CSJ - SL1218-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1218-2023 Radicación n.° 91911 Acta 18 Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por WILMER ALBERTO RUIZ CHARRIS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 12 de marzo de 2021, en el proceso ordinario laboral que el recurrente instauró en contra de COLOMBIAN SHARED SERVICES SAS y

MINERÍA TEXAS COLOMBIA S. A. EN LIQUIDACIÓN.

I. ANTECEDENTES Wilmer Alberto Ruiz Charris demandó a Colombian Shared Services SAS y a Minería Texas Colombia S. A. en Liquidación, con el fin de que se declare la existencia de dos contratos de trabajo, uno a término fijo, ocurrido entre el 7 de mayo de 2015 y el 5 de mayo de 2016; y otro, a término

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Radicación n.° 91911 indefinido, desde el 6 de mayo de 2016 hasta el 10 de junio de 2019; que el despido fue ilegal porque no se surtió el debido proceso disciplinario, de acuerdo con el reglamento interno de trabajo; y que las accionadas son responsables por los perjuicios morales, materiales (lucro cesante y daño emergente) causados como consecuencia de dicha decisión. En consecuencia, deprecó condenarlas al pago de los siguientes conceptos: i) diferencia salarial correspondiente al

periodo comprendido del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016 y del 1 de julio de 2018 al 10 de junio de 2019, ii) cesantías, iii) intereses de cesantías, iv) sanción por incumplimiento en el pago de esos intereses, v) prima de servicios, vi) vacaciones, vii) sanción moratoria, viii) lucro cesante y daños morales, ix) cotizaciones en el Sistema de Seguridad Social Integral, x) aplicación de principios ultra y extra petita, y xi) costas procesales. Para fundamentar sus peticiones, indicó que fue contratado por la empresa Minería Texas Colombia S. A. mediante contrato a término fijo, por tres meses, el 7 de mayo de 2015, para desempeñar el cargo de auxiliar HSE con un salario equivalente a $1.284.000; que este convenio se modificó a través de un otrosí el 1 de octubre de 2015, en el que se aumentó el salario a la suma de $2.480.000, así se varió el cargo pasando a tecnólogo SISO; que en el lapso comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, no recibió el reajuste salarial pactado en el otrosí, el cual tampoco se reflejó en la liquidación de prestaciones sociales.

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Radicación n.° 91911 Exteriorizó que el 6 de mayo de 2016 se modificó nuevamente la relación laboral mediante la suscripción de un contrato de trabajo a término indefinido, cuyo contenido

también se cambió el 1 de octubre de 2016, con la firma de un nuevo otrosí, en el que se fijó como salario la suma de $2.544.000. Agregó que el horario fue «por turnos de doce horas desde las 5 a.m. a las 12 meridiano, y desde la 1 p.m. hasta las 7 p.m. además», que debía estar disponible las 24 horas; y que después del mes de julio de 2018 y hasta el 10 de junio de 2019, asumió funciones de coordinador SIMS, sin percibir el salario correspondiente a dicho cargo, cuyo monto debió ser de $6.062.000. Adujo que su empleadora inicial (Minería Texas Colombia S. A.) se liquidó y Colombian Shared Services SAS asumió las obligaciones laborales, hecho que le fue notificado el 28 de junio de 2018; que esta última le terminó de manera unilateral sin justa causa el contrato de trabajo el 10 de junio de 2019; que no se le comunicó el motivo del despido ni se adelantó el proceso disciplinario previsto en el reglamento interno de trabajo; que la liquidación de prestaciones y la indemnización por despido sin justa causa no le fueron canceladas correctamente; y que las cotizaciones a la seguridad social de los periodos comprendidos entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, y julio de 2018 al 10 de junio de 2019 se realizaron con un IBC menor al que correspondía. Narró que durante algunos periodos no le sufragaron en debida forma las cesantías, los intereses de estas, la prima de servicios, las vacaciones, ni los salarios de los meses de

