CSJ - SL118-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL118-2023 Radicación n.° 90730 Acta 01 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA AMPARO PIAMBA GAVIRIA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el seis (6) de julio de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES y al que se vinculó a SANDRA VIVIANA GONZÁLEZ CASTAÑO, como interviniente ad excludendum. AUTO Se reconoce personería al doctor Carlos Rafel Plata Mendoza, con T.P. 107775 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de Colpensiones, en los términos del poder otorgado por Escritura Pública n.° 3371 a Soluciones Jurídicas de la Costas SAS, entidad de la que

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Radicación n.° 90730 es gerente general (documento de poder del cuaderno digital de la Corte).

I. ANTECEDENTES María Amparo Piamba Gaviria llamó a juicio a Colpensiones con el fin de que se declarara que era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, como compañera permanente del señor Joaquín Alonso Mateus Abaunza, por haber convivido 28 años y que sufragó los servicios exequiales de su pareja, así como que suscribió

contrato de arrendamiento de bóveda del distrito capital para adulto. En consecuencia, se condenara al reconocimiento y pago del derecho deprecado, a partir del 14 de julio de 2016, junto con los incrementos legales, las mesadas adicionales, la indexación, el auxilio funerario del artículo 51 de la Ley 100 de 1993, lo probado ultra y extra petita, más las costas. Fundamentó sus peticiones, en que tuvo una unión con el señor Joaquín Alonso Mateus Abaunza, compartiendo lecho, techo y mesa, desde junio de 1986 a abril del 2014, cuando se separaron por «la venta de la casa donde vivían con su familia»; que de tal vínculo nacieron Heydi Marcela y Jenny Paola Mateus Piamba, mayores de edad; que aquél inició «la convivencia con su nueva pareja», la señora Sandra Viviana González Castaño, el 31 de agosto del 2014 y falleció el 14 de julio de 2016.

Informó que: i) mediante Contrato de prestación del servicio de Gas Natural n.° 020863 del 26 de agosto de 2006,

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Radicación n.° 90730 afilió a su familia y al señor Mateus Abaunza a los servicios exequiales, por lo que fue la coordinadora de servicios de Parques Cementerio Coorserpark quien prestó y sufragó los gastos el día del óbito; ii) firmó nexo de arrendamiento de bóveda del distrito capital para adulto, donde reposan los restos de aquél; iii) el 16 de noviembre de 1989, el causante acudió al Juez Séptimo Civil Municipal de Bogotá y solicitó

la recepción de los testimonios de María Inés Aponte y Belén Piamba, con el objeto de establecer la convivencia con ella y, iv) el 24 de abril del 2014, suscribió con el fallecido, ante un juez de paz, acuerdo para «resolver la sociedad patrimonial y la entrega del bien inmueble de su propiedad, razón para terminar su convivencia». Sin embargo, nunca dejó su relación, él seguía pendiente de ella y de sus hijas. Indicó que solicitó a la accionada el derecho demandado, el cual se negó por Resolución n.° GNR 310142 del 20 de octubre de 2016, porque también presentó reclamación la señora Sandra Viviana González Castaño, por lo que debía ser la jurisdicción ordinaria que dirimiera el conflicto (f.° 2 a 17, cuaderno principal). Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la convivencia del causante y demandante por 28 años, hasta abril de 2014, la data del deceso del afiliado, los contratos de servicios exequiales, el requerimiento pensional, su rechazo y el Acuerdo del 24 de abril del 2014. Respecto de los demás, dijo que no le constaban.

