFP. La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA, rechazó a las pretensiones. De los hechos aceptó, que algunas de las patologías que del actor eran de origen laboral y otras, de origen común; que ha sido calificado por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez.

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Radicación n.°94920 Propuso la excepción de prescripción y las que llamó: inexistencia de la obligación, pago, hecho superado, compensación y buena fe. En su defensa, expuso que, como afiliado a esa administradora de pensiones, el actor solicitó iniciar los

trámites tendientes a determinar su pérdida de capacidad laboral, razón por la cual se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos y en la Comisión Médica Interdisciplinaria, Seguros de Vida Alfa SA emitió dictamen el 16 de julio de 2013, en el cual, con fundamento en las valoraciones de las juntas, como de Salud Total EPS, las patologías de «síndrome de manguito rotador derecho» calificada como enfermedad laboral por la EPS, patologías discales de origen común por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez entre otras, procedió a una calificación integral de 54.38%, que estructuró a 11/07/2012, dictamen que luego de ser notificado al actor manifestó él aceptó. Para concluir, dijo que a esa fecha venía reconociendo y pagando las mesadas pensionales en forma retroactiva.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, concluyó el trámite y profirió fallo el 26 de enero de 2017, en el que absolvió a las demandadas e impuso costas al actor.

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Radicación n.°94920 Disconforme, el demandante apeló.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, emitió fallo el 30 de abril de 2021, en el que confirmó el de primer grado con costas a cargo del impugnante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, encaminó la controversia a determinar si al promotor del juicio le

asistía el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional, para lo cual se refirió a las disposiciones del Sistema General de Riesgos Profesionales (Ley 100 de 1993, Decreto 1295 de 1994, Ley 776 de 2002 y Ley 1562 de 2012) y, luego de reproducir algunos artículos aseguró que quien acude a la jurisdicción en procura de obtener cualquiera de las prestaciones económicas allí dispuestas, le correspondía la carga de acreditar el supuesto fáctico que dichas normas consagran. Procedió a revisar las pruebas allegadas, así: Dictamen 10460 del 13/01/2011 de la Junta Regional de Calificación del Atlántico, califica la enfermedad como profesional (fol. 262 a 265). Concluye que la patología «desgarro anular en L5S1 + protrusión discal difusa L4L5”, está relacionado con el trabajo que ha desempeñado. Dictamen No. 8531390 del 30/08/2011 de la Junta Nacional de Calificación, califica la enfermedad que padece el actor, como común (fol. 535 ss), modifica el dictamen 10460 del 13/01/2011 proferido por la Junta Regional.

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Radicación n.°94920 Dictamen No. 13784 del 14/12/2012 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, califica enfermedad como profesional. (fol. 365 a 369), establece una PCL de 20,23, diagnóstico: Síndrome del túnel carpiano.

Dictamen No. 13988 del 08/02/2013 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, califica la enfermedad como profesional. (fol. 278 a 280), concluye que el «Síndrome del manguito rotador derecho» es enfermedad de origen laboral. Dictamen del 07/16/2013 de Seguros de Vida Alfa, califica las patologías que padece el actor, como de origen común y laboral (fol.260, 261), establece una PCL 54.38. Dictamen No. 85313 del 08/08/2013 de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, califica la enfermedad que padece el actor (Síndrome del manguito rotatorio derecho), como común (fol. 275). Dictamen No. 15206 del 19/09/2013 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico (fol. 408 a 412), califica la enfermedad (hipoacusia neurosensorial bilateral) como de origen profesional. Dictamen No. 853139 del 22/01/2014 de la Junta Nacional de Calificación invalidez, califica la enfermedad que padece el actor, como profesional (fol. 285 ss), establece una PCL de 14.86 diagnóstico: Síndrome del túnel carpiano. Dictamen No. 8351 del 26/05/2015 de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, califica la enfermedad que padece el actor (Hipoacusia Neurosensorial Bilateral), como común (fol. 510, ss). Después de corroborar que el actor ya percibía una pensión de invalidez, de origen común (f.°. 772 y 773),

manifestó que de los diferentes dictámenes de calificación descritos, se observaba que la Junta Regional de Calificación consideró que el origen de la enfermedad que padece era laboral, al paso que la Junta Nacional la dictaminó común, que no obstante la primera en el diagnóstico de «Síndrome del túnel carpiano» calificó la enfermedad y fijó una Pérdida de Capacidad Laboral (PCL) del 20.23%, la Nacional en el