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Radicación n.° 91911 octubre, noviembre, diciembre de 2015, enero a septiembre de 2016, julio a diciembre de 2018 ni enero a junio de 2019. Señaló que en la liquidación del contrato de trabajo las prestaciones sociales se calcularon con base en un salario menor. Finalmente, expresó que en el momento en que fue despedido fue registrado por un scanner para detectar «metales» sin que mediara su autorización; que denunció que dicho procedimiento lo sometió a escarnio público «porque fue tildado de ladrón»; y que la situación llegó a conocimiento de otras empresas del sector minero, motivo por el cual se le dificultó acceder a un nuevo empleo, por lo que vio vulneradas sus condiciones económicas y las de su familia. Al dar respuesta a la demanda, Colombian Shared Services SAS se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la existencia de los contratos de trabajo, el salario inicialmente pactado, sus extremos temporales y el despido sin justa causa. Sobre los demás supuestos fácticos indicó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa manifestó que no había lugar al reconocimiento y pago de la nivelación salarial solicitada, por cuanto en el caso del actor no se realizó ningún cambio o modificación de cargo ni de funciones, y además, porque después de la configuración de la sustitución patronal, aquel no efectuó reclamación alguna sobre el particular.

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Radicación n.° 91911 Al efecto, propuso las excepciones de mérito tituladas

inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, falta de título y causa, improcedencia de reconocer perjuicios al demandante, buena fe, mala fe del demandante, pago, compensación, enriquecimiento sin justa causa, prescripción y la genérica. Por su parte, Minería Texas Colombia S. A. en Liquidación se opuso a todas las pretensiones; y en cuanto a los hechos indicó que admitía la existencia del vínculo laboral, el salario pactado y el extremo inicial de la relación laboral. Precisó que el contrato de trabajo fue sustituido a la Colombian Shared Services SAS a partir del 1 de julio de

2018. Sobre los demás manifestó que no eran ciertos o no le constaban.

A favor de sus intereses, señaló que al interior de la empresa no se reportó cambio de cargo o de asignación salarial del actor; y que en ningún momento se diligenció el formato de novedades internas. En su defensa formuló las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, falta de título y causa, improcedencia de reconocer perjuicios al demandante, buena fe, mala fe del demandante, pago, compensación, enriquecimiento sin justa causa, prescripción y la genérica.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiquinquirá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 18 de diciembre de 2020, resolvió (CD:

1:43’). PRIMERO. Declarar que entre Wilmer Alberto Ruiz Charris y las

sociedades Minería Texas Colombia SA en Liquidación y Colombian Shared Services SAS existió un contrato de trabajo que, en vista de la sustitución patronal de las demandadas, perduró desde el 7 de mayo de 2015 hasta el 10 de junio de 2019. SEGUNDO. Declarar que existe solidaridad entre las sociedades Minería Texas en Liquidación y Colombian Shared Services SAS, por concepto de las prestaciones y emolumentos ordenados en la providencia causados hasta el 1 de julio de 2018. TERCERO. Condenar de manera solidaria a las sociedades Minería Texas Colombia SA en Liquidación y Colombian Shared Services SAS, a pagar al demandante la suma de $39.256.428 por concepto de acreencias laborales detalladas en la parte motiva de esta providencia. Se aclara que la solidaridad decretada opera en los términos del numeral segundo de este proveído. CUARTO. Condenar a la sociedad Colombian Shared Services SAS a pagar al demandante la suma de $8.773.671 por concepto de reliquidación de la indemnización por despido injusto, detallada en la parte motiva de esta providencia. QUINTO. Condenar a la Sociedad Colombian Shared Services SAS a pagar al actor la suma de $202.067 diarios por concepto de sanción moratoria causada por cada día que transcurra (un día de salario por cada día de retardo) a partir del 11 de junio de 2019 y hasta el 10 de junio de 2021. A partir del 11 de junio de 2021, el empleador deberá pagar al demandante intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, certificados por la Superintendencia Bancaria, hasta cuando se

verifique el pago de las prestaciones sociales reconocidas en esta providencia. SEXTO. Condenar solidariamente a Minería Texas Colombia en Liquidación y Colombian Shared Services SAS, a pagar las diferencias en los aportes que por pensiones les corresponda para el período transcurrido entre el 1de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, con salarios base de cotización

