CSJ - SL1223-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1223-2023 Radicación n.° 86978 Acta 18 Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S. A. ESP contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 11 de abril de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauraron ANA

MERCEDES LEAL CALDERÓN, JESÚS MARÍA CAMACHO,

ORLANDO CAMACHO LEAL, JESÚS DAVID CAMACHO

LEAL, YENI MARLENY CAMACHO LEAL, MARICELA

CAMACHO LEAL, EDGAR CAMACHO LEAL, GERARDO CAMACHO LEAL y LUIS FERNANDO CARVAJAL LEAL contra la empresa MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS SAS y la Electrificadora recurrente, trámite al cual se vinculó a LIBERTY SEGUROS S.A. y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S. A. en calidad de llamadas en garantía

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Radicación n.° 86978

I. ANTECEDENTES Los citados demandantes llamaron a juicio a MECM Profesionales Contratistas SAS y a la Electrificadora de Santander S. A. ESP con el fin de que se declare que entre Óscar Alberto Camacho Leal y MECM Profesionales Contratistas SAS existió un contrato de trabajo que se ejecutó desde el 11 de junio de 2013 hasta el 1 de octubre de

2014; que recibía un salario mensual de $1.500.000; que el 1 de octubre de 2014, aquél sufrió un accidente laboral que le produjo la muerte; que la Electrificadora accionada fue beneficiaria de las tareas que estaba ejecutando el trabajador cuando se produjo su deceso y, por ende, era solidariamente responsable de las condenas que se pretendían en el trámite; que las accionadas no ejecutaron las actividades básicas contenidas en los programas de medicina preventiva de trabajo; higiene industrial; seguridad industrial; plan de emergencia; bienestar laboral; saneamiento básico, entre otros y, por lo tanto, eran culpables en la ocurrencia de dicho incidente por su actuar negligente e incumplimiento grave de los referidos reglamentos y que debían responder con el pago de las indemnizaciones y perjuicios reclamados. Por lo anterior, solicitaron que se condene a las accionadas a reconocer en su favor los perjuicios morales derivados de la muerte de su familiar; el daño a la vida en relación y el lucro cesante consolidado, en los montos relacionados en los folios 16 a 20 del plenario, de forma

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Radicación n.° 86978 individual para cada uno de los demandantes; debidamente indexados; lo ultra o extra petita y las costas del proceso. Como fundamento de sus peticiones, informaron que Jesús María Camacho y Ana Mercedes Leal Calderón contrajeron matrimonio el 1 de octubre de 1980; que eran padres de Óscar Alberto Camacho Leal, quien nació el 27 de junio de 1988 y murió con ocasión de un accidente de

trabajo; que aquellos dependían económicamente de él; que los demás demandantes son hermanos del causante y que Luis Fernando Carvajal Leal también dependía de aquél, quien para el momento en que ocurrió el deceso, era menor de edad. Refirieron que Óscar Alberto Camacho Leal laboró al servicio de MECM Profesionales Contratistas SAS, desde el 11 de junio de 2012 hasta el 1 de octubre de 2014, desempeñándose como liniero -con funciones de electricista, trabajo en alturas y otras tareas afines-; que su empleador suministraba personal a la Electrificadora de Santander S.

A. ESP para la ejecución de un contrato de obra civil, destinado al mantenimiento en redes eléctricas del sistema de distribución localRegión EstePiedecuesta -FloridaMálaga. Indicaron que el trabajador debía acatar órdenes impuestas por ambas sociedades y que recibía como salario mensual, la suma de $1.500.000.

