CSJ - SL122-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL122-2023 Radicación n.° 89392 Acta 01 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

LUIS EDUARDO ÁNGEL ÁNGEL, ANA ROSA BALLÉN DE

MANCERA, LEOPOLDO CIFUENTES ROA, ELISAR

CORCHUELO VILLARRAGA, MARÍA TERESA MAYORGA

DE SÁNCHEZ, CIPRIANO MELO ALGARRA, AURORA

MONTENEGRO DE RUIZ, ARISTÓBULO MOYANO LEAL,

MARÍA ELOÍSA PULIDO CAMARGO, GUSTAVO RAMÍREZ,

HENRY DE JESÚS RINCÓN CÁRDENAS, MARÍA NILSA RUBIO DE MUÑOZ, LIGIA BEATRIZ TORRES DE VELOSA y NOHEMY VANEGAS DE BERTRAND contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en el proceso que le instauraron a la

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S. A. ESP.

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Radicación n.° 89392

I. ANTECEDENTES

Luis Eduardo Ángel Ángel, Ana Rosa Ballén de Mancera, Leopoldo Cifuentes Roa, Elisar Corchuelo Villarraga, María Teresa Mayorga de Sánchez, Cipriano Melo Algarra, Aurora Montenegro de Ruiz, Aristóbulo Moyano Leal,

María Eloísa Pulido Camargo, Gustavo Ramírez, Henry de Jesús Rincón Cárdenas, María Nilsa Rubio de Muñoz, Ligia Beatriz Torres de Velosa y Nohemy Vanegas de Bertrand llamaron a juicio a la Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP, para que se declarara que (f.° 1605 a 1635, cuaderno 3): i) Se les suspendieron sus beneficios convencionales denominados «descuentos del valor de consumo de energía» y «utilización del centro vacacional Antonio Ricaurte CENVAR», desde el 1° de agosto de 2010; ii) Era ineficaz el Acta Extra Convencional n.° 1° del 12 de octubre del 2012 suscrita entre la demanda y Sintraelecol para modificar la CCT 2004-2007; iii) El contrato de la demandada con Cafesalud era válido, si se garantizaba la efectividad del servicio médico, en iguales condiciones en que lo disfrutaban el 31 de diciembre del 2011. En consecuencia, se condenara a que: i) Se cumpliera la CCT 1981-1983, que los beneficiaba, que mantenía de forma vitalicia el «descuento del valor del

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Radicación n.° 89392 consumo de energía con la formalidad de auxilio de energía […] el derecho a la utilización del centro vacacional Antonio Ricaurte Cenvar, el auxilio educativo, el servicio médico, mientras esté vigente la pensión de jubilación, incluido el derecho de sustitución o pensión de sobrevivientes». ii) Se reconociera sin alteración el descuento del valor

de consumo de energía y la utilización del centro vacacional, en iguales condiciones cuando adquirieron su condición de pensionados, lo que disfrutaban al 31 de julio de 2010, así como el auxilio educativo y el servicio médico en la misma forma a como lo gozaban al 31 de diciembre de 2011. iii) Se devolvieran los mayores valores que cancelaron por: Concepto Desde Consumo de energía 1° de agosto de 2010 Utilización del centro vacacional 1° de agosto de 2010 Antonio Ricaurte CENVAR Auxilio educativo 1° de enero de 2012 Servicio médico Para ellos y familiares Lo preliminar, junto con la actualización de los montos debidos con el IPC, intereses moratorios, lo probado ultra y extra petita, así como las costas. En subsidio, deprecaron que se ordenara cancelar la compensación por daños y perjuicios. Fundamentaron sus peticiones, en que en la convocada existía la organización sindical Sintraelecol, con personería jurídica reconocida por Resolución n.° 1983 de julio de 1975; que fueron beneficiarios de las CCT que regulaban los