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Radicación n.°94920 dictamen 853139 del 22/01/2014, si bien le dio el mismo origen a esa patología, la fijó en 14.88,% lo que significaba que ninguno llegó ni superó el 50% y que, el único que lo sobrepasó fue el emitido por Seguros de Vida Alfa SA el 07/16/2013 que calificó integralmente las patologías, de origen común y laboral, en un 54.30%. Expuso que, si bien ordenó una nueva evaluación para determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el origen de las patologías, fue el actor quien no cumplió la carga procesal de gestionarla (pagar los honorarios a la Junta Nacional). Después, dijo que el promotor del juicio había laborado en ejecución de diferentes contratos para la Drummond Ltd. desde 2005 hasta 2013, entre otros en el cargo de Herramentero de Mantenimiento Conveyor, puesto que fue objeto de análisis por el Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional de la empresa (fl. 491 a 506), en el que, en resumen, se expuso que se concluía que la carga

fisica en miembros superiores, columna cervical y lumbar baja y en miembros inferiores, era leve, los desplazamientos eran cortos con posibilidad de sentarse, el peso de los objetos manipulables en general se encontraba dentro de los límites normales, no existían factores que incrementaran el esfuerzo físico, el ruido se controlaba con protectores auditivos y que el material particulado estaba dentro de los límites, lo que permitía inferir que el impacto ocupacional era bajo y leve, no constituyendo causa para colegir que todas las patologías eran de origen profesional, que así lo corroboró el dictamen 8

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Radicación n.°94920 853139 en el que la Junta Nacional determinó que la PCL proveniente de la patología del Síndrome del manguito rotatorio, de origen laboral, solo era del 14.88%. En punto a la Hipoacusia Neurosensorial - Bilateral, dijo que era claro que conforme a los diagnósticos, se trataba de una enfermedad común, así que el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le resultaba más congruente con las características propias de las actividades desarrolladas por el actor, así concluyó: [...] existe unanimidad entre la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la Junta Nacional y Seguros de Vida Alfa al considerar como de origen profesional la patología del síndrome del túnel del carpo, sufrida por el demandante. Contrario sensu, respecto de la patología hipoacusia neurosensorial bilateral, donde, se considera una enfermedad de origen común. Por ello, el dictamen proferido por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, logró forjar en el criterio de esta Sala un

convencimiento más allá de duda razonable en lo que refiere a considerar como de origen común la mencionada patología, por cuanto en este no quedó plenamente demostrada la relación causal entre la actividad laboral desarrollada por el demandante y su enfermedad y no existe dentro del plenario prueba alguna, tales como nuevos diagnósticos y exámenes médicos, que resulte más congruente con la condición del actor. Así las cosas, no puede acceder a obtener la pensión de invalidez, por el sistema de riesgos profesionales, toda vez, que dicho sistema tiene como finalidad proteger y atender las consecuencias que se derivan de los riesgos profesionales, esto es, de los accidentes o enfermedades que pueden padecer las personas por causas u ocasión del trabajo o actividad laboral desarrollada. Las contingencias de la actividad laboral, tienen fuentes de financiación autónomas e independientes que implican una cotización separada a cargo exclusivo del empleador, y poseen una reglamentación diferente a la de origen común. Por lo cual se comparten los argumentos del a-quo, imponiéndose la confirmatoria de la sentencia apelada.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, en sede de instancia revoque la de primer grado y, en su lugar, declare que tiene una disminución de capacidad laboral de origen profesional superior al 50% y, se acceda a las pretensiones

Con tal propósito propone 3 cargos, por la causal primera de casación, que recibieron réplica de las demandadas, de los cuales se estudiarán conjuntamente 2 y 3, pues no obstante dirigirse por vías diferentes, acusan similar cuerpo normativo y persiguen la misma finalidad.

VI. PRIMER CARGO Por la vía directa, acusa interpretación errónea, del «artículo I de la Ley 776 del año 2002, en relación con la falta de aplicación del precedente judicial obligatorio de la Corte Constitucional, sentencia C425 del 26 de Abril del año 2005 y de la sentencia T-518 del 5 de Julio de 2011 de la Honorable

Corte Constitucional».