Precisaron que el 30 de septiembre de 2014, en la vereda Los CacaosMesa de los Santos, en el municipio de Piedecuesta, se presentó un fuerte vendaval que causó daños

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Radicación n.° 86978 en un poste de media tensión que contenía líneas eléctricas, lo que llevó a que la Electrificadora accionada tuviera que solicitar servicios de mantenimiento a la empresa MECM SAS, siéndole asignada esas labores de corrección a una cuadrilla conformada por cuatro trabajadores, dentro de los cuales estaba Óscar Alberto Camacho Leal bajo la dirección

del jefe de consignación, Orlando Rangel quien, era trabajador directo de la Electrificadora de Santander S. A. ESP y era el encargado de la seguridad de los trabajadores. Manifestaron que aproximadamente, a las 11:10 a. m., del 1 de octubre de 2014, el jefe de la cuadrilla autorizó el inicio de maniobras tendientes a cambiar un poste de luz que había sido derribado por un árbol, luego de lo cual, aquél abandonó el lugar, indicando que tenía que asistir a una cita médica, dejando a los demás trabajadores encargados de la tarea de corrección, quienes realizaron el cambio del poste y la instalación de líneas eléctricas. Indicaron que, a la 1:30 p. m. un compañero del equipo de trabajo, Arnulfo Vargas le ordenó a Óscar Alberto Camacho Legal subirse al poste a fin de cerrar puentes -unir cablesactividad que realizó solo, pues, las demás personas estaban almorzando. Anotaron que, mientras ejecutaba la labor que le fue encomendada, más o menos a las 2:00 p. m. recibió una descarga eléctrica del circuito 35501 que le produjo la muerte. Explicaron que tuvieron que pasar 20 minutos para que Gustavo Arguello, otro integrante de la cuadrilla, se subiera al poste a bajar a Óscar Alberto Camacho Leal; que durante todo ese proceso se presentó Orlando Camacho LealSCLAJPT-10 V.00 4 Radicación n.° 86978 hermano del accidentado-; que luego de 40 minutos, sin que llegara la ambulancia, decidieron subirlo a una camioneta de

la empresa y llevarlo al Hospital de Piedecuesta, pese a lo cual, y una vez fue trasladado por la ambulancia que iba de camino, llegó al establecimiento de salud sin signos vitales. Indicaron que dicho incidente se produjo por culpa de los empleadores demandados, por las siguientes omisiones: i) no se informó a los dueños de los predios aledaños al lugar donde debían ejecutarse los trabajos acerca de las reparaciones que se debían hacer, de modo que no se les advirtió sobre la prohibición de encender plantas internas de electricidad a fin de evitar la retroalimentación de energía; ii) al momento del suceso, no estaba presente el jefe encargado de velar por la seguridad de los trabajadores; iii) las labores encomendadas exigían preparación técnica; iv) las puestas a tierra que supuestamente fueron instaladas para recibir las descargas no fueron adecuadas, desconociéndose lo previsto en «las reglas de oro» de electricidad; v) MECM SAS no hizo labores de inspección, mantenimiento y aseguramiento de los equipos utilizados, tampoco identificó los riesgos en el ambiente, materiales y maquinarias; vi) el trabajador no fue acompañado ni supervisado por ninguno de sus compañeros ni por el jefe de seguridad cuando debió subir al poste para que pudieran darle alguna guía; y vii) ninguno de los compañeros de la cuadrilla estaba capacitado para adoptar un plan de atención de emergencias. Esgrimieron que en declaración libre rendida por el representante legal de MECM SAS, este informó que lo que

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pudo generar el retorno de electricidad fue la conexión de una planta eléctrica de un usuario donde ocurrió el accidente de trabajo. Al contestar la demanda, la Electrificadora de Santander S. A. ESP se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En relación con los hechos, dijo que no le constaban aquellos concernientes al vínculo laboral; admitió parcialmente los relativos a la ocurrencia del accidente de trabajo, pero aclaró que no era cierto que Orlando Rangel fuese el jefe de la cuadrilla que conformaba con el trabajador fallecido; pues en ese grupo quien fue designado como tal, fue Arnulfo Vargas. En relación con la culpa precisó que se trataba de apreciaciones personales de los demandantes, sin sustento probatorio. Propuso las excepciones de inexistencia de solidaridad entre la Electrificadora y MECM SAS; cumplimiento de obligaciones por parte de la primera; cumplimiento de los protocolos de seguridad en la consignación de emergencia 23518; buena fe y prescripción. Llamó en garantía a las empresas Liberty Seguros y Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A. Por su parte, MECM Profesionales Contratistas SAS se opuso a que las pretensiones de la demanda salieran avante, salvo aquellas relacionadas con la declaratoria de una relación de trabajo entre esa empresa y el trabajador fallecido; la existencia de un accidente laboral y la calidad de

