CSJ - SL1211-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1211-2023 Radicación n.° 94973 Acta 18 Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario laboral que adelanta CÉSAR AUGUSTO JIMÉNEZ contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES César Augusto Jiménez demandó a La Campana Servicios de Acero S.A. con el fin de que se declare que, a través de un contrato de trabajo, prestó sus servicios personales del 4 de julio de 1991 al 19 de noviembre de 2013, nexo que finalizó por causas imputables al empleador.

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Radicación n.° 94973 Como consecuencia de lo anterior, solicitó el pago del auxilio de cesantías y sus intereses, las primas de servicios y las vacaciones causadas por todo el tiempo laborado; las indemnizaciones por despido sin justa causa y la moratoria prevista en el artículo 65 del CST; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 4 de julio de 1991 se vinculó como revisor fiscal principal de la sociedad accionada; que prestaba sus servicios de manera personal y de forma subordinada; que percibía un salario que

le era cancelado quincenalmente, el cual para el año 2013 ascendía a la suma mensual de $11.043.000; que a través de escritura pública de 2 de marzo de 2006 se protocolizó el Acta n.o 015 del 5 de febrero de ese año, emanada de la junta directiva de la sociedad demandada, en la cual se reconoció los derechos laborales causados a su favor desde el inicio del vínculo laboral y también se dispuso prorrogar el contrato por diez años más, hasta el 5 de febrero de 2016; y que en asamblea general de accionistas celebrada el 3 de febrero de 2007 se indicó que se estaban efectuando unos cálculos y apropiaciones para el pago de sus derechos laborales. Expresó que también fungió como revisor en otras sociedades que conformaba un grupo empresarial con la demandada, pero no percibía suma alguna por esa actividad; que el 7 de octubre de 2013 puso de presente la existencia de unas posibles irregularidades en la empresa; y que a raíz de ello el gerente de la convocada a juicio, quien también era socio mayoritario, convocó a una asamblea extraordinaria, la

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Radicación n.° 94973 cual se celebró el 19 de noviembre siguiente y se determinó finalizar su vinculación, sin exponerse las razones para esa decisión. Añadió que disfrutaba de 8 días de vacaciones por cada año de servicio, lo cual ocurrió hasta el 2012; que la accionada lo afilió a Famisanar; que «se logró crear una gran fraternidad e incluso amistad con el gerente y representante

legal»; y que reclamó, pero no le cancelaron sus prestaciones sociales. Al dar respuesta a la acción, la demandada se opuso a todas las pretensiones. Frente a los supuestos fácticos aceptó que a través de la asamblea celebrada el 19 de noviembre de 2013 el actor fue removido del cargo de revisor fiscal y que estuvo afiliado a Famisanar como dependiente, pero precisó que ello fue para facilitarle los pagos al sistema de seguridad social; y de los restantes hechos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. Como razones de defensa esgrimió que el accionante no fungió como trabajador, pues no estaba subordinado; que le cancelaron unos honorarios; que actuó de buena fe; y que el acta que se suscribió en el año 2006 se elaboró por solicitud del propio accionante, quien adujo que era necesaria, pero lo cierto fue que no produjo efectos. Formuló como excepción previa la de prescripción; y de fondo las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no

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Radicación n.° 94973 debido, carencia de justa causa y título para pedir, pago, compensación, prescripción, buena fe y la genérica. El juzgado de conocimiento declaró probada la excepción de prescripción, motivo por el cual se dio por finalizado el proceso; sin embargo, al resolverse el recurso de apelación interpuesto contra esa decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, a través de auto del 27 de enero de 2020, revocó tal determinación y, en su lugar, ordenó que se «difiera el estudio

de la excepción de prescripción al momento de dictar sentencia».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Funza, mediante sentencia calendada el 28 de septiembre de 2021 resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor CÉSAR AUGUSTO JIMÉNEZ y la sociedad comercial LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A., existió un contrato de trabajo a término indefinido para desempeñar el cargo de revisor fiscal desde el día 4 de julio del año 1991 hasta el día 19 de noviembre del año 2013 por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción formulada por la parte demandada frente a las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la demanda.

[…]

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, al decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, con sentencia calendada 31 de marzo de 2022, resolvió: Primero: Revocar parcialmente la sentencia apelada, para en su lugar declarar probada parcialmente la excepción de prescripción, acorde con lo aquí considerado.

