CSJ - SL1222-2022

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1222-2022 Radicación n.° 83263 Acta 12 Bogotá, D. C., cinco (5) de abril de dos mil veintidós (2022). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LIGIA IBARRA DE ESCOBAR contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 24 de septiembre de 2018, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES), trámite que fue acumulado al proceso instaurado por AMANDA ESTHER TORRES DE TORO contra la misma entidad.

I. ANTECEDENTES Ligia Ibarra de Escobar demandó a Colpensiones, con el fin de que se le condene al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes [sustitución pensional], prestación

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 83263 a la que tiene derecho por el fallecimiento de su cónyuge, Luis Marino Cossio Guzmán a partir del 1 de septiembre de 2015, junto con los intereses moratorios, las mesadas adicionales y las costas procesales. Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que su esposo falleció el 1 de septiembre de 2015, a quien el ISS, mediante Resolución 012840 de 1999, le había reconocido pensión de vejez desde el 1 de octubre de ese año, la cual fue modificada por Resolución 16431 del 1 de enero de 2001; que contrajo matrimonio con el señor Cossio Guzmán el 17 de

agosto de 2005, y convivió con aquel bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa hasta la fecha del deceso; que reclamó la sustitución pensional el 2 de junio de 2016 y esta le fue negada mediante Resolución GNR 223241 del mismo año, aduciendo que no existía convivencia. Manifestó que la prestación también fue reclamada a Colpensiones por parte de la señora Amanda Esther Torres de Toro, «bajo el falso argumento de tener una unión de compañeros permanentes con el causante, situación contraria a la realidad, toda vez que se trataba de la enfermera a quien se le pagaba por su cuidado». Al contestar la demanda inicial (f.º 49), Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha del deceso del señor Luis Marino Cossio Guzmán, el reconocimiento de la pensión de vejez a favor del fallecido, la reclamación de la prestación por parte de la señora Ligia Ibarra de Escobar, su respuesta y la contestación dada a la

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 83263 solicitud de la sustitución pensional elevada por la señora Amanda Esther Torres de Toro, en calidad de compañera permanente. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no le costaban, no eran ciertos o no tenían tal calidad. En su defensa adujo que, con ocasión del trámite administrativo adelantado en virtud de la reclamación realizada por la demandante, mediante la resolución GNR 223241 de 2016, se negó la sustitución pensional porque se encontró que «entre la pareja no existieron los extremos de la

convivencia alegada, o por lo menos no se demuestra ese vínculo hasta el momento de la muerte del causante», máxime que se había presentado otra persona alegando mejor derecho. Al efecto impetró las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación de reconocer la pensión por falta de cumplimiento de los requisitos legales, improcedencia de la obligación de pagar intereses moratorios, prescripción, buena fe de Colpensiones, imposibilidad de condena en costas, compensación, pago, y la innominada o genérica. El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, a quien inicialmente le correspondió el conocimiento del presente proceso, mediante proveído del 17 de marzo de 2017, resolvió: PRIMERO: DECRETAR LA ACUMULACIÓN del proceso ordinario laboral promovido por la señora LIGIA IBARRA DE ESCOBAR (cónyuge) que se adelanta en esta dependencia, Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín […] al proceso que se adelanta en el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, […] donde

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 83263 es demandante la señora AMANDA ESTHER TORRES DE TORO (compañera permanente) […] SEGUNDO: se ordena remitir al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín los expedientes en original […] En el expediente acumulado, la señora Amanda Esther Torres de Toro deprecó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su favor, junto con los intereses moratorios y las costas procesales. Aquella demandante fundamentó sus pretensiones, esencialmente, en que, con el

señor Luis Marino Cossio Guzmán, quien falleció el 1 de septiembre de 2015, sostuvo una relación seria y estable por un tiempo superior a cinco años, la cual quedó consignada en una «acta de recepción con fines extraprocesales» de la Notaría Quinta de Medellín; y que 20 días después de haber rendido dicha declaración, su compañero falleció. Afirmó que solicitó el reconocimiento de la prestación en sede administrativa, la que le fue negada por parte de Colpensiones mediante Resolución GNR 392418 del 3 de diciembre de 2015, aduciendo no haberse acreditado la convivencia por el periodo establecido en la ley; que la anterior decisión fue confirmada mediante resolución VPB 5643 del 4 de febrero de 2016; y que, contrario a lo dicho por la entidad demandada, «sí se presentó la convivencia como pareja estable por más de 5 años», pues siempre sostuvieron una relación estable de acompañamiento y apoyo mutuo. Colpensiones, al responder la anterior demanda (f.º 44), se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos aceptó la fecha del deceso del causante, la reclamación de la