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Radicación n.° 86978 beneficiaria de la obra ejecutada, de la Electrificadora de Santander S. A. En relación con los hechos, admitió el vínculo de

consanguinidad entre los demandantes y el causante, precisando que a la empresa acudió Alba Liliana Ochoa Hernández invocando la condición de compañera permanente del fallecido; aceptó algunos aspectos iniciales presentados el día en que ocurrió el accidente, relacionados con el día y las labores a realizar; de los demás, dijo no constarle o no ser ciertos. En su defensa, explicó que, como los trabajadores que integraron la cuadrilla 466, cumplieron con las directrices legales impuestas por el Ministerio del Trabajo y por la propia Electrificadora accionada; y se hizo pre-operación previa del lugar, como lo dispone el formulario de ESSA. Precisó que no era imperativo que se informara a los residentes de los predios aledaños al sitio de trabajo las actividades que se iban a realizar para que no prendieran sus plantas de electricidad, principalmente, porque se estaba ante una emergencia y, además, porque tal eventualidad se corregíacomo en efecto se hizocon la aplicación de las cinco «reglas de oro» en todos los circuitos directamente involucrados en la zona de trabajo. Agregó que no era usual que en esos predios existieran tales plantas, pero, de existir, debían estar dotadas de los implementos necesarios para evitar una retroalimentación de energía. Anotó que esa labor se sugirió luego de ocurrido el

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Radicación n.° 86978 incidente, en tanto fue una recomendación que hizo la comisión de estudio, pero no antes de dicho suceso. Adujo que no era cierto que Orlando Rangel tuviera a su cargo la dirección de la cuadrilla que integraba el

trabajador, pues era coordinador de los trabajadores directos de la Electrificadora accionada e insistió en que se cumplieron los protocolos de seguridad, precisando que, antes de ejecutar las tareas encargadas, Arnulfo Vargas, este sí, encargado del grupo de trabajo, revisó los aspectos relativos a la dotación personal; elementos de protección; inventario de la herramienta requerida, minimización de riesgos; revisión de equipos y socialización con el grupo de trabajo, relacionados en el formato de análisis de trabajo seguro y método trabajo sin tensión eléctrica, suscrito por todos los trabajadores. Añadió que, si bien era cierto que el circuito 38502 -de suplenciasfue abierto y cerrado en varias oportunidades, esto no tenía injerencia en la energización del sitio donde se estaban haciendo las reparaciones. Enlistó, como razones de defensa, que se cumplieron las «reglas de oro» en materia de electricidad; que no todo hecho imprevisto comporta culpa del empleador; que la culpa debía ser demostrada por el demandante y que no existían los perjuicios reclamados. Invocó las excepciones de inexistencia de la obligación reclamada, enriquecimiento injusto, inexistencia del daño a la vida en relación e inexistencia del daño material. Llamó en garantía a Liberty Seguros S. A. y a Seguros del Estado S. A.

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Radicación n.° 86978 Respecto de los llamamientos en garantía, Liberty

Seguros S. A. los respondió así: Frente al de la Electrificadora de Santander S. A. ESP se opuso a las pretensiones. Afirmó que si bien expidió la

póliza de cumplimiento No. 2205661, esta tenía una vigencia distinta para las coberturas contratas y ninguna de ellas amparaba la responsabiliad civil extracontractual, pues el objeto del seguro se limitó únicamente al «cumplimiento del contrato, manejo de materiales, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales». Propuso como excepciones las siguientes: falta de legitimación en la causa por pasiva y la genérica. Respecto del llamamiento hecho por MECM Profesionales Contratistas S.A.S., indicó que no le constaban los supuestos de la demanda. Se opuso a las pretensiones, y advirtió que las pólizas No. 2344304 y No Bo 490048 no tenían por objeto amparar los perjuicios derivados de la responsabilidad civil patronal del empleador. Aclaró que la póliza de seguro de cumplimiento No. 2344304 tiene como beneficiario a la Electrificadora de Santander S. A. ESP y la póliza No Bo 490048 a los terceros afectados y precisó que los referidos contratos constituyen dos tipos de seguros diferentes, y no pueden amparar de manera simultánea los riesgos de responsabilidad civil extracontractual y los salarios y prestaciones sociales.