Segundo: Revocar parcialmente el numeral 3º de la sentencia apelada, para condenar a la demandada al pago de los siguientes conceptos y sumas: AUX CESANTÍAS. $ 89.180.946,22

IN. CESANTÍAS. $ 915.583,58

P. DE SERVICIOS $ 3.738.544,44

VACACIONES $ 13.470.436,11

ART. 64 CST $ 284.444.258,00

De igual forma se condena al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia a partir del 19 de noviembre de 2013 hasta cuando se verifique el pago del auxilio a las cesantías y la prima de servicios, acorde con lo considerado.

Tercero: Sin costas en esta instancia, ante la prosperidad parcial del recurso.

Cuarto: Devolver el expediente digital al juzgado de origen, una vez quede en firme esta providencia, y sin necesidad de orden adicional.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado adujo que debía definir «si hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción de manera total, como lo dispuso la juzgadora de instancia y dependiendo de lo que resulte, establecer si prosperan las pretensiones del extremo activo».

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Radicación n.° 94973 Esgrimió que «no se encuentra en discusión la declaración de la existencia del contrato de trabajo a término indefinido entre las partes desde el 4 de julio de 1991 al 19 de noviembre de 2013, toda vez que no fue objeto de reproche por alguna de las partes»; y que tampoco era objeto de inconformidad que «no ocurrió la reclamación simple de derechos de que tratan los arts. 489 del CST y 151 del CPT y SS, por lo que para efectos de contabilizar el fenómeno

extintivo de la prescripción, será desde la fecha en que se presentó la demanda, esto es, el 18 de noviembre de 2016». Manifestó que no le asistía razón al recurrente cuando estimó que la exigibilidad de los derechos era a partir de la fecha en que se declaró la existencia del contrato de trabajo; luego transcribió el artículo 94 del CGP y dijo: Descendiendo al caso que nos ocupa, en principio puede observarse una mora en la notificación de la demandada, pero esta tardanza no se le puede endilgar al demandante, ello es así, porque la demanda se admitió el 23 de febrero de 2017 proveído notificado en estado No 7 del 24 del mismo mes y año, la apoderada del demandante diligentemente adjuntó al plenario el 15 de mayo de 2017 los certificados de entrega a la demandada de los comunicados de que tratan los art. 291 y 292 del CGP (marzo y mayo del 2017), y solicitó continuar con el trámite de notificación, solicitud que reiteró el 11 de julio siguiente; y el despacho hasta el 12 de octubre de ese mismo año se pronunció al respecto y emitió una orden, requiriendo a la demandante para que proceda a tramitar nuevamente los comunicados ya referenciados, pero esta vez anotando el término para comparecer al despacho; luego se vuelve a remitir los citatorios el 29 de enero y 24 de mayo de 2018; y ya el 8 de junio de esta última anualidad la demandada se notifica de manera personal. Indicó que como el juzgado «tardó casi cinco meses en pronunciarse, precisamente, de una solicitud concerniente a la notificación personal de la pasiva», lo cual no fue culpa del

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Radicación n.° 94973 actor, para verificar el tiempo previsto en el artículo 94 del CGP solo se debían considerar «los meses de febrero a mayo de 2017 (dos meses y 15 días), y de octubre de 2017 a junio de 2018 (seis meses y 21 días), periodo al que también se le debe descontar la vacancia judicial donde no corren términos (semana santa y vacaciones de diciembre)», de modo que en tales condiciones, la notificación del auto admisorio de la demanda inaugural se hizo dentro del año, por lo que coligió que se interrumpió la prescripción con la presentación del escrito demandatorio, de allí que solo los derechos exigibles antes del 18 de noviembre de 2013 estaban prescritos. Luego, estableció el salario percibido por el accionante, para lo cual aludió a unas «certificaciones laborales expedidas por la entidad demandada», unos desprendibles de pago por concepto de honorarios y el IBC reportado por la accionada a Colpensiones. A partir de lo anterior, infirió que entre los años 1991 a 1998 no se demostró la suma percibida y que como para ese periodo no estaba probado que el accionante trabajó la jornada máxima legal, no era dable «emitir condena alguna en esos años, específicamente no puede obligarse a la demandada a pagar el auxilio a las cesantías de dichos años», pese a que no estuvieran prescritas. Calculó el valor del auxilio de cesantías desde el año 1999 al 2013, lo que totalizó $89.180.946,22; cuantificó los intereses sobre las mismas en $915.854, por el periodo no

prescrito; por prima de servicios dijo que «no se encuentra afectado por prescripción las proporcionales del segundo

