CSJ - SL1224-2023
Detalles
- Título
- CSJ - SL1224-2023
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2023
DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1224-2023 Radicación n. ° 93087 Acta 18 Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte resuelve el recurso de casación interpuesto por
DIMAS MONTAÑO FLOREZ, HERNÁN ARCE GASPAR,
LUIS CARLOS VÁSQUEZ GARCÍA, ESPÍRITU SANTO CAICEDO CAICEDO y HERNÁN CUELLAR CUELLAR, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 19 de julio de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauraron los recurrentes contra INGENIO PICHICHI S. A.
I. ANTECEDENTES
Dimas Montaño Flórez, Hernán Arce Gaspar, Luis Carlos Vásquez García, Espíritu Santo Caicedo Caicedo y Hernán Cuellar Cuellar, llamaron a juicio a Ingenio Pichichi
S. A., con el fin de que se declare que entre las partes existió
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Radicación n.° 93087 un contrato realidad a término indefinido y que fueron enviados en misión por la Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte a la sociedad demandada para realizar las labores de corte de caña. En consecuencia, se condene al reconocimiento de cesantías, intereses, primas, vacaciones, auxilio de transporte, cotizaciones al sistema de seguridad social, indemnización por despido sin justa causa, sanción moratoria, perjuicios morales, indexación, lo que resulte
ultra o extra petita, junto con las costas del proceso. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que laboraron para el Ingenio Pichichi S. A. como asociados de la Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte, quien los envió en misión para laborar como corteros de caña de forma personal y bajo continua subordinación del demandado, pero afiliados a la CTA. Indicaron que ejecutaron esa labor para el demandado en los siguientes periodos: Demandante Extremo inicial Extremo final Dimas Montaño Flórez 23 de noviembre de 2005 29 de febrero de 2012 Hernán Arce Gaspar 21 de noviembre del 2005 29 de febrero de 2012 Luis Carlos Vásquez 23 de noviembre del 2005 29 de febrero de 2012 García. Espíritu Santo Caicedo 22 de noviembre de 2005 29 de febrero de 2012 Caicedo. Hernán Cuellar Cuellar. 25 de noviembre de 2005 29 de febrero de 2012 Aseguraron que durante la relación laboral el demandado no les pagó las cesantías, primas, vacaciones y auxilio de transporte, además, los remuneró con un salario
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Radicación n.° 93087 menor con relación a los trabajadores de planta o directos cobijados por la convención colectiva de trabajo. Afirmaron que la CTA Nuevo Horizonte les hizo un descuento del 8,33% de compensación anual, el 1% para los intereses, el 4,16% para el descanso anual y el 8,33% de la
compensación semestral, de ahí que ese descuento de sus propios sueldos no constituyó pago de prestaciones sociales. Explicaron que siempre trabajaron como corteros de caña en los predios de la demandada, con un horario de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. de lunes a domingo, sin descanso, y que el salario promedio cancelado correspondió a los siguientes valores: Demandante Salario Promedio de los últimos 12 meses Dimas Montaño Flórez $1.360.916,66 Hernán Arce Gaspar $992.250 Luis Carlos Vásquez García $965.500 Espíritu Santo Caicedo Caicedo $909.166,66 Hernán Cuellar Cuellar $988.666,66 Dijeron que recibieron órdenes del Ingenio Pichichi S. A., a través de los señores Jair Ortiz, Adán Díaz, José León Bermúdez, William Calvo, Lizman Bejarano y otros, quienes eran supervisores, cabos o monitores de corte encargados de vigilar el cumplimiento del horario, el rendimiento de cada trabajador, de «apuntar la chorra o arrume del trabajador con su respectiva ficha y revisar que no quedaran tocones altos».
