CSJ - SL11859(28-01-1999)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA

Referencia: Expediente No. 11859

Homologación

ACTA No. 2

Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999). Resuelve la Corte los recursos de homologación interpuestos por

el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA

MINERA Y ENERGÉTICA “SINTRAMIENERGÉTICA” - SECCIONAL

BARRANQUILLA y la SOCIEDAD PROMOTORA DE LA INTERCONEXIÓN

DE LOS GASODUCTOS DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A. “PROMIGAS S.A.

E.S.P.” contra el Laudo Arbitral proferido el 14 de septiembre de 1998 por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo de trabajo suscitado entre las partes. Reconócese personería a los doctores ELIÉCER GARCÉS NAVARRO y LUIS ENRIQUE OCHOA SÁNCHEZ como apoderados del Sindicato y la Sociedad mencionados respectivamente, en los términos y para los efectos de los poderes que obran a folios 11 y 70 del expediente. ANTECEDENTES Agotada la etapa de arreglo directo sin que se lograra acuerdo en ninguno de los puntos del pliego de peticiones presentado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética a la empresa “PROMIGAS S.A. E.S.P.”, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social convocó un tribunal de arbitramento obligatorio con el propósito

de estudiar y decidir el diferendo laboral existente entre las partes. Fueron nombrados árbitros los doctores YOLANDA GARCÍA DE CARVAJALINO, quien fungió como presidente, WILLIAM DE JESÚS BARRIOS CASTILLO (designado por la empresa) y JESÚS SERRANO OCHOA (elegido por el sindicato). Actuó como secretaria INGRID

CARVAJALINO G.

El tribunal se instaló el 27 de julio de 1998 y luego de solicitar una prórroga de treinta (30) días para adoptar la decisión pertinente, la cual fue concedida por los interesados, profirió el 14 de septiembre de 1998 el Laudo Arbitral que resolvió la totalidad de las pretensiones contenidas en los 48 artículos del Pliego.

II. RECURSOS DE HOMOLOGACIÓN A.- DEL SINDICATO El recurso va encaminado a que se decrete la inexequibilidad de los artículos 2º, 3º, 7º, 8º y 25 de la decisión arbitral “y como consecuencia de la nulidad de los mismos … se devuelva el Laudo a los Arbitros para que resuelvan con relación a los puntos declarados nulos y con respecto a los vigentes en el Pliego de Peticiones que no fueron resueltos y por lo tanto quedaron pendientes” (fl.2).

Los referidos artículos hacen relación, en su orden, a los siguientes aspectos: 1.- APLICACIÓN DE SANCIONES (Art. 2°): El tribunal optó por negar la petición contenida al respecto en el mismo artículo del pliego y, en consecuencia, dejó intacto el artículo 5° de la recopilación arbitral

vigente que a la letra dice: “Antes de aplicarse una sanción disciplinaria por presumirse la comisión de una falta por parte de un trabajador sindicalizado, la Empresa dará oportunidad de ser escuchados tanto el (sic) trabajador inculpado como a dos (2) representante (sic) del Sindicato al que pertenezca, mediando el cumplimiento del siguiente procedimiento: a) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al conocimiento de la presunta falta, la Empresa citará por escrito al trabajador inculpado señalando día, hora y lugar donde deberá presentarse a rendir descargos. “De esta citación se hará llegar copia al sindicato para que se (sic) designe los dos (2) representantes que asistan al trabajador. “b) La diligencia se efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de citación levantando acta que firmarán los asistentes y copias de la cual se entregarán a los interesados. “c) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la diligencia de descargos la Empresa comunicará la decisión final al trabajador inculpado y al sindicato. “d) Contra la sanción disciplinaria procederá el recurso de apelación ante el superior jerárquico del representante de la Empresa que haya decidido en primera instancia. La apelación debe ser interpuesta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la sanción y resuelta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del recurso. “No produce efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga