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Radicación n.° 94973 semestre del año 2013 (142 días, salario de $9.478.000), se condenará por este rubro, a la demandada, en la suma de $ 3.738.544»; y las vacaciones las liquidó en la suma de $13.470.436. En cuanto a la indemnización por despido, el juez colegiado estimó que con el Acta 84 del 19 de noviembre de 2013 se decidió remover del cargo al actor, lo cual se hizo sin algún tipo de justificación; y expresó: Ahora, de conformidad con el acta No. 15 del 5 de febrero de 2006 elaborada por los accionistas de la Campana Servicios de Acero S.A., allí no sólo se reconoció la relación laboral del demandante, sino que también se estipuló que el periodo en el cargo de revisor fiscal a partir de la data del acta sería de 10 años es decir que el actor conservaría su cargo hasta el 5 de febrero de 2016, no obstante como en el presente asunto se declaró un contrato de trabajo a término indefinido, y la modalidad contractual laboral no fue objeto de reproche, debe entenderse para todos los efectos que la relación laboral es indefinida. Por lo anterior, con apoyo en el parágrafo transitorio el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, razonó que se adeudaba la suma de $284.444.258 por indemnización por despido injusto, pues el salario mensual era de $9.478.000, de allí

que «teniendo en cuenta el último salario diario devengado por el actor, ($315.933) y 900,33 días de indemnización». Frente a la indemnización moratoria, consideró que no procedía de forma automática, de modo que debía verificar las razones del empleador para no cancelar las acreencias laborales adeudadas, y dijo: En el caso bajo estudio, considera la Sala que, la entidad demandada siempre mantuvo su postura de no aceptar la

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Radicación n.° 94973 existencia del contrato de trabajo con el demandante, esta conducta puede ser considerada como una actitud caprichosa, y revestida de malicia con intención de causarle daño al actor, toda vez que en el expediente quedó demostrado que al señor Cesar Jiménez le reconocieron su relación laboral con efectos retroactivos desde el año 2006, tal como se observa en el acta No. 15 del 5 de febrero de 2006, a la que ya se hizo referencia. De tal manera que, sin duda, la pasiva aceptó que el actor era su trabajador, y si bien en el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada éste quiso desconocer el contenido de ese documento, aduciendo que fue engañado para suscribirlo, lo cierto es que aquel goza de plena validez dado que en ningún momento se inició algún trámite judicial para demostrar su falsedad ideológica, y mucho menos se controvirtió una presunta falsedad material, documental esta que se encuentra protocolizada con la escritura pública No. 0467 del 2 de marzo de 2006 en la Notaria 48 del Círculo de Bogotá.

Luego no puede desligarse de esos acuerdos que efectuaron los socios de la demandada, para desconocer los derechos laborales del actor, menos si se tienen en cuenta que en la citada acta, también se estipuló que se reconocería en favor del señor Cesar Jiménez salarios, prestaciones, aportes a pensión e indemnizaciones a las que hubiera lugar en razón de la relación laboral, situación que nunca se materializó, es decir que la accionada consciente de los rubros de índole laboral adeudados al demandante, no se preocupó por cumplir con sus obligaciones como empleador, lo que quebranta lo establecido en el art. 55 del CST, es decir que esta parte de la relación laboral no actuó de buena fe y por ende debe ser condenada por la sanción moratoria establecida en el art. 65 ib. A partir de lo expuesto, en razón a que la demanda se presentó después de 24 meses de la finalización del nexo, infirió que se debía condenar a los intereses de mora a título de indemnización moratoria «a partir de la terminación del contrato de trabajo (19 de noviembre de 2013) a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria hasta cuando se verifique el pago del auxilio a las cesantías y la prima de servicios».