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Radicación n.° 93087 Expresaron que la empresa demandada siempre elaboró la información de los trabajadores con los datos de: días laborados, corte de caña por el número de tajos, cantidad de tajos, toneladas cortadas, tarifa por tonelada y fincas donde desarrollaban la labor; información que era enviada a la CTA, para que esta elaborara las respectivas
planillas de pago semanal y, en consecuencia, el Ingenio depositaba el dinero a nombre de la cooperativa. Indicaron que, para laborar con el demandado, éste los obligó a afiliarse a la CTA mencionada, la cual era intermediaria; que todos los trabajadores de las CTAS y SAS manifestaron su inconformidad ante los funcionarios del Ingenio Pichichi S. A. por la forma de vinculación, y la Asociación de Cultivadores y Productores de Caña de Azúcar – ASOCAÑA, frente a lo cual la demandada les respondió que podían renunciar. Expusieron que en los meses de octubre y noviembre de 2008 participaron en una huelga debido a la tercerización realizada a través de CTA y S. A. S., razón por la cual algunos compañeros fueron procesados penalmente, pero absueltos; que la CTA no era propietaria de las herramientas de labores, dotaciones, medios de trabajo y de transporte, sino del llamado a juicio, quien además imponía el precio de corte de la caña. Expresaron que, en realidad, las cooperativas nunca realizaron labores autogestionarias a pesar de haber celebrado contratos aparentes con el convocado a juicio, ya
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Radicación n.° 93087 que cada trabajador cortaba su caña y el demandado les supervisaba el rendimiento, mientras que la CTA nunca ejerció la potestad reglamentaria y disciplinaria, en tanto que, de incurrir en alguna falta la sanción era impuesta por el Ingenio. Manifestaron que se les adeudaban las cotizaciones a pensiones y que la accionada fue quien realmente ordenó la
disolución y liquidación de la CTA, pagando los costos de tal trámite y los honorarios a las liquidadoras. Así, afirmaron que todos los empleados fueron tercerizados a través de diversas CTA y S.A.S., situación que les originó perjuicios morales porque estuvieron sometidos a un trato de trabajo ilegal, diferenciado, en contra de su voluntad, lo que afectó su esfera personal íntima. Por último, dijeron que firmaron cartas de renuncia con la CTA que no fueron voluntarias, pues de no hacerlo no hubiesen sido incorporados a la empresa Pichichi Corte S. A., compañía perteneciente a la sociedad demandada (f.os 6 a 26). Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones expresando que no existió relación laboral entre ella y los actores. En cuanto a los hechos dijo no ser ciertos o no constarle. Aseveró que no existió contrato de trabajo con los demandantes y que debía tenerse en cuenta la confesión contenida en el escrito inicial frente a que fueron
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Radicación n.° 93087 trabajadores asociados a la CTA Nuevo Horizonte, de ahí que sostuvieran un vínculo de naturaleza no laboral con tales entes, por lo que no tiene obligación respecto de los nexos con terceros de naturaleza autogestionaria. En su defensa propuso como excepciones previas las de inepta demanda por falta de integración del litisconsorte necesario, la inepta demanda por falta de requisitos formales y de fondo las que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la
parte demandada, prescripción, pago y compensación, ilegitimidad de personería sustantiva en la parte demandada, innominada y buena fe (f.os 115 a 134). El juzgado de conocimiento, a través de auto del 14 de enero de 2016 declaró no probadas las excepciones previas; decisión confirmada el 8 de marzo de igual año por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga. Mediante auto del 20 de septiembre de 2016, el fallador de primer grado aceptó el desistimiento presentado por la parte actora respecto de la pretensión de perjuicios morales (f.° 235).
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, mediante fallo del 28 de mayo de 2019, resolvió:
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Radicación n.° 93087 PRIMERO. DECLARAR probada la excepción de mérito propuesta por la sociedad demandada, INGENIO PICHICHI S.A., identificada como INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, en razón a las consideraciones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO. DECLARAR NO probada la TACHA DE SOSPECHA propuesta por la parte demandante en contra de los testigos presentados por la demandada, por los señores WILLIAM DE JESÚS CALVO ACEVEDO y JOSÉ LUBIN COBO dadas las razones anotadas en el presente proveído. TERCERO. ABSOLVER a la Sociedad Ingenio Pichichi S.A, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la presente demanda por los señores: Dimas Montaño Flórez; Hernán Cuellar
Cuellar; Luis Carlos Vásquez García; Espíritu Santo Caicedo y Hernán Arce Gaspar, este último representado por la sucesora procesal Luz Emilce Arce Ramírez, en virtud a lo esbozado en el presente proveído. CUARTO. CONDENAR en costas y agencias en derecho a la parte plural de los demandantes por la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. QUINTO. En el evento de no ser apelada la presente providencia se ordena remitir el expediente al Tribunal Superior de este distrito judicial Sala Laboral a efecto de surtir el grado jurisdiccional de consulta (f.os 1809 y 1810).