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Radicación n.° 86978 Afirmó que, si bien las pólizas se encontraban vigentes al momento del accidente de trabajo que derivó en el fallecimiento de Oscar Alberto Camacho, lo cierto era, que no estaba llamada a responder por las eventuales condenas, toda vez que, los contratos de seguro no incluyeron dentro de su cobertura, «el ampro de los perjuicios causados con ocasión de la responsabilidad civil patronal».

Por su parte, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.

A. dijo que no le constaban los hechos de la demanda inicial y propuso las excepciones de inexistencia de culpa suficientemente comprobada, inexistencia de solidaridad entre la Electrificadora y MECM Profesional Contratista SAS, falta de legitimación en la causa por activa para reclamar perjuicios materiales y la innominada.

Frente al llamamiento en garantía, indicó que era cierto que la póliza 3001214129018 amparaba la responsabilidad civil extracontractual desde el 30 de junio de 2014 hasta el 30 de junio de 2015, esto es, dentro de la fecha en que ocurrió el accidente debatido en este proceso. Empero, negó que tuviera que responder de forma absoluta e ilimitada, pues ello dependía de los amparos contratados; las exclusiones; los topes indemnizatorios, entre otras circunstancias. Invocó las excepciones de ineficacia del llamamiento por vencimiento de términos en el trámite de notificación, deducible pactado y la genérica.

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Radicación n.° 86978 Mediante decisión del 8 de agosto de 2017, el Juzgado declaró ineficaz el llamamiento efectuado por MECM SAS a Seguros del Estado S. A., toda vez que el término previsto en el artículo 66 del CGP y por el cual operaba la notificación a los llamados en garantía, se encontraba vencido (f.° 958).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 21 de mayo de 2018,

resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre ÓSCAR ALBERTO CAMACHO LEAL como trabajador y MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS SAS, como empleadora, existió un contrato de trabajo desde el día 11 de junio de 2013 hasta el 01 de octubre de 2014.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor ÓSCAR ALBERTO CAMACHO LEAL sufrió un accidente de trabajo del 01 de octubre de 2014.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de mérito denominada inexistencia de la obligación reclamada, propuesta por MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS SAS, de conformidad a lo señalado anteriormente.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandante y en favor de MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS SAS y la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER. Se fija la suma de $4.000.000 como agencias en derecho a favor de los citados demandados, la que será tenida en cuenta al momento de liquidar las costas del proceso.

SEXTO: ABSOLVER a la parte actora de la condena por tasación de perjuicios.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante decisión del 11 de abril de 2019, resolvió: PRIMERO: Revocar los numerales 3, 4 y 5 de la sentencia

proferida por el Juzgado Quinto Laboral Del Circuito

Bucaramanga de fecha 21 de mayo del año 2018, en el proceso promovido por Ana Mercedes Leal y otros, contra MEC Profesionales contratistas SAS y SA ESP, para en su lugar, declarar que el accidente acaecido el 1 de octubre del año 2014, en que falleció Óscar Alberto Camacho ocurrió por culpa del empleador, y en consecuencia, se ordena condenar a MEC Profesionales contratistas a título de perjuicios morales, en favor de Ana Mercedes Calderón y Jesús María Camacho, la suma de 50 SMLMV, la misma para cada uno de ellos, por la misma razón, perjuicios morales, en favor de Orlando Camacho Leal por la suma de 30 SMLMV y condena a MEC Profesionales contratistas a pagar a Jesús David Jenny Marlene y Marcela Gerardo Camacho Leal y Luis Fernando Carvajal, en calidad de hermanos del causante 15 SMLMV para cada uno de los mencionados.