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 83263 sustitución pensional y la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se dio respuesta y confirmó la negativa. Con relación a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o no le costaban. Como mecanismo de defensa impetró las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de sobrevivientes, inexistencia de la obligación

de pagar intereses moratorios, buena fe de Colpensiones, imposibilidad de condena en costas y la innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 24 de noviembre de 2017, decidió absolver a Colpensiones de «todas y cada una de las peticiones» incoadas en su contra por las señoras Amanda Esther Torres de Toro y Ligia Ibarra de Escobar, condenar en costas a las demandantes, y surtir el grado jurisdiccional de consulta en caso de que la decisión no fuera apelada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 24 de septiembre de 2018, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las accionantes, confirmó la sentencia del juzgado, sin imponer costas en la instancia.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 83263 El Tribunal centró el problema jurídico en determinar si las señoras Ligia Ibarra de Escobar y/o Amanda Esther Torres tenían derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. De manera preliminar, dijo que en el proceso estaba probado que Luis Marino Cossio Guzmán y Ligia Ibarra de Escobar contrajeron matrimonio el 17 de agosto de 2005, según registro civil de matrimonio (f.º 23); que el primero falleció el 1 de septiembre de 2015, conforme al registro civil de defunción (f.º 9), que el causante tenía pensión de vejez

desde el 1 de octubre de 1999, prestación que le fue otorgada mediante Resolución 12840 de 1999, modificada por Resolución 16431 de 2001. También dio por acreditado que Ligia Ibarra de Escobar reclamó la pensión de sobrevivientes, la que fue negada por Resolución GNR 223241 de 2016, aduciendo que existe «disolución y liquidación de la sociedad conyugal y, por ende, no convivencia» (f. 26); que la señora Amanda Esther Torres presentó un «acta de recepción con fines extraprocesales» de la Notaría 5 de Medellín, en la que señaló que existía unión marital entre ella y Luis Marino, «desde hace 6 años», firmada a ruego por el señor Fernando Alberto Cossio Toro, hijo del causante; y que, mediante Resolución GNR 392418 de 2015, Colpensiones le negó la prestación porque no cumplía el requisito de convivencia, decisión que fue apelada y confirmada (f.º 24). Afirmó que la norma aplicable para dirimir la

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 83263 controversia es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, dado que la muerte del señor Luis Marino Cossio Guzmán ocurrió el 1 de septiembre de 2015. Adujo que, con fundamento en la norma aludida, si se demostraba que la unión conyugal se mantuvo vigente, a pesar de existir separación de hecho, el cónyuge supérstite es beneficiario de la pensión de sobrevivientes si demuestra

convivencia con el causante por un intervalo de cinco años en cualquier tiempo (CJS SL, 2011, rad. 40055; CSJ SL, 2012, rad. 41637; y CSJ SL, 2012, rad. 45038). Advirtió que tal como se indicaba en la sentencia de primer grado, ninguna de las demandantes había probado la convivencia requerida con el causante, pues la señora Ligia Ibarra de Escobar al absolver el interrogatorio de parte había confesado lo siguiente: i) que cuando falleció el causante en ese momento no estaban juntos; ii) que ellos se conocieron hace muchos años y eran amigos desde 1990, luego comenzaron una relación y se casarón; que él no quería dejar de vivir con Fernando, su hijo mayor; que se pusieron la condición de que no iban a estar todo el tiempo, pero había días en que uno amanecía en la casa del otro y así se la pasaban; iii) que tres años antes de Marino morir, ella hizo un viaje a Bogotá de ocho días para saludar a su hija y que cuando volvió, tuvo un disgusto con Marino, pero él continuaba llamándola, es decir, que no volvió, adujo que vive en la casa de uno de sus hijos: y iv) que no sabe dónde fueron las exequias del señor Marino, no asistió. Arguyó que las anteriores confesiones, junto con las declaraciones testimoniales daban al «traste con lo pretendido», pues no demostraban la convivencia por el