pretermitiendo este trámite”. El sindicato insiste en que se ha debido adicionar la expresión “o llamadas de atención por escrito” después de la frase “sanción disciplinaria”, pues aquellas comprometen la pureza de la hoja de vida del trabajador y por consiguiente éste “debe ser escuchado en la misma forma que se hace para cuando pretende el empleador imponer sanciones disciplinarias”. Afirma que, de otra parte, la adición de la frase “declarando la falta que de lugar a ella y” a continuación de la palabra “inculpado” en el literal a), “va encaminada a que no se produzcan sorpresas en materia de investigaciones disciplinarias” lo cual, por lo demás, lo viene haciendo la empresa en la práctica, y que la modificación al literal b) en el sentido de adicionar la frase “donde intervendrán y” después de la palabra “acta”, se debe a que “no se expresa si estos asistentes pueden intervenir en la diligencia o simplemente se limitan a firmar”. Advierte el recurrente que obviamente no puede la llamada de atención por escrito “tener una consideración especial e imperativa que supere la suspensión en el contrato de Trabajo como sanción disciplinaria” y que considera justo “establecer un límite de tiempo para que la sanción permanezca vigente después de la cual los efectos desaparecen”. Finalmente hace referencia a pronunciamiento de mayo 18 de 1988 en el que esta Sala expresó que “No puede existir ningún impedimento legal para que los Arbitradores se pronuncien con respecto al procedimiento disciplinario…” (fls.3 y 4). CONSIDERACIONES DE LA CORTE De conformidad con la Ley, al desatar un recurso de

homologación, esta Sala de la Corte está facultada para verificar la regularidad del laudo; establecer si el tribunal extralimitó o no el objeto para el cual fue convocado, y analizar si las disposiciones arbitrales violan o no los derechos de las partes conferidos por la Constitución Nacional, las leyes o las normas convencionales vigentes, eventos en los cuales el laudo debe ser declarado inexequible, y en caso contrario, homologarse. Realizado por la Sala el examen pertinente con la óptica esbozada, concluye que ninguno de los artículos cuya anulación impetra el sindicato conculcan los derechos memorados, ni entrañan extralimitación de las funciones del tribunal. De tal modo, aparece evidente que no puede bajo ningún respecto afirmarse que los artículos referidos hayan infligido un agravio, lesión o perjuicio que sustente legalmente su anulación La denegación por parte de las sentencias arbitrales de puntos de naturaleza normativa solicitados en el pliego de peticiones para mejorar o reglamentar lo legalmente prescrito o lo convencionalmente pactado, no es de por sí motivo de homologación, puesto que en esa materia si se reproduce lo vigente del ordenamiento normativo o se deja intacto, mal puede predicarse la transgresión de la normación preexistente (Art. 458 del C.S.T). Por supuesto, los árbitros pueden desarrollar algunos puntos de esa estirpe en la sentencia arbitral, en los asuntos que no están reservados al legislador, pero en tanto es su “facultad”, no “deber”, cuando no accedan a ello, mal puede hablarse de desconocimiento de “derechos reconocidos” en la Constitución, la Ley o las convenciones.

Lo dicho es suficiente para homologar el punto. En cuanto a que es “justo establecer un límite de tiempo para que la sanción permanezca vigente después de la cual (sic) los efectos desaparecen”, como igualmente lo aspira el recurrente, conviene también recordar que es atribución del tribunal acceder o no a ello, sin que la negativa comporte desconocimiento de los referidos derechos protegidos en el artículo 458 del c.s.t.. Obviamente, no puede haber sanciones indefinidas en el tiempo o irredimibles y en cada caso la jurisprudencia analizará este punto bajo tal óptica. Por todo lo dicho, se homologará lo resuelto por los árbitros en el artículo segundo del laudo. 2.- PERMISO PARA DILIGENCIAS, CURSOS, CONFERENCIAS, ETC. ( Art. 3°): Se dispuso por los árbitros “que el artículo 7º del Laudo Vigente quedará igual con la única diferencia que donde diga Sindigas deberá decir Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética, lo cual se hace extensivo al resto del articulado del Laudo Arbitral.” Dicho artículo 7º expresa: “La Empresa concederá permisos remunerados a los trabajadores sindicalizados, afiliados a SINDIGAS, para realizar diligencias sindicales, asistir a cursos, conferencias, congresos, plenos, encuentros y asambleas sindicales, cuando lo estime pertinente e indispensable y siempre y cuando tales permisos no perjudiquen de manera alguna las operaciones y funcionamiento de la Empresa. Las solicitudes para tales permisos las hará la junta directiva de SINDIGAS a la empresa”.