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Radicación n.°94920 Afirma que no controvierte las premisas fácticas del fallo impugnado. Dice que la interpretación errónea se presentó, dado que la Corte Constitucional en la sentencia CC C-425-2005 indicó que se debe tener en cuenta la realidad fisica del trabajador, a fin de brindarle amplia protección, que también en la sentencia CC T5182011 se señaló que para determinar el estado de invalidez, cuando concurren patologías de origen común y profesional, era necesario hacer una calificación integral y establecer el factor que cronológicamente determine que la persona llega a la invalidez. Sostiene que «La interpretación errónea de la norma por falta de aplicación del precedente judicial referenciado, es que el ad quem, no tuvo en cuenta para determinar el origen y fecha de estructuración de la invalidez, si existía origen de la

pérdida de capacidad laboral profesional y común para efectos de una cuantificación integral en estos términos». Expresa que la exégesis del ad quem resulta subjetiva, porque no está respaldada en ninguna norma legal, y desconoce que las sentencias CCC425-2005 y CC T5182011 establecieron directrices para la calificación integral cuando concurren patologías de origen común y profesional, y con ello, asevera que el juez debía determinar con cuál de las patologías el demandante alcanzó la pérdida de la capacidad laboral, estableciendo este hecho cronológicamente y, en caso de que existiera simultaneidad, fijar cuál tenía mayor peso porcentual.

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Radicación n.°94920 Para finalizar, expone que el Tribunal no verificó los mencionados derroteros, fijados por la jurisprudencia, sino que escogió el origen de la invalidez, de acuerdo con la patología que estimó era de origen común, de modo que si no hubiese incurrido en el yerro jurídico endilgado, habría accedido a las pretensiones.

VII. RÉPLICA La Compañía de Seguros de Vida Colmena SA afirma que el reproche debió dirigirse por la vía indirecta y, si lo que se pretendía era controvertir los dictámenes de calificación, no son prueba calificada en casacón.

Porvenir SA, asegura que el colegiado si analizó debidamente los dictámenes y con sustento en ellos concluyó que, el emitido por Seguros Alfa SA era el que serviría para su decisión, en tanto en el se sumaron los porcentajes de

pérdida de capacidad laboral por uno y otro concepto en el que prevaleció la de origen común.

VIII. CONSIDERACIONES Dada la vía del puro derecho, no se encuentran en discusión los siguientes presupuestos fácticos de la sentencia impugnada: i) el demandante fue valorado por Seguros de Vida Alfa S.A. quien en dictamen del 16 de julio de 2013, le fijó pérdida de la capacidad laboral del 54.38%, con fecha de estructuración 11 de julio de 2012 de origen

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Radicación n.°94920 común y laboral; ii) Porvenir SA., le reconoció y ha venido pagando la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración; iii) el demandante presentó patologías de origen laboral, que fueron calificados por las entidades respectivas, por cuanto según el dictamen 853139 de 22 de enero de 2014 de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le fijó una pérdida de la capacidad laboral del 14.86% con origen profesional y, iv) las demás valoraciones determinaron que el carácter de las dolencias era común. Siendo así, de cara a los reproches jurídicos del cargo, cabe recordar que la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido, que para efectos de acceder a la pensión de invalidez, la calificación de pérdida de capacidad laboral debe ser integral, para los eventos en que se presenten padecimientos tanto de origen común como profesional, dado que se deben tener en cuenta todas las secuelas, atendiendo las directrices de la norma técnica vigente, en razón a que el

sistema de seguridad social busca amparar de manera integral las diferentes contingencias que menoscaban la salud y la capacidad económica. Ha dicho también la Sala, que aun cuando no existe norma que establezca expresamente la responsabilidad o la manera de distribuirla, ello no impide que el juez ordene el pago de la pensión de invalidez, tal como se desprende de la teleología y principios del sistema de seguridad social integral, de modo que, el pago debe ser asumido por una sola entidad administradora, bien sea la del régimen de pensiones o la del sistema de riesgos laborales, en razón a la

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Radicación n.°94920 indivisibilidad del derecho y por ende, de la mesada pensional, pues no se previó la concurrencia de orígenes de la pérdida de la capacidad laboral para que, las prestaciones fueran asumidas en proporcionalidad o a prorrata por los dos sistemas. Además, se ha señalado, que aun cuando la calificación sea integral, las administradoras deben definir un único origen para la invalidez, atendiendo cuál es la enfermedad o padecimiento determinante, en aras de que la prestación, se itera, sea asumida por una sola entidad y sistema, por lo cual «si en el proceso de calificación integral de la pérdida de la capacidad laboral se establece que la dolencia concluyente para la estructuración de la invalidez superior al 50% del asegurado es de origen común, la prestación será asumida por la AFP correspondiente y, en caso de tener su génesis en el trabajo, su asunción estará en cabeza de la ARL»

(CSJSL4297-2021).