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Radicación n.° 89392 contratos laborales que tuvieron con la accionada; que como trabajadores activos y, luego, como pensionados, disfrutaron de rubros de carácter extralegal; que prestaron sus servicios a favor de Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP «durante el tiempo necesario y suficiente para acceder a la pensión de jubilación [convencional]», en vigencia del artículo 17 del Instrumento Extralegal del 1° de julio de 1981 al 30 de junio

de 193, así: Informaron que, desde que adquirieron el estatus de pensionados, accedieron a los siguientes beneficios: Nombre Articulado de la CCT 1981-1983 Descuento del valor de Cláusula 19 consumo de energía Uso del centro vacacional Cláusula 31 Antonio Ricaurte Servicio médico Cláusula 33 Auxilio educativo Cláusula 22

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Radicación n.° 89392 Precisaron que, aunque gozaban de ellos, el 1° de agosto siguiente se suspendieron, mediante Cartas del «2° de agosto de 2010», con efectos desde el día anterior, por la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005. Sostuvieron que el servicio médico para familiares se adquirió en el periodo comprendido de 1971 a 1973, ratificado en el artículo 73 del Laudo Arbitral del 20 de diciembre de 1973, momento a partir del cual se le permitió a los miembros del grupo familiar acceder a consulta médica general, especializada, visita domiciliaria, atención psiquiátrica, psicología, nutrición, odontológica, cirugías, urgencias y medicamentos. Indicaron que hasta el año 2000, la demandada prestó directamente dichos servicios de salud, pues luego se hizo a través de Colmédica S. A. y Cafesalud MP; que el 1° de enero del 2012, el empleador anunció la reforma de tal emolumento, por la suscripción del Acta Convencional 01 del 12 de octubre del 2011 con Sintraelecol, que modificó la CCT 2004-2007; que en Reunión del 17 de noviembre del 2011 de

la junta directiva de asociación de pensionados y la convocada, se mencionó que el auxilio educativo había desaparecido para los jubilados, siguiendo el acta aludida. Memoraron que la asociación de pensionados realizó diversas gestiones, hasta que el 23 de marzo del 2011 los «Ministros de Hacienda y de la Protección Social», emitieron conceptos por lo que afirmaron que los derechos consolidados antes del 1° de agosto de 2010 no podían ser desconocidos, pues sería quebrantar los numerales 1° y 3° del Acto Legislativo 01 de 2005.

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Radicación n.° 89392 Adujeron que solicitaron restablecer y mantener sus prerrogativas convencionales, a través de las siguientes peticiones: Y que aquellas se atendieron de forma negativa, mediante las comunicaciones suscritas por el jefe de la oficina de litigios y pensionados de la demandante, con los radicados que a continuación enlistaron: La Empresa de Energía de Bogotá S. A. se opuso a las pretensiones principales y subsidiarias. En cuanto a los hechos, admitió la existencia de la organización sindical, el tiempo laborado a su favor, la calidad de beneficiarios de las CCT, el otorgamiento pensional en vigencia de la Norma Extralegal 1981-1983, los actos administrativos de reconocimiento de la pensión de jubilación; el disfrute de los

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Radicación n.° 89392 beneficios de «descuentos del valor de consumo de energía» y «utilización del centro vacacional Antonio Ricaurte CENVAR»

hasta el 12 de octubre de 2011; la prestación directa de los servicios médicos hasta el año 2000 y luego mediante Colmédica S. A. y Cafesalud MP, las solicitudes y sus negativas. Puntualizó que los extremos, las concesiones pensionales, las prebendas extralegales y todo lo que se derivaba del nexo contractual no se admitía respecto de «Ana Rosa Ballen de Mancera, María Teresa Mayorga de Sánchez, Autora Montenegro de Ruiz, María Eloísa Pulido Camargo, María Nilsa Rubio de Muñoz, Ligia Beatriz Torres de Velosa», comoquiera que «nunca trabajaron al servicio de la EEB y/o EEEB; ellas actúan al interior de este proceso en calidad de sustitutas». En su defensa, propuso como excepciones de mérito las de «inexistencia de las obligaciones pretendidas», «inexistencia de las obligaciones pretendidas por las sustitutas», indebida interpretación de las normas, prescripción, buena fe (f.° 1781 1802, cuaderno 3).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, por fallo del 21 de agosto de 2014 (f.° 2001 a 2003 acta, cuaderno

4 y 2028 CD cuaderno 5), resolvió:

1. CONDENAR a la demandada Empresa de Energía de Bogotá ESP a restablecer los derechos que le asisten a los demandantes

Luis Eduardo Ángel Ángel, Ana Rosa Ballen de Mancera, Leopoldo Cifuentes Roa, Elisa Corchuelo Villarraga, María Teresa Mayorga de Sánchez, Cipriano Melo Algarra, Aurora Montenegro

de Ruíz, Aristóbulo Moyano Leal, María Eloísa Pulido Camargo,

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Radicación n.° 89392 Gustavo Ramírez, Henry de Jesús Rincón Cárdenas, María Nilsa Rubio de Muñoz, Ligia Beatriz Torres de Velosa y Nohemy Vanegas de Bertrand de disfrutar los beneficios convencionales denominados descuentos por consumo de energía, utilización del centro vacacional Antonio Ricaurte CENVAR en la misma forma en que se venían reconociendo y disfrutando el 31 de julio de 2010.

2. ORDENAR a la demandada Empresa de Energía de Bogotá S.

A. ESP a devolver los mayores valores pagados por los demandantes, relacionados en el punto anterior por concepto de consumo de energía, de acuerdo con el porcentaje de descuento a que tiene derecho y hasta la fecha en que se restablezca el descuento de manera efectiva.

3. ORDENAR a Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP a restablecer el derecho que le asiste a los demandantes de disfrutar de los beneficios convencionales denominados auxilio educativo y servicio médico, en la misma forma en que se venían reconociendo y disfrutando al 31 de diciembre de 2011.

4. Declarar no probadas las excepciones planteadas en la contestación de la demanda.

5. Condenar en costas a la parte demandada.

Se adiciona la sentencia «en cuanto a la indexación […] sin que procedan a la vez los intereses moratorios».

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la accionada, la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 9 de marzo de 2016 (f.° 2045 CD y 2046 a 2056, cuaderno 5), revocó el proveído inicial, absolvió a la demandada y no condenó en costas. En lo que interesa al recurso extraordinario, determinó como problema jurídico, establecer si con el Acto Legislativo 01 de 2005 y el Acta Extralegal Convencional 01 de 2011, perdieron vigencia los beneficios de «auxilio de energía, utilización del centro vacacional, salud y auxilio de educación»,

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Radicación n.° 89392 de los que disfrutaban los demandantes por su estatus de pensionados. Presentó como hechos no discutidos los siguientes aspectos, respecto de cada trabajador, precisando que la pensión de jubilación se otorgó en los términos del canon 39 de la CCT 1981-1983: Argumentó que se accedió a las prestaciones de jubilación o sustituciones pensionales, siguiendo el artículo 39 del Instrumento Colectivo 1981-1983; texto extralegal con el cual también tuvieron derecho a las siguientes prerrogativas: Beneficio Regulación en CCT Precepto de 1981-1983 ratificación en CCT 2004-2007 Descuentos por servicios Artículo 19 Artículo 19 de energía Auxilio para educación Artículo 22 Artículo 16 Disfrute del centro Artículo 31 Artículo 21 vacacional Servicios médicos Artículo 33 Artículo 33

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Mencionó que por Comunicado del 2° de agosto del 2010, la empresa manifestó que desde el 1° de dicho mes y año se debían eliminar los beneficios citados, en atención al Acto Legislativo 01 de 2005, lo cual se reiteró en Escritos del 29 de noviembre de tal anualidad, del 25 de mayo de 2011 y del 28 de febrero del 2012, así como en las respuestas a las reclamaciones administrativas. Transcribió el parágrafo 3° del artículo 1° de la Reforma Constitucional del 2005, del que extrajo que se garantizaron las prerrogativas pensionales convenidas de manera extralegal, válidamente celebrados, «pero aclaró que tendrían vigencia hasta el 31 de julio de 2010» y que respetó el derecho adquirido a la pensión de jubilación convencional, sin que ocurriera los mismo con los beneficios que: i) carecían de naturaleza vitalicia como la prestación jubilatoria; ii) se causaron a medida que ocurrían los hechos que los generaba y, iii) su vigencia fue normativa, pero «fueron derogados de manera expresa por el acto legislativo, con posterioridad al 31 de julio de 2010». En suma, sostuvo que la CCT fijaba las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigor, por lo que aplicaba únicamente a «i) trabajadores afiliados, ii) quienes se han adherido a los beneficios convencionales y, iii) por extensión a todos los no sindicalizados cuando en ella fuere parte un sindicato mayoritario», razón por la cual en principio estaban excluidos de tales prerrogativas los pensionados,

salvo que «el empleador a través de negación colectiva accediera a ello, como ocurrió en el examine».