El Tribunal dispuso agregar un PARÁGRAFO del siguiente tenor: ‘En caso de que el permiso sea negado, la empresa deberá expresar la razón de la misma (sic)”. El sindicato había planteado la necesidad de modificar esta disposición y propuso disponer de un número determinado de horas para los permisos en cuestión. Afirma que tal solicitud se hizo “con la finalidad de hacer uso de la libertad y autonomía contemplada en los artículos treinta y ocho (38) y treinta y nueve (39) de la Constitución Política, que garantiza el derecho de la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades y las garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión Sindical” y alega que dejar tales garantías “a merced de la discrecionalidad de Promigas S.A. E.S.P. para que sea ella quien disponga quienes, cuando y cuantos días pueden salir de permisos sindicales, es delegar en la misma la autonomía y libertad de que deben gozar los Trabajadores Sindicalizados” (fls.5 y 6). CONSIDERACIONES DE LA CORTE Una de las herramientas más eficaces con que cuentan los sindicatos para el cabal ejercicio de sus funciones indudablemente la constituyen los permisos sindicales. Aun cuando en la parte colectiva del código del trabajo no se encuentra expresa referencia a ellos, en tanto son emanación del derecho de asociación sindical su fuente jurídica fundamental se halla en el artículo 39 de la Carta Política y específicamente en las garantías otorgadas a los representantes de los sindicatos para el cumplimiento de su gestión. De igual manera, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo debidamente ratificados por Colombia y, en especial los

denominados 87, 98 y 151, (leyes 26 y 27 de 1976 y 411 de 1997, respectivamente), garantizan el derecho de asociación sindical y los demás medios para el adecuado ejercicio del mismo, con la precisión de que el último de los citados sólo es aplicable a la administración pública. Naturalmente, el desarrollo concreto queda deferido a lo que disponga la Ley, los acuerdos de trabajo, los laudos arbitrales, el reglamento interno de trabajo o en general las determinaciones unilaterales del empleador que sean más favorables a lo consagrado en el marco normativo citado. A su turno, conforme al ordinal sexto del artículo 57 del código sustantivo del trabajo los permisos sindicales constituyen una de las obligaciones especiales del empleador cuando sean necesarios para desempeñar comisiones inherentes a la organización profesional, siempre que el número de los que se ausenten no menoscabe el normal funcionamiento de la empresa, previsión concordante con el referido Convenio 151 en cuanto prevé que tales prerrogativas no deberán perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado. Esta última limitación desvirtúa el aserto de que los permisos sindicales - cuando no existe regulación concreta - deban ser señalados libremente por el sindicato, pues ello es posible si así se conviene expresamente por las partes, pero no en los casos de ausencia de previsión por una fuente de derecho laboral. Ahí radica la importancia, y aún la conveniencia, de que el número de permisos sindicales, sus beneficiarios y las condiciones fundamentales de su otorgamiento queden estipuladas por las partes o reguladas por las mencionadas fuentes formales del trabajo.

De lo que viene de decirse se desprende que si bien los árbitros pueden disponer permisos sindicales en los respectivos laudos, en modo alguno están obligados a hacerlo cuando fundadamente encuentren que, analizadas las circunstancias particulares de cada empresa, los existentes son suficiente garantía del derecho de asociación profesional. De análoga manera, el ordenamiento positivo colombiano tampoco impone a los árbitros la obligación de prescribir en la sentencia arbitral que los permisos sean manejados autónomamente por el sindicato, ni mucho menos ello puede derivarse del tenor del artículo 362 del código en cuanto consagra el derecho de las organizaciones sindicales de redactar libremente sus “estatutos o reglamentos administrativos”, pues este es un aspecto que atañe exclusivamente a la organización interna de los sindicatos, para preservar su autonomía y liberarla de cualquier injerencia externa, pero no tiene que ver con el ámbito de relaciones laborales con el empleador en las que el indiscutible derecho de los sindicalizados debe armonizarse con las atribuciones del subordinante de la relación de trabajo y con la necesidad de evitar traumatismos en la ejecución normal de las labores encomendadas a todo trabajador. Por tanto, aun cuando es verdad que los permisos de esta estirpe no quedan sujetos al arbitrio exclusivo del empresario, pues su negación sistemática o caprichosa haría nugatorio el derecho de asociación sindical, tampoco dispone la Ley su manejo reservado a determinada organización sindical, a menos que así se disponga por una de las normativas atrás invocadas, dentro de ellas los laudos arbitrales, sin que la Ley obligue a quienes los profieren a ordenarlo de esa manera.