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Radicación n.° 90730 En su defensa, propuso como excepciones de fondo las de «falta de agotamiento de la reclamación administrativa prevista en el artículo 6° del CPTSS», «falta de integración del litisconsorte necesario», carencia de causa para demandar, «inexistencia del derecho y la obligación reclamada»

prescripción, buena fe, «inexistencia de intereses moratorios e indexación», compensación y la genérica (f.° 51 a 61 y 69 a 70, ibidem). Por auto del 15 de noviembre del 2017 (f.° 82, ibidem) se ordenó notificar a la interviniente ad excludendum Sandra Viviana González Castaño. Luego, el 11 de julio del 2018 (f.° 103, ibidem), se emplazó mediante edicto a dicha parte y a través de providencia del 21 de noviembre de tal año (f.° 140 y 141, ibidem), se designó curador ad litem quien: i) se opuso al reconocimiento del 100 % del derecho a favor de la señora Piamba Castaño, ya que también convivió con el de cujus y tenía derecho a la prestación sobrevivencia; ii) coadyuvó los pedimentos de mesadas causadas, incrementos legales e indexación y, iii) de lo demás adujo que se atenía a lo probado en el proceso. Respecto de los supuestos fácticos, admitió la procreación de dos hijas por la pareja Mateus Piamba, el momento del deceso, la titularidad del Contrato n.° 020863 de servicios exequiales y de aquél de arrendamiento de la bóveda del distrito capital para adulto, el servicio prestado por Coorserpark SAS, el requerimiento del derecho por la actora, su respuesta y la disolución de la «sociedad patrimonial». En cuanto a los restantes, afirmó que no le

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Radicación n.° 90730 constaban o que debía acreditarse. No presentó excepciones

(f.°143 a 146, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintitrés Laboral del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de julio de 2019 (f.° 275 acta y 276 CD, ibidem), resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reconocer y pagar a la demandante María Amparo Piamba Gaviria, el auxilio funerario por haber sufragado los costos exequiales del afiliado fallecido Joaquín Alonso Mateus Abaunza, cuyo deceso se produjo el 14 de julio de 2016, en suma, equivalente a $3.447.275.

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones de las demás pretensiones.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada Sandra Viviana González Castaño de las pretensiones de la demanda.

CUARTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la demandada Administradora Colombiana de

Pensiones Colpensiones.

QUINTO: CONDENAR en costas a la demandada Administradora

Colombiana de Pensiones Colpensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por apelación de la parte activa, el 6 de julio de 2020 (f.° 299 a 302, ibidem), confirmó la determinación inicial y no condenó en costas.

En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció como problema jurídico, determinar si a la señora María Amparo Piamba Gaviria le asistía el derecho a la pensión de

sobrevivientes, conforme a los artículos 46 y 47 de la Ley 100

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Radicación n.° 90730 de 1993, modificados por el 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, por el deceso del señor Mateus Abaunza. Memoró que la seguridad social es un derecho inherente al ser humano, de acuerdo con el precepto 48 de la Constitución Política y la Ley 100 de 1993, cuyo cumplimiento y efectividad debe ser velada por el legislador. Dispuso que el afiliado falleció el 14 de julio de 2016 (f.° 25, cuaderno principal), por lo que los preceptos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 regían la situación pensional reclamada, siguiendo lo dicho en proveídos CSJ SL, 25 may. 2005, rad 24421, CSJ SL, 19 feb. 2014, rad. 46101, CSJ SL, 5 feb. 2014, rad. 42193, CSJ SL, 29 ene. 2014, rad. 37955. Sintetizó los requisitos previstos en dicha normativa, así como el grupo de beneficiarios del derecho y aseveró que la compañera permanente debía acreditar que hizo vida marital con el causante hasta su muerte, no menos de cinco años continuos y reconoció que se protege la familia, en la que se demostraran lazos afectivos de apoyo y compromiso. Por tanto, procedió a verificar si la actora cumplía con la exigencia de convivencia, dado que no era objeto de discusión la densidad de semanas requeridas.