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 83263 tiempo requerido. Agregó que Fernando Alberto Cossio Toro,

hijo del difunto, había admitido que aquellos tuvieron «relaciones de amistad, su padre y la señora Ligia y ya luego tuvieron algo muy especial y se casaron, pero nunca convivieron»; que sabía eso porque su padre, más que tal, era su compañero; que la señora Ligia nunca estuvo presente durante la enfermedad de su papá; que cuando ellos vivían en Jardines, Ligia fue tres o cuatro veces a la casa, pero «nunca fue a amanecer»; que el demandante (sic) iba a la casa de Ligia, la cual quedaba en una finca, pero en cinco o seis años anteriores a la muerte nunca fue, es decir, que si el causante murió el 1 de septiembre 2015, desde el 2009, aproximadamente, ella no había vuelto. Consideró que lo anterior se corroboraba con el testimonio de Jorge Giovanni Restrepo Jurado, quién señaló que conoció a la demandante porque trabajó ocho años en la casa finca de la Estrella; que desde el año 2005 hasta el 2012, el señor Marino vivía con Ligia, porque él iba tres veces a la semana y ella también iba por días. El sentenciador advirtió que lo dicho por este testigo presentaba «una contradicción parcial frente a lo declarado por su hijo Fernando», al señalar que desde el año 2009 no iba a la casa. Sin embargo, precisó que como el señor Restrepo se desempeñaba como jardinero, de su versión «se puede colegir que era un trabajador de la señora Ligia, primer elemento, que laboraba el día, que él dijo el horario, es claro en señalar que la relación no era continua, sino que la pareja se visitaba a

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 83263 veces en la semana», lo cual, a pesar de lo señalado por la apelante en cuanto a que se trataba de «una nueva forma de familia», no había prueba de permanencia y ayuda mutua.

Agregó: «Obsérvese que no se señala que el causante ayudara a la demandante, siendo un indicio que el jardinero fuera pagado por doña Ligia y que la casa fuera independientemente de doña Ligia, más porque ella no necesitaba económicamente del causante, pues tenía pensión de sobrevivientes».

Con relación a la versión de Claudia Elena Arcila Otálvaro, adujo que de ella colegía que la pareja tuvo una relación sentimental desde 1997 y que Ligia, para esa época, pasaba los fines de semana o algunos días juntos, es decir, que se trataba de «una relación que puede considerarse por la Sala, más de un noviazgo que continuó de la misma manera aún después de casados», pues Luis Marino nunca se alejó de la casa que compartía con su hijo; y que la testigo señaló que visitó al fallecido en la ciudadela Milán, «cuando se advierte que el causante vivía era en Jardines». En cuanto a la declaración del señor Rey Doney Guzmán, portero de la unidad dónde vivió el difunto, señaló que solo vio a la señora Ligia visitarlo una o dos veces para la época en que trabajó. Por lo anterior, confirmaba la decisión del Juzgado en cuanto a que la demandante Ligia Ibarra de Escobar no acreditó el presupuesto de la vida en común con el causante, «por haberse demostrado durante todo este tiempo más bien

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 83263 una relación de noviazgo, sin intención de permanencia o de ayuda, sin una convivencia estable, en donde se convivía con dos domicilios permanentes y en donde no aparece esa posibilidad de protección que se exige en este tipo de relaciones»; y que no era de recibo el argumento de la apelante en cuanto a que se trataba de «una nueva forma de familia prevista en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues lo que caracterizaba una convivencia estable era la intención de ayuda, socorro y protección, aspectos ausentes en el caso de estudio. Ahora, respecto de la convivencia de la señora Amanda Esther Torres de Toro, dijo que también negaba el pretendido derecho por cuanto, si bien era cierto que, en el interrogatorio de parte, esta adujo que el señor Luis Cossio era su compañero y que para el momento del fallecimiento (01/09/2015) él convivía con Fernando, su hijo, y con ella; y que fue quien lo acompañó los últimos días, lo cierto era que no estaba probada la convivencia. Para arribar a la anterior conclusión dijo haber analizado de manera pormenorizada las declaraciones de Fernando Alberto Cossio Toro y Rey Doney Guzmán, el interrogatorio de parte absuelto por Amanda Esther Torres de Toro, y el documento denominado «acta de recepción con fines extraprocesales» (f.º 22). Por lo anterior, confirmó la decisión del Juzgado.

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 83263

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Ligia Ibarra de Escobar, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la demandante que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y, en su lugar, acceda al reconocimiento de las pretensiones incoadas en la demanda inaugural y provea en costas como corresponda.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, frente al que presenta réplica por parte de Colpensiones.