En consecuencia, al no acceder a lo impetrado en el pliego y dejar incólume la regulación sobre permisos sindicales consignada en la normatividad arbitral anterior, no desconoció el tribunal ningún derecho de la organización sindical recurrente, por lo que se homologará la decisión sobre el particular. 3.- BECAS UNIVERSITARIAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES (Art. 7°): Se determinó que “El artículo 16 del Laudo Arbitral quedará igual al vigente con la diferencia de que el número de becas a adjudicar son tres (3) para el año de 1998 y para 1999 una beca más y solo para los hijos de los trabajadores sindicalizados de acuerdo a la reglamentación establecida en el mismo Laudo”.

Tal disposición establece: “Los trabajadores de la Empresa afiliados a SINDIGAS tendrán derecho a que sus respectivos hijos participen en el sorteo que para la adjudicación de treinta y una (31) becas universitarias destinadas a los hijos de todos los trabajadores, sin excepción, tiene establecido la Empresa, de acuerdo con la siguiente reglamentación. La Empresa adjudicará treinta y una (31) becas universitarias semestrales entre los hijos de los trabajadores bajo las siguientes condiciones : …”.

Señala el sindicato que “el fondo común de becas que aparece en el Pacto Colectivo es de 36” y que en el artículo 16 del Laudo anterior, que el tribunal resolvió mantener vigente, se habla de 31 becas, y que, de otra parte, mientras “el Laudo referido contempla … que estas becas serán adjudicadas por el término de un semestre … el Pacto Colectivo es

por la duración de la carrera…” y que por tanto “no hay igualdad entre lo que contempla (sic) estos dos contratos colectivos”, lo cual considera claramente inconstitucional (fls. 6 y 7). 4.- BECAS DE PREPARATORIOS, PRIMARIA Y BACHILLERATO PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES (Art. 8°) : Se dispuso dejar vigente el artículo 17 del Laudo Arbitral anterior “con la modificación de que el número de becas a adjudicar será de cinco (5) y solo para los hijos de los trabajadores sindicalizados en el año de 1998 y para 1999 será una beca más a las anteriores”. El referido artículo 17 señaló: “Los trabajadores de la Empresa afiliados a SINDGAS tendrán derecho a que sus respectivos hijos participen en el sorteo de las becas que se encuentren disponibles de las cuarenta y cinco (45) que la Empresa ha establecido para estudios primarios y secundarios destinados a los hijos de todos los sus trabajadores sin excepción, previa acreditación del parentesco mediante el certificado de registro civil y de acuerdo con las condiciones establecidas en los siguientes parágrafos…” Al igual que frente a la disposición precedente, el sindicato recurrente destaca su inconstitucionalidad por la supuesta desigualdad que se presenta entre lo dispuesto en el Laudo anterior, que el Tribunal decidió mantener vigente, y el Pacto Colectivo en cuanto al número de becas y el monto de las mismas (fl.7). CONSIDERACIONES DE LA CORTE Las objeciones 3 y 4 de la parte sindical atañen a “becas universitarias para hijos de trabajadores” y “becas de preparatorios,