Afirmó que toda la prueba testimonial concordaba con el hecho de que la pareja Mateus Piamba, convivió hasta el mes de abril de 2014 y no para el momento del deceso, que lo fue el 14 de julio de 2016, como incluso «lo confiesa la demandante». Señaló que era cierto que después de la

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Radicación n.° 90730 separación en el año 2014, «a pesar de la venta de la casa, seguían en contacto, pero no como pareja», dado que el de cujus era transportador, viajaba constantemente y solo visitaba a la petente y sus hijas; hechos aseverados por los declarantes y «confesado por la propia [accionante]». En cuanto a la necesidad de demostrar, en caso de compañeros permanentes, que hicieron vida en común por cinco años o más hasta el óbito del causante, citó la decisión CSJ SL1399-2018. Resaltó que en dicha providencia se identificó la posibilidad de que existieran dos compañeras permanentes para que se concediera una prestación pensional proporcional. Sin embargo, enfatizó que dicha unión, así fuese simultánea, debía ser «hasta antes de la fecha del fallecimiento». Por último, frente al auxilio funerario recordó su propósito, acorde con los cánones 51 y 86 de la Ley 100 de 1993 y arguyó que la única exigencia era acreditar que sufragó los gastos fúnebres, sin que tal actuar la hiciera beneficiaria de una prestación pensional.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por María Amparo Piamba Gaviria,

concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 90730 Pretende que la Sala case la providencia impugnada, para que, en sede de instancia, «se pronuncie sobre la sentencia de primera instancia» y, en su lugar, «acoja las súplicas de la demanda», ya que si confirma dicha determinación inicial se desconocerían todos sus derechos (f.° 11, demanda de casación del cuaderno de la Corte digital). Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica por Colpensiones y se estudian a continuación de forma conjunta porque, aunque se dirigen por vías diferentes, tienen igual objetivo y denuncian similar elenco normativo.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la providencia del Tribunal de violar por la vía directa en la modalidad de falta de aplicación de los: [...] los artículos 1°, 2°, 3°,4°, de la Ley 54 de 1990, igualmente por la falta de aplicación de la Ley 979 de 2005, en relación con los artículos 12, 13, 46, 47, 73 y 74 de la Ley 100 de 1993; artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con los artículos 1º, 2º,13, 25, 42, 48 y 53 de la Constitución Nacional Plantea como errores manifiestos de “derecho”, los siguientes: Tener por demostrado, sin estarlo, que la convocada a juicio por

el Juzgado en calidad de litisconsorcio necesario, es la llamada a recibir la mesada pensional del causante. Tener por probado sin estarlo que la convocada como litisconsorcio necesario era la compañera permanente del causante. No se arrimó prueba de esa declaratoria de unión marital, por ninguno de los medios legales.

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Radicación n.° 90730 Tener por cierto sin serlo, que la señora María Amparo Piamba Gaviria, no tiene derecho a reclamar la pensión de sobreviviente del causante. Tener por cierto sin serlo que la relación entre la señora María Amparo Piamba Gaviria y el causante termino en el año 2014. Tener por cierto sin serlo que el causante mantuvo una relación de pareja estable, continua, bajo el mismo techo y compartiendo lecho y mesa, con la llamada por el juzgado como litisconsorcio necesario En sustento de su reproche, acude al precepto 1° de la Ley 54 de 1990, reformada por la Ley 979 de 2005 sobre la noción de unión marital de hecho. Menciona que tal normativa no fue aplicada en el sub lite, pues si eso hubiera sido así, se habría encontrado que la señora Sandra Viviana González Castaño no cumplía las exigencias allí contempladas, que son la base para determinar las UMH, «que el juzgado da por sentado existe en cabeza de la llamada en litisconsorcio, desconociendo la existencia de otra unión». Transcribe los argumentos del Tribunal, para afirmar que no tuvo en cuenta la disposición aludida, pues su

relación estuvo vigente «hasta el año 2014» y es su propio dicho lo que «de plano desvirtúa la existencia de otra unión marital de hecho, porque al tenor de lo señalado en la norma no pueden coexistir dos uniones maritales de hecho al mismo tiempo». También, afirma que el ad quem presume, porque no existe prueba legalmente válida de ello, que la señora González Castaño vivió con el señor Mateus Abaunza desde el año 2010, por lo que manifiesta que, si ella tuvo un vínculo con el causante hasta el 25 de abril del 2014, «no podría la señora Sandra Viviana haber vivido en UMH con el señor