VI. CARGO ÚNICO Acusa por vía indirecta la aplicación indebida de los artículos 47 de la Ley 100 de 199, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003; 113 y 152 del CC; 2 de la Ley 294 de 1996; 2 de la Ley 1361 de 2009; 50 de la Ley 153 de 1887; 51, 60 y 61 del CPTSS; y 164 y 176 de la Ley 1564 de 2012, lo que conllevó a la violación de los artículos 42 y 48 de la

Constitución Política. Se atribuye al sentenciador la comisión de los siguientes errores de hecho:

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 83263 - Dar por demostrado sin estarlo, que en el vínculo matrimonial existente entre LIGIA IBARRA DE ESCOBAR y el señor LUIS MARINO COSSIO GUZMÁN no medió convivencia efectiva durante cinco años en cualquier tiempo. - No dar por demostrado, en contra de la evidencia, que entre la señora LIGIA IBARRA DE ESCOBAR y el señor LUIS MARINO

COSSIO GUZMÁN se conformó una familia, bajo la óptica constitucional del libre desarrollo de su personalidad. - Dar por demostrado, en contra de la evidencia, que entre LIGIA IBARRA DE ESCOBAR y el señor LUIS MARINO COSSIO GUZMÁN medió fue una de noviazgo. sin intensión de permanencia y ayuda, sin una convivencia estable. Aduce que los anteriores yerros son consecuencia de la apreciación equivocada de la «confesión extraída» del interrogatorio de parte rendido por la señora Ligia Ibarra de Escobar (f.º 71), así como de las declaraciones de Jorge Giovanni Restrepo Jurado y Claudia Elena Arcila Otálvaro. También enrostra la falta de valoración del registro civil de matrimonio obrante a folio 23. Después de transcribir los discernimientos del sentenciador de segundo grado, afirma que son equivocados porque en el expediente obra prueba que evidencia que la pareja conformada por la señora Ligia Ibarra de Escobar y Luis Marino Cossio Guzmán, contrajeron matrimonio, formaron una familia, y convivieron por un espacio superior a cinco años con antelación al deceso, «claro está, no bajo la óptica de la familia convencional, donde padre y madre comparten diariamente el lecho nupcial, sino por el contrario, bajo la perspectiva del libre desarrollo de su personalidad, de fundar una familia con unos lineamientos disimiles».

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 83263 Argumenta que el registro civil de matrimonio acredita la celebración del vínculo católico entre la pareja antes

mencionada, el que se llevó a cago en la parroquia Santa Maria Magdalena, del cual normativamente se desprende «el allanamiento a cumplir con las obligaciones de socorro y auxilio consagradas en el artículo 113 del CC». Alega que con dicho documento se acredita, a la luz del artículo 20 de la Ley 294 de 1996, la constitución de una familia por la decisión libre y voluntaria de ambos contrayentes de celebrar el matrimonio, el que no puede disolverse sino por el fallecimiento de un contrayente o por divorcio debidamente declarado a la luz de lo dispuesto en el artículo 152 del CC; por tanto, debe ser valorado considerando todas las connotaciones propias del mismo y tenerse como el núcleo fundamental de la sociedad. Expone que la omisión en la valoración de este medio de prueba trajo consigo un error protuberante por parte del sentenciador de segundo grado, al afirmar que se demostró «más bien una relación de noviazgo, sin intención de permanencia y ayuda, sin una convivencia estable», criterio que es discriminatorio y atenta contra las normas que soportan la fundamentación jurídica de la acusación, especialmente, el artículo 42 de la CP, porque no protege «este tipo de familia disfuncional». Ahora, respecto a la apreciación de la confesión extraída del interrogatorio de parte absuelto por Ligia Ibarra de Escobar, alega que el Tribunal se equivocó al considerar que

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 83263 no logró demostrar los cinco años de convivencia porque ella aceptó que para el momento del fallecimiento no estaban

juntos; que el yerro salta a la vista al contrastar las consideraciones del sentenciador con «lo manifestado por la demandante a lo largo de su interrogatorio». Aduce que la «forma de familia» en la que las partes realizan acuerdos recíprocos en materia de convivencia no está excluida de los supuestos de hecho que consagra el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, dado que, según la Corte Suprema de Justicia (CSJ SL6519-2017) la vida en común no es el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la continuidad consciente del vínculo; el apoyo moral, material y efectivo y, en general, el acompañamiento espiritual permanente que dé la plena sensación de que no ha sido la intención de los esposos de finalizar por completo su unión matrimonial.