primaria y bachillerato para hijos de trabajadores”, respectivamente. Por su similitud se estudian conjuntamente: Desde los orígenes del derecho colectivo del trabajo colombiano, las convenciones colectivas celebradas por sindicatos o federaciones sindicales, y los pactos colectivos de trabajo celebrados por trabajadores no sindicalizados en los excepcionales eventos en que la Ley los autoriza, han tenido una regulación propia, aunque con matices coincidentes en algunos aspectos. Dadas las características y fundamentos de estas dos manifestaciones autónomas del derecho y de la libertad de negociación colectiva, el contenido de una y otra normativa, en principio, como lo ha señalado invariablemente la Sala, puede ser diverso, por lo que el establecimiento de un determinado beneficio insular en un pacto colectivo, no incluido en una convención, o viceversa, no constituye per se violación del derecho de igualdad. Naturalmente, cuando apreciado integralmente un pacto colectivo laboral consagre beneficios superiores o más favorables a los de una convención colectiva de trabajoprocedimiento utilizado en ocasiones como mecanismo para restar o enervar la acción sindicalno sólo constituye una práctica laboral reprobable sino también una violación del principio de igualdad instituido en el artículo 13 de la Carta Fundamental. Mas en el caso presente, tratándose de un beneficio aislado, con algunas diferencias en uno y otro ordenamiento colectivo, no existe la pregonada violación al postulado constitucional invocado. Ninguna disposición impone a los árbitros el deber de calcar o copiar en las convenciones colectivas de trabajo idénticas prerrogativas a las contempladas en los pactos colectivos, mientras éstos mantengan su

constitucionalidad o vigencia. No infringieron entonces los árbitros, al menos por el motivo alegado por el sindicato, ninguno de los derechos tutelados en el artículo 458 del C.S.T., razón por la cual se homologarán los artículos 7º y 8º de su decisión. 5.- AUXILIOS PARA EL SINDICATO (Art. 25) : Se negó por el tribunal la petición contenida en el artículo 25 del pliego consistente en la entrega al Sindicato de un auxilio anual equivalente a 50 salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de otro adicional de 10 salarios mínimos para celebrar el día del trabajo. Adujeron los arbitradores que “no se explica claramente el objeto de la ayuda solicitada y …en el Laudo actualmente vigente se otorga por una sola vez el auxilio para dotar a la oficina, por tanto, se supone que la misma ya se encuentra debidamente dotada y acondicionada para cumplir sus funciones”. El artículo 39 de la recopilación vigente estableció la obligación de la empresa de conceder por una sola vez al sindicato la suma de Un Millón de Pesos ML ($1.000.000.oo) con el objeto de contribuir a la adquisición de equipos para la dotación de la oficina de la sede SINDIGAS. En cuanto el auxilio para celebrar el primero de mayo se había ordenado dejarlo a la discrecionalidad de la empresa “tal como se asegura que ha venido ocurriendo”. Estima el recurrente que la finalidad del pedimento es evitar el estancamiento y deterioro económico del sindicato; que el reducido número de sindicalizados no permite que subsista y se sostenga con las cuotas sindicales, que la empresa pretende paulatinamente “ir

acabando” con los sindicalizados mediante “ofertas y concesiones (a los no sindicalizados). . . manteniéndose esa discriminación durante más de 17 años”, pues se le otorga un tratamiento menos favorable a los miembros de la asociación profesional. Que cuando los representantes del sindicato hicieron su exposición en el tribunal expresaron la necesidad de adquirir un computador y una fotocopiadora, por tanto, no es cierto que la oficina esté debidamente dotada. Finalmente recuerda el monto del beneficio establecido en la recopilación y afirma que al ser negado el punto los árbitros desconocen que no están facultados para “quitar derechos ya adquiridos en ejercicio de la contratación colectiva”. CONSIDERACIONES DE LA CORTE El auxilio para la dotación de la oficina sede del sindicato, contemplado en el artículo 39 de la recopilación convencional y arbitral, se concedió “por una sola vez”, como textualmente se expresó en la previsión normativa, de modo que se trató de una prescripción de ejecución instantánea, y por lo mismo se extinguió la obligación cuando la empresa entregó la suma respectiva. De tal manera que al negar el tribunal la nueva petición contenida en el pliego que pretendía convertir en anual dicho beneficio, no desconoció derecho alguno reconocido al sindicato por la normación anterior. Además, por lo explicado en la lacónica sustentación del laudo, no surge manifiesta inequidad en tal determinación. Aspecto distinto es el que concierne al auxilio con la finalidad de “celebrar el primero de mayo”, lo cual no tuvo una sustentación en la decisión del tribunal. Por ser incuestionable que cada año se conmemora