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Radicación n.° 90730 Mateus desde el año 2010, como lo determinó el señor juez». Insiste que no reposa elemento para que «los despachos judiciales» o Colpensiones tuviera en cuenta una relación entre la litisconsorte necesaria y el de cujus. Argumenta que la señora Sandra Viviana González Castaño no tuvo una comunidad de vida permanente con el afiliado, pues, analizando la declaración de Sandra Milena Agudelo Morales se establece que aquella vivía donde una amiga y el causante en un hotel. Cita los elementos estructurales de la dependencia económica exaltados por esta Corporación de una sentencia que no identifica, para deprecar que los testigos señalaron que «la señora Sandra Viviana ayudaba con los gastos, o que estos eran compartidos, otra más señaló que ella tenía lo suyo, como significando que no le hacía falta depender del causante».

Transcribe fragmentos de lo reseñado por la litisconsorte necesaria, en cuanto a que «desde el año 2010 compartíamos, decidimos tener una relación, él venía ocasionalmente, por ahí cada semana una o dos veces a veces cada ocho o cada quince días». Y señala que «es la misma deponente quien indica la fecha en que el causante sacó las cosas de la casa en que se mantenía con la demandante, al manifestar: “las cosas las sacó de la casa el 1 de septiembre de 2014”». Debido a lo anterior, reflexiona que en el caso de encontrar una unión entre la pareja Mateus González, «lo

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Radicación n.° 90730 sería del 1° de septiembre de 2014, cuando efectivamente sacó las cosas de la casa donde vivía, dicho por la propia beneficiada y habría perdurado hasta el 16 de julio de 2016, cuando fallece el causante» lo que demostraba que estaba probado el incumplimiento el requisito de dos años que consagra la norma inaplicada en su literal b) artículo 2°, la cual reproduce. Argumenta que, si tal normativa se hubiese tenido en cuenta, el juez y el Tribunal habrían encontrado que el lazo entre la causante y ella se mantuvo «hasta el 24 de abril del 2014», misma razón por la cual la atadura con la señora Sandra Viviana González Castaño no pudo nacer en el año

2010. Además, dice que: No existe escritura pública que declare la unión marital de hecho entre Sandra Viviana González Caicedo y el causante, no existe

ninguna acta de conciliación en ningún centro establecido legalmente, no existe sentencia judicial que así lo haya decretado, ni siquiera la llamada litisconsorcio necesario fue afiliada a ningún sistema de salud o de pensiones por el causante, incluso a pesar de haber mantenido negocios juntos, lo que nos lleva necesariamente a establecer que lo establecido por el señor Juez y confirmado por el Honorable Tribunal, está revestido de ilegal, porque han concedido un derecho a alguien que está impedido legalmente para obtenerlo. Cita un proveído de la Corte Constitucional, que no identifica, sobre la forma de establecer la existencia de la UMH, según la Ley 979 de 2005; mandato que también pretermitieron las autoridades judiciales. Asegura que al juez y al colegiado les faltó investigar si los hechos expuestos por los testigos llevaban a determinar lo consagrado en la Ley 54 de 1990.

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Radicación n.° 90730 Menciona que la simultaneidad no está acorde con la institución monogámica contemplada en la Constitución Política, sobre todo por sus presupuestos de permanencia y singularidad, aunado a que no puede existir vida marital sin comunidad, «pues el hombre y la mujer, miembros de la unión marital de hecho, deben compartir por lo menos techo, lecho, mesa», por lo que «todas las exposiciones tenidas como pruebas por las autoridades judiciales atentan contra el cumplimiento de estas normas, pues si bien pudo haber existido una relación, se establece con total claridad que ella no era estable, eran novios», como quedó expuesto por el

dicho de Sandra Milena Agudelo y Sandra Viviana González Castaño. Luego, copia la providencia CSJ SL, 20 sep. 2000, rad. 6117 referente a los elementos de singularidad y permanencia de la UMH, para afirmar que a la señora González Castaño no le asistía el derecho, pues el causante estaba inmerso en otra unión. Refiere a fragmentos de las decisiones del juez inicial y del operador de apelaciones, atestiguando que, entonces, la señora González Castaño no podía obtener ningún beneficio que «le fue concedido por el señor juez y confirmado por el Honorable Tribunal, porque no pueden coexistir dos uniones maritales de hecho», sobre todo cuando «la primera estaba declarada legalmente ante un Juzgado Civil Municipal de Bogotá y persistía para la fecha en que la señora pretende estar conviviendo con el causante, sin ninguna clase de documento público o privado que lo avale».