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al resolver el recurso de apelación de la parte actora, mediante fallo del 19 de julio de 2021, confirmó la decisión del a quo y condenó en costas de esta instancia a la recurrente.
El juez de alzada indicó que el problema jurídico consistía en establecer la existencia del contrato de trabajo entre los accionantes y la empresa Ingenio Pichichi S. A., en virtud del principio de la primacía de la realidad, y si nació
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Radicación n.° 93087 una relación de trabajo en los términos previstos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. El fallador consideró que las documentales referidas por los apelantes, entre ellos, las ofertas mercantiles para el suministro de personal destinado al corte de caña por la CTA Nuevo Horizonte, contrato de prestación de servicios para la
realización de actividades, actas de acuerdo y verificación de cumplimiento y los contratos con las liquidadoras Licenia Galindo y Amparo López, no constituían prueba concluyente de la existencia del contrato de trabajo, pues, si bien refieren algunas irregularidades, no evidenciaban la prestación personal de servicios de los actores a favor del demandado, tampoco las condiciones de sujeción por parte de la CTA Nuevo Horizonte al Ingenio, ni menos la ocurrencia de actos de simulación y tercerización. Así, aseguró que lo que quedó demostrado fue la relación comercial que se dio entre la CTA y el demandado para el corte de caña. En cuanto a los mencionados ceses de actividades en los años 2005 y 2008, el cumplimiento de acuerdos del 2005 y la carta del 2 de septiembre de 2011 suscrita por Sintricatorce, dijo que, si bien podían ser indicativas del contexto o marco general de las relaciones laborales de tal sector, no aportaban prueba particular para cada demandante; tampoco podía inferirse la existencia del contrato de trabajo de la providencia absolutoria a los trabajadores en materia penal.
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Radicación n.° 93087 Explicó que las donaciones, capacitación en cooperativismo, gestión para incapacidades, transporte, reubicación o reasignación de labores y dotaciones no probaban el nexo laboral en tanto no fueron suministradas bajo los lineamientos del contrato de trabajo, «pues estas son anexas a lo principal, que era demostrar la labor día a día o bajo unos extremos temporales de cada trabajador, en beneficio de la sociedad convocada y endilgada como
empleadora». Luego de citar el contenido de los testimonios rendidos por José Lubin Cobo y William de Jesús Calvo, consideró que de ellos no se infería la prestación personal del servicio de cada uno de los demandantes a favor de la sociedad demandada, por el contrario, los declarantes habían explicado que el Ingenio no impartía órdenes a los trabajadores asociados a la CTA. Así, destacó que esas pruebas desdibujaban la subordinación del grupo de demandantes y no aportaban elementos en concreto sobre la prestación personal de servicio para la encartada. Indicó que, en gracia de discusión, si se partiera de una falta de autonomía administrativa y/o financiera de los entes cooperativos, ello no llevaba de forma automática a dar por demostrado el contrato de trabajo entre los extremos laborales alegados, ni que lo hubieran hecho de forma efectiva y continua. Aclaró que lo «corriente es que se inicie por demostrar la prestación del servicio, en extremos ciertos, del alegado trabajador para el pretendido empleador siendo las formas de tercerización en tal caso subsumidas para la
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Radicación n.° 93087 presunción del artículo 24 del CST, salvo que la pasiva infirme el hecho presumido». Explicó que la documental mencionada en el recurso de apelación aportaba elementos probatorios de «tipo indiciario a nivel general o de soporte», pero solo en caso de que se demostrara la prestación personal del servicio de cada demandante en beneficio del citado Ingenio, siendo insuficientes frente a la exigencia concreta y cierta de los elementos exigidos por los artículos 23 del CST o, en
subsidio, del 24, conforme al artículo 167 del CGP. Citó la sentencia CSJ SL955-2021 y mencionó que no se discutía la existencia de las historias laborales de cotizaciones en pensiones, las cuales eran indiciarias de la relación de trabajo con la CTA en tanto esta las realizó; y que existió un vínculo entre el demandado y las CTA, pero que de ello no se derivaba que la actividad de cada demandante tuviera como beneficiario a la empresa demandada, para poder establecer periodos ciertos en función del artículo 24 del CST. Por último, el juez plural destacó la necesidad de que se hubiera demostrado la temporalidad de la prestación de un servicio a favor del pretendido empleador, pero que, en este caso, no existía un reconocimiento directo y concreto de la sociedad demandada a cada demandante, que permitiera inferir la calidad de beneficiaria exclusiva de su labor.