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la sociedad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia de segundo grado, para que, en sede

de instancia, confirme la determinación de primer grado, proveyendo lo que corresponda por costas. En subsidio, reclama que se case parcialmente la decisión del Tribunal, en lo que respecta a la condena impuesta por las indemnizaciones por despido sin justa causa y la moratoria prevista en el artículo 65 del CST, y en sede de instancia: MODIFIQUE PARCIALMENTE el numeral primero de la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Funza y en tal virtud, declare que existió un contrato a término fijo hasta el 5 de febrero de 2015 y MODIFIQUE PARCIALMENTE el numeral segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Funza y en tal virtud, declare que la indemnización por despido sin justa causa a pagar por la demandada es aquella regulada en el contrato de trabajo a término fijo y además, declare probada la excepción de "buena fe de mi representada". Con tal propósito, formula cuatro cargos que son replicados, los cuales se estudiarán así: de forma conjunta los dos primeros, pues pese a estar dirigidos por vías diferentes se complementan entre sí y persiguen el mismo fin; luego, en forma individual y en el orden propuesto, los dos restantes reproches.

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VI. CARGO PRIMERO Lo formula así: La sentencia acusada incurre en violación medio de los artículos 94 y 118 del Código General del proceso en armonía con lo dispuesto en los artículos 145 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, violación que llevó al

sentenciador a aplicar en forma indebida el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 además de los artículos 1, 19 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo. La censura efectúa un recuento de las actuaciones que se surtieron previo a la notificación de la demanda inicial, resaltando que el auto admisorio se profirió en febrero de 2017 y a la parte accionada solo le fue notificado en junio del 2018; luego transcribe un aparte de la sentencia CSJ SL5159-2020, y afirma, con apoyo en el artículo 94 del CGP, lo siguiente: […] el ad quem en la sentencia de segunda instancia, sin sustento legal ni jurisprudencial y contrario a lo establecido en el artículo en cita, indica que el término otorgado para notificar el auto admisorio de la demanda a efectos de interrumpir la prescripción se debe ampliar, al sostener que no se debía contabilizar el tiempo en que el a quo analizó los comunicados realizados en virtud de los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso y requirió a la parte actora para que saneara sus errores, y tampoco se debía contabilizar el periodo de vacancia judicial (semana santa y vacaciones de diciembre). Señala que el juez colegiado se equivocó en: i) «achacar culpa al operador judicial de primer grado en el trámite de la notificación»; ii) considerar que la parte accionante fue diligente; y iii) al «aplicar en forma incorrecta la norma del artículo 118 del Código General del Proceso», disposición que

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prevé que cuando los términos son de meses o años, no es posible «descontar o tener en cuenta el periodo de vacancia judicial» y tampoco se suspenden mientras el «expediente se encuentra al despacho».

VII. CARGO SEGUNDO Expone que la decisión de segundo grado vulnera, por la vía indirecta y por aplicación indebida, los artículos 29, 53 y 83 de la CP; 29 y 151 del CPTSS; 94 y 118 del CGP; y 488 del CST.

Afirma que el juez colegiado incurrió en las siguientes y yerros fácticos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la apoderada de la parte demandante fue diligente en el trámite de notificación personal de la demanda.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la apoderada de la parte demandante fue negligente en el trámite de la notificación de la demanda por el tiempo que tardó en subsanar los errores que fueron señalados en el auto del doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que fueron 3 meses y 4 días para ajustar el comunicado al que hace referencia el trámite del artículo 291 del Código General del Proceso, y 6 meses y 1 día para ajustar el comunicado para el trámite del artículo 292 del Código General del Proceso.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la apoderada de la parte demandante fue negligente en el trámite de la notificación de la demanda por el tiempo que tardó comunicar al a quo los ajustes realizados a los comunicados de los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso y su trámite.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el a quo fue negligente, errado o que incurrió en dilaciones injustificadas que impidieron al demandante realizar el trámite correspondiente a la notificación del auto admisorio de la demanda dentro del año siguiente a la notificación por estado del mismo proveído

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5. No dar por demostrado, estándolo, que la apoderada de la parte demandante desconocía el trámite de notificación personal regulado en materia laboral, pues solicitaba al juez que se entendiera notificada a la accionada por medio del aviso.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la apoderada de la parte demandante solicitaba al a quo tramitar la notificación personal del auto admisorio de la demanda con el procedimiento reglado en el código general del proceso, lo que generó su retraso y descuido en el trámite que tenía a cargo, respecto a la notificación de la parte demandada.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que la apoderada de la parte actora solicitó continuar con el trámite de la notificación en los memoriales de fecha quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017) y veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), a los que adjuntó el trámite referido en los artículos 291 y 292 del

Código General del Proceso.