En lo atinente, en la sentencia CSJ SL1987-2019 la Corte enserió: Así las cosas el problema jurídico a resolver en casación se concreta a determinar si erró el Tribunal al considerar que i) era viable la sumatoria de pérdidas de capacidad laboral de diferente origen; ii) si en el marco normativo se encontraba vigente, que en el caso de riesgos laborales, las secuelas anteriores no fueran tenidas en cuenta en la valoración de un trabajador; y iii) si se considera .injusto» que la ARL asuma el pago total de una prestación económica fruto de la sumatoria de incapacidades parciales permanentes. 1. ¿era viable la sumatoria de pérdidas de capacidad laboral de diferente origen - Secuelas Anteriores Calificación Integral?

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Radicación n.°94920 Se resalta que esta Sala ya se pronunció respecto a que, en la determinación de la pérdida de capacidad laboral de una persona se deben tener en cuenta todas las secuelas, incluyendo las anteriores, aun cuando las mismas sean de diferente origen, bajo el concepto de calificación integral, así lo dispuso en la sentencia CSJ SL, del 26 jun. 2012, rad. N° 38.614, reiterada en la CSJ SL, del 24 jul. 2012, rad. N° 37892 y en la CSJ SL 5262012. Entonces, la determinación de la pérdida de capacidad laboral, como se ha referido, debe ser integral, esto es, en la valoración el equipo calificador debe tener en cuenta todas las secuelas y patologías incluidas las anteriores, sean de origen común o

laboral -concepto de calificación integralatendiendo la norma técnica vigente a la fecha de calificación - Manual Único de Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional-, por ende, no puede entenderse en ningún caso que el concepto de integralidad es la suma de pérdidas de capacidad laboral independiente del origen, - sumatoria de dos dictámenescomo refiere la censura respecto del concepto médico y el Tribunal, por cuanto esta actuación implicaría, precisamente una violación a la norma técnica. De otra parte, el Tribunal al justificar la razón para acoger el concepto médico laboral de la facultad de Salud Pública de Antioquia y apartarse de los dictámenes de las juntas, indicó que estas últimas no tuvieron en cuenta las patologías y secuelas anteriores, esto es, las entidades no efectuaron la valoración integral, a diferencia del concepto médico referido que para el Juez de segundo grado, sí tuvo en cuenta todas las patologías del actor analizando integralmente su condición (folio 188) lo que arrojó una pérdida de capacidad laboral de 62,65%, con fecha de estructuración 3 de diciembre de 2007. Con ello se puede dejar por sentado que no fue una sumatoria de pérdidas de capacidades permanentes parciales, lo que llevó al colegiado a acoger el concepto médico, sino la valoración integral del actor.

2. Vigencia del parágrafo 2 del articulo 8 del Decreto 917 de 1999.

El parágrafo 2 del Decreto 917 de 1999 contemplaba:

ARTICULO 80. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS CRITERIOS

PARA LA CALIFICACIÓN TOTAL DE LA INVALIDEZ.

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Radicación n.°94920 PARA GRAFO 2. En concordancia con el parágrafo 1 del artículo 34 del Decreto ley 1295 de 1994, para la calificación en el caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, la existencia de patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador. De igual manera, cuando existan deficiencias de origen congénito o adquiridas antes de cumplir con las edades mínimas legales para trabajar y el individuo haya sido habilitado ocupacional y socialmente, estas deficiencias no se tendrán en cuenta para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de origen profesional, a no ser que se hayan agravado o hayan aparecido otras. Subraya fuera del texto original. De otro lado, el parágrafo 1° del artículo 1 de la Ley 776 de 2002, establecía:

LEY 776 DE 2002. ARTÍCULO lo. DERECHO A LAS

PRESTACIONES. 1...] PARÁGRAFO lo. INEXEQUIBLE. La existencia de patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador. De la lectura literal se evidencia que ambas normas regulaban exactamente la misma situación, razón por la que sobre la norma de 1999, que se insiste, regulaba el mismo aspecto, recae una inconstitucionalidad sobreviniente, ante la declaratoria de inexequibilidad del parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 776 de 2002, mediante la sentencia CC C 425/05, así sufre las consecuencias de una inconstitucionalidad tácita, y no puede

indicarse que la misma se mantiene vigente. Así las cosas, no le asiste razón a la recurrente en casación en cuanto a que el parágrafo 2 del artículo 8 del Decreto 917 de 1999, continuaba vigente, no habiendo infracción normativa por parte del juez de segundo grado al acoger lo dispuesto en la sentencia CC C-425/ 0 5.