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Radicación n.° 90730 Reproduce una providencia del máximo órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, en la que se descartó la posibilidad legal de conceder efectos jurídicos a varias UMH, conforme al artículo 42 de la Constitución Política y 1° de la Ley 54 de 1990. Sostiene que ella es la verdadera llamada a recibir la prestación, para lo que se puede acudir a la sentencia CSJ SL1730-2020, en la que se plantearon los pilares para que se conceda aquella «sin el cumplimiento del requisito de los últimos cinco años de convivencia» (f.° 11 a 30, demanda de

casación del cuaderno digital de la Corte).

VII. RÉPLICA Colpensiones refiere que se incurre en las siguientes falencias: i) con error se acude a la modalidad de falta de aplicación, que es inexistente; ii) plantea errores de derecho, con lo que mezcla las dos vías de ataque; iii) dirige el cargo por el sendero jurídico, pero no existe conformidad con los hechos probados y, iv) no se demuestran los presuntos yerros. Cita el proveído CSJ SL, 18 abr. 1969, sin radicado.

Menciona que, si se decide estudiar la acusación bajo la modalidad de infracción directa, no se puede desconocer que dicho submotivo no se da en el sub lite, porque el fallador aplicó la norma que correspondía, ya que debía verificar los requisitos exigidos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003 (f.° 3 a 5 del documento de réplica de Colpensiones del cuaderno digital

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Radicación n.° 90730 de la Corte).

VIII. CARGO SEGUNDO Imputa la decisión del Tribunal de quebrantar la ley sustancial por el camino indirecto, mediante el desconocimiento o inaplicación de «los artículos 63 del Código Civil, artículo 493 del Código Sustantivo Del Trabajo, en concordancia con el artículo 33 del decreto 758 de 1990 y artículos 1º, 2º, 13, 25, 42, 48 y 53 de la Constitución

Nacional, que lleva al desconocimiento de la Ley 797 de 2003, artículos 12 y 13». Formula como errores manifiestos de hecho, los siguientes: Tener por cierto sin serlo que la señora Sandra Viviana González Castaño, era la compañera permanente del causante. Dar por cierto sin serlo que el causante estuvo en la vía Cali Buenaventura conduciendo tracto mulas en los años 2010,2011 y 2012. Tener por demostrado, sin estarlo, que la señora Sandra Viviana González Castaño y el causante, conformaron una unión marital de hecho, estable, continua, bajo el mismo techo y compartiendo lecho y mesa Dar por cierto, sin serlo que la señora Sandra Viviana González y el causante, conformaron una unión marital de hecho por ser estable y única. Tener por probado sin estarlo que la convocada como litisconsorcio necesario Sandra Viviana González Castaño era la llamada a recibir el beneficio de la pensión de sobreviviente respecto del causante. Tener por cierto sin serlo que la relación entre la señora María Amparo Piamba Gaviria y el causante termino en el año 2014. No dar por probado estándolo que la Unión marital entre María Amparo Piamba y el causante perduró hasta el día de su muerte,

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Radicación n.° 90730 con ayuda y socorro mutuo. En el desarrollo, sostiene que el juez de alzada se equivocó al argumentar que Sandra Viviana González Castaño tenía derecho la pensión de sobrevivientes, lo cual