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Radicación n.° 93087 Por lo expuesto, concluyó: […] no puede afirmarse la existencia del contrato de trabajo para cada demandante o la relación de trabajo identificada y concreta en torno al artículo 24 del CST, por este motivo los elementos enunciados en el recurso no contienen la especificidad a cada contrato de trabajo alegado, por la demostración directa de sus elementos o de la relación de trabajo y el beneficiario plena y debidamente identificado de la demandada.
IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por los accionantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Los recurrentes pretenden que esta corporación case la
sentencia del ad quem, para que en sede de instancia se revoque la providencia de primer grado y acceda a todas las pretensiones de la demanda inicial. Con tal propósito formulan cinco cargos, por la causal primera de casación que son replicados por Ingenio Pichichi
S. A. La Sala los analizará en el orden propuesto y de forma conjunta las acusaciones tercera, cuarta y quinta, dado que se resolverán bajo idénticos lineamientos.
VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, por aplicación indebida de
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Radicación n.° 93087 los artículos 4, 5 y 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990. Aducen que el Tribunal incurrió en los siguientes errores fácticos:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que las documentales por sí solas no constituyen prueba concluyente de la existencia del contrato de trabajo.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación personal del servicio por cada uno de los actores en beneficio del citado Ingenio no se infiere de la documental aportada.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que de las documentales solamente se infiere que la Cooperativa y el Ingenio mantuvieron una relación meramente comercial para el corte de caña.
4. Dar por demostrado, sin estarlo, que sin duda no se trató de actos en simulación en que las condiciones de negociación de la COOPERATIVA y el INGENIO fueran inexistentes.
5. Dar por demostrado sin estarlo, que de la documental indicada en el recurso no se infiere el presupuesto de las condiciones de sujeción de la cooperativa a los designios del contratante.
6. Dar por demostrado, sin estarlo, que no se cumplió con el requisito en el artículo 24 del CST en relación que no se probó el servicio personal.
7. Dar por demostrado, sin estarlo, que no se probó un tiempo cierto de la prestación personal de servicio de los demandantes en cultivos determinados y un beneficiario.
8. No dar por demostrado, estándolo, que fue el INGENIO el que ordenó la disolución y liquidación de la CTA mediante la celebración de un contrato de servicio por la suma de $159.000.000.oo de pesos.
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Radicación n.° 93087 Afirman que valoró erróneamente las siguientes pruebas:
1. Las de folios 164, 165, 173, 174, 175, 184, 187, 194, 196, 201,
208. En relación con el tema central, esto es si se demostró la subordinación y prestación del servicio de los accionantes.
2. Las obrantes a folios 67 al 76, las actas de acuerdo y verificación de cumplimiento suscritas el 22/06/005, 28/08/10 y 23/02/11.