dicha efemérides, el beneficio es anual, por lo que debe entenderse que la negativa de la resolución arbitral se circunscribe a la petición de aumento de su monto, lo que obviamente no puede implicar un desmonte de esa específica ayuda en los términos consagrados en la parte final del citado artículo 39. En consecuencia, el auxilio sindical para celebrar el primero de mayo de cada año, queda incólume en los términos previstos en el artículo 39 de la recopilación vigente. Se homologará, por tanto, lo decidido por el tribunal. II.- RECURSO DE LA SOCIEDAD PROMIGAS, S.A., ESP Los tres primeros puntos del recurso de PROMIGAS, S.A., E.S.P., versan sobre los siguientes aspectos: 1- “LA RETROACTIVIDAD del Laudo”.

2- “EXTENSION DE LA RETROACTIVIDAD A LOS BENEFICIOS

SURGIDOS DEL LAUDO”.

3- “CORRECCION MONETARIA PARA RETROACTIVO”.

Estos reparos por relacionarse con la retroactividad de las decisiones arbitrales se estudiarán en forma conjunta: 1.- El artículo 29 impugnado dispone que el artículo 44 del Laudo quedará de la siguiente manera: “La vigencia del presente laudo arbitral será de veinticuatro (24) meses contados a partir 1° de febrero de 1998 hasta el 31 de enero del año 2000. La empresa pagará con retroactividad al 1° de febrero de 1998 los beneficios surgidos de este Laudo a los trabajadores cuya afiliación al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MINERA Y ENERGETICA le haya sido comunicada antes del 1° de enero

de 1998 por el secretario y el fiscal de la organización sindical en la forma establecida en el artículo 23 numeral primero del decreto 2351 de 1965 que subrogó el artículo 400 del C.S.T. Los trabajadores cuya afiliación al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MINERA Y ENERGETICA haya ocurrido después del 1 de enero de 1998 sólo se beneficiarán de la retroactividad a partir del 1° de febrero de 1998, en lo que hubiere lugar a ello”. La empresa recurrente afirma que la referida disposición carece de eficacia en tanto impone “una RETROACTIVIDAD de los efectos del Laudo”, que “además de ser ilegal e inconstitucional, afecta derechos … reconocidos en la carta y en el Código Sustantivo de Trabajo”. Señala que, de otra parte, el laudo contempla, a mas de los beneficios de orden dinerario, otros como permisos sindicales, primas, becas universitarias, lentes y monturas, alimentos etc., frente a los cuales tampoco es de recibo la aludida retroactividad, de modo que la forma genérica como quedó precisada en el Laudo esta extensión no puede ser aplicada de manera alguna. Solicita, en consecuencia, se anule en su integridad el artículo en comento o, en subsidio, se excluya de la disposición que tal retroactividad sea aplicada a “LOS BENEFICIOS SURGIDOS DE ESTE

LAUDO”.

2El artículo 32 recurrido sobre corrección monetaria para retroactivo dispone: Por mayoría, decidió el Tribunal este punto así: “La Empresa se compromete a reconocer y pagar la retroactividad de salarios, auxilios y