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Radicación n.° 91911 equivalentes a $2.480.000 para el año 2015 y $2.544.000 para el año 2016 al fondo de pensiones que indique el demandante o, en su defecto, a Colpensiones, teniendo en cuenta el cálculo actuarial que tal entidad certifique. SÉPTIMO. Condenar a Colombian Shared Services SAS a pagar las diferencias en los aportes que por pensiones le corresponda para el período transcurrido entre el 23 de julio de 2018 y el 10 de junio de 2019, con salarios base de cotización equivalentes a $5.718.000 para el año 2018, y $6.062.000 pesos para el año 2019 al fondo de pensiones que indique el demandante o en su defecto a Colpensiones teniendo en cuenta el cálculo actuarial que tal entidad certifique. OCTAVO. Declarar parcialmente probadas las excepciones de prescripción y pago formuladas por el apoderado de los entes demandados en los términos reseñados en la parte motiva de esta providencia. NOVENO. Negar las restantes pretensiones de la demanda. DÉCIMO. Condenar en costas y agencias en derecho a Minería Texas Colombia en Liquidación y Colombian Shared Services SAS

y a favor del demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente a la firmeza de esta providencia. Por Secretaría efectúese la liquidación pertinente.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, mediante fallo del 12 de marzo de 2021, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las demandadas, quienes están representadas por el mismo apoderado, revocó la condena al pago de la indemnización moratoria, confirmó en lo demás la sentencia del Juzgado y se abstuvo de imponer condena en costas en la instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal enmarcó el problema jurídico en determinar si el señor Ruiz Charris tenía derecho a la nivelación salarial y a la

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Radicación n.° 91911 reliquidación de prestaciones sociales «por el lapso comprendido entre el 23 de julio de 2018 al 10 de junio de 2019», tiempo durante el que ejerció como coordinador SIMS; y si era procedente condenar al pago de la indemnización moratoria. Precisó que no eran motivos de discusión la relación laboral y su vigencia, ni tampoco que el demandante fue despedido sin justa causa. En relación con la nivelación salarial y la reliquidación de prestaciones en el periodo descrito, el sentenciador se ocupó de verificar la continuidad en el desempeño del cargo de coordinador SIMS, luego de expirado el periodo de prueba, es decir, desde el 23 de julio de 2018 hasta el 10 de junio de

2019. Para dirimir este aspecto analizó la prueba documental (f.° 125 anexo 9 digital), el interrogatorio de parte absuelto por el actor y los testimonios de Maicol Alfonso Tumay, John Fredy Daza Viasus, Yohan Manuel Barrera Acevedo, César Jonathan González Rodríguez, medios de convicción de los que concluyó que el demandante prestó el servicio como coordinador SIMS, luego de finalizar el periodo de prueba y hasta su retiro, hecho que ocurrió el 10 de junio de 2019, aunque nunca se le ratificó en el cargo. Acto seguido, señaló lo siguiente: […] sin que la parte demandada probara lo contrario, menos que

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Radicación n.° 91911 no cumplió con las expectativas y necesidades propias del cargo, para ser ascendido, como lo señaló en la contestación de la demanda; tampoco demostró que no cumpliera los parámetros previstos para evaluar su desempeño laboral descritos en la notificación del encargo de fecha 22 de marzo de 2018, o que no superara la prueba de conocimientos; que no fuera apto para el cargo, que incumpliera los protocolos del seguridad o incurriera en faltas disciplinarias; aunque en el aludido documento aparece manuscrito indicando que no fue autorizado por la dirección de la mina; pero, no tiene la firma de quien hizo la anotación o del director de la mina y/o Vicepresidente de la Corporación, quienes eran los encargados de autorizar el cambio de cargo, como lo establece el procedimiento de novedades internas que aparece en el anexo 15 folio 9 digital.