resulta incongruente con sus argumentos sobre que dicha prestación pretende proteger al grupo familiar, por cuanto «como se deviene de las pruebas aportadas y que no han sido debidamente apreciadas», la parte aludida no tuvo relación con compromiso real de vida y vocación de permanencia con el causante, en tanto que, aunque estuvo en algunas ocasiones específicas, como relatan los testigos, también lo es que «la convivencia terminó el 24 de abril del 2014». Señala que no se puede establecer que el lazo entre el de cujus y la señora González Castaño se dio bajo mismo lecho y mesa, ya que la testigo Sandra Milena Agudelo, no vive ni ha habitado cerca del lugar donde supuestamente mantenían aquellos su relación. Aunado a que afirma que el Tribunal no apreció lo dicho por la señora Sandra Viviana González Castaño sobre que, cuando comenzaron la unión, se puso a trabajar con su primo, quien era el esposo de la declarante, lo que denotaba «la componenda familiar que realizaron para quedarse con la pensión, en detrimento de su verdadera compañera», ya que presenta inconsistencias cuando: […] primero indicó que habían montado un negocio, para luego señalar que ella se puso a trabajar porque él no tenía trabajo. ¿Acaso no era conductor de tractomula?, en qué momento fue que perdió su empleo? Porque todos apuntan a indicar que él era conductor de estos vehículos, desde luego eso no lo analizó, para tenerlo en cuenta el Honorable Tribunal, de donde se presenta ese yerro, que no solo denota que no mantenían una relación con

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vocación de permanencia, sino que además no tenía una dependencia de él, nunca lo ha probado, por el contrario, acentúan todas las exposiciones que ellos compartían gastos Relata que el colegiado soslayó todas las exposiciones vertidas en el proceso, de lo que surge el error, ya que, de lo contrario, al obtener su valor real habría concluido que la señora Sandra Viviana González Castaño no reunía los requisitos para conformar la UMH, acorde con la norma «analizada en el cargo primero», porque «de haber tenido en cuenta las declaraciones en su sentido literal, habría podido determinar una situación totalmente adversa». Aduce que el ad quem erró al reflexionar que después de la separación de ella y el causante en el 2014, seguían en contacto, pero no como pareja, ya que lo único que «se extrae con meridiana claridad la inclinación de favorecer a la vinculada y dejar de lado» sus intereses. Insiste frente a dicha aserción del ad quem que: […] como puede con esa certeza que lo hace declarar que seguían en contacto, pero no como pareja?, ¿acaso ha probado de alguna forma esa situación? Obsérvese que existe allí un discernimiento tendiente a dejar a la demandante sin el beneficio, pues es el mismo Tribunal quien hace tal aseveración que por ningún lado se asoma en ninguna de las exposiciones, por el contrario, afloran declaraciones en las que se puede colegir que siempre existió entre la demandante y el causante una relación hasta el último momento de su vida, Transcribe fragmentos de lo sostenido en su interrogatorio de parte, para afirmar que esta exposición fue esquivada por el juez de apelaciones, de donde deviene la

equivocación de «manifestar que no convivían como pareja, pero como se extrae de lo afirmado, no solo venía a visitarlos, sino que prestaba la ayuda económica y la ayuda en caso de

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Radicación n.° 90730 enfermedad, lo mismo que la recibía de parte de su familia, incluso hasta la muerte». Indica que resulta contradictorio que el colegiado luego afirmara que «si bien el causante era transportador y viajaba permanentemente exclusivamente visitaba a la demandante y sus hijas», pues ello deja entrever que tenía conocimiento que el de cujus, pese a su labor diaria, «no dejaba de visitar a su compañera declarada, y a sus hijas, pues lo hacía según señala su deducción en forma exclusiva y no como lo determinó en su fallo, que de allí procede el error manifestó de hecho». Argumenta que el operador judicial, para justificar lo anterior: […] pone en boca de los deponentes e incluso de la demandante palabras que no han dicho, veamos eso en su deducción: “…así es afirmado por los testigos, el recurrente y confesado por la propia demandante, que con quien mantenía una relación de pareja y convivía realmente era con la señora Sandra Viviana vinculada al proceso...” (negrilla y resaltado fuera de texto)Bastará observar y escuchar todos y cada uno de los audios para cerciorarse que jamás ninguno de los deponentes y mucho menos la demandante hayan señalado tal despropósito, es decir, que el causante convivía realmente con la señora Sandra Viviana, eso jamás se dijo en ninguna de las exposiciones, eso solamente lo asume el Honorable

Tribunal para dar cabida a lo señalado por el señor Juez y confirmar su decisión. De allí el error manifiesto de hecho en su apreciación. Alude que también se ignoró por parte del juez y del Tribunal la declaración juramentada ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá, porque «de haberlo hecho se encontrarían que la señora Sandra Viviana González Castaño, no pudo mantener la unión que erradamente señalan

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Radicación n.° 90730 desde el año 2010, 2011, 2012, o 2013, pues en todo ese tiempo estaba impedida legalmente para conformar la unión».