3. Las 166 numeral 14, 167 numeral 14, 188, 200, 202, 204, 216, 217 la Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte debía mantener informado al citado Ingenio de los datos de sus asociados y dependientes, como de sus antecedentes; que la demandada se obligó a erogar lo correspondiente al salario mínimo mensual para el pago de los servicios del cabo de campo y apoyar a los asociados en los aportes al Sistema de Seguridad Social, pago de incapacidades, revisión de carga laboral de la abogada de la cooperativa, apoyos educativos y planes de vivienda, así como en el análisis de necesidades de transporte.
4. Los folios 155 a 160 contrato de prestación de servicios, entre la demandada y las señoras LICENIA GALINDO y AMPARO LÓPEZ ESPEJO para la labor profesional como liquidadoras de diferentes entidades, entre estas la Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte, y que la contratante suministraría los costos de tal proceso que finalizó con la extinción de las precitadas.
5. Las de folios 169, 180, 198, 188, 200, 405, 216, 217; 113 C-7 que en las ofertas mercantiles citadas se incluyó una cláusula que facultó el pago a terceros por el aceptante (sociedad demandada) de las obligaciones de las referidas, también que se indica que entregara $420.000 a la cooperativa por una ocasión y por cada asociado por mera liberalidad y varias donaciones con destino al fondo de solidaridad de la CTA, al tiempo que en anexo
No. 1 del 07/02/11 la demandada se comprometió a permitir que los trabajadores del contratista, utilizaran el servicio de transporte para los trabajadores directos del demandado.
6. Las de folios 305, 166 cláusula 4, 167 numeral 5, 177 cláusula 4, 178 numeral 5, 188 numeral 9 las dotaciones y elementos de trabajo por cada asociado las cuales se entregaron a la citada cooperativa por el demandado cada 4 meses, que el aceptante se facultó para impedir el ingreso a sus instalaciones o predios bajo su responsabilidad o exigir el retiro de socios, personas o terceros vinculados por el oferente (fl. 163, 174, 180 Vto).
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7. Las de folios 66, 67 los ceses de actividades en los años 2005 y 2008, como la documental sobre el cumplimiento de acuerdos del 2005.
8. Las de folios 166 cláusula 4, 167 numeral 5, 177 cláusula 4, 178 numeral 5, 188 numeral 9, 200, 216, 217, 218, que tampoco que se demuestra el contrato de trabajo por la enunciación de donaciones, capacitación en cooperativismo, gestión para incapacidades, transporte.
9. Las de folios 166 cláusula 4, 167 numeral 5, 177 cláusula 4, 178 numeral 5, 188 numeral 9, 200, 216, 217, 218 reubicación o reasignación de labores y dotaciones.
Por otro lado, enuncian que el colegiado no apreció los
siguientes medios de convicción:
1. El certificado de existencia y representación del INGENIO PICHICHI S.A. a folios 27 al 32.
2. Las historias laborales de los demandantes de folios 33 al 65.
3. La demanda genitora CUADERNO PRINCIPAL 1 AL 26 sentaron LOS DEMANDANTES que ellos prestaron sus servicios al INGENIO por intermedio de la COOPERATIVA, y con la contestación del INGENIO vista a folios 115 al 134 dijo que contrató con la CTA en los mismos extremos temporales de los demandantes.
4. Las de folios 162, 173, 184, 186, 194, 207, aceptaciones de las ofertas para corte de caña, siembra, riego y limpieza entre otros.
