CSJ - SL1216-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1216-2023 Radicación n.° 88155 Acta 18 Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por las partes, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de marzo de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauró el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA en contra de JORGE ENRIQUE LÓPEZ TRIANA, quien a su vez presentó demanda de reconvención contra la entidad ya mencionada.

I. ANTECEDENTES El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia demandó al señor Jorge Enrique López Triana, con el fin de que se declare la incompatibilidad de la pensión

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Radicación n.° 88155 de invalidez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) a través de la Resolución 043771 del 29 de septiembre de 2008, con la pensión proporcional de jubilación, pensión sanción, otorgada por el empleador mediante Resolución 2319 del 6 de diciembre de 2016. En consecuencia, deprecó que el demandado fuera condenado a devolverle las mesadas pagadas a partir del 1 de febrero de 2017 junto con los retroactivos y las adicionales de junio y diciembre e incrementos legales; lo que resulte probado en aplicación de las facultades ultra y extra petita y en caso de oposición, las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, cuyo objeto quedó definido en el Decreto 1591 del 18 de julio de 1989, consistente en manejar las cuentas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones previstas en el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 21 de 1988, y la de organizar y administrar las prestaciones asistenciales a que tuvieran derecho los empleados y pensionados de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Indicó que López Triana laboró al servicio de Ferrocarriles Nacionales de Colombia del 7 de enero de 1980 al 13 de abril de 1992, esto es, «por 11 años, 10 meses y 4 días», hasta la supresión legal de su cargo con derecho a indemnización, al tenor del boletín de personal 0164 del 6 de

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Radicación n.° 88155 abril de 1992. Sostuvo que el convocado al proceso, el 30 de abril de 1999 le solicitó el reconocimiento y pago de una pensión sanción; petición a la que respondió mediante oficio DPE1886 del 1 de junio de la misma anualidad advirtiendo que ello sería mientras «el extrabajador cumpliera los sesenta años de edad». Puso de presente que el ISS por medio de la Resolución 043771 del 29 de septiembre de 2008 le había concedido al accionado pensión de invalidez teniendo en cuenta para su otorgamiento el tiempo laborado con la extinta Ferrocarriles

Nacionales de Colombia. Que, el 10 de enero de 2014 incoó el pago de la pensión sanción, que se le negó el 21 de julio de ese año por considerar que tal prestación era incompatible con la de invalidez que venía disfrutando. Señaló que el 2 de octubre de 2014 el señor López Triana presentó derecho de petición a través del que insistió en el reconocimiento de la pensión sanción, el cual se respondió negativamente el día 27 del mismo mes y año, reiterando la incompatibilidad de las pensiones; y que nuevamente reclamó mediante escrito del 22 de junio de 2015 reiterando los argumentos de incompatibilidad. Expuso que el demandado presentó en su contra acción de tutela para que se le concediera la pensión sanción de conformidad con la obligación adquirida a través del acto emitido el 1 de junio de 1999, motivo por el que al momento

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Radicación n.° 88155 de contestarla explicó que su negativa se sustentaba en el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 que prevé que «ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez», además porque con su proceder negativo no estaba vulnerando el derecho al mínimo vital, ya que el entonces accionante era pensionado por invalidez. Informó que en primera instancia el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, con sentencia del 30 de septiembre de 2015 negó la acción por improcedente, decisión que confirmó la Subsección A Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 27

de enero de 2016 y lo remitió para su eventual revisión a la Corte Constitucional. Que la corporación antes mencionada mediante providencia CC T-322-2016 concedió el amparo deprecado y le ordenó que en las 48 horas siguientes «asignar y pagar» la pensión sanción a favor de López Triana, hasta que un juez ordinario laboral se pronunciara de manera definitiva respecto de la compatibilidad de dicha prestación con la pensión de invalidez de origen común recibida, y le otorgó el término de cuatro meses «para formular la demanda laboral, ya que de lo contrario, esta decisión alcanzará el carácter definitivo». Al dar respuesta a la demanda, Jorge Enrique López Triana, aunque admitió todos los hechos, se opuso a las pretensiones; alegó que a pesar de que el ISS mediante Resolución 043771 de 2008 le concedió pensión de invalidez,