SEGUNDO: Condenar solidariamente responsable a la ESSA SA ESP, por las condenas impuestas a MEC profesionales contratistas S.A.S TERCERO: Absolver a las llamadas en garantía de las cargas endilgadas conforme a las razones expuestas CUARTO: Costas de ambas instancias a cargo de las demandadas, se tasan las agencias en derecho en esta instancia en la suma 3SMLMV en favor de la parte demandante.

Indicó que el problema jurídico que debía resolver consistía en definir si en este caso, de las pruebas obrantes en el plenario, se evidenciaba la culpa del empleador en el siniestro ocurrido a Óscar Alberto Camacho Leal, en los términos del artículo 216 del CST y, de ser, así, si la

Electrificadora demandada debía responder solidariamente

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Radicación n.° 86978 por las condenas impuestas y si las llamadas en garantía debían reembolsar los dineros pagados a las aseguradas. Explicó que no era objeto de debate la existencia de un vínculo laboral entre Óscar Alberto Camacho Leal y MECM SAS; el salario devengado por el trabajador fallecido; la ocurrencia de un accidente el 1 de octubre de 2014, que fue calificado como laboral; y que lo solicitado era la indemnización que prevé el artículo 216 del CST, en los eventos en los que medie culpa del empleador en la ocurrencia de un incidente laboral o enfermedad profesional. Puntualizó que en el proceso debía probarse el daño y la relación de causalidad entre aquél y la actividad desarrollada. Para el caso, explicó que, el empleador, en el programa para control de riesgos contenido en los folios 263, 280, 704 y 718 determinó como principales, los riesgos eléctricos; la electrocución por contacto eléctrico; quemadura por contacto eléctrico; arco eléctrico o proyección de partículas; incendio o explosión; cortocircuitos; equipos defectuosos; rayos; arcos eléctricos; sobrecargas; estipulando para su prevención, la supresión de la tensión, mediante el cumplimiento del protocolo previo a cualquier actividad; observando las cinco «reglas de oro», estas son, desconectar, prevenir cualquier posible realimentación, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito, y proteger frente a «alimentos próximos en

tensión», establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo, especificando que solo al

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Radicación n.° 86978 completar estos pasos se autorizará el inicio del trabajo sin tensión. Dijo que estas medidas daban cuenta del conocimiento que tenía el empleador de riesgo al que estaban expuestos sus operarios en este tipo de labores, y resaltó que, no era suficiente contar con un sistema de gestión y seguridad en trabajo y capacitaciones a sus trabajadores, sino verificar que en realidad se cumplieran en el momento en que se está ejecutando la labor. En ese sentido, estimó que el juez de primer grado había errado al concluir que, no existiendo una norma que le ordenara al empleador prevenir el eventual retorno o retroalimentación de energía debido a las plantas ubicadas en sectores aledaños al lugar, no era su deber prever tal situación, ya que no era posible excusar que esto sólo era viable en arreglos o mantenimientos programados y no en casos de emergencia. Anotó que, según el representante de MECM SAS, Leonardo Sánchez, una de las posibles causas del infortunio consistió en que la carga eléctrica que tuvo el trabajador fue producto de un retorno de energía, siendo una de las hipótesis que se plantearon en la investigación, pero no fue la causa del accidente. Así mismo, dijo que en la investigación se adujo un posible retorno por parte de las plantas eléctricas que tenía la comunidad, además de que en las recomendaciones consignadas en el formato de averiguación de accidentes e incidentes, suscrito por el