En el desarrollo del cargo advierten que el colegiado fue contradictorio y no realizó un análisis profundo de las pruebas. Al respecto, refieren las «actas de acuerdo y verificación de cumplimiento suscritas el 22/06/005, 28/08/10 y 23/02/11 obrantes a folio 67-76», ya que es notorio que la CTA Nuevo Horizonte debía mantener informado al demandado de los datos de sus asociados, dependientes, como de sus antecedentes, además, el Ingenio suministró dotaciones, pagó seguridad social e
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Radicación n.° 93087 incapacidades, donó para educación y vivienda. De ahí que el fallador erró al señalar que no constituía prueba concluyente de la existencia del contrato de trabajo, cuando acreditaban la prestación de un servicio personal, por lo que no existía autonomía financiera y administrativa de la CTA
puesto que eran dependientes del demandado. Sostienen que los folios 164, 165, 173, 174, 175, 176, 184, 187, 194, 196 y 201 se valoraron erradamente, pues el colegiado concluyó que no acreditaban el contrato laboral, cuando tales elementos corresponden a las ofertas mercantiles celebradas entre la CTA y el demandado, de las cuales surge que aquella fue contratada para las actividades que son propias del Ingenio, ya que, según el certificado de existencia y representación – no valorado-, su objeto es la siembra, el corte y el riego del cultivo de caña. Por consiguiente, los actores prestaron un servicio personal a favor del Ingenio Pichichi S. A. Además, destacan que en tales ofertas se facultó el pago de las obligaciones de la CTA por terceros, esto es, el Ingenio respondía por los compromisos de la CTA, de lo que surge que esta cooperativa no era autogestionaria ni tenía recursos propios. Aluden a los contratos de prestación de servicios de las liquidadoras Licenia Galindo y Amparo López, de los cuales se advierte que fue el Ingenio quién ordenó disolver y liquidar la CTA; además, si la cooperativa a la cual estaban vinculados los actores fuera autogestionaria, no tendría por
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Radicación n.° 93087 qué disolverla y liquidarla el Ingenio, por lo tanto, este es el verdadero empleador y la CTA es «de papel». Resaltan que también se anexó prueba del pago que le hacía el Ingenio Pichichi S. A. al cabo de campo por un salario mínimo para apoyar a la CTA; sin embargo, se estimó que
esta no era suficiente para demostrar la prestación personal del servicio, cuando claramente indica que había subordinación a cambio de un pago y que era tal empleado – pagado y subordinado por el Ingenioquien impartía órdenes a los demandantes en ejercicio del corte de caña y labores varias, demostrando que éste era el verdadero empleador. Exponen que las pruebas relacionadas con el pago del Ingenio por $420.000 a cada asociado, aportes al fondo de solidaridad, apoyo a los programas de vivienda y educación de la CTA y la utilización del servicio de transporte (f.os 188, 200, 205, 216, 217, 405 y 113 C. 7) acreditan que en realidad sí fueron dependientes del demandado y que era su verdadero empleador. Alegan que el tiquete de liquidación de caña, con logo del Ingenio (folio 79) no se valoró, documento que no fue tachado de falso; y que demostraba que se elaboraban las planillas de pago semanal para cada trabajador, a quien, además, se le asignaba una ficha de identificación asociado a la CTA Nuevo Horizonte. Así, consideran que no existió autogestión de la CTA «porque fue el INGENIO quien controlaba a cada uno de los corteros como se demuestra con el documento, apareciendo como el verdadero EMPLEADOR y
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Radicación n.° 93087 la CTA sólo empresas simuladas, esa prueba demuestra el servicio personal a favor del INGENIO». Aseguran que el Tribunal encontró acreditado el suministro de dotaciones a la CTA, de lo que debió derivar que quien entrega tales elementos cada cuatro meses es el
verdadero empleador. Agregan que el demandado podía impedir el acceso a sus instalaciones de personas o terceros vinculados, es decir, estaba facultado para no permitir el ingreso de socios o exigir su retiro (f.os 163, 174 y 180). Mencionan que en el contrato celebrado entre la CTA Nuevo Horizonte y el Ingenio Pichichi (f.° 208217) para el suministro de personal para labores varias como el corte manual, siembra, riego, limpieza y recolección de caña, piedra y escombros, control de maleza, poda y siembra de árboles, en el que la CTA se obligó a proveer toda la mano de obra, muestra que dicho ente actuó como EST, y que, cuando existe envío en misión de personal, es el beneficiario quien impone la subordinación en las actividades permanentes misionales. Plantean que no se valoraron las historias laborales de los cinco actores (f.os 33 a 65), de las que se aprecia que le prestaron un servicio personal al Ingenio en actividades relacionadas con su objeto social, según el certificado de existencia y representación legal (f.os 27 – 32, 162, 173, 184, 186, 194 y 207).