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Radicación n.° 88155 no tuvo en cuenta el tiempo laborado con Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por lo que tal afirmación debía ser probada en el trámite del proceso. En su defensa manifestó que laboró al servicio de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia desde el 17 de enero de 1980 hasta el 13 de abril de 1992, calenda esta última a partir de la cual fue desvinculado argumentando la supresión legal de su cargo. Adujo que mediante oficio DPE-1186 del 1 de junio de 1999 se le indicó que la pensión sanción le sería reconocida a partir de los 60 años por reunir los requisitos para ello,

empero, con posterioridad, se le adujo que esta era incompatible con la pensión de invalidez concedida por el ISS, vulnerándosele el principio de seguridad jurídica. Propuso como excepciones de mérito las que denominó falta de causa e inexistencia de la obligación; expiración del tiempo para que el demandante pudiera acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral; alcance definitivo de la sentencia de tutela «T-322 del 21 de junio de 2016»; prescripción; buena fe, y la genérica. De igual forma el demandado principal presentó demanda de reconvención en contra del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, pretendiendo se declare «la expiración o caducidad para presentar demanda laboral» por parte de convocada en reconvención, por haber superado el término concedido para ello por parte de la Corte

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Radicación n.° 88155 Constitucional en la decisión CC T-322-2016, la que ante tal omisión «alcanzó el carácter definitivo» y en esa medida, adujo, le asiste el derecho a la pensión sanción de que trata el artículo 8 de la Ley 171 de 1961 que es compatible con la de invalidez que percibe por parte del ISS. Por lo expuesto solicitó que la accionada en reconvención fuera condenada al pago de la pensión sanción a partir del 10 de noviembre de 2013, fecha en que cumplió los 60 años de edad, incluyendo las mesadas de junio y diciembre de cada anualidad, teniendo en cuenta para el efecto el último salario promedio mensual que correspondió

a $211.352, el cual debía actualizarse aplicando la variación del IPC; los aumentos legales; la indexación de las mesadas; los intereses de mora a que se refiere el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; las costas del proceso y lo que resulte probado en uso de las facultades ultra y extra petita. Como fundamento de sus pretensiones afirmó haber prestado servicios a Ferrocarriles Nacionales de Colombia del 7 de enero de 1980 al 14 de abril de 1992, desempeñando las funciones de chofer división central, siendo desvinculado en razón a la supresión de su cargo y percibiendo como último salario la suma arriba precisada, que se tomó para liquidar sus prestaciones sociales. Indicó haber nacido el 10 de noviembre de 1953, de manera que arribó a los 60 años el mismo día y mes del año 2013.

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Radicación n.° 88155 Precisó haber radicado solicitud de reconocimiento de la pensión sanción, el 30 de abril de 1999 por haber laborado al servicio de Ferrocarriles Nacionales de Colombia más de 10 y menos de 15 años, y haber sido desvinculado sin justa causa; súplica a la que mediante oficio DPE-1886 del 1 de junio de 1999 se accedió anunciándosele que se reconocería la prestación implorada una vez arribara a la edad de 60 años. Explicó que posteriormente, como consecuencia de una enfermedad de origen común, alcanzó un grado de invalidez superior al 50% y por ello el ISS a través de la Resolución 043771 de 2008 se la reconoció; que para otorgarle dicha

prestación solo se tuvo en cuenta las cotizaciones efectuadas entre el 6 de noviembre de 1992 y el 30 de noviembre de 2008, como trabajador independiente. Que el 10 de enero de 2014, una vez cumplidos los 60 años, radicó solicitud ante la demandada en reconvención a fin de obtener el pago de la pensión sanción, que se le negó, con el argumento de que venía disfrutando de la pensión reconocida por el ISS, y esta era incompatible con la acreencia deprecada. Afirmó que el 2 de octubre de 2014 presentó un nuevo derecho de petición insistiendo en el reconocimiento de la pensión sanción, pero el 27 del mismo mes y año, se le respondió de manera desfavorable reiterando la incompatibilidad de las pensiones, lo que condujo a la interposición de una acción de tutela que, si bien le fue