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Radicación n.° 89392 También, precisó que en ejercicio de la libertad de contratación colectiva podía convenir el patrono con la organización sindical la modificación de tales privilegios, su cesación o derogatoria. En ese orden, recordó que en el sub lite por Acto Extralegal Convencional n.° 01 del «13 de octubre de 2011», la accionada y Sintraelecol modificaron los preceptos 16, 19, 21 y 33 de la CCT 2004-2007, para «sustituir el auxilio de educación y los descuentos del valor del consumo de energía por un auxilio familiar y una ayuda para gastos generales del hogar para trabajadores activos» y a su vez «eliminaron el disfrute del centro vacacional Antonio Ricaurte, por un auxilio anual y el servicio médico para familiares de los trabajadores activos a la firma del acta», por lo que consideró que cesó la obligación de reconocer tales beneficios.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los convocantes a juicio, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que la Sala case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme en su integridad la decisión del a quo (f.° 5 demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

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Con tal propósito, formulan un cargo por la causal primera de casación, el cual fue replicado y se estudia a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusan el proveído atacado de vulnerar por la vía directa, en la modalidad de falta de aplicación de: […] los artículos 16 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 1º , 2º , 3º, 5º, 7º, 8º, 9°, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 353 a 484 del mismo estatuto, artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social – violación de medio – dentro de los parámetros establecidos en los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 11, 13, 23, 25, 29, 38, 39, 48, 53, 55, 58, 83, 85, 95, 228 y 229 de la Constitución Política del país y los Convenios 087 de 1948, 098 de 1949, 154 de 1981 de la OIT.

En la demostración, aducen que el colegiado dejó de emplear las normas que se relacionaron, en especial los cánones 16 y 467 del CST, que transcribe, al reflexionar que con el Acto Legislativo 01 de 2005, los beneficios convencionales adquiridos por los pensionados habían perdido vigencia y que el Acta n.° 1 del 2011 tenía aplicación

retroactiva desfavorable y negativa para modificar los derechos extralegales, pese a que aquellos estaban en vigor cuando cada trabajador causó la pensión de jubilación. Acuden a los artículos 55 de la Constitución Política y 467 del CST, para afirmar que la falta de aplicación se da porque: […] la norma, al dar la definición de la Convención Colectiva de Trabajo, delimita claramente su alcance, señalando con total precisión que se celebra para “…fijar las condiciones que regirán

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Radicación n.° 89392 los contratos de trabajo durante su vigencia…”, de tal manera que, al tratarse en este caso, de “pensionados”, frente a quienes es absolutamente claro que no existe un contrato vigente (para el momento de su modificación), pues también resulta evidente la imposibilidad jurídica de aplicar en su caso, las nuevas “condiciones” que han sido pactadas entre el Sindicato y la Empresa demandada a favor de sus trabajadores activos. Contrario a lo afirmado por el Tribunal en su fallo, los beneficios extralegales que surgieron a la vida jurídica, con la suscripción de la Convención Colectiva de Trabajo vigente entre el Sindicato SINTRAELECOL y la Empresa demandada, para el momento en que cada uno de los pensionados demandantes accedió a la Pensión de Jubilación, no tienen el carácter de “temporales”; es clara la “temporalidad” del Acuerdo Convencional, cuya vigencia se mantiene hasta tanto se firme una nueva Convención, o por virtud de la Ley, a través de la prórroga automática en la forma prevista en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo; no