8. No dar por demostrado, estándolo, que la apoderada de la parte demandante no logró interrumpir el término de prescripción, toda vez que la notificación de la demanda se realizó por fuera del año siguiente a la notificación por estado del auto

admisorio de la demanda. Aduce que esos desatinos fueron producto de la equivocada apreciación de las siguientes piezas y pruebas del proceso: los memoriales presentados el 15 de mayo y 11 de julio de 2017, las comunicaciones enviadas a la demandada el 24 de marzo y 4 de mayo de 2017 y el auto proferido el 12 de octubre de 2017.

Así mismo por dejar de valorar: los memoriales del 29 de enero y 28 de mayo de 2018, las comunicaciones del 16 de enero y 13 de abril de 2018; los autos del 22 de mayo y 5 de junio de 2018, y el acta de notificación del 8 de junio de 2018.

La recurrente expone que, si bien alude a unas providencias judiciales, las cuales no son medios de

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Radicación n.° 94973 convicción, lo hace en razón a que fueron determinantes en la decisión adoptada por la alzada. Asevera que aun cuando la parte accionante presentó un memorial el 15 de mayo de 2017, en el cual adjuntó las constancias del trámite realizado para la notificación personal de la demanda inicial, ello no permite inferir que fuera diligente, al punto que no cumplió con los requisitos de ley, de allí que el despacho la requirió para que efectuara nuevamente esa gestión, por no haber cumplido con lo previsto en el artículo 291 del CGP, y por tanto «No puede llegarse – como lo hizo en forma errada el Tribunal - a la conclusión de que el actuar de la parte actora fue cuidadoso o exacto con miras

lograr la notificación de su contraparte». Considera que también se valoró con error el memorial radicado el «11 de julio», pues el promotor del proceso lo que hizo fue «reiterar su solicitud que consistía en la contabilización de términos para tener por notificada a la demandada, más no insistió en que se continuara con el trámite, como lo expuso el ad quem». Indica que el a quo requirió al demandante a efectos de que procediera con la notificación de la demanda inicial, pero esa parte insistió en surtir el trámite bajo el CGP, apartándose de lo previsto en el artículo 29 del CPTSS, situación que fue la que conllevó la demora en la referida notificación. Cita un aparte de la sentencia CSJ SL5159-2020 y reitera que el accionante no fue acucioso, toda vez que «realizó

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Radicación n.° 94973 los comunicados de los artículos 291 y 292 del C.G.P. de manera incorrecta e ignoró completamente la normativa especial en derecho laboral». Finalmente, alude a la decisión CSJ SL5476-2021 y razona que el trámite de notificación es una de las cargas procesales del demandante y no del juzgado, sin que sea posible descontar el tiempo en que el proceso «estuvo a Despacho», aunado a que solo puede estimarse que hubo mora judicial cuando existe un comportamiento omisivo de la autoridad judicial, lo cual no fue analizado en el asunto, en tanto no se estudiaron las cargas administrativas del juzgado ni las razones para proferir un auto cuatro meses después de

presentado un memorial.

VIII. LA RÉPLICA El demandante se opone en conjunto a la prosperidad de los dos primeros ataques y, con tal fin, aduce que efectuó las actuaciones tendientes a notificar el auto admisorio de la demanda oportunamente a la sociedad accionada, quien se rehusó a acudir al despacho; y que además de lo anterior, a la luz del artículo 118 del CGP no era dable contabilizar el tiempo en el cual el expediente estaba al despacho en espera de una decisión por parte del juzgado.

Añade que el fallador de segundo grado no indicó que el a quo actuó con culpa, simplemente estimó que no era dable contabilizar el término de forma continua, sin verificar las particularidades del caso y, que si bien, la vacancia judicial

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Radicación n.° 94973 no interrumpe la contabilización de los términos, ello no tiene relevancia en el sub lite.

IX. CONSIDERACIONES La censura en estos dos cargos cuestiona que el Tribunal no hubiera declarado probada la excepción de prescripción propuesta por la sociedad accionada, a pesar de que, en su criterio, se configuró, toda vez que la presentación de la demanda inaugural no interrumpió ese término, pues la notificación del auto admisorio se efectuó después del año que prevé el artículo 94 del CGP.