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Radicación n.° 88155 negada en las instancias, al ser revisada por la Corte Constitucional, se le concedió, a través de la sentencia CC T322-2016. Acotó que en la providencia referida se le concedió a la accionada, el término de cuatro meses para que presentara la demanda que le permitiera al juez ordinario laboral proferir una sentencia con carácter definitivo, en la que se definiera sobre la compatibilidad de la pensión sanción y la de invalidez «ya que de lo contrario, esta decisión alcanzará el carácter definitivo». Relató que la sentencia de tutela le fue notificada a la convocada en reconvención, sin precisar la fecha; que el 13 de septiembre de 2016 el juzgado de primera instancia

profirió auto de obedézcase y cúmplase y que ante el incumplimiento de lo ordenado se vio obligado a presentar un incidente de desacato, al que se accedió. Que mediante Resolución 2319 del 6 de diciembre de 2016 se le concedió «una pensión sanción por orden judicial», teniendo en cuenta para el efecto como salario promedio la suma de $206.099 mensuales, cuando en verdad aquel correspondía a $211.352; que fue incluido en nómina de pensionados a partir del 1 de diciembre de 2016, sin hacer alusión a las mesadas causadas desde el 10 de noviembre de 2013, cuando cumplió 60 años de edad, ni aquellas adicionales de los meses de junio y diciembre de cada anualidad.

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Radicación n.° 88155 Destacó que el mencionado acto administrativo fue modificado a través de la Resolución 0457 del 24 de marzo de 2017, sin precisar en qué sentido; y, que aun cuando presentó dos derechos de petición, el 9 de septiembre y 8 de noviembre de 2016, a la calenda en que interpuso la demanda de reconvención, no habían sido contestados. Al dar respuesta a la demanda de reconvención, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia se opuso a sus pretensiones y frente a los hechos los admitió, a excepción de aquellos relativos a: i) que la terminación del contrato de trabajo que existió fue injusta, pues insistió en que lo fue por supresión legal del cargo con derecho a indemnización; ii) el monto al que ascendió el último salario percibido; y iii) que la decisión proferida por la

Corte Constitucional le fue notificada, pues adujo que tal acto se dio por conducta concluyente. En su defensa señaló que el sistema de pensiones tenía como finalidad cubrir las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, de manera que una vez cumplidos los requisitos previstos en la ley para una de ellas, desaparecía el riesgo para el que se estaba aportando; unido a que en los términos del literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 «ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez», lo que ha sido reiterado por la Corte Suprema de Justicia, sin indicar en qué providencia. Aludió a los artículos 38 de la Ley 100 de 1993 y 1 de la Ley 860 de 2003 y manifestó que en la medida en que el

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Radicación n.° 88155 actor satisfizo sus exigencias, se le concedió pensión de invalidez a partir del 25 de enero de 2008 y, si bien mediante sentencia CC T-322-2016, del 21 de junio de 2016, se le ordenó pagar la pensión sanción, el carácter definitivo de tal determinación se supeditó a la interposición de la correspondiente acción ante la justicia ordinaria laboral; aclarando que por así ordenarlo la Resolución 2319 de 2016, pagó las mesadas a partir del 1 de diciembre de ese año. Acotó que «de acuerdo con la información suministrada por la entidad» esta fue notificada por conducta concluyente

el 24 de noviembre de 2016, y en la medida que la demanda principal fue interpuesta el «22 de marzo», se encontraba dentro del término concedido por la Corte Constitucional para que fuera la jurisdicción laboral la que definiera el asunto. Propuso como excepciones de mérito las que denominó cobro de lo no debido; legalidad de los actos administrativos expedidos en la actuación administrativa; incompatibilidad de la pensión de invalidez y la pensión sanción; prescripción; inconstitucionalidad y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 14 de agosto de 2018 resolvió: PRIMERO: DECLARAR la compatibilidad entre la pensión de invalidez reconocida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

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Radicación n.° 88155 a través de resolución No. 043771 del 29 de septiembre de 2008 con la pensión proporcional de jubilación pensión sanción reconocida por el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA mediante resolución No. 2319 de 06 de diciembre de 2016.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada en reconvención, FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA. A que reconozca, y pague la PENSIÓN RESTRINGIDA DE JUBILACIÓN, por despido sin justa causa, por más de 10 años de servicios, a partir del 10 de noviembre de

2013, a favor del señor JORGE ENRIQUE LÓPEZ TRIANA, en cuantía inicial de $805.506,43, establecida con base en el ingreso base de liquidación actualizada, la accionada deberá realizar los reajustes legales.