Manifiesta que: […] otra prueba dejada de apreciar es la obrante en el expediente, del cual deriva la afiliación del causante con su núcleo familiar conformado con la señora María Amparo Piamba Gaviria, sus hijas y él. Motivo por el cual la atención a su salud fue atendida con base al SISBEN que mantenía y por lo cual le brindaron la atención requerida, no como lo hace ver la deponente Sandra Viviana que fue ella la que le prestó los auxilios correspondientes.

Este es otro error manifiesto de hecho por falta de apreciación de una prueba fehaciente que los llevaría a otra conclusión diferente de haberla tenido en cuenta, pues se podía establecer por medio de esta la existencia de la Unión marital de hecho entre el causante y la señora María Amparo incluso hasta el momento de su fallecimiento y mucho más allá si se tiene en cuenta que fue ella la que le atendió en todos los eventos de su funeral, que para eso ni se apareció la señora Sandra Viviana.

Igualmente, dice que no fue analizada por los jueces de instancia, la Declaración Acta n.° 2017/000881 (f.° 24, cuaderno principal) rendida por Luis Alfredo Riaño Quintero, compañero de trabajo del causante, desde el 2010 al 2013, la cual reproduce y ultima que con esta podría haber dado por comprobado que: […] el causante no estuvo antes del año 2013, por los lados de la vía Cali Buenaventura o viceversa, razón por la cual mal podrían los exponentes (familia González Castaño) manifestar que el causante mantenía una relación desde el año 2010 con la señora Sandra Viviana, como podrán determinar es una falacia total lo expuesto por ellos, lo que de hecho no daría lugar a determinar una unión marital de hecho, como la declara el juzgado y mucho menos podría tener el derecho que le ha sido arrebatado por ese motivo a la señora María Amparo Piamba Gaviria. Refiere que le fue arrebatado su derecho pensional, pues probó la relación con el fallecido hasta el fin de sus días. Incluso, señala que la litisconsorte manifestó que:

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Radicación n.° 90730 […] el señor Joaquín Alonso ayudaba a la señora María Amparo, mírese también que acudió a ella para brindarle su apoyo y ayuda en los momentos de enfermedad, aunado ello a la atención que recibió el cadáver de parte de su compañera permanente (esta si declarada como tal, por él mismo ante autoridad competente), para llevarlo a la funeraria, luego al panteón dónde reposaría

para siempre, actitud que por ningún lado asomó de parte de la que hoy ostenta la pensión, desde luego como queda probado obtenida en forma ilegal. Enfatiza que está establecido que no hubo apreciación de la prueba visible a folio 24 del cuaderno principal, «que nunca ni el juzgado, ni el Honorable Tribunal se asomó a tenerlo en cuenta por la falta de diligencia en su afán de conceder un beneficio a una persona que para nada lo ostenta» y esgrime que con ello: […] se alteró todo el resultado del proceso, pues de haberlo advertido, tanto el Juez, como los Honorables Magistrados en la segunda instancia, habrían podido con meridiana claridad determinar que la señora SANDRA VIVIANA GONZALEZ, nunca pudo haber estado con el causante, en los años 2010, 2011 y 2012, en los supuestos negocios o en la pretendida convivencia, con el causante, que sólo hasta el año 2013 arribó por esa vía en donde ella residía. De la falta de apreciación del folio 24 del cuaderno principal, aunado a la falta de evaluación en forma acertada de las exposiciones de los diversos testigos, como quedó probado en la parte alta, se muestra en forma fehaciente la verdad real de lo sucedido, que es totalmente diferente a lo apreciado por el señor Juez y el Honorable Tri