obstante, los beneficios que allí se consagran, adquieren la connotación de “permanentes”, para sus beneficiarios, en la medida en que se “incorporan” en su patrimonio y por tanto, se constituyen en verdaderos derechos adquiridos, que una vez reconocidos, no pueden ser desconocidos o modificados, a pesar de que se modifique o cambie la norma convencional que los crea. En ese orden, argumentan que las normas convencionales que crearon los beneficios cuyo restablecimiento se reclama estaban previstos en las CCT 1981-1983, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2007, transcribiendo la regulación del primero de ellos. Indican que como aquellos se hicieron extensivos a los pensionados de la empresa y se incorporaron a su patrimonio, el reconocimiento se debía mantener, con independencia de la vigencia del acuerdo que los creó. Precisan que, si bien es cierto en el marco de la negociación colectiva, se tiene la facultad legal para modificar beneficios convencionales, ello debe hacerse para mejorar las condiciones laborales. Por tanto, arguyen que al acta

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Radicación n.° 89392 extralegal que varió la CCT 2004-2007, no era viable darle efectos retroactivos negativos frente a situaciones y derechos consolidados, con normativas anteriores. Es más, refieren que a tal norma extralegal no era viable darle la consecuencia general inmediata que otorgó el colegiado, porque no puede afectar relaciones extinguidas para el momento de su

vigencia, que lo fue en enero de 2012. En cuanto al alcance que esta Sala le ha dado a dicho acuerdo extralegal para no aplicarlo por desmejorar derechos pactados, citan la sentencia CSJ SL1330-2020. Incluso, resaltan que lo propio sucedió con el Acto Legislativo 01 de 2005, porque al tener los beneficios dentro de su patrimonio, deben seguir siendo reconocidos, más allá del vigor de esta enmienda constitucional, dado que se dejó a salvo los derechos adquiridos antes de su vigencia. Transcriben la providencia CSJ SL2656-2020, lo que acompañan de la referencia a otras como CSJ SL, 20 oct. 2009, rad. 34004, CSJ SL, 11 may. 2010, rad. 38074, CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 39797, CSJ SL, 20 mar. 2013, rad. 46489, CSJ SL, 3° sep. 2013, rad. 59682 y CSJ SL, 12 jun. 2021, rad. 76352. Mencionan que las disposiciones del acto legislativo aludido no pueden ser aplicadas de manera regresiva, en contra de los trabajadores y pensionados, sin atender a los principios de favorabilidad, proporcionalidad, razonabilidad y, sobre todo, en garantía de los derechos adquiridos, como lo dijo esta Corte en proveído que cita y no identifica (f.° 6 a 16, ibidem).

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VII. RÉPLICA Alega que la acusación presenta los siguientes errores de técnica: i) se denuncia la infracción directa de normas que

fueron empleadas por el fallador de instancia y, ii) se omitió explicar por qué las disposiciones referidas en la proposición jurídica debían ser aplicadas al caso, ni tampoco aluden a la relevancia para solucionar la controversia. Frente al fondo, esgrime que, de conformidad con el parágrafo 3° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, perdieron vigencia los beneficios convencionales desde el 31 de julio de 2010, conservando los derechos adquiridos en cuanto a pensión de jubilación se trata. Refiere que el debate propuesto supone una confusión de normas extralegales, ya que desde un inicio estas fueron condicionadas a la existencia de un contrato vigente y que se hiciera extensiva a pensionados conforme a la CCT 20042007, siendo también modificada por el Acta Extra Convencional n.° 1° del 12 de octubre del 2011, con vigor desde el 1° de enero de 2011 al 31 de diciembre del 2014. Argumenta que los beneficios que en algún momento se reconocieron convencionalmente por mera liberalidad, no pueden entenderse como un derecho adquirido, por ser puramente económicos susceptibles de modificación. Puntualiza que, según los artículos 467 y 471 del CST, las CCT tiene efectos para trabajadores sindicalizados, más no para empleados no sindicalizados ni para extrabajadores,

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Radicación n.° 89392 aun cuando ostente calidad de pensionados, ni tampoco para las beneficiarias de ellos. En apoyo de sus argumentos, cita las sentencias de

nuestra Corporación CSJ SL, 3 jul. 2008, rad. 32347 y CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 39744, mientras que de la Corte Constitucional la CC C063-2008 (f.° 4 a 17 del documento de réplica del cuaderno digital de la Corte).