TERCERO: ORDENAR el pago del retroactivo de las mesadas pensionales causadas a partir del 10 de noviembre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2016 ($39.502.523,74)., y a partir del 01 de diciembre de 2016, las diferencias pensionales entre el valor de la pensión reconocida mediante resolución No. 2319 de 06 de diciembre de 2016 y el aquí ordenado. Sumas debidamente indexadas conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE.

CUARTO: ABSOLVER al señor JORGE ENRIQUE LÓPEZ TRIANA de las pretensiones incoadas por el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, conforme a lo considerado.

QUINTO: CONDENAR en costas al FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA. Tásense por secretaría incluyendo como agencias en derecho el equivalente a Cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

SEXTO: De ser apelada o no esta providencia, remítase al Tribunal Superior de Bogotá, Sala laboral, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar los recursos de apelación interpuestos por las partes, así como el grado jurisdiccional

de consulta en favor de la demandada en reconvención, a

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Radicación n.° 88155 través de proveído del 12 de marzo de 2019 dispuso: PRIMERO: REVOCAR en su totalidad el numeral PRIMERO y parcialmente el numeral SEGUNDO de la sentencia del 14 de agosto de 2014 (sic), para en su lugar, DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL, en lo que tiene que ver con el derecho a la pensión restringida de jubilación y a la compatibilidad de esta con la pensión de invalidez reconocida al actor en su momento por el ISS hoy COLPENSIONES, de conformidad con los argumentos expuestos en la providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR Y ADICIONAR el numeral SEGUNDO de la sentencia de primer grado, en el sentido que el valor de la mesada pensional a partir del 10 de noviembre de 2013 corresponde a la suma de $589.500 (SMLMV) y en cuanto a que se DECLARA PARCIALMENTE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 11 de enero de 2014, por ende el pago de las mismas será desde el 12 de enero de 2014, de conformidad con los argumentos expuestos en providencia.

TERCERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral TERCERO del fallo apelado y consultado, para en su lugar CONDENAR a la demandada en reconvención al pago de $25.692.481,33 por el retroactivo causado de mesadas pensionales del 12 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2016, precisándose que este se

seguirá causando en suma igual al SMLMV, sin perjuicio de las acciones de recobro que efectúe el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, frente a las diferencias pagadas de más al señor JORGE ENRIQUE LÓPEZ TRIANA, por las mesadas causadas a partir del 01 de diciembre de 2016, de conformidad con los argumentos expuestos en providencia.

CUARTO: COMPULSAR (sic) copias tanto a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN como a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para que investigue las posibles conductas constitutivas de eventuales faltas disciplinarias en que pudieron haber incurrido los funcionarios del FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA encargados de interponer la demanda laboral en los términos ordenados por la Corte Constitucional en la sentencia T-322 de 2016, así como un presunto detrimento patrimonial a las arcas de dicha entidad.

QUINTO: CONFIRMAR en todo lo demás la aludida sentencia.

SEXTO: Sin costas en esta instancia ante su no causación.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado

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Radicación n.° 88155 consideró como fundamento de su decisión, que, fue el mismo juez constitucional quien impuso el alcance de su decisión, de modo que a la Sala le correspondía determinar si en efecto se había dado cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de tutela. Con el fin expuesto adujo que la decisión que reconoció el derecho pensional se emitió el 21 de junio de 2016 como

daba cuenta el folio 435 y que, si bien no reposaba la comunicación a través de la cual se le dio a conocer esta decisión al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, lo cierto era que el 13 de septiembre de 2016 el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá Sección Primera, había proferido el auto de obedézcase y cúmplase frente a lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia de CC T-322-2016, requiriendo a la accionada para que informara sobre el cumplimiento de tal orden judicial (folio 459), auto que se había notificado por anotación en el estado del día 14 de septiembre de 2016. Que, así las cosas, resultaba evidente que, al menos desde la fecha antes mencionada, la entidad tenía conocimiento de la orden constitucional dada, por lo que era a partir de dicha calenda que debían contabilizarse los cuatro meses concedidos para iniciar el proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral, término que se había vencido el 14 de enero de 2017. Y que como la demanda inaugural principal se interpuso hasta el 22 de marzo de 2017 como se apreciaba a