Expone lo siguiente: […] el hecho de que desde el inicio de la relación, los contrayentes hubieren decidido una forma de familia distinta de convivencia, siendo conscientes de sus obligaciones, no puede verse desdibujada al no cumplir con los parámetros tradicionales de un hombre y una mujer conviviendo únicamente bajo un mismo techo, siendo a las luces, una valoración probatoria desprovista de juridicidad y de connotación abiertamente discriminatoria.

Aunado a lo anterior la Corte Suprema desde el 25 de abril de 2018 con la sentencia SL 1399 radicación 45779 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, ratificada en SL2787 del 11 de julio de 2018 estableció que: Para decirlo de otro modo. la separación de cuerpos, figura

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 83263 jurídica en virtud de la cual solo se extingue el deber de cohabitación, no es un obstáculo para que el consorte que haya convivido durante 5 años con el causante acceda a la prestación. Así mismo, la separación de hecho tampoco frustra este derecho, pues esta circunstancia fáctica no extingue de suyo los deberes recíprocos de los cónyuges de entrega mutua, apoyo incondicional y solidaridad, los cuales perviven hasta tanto se disuelva el vínculo matrimonial. Con fundamento en lo anterior concluye que cumple con los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Manifiesta que como acredita yerro en prueba calificada, imputa la indebida apreciación de los testimonios de Jorge Giovanni Restrepo Jurado y Claudia Elena Arcila Otálvaro de los que se infiere que la pareja tuvo un vínculo afectivo con vocación de permanencia por más de siete años, aunado a que «no medió divorcio y, por tanto, se mantuvieron incólumes los efectos civiles del matrimonio católico celebrado». Al efecto cita algunos apartes de las declaraciones aludidas.

VII. RÉPLICA Colpensiones manifiesta que el cargo no debe prosperar porque la valoración probatoria que realizó el sentenciador de segundo grado se ajusta a lo demostrado en el proceso, esto es, que no se acreditó la convivencia efectiva durante cinco años; y que si bien la pareja contrajo matrimonio, lo real y sorprendente es que no compartían continuamente, sino que, por el contrario, bajo la perspectiva del libre

desarrollo de la personalidad, con lineamientos disímiles, se

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 83263 «da a entender» que no fue una verdadera convivencia.

VIII. CONSIDERACIONES Ante todo advierte la Sala que cuando el cargo se encamina por la vía de los hechos, como aquí ocurre, el censor tiene la carga de acreditar de manera razonada la concreta equivocación en que incurrió la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción y su incidencia con lo decidido en la sentencia impugnada, que lo llevó a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia a lo que sí lo está, yerros que surgen a raíz de la equivocada apreciación o falta de valoración de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial.

En este orden, no es cualquier desacierto el que puede dar lugar a la anulación de lo resuelto por el juez de segunda instancia, en tanto son sólo aquellos errores que provienen de la lectura abiertamente equivocada de un elemento probatorio, esto es, que tenga la connotación de manifiesto y abiertamente contrario a lo que objetivamente muestran las pruebas del proceso o cuando se deja de valorar un medio de convicción. Al efecto, la Corte memora que el error de hecho en materia laboral se presenta: […] según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 83263 de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida (CSJ, 11 feb. 1994, rad. 6043). Por tanto, si se tilda la sentencia recurrida de haber incurrido en desatinos fácticos, es necesario el estudio previo de las pruebas calificadas incluidas en la acusación, y sólo una vez acreditado con ellas el dislate es posible adentrarse en el examen de las que no son aptas y que sirvieron de soporte al fallo gravado. Así las cosas, en este caso, es imperioso primero adentrarse a determinar si existe o no error de hecho por falta de apreciación o indebida valoración de las pruebas idóneas para estructurar dicho yerro, y si de ellas se acredita, es dable incursionar en el análisis de las que no lo son. Atendiendo los planteamientos esbozados por la censura, le corresponde a la Sala establecer, si el sentenciador de segundo grado, desde la óptica fáctica, se equivocó al considerar que la demandante no acreditó el requisito de la convivencia para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge. Antes de incursionar en el análisis de las pruebas acusadas, conviene precisar que de acuerdo a la jurisprudencia reinante, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 modificatorio del 47 de la Ley 100 de 1993, privilegió el derecho del cónyuge a recibir la pensión de sobrevivientes,

aun cuando estuviera separado de hecho del causante

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 83263 durante sus últimos años de vida, incluso sin mediar un compañero o compañera permanente que se lo dispute, «siempre y cuando acredite una convivencia real y efectiva durante el lapso legal de cinco años, sin que el cumplimiento de este presupuesto deba darse necesariamente antes del deceso, sino en cualquier época». (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41637; CSJ SL, 31 en. 2012, rad. 40995; CSJ SL704-2013;