VIII. CONSIDERACIONES La Sala no puede omitir que los recurrentes erraron al: i) denunciar la falta de aplicación, que se ha entendido como infracción directa (CSJ SL994-2017, CSJ SL20406-2017 y CSJ SL5540-2019), de algunas normas que, aunque el colegiado no mencionó expresamente, se entienden abordadas implícitamente tales como el artículo 467 del CST y 55 de la Constitución Política; ii) aludir en los argumentos a la transgresión del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, sin relacionarlo con modalidad de quebranto alguna

(CSJ SL5498-2018), y, iii) acudir a la violación medio, sin que en el desarrollo del cargo se explicara cómo el quebranto de las normas procesales llevó a vulnerar las sustantivas (CSJ SL4516-2020). No obstante, tales falencias no impiden proceder al estudio de la acusación, comoquiera que es viable entender que el querer de la censura era reprochar la aplicación indebida de las disposiciones denunciadas, en especial los cánones 467 del CST, 55 superior y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, explicando de ellas en detalle cómo se dio el

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menoscabo, cuál es el correcto empleo en el examine, así como su repercusión en la decisión final; pudiendo este órgano de cierre prescindir de la violación medio indebidamente introducida. No está de más mencionar que, pese a que se hace alusión a la CCT y al Acta Extra Convencional n.° 01 de 2011, no las traen a colación con el objeto de reprochar la apreciación que de ellas hizo el ad quem, sino como soporte del ataque jurídico, en cuanto al yerro de los efectos de validez que otorgó a dicho acuerdo, así como la repercusión de la Reforma Constitucional del 2005 frente a los derechos consolidados con el instrumento convencional. Dada la senda seleccionada, no son objeto de discusión los siguientes aspectos y derechos concedidos conforme al Instrumento Extralegal 1981-1983, así En este orden de ideas, a la Sala le compete determinar

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Radicación n.° 89392 si el colegiado aplicó indebidamente los artículos 16, 467 del CST, así como el 48 (adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005) y 55 de la Constitución Política al discurrir que: i) mediante un acta extra convencional, siendo la manifestación de las partes, era posible eliminar y sustituir el pago de beneficios convencionales y, ii) las prerrogativas pedidas, pese a ser derechos adquiridos, perdieron efecto con el Acto Legislativo 01 de 2005, pues dicha enmienda solo salvaguardó los derechos pensionales; tópicos que se proceden a estudiar en su orden.

1. Posibilidad de modificar derechos convencionales mediante acuerdos extralegales.

Esta Corte ha reiterado que los acuerdos extra convencionales, modificatorios de las convenciones colectivas, son válidos sin formalidad alguna, siempre que mejoren las condiciones pactadas en la CCT o busquen hacerla más inteligible o aclararla en algunos aspectos. De tal forma se instruyó, verbigracia, en providencia CSJ SL12575-2017, recordada en CSJ SL983-2021, al sostener lo siguiente: Comienza la Sala por señalar que un acuerdo extraconvencional, como el que es objeto de discusión en el sub lite, no tiene necesidad de depositarse en la cartera del trabajo para que surta los efectos queridos por las partes, tal y como ya lo ha reiterado esta Corporación en múltiples oportunidades. En efecto, desde hace cerca de una década, en sentencia CSJ SL32247-2008, reiterada entre otras en las providencias CSJ SL889-2014, CSJ SL11321-2014, CSJ SL42830-2014 y CSJ SL2105-2015, dijo la Sala: Como regla general, en el derecho del trabajo los únicos acuerdos que deben ser depositados son los que emanan de un conflicto