En dicho sentido, aduce, en lo fundamental, que la presentación de la demanda inicial, que se hizo el 18 de noviembre de 2016, solo interrumpía la prescripción si el auto admisorio se notificaba dentro del año siguiente a la data en que se profirió, lo cual, en su decir, no ocurrió, toda

vez que esa actuación, con la cual se le dio apertura al juicio, se notificó el día 24 de febrero de 2017 al promotor del proceso, proveído que solo se vino a poner en conocimiento de la accionada el 8 de junio de 2018 y, por lo mismo, se materializó la prescripción, si se tiene en cuenta que los derechos reclamados se hicieron exigibles desde el 19 de noviembre de 2013. Así las cosas, le corresponde a la Corte resolver si el Tribunal se equivocó al no declarar la excepción de prescripción de la acción judicial respecto a los derechos reclamados por la parte actora.

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Radicación n.° 94973 A fin de dar solución a los reproches de la censura, es de recordar que la prescripción se presenta por la inactividad del beneficiario, durante el lapso consagrado en la ley, del ejercicio de la acción, haciendo presumir el abandono del derecho; y se justifica por motivos de orden práctico, en tanto se pretende que las relaciones jurídicas no se mantengan inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas en el tiempo se solucionen, por esta razón se le limita el derecho de acción para que sea ejercido en un término razonable en aras de la seguridad jurídica. En efecto, la Corte tiene señalado que la prescripción, como modo de extinguir las obligaciones, es una excepción legítima al postulado de la irrenunciabilidad de derechos, en cuanto propende por la realización de otros valores como la aludida seguridad jurídica y el ejercicio responsable de los derechos. Así lo sostuvo en la decisión CSJ SL16798-2015,

rad. 43128, al puntualizar: Una interpretación armónica de la norma en cita y del art. 13 del C.S.T. permite afirmar que, si bien los derechos establecidos en las disposiciones laborales son mínimos y, por regla general, irrenunciables, también lo es que existen eventos excepcionales en los cuales se ofrece la posibilidad de que puedan ser objeto de dimisión, disposición o elección. Lo cual es enteramente entendible en la medida que, si bien es cierto, el legislador con sujeción a la Carta Política tiene un amplio margen para establecer los beneficios mínimos de los trabajadores, también lo es que, goza de libertad para establecer restricciones, excepciones y condicionamientos a los mismos, así como alternativas o niveles de protección de un determinado derecho, a fin de garantizar su racionalidad en las relaciones del trabajo. Es que solo a partir de este entendimiento del principio de irrenunciabilidad es que pueden concebirse instituciones como la prescripción y la transacción o la conciliación sobre derechos

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Radicación n.° 94973 inciertos y discutibles, las cuales de cara al principio protectorio y los fines y valores constitucionales resultan igualmente legítimas: la primera, para brindar seguridad jurídica y garantizar una prontitud en el ejercicio de los derechos laborales por parte de los trabadores y, la segunda, para evitar conflictos en las relaciones sociales y facilitar el saneamiento de las controversias en el marco de una justicia consensual. Por tanto, el legislador, a efectos de garantizar la estabilidad jurídica de los asociados y consolidar sus derechos, fija en cada especialidad un tiempo prudencial dentro del cual deben ser reclamados, so pena de verse

afectados por la prescripción. Así el artículo 488 del CST y el 151 del CPTSS, brindan a los trabajadores la oportunidad de impetrar las súplicas dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad y el 489 CST prevé que dicho lapso se puede interrumpir por una sola vez, con el simple reclamo escrito que el trabajador formule y el empleador reciba, para que, a partir de ese momento, se reinicie el conteo del trienio para poder reclamar en tiempo. Del mismo modo, el artículo 94 del CGP, aplicable a los procesos laborales en virtud de lo dispuesto por el artículo 145 del CPTSS, prevé la posibilidad que el término de tres años se entienda interrumpido desde la fecha de radicación de la demanda inicial, siempre que el auto admisorio de aquella «se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante». Una vez trascurrido ese tiempo, el efecto solo se producirá a partir de la notificación del proveído admisorio.

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Radicación n.° 94973 Ahora, esta Sala ha adoctrinado que la regla referente a que la presentación de la demanda inaugural interrumpe el término prescriptivo, siempre y cuando el auto admisorio se «notifique» al demandado dentro del año siguiente a la notificación al demandante del mismo; no aplica cuando dicha «notificación» no se efectúa oportunamente por situaciones imputables al juzgado o por actividad elusiva del demandado, como quiera que esas eventualidades no pueden redundar en perjuicio del promotor del litigio.

En la de