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Radicación n.° 88155 folio 366, esto es, fuera del término otorgado por la Corte Constitucional, la decisión proferida el 21 de junio de 2016 «alcanzó o adquirió el carácter de definitivo, tal como se dispuso en el numeral segundo de la sentencia T-322-2016» (folio 435). Precisó que en consecuencia, la decisión del juez

constitucional constituyó cosa juzgada material, ficción legal amparada en los artículos 32 de la Ley 712 de 2001, 17 del CC y 303 del CGP, según los cuales, las partes que se sometieran a una decisión judicial están obligadas a respetar su pronunciamiento, máxime cuando, como lo ha adoctrinado la Corte Suprema de Justicia «el plano constitucional y legal no son dos dimensiones ubicadas en espacios paralelos, ambos interactúan en un mismo universo jurídico y por lo tanto no puede aseverarse que las resoluciones inmutables y definitivas derivadas de fallos de tutela puedan ser revividas por el juez ordinario» (CSJ SL15882-2017). Por lo anterior, dijo, se abstendría de pronunciarse sobre la viabilidad de la pensión restringida de jubilación, como también del tema relacionado con la compatibilidad de esta y de la invalidez devengada por el actor desde el año 2008; en tanto aquellos temas habían sido previamente definidos por el juez constitucional, quien, como lo advirtió, tenían el carácter de definitivos, al no haberse incoado oportunamente la demanda ordinaria laboral. En respaldo de su postura se remitió a la decisión CSJ

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Radicación n.° 88155 SL, 3 ag. 2010, rad. 37442 y declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada constitucional frente a tales aspectos y de contera procedió a revocar lo considerado por el a quo sobre el particular. Luego se ocupó, en virtud del grado jurisdiccional de

consulta, de revisar las condenas impuestas a la entidad demandada en reconvención, respecto de las precisiones que no habían sido objeto de decisión por parte de la Corte Constitucional; esto es, los aspectos relacionados con la fecha a partir de la cual se debía reconocer la pensión sanción y el valor de la mesada, última materia de la que destacó fue el punto de apelación del demandante en reconvención. En cuanto al valor de la primera mesada pensional se remitió al artículo 8 de la Ley 171 de 1961 y puso de presente que, si bien en la sentencia de primer grado se había fijado como valor de aquella la suma de $805.506,43, y aducir que se había tomado una tasa de reemplazo proporcional al tiempo laborado; en realidad el juez unipersonal no había explicado en detalle, cuál fue el ingreso base liquidación que tuvo en cuenta ni la tasa de reemplazo que, de manera proporcional al tiempo laborado, aplicó. Así, adujo que debía tenerse en consideración que para la determinación de los conceptos salariales debía acudirse a lo reglado por la Ley 62 de 1985, por ello, en el caso del actor, según los certificados que reposan a folio 117, correspondía únicamente a la asignación salarial y el monto de $76.424

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Radicación n.° 88155 por concepto de prima de antigüedad, de la que, de acuerdo con la sentencia CSJ SL17066-2014, debía tenerse en cuenta solo una sesentava parte, «en la medida en que corresponde un quinquenio», concepto que al sumarse el promedio

mensual de las horas extras y dominicales y festivos, sin tener en cuenta los demás emolumentos recibidos, por no estar expresamente consagrados en la aludida disposición, arrojaba como salario promedio devengado en el último año de servicios, indexado, la suma de $825.637,98. Añadió que la tasa de remplazo por los 4417 días laborados correspondía a 46,01%, más no del 75 % como lo pretendía el recurrente en reconvención, en tanto el actor solo trabajó al servicio de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia durante «12 años». En consecuencia, dijo, el valor de la primera mesada pensional indexada, al año 2013, cuando el colaborador cumplió la edad de 60 años, correspondía a $385.469,73, suma inferior al salario mínimo legal mensual vigente por lo que debía ajustarse a este valor, que para esa anualidad ascendía a $589.500, condena que resultaba inferior a la que calculó el juez de primer grado. En esa medida modificó la sentencia del juzgado, por cuanto este puntual aspecto se conocía en el grado jurisdiccional de consulta en favor del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, máxime cuando el señor Jorge Enrique López Triana no discutió lo relacionado con la constitución del ingreso base de liquidación, pues solo