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Radicación n.° 86978 coordinador de proyectos y el tecnólogo de Mapfre, se determinó como recomendaciones, la adopción de acciones necesarias para la ubicación de dichas plantas en diferentes predios aledaños a la zona de trabajo que pudieran ocasionar un retorno de corriente a la red eléctrica, situación que no controló el empleador en este caso. Agregó que, al momento de ejecutar labores en redes eléctricas, según la Resolución 1348 de 2009 era obligatorio utilizar las puestas a tierra, las cuales debían no sólo estar en buen estado, sino bien ubicadas. Igualmente, de acuerdo con el programa para control de riesgos eléctricos, tenían que cumplirse las denominadas cinco «reglas de oro», Advirtió que, si bien no desconocía que en el plenario existían documentos que acreditaban que el demandante recibió capacitación en trabajos de líneas en redes desenergizadas; utilización de elementos de protección personal y la práctica de las cinco «reglas de oro», lo cierto era que existían testimonios en los que se precisó que la puesta a tierra no fue concretada y que, en efecto, esta sólo se verificó mediante llamadas telefónicas, sin que se hubiera constatado en el sitio, si ese procedimiento en realidad se cumplió. Dijo que era carga del empleador acreditar que las medidas de seguridad se acataron debidamente, lo que no había ocurrido en este caso y que, por el contrario, ese procedimiento de poner polo a tierra no había llegado a buen término pues, de lo contrario, hubiera servido de conductor

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Radicación n.° 86978 de la energía y, en consecuencia, la descarga no hubiera recaído directamente en el trabajador. Señaló que igual suerte corría la documental que contenía la inspección preoperacional, del 1 de octubre (sin indicar año), dentro de la cual no había constancia de la puesta real del polo a tierra sino simplemente, en la parte final del pliego, se dejó una constancia, a título de recomendación sobre el uso de las reglas de oro.

Adicionó lo siguiente: De igual, modo dígase que el formato de acta de reunión, visible a folio 192 y la nota dejada por el señor Arnulfo Vargas, en la que deja en claro que sí se llevó a cabo la instalación de puestas a tierra, ello riñe con lo dicho por el testigo Luis Fernando Archila, quién señaló expresamente, y de manera insistente, que no se utilizaron las puestas a tierra, al igual que la de Arnoldo Rangel, jefe de consignación, asignado por la ESA, quién expresa que visualmente no se verificó el cumplimiento de las 5 reglas de oro, en razón a la distancia entre el sitio en que se encontraba y el lugar de la labor, narrando que todas las actuaciones se hacen por radio, todo se hace a través de comunicación de radio, uno por radio pregunta si se instalaron las puestas a tierras, el que está allá encargado dice “sí ya se instalaron” y entonces uno confía en que ya se instalaron, pero no se verifica visualmente, de tal modo que, si bien es cierto, como lo dijo la juez de instancia, inicialmente el comité investigador no determinó la causa del accidente, según lo cuenta el formato de la reunión del

15 de octubre del año 2014, no reparó la juez en que en el formato de investigación de accidentes e higiene del trabajo, suscrito por Fabio González como investigador de Mapfre, folio 128 y 129, se estableció investigación de causas que dieron origen al accidente “descarga eléctrica de origen desconocido”, sin que actuara el equipo de puestas a tierra, por las características de un alto valor de resistencia del terreno donde se instaló. Aunado a lo anterior, en el mismo documento se consignó, como parte de la recomendación, exigida al líder del grupo técnico de línea desenergizada, la evidencia fotográfica de la instalación de puestas a tierras, en el informe de ejecución de la orden de trabajo respectiva, infiriéndose entonces, sin que se configure una simple conjetura, la falla de la instalación de las puestas a tierras al momento de ejecutar la labor, para lo cual fue encomendado el causante el día del siniestro.

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Radicación n.° 86978 Así, se refirió a la decisión CSJ SL, 30 abr. 2014, rad. 46057, resaltando que la jurisprudencia ha explicado que, en este tipo de actividades de altísimo riesgo para la vida de los trabajadores, si bien la culpa no se presume, el empleador debe adoptar todas las medidas tendientes a interrumpir o suspender el fluido eléctrico, no sólo en las líneas en las cuales se van a ejecutar los trabajos de reparación, sino de todas aquellas contiguas a ese lugar. De manera que, dijo, la simple inspección y las formalidades previas a la tarea a