El Tribunal aludió a las funciones de los cargos «Supervisor SISO y Coordinador SISO (sic)», respecto de las cuales dijo que, contrario a lo afirmado por el apoderado de las demandadas, eran disimiles para lo que enumeró las diferencias. Luego de revisar los dichos de los testigos afirmó que estaba probado el desempeño del demandante como coordinador, después del período de prueba, en el que ejerció labores diferentes a las que correspondían al cargo de supervisor que cumplió antes del encargo. Por tanto, dijo, el actor sí tenía derecho al pago del salario correspondiente al cargo en el que efectivamente laboró y a la reliquidación de las prestaciones sociales derivadas de ese vínculo, de manera que confirmaba la decisión del Juzgado en este aspecto. Ahora, en lo relativo a la indemnización moratoria, el juez plural determinó como norma aplicable el artículo 65 del CST, precisando que no operaba de manera automática ni inexorable, por lo que era necesario examinar las razones que llevaron al empleador a no pagar, a la terminación del

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Radicación n.° 91911 contrato, los salarios y prestaciones debidas al trabajador, en aras de establecer si el incumplimiento fue o no justificado y si mediaba la buena fe necesaria para que la empresa fuese exonerada de esta indemnización (CSJ SL194-2019 y CSJ SL309-2020) Al descender al estudio del caso, recordó que eran hechos aceptados, el vínculo laboral y su vigencia, tal y como se indicada en la demanda inaugural. Así mismo señaló que

estaba probado que el trabajador desempeñó los cargos de auxiliar HSE (f.º 21-32 archivo digital 3) tecnólogo SISO (f.º 33) y supervisor SISO (anexo 15 expediente digital f.º 15); y que mediante varios otrosíes se había reajustado el salario dependiendo de los nuevos cargos (f.º anexos digitales 3 y 15 folios 24-32 y la certificación aportada por la demandada f.º 29 del anexo 15 del expediente digital). También indicó que los empleadores reconocieron al actor las prestaciones sociales con base en lo pactado en cada uno de los contratos y en los otrosíes (f.º 259 anexo 9 digital); lo afiliaron al fondo de cesantías (f.º 245, 260 y 261); realizaron las respectivas consignaciones y pago de aportes a pensiones y salud (f.º 247, 262-275); y que a la terminación del contrato le liquidaron las prestaciones sociales y la indemnización por despido sin justa causa (f.º 242). Agregó que el demandante no desconocía esos pagos, dado que lo que reclamaba era la nivelación salarial y la reliquidación de las prestaciones de los períodos durante los

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Radicación n.° 91911 cuales fungió como coordinador SIMS, con base en el salario que correspondía al cargo.

Acto seguido afirmó: Lo que indica que las demandadas, pagaron conforme a los contratos, sus adicciones y según las novedades de personal reportadas; además, la empleadora sustituta el 16 de mayo de 2018 les notificó a los trabajadores la sustitución patronal a

partir del primero de julio de 2018 resaltando que los contratos de trabajo no sufrirán ninguna modificación ni desmejora. A partir de la fecha señalada, sus obligaciones y beneficios como trabajador se mantienen así como las responsabilidades del nuevo empleador Colombian Shared Services SAS” (fl. 229), y le continuó pagando al demandante según el contrato vigente como Supervisor Sims (sic); pues, al momento de la sustitución patronal el demandante estaba en período de prueba como Coordinador Sims, sin derecho a sobresueldos, bonificaciones, auxilios adicionales, tampoco a una nivelación salarial, como “quiera que dicho derecho solo se ostentará en caso de ser ratificado en el cargo“ así consta en escrito del 22 de marzo de 2018 (negrillas y cursivas del texto original). Argumentó que Ruíz Charris no había sido confirmado como coordinador, por el director de la mina; que tampoco se reportó la novedad de cargo y salario al interior de Minería Texas Colombia S. A. y, que aquel permaneció desempeñando esa función alrededor de un año «sin presentar reparo alguno para que lo confirmaran en el cargo y le nivelaran el salario», pues solo con la sentencia de primera instancia se había declarado el reajuste salarial y prestacional. Por tanto, no era posible predicar que la conducta del empleador tuviera ánimo defraudatorio de los intereses del trabajador, pues «mediaron razones serias que explican por qué no reconoció los incrementos reclamados»; por lo que