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Radicación n.° 88155 apeló lo relativo a la tasa de reemplazo, procurando el 75% del mismo. De igual forma se ocupó de analizar la excepción de prescripción, para lo que advirtió que como la exigibilidad de la pensión restringida de jubilación databa del 10 de

noviembre de 2013, fecha en la que el demandado principal cumplió los 60 años de edad (folio 81), y toda vez que la primera reclamación para obtener el reconocimiento del derecho se había presentado el 10 de enero de 2014 (folio 109), la prescripción estaba suspendida desde esta última data hasta el 21 de julio de ese año (folio 136), calenda en la que se resolvió de manera negativa la reclamación. Por ello predicó que las mesadas causadas entre el 10 de noviembre de 2013 y el 10 de enero de 2014, habían prescrito. Precisó que antes de interponer acción de tutela, el actor había presentado dos nuevas reclamaciones directamente ante el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales; una, el 2 de octubre de 2014 y, la restante, el 9 de junio de 2015, a las que se les había dado respuesta desfavorable el 27 de octubre de 2014 y el 22 de junio de 2015, respectivamente. De allí que, como la demanda de reconvención se presentó el 12 de marzo de 2018 (folio 387), es decir, dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que se dio respuesta a la tercera reclamación efectuada por el actor, debía declararse probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 11 de enero del año

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Radicación n.° 88155 2014, modificándose en este punto el fallo apelado y consultado. Efectuadas las operaciones aritméticas correspondientes sostuvo que por las mesadas del 12 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2016 fecha anterior a

la del reconocimiento de la pensión sanción por parte de la demandada en reconvención (folio 318), al demandante le hubiera correspondido la suma de $25.692.481,33 a título de retroactivo y a razón de 14 mesadas al año, pues el derecho se había causado antes de entrar en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005. Pero, aclaró, que no existían diferencias a favor de aquel, toda vez que la pensión determinada por dicha corporación resultaba inferior a la que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia le reconoció a partir del 1 de diciembre de 2016, «sin perjuicio de las acciones de recobro que efectúe dicha entidad respecto de las diferencias existentes frente a la mesada calculada en monto superior al salario mínimo legal mensual vigente en la Resolución 2319 del 6 de diciembre de 2016». En lo que hace a la indexación del retroactivo adeudado, afirmó que era procedente en tanto que con ella se perseguía la actualización de la obligación que había perdido el valor adquisitivo entre la fecha en que debía haberse cancelado y aquella en que efectivamente se pague. Finalmente enfatizó en que, aunque no compartía los

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Radicación n.° 88155 planteamientos jurídicos del juez tutela en el asunto, esa Sala respetaba el instituto de la cosa juzgada constitucional, por lo que ordenó expedir copias tanto a la Procuraduría General de la Nación como a la Contraloría General de la República, para que se investigaran las posibles conductas en que pudieron haber incurrido los funcionarios del Fondo

Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia encargados de interponer la demanda laboral en el término ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia CC T322-2016, sin que así lo hicieran, generando un presunto detrimento patrimonial a las arcas del fondo.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Fueron interpuestos por las partes, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte. La Sala, por razón de método, procede a resolver en primer lugar el del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para luego acometer el estudio del propuesto por Jorge

Enrique López Triana.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DE LA PARTE

DEMANDANTE PRINCIPAL FONDO DE PASIVO

SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA Pretende la entidad recurrente que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado absolviéndola de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra.

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Radicación n.° 88155 Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica por parte de Jorge Enrique López Triana, los cuales se resolverán de manera conjunta pues, a pesar de que se dirigen por sendas distintas, denuncian similar elenco normativo y persiguen el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida del artículo 8 de la Ley 171 de 1961, en

relación con el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y «normas concordantes». Para demostrar el cargo sostiene que el juzgador de la alzada aplicó indebidamente el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, pues, desde un punto de vista estrictamente jurídico, aplicó una norma que «no corresponde o no conviene al caso», dado que la pensión de invalidez que le reconoció el extinto ISS al señor Jorge Enrique López Triana, es de origen común y no de origen laboral. Aduce que el citado artículo 8 de la Ley 171 de 1961 prevé varios escenarios y exige como requisito para el reconocimiento de la pensión sanción los que a continuación se exponen: a) el trabajador haya sido despedido sin justa causa luego de haber trabajado por 10 año