desarrollar, no corrobora que se hubiera implementado la totalidad de medidas de seguridad del programa de control eléctrico, ni tampoco se dio cumplimiento a las directrices previstas en los artículos 122, 123, 128 y 145 de la Resolución 2400 de 1979; 84 de la Ley 9 de 1979; Decreto 614 de 1984; Decreto Ley 1295 de 1994; y las Resoluciones 2013 de 1986 y 1401 de 2007, aparte de que echó de menos la capacitación en el reglamento técnico de instalación eléctrica por parte del empleador. En ese orden de ideas, precisó que había responsabilidad de MECM SAS a título de culpa, al no haber probado su diligencia en el cumplimiento de sus compromisos como empleador, además de que no corroboró que no hubiese plantas eléctricas activas en las zonas colindantes ni que se hubiera cumplido el protocolo de puestas a tierra. Luego de ello, se ocupó de la tasación de los perjuicios, así: puntualizó que no estaban acreditados aquellos

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Radicación n.° 86978 solicitados a título de lucro cesante consolidado y futuro en favor de los demandantes que invocaron depender económicamente del causante -padres y hermano menor de edaden tanto no se concretó una suma de ese presunto aporte; frente a los perjuicios morales, al entender que no requieren acreditación y que es incuestionable que la pérdida de un ser querido produce una afectación en lo más íntimo de las personas, anunció que reconocería 50 SMLMV en favor de cada uno de los padres demandantes; 30 salarios para el

hermano que estuvo presente el día de los hechos y debió ayudar a su traslado; y 15 salarios para cada uno de los hermanos restantes; y frente al daño a la vida en relación, estimó que no emitiría condena por ese concepto, en tanto no había prueba de su causación. Respecto de la responsabilidad solidaria pedida frente a la Electrificadora, se refirió al contenido del artículo 34 del CST, precisó su objeto y citó en apoyo la sentencia de esta Corte con radicado 44051, para relievar que «no basta con que el ejecutor sea un contratista independiente, sino que se debe demostrar que entre el contrato de obra y el trabajo, medie una relación de causalidad», la cual consiste en que «la obra o labor pertenezca a las actividades normales o corrientes de quien encargó la ejecución, pues si es ajena a ella, los trabajadores de los contratistas independientes no tienen contra el beneficiario el trabajo acción solidaria que consagra la norma».

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Radicación n.° 86978 Encontró que en este caso estaba probado que la actividad desempeñada por Óscar Alberto Camacho Leal el 1 de octubre de 2014 lo fue en cumplimiento del contrato «CEOSTSTE992-035414, suscrito entre MEC contratista profesionales SAS y la codemandada ESA», cuyo objeto era «la ejecución de actividades de mantenimiento de las redes eléctricas del sistema de distribución local, región este Piedecuesta, FloridaMálaga», por lo que descartaba lo alegado por la Electrificadora al indicar que su objeto social no tenía nada que ver con el de la empresa contratista,

máxime porque: si bien es cierto, el objeto comercial de la SA es generar la prestación del servicio público de energía, MEC incluye en su objeto social el diseño construcción y mantenimiento de línea de alta tensión, sistema de distribución, media y baja tensión, actividades que se encuentran inmersas en las labores para la prestación de servicio de energía. Con fundamento en ello estimó probado que la cuadrilla que integró el extrabajador fue llamada para apoyar a la cuadrilla liderada por Arnoldo Rangel, como empleado directo de la Electrificadora para atender la emergencia reportada en el sitio donde se presentó el infortunio. Así, consideró que la solidaridad estaba fundamentada. Finalmente, en relación con el llamamiento en garantía de MECM Profesionales Contratistas a Liberty Seguros, dijo que no prosperaba toda vez que la póliza suscrita por las partes (folio 791), si bien, estaba vigente para el momento en que aconteció el accidente, lo cierto era que allí se amparó la lesión «muerte o daño a terceros», disponiéndose como

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Radicación n.° 86978 beneficiarios los terceros afectados, es decir, se excluyeron los trabajadores. Manifestó que igual suerte se predicaba frente a la póliza 2344304, (folio 792), tomada por MECM Profesionales contratistas S.A.S con Liberty Seguros S. A. en la que se indicó como beneficiario a la Electrificadora, pues el amparo contratado, consistió en el perjuicio derivado del incumplimiento de las obligaciones a cargo del garant