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Radicación n.° 91911 descartaba la mala fe, pues de la forma como se desenvolvió

la relación laboral, «es patente que ambas partes actuaron con el convencimiento de que el demandante no superó positivamente la etapa de prueba, ello explica por qué nunca reclamó su ratificación en el cargo con los reajustes correspondientes, lo cual hizo hasta la terminación de su contrato», tal como lo había aceptado en el interrogatorio de parte, sin dar explicación clara acerca de su silencio, diferente a que, estaba satisfecho en el cargo. En consecuencia, revocaba la decisión del Juzgado en cuanto a la indemnización moratoria.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que se case parcialmente la sentencia recurrida «en cuanto revocó el numeral quinto», de la decisión del Juzgado, que corresponde a la indemnización moratoria, para que, en sede de instancia, esta corporación la confirme totalmente Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, frente a los cuales se presenta réplica por parte de las demandadas. La acusación se resolverá de

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Radicación n.° 91911 manera conjunta por cuanto se presentan desaciertos técnicos que comprometen su prosperidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusa por «vía directa» la «interpretación errónea» del artículo 65 del CST, subrogado por el 29 de la Ley 789 de 2002, en relación con los artículos 13, 25, 29, 53, 93, 228,

229 y 230 de la Constitución Política. Manifiesta que los efectos del cargo se circunscriben a la «hermenéutica» dada a las preceptivas denunciadas; y que no entiende cómo el Tribunal no tiene unidad de criterio, pues en un caso similar, adelantado por el señor Johan Manuel Barrera Acevedo, en el que se elevaron las mismas pretensiones, sí reconoció la mala fe de las empleadoras. Expone que el Tribunal incurrió en «errores ostensibles de hecho», pues el argumento según el cual «ambas partes actuaron con el convencimiento de que el demandante no superó positivamente la etapa de prueba», no es acertado, viola normas denunciadas y los derechos de igualdad, defensa y contradicción, toda vez que las empresas actuaron de mala fe. Acusa como medios de convicción «no valorados», los siguientes: i) copia del otrosí en el que se cambió el salario pactado en el contrato de trabajo suscrito e1 de octubre de 2015; ii) copia del otrosí en el que se modificó el salario del contrato de fecha de octubre de 2016; iii) Procedimiento de

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Radicación n.° 91911 Novedades Internas Promoción UM-TH-PR-05, en el que están las definiciones de «PROMOCIÓN DE CARGO DICE “EL

TRABAJADOR CAMBIA DE CARGO Y TIENE INCIDENCIA

SALARIAL».

4. El mismo documento en su numeral cuarto “4. Denominado

RESPOSABILIDAD Y AUTORIDAD. SUPERINTENDENTE TALENDO

HUMANO ES EL RESPOSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN,

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE

LOS PROCEDIMIENTO, DE ACUERDO CON LAS POLITIVAS CORPORATIVAS Y LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA EN ESPECIAL LA DE ORDEN LABORAL”. De conformidad con este documento se demuestra que todo cambio de cargo implica una nivelación salarial, por ende, al cambiársele el cargo a mi representado, se debió cambiar su salario.

5. Declaración rendida por el Dr. JAIME GUERRERO, SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS, testigo en el proceso y quien era el responsable del procedimiento en mención y en su declaración afirma: “que si tenía conocimiento que el mi cliente aplicó a la prueba para el cargo de COORDINADOR, que no sabía quién era el encargado de ese trámite del proceso de ascenso, más adelante también en su declaración manifestó “ que estaba seguro que mi cliente no cumplía con el perfil, porque según él no tenía una licencia y otros documentos, más adelante declaración manifiesta: “que el trabajador era el quien tenía que estar pendiente del trámite DE ASCENSO y estar preguntando de su proceso y sigue: que para caso de ascenso se lleva un procedimiento, que cada cargo tiene un perfil y que en la empresa tiene una escala salarial, que para cada cargo, que se deben cumplir una seria de requisitos y procedimientos, sin dejarlos en claro y contradictoriamente y ante preguntas realizadas por la suscrita apoderada, simplemente manifestaba que: “el proceso de mi cliente no se concretó”, sin dar una razón del porque y en especial si no se había pasado la prueba mi representado no se la había comunicado al trabajador, dejándolo cumplir las funciones