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Radicación n.° 89392 colectivo de trabajo cuya solución es dada por la mismas partes, pues así lo exige el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, condición que aquí no se puede predicar del convenio celebrado por la empresa y el sindicato, quienes simplemente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, el cual no repugna en las relaciones obrero patronales, siempre y

cuando no se desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores, quisieron regular algunas condiciones de trabajo, las cuales no quedaron condicionadas en forma alguna ni se exigió del pacto mismo que fuera depositado a la usanza de las convenciones colectivas de trabajo. Ello, porque como se explicó en la sentencia CSJ SL2105-2015 ya citada, existe distinción entre los acuerdos extra convencionales que tienen carácter aclaratorio y los modificatorios, pues los primeros son aquellos que buscan esclarecer asuntos confusos y deficientes de lo que se pactó a través de un instrumento colectivo; mientras que los segundos, cambian aspectos que ya han sido previamente definidos en aquel o a introducir unos diferentes a los ya acordados. También se adoctrinó entonces (CSJ SL2105-2015), que los acuerdos modificatorios únicamente son válidos en la medida que mejoren las condiciones pactadas en la convención, en tanto nada impide que los trabajadores o sus representantes, en caso de ser sindicalizados, pacten con sus empleadores prerrogativas superiores a las legal o convencionalmente establecidas. En tal sentido, se pronunció la Sala en sentencia CSJ SL, 3 jul. 2008, rad. 32347 reiterada en la atrás reseñada y, entre otras, en la CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 39744 cuyo análisis jurisprudencial dio plena validez a un acuerdo extra convencional en el que se acordó un beneficio adicional para los trabajadores referente a la estabilidad. Dijo en esa oportunidad la Corporación: Nada se opone a que en el Derecho del Trabajo los trabajadores,

bien sea por sí mismos o representados por la organización sindical a la cual pertenecen, celebren acuerdos con los empleadores tendientes a regular diversas situaciones laborales y menos aún, tampoco puede haber oposición o ilicitud en cuanto con ellos se superen los mínimos derechos legales o inclusive convencionales. Si el simple acto unilateral de un empleador puede crear derechos para los trabajadores en tanto superen los mínimos legalmente establecidos, con mucha mayor razón ello puede aplicarse a los convenios directos que celebren con sus servidores. Un acuerdo, como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se convierte en ley para los contratantes sin desconocer el clásico principio que lo informa y según el cual debe ejecutarse de buena fe. Así se desprende claramente de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, que entre otros regulan el efecto de las obligaciones

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Radicación n.° 89392 válidamente celebradas y de cuyas fuentes o nacimientos, señaladas en el artículo 1494 ibídem, vale la pena destacar el concurso real de voluntades de dos o más personas o el hecho voluntario de la persona que se obliga. (Resaltado fuera del texto). Se tiene entonces que tales arreglos producen efectos para las partes, siempre que sean para aclarar y/o mejorar las condiciones que ya han sido pactadas, e incluso, no necesitan ninguna solemnidad y no requieren -como se afirmó a espaciode depósito en los términos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, para gozar de plena validez (subrayado añadido).

En similar sentido, en proveído CSJ SL4404-2018, citado en CSJ SL2413-2022, se dijo: […] existe distinción entre los acuerdos extra convencionales que tienen carácter aclaratorio y los modificatorios, pues los primeros son aquellos que buscan esclarecer asuntos confusos y deficientes de lo pactado a través de un instrumento colectivo; mientras que los segundos, son los tendientes a cambiar aspectos que ya han sido previamente definidos en aquél o a introducir unos diferentes a los ya acordados. Ahora bien, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de este Colegiado, éstos últimos – los modificatorios – únicamente son válidos en la medida que mejoren las condiciones pactadas en la convención, en tanto nada impide que los trabajadores o sus representantes, en caso de ser sindicalizados, pacten con sus empleadores prerrogativas superiores a las legal o convencionalmente establecidas. […] De lo anterior, resulta claro que tal documento no se propuso hacer la Convención más inteligible o mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que su propósito fue el de modificarla en el sentido de disminuir las prerrogativas acordadas. Luego la modificación convencional que se pretendió introducir a través del referido acuerdo extra convencional resultaba inadmisible jurídicamente por ese medio, pues dicha convención ya había sido suscrita por las partes y debidamente depositada ante el Ministerio del Trabajo, tal y como lo ordena el C.S.T. Art. 469. Así, perfeccionada su vigencia, se hizo realidad convirtiéndola en ley para las partes, de imperativo cumplimiento mientras no fuera anulada e irreversible desde el punto de vista jurídico y, en

consecuencia, la única posibilidad viable para que