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Radicación n.° 93087 Finalmente afirman que en la demanda manifestaron que prestaron sus servicios al Ingenio por medio de la CTA Nuevo Horizonte; la demandada en su contestación expresó que contrató con esa CTA en los mismos extremos temporales indicados por los accionantes. Sin embargo, esta prueba no fue valorada por el ad quem ya que solo hizo
referencia a la reubicación de los asociados de la cooperativa y se limitó a enunciar los folios y los acuerdos de reubicación (f.os 1686 a 1799 del cuaderno 7) que se hacía por cuenta del accionado en actividades diferentes al corte de caña, resultando ser este el verdadero empleador.
VII. RÉPLICA El demandado se opone al cargo con fundamento en que la sustentación no está encaminada a demostrarle a la Corte los errores de hecho que le endilga el censor al fallo de segunda instancia, como debe ser, sino más bien a analizar individualmente algunas pruebas de las tenidas en cuenta por el juez de segunda instancia, para tratar de acreditar lo que el censor «cree ver» en dichos medios de convicción, pero sin hacer un análisis encaminado a destruir las premisas del fallo acusado.
Luego de referir el contenido de las pruebas denunciadas, la empresa demandada sostiene que de ellas no emerge lo que pretenden demostrar los recurrentes a través de la primera acusación.
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VIII. CONSIDERACIONES En lo fundamental, el Tribunal consideró que en el presente caso no se acreditó la prestación personal del servicio de cada uno de los demandantes a favor del Ingenio Pichichi S. A., ni los extremos temporales. Tal decisión es controvertida por la parte demandante, quien asegura que las pruebas denunciadas demuestran que prestaron sus servicios al demandado.
En ese orden, le corresponde a la Sala establecer si en este asunto en particular, el ad quem se equivocó al no tener por demostrada la prestación personal del servicio de los
actores ni los lapsos temporales, a partir de los elementos de prueba denunciados y, por consiguiente, si erró al negar la declaración de existencia de un verdadero contrato de trabajo entre las partes. i) De la demanda y su contestación La censura sostiene que el ad quem desconoció que en el escrito inicial se planteó que prestaron sus servicios al Ingenio por medio de la CTA Nuevo Horizonte y que la empresa llamada a juicio al responder aceptó que contrató con esa CTA en los mismos extremos temporales enunciados por los accionantes. Al respecto, se tiene que la empresa demandada al dar respuesta al escrito inicial negó los hechos o dijo no constarle, de ahí que no le asiste razón a los recurrentes al
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Radicación n.° 93087 afirmar que la demandada admitió la existencia de un hecho que les favoreciera, en particular, la prestación del servicio en los interregnos temporales por ellos enunciados. En consecuencia, se descarta la comisión de un yerro fáctico derivado de estas piezas procesales. ii) De las ofertas mercantiles y acuerdos de facilitación de transporte La censura se refiere a las ofertas mercantiles presentadas por las CTA al Ingenio para realizar labores de corte de caña, siembra, riego y limpieza, entre otras, reflejan que fue contratada para las actividades que son propias del demandado, destacando que lo pactado entre las partes evidenciaba la falta de autogestión propia del ente cooperativo. Asimismo, alude al anexo 1, en donde el demandado se comprometió a permitir que los trabajadores
del contratista utilizaran el servicio de transporte. Pues bien, estas ofertas fueron presentadas por la CTA Nuevo Horizonte ante el Ingenio Pichichi S. A. los días 2 de enero, 1 de julio y 10 de noviembre de 2008 y 2 de enero de 2009, con el objeto de prestar a su favor el servicio de corte manual de caña, así como la siembra, riego y limpieza. También se allegaron algunos documentos de aceptación de la oferta por parte del convocado a juicio (f.os 164 a 199 y 207).
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Radicación n.° 93087 En los elementos referidos se precisa que la cooperativa se compromete a desarrollar el servicio brindado únic
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