del cargo, a lo que simplemente manifiesta “que no sabía pero que estaba seguro que no cumplía con el perfil y nuevamente reitera que era él trabajador el que tenía que estar pendiente” cuando era él SUPERINTENDENTE, por ende él era el encargado de los procesos de novedades y además fue el que conoció el procedimiento llevado a cabo para cada uno de los trabajadores, violentado por demás de forma directa también el artículo 143 , evidenciándose en este aspecto una violación directa al Artículo

143. A trabajo de igual valor, salario igual, sin que se pueda argumentar que algún convencimiento de ambas partes.

6. De igual manera en el interrogatorio de mi cliente manifestó “que sí solicito varias veces a sus superiores su aumento de salario, y

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Radicación n.° 91911 que ellos lo comentaban, pero el encargado de dichos tramites nunca lo realizo”, entonces no se entiende cómo el Tribunal aduce “que ambas partes actuaron con el CONVENCIMIENTO de que el demandante no superó positivamente la etapa de prueba, si contrario censu el señor WILMER ALBERTO RUIZ CHARRIIS si solicito su aumento, desarrolló las funciones de COORDINADOR más de una año y las empresas no pueden simplemente aumentar funciones y cambiar el cargo, sin el respectivo aumento salarial.

7. Todos los testigos allegados al proceso, al unisonó manifestaron el cargo desempeñado por mi cliente, las funciones del cargo y el no pago de su salario correspondiente a su cargo, también que fue el señor CARLOS CONTRERAS CANIÑO, quien para esa época tenía facultades para promover y realizar ascensos y quien efectivamente era el jefe inmediato de mi representado y así

igualmente lo ratifico el representante legal de las empresas demandas Dr. MANUEL FERNANDO CASTELLANOS, quien aceptó que mi cliente se desempeñó como COORDINADOR., como el hecho que no se llevaba un verdadero control en los ascensos y ninguno conoció el documento denominado PROCEDIMIENTO DE NOVEDADES INTERNAS, pruebas que fueron pasadas por alto.

8. Por otra parte y que son hechos que constituyen una evidente violación a los artículos 13, 25, 53, 93, 228, 229 y 230 de la Constitución Política es que el mismo Tribunal Superior del distrito judicial de TunjaSala Laboral no tenga unidad de criterio, pues en caso similar, que fue llevado por la suscrita apoderada, al tiempo, conocido por los mismos despachos judiciales, es decir el Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiquinquirá y el Tribunal ya mencionado, identidad de partes demandadas, hechos y pretensiones, con las mismas pruebas, que adelantó el señor YHOAN MANUEL BARRERA ACEVEDO y que se distinguió con radicado No 2019-123, en dicho proceso el mismo Tribunal si reconoce la mala fe de las empresas empleadoras y así lo , pues en fallo de segunda instancia de fecha 18 de junio de 2020 manifiesta: “En el presente asunto se determinó que el 1o de diciembre de 2017, mediante un otrosí al contrato de trabajo se designó al actor en el cargo de Supervisor Siso Junior. Ante dicha circunstancia el Director de Talento Humano de la pasiva, manifestó únicamente se cambió de cargo más no de salario, pues en su sentir, es una forma de motivar al trabajador, porque

no siempre todo gira en torno al dinero, ya que les ayuda a mejorar su hoja de vida; y recalcó que en ningún momento se comprometieron a subir el salario, pues aunque “la expectativa está, pero no hay un compromiso” ni tienen término establecido para ello; lo que lejos de dar cuenta de un actuar trasparente, refleja una intención de evadir el reconocimiento de derechos laborales del trabajador. […]