prestaciones sociales legales y extralegales que por efecto de la duración de las negociaciones se le adeude a todos los trabajadores sindicalizados, con la corrección monetaria del IPC, certificado por el Dane desde el 1° de febrero de 1998 hasta la fecha en que se produzca el pago”. Aduce la empresa que, a mas de lo señalado en el punto anterior en relación con la aplicación retroactiva de los mandatos compendiados en el laudo, este artículo contraría el principio NON BIS IN IDEM, pues al ordenarse que la empresa cancele, con efectos retroactivos, los beneficios recogidos en el laudo, no es posible que ello se imponga por partida doble “vale decir: con retroactividad, y, además reajustando sus ordenamientos con una corrección monetaria, cualquiera que ella sea”. Alega que ello “implica, ni mas ni menos, el resarcimiento de un daño” - resultante de la prolongación de las negociacionesel cual en manera alguna se le puede imputar a la empresa en tanto no ha exhibido “ni un ápice de desgreño … para demorar sus conversaciones…Al contrario, imprimió celeridad, entusiasmo, seriedad, honestidad, diligencia para atender los requerimientos sindicales y gubernamentales a fin de concretar las negociaciones pertinentes”. CONSIDERACIONES DE LA CORTE El laudo recurrido fue proferido el día 14 de septiembre de 1998, sin embargo ordenó la vigencia de los citados beneficios desde el primero de febrero de 1998, esto es, en forma claramente retroactiva, como lo reconoce la propia expresión utilizada por el tribunal. Tal resolución

arbitral resulta contraria al texto 58 constitucional, en armonía con el artículo 16 del c.s.t.. La jurisprudencia de la Corte ha señalado al respecto: “a.- El laudo que resuelve un conflicto colectivo de trabajo es igual a una convención colectiva y sus efectos normativos en principio se siguen por la regla del efecto inmediato de las normas laborales, esto es que deben aplicarse una vez comienza su vigor a los contratos de trabajo vigentes o en curso aunque estos hayan comenzado mucho tiempo atrás y a las situaciones no definidas o consumadas dentro de las respectivas relaciones en desarrollo. “b.- Salvo lo definido por la jurisprudencia en materias como la salarial, también rige en principio el concepto de irretroactividad, o sea que las situaciones definidas y consumadas, así como los nexos terminados quedan regidos por las disposiciones vigentes en el respectivo momento y no pueden verse afectados por la nueva normatividad.” (Rad. 11745. Sentencia de homologación de diciembre 15 de 1998). Por tanto, con excepción de lo dispuesto en materia salarial, que queda incólume, se anulará la retroactividad ordenada en los artículos 29 y 32 del laudo respecto de los demás beneficios, los cuales rigen a partir de la expedición del mismo.

4- “IMPUESTOS Y SEGUROS OBLIGATORIOS”.

El artículo 48, sobre impuestos y seguro obligatorio, dispone: “La Empresa pagará el valor del Seguro Obligatorio y Póliza que exigen en el Contrato de Arriendo de los trabajadores Sindicalizados que recibieron vehículos, para uso de las labores de Promigas S.A. E.S.P., al

igual que pagará los Impuestos de Tímbre, Rodamiento y Revisado de dichos vehículos”. Luego de explicar que sobre el particular la empresa tiene acordado, con algunos de sus empleados, la celebración de un contrato de mutuo, sin intereses, cuyo destino específico es la adquisición de un vehículo, para posteriormente convenir un contrato de arrendamientocuya duración, por lo general, es de cinco años - en el que el canon que paga la empresa se compensa mensualmente con la cantidad que corresponde cancelar al trabajador beneficiado con el préstamo, la empresa recurrente arguye que se trata de un contrato comercial de arrendamiento, autónomo, ajeno por completo a los nexos laborales y, por consiguiente, no puede ser modificado por los árbitros. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Según la propia información de la recurrente y los documentos por ella aportados, PROMIGAS S.A., E.S.P., celebra con algunos empleados un contrato de mutuo sin intereses y prenda abierta sin tenencia a favor de ella para la adquisición de vehículo por parte de ellos, y otro de arrendamiento sobre el mismo automotor, conviniéndose un canon que debe pagar aquella, por destinar dicho bien al “cumplimiento de sus funciones que le corresponden como trabajadores” de la entidad, el cual se compensa mensualmente con “aquella cantidad de dinero que a su vez, el empleado le corresponde cancelar a la Empresa”. En el entorno descrito, al aparecer claramente la obligación de los trabajadores de destinar el vehículo al servicio de actividades propias del empresario, la decisión del tribunal de disponer el pago del seguro obligatorio y de los conceptos atrás transcritos relacionados con el respectivo automotor, a cargo del patrono que en últimas se beneficia del

servicio del bien, no surge en manera algun