CSJ SL13276-2014; CSJ SL12218-2015; CSJ SL6519-2017;

CSJ SL1399-2018; y CSJ SL2010-1019).

Igualmente, se ha dicho que con el fin de constatar el cumplimiento del requisito de la convivencia, el juzgador debe, en cada caso, analizar la vigencia del vínculo marital o conyugal y sus particularidades, «entendido este, más allá de la mera denominación formal que en el derecho de familia se le otorgue (matrimonial, unión marital, sociedad conyugal, sociedad patrimonial, etc.)», o de eventos donde existan separaciones de cuerpos transitorias, «en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares». Así mismo, tiene establecido la Corte que no resulta relevante la clasificación o el estatus que el derecho de familia adopte respecto de la unión de la pareja, tal como ocurre con los cónyuges separados de hecho, incluso con sociedad conyugal vigente; pues lo que en verdad quiso

amparar el legislador desde la perspectiva de la seguridad social fue la comunidad de vida con intención de brindarse ayuda y apoyo.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 83263 Al efecto en la sentencia CSJ SL5141-2019, se adoctrinó: En torno a la discusión jurídica planteada por la recurrente, conviene precisar que esta Sala ha indicado que a efectos de verificar el cumplimiento del requisito de la convivencia, el juzgador debe, en cada caso, analizar la vigencia del vínculo marital o conyugal y sus particularidades (ver Sentencia CSJ SL 1399-2018), entendido este, más allá de la mera denominación formal que en el derecho de familia se le otorgue (matrimonial, unión marital, sociedad conyugal, sociedad patrimonial, etc), o de eventos donde existan separaciones de cuerpos transitorias, «en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares», pues lo que a efectos de la protección del derecho de la seguridad social incumbe, es demostrar si entre la pareja perduraron esos «lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja» (ver Sentencia CSJ SL 1399-2018). Por lo indicado, en casos de cónyuges «separados de hecho» o incluso «con sociedad conyugal liquidada» (CSJ SL, 25 abr. 2018, rad. 45779), esta sala ha precisado que no resulta relevante la clasificación o estatus que en el derecho de familia adopte la

unión de la pareja, pues se itera, lo que quiso amparar el legislador, de cara a la prestación pensional de sobrevivientes, es la perdurabilidad, de manera patente, de la ««comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva (…)» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605; SL7299-2015; SL1399-2018); además de concederle una protección al cónyuge supérstite que «entregó parte de su existencia a la conformación de un común proyecto de vida, que inclusive coadyuvó con su compañía y su fortaleza a que el trabajador construyera la pensión [y] se ve desprovista del sostén que aquel le proporcionaba» (sentencia SL, 24 en. 2012, rad. 41637), ello precisamente, en virtud del principio de solidaridad del que es partícipe el derecho a la seguridad social. (el subrayado es de la Sala). Así las cosas, «el consorte con vínculo conyugal vigente, aun separado de hecho, puede reclamar válidamente una pensión de sobrevivientes siempre que haya convivido por lo

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 83263 menos cinco años en cualquier época con el causante pensionado» (subraya la Sala).

Del mismo modo, es importante insistir en que en aquellos eventos en los que existan circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares que justifiquen la no cohabitación de un mismo techo por parte de los cónyuges o compañeros permanentes, para el momento del deceso, corresponde al operador judicial analizar las particularidades de cada caso a fin de determinar si dicho vínculo familiar se mantuvo vigente y actuante hasta la muerte del causante (CSJ SL3813-2020 y CSJ SL19272021). En consecuencia, y ante casos como los reseñados, se debe advertir que, la convivencia para efectos de la pensión de sobrevivientes, más allá del contenido material de compartir un lugar de residencia, implica el concepto jurídico de tener un proyecto de vi