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Radicación n.° 91911 De manera que, la sala concluye que no es posible exonerar de la condena prevista en el artículo 65 del C.S.T.; puesto que no son admisibles tratos diferenciados en temas salariales y prestacionales, que contravienen los principios de igualdad y no discriminación en el trabajo, toda vez que el empleador tenía pleno conocimiento de su obligación y al obviar dichos mandatos su comportamiento se reviste de mala fe en contra de los intereses del trabajador. Por ende, no tendrá acogida el planteamiento, y se mantendrá la condena impuesta por el a quo. Bajo los anteriores razonamientos, se impone CONFIRMAR la decisión.” Y en el caso de mi cliente simplemente no analizan las pruebas y deciden: “Luego, en esas circunstancias no se advierte en la conducta del empleador, el ánimo defraudatorio de los intereses del trabajador; pues, mediaron razones serías como las destacadas, que explican por qué no reconoció los incrementos reclamados y descarta su mala fe, pues, de la forma como se desenvolvió la relación laboral, es patente que ambas partes

actuaron con el convencimiento de que el demandante no superó positivamente la etapa de prueba, ello explica porque nunca reclamó su ratificación en el cargo con los reajustes correspondientes, lo cual hizo hasta la terminación de su contrato, como lo aceptó en interrogatorio de parte sin dar explicación clara acerca de su silencio diferente a que estaba satisfecho en el cargo. Por lo anterior, al descartarse la mala fe de la demandada presupuesto sobre el que descansa la condena al pago de la indemnización prevista en el artículo 65 del C.S.T, se impone revocar la condena al respecto para absolver a la demandada de esta pretensión.”

9. Todas las pruebas desarrolladas en el proceso fueron erróneamente valoradas por el Tribunal Superior del distrito judicial de TunjaSala Laboral, pues las mismas demuestran a todas luces la MALA FE de las empresas empleadoras.

VII. RÉPLICA Colombian Shared Services SAS y Minería Texas Colombia S. A., dicen que el cargo no debe prosperar porque presenta dislates de orden técnico; y que la sentencia goza de presunción de legalidad y acierto, por lo que es necesario atacar la totalidad de fundamentos fácticos y jurídicos.

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Radicación n.° 91911 Al efecto recuerdan que la providencia se construyó sobre dos pilares, a saber: por un lado, que no existió claridad acerca de que el demandante hubiera superado el periodo de prueba para el desempeño del nuevo cargo; y por otro, que solo hasta la decisión de primera instancia se declararon aplicables los reajustes sobre el salario, pues antes de ese momento se trataba de una controversia

justificada, argumentos que, dice, no fueron cuestionados por la censura. También mencionan que el recurrente no refiere a todas las pruebas en que se fundamentó el sentenciador de segundo grado para arribar a la conclusión de que no procedía la indemnización moratoria, por lo que la decisión tiene soportes probatorios que no fueron atacados

VIII. CARGO SEGUNDO Imputa por vía indirecta «en la modalidad de aplicación indebida del artículo 143 del Código Sustantivo», en relación con los artículos 13, 25, 29, 53, 93, 228, 229 y 230 de la

Constitución Política. Luego de citar literalmente el artículo 143 acusado, en la demostración dice que la violación de la ley es consecuencia de los errores ostensibles que cometió el Tribunal, dado que está acreditado que durante la relación laboral el actor desempeñó los cargos de auxiliar HSE, tecnólogo SISO y supervisor SISO, respecto de los cuales alude a sus extremos temporales; que «el más importante

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Radicación n.° 91911 objeto de controversia fue el cargo de COORDINADOR SIMS», el cual ejerció desde el 22 de marzo de 2018 hasta que fue despedido; y que ascendió a ese cargo sin que se hubiera pactado un otrosí o documento similar, pero que con la prueba testimonial estaba demostrado que lo desempeñó y que no se le incrementó el salario. Pone de presente que la prueba documental denominada Procedimiento Novedades Internas evidencia que «todo cambio de cargo implica una nivelación salarial»

(negrillas del texto); pero no demuestra que el trabajador tuviera que realizar algún trámite, o est