3. Asunción de la prestación económica por parte de la ARL fruto de la sumatoria de incapacidades permanentes parciales de diferentes orígenes Para abordar el punto, se resalta que el tema también fue abordado en la sentencia CSJ SL, del 26 jun. 2012, rad. N° 38.614, reiterada en la CSJ SL, del 24 jul. 2012, rad. N° 37892, en la primera de las cuales se precisó, que si bien no había norma expresa en donde se estableciera la responsabilidad o la manera de distribución en aquellos casos en que se configurara un tipo de invalidez «que podría llamarse mixto»; encontró ajustado el actuar judicial en correspondencia con el principio que denominó

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Radicación n.°94920 «de indivisibilidad de la mesada pensional» cuya existencia se desprende de varios supuestos normativos que prohiben cualquier fórmula para dividir la mesada pensional, la sentencia indicó: Así entonces, si bien no existe una norma explícita y expresa que establezca responsabilidades o la forma de su distribución cuando se configure este tipo de invalidez que podría llamarse mixto, ello en modo alguno significa que los jueces no deban

ordenar el pago de las pensiones correspondientes, tal y como surge de una interpretación sistemática y de la delimitación del alcance teleológico de los textos de seguridad social, como se hizo líneas atrás al discernir el alcance de los principios generales incorporados en la Ley 100 de 1993. Definido lo anterior, corresponde analizar si tiene razón la entidad recurrente al atribuir al Tribunal el error jurídico de imponerle la totalidad de la pensión y no la proporción resultante de lo que se dictaminó por pérdida de capacidad laboral imputable al riesgo profesional. Tal postura, empero, no es de recibo, por cuanto al definir el juzgador que la obligación debía imponerse a un solo ente, no pudo trasgredir la ley, pues actuó en correspondencia con el principio que podría denominarse de indivisibilidad de la mesada pensional el cual si bien no está explícitamente consagrado en una norma expresa y específica, su existencia se desprende de varios supuestos normativos que proscriben cualquierf órmula para dividir o prorratear la pensión entre varios obligados y fragmentar su pago, tales como el caso en que varias entidades deben concurrir al pago de una pensión de jubilación y la ley radica en una de ellas la obligación de pagarla total y directamente, con la posibilidad de repetir o exigir las cuotas partes a las restantes por las porciones respectivas, sin que haya lugar a fraccionamiento alguno en el pago que se hace al trabajador, o la solución implementada por el legislador para el caso de enfermedades profesionales que se estructuran y desarrollan durante la afiliación a varias administradoras, en el sentido de asignar la responsabilidad del reconocimiento a la

última, preservando la posibilidad de repetición proporcional contra las otras o el empleador, según lo contempló el parágrafo 2 inciso 2 del artículo 1 de la Ley 776 de 2002, eventos que aunque difieren del que ahora se ventila, se traen a colación para destacar que el criterio acogido en casos de concurrencia en el cubrimiento de una pensión es el antes anotado, sin que la figura de la compartibilidad pensional se aparte o desvirtúe este criterio, en tanto se trata de figuras diferentes y que obedecen a situaciones y filosofías distintas, a lo que debe sumarse que lo anterior es además compatible con el principio de unidad prestacional arriba mencionado. De suerte que la decisión adoptada por el Tribunal antes que quebrantar la ley, propendió por su aplicación estricta.

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Radicación n.°94920 Se resalta que el legislador en el diseño del Sistema Integral de Seguridad Social -en el que confluyen los subsistemas de salud, pensiones y riegos laborales-, en tratándose del S. General de Pensiones - amparo de siniestros de origen común y el S. de Riesgos Laborales -cobertura de contingencias con ocasión al trabajono contempló la concurrencia de dichos orígenes razón por la cual no existe la posibilidad de asunción las prestaciones que en ellos se generen a prorrata del origen. Ahora bien, dicha circunstancia en nada puede afectar la valoración del estado de pérdida de capacidad laboral de un trabajador, situación que se generaba en materia de riesgos laborales, al excluir las patologías o secuelas anteriores, lo

cual, como se explicó, lo solucionó de tajo la sentencia CC C 425/05, con lo que, no existe duda de que para la determinación de la pérdida de capacidad laboral de una persona, su valoración debe ser integral y corresponderá al equipo calificador competente determinar, entre otros, el origen con bas